domingo, octubre 26, 2014

 

Mensaje de libertad

No son estos tiempos propicios para la libertad. En casi todo el mundo está en repliegue, asediada por los fanatismos de la identidad (racial, religiosa, nacional, ideológica).

Pero, ante esos y otros adversarios, el repliegue debe ser temporal: para tomar fuerzas, para adquirir perspectiva histórica, para imaginar soluciones prácticas a las nuevas formas de opresión y a los problemas ancestrales de marginación y pobreza que minan los fundamentos mismos de la sociedad abierta.

Y algo más debe hacer el pensamiento liberal: ejercer la autocrítica.

Pero debemos porfiar en la libertad porque -como el aire- sólo se vuelve tangible, se palpa, cuando falta.

En esta ocasión tan significativa para mí, quisiera ofrecer una reflexión en torno al preocupante estado de la libertad en México (mi país y puerto de libertad que abrigó a mi familia) y en España, nación que inventó el sustantivo liberal y que desde 1978 ha sido vanguardia democrática del orbe hispano, tierra que por razones de gratitud y admiración considero mía.

Dos fuerzas terribles y convergentes amenazan la libertad en México: la corrupción y el crimen. Ambas hunden sus raíces en la historia y no es éste el lugar para explorarlas.

Pero es un hecho doloroso que la democracia -que descentralizó el poder, que liberó las energías políticas y cívicas del mexicano- haya tenido el efecto centrífugo de alentar también a los poderes oscuros que ahora imponen su ley sangrienta en vastas zonas, ya intransitables, del País.

Hay fuerzas del bien que se les oponen, y son mayoritarias: las decenas de millones de mujeres y hombres que trabajan honestamente, y que esperan mejorías tangibles de las reformas que se han aprobado en los ámbitos de la energía, la educación, las finanzas y las telecomunicaciones.

De este infierno -la alianza del crimen organizado y la corrupción política- no hay salida fácil: hay que vertebrar, casi desde el origen, un Estado de derecho que no sólo respete y haga respetar las leyes y libertades, sino lo más preciado: la vida misma. No sé cuánto tiempo nos llevará la tarea. Tal vez una generación. Pero es una batalla que se va a ganar.

El respeto a la vida y el Estado de derecho me lleva a proponer una modesta reflexión sobre España. Después de una terrible guerra civil, después de décadas de una férrea dictadura, España hizo un pacto consigo misma, un pacto de civilidad que provocó la admiración del mundo y -nunca lo olviden- fue el catalizador del cambio democrático en América Latina.

La civilidad a la que me refiero no es algo abstracto: se manifiesta, precisamente, en el respeto a la vida individual que en España se advierte en hechos aparentemente nimios como la indignación ante cualquier crimen pasional que llega a las primeras páginas de los diarios.

Esa consideración por la vida (que, trágica y vergonzosamente, no existe en México) es el cimiento imprescindible de una sociedad abierta y moderna. Contra todo pronóstico, España se volvió esa sociedad moderna y abierta. En esta severa crisis, España no puede cerrar los ojos al milagro de civilidad democrática que ella misma construyó y que le permitió dar un salto histórico en todos los órdenes.

Al hacer el encomio de la civilidad en España, al recordar aquel pacto, no cierro los ojos, en absoluto, a los escándalos de corrupción. Tampoco ignoro el despilfarro de riqueza, las malas administraciones, los sacrificios inmensos, los millones de desempleados, y el desaliento que todo ello provoca.

Pero es mi deber de amigo advertir los riesgos del populismo que veo crecer en España, sobre todo entre la gente joven. Ya vimos en la Argentina peronista esa película. Y la seguimos viendo, en tiempo real, en Venezuela, uno de los países petroleros más ricos del mundo, empobrecido por el chavismo.

A ese horror -hecho de humo y mentira- lleva el populismo. Destruye por generaciones la noción misma de civilidad, instaura el culto a la personalidad, empobrece a las naciones, envilece la vida pública y parte en dos mitades irreconciliables a la sociedad.

La sensatez, en España, debe privar sobre la desesperación. Es la batalla definitiva por la libertad.

 
Versión del discurso con ocasión del "Premio FAES de la Libertad", Madrid, 16 de octubre.

