domingo, julio 27, 2008
SuperLiga y consulta
Jueves 24 de julio 2008
1. En el torneo llamado SuperLiga, en el que contienden cuatro equipos de futbol mexicanos y cuatro estadounidenses, acaba de suceder algo insólito que tiene que ver con los reglamentos que ordenan a una competencia y con su aplicación. También con el sentido común.
En el grupo A, tres equipos quedaron empatados con seis puntos, fruto de dos victorias y una derrota en cada caso. El Dynamo de Houston, Guadalajara y Atlante estaban en esa situación. El otro competidor, el D.C. United, perdió sus tres partidos. No obstante, sólo podían calificar a la siguiente ronda el primero y el segundo lugar. ¿Qué criterio de desempate debía ser aplicado? Ésa era la pregunta clave.
Al parecer, las normas establecían dos criterios para resolver la cuestión: a) quien hubiera resultado vencedor en la contienda entre los empatados y b) la mejor diferencia de goles. El primer criterio, en este caso, resultaba inoperante: el Atlante le ganó al Guadalajara, el Guadalajara hizo eso mismo contra el Dynamo, y el Dynamo venció sobre el Atlante. Y los tres le ganaron al D.C. United. De tal suerte que la diferencia de goles parecía el único criterio posible.
El Dynamo tenía 7 goles a favor y 2 en contra; el Guadalajara, 3 y 3, y el Atlante, 5 y 6. De tal suerte que establecer quiénes pasaban a la siguiente ronda resultaba sencillo, transparente y justo. Pero, no. Los organizadores decidieron aplicar dos criterios distintos ante una situación no similar sino idéntica: el primer lugar se definiría por la diferencia de goles (ganó el Dynamo) y el segundo por el resultado del encuentro entre los dos restantes equipos (el Atlante le ganó 2 a 0 al Guadalajara).
Total: un oso de aquéllos, de los que hacen época. Al aplicar dos criterios diferentes se llegó al absurdo (documentado en el suplemento Cancha, 21/07/08) de que lo mejor para las Chivas, en su último encuentro, hubiese sido perder por 8 a 0. De esa manera el Atlante sería el primer lugar gracias al criterio de mejor diferencia de goles, y el Guadalajara hubiese sido segundo, ya que le había ganado al Dynamo por 1 a 0.
Moralejas: a) No se deben aplicar criterios distintos a situaciones similares, y b) si ello se hace lo más probable es que se construyan desembocaduras absurdas, vergonzosas.
2. Veamos ahora la consulta que realizará el gobierno del Distrito Federal en relación a la eventual reforma energética a la luz del episodio anterior. La consulta se efectuará el próximo domingo, ¿cree usted que sería pertinente que el Gobernador de Guerrero -del PRD- hiciera una consulta pública sobre lo que está haciendo el Gobernador del Estado de México -del PRI-? ¿Sería adecuado que el Gobernador de Durango -del PRI- hiciera una consulta sobre los proyectos que lleva a cabo el Gobernador de Querétaro -del PAN-? ¿Convendría que el Gobernador de Guanajuato -del PAN- hiciera una consulta sobre la gestión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal -del PRD-?
Es más, ¿qué diría usted si el Presidente de la República llama a una consulta nacional sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal mientras la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el punto o sobre el Presupuesto mientras el proyecto está siendo debatido y negociado en la Cámara de Diputados? ¿Sería correcto que el Senado de la República llamara a una consulta popular sobre las designaciones que conforman el gabinete del Presidente? En estos casos, los temas son importantes, y tomar la opinión de los ciudadanos nunca está de más.
Pero algo estaría fallando. La lógica de cabeza. Resultaría absurdo. ¿Por qué? Porque las autoridades estarían sobreactuando o actuando más allá de sus competencias. Realizarían una consulta sobre algo que está en el marco de responsabilidades de otra autoridad y de esa manera se estarían extralimitando. Es (creo) de sentido común.
Además, quien revise la Ley de Participación Ciudadana del DF podrá constatar que dicha norma sí autoriza al jefe de Gobierno a realizar consultas... pero únicamente sobre los asuntos sobre los que tiene competencia. Y en el caso de la reforma energética, la "bolita" está en el Congreso. La autoridad está capacitada para consultar sobre aquello que es parte de su responsabilidad, pero consultar lo que es responsabilidad de otros resulta ilógico.
O para decirlo de otra manera: si le parece bien la consulta del domingo 27 le tendrán que parecer bien también las posibles consultas arbitrariamente enunciadas con anterioridad. Porque, como en el caso de la SuperLiga, hay que subrayar que ante situaciones similares deben aplicarse las mismas reglas.
Se dirá, sin embargo, que la importancia del tema energético, la búsqueda de la participación ciudadana, la buena causa, justifica en esta ocasión la consulta. La vieja fórmula de que el fin justifica los medios. Sólo que la coartada no cabe y menos tratándose de una autoridad que debe estar sujeta al principio de legalidad.
Se me acusará de formalista y en efecto. Si algún día llegamos a construir un Estado de derecho digno de ese nombre, las formas -donde cristalizan los compromisos para la vida en común- serán fundamentales, inviolables, porque son las únicas capaces de poner un dique a los abusos de autoridad, que de manera reiterada, por "buenas razones", creen que pueden actuar por encima de los límites que les imponen las leyes.
La consulta bien la podía haber organizado el PRD o una serie de ONG o cualquier grupo de ciudadanos, porque ellos no tienen taxativa alguna. Pero el Gobierno sí. Ese razonamiento elemental: que la autoridad no puede hacer lo que quiera, aunque sea amparada por "buenas causas", es lo que nos cuesta entender y asimilar.
José Woldenberg
1. En el torneo llamado SuperLiga, en el que contienden cuatro equipos de futbol mexicanos y cuatro estadounidenses, acaba de suceder algo insólito que tiene que ver con los reglamentos que ordenan a una competencia y con su aplicación. También con el sentido común.
En el grupo A, tres equipos quedaron empatados con seis puntos, fruto de dos victorias y una derrota en cada caso. El Dynamo de Houston, Guadalajara y Atlante estaban en esa situación. El otro competidor, el D.C. United, perdió sus tres partidos. No obstante, sólo podían calificar a la siguiente ronda el primero y el segundo lugar. ¿Qué criterio de desempate debía ser aplicado? Ésa era la pregunta clave.
Al parecer, las normas establecían dos criterios para resolver la cuestión: a) quien hubiera resultado vencedor en la contienda entre los empatados y b) la mejor diferencia de goles. El primer criterio, en este caso, resultaba inoperante: el Atlante le ganó al Guadalajara, el Guadalajara hizo eso mismo contra el Dynamo, y el Dynamo venció sobre el Atlante. Y los tres le ganaron al D.C. United. De tal suerte que la diferencia de goles parecía el único criterio posible.
El Dynamo tenía 7 goles a favor y 2 en contra; el Guadalajara, 3 y 3, y el Atlante, 5 y 6. De tal suerte que establecer quiénes pasaban a la siguiente ronda resultaba sencillo, transparente y justo. Pero, no. Los organizadores decidieron aplicar dos criterios distintos ante una situación no similar sino idéntica: el primer lugar se definiría por la diferencia de goles (ganó el Dynamo) y el segundo por el resultado del encuentro entre los dos restantes equipos (el Atlante le ganó 2 a 0 al Guadalajara).
Total: un oso de aquéllos, de los que hacen época. Al aplicar dos criterios diferentes se llegó al absurdo (documentado en el suplemento Cancha, 21/07/08) de que lo mejor para las Chivas, en su último encuentro, hubiese sido perder por 8 a 0. De esa manera el Atlante sería el primer lugar gracias al criterio de mejor diferencia de goles, y el Guadalajara hubiese sido segundo, ya que le había ganado al Dynamo por 1 a 0.
Moralejas: a) No se deben aplicar criterios distintos a situaciones similares, y b) si ello se hace lo más probable es que se construyan desembocaduras absurdas, vergonzosas.
2. Veamos ahora la consulta que realizará el gobierno del Distrito Federal en relación a la eventual reforma energética a la luz del episodio anterior. La consulta se efectuará el próximo domingo, ¿cree usted que sería pertinente que el Gobernador de Guerrero -del PRD- hiciera una consulta pública sobre lo que está haciendo el Gobernador del Estado de México -del PRI-? ¿Sería adecuado que el Gobernador de Durango -del PRI- hiciera una consulta sobre los proyectos que lleva a cabo el Gobernador de Querétaro -del PAN-? ¿Convendría que el Gobernador de Guanajuato -del PAN- hiciera una consulta sobre la gestión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal -del PRD-?
Es más, ¿qué diría usted si el Presidente de la República llama a una consulta nacional sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal mientras la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el punto o sobre el Presupuesto mientras el proyecto está siendo debatido y negociado en la Cámara de Diputados? ¿Sería correcto que el Senado de la República llamara a una consulta popular sobre las designaciones que conforman el gabinete del Presidente? En estos casos, los temas son importantes, y tomar la opinión de los ciudadanos nunca está de más.
Pero algo estaría fallando. La lógica de cabeza. Resultaría absurdo. ¿Por qué? Porque las autoridades estarían sobreactuando o actuando más allá de sus competencias. Realizarían una consulta sobre algo que está en el marco de responsabilidades de otra autoridad y de esa manera se estarían extralimitando. Es (creo) de sentido común.
Además, quien revise la Ley de Participación Ciudadana del DF podrá constatar que dicha norma sí autoriza al jefe de Gobierno a realizar consultas... pero únicamente sobre los asuntos sobre los que tiene competencia. Y en el caso de la reforma energética, la "bolita" está en el Congreso. La autoridad está capacitada para consultar sobre aquello que es parte de su responsabilidad, pero consultar lo que es responsabilidad de otros resulta ilógico.
O para decirlo de otra manera: si le parece bien la consulta del domingo 27 le tendrán que parecer bien también las posibles consultas arbitrariamente enunciadas con anterioridad. Porque, como en el caso de la SuperLiga, hay que subrayar que ante situaciones similares deben aplicarse las mismas reglas.
Se dirá, sin embargo, que la importancia del tema energético, la búsqueda de la participación ciudadana, la buena causa, justifica en esta ocasión la consulta. La vieja fórmula de que el fin justifica los medios. Sólo que la coartada no cabe y menos tratándose de una autoridad que debe estar sujeta al principio de legalidad.
Se me acusará de formalista y en efecto. Si algún día llegamos a construir un Estado de derecho digno de ese nombre, las formas -donde cristalizan los compromisos para la vida en común- serán fundamentales, inviolables, porque son las únicas capaces de poner un dique a los abusos de autoridad, que de manera reiterada, por "buenas razones", creen que pueden actuar por encima de los límites que les imponen las leyes.
La consulta bien la podía haber organizado el PRD o una serie de ONG o cualquier grupo de ciudadanos, porque ellos no tienen taxativa alguna. Pero el Gobierno sí. Ese razonamiento elemental: que la autoridad no puede hacer lo que quiera, aunque sea amparada por "buenas causas", es lo que nos cuesta entender y asimilar.
José Woldenberg
Etiquetas: congreso, consulta, demagogia, democracia, Ebrard, GDF, leyes, PEMEX, petroleo, PRD, reformas
domingo, junio 15, 2008
Oswaldo y las reglas
Para todos los que no aman y para todos los que no quieren al futbol, comienzo por aclarar que Oswaldo Sánchez es el portero titular de la selección nacional. El puesto de portero es (puedo atestiguarlo por una experiencia personal, ¡ay!, tan remota) el más sufrido pero también el más "heroico". El portero suele ser el líder del equipo. Oswaldo no sólo ha sido un excelente jugador y un gran líder sino un ejemplo de profesionalismo y seriedad.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.
Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.
Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".
La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.
En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
Enrique Krauze
---------------------------
Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.
Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.
Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".
La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.
En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
Enrique Krauze
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Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.
Etiquetas: conservador, demagogia, estado de derecho, idiosincracia, leyes, liberal, populismo
sábado, mayo 24, 2008
Barbaridades, mitos y falsedades
El martes 20 de mayo, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor de López Obrador, presentó una ponencia sobre la Constitución y la reforma de Pemex. El venerable anciano y, se supone, buen jurista (que no juarista), fue contundente:
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
Etiquetas: AMLO, constitucion, crecimiento, demagogia, empleo, inversión, leyes, liberal, liberalismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, reaccionario, soberania
martes, abril 15, 2008
Clausurado
El 10 de abril del 2008 puede inscribirse como uno de los días más negros de nuestra historia. Ese día, el sujeto que se autonombra "Presidente Legítimo", mostrando su verdadera cara de tirano y absolutista, ordenó a los legisladores que conforman el Frente Amplio Progresista (que están al servicio del Mesías tabasqueño y no del pueblo que los eligió y paga sus jugosas dietas) a clausurar las cámaras legislativas para evitar la discusión, análisis, debate, propuestas, cambios y aprobación de la propuesta de reforma petrolera que días antes el Presidente Constitucional de México, Felipe Calderón, había enviado al Poder Legislativo.
Tal atropello al Poder Legislativo por parte de un "Presidente" había ocurrido únicamente tres veces en la historia de México: la primera vez fue en 1822, cuando Agustín de Iturbide decretó la disolución del Congreso en la naciente república; la segunda disolución fue en 1838, con Antonio López de Santa Anna, a través del General Nicolás Bravo, quien cuidaba el Poder Ejecutivo mientras el primero se retiraba a descansar a su hacienda de Manga de Clavo; la última vez fue en 1913, cuando el General Victoriano Huerta disolvió la 26 legislatura.