Enrique Krauze 
www.enriquekrauze.com.mx

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martes, octubre 21, 2014

 

Gasto público, enemigo #1

La semana pasada me tocó escuchar a Edward Prescott, el Premio Nobel de Economía 2004 en una conferencia organizada por Vector. Aunque su charla fue poco espectacular, vaya que dijo cosas valiosas.

Y sobre todo, Prescott fue contundente: el camino que sigue México de impuestos y gasto público está destinado al fracaso.

"Un gasto público mayor implica a fuerzas más impuestos, ya sean presentes o futuros. Y está demostrado: más impuestos deprimen a cualquier economía", sentenció.

Y a palabras sabias, los oídos nunca debieran ser sordos.

Como ejemplo a seguir, citó brevemente al "milagro de Cowperthwaite en Hong Kong". ¿Milagro, dice un Nobel? Habría que revisarlo, ¿no?

Sir John Cowperthwaite fue nombrado secretario de finanzas de Hong Kong (HK) en 1961 y nada más llegando implementó una agenda agresiva que detonó el desarrollo del entonces protectorado inglés.

"Cowperthwaite hizo a HK la zona económica más libre del mundo. Se negó a que sus ciudadanos compraran bienes caros producidos localmente si podían importarlos baratos", explica un artículo del periódico británico The Guardian.

Iniciemos viendo a HK antes del milagro, en una paupérrima situación: "Mi primera visita a HK fue en 1955. Recién empezaban a llegar los refugiados (de China). Un lugar miserable para la mayoría, con casuchas de un cuarto", describe Milton Friedman (otro Premio Nobel) en un artículo para el Instituto Hoover de Stanford (vea un video en nuestros sitios).

Pues esta isla miserable y sin recursos se transformó dramáticamente en apenas 50 años.

De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB per Cápita (PpC) de HK en 1960 era equivalente al 30% del de Estados Unidos. Como punto de referencia, el de México en ese año era del 21% del de nuestro vecino.

¿Y en 2013? El PpC de HK alcanzó el 73% del de EU, mientras que el de México es apenas el 19%. ¡HK se acercó significativamente a la principal potencia mundial en apenas 53 años! ¿Y nosotros? Como los cangrejos, empeoramos (vea el GRÁFICO).

Para morir de envidia: en este período, el PpC de HK creció a una tasa anual compuesta del 3.8%, mientras que el de México lo hizo apenas al 1.8%. Y lo más triste: el PpC de EU creció 2.1%, ¡una sexta parte más que nosotros!

Medio siglo perdido. ¿Qué otros ingredientes explican el milagro? Un gobierno pequeño y pocos impuestos.

"Cowperthwaite insistió en que en HK imperara la competencia. Se negó a imponer aranceles. Se aferró a tener impuestos bajos", señala Friedman.

Por ejemplo, la tasa impositiva para empresas en HK es actualmente del 16.5% (por cierto, bajó a partir del 2009: antes era del 17.5%). Para las personas físicas, ¡la tasa máxima es del 15%!

¿En México? Una persona paga una tasa máxima del 35%, mientras que una empresa "coopera" con el 30% (más el 10% de PTU y otro posible 7% por dividendos lo que alcanzaría un increíble 47%). Y, claro, México al revés: allá bajan las tasas... acá, nos las suben.

No hay comparación. Del cielo a la tierra. Del milagro al llanto.

Aclaro, esta investigación es muuuy superficial. Estoy seguro que hay muchas más cosas que están mal en HK... y que nuestras circunstancias son muy distintas. Pero no deja de llamar la atención la diferencia en las recetas... y en la salud del paciente.

Se acaba de aprobar más deuda pública y estamos a días de que se autorice otro "gasto récord" que nuestros políticos erróneamente presumirán a morir.

Mejor harían en voltear a ver a HK y a la receta de Prescott: un gobierno más chico, más descentralizado y que promueva la competencia. Y yo agregaría: más eficiente, menos corrupto y que garantice un Estado de Derecho funcional.
 
En pocas palabras...
"Hong Kong ha creado una de las sociedades más exitosas del planeta".
Príncipe Carlos de Inglaterra
 
 
Jorge A. Meléndez Ruiz 
benchmark@elnorte.com
 Twitter: @jorgemelendez
 
  
 
WEB EXTRA:

ARTÍCULO
Milagro en Hong Kong, tristeza en México

VIDEO
WebExtra: El Milagro de Hong Kong según Milton Friedman

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Crimen sin Estado

"En lugar de solicitar la desaparición de poderes en Guerrero, mejor hay que pedir que aparezcan". Roy Miranda
  
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre no puede calificarse de crimen de Estado, como algunos han afirmado.

Se trata más bien de un crimen de falta de Estado.

Un crimen de Estado sería aquel en que el Estado en su conjunto -un concepto mucho más amplio que el de Gobierno- planea y ordena la comisión de un crimen grave.

En un crimen de Estado suelen participar desde el Jefe del Ejecutivo hasta gobernantes locales con la connivencia de tribunales, órganos legislativos y otras instituciones. No es nada más un delito cometido por un funcionario público.

El exterminio de judíos en la Alemania nazi es un ejemplo de crimen de Estado, al igual que el encarcelamiento y muerte de disidentes en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao o en los campos de reeducación de los "jmer rouge" de Camboya o Kampuchea.

En el secuestro y presunto homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa es cierto que el Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la detención de los normalistas que el 26 de septiembre habían secuestrado tres autobuses interurbanos y que la policía de Iguala disparó contra ellos causando varios muertos.

Después la policía secuestró a algunos para entregarlos a la policía municipal de Cocula, que a su vez los entregó a Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado que los ejecutó.

No hay indicios de que hayan participado en el crimen ni el Gobierno del Estado, ni el federal, ni los tribunales, ni el Poder Legislativo local o federal.

Lo que ocurrió en Iguala es un crimen execrable, un homicidio múltiple precedido al parecer de tortura, que debe ser investigado y sancionado severamente.

Pero si a esto le llamamos un crimen de Estado, tendremos que inventar otro término para referirnos a un verdadero crimen cometido por el Estado.

La información disponible hasta este momento nos habla más bien de un crimen de falta de Estado.

El Gobierno estatal y el federal han fallado en la responsabilidad fundamental de garantizar la seguridad y la aplicación de la ley en Guerrero. Y el problema no se circunscribe a los hechos del 26 y el 27 de septiembre.

En esa fecha hubo un excesivo uso de la fuerza para combatir un delito como el robo de autobuses por parte de los normalistas.

Hay también un secuestro masivo de jóvenes con presunción de homicidio.

Pero la ausencia del estado de derecho es mucho más generalizada. Las numerosas fosas clandestinas que se han encontrado en las inmediaciones de Iguala en la búsqueda de los normalistas desaparecidos son señal de que el homicidio se ha vuelto una ocurrencia cotidiana en el Estado.

En el 2013 Guerrero tuvo el mayor índice de homicidios dolosos del país, 63 por cada 100 mil habitantes, según el INEGI, tres veces más que una media nacional de 19.

Acapulco es también el municipio con mayor número de secuestros en México, 135 entre diciembre del 2012 y septiembre del 2014 según la organización Alto al Secuestro.

Bandas del crimen organizado como Guerreros Unidos, una escisión de los Beltrán Leyva, operan con absoluta impunidad en la entidad.

El hecho de que quienes protestan por los crímenes contra los normalistas, como la CETEG o los mismos normalistas, violen también la ley al tomar casetas de peaje, secuestrar autobuses o robar mercancía de vehículos de reparto, ratifica la falta de capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Dudo que el Gobierno de Guerrero tenga la capacidad para decidir y cometer un crimen de Estado. Tampoco veo qué beneficio podría obtener de él.

Su pecado es más bien de ausencia o de incapacidad. Estamos viendo en Guerrero muchos crímenes de falta de Estado.
 
 
PADRE SOLALINDE
El padre Alejandro Solalinde, que ha hecho un gran esfuerzo en la defensa de los migrantes, afirma que algunos testigos le han relatado que los normalistas desaparecidos fueron quemados vivos. Son declaraciones que en este momento no se pueden soslayar.

 
Sergio Sarmiento
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lunes, octubre 20, 2014

 

Antes y después

"Antes de Elvis no había nada", afirmó John Lennon en una entrevista sobre el rock and roll. Iguala promete ser algo similar para el Gobierno del Presidente Peña. Lo que fue, fue; ahora comienza la realidad.

En nuestro contexto, matanzas como la de Ayotzinapa o Tlatlaya no son algo excepcional o impredecible. Todos sabemos que esas cosas ocurren y que seguirán ocurriendo y ése es el problema: en un país civilizado esas cosas no ocurren.

El que sean "naturales" es lo que nos distingue y coloca al Gobierno frente a un reto que, hasta ahora, había estado indispuesto a asumir.