Con esta acción totalmente antidemocrática por parte de estos barbajanes, que es tan pacífica como la invasión de Bush a Iraq y Afganistán, se está efectivamente cancelando cualquier posibilidad de diálogo, debate y discusión sobre el tema petrolero.
Al no tener ningún argumento válido e inteligente sobre el cual debatir y no contar con ninguna propuesta qué ofrecer para resolver la grave situación que enfrenta Petróleos Mexicanos, han decidido irse por el camino fácil y dar por cancelado el trabajo parlamentario que es, o debería ser, el lugar natural para la discusión de ideas y propuestas de política pública. También están aprovechando la coyuntura para mejorar la percepción en la sociedad después de que mostraron su verdadero rostro en las desaseadas, por decir lo menos, elecciones internas para renovar su dirigencia.
La acción arbitraria del iluminado tabasqueño y sus subordinados legislativos muestra la desesperación de que, en la propuesta del Presidente Calderón, en ningún momento se plantea la privatización, como de manera falsa y mentirosa han venido pregonando el tirano tabasqueño y banda.
Lo que vimos que sucedió en el Congreso está dando por cancelada la posibilidad de poner en marcha unas medidas de política pública que, desde mi óptica, pudieran parecer limitadas para resolver el problema de fondo de la industria petrolera, como es la falta de inversión para aprovechar nuestros recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo, incrementar la producción de petróleo crudo y darle valor agregado a nuestros productos petroleros para reducir la dependencia con el exterior. Sin embargo, la propuesta puede considerarse un avance para revertir el estado de las cosas en materia petrolera que, de continuar como hasta el día de hoy, inevitablemente nos lleva por el camino para convertirnos en importadores de petróleo crudo en seis años.
Lo que también se canceló el 10 de abril fue la forma como prevé la Constitución la conformación y operación de las Cámaras de Diputados y Senadores. El 6 de julio del 2000, en elecciones limpias y justas, además de la elección presidencial, los mexicanos decidimos que la Cámara de Diputados se conformara de la siguiente manera: 207 diputados del PAN, 156 del Frente Amplio Progresista, 106 del PRI, 17 del PVEM, 9 de Nueva Alianza y 5 de Alternativa.
Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, la composición es la siguiente: PAN, 52 senadores; PRI, 33; FAP, 36; PVEM, 6; y un senador sin partido. Esta parte de las elecciones no fue impugnada por los integrantes del FAP. La cancelación del trabajo legislativo que hizo el FAP nos muestra que, en el caso de la Cámara de Diputados, una minoría del 31.2 por ciento evita que el restante haga su trabajo legislativo.
En el caso de los senadores, el 28 por ciento de éstos impusieron su voluntad de manera violenta sobre el resto para evitar que desempeñaran las tareas que como legisladores les ordenamos hacer con nuestro voto. Inclusive, los miembros del FAP están violando el último párrafo del artículo 63 constitucional, que dice que: "incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones".
Impedir que se realice el trabajo legislativo y presentarse a alterar el orden o a dormir en sus curules en la madrugada, no significa necesariamente que estén desempeñando las funciones constitucionales para las cuales fueron electos. Habrá que estar pendientes de cuántos días va a durar la arbitrariedad de los seguidores del tabasqueño, ya que el mismo artículo 63 contempla el caso de inasistencias al trabajo legislativo: "Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se de conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes".
La manta que pusieron estos legisladores sobre la mal llamada máxima tribuna, que decía "Cancelado", tiene un alcance mayor, ya que no sólo se canceló el debate, el diálogo, la vida institucional y el trabajo parlamentario. También se está cancelando el futuro de México, ya que de aquí en adelante cualquier minoría podrá imponer con violencia su visión a la mayoría. ¿De qué privilegios gozan estos saboteadores para impedir que afronten las consecuencias de su actitud?
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
Tal atropello al Poder Legislativo por parte de un "Presidente" había ocurrido únicamente tres veces en la historia de México: la primera vez fue en 1822, cuando Agustín de Iturbide decretó la disolución del Congreso en la naciente república; la segunda disolución fue en 1838, con Antonio López de Santa Anna, a través del General Nicolás Bravo, quien cuidaba el Poder Ejecutivo mientras el primero se retiraba a descansar a su hacienda de Manga de Clavo; la última vez fue en 1913, cuando el General Victoriano Huerta disolvió la 26 legislatura.
Con esta acción totalmente antidemocrática por parte de estos barbajanes, que es tan pacífica como la invasión de Bush a Iraq y Afganistán, se está efectivamente cancelando cualquier posibilidad de diálogo, debate y discusión sobre el tema petrolero.
Al no tener ningún argumento válido e inteligente sobre el cual debatir y no contar con ninguna propuesta qué ofrecer para resolver la grave situación que enfrenta Petróleos Mexicanos, han decidido irse por el camino fácil y dar por cancelado el trabajo parlamentario que es, o debería ser, el lugar natural para la discusión de ideas y propuestas de política pública. También están aprovechando la coyuntura para mejorar la percepción en la sociedad después de que mostraron su verdadero rostro en las desaseadas, por decir lo menos, elecciones internas para renovar su dirigencia.
La acción arbitraria del iluminado tabasqueño y sus subordinados legislativos muestra la desesperación de que, en la propuesta del Presidente Calderón, en ningún momento se plantea la privatización, como de manera falsa y mentirosa han venido pregonando el tirano tabasqueño y banda.
Lo que vimos que sucedió en el Congreso está dando por cancelada la posibilidad de poner en marcha unas medidas de política pública que, desde mi óptica, pudieran parecer limitadas para resolver el problema de fondo de la industria petrolera, como es la falta de inversión para aprovechar nuestros recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo, incrementar la producción de petróleo crudo y darle valor agregado a nuestros productos petroleros para reducir la dependencia con el exterior. Sin embargo, la propuesta puede considerarse un avance para revertir el estado de las cosas en materia petrolera que, de continuar como hasta el día de hoy, inevitablemente nos lleva por el camino para convertirnos en importadores de petróleo crudo en seis años.
Lo que también se canceló el 10 de abril fue la forma como prevé la Constitución la conformación y operación de las Cámaras de Diputados y Senadores. El 6 de julio del 2000, en elecciones limpias y justas, además de la elección presidencial, los mexicanos decidimos que la Cámara de Diputados se conformara de la siguiente manera: 207 diputados del PAN, 156 del Frente Amplio Progresista, 106 del PRI, 17 del PVEM, 9 de Nueva Alianza y 5 de Alternativa.
Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, la composición es la siguiente: PAN, 52 senadores; PRI, 33; FAP, 36; PVEM, 6; y un senador sin partido. Esta parte de las elecciones no fue impugnada por los integrantes del FAP. La cancelación del trabajo legislativo que hizo el FAP nos muestra que, en el caso de la Cámara de Diputados, una minoría del 31.2 por ciento evita que el restante haga su trabajo legislativo.
En el caso de los senadores, el 28 por ciento de éstos impusieron su voluntad de manera violenta sobre el resto para evitar que desempeñaran las tareas que como legisladores les ordenamos hacer con nuestro voto. Inclusive, los miembros del FAP están violando el último párrafo del artículo 63 constitucional, que dice que: "incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones".
Impedir que se realice el trabajo legislativo y presentarse a alterar el orden o a dormir en sus curules en la madrugada, no significa necesariamente que estén desempeñando las funciones constitucionales para las cuales fueron electos. Habrá que estar pendientes de cuántos días va a durar la arbitrariedad de los seguidores del tabasqueño, ya que el mismo artículo 63 contempla el caso de inasistencias al trabajo legislativo: "Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se de conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes".
La manta que pusieron estos legisladores sobre la mal llamada máxima tribuna, que decía "Cancelado", tiene un alcance mayor, ya que no sólo se canceló el debate, el diálogo, la vida institucional y el trabajo parlamentario. También se está cancelando el futuro de México, ya que de aquí en adelante cualquier minoría podrá imponer con violencia su visión a la mayoría. ¿De qué privilegios gozan estos saboteadores para impedir que afronten las consecuencias de su actitud?
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
Etiquetas: AMLO, constitucion, demagogia, estado de derecho, fanatismo, fascismo, intolerancia, leyes, mesianismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, PRD, reaccionario, reformas
viernes, enero 04, 2008
Inconstitucional
"No interfieran en nada con la Constitución. Debe mantenerse tal cual es porque es la única garantía de nuestras libertades".
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Etiquetas: congreso, constitucion, IFE, leyes, liberalismo, libertad, partidocracia
jueves, noviembre 22, 2007
Mordaza
Quizá fueron las pasiones en contra de los medios, quizá el espectáculo de ver confrontados a los legisladores con los rostros más visibles de las pantallas, quizá el morbo por el ánimo vengativo de "cortar cabezas" a los consejeros del IFE, quizá la distracción generalizada que priva ante el bombardeo de noticias amarillas, quizá el desconocimiento de las normas vigentes y de los principios subyacentes y también de las propuestas y sus consecuencias, causas puede haber muchas. El hecho concreto es que la opinión pública parece no haberse percatado de las varias amenazas a las libertades ciudadanas encerradas en la reforma política. Comienzo por la más ominosa.
Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión consagrada en el Artículo Sexto constitucional será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio y televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida y es correcto, la triangulación de recursos, es decir que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato "X" o "Y". Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del Artículo Sexto constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados puedan contratar con recursos privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.
El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de espacios. Ya ocurrió en el 2006 -se dice- con el CCE, no se cuestiona la legalidad del hecho. Equivale a poner las elecciones en sus manos.
Vamos por partes. Los señores de los dineros y de las empresas, los generadores de empleo y riqueza, están en todo su derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresar sus puntos de vista en cualquier momento, estemos en periodo electoral o no. Los señores de los dineros representan un punto de vista particular del acontecer nacional como también lo tienen los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, los productores agrícolas, los exportadores, los encuestadores -que también salieron afectados con la reforma- o los grupos minoritarios, madres solteras, las personas de capacidades diferentes o las minorías sexuales. Los intelectuales con frecuencia hacemos uso de los desplegados para provocar reflexión e incidir en nuestros conciudadanos.
Pero el párrafo no deja dudas: "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda (cursiva nuestra) en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos...". Los ciudadanos tenemos en todo momento el derecho de expresar nuestras opiniones sobre el quehacer de un partido o de sus candidatos, si eso es considerado propaganda, mala tarde. En su primera acepción la propaganda está vinculada a la religión; en su segunda se refiere a "propagar doctrinas y opiniones"; en la tercera supone "dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos". En algún sentido todos hacemos propaganda: los ecologistas, aquellos que favorecen los juicios orales, los defensores de las minorías, los que luchan a favor de la igualdad de géneros o por mayor igualdad social. Se llama pluralidad. Por limitar a las cúpulas empresariales, los señores legisladores pretenden cercenar una parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano. De ese tamaño es la aberración.
Pero el asunto, además de ignorancia jurídica, conlleva cierta perversión. Las cúpulas partidarias que tanto odian a las empresariales, le asignan al IFE en exclusiva la facultad de contratar cualquier tiempo para la difusión de ideas. Además se asignan a sí mismos la facultad de remover, mantener bajo amenaza -como lo estamos viendo- y designar a los consejeros electorales. Al controlar indirectamente al IFE serán ellos los dueños de la transmisión de ideas por vía de los medios. ¡Genial! Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en "partidura".
¿Qué nos queda? En primer lugar, propagar el riesgo, hacer propaganda. No se trata de regresar a la deformación de los dineros públicos en los medios, nada tiene que ver. Tampoco la defensa de un grupo, el que sea. Se trata de explicar por qué los derechos de cualquier ciudadano están siendo cercenados. Segundo, generar amparos masivos. Quedan unas cuantas semanas. Hay prisa.
Federico Reyes Heroles
--------------------------------------------
La partidocracia sigue haciendo de las suyas. Levantemos nuestra voz para tratar de impedirlo.
Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión consagrada en el Artículo Sexto constitucional será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio y televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida y es correcto, la triangulación de recursos, es decir que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato "X" o "Y". Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del Artículo Sexto constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados puedan contratar con recursos privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.
El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de espacios. Ya ocurrió en el 2006 -se dice- con el CCE, no se cuestiona la legalidad del hecho. Equivale a poner las elecciones en sus manos.
Vamos por partes. Los señores de los dineros y de las empresas, los generadores de empleo y riqueza, están en todo su derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresar sus puntos de vista en cualquier momento, estemos en periodo electoral o no. Los señores de los dineros representan un punto de vista particular del acontecer nacional como también lo tienen los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, los productores agrícolas, los exportadores, los encuestadores -que también salieron afectados con la reforma- o los grupos minoritarios, madres solteras, las personas de capacidades diferentes o las minorías sexuales. Los intelectuales con frecuencia hacemos uso de los desplegados para provocar reflexión e incidir en nuestros conciudadanos.
Pero el párrafo no deja dudas: "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda (cursiva nuestra) en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos...". Los ciudadanos tenemos en todo momento el derecho de expresar nuestras opiniones sobre el quehacer de un partido o de sus candidatos, si eso es considerado propaganda, mala tarde. En su primera acepción la propaganda está vinculada a la religión; en su segunda se refiere a "propagar doctrinas y opiniones"; en la tercera supone "dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos". En algún sentido todos hacemos propaganda: los ecologistas, aquellos que favorecen los juicios orales, los defensores de las minorías, los que luchan a favor de la igualdad de géneros o por mayor igualdad social. Se llama pluralidad. Por limitar a las cúpulas empresariales, los señores legisladores pretenden cercenar una parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano. De ese tamaño es la aberración.