La pretensión de que la inseguridad y la violencia se resuelven negando su existencia o removiendo la información de los medios de comunicación resultó infructuosa y hasta contraproducente.

Hay una total ausencia de estrategia de largo plazo que contemple la consolidación de un entorno institucional (policías, judicial, gobiernos) en el que esas cosas no ocurran o, cuando así fuese, se tratara de una verdadera excepción.

La luna de miel inusualmente larga de que gozó el Gobierno se debió en buena medida a su extraordinario éxito en avanzar una amplia agenda de reformas que capturó la atención del País y del mundo.

El Gobierno evidenció una gran capacidad de liderazgo y negociación en el contexto legislativo, rompiendo con décadas de parálisis en asuntos de trascendencia económica.

De manera paralela, intentó una estrategia de combate a la criminalidad que sólo se diferenciaba de la de la anterior Administración en el hecho de que incluyó un componente político cuyos méritos no han sido excepcionales, al menos en el caso de Michoacán.

El avance legislativo y la nueva táctica en materia de seguridad le confirieron al Gobierno casi dos años de amplia y casi totalmente indisputada latitud.

Concluido el proceso legislativo comienza el asunto de gobernar y ahí la cosa ha ido cuesta arriba.

No cabe la menor duda que la capacidad de manejo y operación política del Gobierno es excepcional, y más si se le compara con las administraciones anteriores; sin embargo, situaciones como las de

Ayotzinapa y la fallida negociación con los estudiantes del IPN evidencian la ausencia de un proyecto político que trascienda el mero objetivo de mantener las aguas en paz.

Es decir, hay evidente capacidad de respuesta, pero no una estrategia de solución a los problemas que aquejan al País: peor, es obvio que en el Gobierno se considera innecesaria una estrategia de esa naturaleza.

En Iguala resultó claro que el Presidente Municipal hace las veces de sicario; por su parte, la noción de que negociar es equivalente a conceder la totalidad de las demandas resultó contraproducente. El País demanda soluciones, no pura política.

¿Es responsable el Gobierno federal del segundo empleo del Alcalde de Iguala? Por supuesto que no, pero el hecho de que los narcos controlen vastas regiones del País, impongan su ley, extorsionen a la población, asesinen como les venga en gana y tengan sometidos (o comprados) a Gobiernos estatales y municipales, constituye un desafío a la gobernabilidad del País y a la noción de que un Gobierno "fuerte" es suficiente para que el País progrese y logre la estabilidad.

Resulta evidente que se requiere un Gobierno institucionalizado y competente a todos los niveles y no sólo uno caracterizado por capacidad de manejo coyuntural. Las reacciones estos días no sugieren que eso esté siendo contemplado.

Antes de Iguala el Gobierno tuvo enorme latitud para imponer su estilo y su ley. Ahora tendrá que lidiar con las protestas que sin duda lo acosarán dentro y fuera del País y, más importante, con una realidad siempre propensa a deteriorarse.

El Gobierno del Presidente Peña se ha caracterizado por un intento sistemático de adaptar la realidad a sus preferencias en lugar de lidiar con la realidad y tratar de irla moldeando para que se logre la transformación que prometió de origen.

En lo político partió del supuesto de que el problema era la carencia de eficacia en la labor gubernamental, eficacia que ahora resulta inadecuada e insuficiente; en lo económico ignoró la era de crisis que precedió a las últimas dos décadas de estabilidad macroeconómica y corre el riesgo de llevar al País, una vez más, a esos tiempos aciagos.

En Iguala quedaron exhibidos tanto la complejidad del País como el riesgo de ignorar la problemática que yace detrás. Es esto, más que cualquier otra cosa, lo que Iguala cambia, seguramente de manera permanente: el antes y el después.

Luis Rubio

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Ingresos y deuda

"Bienaventurados sean los jóvenes, porque ellos heredarán la deuda nacional". Herbert Hoover
  
CUERNAVACA.- Cuando la Secretaría de Hacienda sometió la Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados a principios de septiembre calculó un precio promedio de la mezcla de crudo de exportación de 82 dólares por barril.

La cifra parecía fácil de alcanzar, pero ya este viernes 17 de octubre la mezcla se cotizaba en 77.68 dólares.

Estaba creciendo el riesgo de que el Gobierno no pudiera extraerle una tajada suficiente al petróleo para mantener su gasto en el 2015.