Pero el asunto, además de ignorancia jurídica, conlleva cierta perversión. Las cúpulas partidarias que tanto odian a las empresariales, le asignan al IFE en exclusiva la facultad de contratar cualquier tiempo para la difusión de ideas. Además se asignan a sí mismos la facultad de remover, mantener bajo amenaza -como lo estamos viendo- y designar a los consejeros electorales. Al controlar indirectamente al IFE serán ellos los dueños de la transmisión de ideas por vía de los medios. ¡Genial! Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en "partidura".
¿Qué nos queda? En primer lugar, propagar el riesgo, hacer propaganda. No se trata de regresar a la deformación de los dineros públicos en los medios, nada tiene que ver. Tampoco la defensa de un grupo, el que sea. Se trata de explicar por qué los derechos de cualquier ciudadano están siendo cercenados. Segundo, generar amparos masivos. Quedan unas cuantas semanas. Hay prisa.
Federico Reyes Heroles
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La partidocracia sigue haciendo de las suyas. Levantemos nuestra voz para tratar de impedirlo.
Etiquetas: congreso, democracia, elecciones, IFE, leyes, libertad, partidocracia
martes, septiembre 11, 2007
El negocio de confundir
Hace una semana discutíamos la ausencia de razones para decapitar a los consejeros del IFE. De pronto, brinca una iniciativa para prohibir cualquier contratación directa de propaganda por parte de los partidos en los medios masivos de comunicación. Con gran habilidad, los medios presentaron la resistencia a la remoción en el IFE como parte de un rechazo total a la reforma. Otros involucrados utilizaron el rechazo a la remoción para enredar más el asunto: los que se resisten a la remoción apoyan a los medios. Se trata de una auténtica afrenta al sentido común y una ofensa a quienes defendemos la inamovilidad de los consejeros.
Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a la nación. ¿Necesita México una reforma fiscal? Sí, es la respuesta, urgente. ¿Necesita una reforma política? Sin duda. Pero entre las dos hay una diferencia no menor: de la fiscal depende la prosperidad de decenas de millones. La reforma política atañe a los básicamente intereses de las cúpulas partidarias. Condicionar la una por la otra es perder el sentido de prioridad nacional.
El actual esquema electoral administró exitosamente la elección del 1997 y la del 2000. Todos conformes. En la del 2006 uno de los actores políticos se encargó de sembrar todas las dudas posibles. Hoy alrededor de 30 por ciento de la población cree que en el 2006 hubo fraude. Ese simple hecho avala la necesidad de la reforma. Pero momento: ¿cuándo se planteó que la remoción de los consejeros era parte central de la solución? La propuesta surgió de los pasillos del poder. Las razones o argumentos públicos brillan por su ausencia. Curiosamente no se modifica el mecanismo de designación: sigue siendo un territorio exclusivo de los partidos. Allí está la deformación de origen.
Confundir daña a México. Insisto: ¿por qué se condicionó la reforma fiscal a la política? ¿Cuál es el trueque? ¿En qué momento las cabezas de los consejeros fueron materia de canje? ¿Qué tiene esto que ver con cómo incrementar la recaudación? Y, finalmente, ¿qué tiene todo lo anterior qué ver con la prohibición de contratar propaganda política en los medios? El revoltijo es profundamente perverso.
Vamos por partes. Se puede estar a favor en lo general de la reforma fiscal, en lo general a favor de la reforma política, pero tener puntos de divergencia. Por ejemplo, la reforma política plantea la necesidad de prohibir la propaganda "negativa". ¿Quién va a regular el uso de las ideas, no estaremos en el fondo erigiendo una nueva Inquisición? Para eso están la calumnia y difamación en su modalidad civil.
Otros ejemplos. Bienvenido el uso de los tiempos oficiales, por fin. Bienvenida la regulación del uso excesivo de los medios, y la promoción personal con dineros públicos. Pero la prohibición es un nuevo candado que también queda indirectamente en manos de los partidos. Prohibir resulta el otro extremo. Siguiendo el sexto constitucional cualquiera debe tener el derecho de transmitir sus ideas por los medios. Van tres prohibiciones. La argumentación prohibitiva no contempla que la radio, rama que sería la primera afectada, ha contribuido notablemente a la información y politización de la sociedad mexicana. Que Televisa y TVAzteca lleven una porción importante no explica la miopía de principios. Los domina el odio. Confundir daña.
Ojalá se abra una nueva cadena nacional, pero no caigamos en la versión de los cangrejos: hundir al competidor para trepar nosotros. En un país con cerca de 100 mil poblados con menos de mil habitantes, los medios nacionales y, sobre todo, los locales han sido centrales. El avance en la politización es inexplicable sin los medios. Por qué irnos a los extremos, se puede regular la contratación con fondos públicos; que se usen los tiempos oficiales. Salir del despilfarro televisivo no supone coartar una libertad. Eso es, por lo menos, falta de imaginación. Por cierto, qué tiene que ver la remoción de los consejeros en todo este embrollo. Nada. Confundir daña.
Por qué no separar los asuntos. El revoltijo sólo beneficia la truculencia. La CETU, ITU o como termine llamándose, no tiene nada que ver con la necesidad de un relevo programado y sistemático de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal que también entraron al trueque. La CETU o ITU no tienen nada que ver con la contratación de tiempos en radio y televisión. Los excesos son evidentes, pero si por los excesos nos regimos, entonces, habría que prohibir los automóviles por todos los accidentes imprudenciales o el uso de ciertas medicinas por la misma razón.
Cerrar las puertas a los nuevos partidos; perseguir las campañas "negativas"; prohibir el uso de los medios y correr a los consejeros y magistrados, ése es el corazón de la propuesta actual no la que dicen que viene en la mesa 44. No hay ni una reforma sobre ellos mismos. Olvidan su brutal descrédito. Los recursos que les quitan al uso de medios los trasladan a sus propias arcas. Serán gastados de otra forma. ¿Qué gana el ciudadano?
Ni reelección en presidencias municipales, diputaciones o senadurías, prohibición a las candidaturas independientes, más presupuesto para las burocracias, vaya avance. Acreditar la actual propuesta de reforma electoral -antiliberal, contraria a la fortaleza e independencia de las instituciones y mañosa- por la esperanza de la mesa 44 es caer en los engaños de la burocracia partidista. Aquí estamos, a 11 de septiembre, sin la urgente reforma fiscal que necesita el país y discutiendo obsesiones y caprichos. Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a México.
Federico Reyes Heroles
Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a la nación. ¿Necesita México una reforma fiscal? Sí, es la respuesta, urgente. ¿Necesita una reforma política? Sin duda. Pero entre las dos hay una diferencia no menor: de la fiscal depende la prosperidad de decenas de millones. La reforma política atañe a los básicamente intereses de las cúpulas partidarias. Condicionar la una por la otra es perder el sentido de prioridad nacional.
El actual esquema electoral administró exitosamente la elección del 1997 y la del 2000. Todos conformes. En la del 2006 uno de los actores políticos se encargó de sembrar todas las dudas posibles. Hoy alrededor de 30 por ciento de la población cree que en el 2006 hubo fraude. Ese simple hecho avala la necesidad de la reforma. Pero momento: ¿cuándo se planteó que la remoción de los consejeros era parte central de la solución? La propuesta surgió de los pasillos del poder. Las razones o argumentos públicos brillan por su ausencia. Curiosamente no se modifica el mecanismo de designación: sigue siendo un territorio exclusivo de los partidos. Allí está la deformación de origen.
Confundir daña a México. Insisto: ¿por qué se condicionó la reforma fiscal a la política? ¿Cuál es el trueque? ¿En qué momento las cabezas de los consejeros fueron materia de canje? ¿Qué tiene esto que ver con cómo incrementar la recaudación? Y, finalmente, ¿qué tiene todo lo anterior qué ver con la prohibición de contratar propaganda política en los medios? El revoltijo es profundamente perverso.
Vamos por partes. Se puede estar a favor en lo general de la reforma fiscal, en lo general a favor de la reforma política, pero tener puntos de divergencia. Por ejemplo, la reforma política plantea la necesidad de prohibir la propaganda "negativa". ¿Quién va a regular el uso de las ideas, no estaremos en el fondo erigiendo una nueva Inquisición? Para eso están la calumnia y difamación en su modalidad civil.
Otros ejemplos. Bienvenido el uso de los tiempos oficiales, por fin. Bienvenida la regulación del uso excesivo de los medios, y la promoción personal con dineros públicos. Pero la prohibición es un nuevo candado que también queda indirectamente en manos de los partidos. Prohibir resulta el otro extremo. Siguiendo el sexto constitucional cualquiera debe tener el derecho de transmitir sus ideas por los medios. Van tres prohibiciones. La argumentación prohibitiva no contempla que la radio, rama que sería la primera afectada, ha contribuido notablemente a la información y politización de la sociedad mexicana. Que Televisa y TVAzteca lleven una porción importante no explica la miopía de principios. Los domina el odio. Confundir daña.
Ojalá se abra una nueva cadena nacional, pero no caigamos en la versión de los cangrejos: hundir al competidor para trepar nosotros. En un país con cerca de 100 mil poblados con menos de mil habitantes, los medios nacionales y, sobre todo, los locales han sido centrales. El avance en la politización es inexplicable sin los medios. Por qué irnos a los extremos, se puede regular la contratación con fondos públicos; que se usen los tiempos oficiales. Salir del despilfarro televisivo no supone coartar una libertad. Eso es, por lo menos, falta de imaginación. Por cierto, qué tiene que ver la remoción de los consejeros en todo este embrollo. Nada. Confundir daña.
Por qué no separar los asuntos. El revoltijo sólo beneficia la truculencia. La CETU, ITU o como termine llamándose, no tiene nada que ver con la necesidad de un relevo programado y sistemático de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal que también entraron al trueque. La CETU o ITU no tienen nada que ver con la contratación de tiempos en radio y televisión. Los excesos son evidentes, pero si por los excesos nos regimos, entonces, habría que prohibir los automóviles por todos los accidentes imprudenciales o el uso de ciertas medicinas por la misma razón.
Cerrar las puertas a los nuevos partidos; perseguir las campañas "negativas"; prohibir el uso de los medios y correr a los consejeros y magistrados, ése es el corazón de la propuesta actual no la que dicen que viene en la mesa 44. No hay ni una reforma sobre ellos mismos. Olvidan su brutal descrédito. Los recursos que les quitan al uso de medios los trasladan a sus propias arcas. Serán gastados de otra forma. ¿Qué gana el ciudadano?
Ni reelección en presidencias municipales, diputaciones o senadurías, prohibición a las candidaturas independientes, más presupuesto para las burocracias, vaya avance. Acreditar la actual propuesta de reforma electoral -antiliberal, contraria a la fortaleza e independencia de las instituciones y mañosa- por la esperanza de la mesa 44 es caer en los engaños de la burocracia partidista. Aquí estamos, a 11 de septiembre, sin la urgente reforma fiscal que necesita el país y discutiendo obsesiones y caprichos. Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a México.
Federico Reyes Heroles
Etiquetas: demagogia, democracia, IFE, leyes, PAN, partidocracia, PRD, PRI, reaccionario, reformas
domingo, septiembre 09, 2007
Nacionalización de la banca, 25 años
México nunca volvería a ser el mismo. La expropiación de los bancos en 1982 se explicó de diversas maneras, pero tuvo una enorme consecuencia que sus autores nunca imaginaron: la destrucción de la confianza. Un cuarto de siglo después, tras dedicar 25 años casi íntegramente a tratar de reconstruir esa confianza, el País no la ha recobrado del todo. Sin embargo, en 2006 México mostró que, a pesar del embate e intentos irredentos por minar la confianza, ésta se mantuvo, al menos por lo que toca a los mercados financieros. Si algo prueban estos cinco lustros es que la confianza, a pesar de su fragilidad, es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Igual de claro es que se requiere una visión de futuro, en un contexto de confianza, para lograr ese desarrollo.
La expropiación de los bancos fue un acto inusitado. Luego de décadas de crecimiento y desarrollo, fortaleza y vigor, durante los 70 el sistema fue incrementalmente debilitado y subordinado a las preferencias financieras gubernamentales. Con el crecimiento de la inflación, los bancos vieron deterioradas sus finanzas, desaparecieron los créditos de tasa fija, se impusieron estrictos "cajones" para canalizar crédito a actividades improductivas y, en una palabra, se debilitó el factor clave para el desarrollo económico, toda vez que los bancos son el vaso comunicante entre el ahorro y la inversión. México llegaba al inicio de los ochenta con una banca deteriorada, que hubiera podido recuperarse con una corrección seria y necesaria a la política económica, luego de dos sexenios de pésima administración económica y financiera.
Pero no habría de ser así. En lugar de reconocer y enmendar los errores, la respuesta del entonces Presidente José López Portillo fue pasional y arbitraria, y trajo consecuencias que todavía hoy no acaban de resolverse. La expropiación de los bancos constituyó un golpe mortal a la confianza no sólo del pequeño núcleo de propietarios o accionistas de los bancos, sino de la clase media que ya tenía un sentido de ahorro y de propiedad. Al mismo tiempo, el acto de expropiar abrió una escisión en la sociedad mexicana que, como ilustró la contienda electoral del año pasado, no acaba por sanar. Ambas dinámicas, la de la confianza y la de la disputa por el futuro, han dominado la lucha política de este cuarto de siglo y no parece haber nada en el horizonte que prometa una resolución razonable para beneficio de toda la sociedad.
La expropiación también minó la confianza en las instituciones. Para un sistema político tan dado a cuidar las formas, el manejo de la expropiación fue atroz. La expropiación destruyó la confianza en el sistema legal: es interesante observar que en los considerandos del decreto de expropiación se alega todo menos la utilidad pública de la medida. Luego se procedió a llevar a cabo una enmienda constitucional para hacer permanente la arbitrariedad, tirando al basurero el concepto de la no retroactividad de las leyes.
Los mexicanos podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el sistema político posrevolucionario, pero por décadas al menos había existido la sensación de que funcionaba. El acto expropiatorio vino seguido de violaciones a las reglas no escritas de convivencia de la sociedad mexicana. Nunca antes se había amenazado a las personas en su vida, patrimonio y manejo de su destino, como ocurrió con las infames listas públicas de "sacadólares", listas de gente que, valga recordarlo, nunca cometió delito alguno.
Pronto vendría un monstruoso relajamiento en el comportamiento de los funcionarios públicos, que ahora se imaginaban destinados a salvar a la nación (con la notable excepción de don Adrián Lajous, cuyo valor cívico merece ser recordado). Hubo una psicosis tal que súbitamente comenzaron a construirse listas de blancos de expropiación: que Televisa, que las grandes tiendas comerciales; hasta un hipódromo se consideró expropiar. Como los jacobinos en la Revolución Francesa, el Gobierno, alentado por los "progres", se aprestaba a pasar por la guillotina a una ciudadanía perpleja ante el espectáculo de un gobierno dedicado a violar toda norma y ley.
Sin confianza, la economía del País se vino abajo. El déficit fiscal para ese año de 1982 ascendió al 18 por ciento del PIB y todo indicaba que estábamos al borde de la hiperinflación. De hecho hubo algunos meses en ese año y en el subsiguiente en los que la inflación mensual anualizada superó el 400 por ciento. Sólo un programa económico draconiano como el que se instrumentó a partir del inicio de 1983 podía contener la implosión de la economía.
Pero lo más importante fue que, a sabiendas del Gobierno o no, a partir de ese momento comenzaría una larga e incierta travesía, años de esfuerzos gigantescos, hacia la reconstrucción de la confianza de la población en sus instituciones y en su gobierno. Algo de eso sin duda se logró, tal y como lo ilustra la impresionante estabilidad que mostraron los indicadores financieros y macroeconómicos a lo largo del 2006, a pesar del conflicto político que se vivía.
El otro legado de la expropiación de los bancos y, de hecho, de toda la década de los 70 fue la inauguración de la era del conflicto político como medio para avanzar una agenda distinta a la del desarrollo económico por medios ortodoxos y tradicionales. Visto desde esa perspectiva, la expropiación de los bancos constituyó la culminación de los esfuerzos iniciados a partir de 1970 por cambiar el curso del desarrollo del País, conferirle al Gobierno control sobre los instrumentos de control de la economía y principales medios de producción. Para quienes avanzaban esa agenda, la expropiación de los bancos representó el primer gran paso en la construcción de ese otro México. A pesar de la derrota que en los hechos sufrió esa perspectiva, ésta nunca desapareció, y como pudimos observar en la contienda de 2006, está tan viva como siempre.
Veinticinco años de altibajos, esfuerzos en ocasiones exitosos y en otros fallidos por construir una plataforma de crecimiento económico. A lo largo de todo ese periodo, lo único que fue constante fue el intento sistemático de recobrar la confianza de la población y de los inversionistas. A estas alturas parece evidente que falta el jalón clave: el que haga funcionar a la economía, acabando con los privilegios, sin minar la confianza.
La expropiación de los bancos cambió a México, y aunque mucho del daño que provocó se ha superado, lo que no se ha podido recuperar es la confianza de que el México del mañana será mejor que el de ayer. Hay acciones y maneras de actuar cuyos costos trascienden mucho más allá de lo que cualquiera puede llegar a imaginar.
Luis Rubio
www.cidac.org
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Más de 25 años después aún no es posible eliminar, corregir, las consecuencias, los errores cometidos durante la docena trágica (1970-1982). Han habido cambios, pero han sido insuficientes, imcompletos, mal implementados y envenenados con corrupción. Lo más triste de todo esto es que todavía hay gente que piensa, que cree realmente, que las políticas implementadas en esos años fueron las correctas, y que lo que vino después de 1982 causaron los problemas. Aún hay quién piensa que estamos peor que hace 25 años. La confianza se perdió y será difícil recuperarla.
La expropiación de los bancos fue un acto inusitado. Luego de décadas de crecimiento y desarrollo, fortaleza y vigor, durante los 70 el sistema fue incrementalmente debilitado y subordinado a las preferencias financieras gubernamentales. Con el crecimiento de la inflación, los bancos vieron deterioradas sus finanzas, desaparecieron los créditos de tasa fija, se impusieron estrictos "cajones" para canalizar crédito a actividades improductivas y, en una palabra, se debilitó el factor clave para el desarrollo económico, toda vez que los bancos son el vaso comunicante entre el ahorro y la inversión. México llegaba al inicio de los ochenta con una banca deteriorada, que hubiera podido recuperarse con una corrección seria y necesaria a la política económica, luego de dos sexenios de pésima administración económica y financiera.
Pero no habría de ser así. En lugar de reconocer y enmendar los errores, la respuesta del entonces Presidente José López Portillo fue pasional y arbitraria, y trajo consecuencias que todavía hoy no acaban de resolverse. La expropiación de los bancos constituyó un golpe mortal a la confianza no sólo del pequeño núcleo de propietarios o accionistas de los bancos, sino de la clase media que ya tenía un sentido de ahorro y de propiedad. Al mismo tiempo, el acto de expropiar abrió una escisión en la sociedad mexicana que, como ilustró la contienda electoral del año pasado, no acaba por sanar. Ambas dinámicas, la de la confianza y la de la disputa por el futuro, han dominado la lucha política de este cuarto de siglo y no parece haber nada en el horizonte que prometa una resolución razonable para beneficio de toda la sociedad.
La expropiación también minó la confianza en las instituciones. Para un sistema político tan dado a cuidar las formas, el manejo de la expropiación fue atroz. La expropiación destruyó la confianza en el sistema legal: es interesante observar que en los considerandos del decreto de expropiación se alega todo menos la utilidad pública de la medida. Luego se procedió a llevar a cabo una enmienda constitucional para hacer permanente la arbitrariedad, tirando al basurero el concepto de la no retroactividad de las leyes.
Los mexicanos podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el sistema político posrevolucionario, pero por décadas al menos había existido la sensación de que funcionaba. El acto expropiatorio vino seguido de violaciones a las reglas no escritas de convivencia de la sociedad mexicana. Nunca antes se había amenazado a las personas en su vida, patrimonio y manejo de su destino, como ocurrió con las infames listas públicas de "sacadólares", listas de gente que, valga recordarlo, nunca cometió delito alguno.
Pronto vendría un monstruoso relajamiento en el comportamiento de los funcionarios públicos, que ahora se imaginaban destinados a salvar a la nación (con la notable excepción de don Adrián Lajous, cuyo valor cívico merece ser recordado). Hubo una psicosis tal que súbitamente comenzaron a construirse listas de blancos de expropiación: que Televisa, que las grandes tiendas comerciales; hasta un hipódromo se consideró expropiar. Como los jacobinos en la Revolución Francesa, el Gobierno, alentado por los "progres", se aprestaba a pasar por la guillotina a una ciudadanía perpleja ante el espectáculo de un gobierno dedicado a violar toda norma y ley.
Sin confianza, la economía del País se vino abajo. El déficit fiscal para ese año de 1982 ascendió al 18 por ciento del PIB y todo indicaba que estábamos al borde de la hiperinflación. De hecho hubo algunos meses en ese año y en el subsiguiente en los que la inflación mensual anualizada superó el 400 por ciento. Sólo un programa económico draconiano como el que se instrumentó a partir del inicio de 1983 podía contener la implosión de la economía.
Pero lo más importante fue que, a sabiendas del Gobierno o no, a partir de ese momento comenzaría una larga e incierta travesía, años de esfuerzos gigantescos, hacia la reconstrucción de la confianza de la población en sus instituciones y en su gobierno. Algo de eso sin duda se logró, tal y como lo ilustra la impresionante estabilidad que mostraron los indicadores financieros y macroeconómicos a lo largo del 2006, a pesar del conflicto político que se vivía.
El otro legado de la expropiación de los bancos y, de hecho, de toda la década de los 70 fue la inauguración de la era del conflicto político como medio para avanzar una agenda distinta a la del desarrollo económico por medios ortodoxos y tradicionales. Visto desde esa perspectiva, la expropiación de los bancos constituyó la culminación de los esfuerzos iniciados a partir de 1970 por cambiar el curso del desarrollo del País, conferirle al Gobierno control sobre los instrumentos de control de la economía y principales medios de producción. Para quienes avanzaban esa agenda, la expropiación de los bancos representó el primer gran paso en la construcción de ese otro México. A pesar de la derrota que en los hechos sufrió esa perspectiva, ésta nunca desapareció, y como pudimos observar en la contienda de 2006, está tan viva como siempre.
Veinticinco años de altibajos, esfuerzos en ocasiones exitosos y en otros fallidos por construir una plataforma de crecimiento económico. A lo largo de todo ese periodo, lo único que fue constante fue el intento sistemático de recobrar la confianza de la población y de los inversionistas. A estas alturas parece evidente que falta el jalón clave: el que haga funcionar a la economía, acabando con los privilegios, sin minar la confianza.
La expropiación de los bancos cambió a México, y aunque mucho del daño que provocó se ha superado, lo que no se ha podido recuperar es la confianza de que el México del mañana será mejor que el de ayer. Hay acciones y maneras de actuar cuyos costos trascienden mucho más allá de lo que cualquiera puede llegar a imaginar.
Luis Rubio
www.cidac.org
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Más de 25 años después aún no es posible eliminar, corregir, las consecuencias, los errores cometidos durante la docena trágica (1970-1982). Han habido cambios, pero han sido insuficientes, imcompletos, mal implementados y envenenados con corrupción. Lo más triste de todo esto es que todavía hay gente que piensa, que cree realmente, que las políticas implementadas en esos años fueron las correctas, y que lo que vino después de 1982 causaron los problemas. Aún hay quién piensa que estamos peor que hace 25 años. La confianza se perdió y será difícil recuperarla.
Etiquetas: bancos, corrupcion, demagogia, economia, estado de derecho, leyes, Lopez Portillo, pobreza, populismo, riqueza
lunes, septiembre 03, 2007
Ganadores y perdedores
Triunfaron las formas políticas... ¡qué bueno! Mucha tinta y palabras serán gastadas para hablar de ello. Más que eso, deberemos de atender el fondo de los problemas que nos impone esta joven democracia, en aras de encontrar salidas rápidas a las arenas movedizas en las que nos hemos metido. Si bien, todos los sectores productivos de la sociedad -siento- sabemos ya hacia dónde debemos de llevar a México; el real problema es que son los lastimados de los lastimados, los ignorantes de los ignorantes, las víctimas de las víctimas del saldo de un país intransigente, los que están obstaculizando las decisiones que ya tendríamos que haber tomado. El fondo no es si Felipe Calderón pudo o no pronunciar palabra en la máxima tribuna del Poder Legislativo. El fondo no es si ya se agotó el formato del Informe presidencial. (Informar a un país no es un asunto que pase de moda). Las causas de tanta negociación tienen su origen en que el PRD, el PT y Convergencia para la Democracia, habían hecho la ruta crítica de una victoria electoral contundente y segura en 2006 y no sólo no han entendido que perdieron, sino que desconocen al legítimo, legal, ciudadano y democrático ganador de la contienda. Una reforma electoral a la que todos nos sometamos, deberá pasar por ese sometimiento al reconocimiento de los resultados. En democracia no todos pueden ganar. Ni puede haber resultados anticipados a las expectativas de un cálculo político. Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, se sale del evento congresional explicando que no puede reconocer a Calderón, sólo porque el resultado de unas elecciones, la insatisfacción de los hechos, más el mandato de un hombre que le impone una postura, le hace decir que millones de mexicanos quedaron insatisfechos con la voz de las urnas. Y yo me pregunto... ¿y qué, doña Ruth no podrá entender que hay millones de mexicanos que sí están satisfechos por el testimonio final de un proceso electoral? ¿o de lo que se trataba era de que hubiera un número "n" de elecciones hasta que ganara su candidato?
No, estas personas radicalizadas no están entendiendo lo que hacen, al querer imponer a un candidato "venido de la luz". Lo que hacen al desconocer al Presidente de México. Lo que hacen al decir que no, a todo lo que sugiere un replanteamiento económico, político y social Es, en esencia un freno a las futuras oportunidades que podremos generar a esos mexicanos que hoy y mañana estarán demandando lo que ata nuestra incapacidad presente.
Que las campañas sean más baratas y cortas lo entiendo. Que queden libres de toda duda... ha sido una pretensión. Que los partidos políticos sean organizados sólo por ciudadanos... es lo menos. Pero más que cualquier cosa, deberemos de obligar moralmente a los grupos políticos que, si se ciñen a un proceso electoral... éste, lo respeten de principio a fin. Sí... me someto a la voz de las urnas. Pero también me apego a los resultados. Lo que más nos está haciendo daño, es el desconocimiento de nuestra democracia.
Por lo pronto aquí les doy los resultados del partido llevado a la cancha en este fin de semana:
Calderón 2, con goles de Tolerancia y autogol de Intransigencia. PRI 1, con gol de Experiencia. PDR, PT y Convergencia no llegaron a anotar, porque están demasiado confundidos... ¡en lo que se ponen de acuerdo!