Al final, sin embargo, no importó. Los Diputados bajaron el precio del petróleo a 81 dólares, pero aumentaron el ingreso total en 26 mil 713.9 millones de pesos.

¿Cómo le hicieron? ¿Elevaron los impuestos otra vez? No, simplemente cambiaron la previsión del tipo de cambio de 13 a 13.40 dólares y decidieron que la Secretaría de Hacienda obtendría mayores ingresos por "eficiencia recaudatoria" y "aprovechamientos". La creatividad de nuestros Diputados es siempre la salvación del país.

La Ley de Ingresos busca establecer una nueva marca histórica de 4 billones 702 mil 951 millones de pesos en los ingresos presupuestarios del sector público. No sorprende. Cada año el Gobierno gasta más y necesita más dinero.

Pero entre sus "ingresos" incluye un endeudamiento neto por 595 mil millones de pesos. Es como si yo calculara mi ingreso no sólo sobre la base de lo que ganaré por mi trabajo, sino también sobre lo que me endeudaré con mi tarjeta de crédito.

El Gobierno trata de convencernos de que su endeudamiento es pequeño. Sin embargo, los 595 mil millones de pesos representan 12.6 por ciento de los ingresos aprobados por los Diputados.

Cualquier persona o familia que se endeudara con 12.60 pesos por cada 87.40 de ingreso real estaría en quiebra muy pronto.

No es ésta la primera vez que la deuda pública mexicana crece de manera exagerada. Luis Echeverría subió la deuda pública externa de 4 mil 202.8 millones de dólares en 1970 a 19 mil 600.2 millones de dólares en 1976.

José López Portillo la llevó a 58 mil 874.2 millones de dólares en 1982. El resultado fue una crisis económica que durante décadas asfixió al País.

Pero ni siquiera Echeverría y López Portillo habrían soñado con endeudarse por el equivalente de 42 mil millones de dólares en un solo año.

Durante décadas los mexicanos hicimos sacrificios para reducir la deuda heredada de Echeverría y López Portillo. Renegociamos pasivos y dejamos de invertir para pagar, lo cual significó menor crecimiento económico, menor creación de empleos y mayor pobreza.

Para el 2006 ya habíamos disminuido la deuda pública neta a sólo 19.1 por ciento del Producto Interno Bruto (Criterios 2013).

Desde entonces los políticos nos han endeudado nuevamente. Para el 2012 la deuda pública neta era ya de 33.1 por ciento del PIB (una parte por el rescate de los quebrados sistemas de pensiones).

En el 2013 se alcanzó el 35.6 por ciento (SHCP, informe al Congreso). En el 2014 se espera que la cifra termine en 38.8 por ciento (Criterios 2015) y para el 2015 seguramente rebasaremos el 40 por ciento.

En términos de dinero, la deuda del sector público aumentó 590 mil 493 millones de pesos entre el 2012 y 2013 para alcanzar un monto de 5.9 billones de pesos (SHCP, Informe trimestral al Congreso, apéndice de deuda pública).

Nuestros políticos reivindican la filosofía de gaste ahora y que sus hijos paguen después. Hacen exactamente lo contrario que un padre de familia responsable, el cual se sacrifica hoy para dejar un mejor nivel de vida a sus hijos.

Los políticos prefieren gastar dinero que no tienen para beneficiarse ellos y dejar el pago a las siguientes generaciones.

Sergio Sarmiento 
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jueves, octubre 16, 2014

 

Uber o taxi

"La competencia es un pecado". John D. Rockefeller
  
No fueron ni las ciclopistas ni el Metrobús los que me hicieron dejar el auto en casa.

Tampoco el masaje y sauna que uno puede obtener por sólo cinco pesos en el Metro.

Fue una simple aplicación en mi teléfono celular llamada Uber.

Esta aplicación ha generado una verdadera revolución en el transporte en el mundo. Permite contratar un auto con chofer a un precio módico con unos cuantos toques en la pantalla de un teléfono con conexión a internet.

Un reciente viernes por la tarde-noche tuve que tomar un taxi convencional en la colonia Juárez para ir a Polanco.

La distancia era corta, pero estaba lloviendo y la zona, como es habitual, estaba congestionada por manifestantes.

A ningún capitalino le sorprenderá saber que el taxi, un Tsuru, estaba asqueroso y el chofer malencarado y amenazante.