Etiquetas: Calderon, congreso, demagogia, democracia, estado de derecho, leyes, PAN, pobreza, PRD, PRI, reaccionario, reformas
domingo, septiembre 02, 2007
(In) congruencia
Qué manera tan promisoria la de la señora Ruth Zavaleta al comenzar su discurso de asunción a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y encabezar la ceremonia del Informe presidencial. Lea usted:
"Como presidenta del Congreso de la Unión quiero reafirmar que cumpliré con el mandato que me da la Constitución. Estoy obligada a actuar con responsabilidad, institucionalidad y con apego a las leyes, garantizando los principios de imparcialidad y objetividad en la conducción de esta sesión. El Congreso es un lugar de debate y de acuerdos. Es la representación de la pluralidad y representatividad. Ha llegado la hora de reformar al Estado y a sus instituciones, que ya no responden a los nuevos tiempos de México".
¡Olé! Sin exagerar, tan estentóreo y profundo como aquellos que arrancaba Silverio al ejecutar un trincherazo.
Pero, como dice un neoclásico mexicano: "La tenía, era suya... y la dejó ir". Lea usted:
"Ahora bien, apelo a la generosidad de mis compañeras y compañeros legisladores para que comprendan que soy una mujer de convicciones y principios, promotora de procesos electorales democráticos transparentes, equitativos y de respeto al voto. Les comunico que procederé a retirarme de esta tribuna. No puedo recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos".
Ni modo, pues. ¿Cómo explicar sus convicciones y principios con el incumplimiento, por deserción, de sus obligaciones constitucionales que ella misma reconoció? ¿Si entre sus convicciones y principios está el de la congruencia, doña Ruth presidirá las sesiones u otros actos legislativos en los que se discutan o traten iniciativas enviadas (la reforma fiscal, la judicial, los presupuestos de ingresos y egresos federales, entre otras muchas) por aquel "quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos"? ¿Y en aquellas que participen los secretarios de despacho (en México no hay secretarios de Estado) designados por el "no reconocido", a quien la Constitución (que la señora Zavaleta dijo que cumplirá) designa "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", único individuo (palabra del texto magno) en el que se deposita "el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión"?
De acuerdo con la Constitución, "el pueblo ejerce su soberanía por medios de los poderes de la Unión", que son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy, doña Ruth Zavaleta es presidenta de una de las cámaras del Congreso, en la que se deposita el Poder Legislativo. Si ella no reconoce al titular de Ejecutivo, ¿estamos ante un estado de excepción? ¿Qué pasaría si al presidente de la República se le ocurriera no reconocer a los titulares de alguno de los otros dos poderes?
Si la congruencia estuviera entre las convicciones y los principios, doña Ruth también debería explicar cómo es posible que ella y todos sus compañeros legisladores, diputados y senadores, provienen del mismo proceso electoral de 2 de julio de 2006, organizado, sancionado y calificado por las mismas instituciones (el IFE y el Trife). ¿O el IFE y el Trife fueron ejemplo de transparencia y respeto al voto en la elección para diputados y senadores (el mismo día, en las mismas ciudades y con la misma gente, y hasta en las mismas casillas) y no para la de Presidente de la República?
La señora Zavaleta le debe una explicación al país. Si hay congruencia, quizá convenza a quienes no le creen.
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, democracia, estado de derecho, fascismo, intolerancia, leyes, PRD
viernes, agosto 24, 2007
IED, ¿Muy bien?
Funcionarios de la Secretaría de Economía señalaron en días pasados que durante el primer semestre del año se canalizaron, hacia la economía mexicana, 13 mil 244 millones de dólares de inversión extranjera directa, IED, siendo así que "el primer semestre de 2007 representa el mejor inicio de año en la historia, en materia de captación de flujos de inversión foránea", tal y como lo afirmó Carlos Arce Macías, subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales de la mentada Secretaría. Los medios de comunicación no se hicieron del rogar, y dieron la noticia, más o menos, de esta manera: "Establece marca histórica la inversión extranjera directa en México: nunca antes, para el primer semestre del primer año de gobierno, se había alcanzado una cifra parecida", todo lo cual es verdad, pero no toda la verdad.
Comparemos. Durante el primer semestre del primer año del gobierno de Salinas de Gortari, la IED sumó 1 mil 496 millones de dólares; a lo largo del mismo período de las administraciones de Zedillo y Fox las cifras fueron, respectivamente, 4 mil 896 y 8 mil 635 millones de dólares. ¿Cuánto se acumuló de IED, entre enero y junio pasados, primer semestre del primer año del sexenio de Calderón? Los ya citados 13 mil 244 millones de dólares. Vistas así las cosas tenemos que, efectivamente, nunca antes para el primer semestre, del primer año de sexenio, se había captado tanta IED. Es por ello que se habla de un récord , todo lo cual es verdad, pero no toda la verdad, sobre todo si queremos conocer más allá de la cifra total, cómo se ha comportado ese tipo de inversión, para lo cual debemos comparar, no el monto total de IED, sino su crecimiento.
Durante el primer semestre del primer año del gobierno de Zedillo, comparada con el primer semestre del primer año del gobierno de Salinas de Gortari, la IED creció 227 por ciento; a lo largo del primer semestre del primer año del gobierno de Fox, comparada con el mismo período del gobierno de Zedillo, la IED registró un crecimiento de 76 puntos porcentuales; durante el primer semestre del primer año del gobierno de Calderón comparada con el primer semestre, del primer año, del gobierno foxista, la IED aumentó 53 por ciento, lo cual quiere decir, uno, que la IED, al menos en el primer semestre, del primer año, de cada sexenio, ha seguido creciendo (bueno) y, dos, que lo ha hecho a tasa decreciente: 227, 76 y 53 por ciento, respectivamente (malo).
Reconociendo que entre enero y junio se alcanzó la mayor cantidad de dólares de IED, para un primer semestre, de un primer año, de cualquier sexenio, no puedo dejar de preguntar cuánto más captaremos si elevamos la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar capitales, competitividad que en México deja mucho que desear, tal y como lo muestran los resultados del Anuario Mundial de Competitividad, del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial: entre 50 naciones México ocupa, en materia de competitividad, el lugar 47, y su calificación, en escala de 0 a 10, es 4.5. Ocupamos uno de los últimos lugares y con calificación reprobatoria. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Por debajo de nosotros, ocupando los tres últimos lugares de la lista están Turquía, Brasil y Sudáfrica; por arriba de nosotros, en los lugares 46, 45 y 44, encontramos a Ucrania, Filipinas y Rumania, todos ellos países muy respetables, pero ninguno de ellos ejemplo de progreso económico.
Insisto: ¿cuánta más IED no seríamos capaces de captar si, de una buena vez por todas, elevamos la competitividad del país, para lo cual lo primero que hay que hacer es cambiar las reglas del juego y abrir todos los mercados, y todos los sectores de la actividad económica, a todo aquel que quiera participar? ¿Por qué demonios, a los responsables de hacerlo, en primer lugar los legisladores, les resulta tan difícil de entender?
Arturo Damm
arturodamm@prodigy.net.mx
Comparemos. Durante el primer semestre del primer año del gobierno de Salinas de Gortari, la IED sumó 1 mil 496 millones de dólares; a lo largo del mismo período de las administraciones de Zedillo y Fox las cifras fueron, respectivamente, 4 mil 896 y 8 mil 635 millones de dólares. ¿Cuánto se acumuló de IED, entre enero y junio pasados, primer semestre del primer año del sexenio de Calderón? Los ya citados 13 mil 244 millones de dólares. Vistas así las cosas tenemos que, efectivamente, nunca antes para el primer semestre, del primer año de sexenio, se había captado tanta IED. Es por ello que se habla de un récord , todo lo cual es verdad, pero no toda la verdad, sobre todo si queremos conocer más allá de la cifra total, cómo se ha comportado ese tipo de inversión, para lo cual debemos comparar, no el monto total de IED, sino su crecimiento.
Durante el primer semestre del primer año del gobierno de Zedillo, comparada con el primer semestre del primer año del gobierno de Salinas de Gortari, la IED creció 227 por ciento; a lo largo del primer semestre del primer año del gobierno de Fox, comparada con el mismo período del gobierno de Zedillo, la IED registró un crecimiento de 76 puntos porcentuales; durante el primer semestre del primer año del gobierno de Calderón comparada con el primer semestre, del primer año, del gobierno foxista, la IED aumentó 53 por ciento, lo cual quiere decir, uno, que la IED, al menos en el primer semestre, del primer año, de cada sexenio, ha seguido creciendo (bueno) y, dos, que lo ha hecho a tasa decreciente: 227, 76 y 53 por ciento, respectivamente (malo).
Reconociendo que entre enero y junio se alcanzó la mayor cantidad de dólares de IED, para un primer semestre, de un primer año, de cualquier sexenio, no puedo dejar de preguntar cuánto más captaremos si elevamos la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar capitales, competitividad que en México deja mucho que desear, tal y como lo muestran los resultados del Anuario Mundial de Competitividad, del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial: entre 50 naciones México ocupa, en materia de competitividad, el lugar 47, y su calificación, en escala de 0 a 10, es 4.5. Ocupamos uno de los últimos lugares y con calificación reprobatoria. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Por debajo de nosotros, ocupando los tres últimos lugares de la lista están Turquía, Brasil y Sudáfrica; por arriba de nosotros, en los lugares 46, 45 y 44, encontramos a Ucrania, Filipinas y Rumania, todos ellos países muy respetables, pero ninguno de ellos ejemplo de progreso económico.
Insisto: ¿cuánta más IED no seríamos capaces de captar si, de una buena vez por todas, elevamos la competitividad del país, para lo cual lo primero que hay que hacer es cambiar las reglas del juego y abrir todos los mercados, y todos los sectores de la actividad económica, a todo aquel que quiera participar? ¿Por qué demonios, a los responsables de hacerlo, en primer lugar los legisladores, les resulta tan difícil de entender?
Arturo Damm
arturodamm@prodigy.net.mx
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viernes, junio 15, 2007
"Servido, señor jefe de Gobierno"
Marcelo Ebrard no le pareció que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, le hiciera un llamado para que intervenga y evite que, so pretexto de la libre manifestación de ideas, se vulnere el orden público (por los maestros de la CNTE) en la Ciudad de México. Mucho menos que le pidiera no confundir la estricta aplicación de la ley con el autoritarismo y la represión. Y es que, en días recientes, el jefe de Gobierno declaró que quienes quieren represión para detener a los maestros "se van a quedar esperando".
Marcelo le reviró a Lozano en forma un tanto estridente. "Que se dedique a su trabajo y estudie las leyes del DF; que no sea ignorante", declaró. El secretario hizo caso a tan "distinguida solicitud". Se puso a hacer la tarea. Repasó el marco legal. Hizo sus anotaciones y las incluyó en una carta que le envió ayer mismo al "señor jefe de Gobierno". En la misiva, cuya copia posee Arsenal, el secretario del Trabajo recordó a Marcelo su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen (artículo 128 de la Carta Magna). Le dice también que los bloqueos a calles, avenidas, cruces y vialidades primarias constituyen una violación a garantías constitucionales, como la de libre tránsito (artículo 11), trabajo (artículo 5); asociación (artículo 9), además de afectar otros derechos de terceros.
No se queda allí. Subraya que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica, son infracciones contra la seguridad ciudadana el impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito, siempre que no exista permiso ni causa justificada. Por si fuera poco, le saca a colación el Bando 13, expedido en 2001 por Andrés Manuel López Obrador -el Plutarco Elías Calles de Marcelo Ebrard- y recalca, en negritas, uno de sus párrafos: "No permitiremos el bloqueo de avenidas o vialidades primarias que desquicien el tráfico, eleven la contaminación y afecten el libre tránsito de terceros". Y Lozano se despide con un irónico "servido, señor jefe de Gobierno".
En el frente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tampoco le ha ido bien a Marcelo. Anda con la idea de que el GDF lo administre durante 30 años. El diputado de Nueva Alianza Xiúh Tenorio contaba, muerto de risa, el contenido de una mordaz caricatura, que leyó el día anterior, en la que un ciudadano preguntó sobre el tema: "¿Si no puede con el Paradero de Pantitlán, cómo le va a hacer con el Aeropuerto?"
El GDF envió ayer a la SCT la solicitud formal para lograr la concesión. Al informar lo anterior, el secretario de Gobierno local, José Ángel Ávila, habló de un plan para construir una tercera pista que permitiría las famosas "aproximaciones simultáneas". Esto, asegura, incrementaría hasta 23% el número de operaciones en el AICM.
"Es un disparate...", reviró el diputado federal del PRI Jesús Ramírez Stabros, ex dirigente del sindicato de pilotos aviadores, convencido de la imposibilidad de incrementar en esa proporción las operaciones. "Es un proyecto que les vendió un ex piloto de Aeroméxico, junto con otros ingenieros", puntualiza. El legislador asegura que hay estudios que demuestran la imposibilidad de realizar "aproximaciones simultáneas" en el área, por la presencia de la Sierra de Guadalupe.
Francisco Garfias, Arsenal, Excélsior, 15 de junio 2007
Etiquetas: AMLO, CNTE, demagogia, DF, Ebrard, estado de derecho, leyes, populismo
viernes, mayo 11, 2007
Sindicalismo Pernicioso
".... Creo en el individualismo; sostengo que aun las mayores obras colectivas -la Muralla China, pongamos por caso- tienen como semilla germinal la idea concebida por un solo individuo. En México hay muchos hombres y mujeres de mente generosa y elevada capaces de generar proyectos que beneficiarían al País. Pero la mentalidad colectivista surgida después de la Revolución, y el corporativismo en que se basó la larga dominación del PRI, dieron origen a un sindicalismo pernicioso que no sólo aniquila cualquier impulso de renovación, sino que oprime a los trabajadores y les conculca sus derechos en beneficio de líderes que ganan poder y dinero al amparo de sus puestos de simulada representación. Una nueva cultura laboral lo transformaría todo en México, desde la educación hasta la productividad. Pero para que tal cosa se logre, los sindicatos tendrían que dejar de ser entes de corrupción y convertirse en entes de promoción. Y eso, para decirlo con un nombre que rime, Estaca Brown... "
Armando Fuentes Aguirre, Catón, El Norte, 11 de mayo 2007
afacaton@prodigy.net.mx
Armando Fuentes Aguirre, Catón, El Norte, 11 de mayo 2007
afacaton@prodigy.net.mx
Etiquetas: corporativismo, corrupcion, democracia, individualismo, leyes, liberalismo, sindicatos
martes, mayo 01, 2007
¿Ley progresista?
"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."
Platón
Durante décadas los líderes sindicales mexicanos se opusieron a cualquier reforma a la legislación laboral en México porque decían que nuestras leyes son realmente progresistas, en contraste con las que existen en otros países, como Estados Unidos. La verdad, sin embargo, es que si vamos a juzgar una legislación por sus resultados, y no por su ideología o por sus buenas intenciones, entonces no hay duda de que nuestra ley laboral es todo menos progresista.
México tiene quizá a los líderes sindicales más ricos del mundo. Si ése era el propósito de nuestra progresista legislación laboral, entonces hemos tenido éxito. Pero si el propósito era dar un mejor nivel de vida a los trabajadores mexicanos, el resultado ha sido un rotundo fracaso.
Los salarios de los trabajadores mexicanos no sólo son muy bajos en comparación con los que prevalecen en otros lugares del mundo, con legislación quizá menos progresista, sino que además sufren violaciones a su derecho al trabajo como consecuencia, precisamente, de las leyes laborales de nuestro país.
Tenemos una legislación que les permite a los sindicatos determinar qué trabajadores pueden tener o no empleo en una determinada empresa. La cláusula de exclusión hace posible, además, terminar el empleo de un trabajador que deja de formar parte del sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo.
Nuestra supuestamente progresista ley laboral no les da a los trabajadores la posibilidad de escoger libremente a sus dirigentes. La ley está hecha para lo contrario: para que los líderes sindicales escojan a los trabajadores o vendan los puestos de trabajo al mejor postor.
La ley permite que un sindicato emplace a huelga a una empresa que ni siquiera ha empezado a contratar trabajadores. Esto significa que los trabajadores ni siquiera han tenido la posibilidad de decidir si quieren o no tener un sindicato. Y en caso de que quieran tenerlo, no pueden escoger al que más les convenga.
La legislación hace que las empresas recién fundadas se conviertan en víctimas de líderes sindicales cuyo único propósito es controlar el contrato colectivo para su provecho. La lógica contraparte ha sido la creación de contratos de protección, con los cuales las empresas se protegen de los líderes sindicales que no quieren. Al final, del sistema se benefician las empresas, que logran tener sindicatos que ceden fácilmente a sus necesidades, y los líderes que se enriquecen -como gángsters-de vender protección a las empresas, pero no los trabajadores.
Un sistema sindical que representara realmente el interés de los trabajadores tendría que garantizar un sistema realmente democrático para elegir a los líderes. No hay democracia, por supuesto, si los sindicatos firman contratos colectivos antes de que haya trabajadores. Pero tampoco la hay en los sistemas de selección de líderes en sindicatos ya existentes. La votación a mano alzada en asambleas generales en que se presiona a los participantes a votar por los líderes que se reeligen una y otra vez no es democrática. Sólo un sistema de sufragio libre y secreto, supervisado por una autoridad independiente, como el IFE, puede dar seguridad de una verdadera democracia sindical.
La ley en nuestro país impide la flexibilidad. Hace difícil y costosa la generación de nuevos puestos de trabajo. Da prioridad en los ascensos a la antigüedad en vez de a la capacidad o la productividad, lo cual se convierte en un extraordinario lastre a la competitividad.
No debe sorprender, por otra parte, que nuestros líderes sindicales sean tan ricos si controlan sin supervisión el dinero de los trabajadores. Los líderes se niegan a la transparencia en el manejo de los recursos porque dicen defender una supuesta autonomía sindical. Pero ésta no es otra cosa que la posibilidad de saquear con impunidad el dinero de los trabajadores. Muchos trabajadores se preguntan por qué deben pagar cuotas y aguantar las exigencias de unos sindicatos que no les dan servicio alguno.
Recientemente hemos visto un caso muy claro de abuso. Si bien hay buenas razones para cuestionar el papel de la Secretaría del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox en la destitución de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero, las mismas razones hay para dudar del manejo que éste hizo del dinero de los trabajadores. Los 55 millones de dólares depositados por Grupo México en un fideicomiso bancario fueron transferidos a una cuenta del sindicato, que de ahí entregó cuando menos una parte a algunos líderes y a sus parientes. Lo patético del caso es que, al parecer, todo fue legal, como legal fue la entrega del sindicato petrolero de cientos de millones de pesos al PRI en el 2000.
Si la legislación que permite a los líderes robar el dinero de los trabajadores es progresista, entonces no debemos sorprendernos de tener líderes ricos y trabajadores pobres en nuestro progresista país.
Sergio Sarmiento, El Norte, 1o de mayo 2007
Platón
Durante décadas los líderes sindicales mexicanos se opusieron a cualquier reforma a la legislación laboral en México porque decían que nuestras leyes son realmente progresistas, en contraste con las que existen en otros países, como Estados Unidos. La verdad, sin embargo, es que si vamos a juzgar una legislación por sus resultados, y no por su ideología o por sus buenas intenciones, entonces no hay duda de que nuestra ley laboral es todo menos progresista.
México tiene quizá a los líderes sindicales más ricos del mundo. Si ése era el propósito de nuestra progresista legislación laboral, entonces hemos tenido éxito. Pero si el propósito era dar un mejor nivel de vida a los trabajadores mexicanos, el resultado ha sido un rotundo fracaso.
Los salarios de los trabajadores mexicanos no sólo son muy bajos en comparación con los que prevalecen en otros lugares del mundo, con legislación quizá menos progresista, sino que además sufren violaciones a su derecho al trabajo como consecuencia, precisamente, de las leyes laborales de nuestro país.
Tenemos una legislación que les permite a los sindicatos determinar qué trabajadores pueden tener o no empleo en una determinada empresa. La cláusula de exclusión hace posible, además, terminar el empleo de un trabajador que deja de formar parte del sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo.
Nuestra supuestamente progresista ley laboral no les da a los trabajadores la posibilidad de escoger libremente a sus dirigentes. La ley está hecha para lo contrario: para que los líderes sindicales escojan a los trabajadores o vendan los puestos de trabajo al mejor postor.
La ley permite que un sindicato emplace a huelga a una empresa que ni siquiera ha empezado a contratar trabajadores. Esto significa que los trabajadores ni siquiera han tenido la posibilidad de decidir si quieren o no tener un sindicato. Y en caso de que quieran tenerlo, no pueden escoger al que más les convenga.
La legislación hace que las empresas recién fundadas se conviertan en víctimas de líderes sindicales cuyo único propósito es controlar el contrato colectivo para su provecho. La lógica contraparte ha sido la creación de contratos de protección, con los cuales las empresas se protegen de los líderes sindicales que no quieren. Al final, del sistema se benefician las empresas, que logran tener sindicatos que ceden fácilmente a sus necesidades, y los líderes que se enriquecen -como gángsters-de vender protección a las empresas, pero no los trabajadores.
Un sistema sindical que representara realmente el interés de los trabajadores tendría que garantizar un sistema realmente democrático para elegir a los líderes. No hay democracia, por supuesto, si los sindicatos firman contratos colectivos antes de que haya trabajadores. Pero tampoco la hay en los sistemas de selección de líderes en sindicatos ya existentes. La votación a mano alzada en asambleas generales en que se presiona a los participantes a votar por los líderes que se reeligen una y otra vez no es democrática. Sólo un sistema de sufragio libre y secreto, supervisado por una autoridad independiente, como el IFE, puede dar seguridad de una verdadera democracia sindical.
La ley en nuestro país impide la flexibilidad. Hace difícil y costosa la generación de nuevos puestos de trabajo. Da prioridad en los ascensos a la antigüedad en vez de a la capacidad o la productividad, lo cual se convierte en un extraordinario lastre a la competitividad.
No debe sorprender, por otra parte, que nuestros líderes sindicales sean tan ricos si controlan sin supervisión el dinero de los trabajadores. Los líderes se niegan a la transparencia en el manejo de los recursos porque dicen defender una supuesta autonomía sindical. Pero ésta no es otra cosa que la posibilidad de saquear con impunidad el dinero de los trabajadores. Muchos trabajadores se preguntan por qué deben pagar cuotas y aguantar las exigencias de unos sindicatos que no les dan servicio alguno.
Recientemente hemos visto un caso muy claro de abuso. Si bien hay buenas razones para cuestionar el papel de la Secretaría del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox en la destitución de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero, las mismas razones hay para dudar del manejo que éste hizo del dinero de los trabajadores. Los 55 millones de dólares depositados por Grupo México en un fideicomiso bancario fueron transferidos a una cuenta del sindicato, que de ahí entregó cuando menos una parte a algunos líderes y a sus parientes. Lo patético del caso es que, al parecer, todo fue legal, como legal fue la entrega del sindicato petrolero de cientos de millones de pesos al PRI en el 2000.
Si la legislación que permite a los líderes robar el dinero de los trabajadores es progresista, entonces no debemos sorprendernos de tener líderes ricos y trabajadores pobres en nuestro progresista país.
Sergio Sarmiento, El Norte, 1o de mayo 2007
Etiquetas: demagogia, democracia, estado de derecho, leyes, liberalismo, reformas, sindicatos
lunes, abril 30, 2007
De reformas a reformas
Imagine usted una reunión que convocara a todos los jerarcas de política nacional: altos representantes del gobierno, dirigentes de todos los partidos y, por supuesto, periodistas y opinadores. Imagine a los más encumbrados señores de empresa entre los asistentes. Dueños y gerentes de los más poderosos conglomerados empresariales del País. Imagine usted un lugar apropiado para tan extraordinario evento. Un imponente salón con vieja historia para el desfile de potentados. Imaginemos que ocasión tan resplandeciente tendría como origen celebrar la instalación de una Comisión Nacional para la Reforma de la Economía.
La repostería oratoria estaría a la altura del evento. Cada uno de los desfilantes se llenaría la boca con cremosas palabras. Reconciliación, futuro, prosperidad nacional, justicia, tiempos históricos. Sobre todo esto último: los declamadores insistirían en la naturaleza "histórica" de su fiesta. Adelantarían con convicción que, si la Comisión lograba el éxito, los niños mexicanos del futuro tendrían que memorizar la fecha de ese encuentro tan pulido para identificar el momento en que el País logró dar el brinco definitivo de su progreso.
La floritura de los oradores insistiría en la ambición de la Comisión Nacional para la Reforma de la Economía. No podrían "escatimarse esfuerzos." La patria esperaba el feliz desenlace de estos trabajos. Se trataba, ni más ni menos, de darle al País una economía para el siglo 21. Por ello había que revisarlo todo y redefinirlo todo, eso sí, en el plazo estricto de 12 meses. Las mesas de análisis y propuestas que se organizaron para el efecto describían la vaguedad de la ambición. Se estudiaría, se analizaría y se decidiría todo. ¿Debíamos cuidar la estructura del mercado y estimular la competencia o pasar decididamente a una economía centralmente planificada? ¿Debíamos levantar murallas al comercio internacional o sería conveniente seguir la ruta de la apertura? ¿Habría que nacionalizar nuevamente la banca? ¿Terminar con la autonomía del banco central? ¿Instaurar un control generalizado de precios?
La Comisión partiría de la convicción de que había que cambiar, que había que cambiar mucho, pero no tendría mucha claridad de por qué era necesario el cambio, ni qué dirección debía tener. Eso sí: había que organizar mesas para escuchar ponencias.
Un espectáculo idénticamente absurdo se ha presentado hace unos días al instalarse fastuosamente una junta llamada Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (sic). El propósito de tan ejecutiva comisión es revisar el tejido institucional de la democracia mexicana. Ni más ni menos. Es cierto que no existe un diagnóstico preciso de los defectos de nuestro régimen político, ni hay tampoco un plan de vuelo, lo único que queda claro es el afán de intervenir la estructura de nuestras instituciones. Todo merece examen: el trazo constitucional de los poderes, el funcionamiento de la legislatura y las facultades del Presidente; la administración de justicia; el sistema de legalidad; el reparto regional de los poderes; el papel de los medios y los mecanismos electorales.
Quizá necesito decir lo obvio: es natural someter a examen riguroso cada una de las piezas de la compleja maquinaria pluralista. Es saludable criticar cotidiana y severamente el desempeño de la política. Lo que resulta extraño hasta extremos de lo grotesco es que las instancias más altas del poder nacional entiendan que es su función convocar a la revisión de las instituciones sin una carta de navegación razonablemente trazada. Lo que llama la atención es precisamente esa mezcla de ambición histórica y vaguedad de propósito. Se quiere cambiar pero no se sabe qué. Se quiere reformar pero no se sabe para qué. Ya conocemos el desenlace de ese matrimonio de demagogia y miopía. Cuando los políticos se dedican a soplar al aire pompas de jabón, cuando se entregan a la fantasía de la reinvención nacional, se ponen en ridículo y exponen al régimen democrático al desprestigio.
Pero, mientras estos personajes se dedican a pronunciar discursos históricos, hay reformas importantes que prosperan. De manera silenciosa, las cosas cambian. Pienso en dos transformaciones discretas pero profundas. El Senado acaba de aprobar una reforma constitucional para garantizar -ahora sí- el derecho a la información pública en todo el País. Toda la información que posea una autoridad pública será pública. Ningún gobierno, ninguna instancia, sea municipal, local o federal, podrá ocultar lo que pertenece a todos. La reforma es importantísima. La transparencia ha avanzado a nivel nacional y en ciertos estados, pero no se ha instalado por completo en todos los ámbitos de la vida pública. Hay avances pero también retrocesos. La reforma impone mínimos de transparencia en todo el País, oxigenando con ello la vida democrática de México.
En ese mismo camino se inserta la determinación de echar luz a la cueva oscura del sindicalismo mexicano. Los sindicatos, esas poderosísimas estructuras que han expropiado la voz de los trabajadores mexicanos, han sido escondites de la arbitrariedad. Para los propios miembros de la organización sindical, el proceder de sus dirigentes, el uso de los recursos comunes y el trato con el patrón ha sido un misterio. Sin necesidad de reformar ley alguna, empleando los instrumentos legales disponibles, la Secretaría del Trabajo ha iniciado la apertura de la información que posee. Sacar documentos como el padrón de afiliados, los estatutos sindicales o los contratos colectivos de trabajo del baúl de las complicidades es uno de esos cambios pequeños y discretos que desencadenan enormes y benéficas transformaciones.
Poco ruido y buenas nueces.
Jesús Silva-Herzog Márquez, El Norte, 30 de abril 2007
La repostería oratoria estaría a la altura del evento. Cada uno de los desfilantes se llenaría la boca con cremosas palabras. Reconciliación, futuro, prosperidad nacional, justicia, tiempos históricos. Sobre todo esto último: los declamadores insistirían en la naturaleza "histórica" de su fiesta. Adelantarían con convicción que, si la Comisión lograba el éxito, los niños mexicanos del futuro tendrían que memorizar la fecha de ese encuentro tan pulido para identificar el momento en que el País logró dar el brinco definitivo de su progreso.
La floritura de los oradores insistiría en la ambición de la Comisión Nacional para la Reforma de la Economía. No podrían "escatimarse esfuerzos." La patria esperaba el feliz desenlace de estos trabajos. Se trataba, ni más ni menos, de darle al País una economía para el siglo 21. Por ello había que revisarlo todo y redefinirlo todo, eso sí, en el plazo estricto de 12 meses. Las mesas de análisis y propuestas que se organizaron para el efecto describían la vaguedad de la ambición. Se estudiaría, se analizaría y se decidiría todo. ¿Debíamos cuidar la estructura del mercado y estimular la competencia o pasar decididamente a una economía centralmente planificada? ¿Debíamos levantar murallas al comercio internacional o sería conveniente seguir la ruta de la apertura? ¿Habría que nacionalizar nuevamente la banca? ¿Terminar con la autonomía del banco central? ¿Instaurar un control generalizado de precios?
La Comisión partiría de la convicción de que había que cambiar, que había que cambiar mucho, pero no tendría mucha claridad de por qué era necesario el cambio, ni qué dirección debía tener. Eso sí: había que organizar mesas para escuchar ponencias.
Un espectáculo idénticamente absurdo se ha presentado hace unos días al instalarse fastuosamente una junta llamada Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (sic). El propósito de tan ejecutiva comisión es revisar el tejido institucional de la democracia mexicana. Ni más ni menos. Es cierto que no existe un diagnóstico preciso de los defectos de nuestro régimen político, ni hay tampoco un plan de vuelo, lo único que queda claro es el afán de intervenir la estructura de nuestras instituciones. Todo merece examen: el trazo constitucional de los poderes, el funcionamiento de la legislatura y las facultades del Presidente; la administración de justicia; el sistema de legalidad; el reparto regional de los poderes; el papel de los medios y los mecanismos electorales.
Quizá necesito decir lo obvio: es natural someter a examen riguroso cada una de las piezas de la compleja maquinaria pluralista. Es saludable criticar cotidiana y severamente el desempeño de la política. Lo que resulta extraño hasta extremos de lo grotesco es que las instancias más altas del poder nacional entiendan que es su función convocar a la revisión de las instituciones sin una carta de navegación razonablemente trazada. Lo que llama la atención es precisamente esa mezcla de ambición histórica y vaguedad de propósito. Se quiere cambiar pero no se sabe qué. Se quiere reformar pero no se sabe para qué. Ya conocemos el desenlace de ese matrimonio de demagogia y miopía. Cuando los políticos se dedican a soplar al aire pompas de jabón, cuando se entregan a la fantasía de la reinvención nacional, se ponen en ridículo y exponen al régimen democrático al desprestigio.
Pero, mientras estos personajes se dedican a pronunciar discursos históricos, hay reformas importantes que prosperan. De manera silenciosa, las cosas cambian. Pienso en dos transformaciones discretas pero profundas. El Senado acaba de aprobar una reforma constitucional para garantizar -ahora sí- el derecho a la información pública en todo el País. Toda la información que posea una autoridad pública será pública. Ningún gobierno, ninguna instancia, sea municipal, local o federal, podrá ocultar lo que pertenece a todos. La reforma es importantísima. La transparencia ha avanzado a nivel nacional y en ciertos estados, pero no se ha instalado por completo en todos los ámbitos de la vida pública. Hay avances pero también retrocesos. La reforma impone mínimos de transparencia en todo el País, oxigenando con ello la vida democrática de México.
En ese mismo camino se inserta la determinación de echar luz a la cueva oscura del sindicalismo mexicano. Los sindicatos, esas poderosísimas estructuras que han expropiado la voz de los trabajadores mexicanos, han sido escondites de la arbitrariedad. Para los propios miembros de la organización sindical, el proceder de sus dirigentes, el uso de los recursos comunes y el trato con el patrón ha sido un misterio. Sin necesidad de reformar ley alguna, empleando los instrumentos legales disponibles, la Secretaría del Trabajo ha iniciado la apertura de la información que posee. Sacar documentos como el padrón de afiliados, los estatutos sindicales o los contratos colectivos de trabajo del baúl de las complicidades es uno de esos cambios pequeños y discretos que desencadenan enormes y benéficas transformaciones.
Poco ruido y buenas nueces.
Jesús Silva-Herzog Márquez, El Norte, 30 de abril 2007
Etiquetas: demagogia, democracia, estado de derecho, leyes, liberalismo, pobreza, populismo, reformas, sindicatos
miércoles, abril 18, 2007
PRD: ahora las drogas
Primero las sociedades de convivencia. Vientos. Después el derecho a decidir. Vientos. Hace unos días la eutanasia. Vientos. Y ahora, un guiño para legalizar las drogas... Todos temas controvertidos, sin duda, pero que siempre habían formado parte de la agenda política del Partido de la Revolución Democrática. Y que ahora han retomado para recuperar, seis años después del secuestro, su lugar en el mundo (o en el espectro político al menos). Me explico.
1) Historia de un secuestro. O bien, historia de la popularidad a razón del populismo. Y es que, durante el sexenio anterior, la figura de relumbrón (que no relumbrante ni deslumbrante) de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el silenciador de su partido, en el dique inevitable de una verdadera agenda de izquierda. Al cabo de dos años, todo propósito político dentro del partido del sol azteca, tenía que pasar por las reptilianas manitas del Pejelagarto. ¿Sociedad de convivencia? Ni maíz. ¿Ampliación de la ley impulsada por Rosario Robles con respecto al aborto? ¡Menos! ¿Muerte asistida? ¿¿De qué me hablas?? Cristiano confeso (que se atrevió además -entrevistado por Joaquín López-Dóriga- a compararse con el mismísimo Jesucristo ¡O seaaaa!), López Obrador no sólo no quiso nunca enfrentarse con la jerarquía católica, sino que además prefirió sacrificar la agenda histórica del partido que lo acogió, antes de arriesgarse a entrar a cualquier discusión en la que sus pobres argumentos demostraran la pobreza de su entendimiento. El Peje nunca se caracterizó por entrar a debates con razones y argumentos sólidos: ¿por qué iba a arriesgarse, entonces, a que algunos votantes potenciales se lo pensaran mejor, si se ponía de manifiesto que la suya no era una agenda de izquierda moderna? Así pues, se consolidó la historia del primer secuestro lopezobradorista: al secuestrar, en primera instancia, la agenda del PRD. Para López Obrador, la única izquierda que alcanzó a concebir era la que heredó de su priismo echeverrista: el populismo como única vía para comprar votos hacia los comicios (y ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el PRD sufrió del síndrome de Estoc-amlo, perdón, de Estocolmo).
2) Distanciarse del Peje. Ahora la cosa cambió. Y el PRD, sabedor de que el pasado 2 de julio obtuvo una votación histórica y un capital político que no piensa dilapidar de la mano suicida de Andrés Manuel, hoy, si bien los perredistas no han puesto distancia oficial de su ex candidato presidencial, sí han puesto una distancia ideológica. Pero no sólo los perredistas antagónicos al Peje, como la Nueva Izquierda liderada por los chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, sino también por todos sus gobernadores: Lázaro Cárdenas, Amalia García, Zeferino Torreblanca, Juan Sabines y hasta el compadre del Peje, Narciso Agúndez. Pero lo más sorprendente es que, hasta el sucesor de AMLO en el DF, Marcelo Ebrard, ha encontrado la fórmula mágica para distanciarse pian pianito de Andrés Manuel: por la vía legislativa. Por eso la agenda del PRD en esta Legislatura (la federal, sí, pero sobre todo a nivel capitalino) ha tomado riesgos políticos que Andrés Manuel jamás tomó. Primero impulsando la Ley de Sociedades de Convivencia. Ahora, con el debate para aprobar la quinta causal de aborto (ley que entró primero en la ALDF, pero ahora el PRD la impulsa también a nivel federal, desde la Cámara de Diputados y en la de Senadores). Casi en paralelo, la iniciativa para la eutanasia (aun cuando sea pasiva) entró en la Cámara alta y en la Asamblea. Y es así como el PRD, y sí, también Marcelo, están desplegando su estrategia de enterradores ideológicos de López Obrador. El primer objetivo, ganarle la nota mediática a AMLO, ha sido cumplido a cabalidad. El segundo, replantearse como un partido de izquierda moderna, plenamente competitiva, desde sus propuestas y no desde sus caudillos, todavía está por verse. Pero, por la salud de nuestra democracia, hago votos para que lo logren.
3) Y ahora: legalización. Ayer, el coordinador de los perredistas en San Lázaro, Javier González Garza, se pronunció a favor de la legalización de las drogas en Estados Unidos y en México, como otra vía de acción para combatir al crimen organizado. Pero hoy se nos agotó el espacio, por lo que mañana abordaremos ampliamente este otro, controvertidísimo tema, a la luz de las estrategias de un PRD que nada quiere ya tener que ver con su secuestrador...
Yuriria Sierra, Excelsior, 18 de abril 2007
Etiquetas: AMLO, demagogia, democracia, leyes, liberalismo, mesianismo, populismo, PRD, reformas
martes, febrero 06, 2007
La Constitución
"Una buena Constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota."
Thomas B. MacCauley
¿Es la nuestra la primera "Constitución social" del mundo? Probablemente. Los constituyentes de 1917 hicieron un esfuerzo especial para crear una Carta Magna que, al contrario de la de 1857 o las de otros países del mundo hasta entonces, no se limitara a garantizar los derechos fundamentales de los individuos sino que construyera una sociedad más equitativa a través de la promulgación de derechos sociales. La constitución de la Unión Soviética, la segunda "Constitución social" de la historia, vino después.
La Constitución soviética ha quedado ya relegada al basurero de la historia. La mexicana, después de 90 años, sigue siendo la ley fundamental de nuestro país, pero ha creado una de las sociedades más desiguales del mundo.
No es casualidad. La Constitución mexicana, precisamente a través de sus esfuerzos por legislar derechos sociales y promover una sociedad más justa, ha creado obstáculos a la eficiencia económica que son una de las razones por las cuales tenemos una sociedad pobre y extraordinariamente desigual.
Al contrario de la Constitución de 1857, que garantizaba la propiedad privada, la de 1917 considera en su artículo 27 que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". En otras palabras, la propiedad privada de la tierra en nuestro país es una concesión de la nación -del gobierno- y no un derecho fundamental del individuo. Este precepto constitucional ha servido de base para la creación del ejido, una forma colectiva de propiedad que ha sido una de las causas fundamentales de la pobreza que agobia al campo mexicano.
El artículo 123 establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil". Pero este derecho en abstracto de poco o nada sirve cuando muchas otras leyes de nuestro país establecen obstáculos a la inversión productiva que es la única forma de crear esos empleos.
El artículo 28, en su primer párrafo, prohíbe los monopolios y las exenciones de impuestos. Pero una vez dicho esto, el mismo artículo señala que "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Pero precisamente estos monopolios en áreas estratégicas han impedido un mayor desarrollo del País.
El artículo 25, promulgado en 1983 por el Gobierno de Miguel de la Madrid, establece que "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional". El 26 añade que "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". En un tiempo en que la mayoría de los países del mundo han abandonado la "planificación central" del comunismo soviético, y han entendido que el mercado es el mejor sistema generador de prosperidad, nosotros la mantenemos en nuestra Carta Magna.
Tenemos una Constitución que establece derechos que se convierten en mera expresión de buena voluntad porque no crea los instrumentos para convertirlos en realidad. ¿De qué sirve una Constitución que establece el derecho al trabajo, a la vivienda o a la salud si impide que surjan las condiciones que permitan cumplir estos derechos?
Hemos vivido 90 años con esta "primera Constitución social" en la historia del mundo, la cual tenía como propósito generar una sociedad más próspera y con una mejor distribución de la riqueza. Hoy debemos reconocer que el resultado ha sido exactamente el contrario. Casi la mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 20 por ciento en la miseria. La desigualdad en nuestro país es tan notable como en el momento en que los legisladores de Querétaro promulgaron nuestra Carta Magna. Lo curioso del caso es que millones de mexicanos han votado con los pies y han ido a buscar una mejor vida en un país en el que, paradójicamente, no hay una Constitución social sino una que simplemente protege principios fundamentales, entre ellos, el de la propiedad privada.
La Constitución no es, por supuesto, la única explicación de la pobreza y la desigualdad en México. Pero esta ley fundamental, con su visión de la propiedad como una dádiva del Estado, con sus monopolios en áreas estratégicas y con sus limitaciones a la inversión productiva, ciertamente no ha sido un buen aliado en el propósito de construir una sociedad más próspera.
Sergio Sarmiento, El Norte, 5 de febrero 2007
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Ya ni China tiene tan cerrada su economía como México. Hasta Cuba permite inversión privada, extranjera, en exploración y extracción de petróleo. Un Estado todo poderoso, dizque protector, rector de la economía, solo inhibe la libertad individual, la restringe. Nos empobrece.
Thomas B. MacCauley
¿Es la nuestra la primera "Constitución social" del mundo? Probablemente. Los constituyentes de 1917 hicieron un esfuerzo especial para crear una Carta Magna que, al contrario de la de 1857 o las de otros países del mundo hasta entonces, no se limitara a garantizar los derechos fundamentales de los individuos sino que construyera una sociedad más equitativa a través de la promulgación de derechos sociales. La constitución de la Unión Soviética, la segunda "Constitución social" de la historia, vino después.
La Constitución soviética ha quedado ya relegada al basurero de la historia. La mexicana, después de 90 años, sigue siendo la ley fundamental de nuestro país, pero ha creado una de las sociedades más desiguales del mundo.
No es casualidad. La Constitución mexicana, precisamente a través de sus esfuerzos por legislar derechos sociales y promover una sociedad más justa, ha creado obstáculos a la eficiencia económica que son una de las razones por las cuales tenemos una sociedad pobre y extraordinariamente desigual.
Al contrario de la Constitución de 1857, que garantizaba la propiedad privada, la de 1917 considera en su artículo 27 que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". En otras palabras, la propiedad privada de la tierra en nuestro país es una concesión de la nación -del gobierno- y no un derecho fundamental del individuo. Este precepto constitucional ha servido de base para la creación del ejido, una forma colectiva de propiedad que ha sido una de las causas fundamentales de la pobreza que agobia al campo mexicano.
El artículo 123 establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil". Pero este derecho en abstracto de poco o nada sirve cuando muchas otras leyes de nuestro país establecen obstáculos a la inversión productiva que es la única forma de crear esos empleos.
El artículo 28, en su primer párrafo, prohíbe los monopolios y las exenciones de impuestos. Pero una vez dicho esto, el mismo artículo señala que "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Pero precisamente estos monopolios en áreas estratégicas han impedido un mayor desarrollo del País.
El artículo 25, promulgado en 1983 por el Gobierno de Miguel de la Madrid, establece que "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional". El 26 añade que "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". En un tiempo en que la mayoría de los países del mundo han abandonado la "planificación central" del comunismo soviético, y han entendido que el mercado es el mejor sistema generador de prosperidad, nosotros la mantenemos en nuestra Carta Magna.
Tenemos una Constitución que establece derechos que se convierten en mera expresión de buena voluntad porque no crea los instrumentos para convertirlos en realidad. ¿De qué sirve una Constitución que establece el derecho al trabajo, a la vivienda o a la salud si impide que surjan las condiciones que permitan cumplir estos derechos?
Hemos vivido 90 años con esta "primera Constitución social" en la historia del mundo, la cual tenía como propósito generar una sociedad más próspera y con una mejor distribución de la riqueza. Hoy debemos reconocer que el resultado ha sido exactamente el contrario. Casi la mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 20 por ciento en la miseria. La desigualdad en nuestro país es tan notable como en el momento en que los legisladores de Querétaro promulgaron nuestra Carta Magna. Lo curioso del caso es que millones de mexicanos han votado con los pies y han ido a buscar una mejor vida en un país en el que, paradójicamente, no hay una Constitución social sino una que simplemente protege principios fundamentales, entre ellos, el de la propiedad privada.
La Constitución no es, por supuesto, la única explicación de la pobreza y la desigualdad en México. Pero esta ley fundamental, con su visión de la propiedad como una dádiva del Estado, con sus monopolios en áreas estratégicas y con sus limitaciones a la inversión productiva, ciertamente no ha sido un buen aliado en el propósito de construir una sociedad más próspera.
Sergio Sarmiento, El Norte, 5 de febrero 2007
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Ya ni China tiene tan cerrada su economía como México. Hasta Cuba permite inversión privada, extranjera, en exploración y extracción de petróleo. Un Estado todo poderoso, dizque protector, rector de la economía, solo inhibe la libertad individual, la restringe. Nos empobrece.
Etiquetas: constitucion, economia, estado de derecho, leyes
domingo, enero 21, 2007
Tiranía de arribistas
Amicus Platonis, magis amica veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Así dijo Aristóteles cuando los discípulos del maestro lo exiliaron de la Academia por no compartir sus dogmas. Nadie que negara la posibilidad de crear una sociedad perfecta como la expuesta en "La República" tenía cabida entre los incondicionales del gran Platón. No pudiendo reconciliarse con las ideas de su amado maestro, el "discípulo incómodo" agarró sus chivitas, se encogió de hombros e hizo la mencionada declaración de independencia intelectual.
La bronca entre los dos grandes filósofos no fue menor, este desencuentro corre a lo largo de toda la cultura occidental. A partir de este pleito, el espectro filosófico y político se rompió en idealistas y realistas. Los primeros, con Platón, creen poder crear el reino de los cielos en la Tierra por medio de instituciones perfectas, leyes inflexibles y una élite de gobernantes intachables (cualquier semejanza con la Iglesia y/o el PRD no es mera coincidencia). Los segundos, con Aristóteles, no podemos sino advertir que la naturaleza humana es frágil, mezquina, egoísta y que "ante el arca abierta hasta el justo peca" por lo que, así se trate de un santo, hay que someterlo al imperio de la ley.
Ambos bandos le apuestan a la gestión política para lograr la mejor de las sociedades posibles discrepando más en método que en ideología. Donde los idealistas proponen volver a empezar de cero -dictar nuevas leyes, modificar constituciones, derrocar a los gobernantes actuales-, los realistas nos inclinamos por la aplicación de las leyes vigentes, el perfeccionamiento progresivo de las instituciones existentes y la creación de convicciones democráticas por vía de la ley y la educación. Unos tienen fe en la virtud de un líder esclarecido o un partido insobornable; los otros, incrédulos de buena fe que somos, buscamos hacer de la isonomía (aplicación pareja de la ley) el más eficiente magisterio democrático.
Para el próximo 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador y el PRD están preparando el proyecto de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicen, y con razón, que la de 1917 es obsoleta y requiere enmiendas para adecuarla a los retos que viven el País y el mundo.
Pero antes de meterle mano a la Constitución, cabe preguntarse -con Aristóteles- si conviene que ése sea nuestro primer paso hacia una reforma del Estado. Porque si la modificación va a ser sólo de papel y, si quienes proponen una nueva Constitución no están dispuestos a respetarla y hacerla respetar, ya lo dijo "Ari", modificar la Carta Magna puede hacer más daño que bien (Política, 1269ª22).
No abogo por leyes eternas talladas en piedra. Sin duda todas las leyes, incluida la Constitución, responden a una realidad sociopolítica cambiante y por lo mismo han de ser flexibles. Pero no conviene confundir la flexibilidad del Legislativo con la del Ejecutivo o el Judicial. Donde el legislador tiene la facultad de ser flexible al crear la ley, el Poder Judicial, si aspira a ser justo, no puede serlo en su aplicación. Dicho de otro modo: una vez dictada con todo su rigor (o falta de), la ley debe aplicar para todos los ciudadanos, al margen de si nos gusta, nos late o nos conviene. Por eso, antes de dictar nuevas y más rigurosas leyes (y máxime un pacto constitucional) es preciso que los legisladores -en este caso, AMLO y el PRD- consideren si como ciudadanos están dispuesto a someterse (y a someter a sus líderes, cuates y familiares) a dichos principios, sin excusa o excepción.
Porque volviendo a Aristóteles y su pugna con Platón: antes de andar buscando crear repúblicas perfectas con constituciones ideales de derecha o izquierda, quizá convendría ser más modestos y empezar la "reforma del Estado" por aplicarle a todo mundo -incluidos Presidentes "legítimos" y "espurios", partidos políticos y ONGs, ricos y pobres, funcionarios y ciudadanos- las leyes imperfectas que ya tenemos. De nada sirve tener la mejor Constitución de papel, si de facto hay individuos, partidos o tribus que, por razones políticas, ideológicas, económicas, religiosas o de estatus gozan de impunidad o se eximen de cumplirla cuando no les conviene.
A 24 siglos de distancia, la objeción aristotélica sigue vigente: en tanto cumplir la ley no sea igualmente obligatorio para políticos y ciudadanos, la República seguirá siendo gobernada por oportunistas y tiranos.
Claudia Ruiz Arriola, El Norte, 21 de enero 2007
sherpa01@gmail.com
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Antes que una nueva Constitución, que AMLO respete la que tenemos. ¿Cómo puede alguien que poco ha respetado la ley proponer otra?
La bronca entre los dos grandes filósofos no fue menor, este desencuentro corre a lo largo de toda la cultura occidental. A partir de este pleito, el espectro filosófico y político se rompió en idealistas y realistas. Los primeros, con Platón, creen poder crear el reino de los cielos en la Tierra por medio de instituciones perfectas, leyes inflexibles y una élite de gobernantes intachables (cualquier semejanza con la Iglesia y/o el PRD no es mera coincidencia). Los segundos, con Aristóteles, no podemos sino advertir que la naturaleza humana es frágil, mezquina, egoísta y que "ante el arca abierta hasta el justo peca" por lo que, así se trate de un santo, hay que someterlo al imperio de la ley.
Ambos bandos le apuestan a la gestión política para lograr la mejor de las sociedades posibles discrepando más en método que en ideología. Donde los idealistas proponen volver a empezar de cero -dictar nuevas leyes, modificar constituciones, derrocar a los gobernantes actuales-, los realistas nos inclinamos por la aplicación de las leyes vigentes, el perfeccionamiento progresivo de las instituciones existentes y la creación de convicciones democráticas por vía de la ley y la educación. Unos tienen fe en la virtud de un líder esclarecido o un partido insobornable; los otros, incrédulos de buena fe que somos, buscamos hacer de la isonomía (aplicación pareja de la ley) el más eficiente magisterio democrático.
Para el próximo 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador y el PRD están preparando el proyecto de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicen, y con razón, que la de 1917 es obsoleta y requiere enmiendas para adecuarla a los retos que viven el País y el mundo.
Pero antes de meterle mano a la Constitución, cabe preguntarse -con Aristóteles- si conviene que ése sea nuestro primer paso hacia una reforma del Estado. Porque si la modificación va a ser sólo de papel y, si quienes proponen una nueva Constitución no están dispuestos a respetarla y hacerla respetar, ya lo dijo "Ari", modificar la Carta Magna puede hacer más daño que bien (Política, 1269ª22).
No abogo por leyes eternas talladas en piedra. Sin duda todas las leyes, incluida la Constitución, responden a una realidad sociopolítica cambiante y por lo mismo han de ser flexibles. Pero no conviene confundir la flexibilidad del Legislativo con la del Ejecutivo o el Judicial. Donde el legislador tiene la facultad de ser flexible al crear la ley, el Poder Judicial, si aspira a ser justo, no puede serlo en su aplicación. Dicho de otro modo: una vez dictada con todo su rigor (o falta de), la ley debe aplicar para todos los ciudadanos, al margen de si nos gusta, nos late o nos conviene. Por eso, antes de dictar nuevas y más rigurosas leyes (y máxime un pacto constitucional) es preciso que los legisladores -en este caso, AMLO y el PRD- consideren si como ciudadanos están dispuesto a someterse (y a someter a sus líderes, cuates y familiares) a dichos principios, sin excusa o excepción.
Porque volviendo a Aristóteles y su pugna con Platón: antes de andar buscando crear repúblicas perfectas con constituciones ideales de derecha o izquierda, quizá convendría ser más modestos y empezar la "reforma del Estado" por aplicarle a todo mundo -incluidos Presidentes "legítimos" y "espurios", partidos políticos y ONGs, ricos y pobres, funcionarios y ciudadanos- las leyes imperfectas que ya tenemos. De nada sirve tener la mejor Constitución de papel, si de facto hay individuos, partidos o tribus que, por razones políticas, ideológicas, económicas, religiosas o de estatus gozan de impunidad o se eximen de cumplirla cuando no les conviene.
A 24 siglos de distancia, la objeción aristotélica sigue vigente: en tanto cumplir la ley no sea igualmente obligatorio para políticos y ciudadanos, la República seguirá siendo gobernada por oportunistas y tiranos.
Claudia Ruiz Arriola, El Norte, 21 de enero 2007
sherpa01@gmail.com
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Antes que una nueva Constitución, que AMLO respete la que tenemos. ¿Cómo puede alguien que poco ha respetado la ley proponer otra?
Etiquetas: AMLO, constitucion, estado de derecho, leyes, populismo, PRD