En el piso se encontraba esa jerga maloliente que por alguna extraña razón los taxistas consideran debe ser siempre decoración del vehículo.

El conductor nunca encendió el taxímetro, cosa cada vez más usual. Al final me cobró 150 pesos por un trayecto que no tendría que haber costado más de 50.

El usuario no tiene por supuesto defensa ante un taxista. ¿Recibo por el pago? A quién se le ocurre que alguien pudiera pedirlo o un taxista darlo.

El regreso lo hice en un auto de Uber. El Volkswagen Passat negro lucía impecable. Parecía, de hecho, una limusina en comparación con el taxi anterior.

El conductor vestía traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el celular tenía yo su nombre, su fotografía, su número de celular y la calificación promedio de sus anteriores clientes.

Como pasajero me sentía seguro. Cuando llegó a recogerme, bajó del vehículo para abrirme la puerta y, ya a bordo, me ofreció una botellita de agua.

El trayecto fue rápido y profesional, con el uso de un programa de GPS para llegar de la mejor manera posible al destino.

Ahí descendí del auto sin desembolsar efectivo. El cobro fue automático a mi tarjeta de crédito.

De inmediato recibí en el teléfono un formato de evaluación del servicio con un máximo de cinco estrellas. Mi chofer merecía la mejor calificación y se la di.

En unos minutos tenía ya en el celular un recibo electrónico por 134 pesos. Al final del mes encuentro en mi correo electrónico una factura deducible de impuestos que cubre todos mis traslados.

La diferencia entre el Uber y el taxi es enorme. Casi podríamos decir que no hay competencia.

El servicio libera al usuario de los taxis sucios, inseguros y de incierto cobro. Quizá por eso los burócratas no están dispuestos a permitir que continúe.

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Rufino H. León Tovar, me confirma en una entrevista que el Gobierno capitalino está buscando regular los Uber porque son una competencia desleal para los taxis.

Y por supuesto que lo son. Cometen el pecado de otorgar un mejor y más seguro servicio por un precio que puede ser menor.

Supongo que la Secretaría de la Movilidad hará todo lo posible por inmovilizar a los Uber o por lo menos para deteriorar el servicio a fin de que ya no sean competencia para los taxis. La mentalidad burocrática siempre se opone a la innovación y la libertad.

El problema con los Uber es que no son suficientemente malos y sucios. Eso es desleal.

No es México la única ciudad del mundo en que por presión de las organizaciones de taxistas se busca restringir la operación de Uber.

El resultado, cuando se establecen nuevas reglas, siempre es reducir la calidad del servicio o aumentar el precio.

Entiendo que los taxistas estén preocupados. Los Uber son un servicio superior.

Una autoridad comprometida con el bienestar de los ciudadanos tomaría medidas para subir el servicio de los taxis al nivel de los Uber en lugar de bajar el de los Uber. Pero supongo que entonces no sería autoridad.

 
DESCONOCIDOS
Si los restos de las fosas de Iguala no son los normalistas de Ayotzinapa, ¿entonces quiénes son? ¿Cómo es posible que se encuentren tantas fosas con tantos muertos desconocidos?


Sergio Sarmiento
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martes, octubre 14, 2014

 

Poli democrático

"No pueden ustedes curar el cáncer con una mayoría de votos. Precisan un remedio". Winston Churchill
 
El 9 de octubre se dio a conocer el resultado de una votación de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Politécnico que respaldaron 56.65 por ciento el regreso a clases.

En el ejercicio participaron 526 estudiantes y profesores, de los cuales 298 apoyaron las clases con 225 en contra y tres votos nulos.

Los resultados fueron colocados en la página Asignación Oficial ESCA Tepepan en Facebook. Los grupos que han tomado los planteles de la escuela, sin embargo, se han negado a aceptar el resultado.

Es verdad que el número de estudiantes que votó es pequeño, pero éste ha sido el único ejercicio que ha buscado la opinión de los estudiantes en el paro del Instituto Politécnico Nacional.

Las escuelas han sido cerradas a la fuerza por grupos pequeños de alumnos de dentro y fuera de cada una.

Lo anterior no deja de ser paradójico para un movimiento que ha asumido la bandera de la "democratización" del Politécnico.

Yo soy un firme creyente en la democracia para el gobierno de los países, no porque sea un sistema perfecto sino porque es el menos malo. Pero el voto abierto no me parece la mejor forma de elegir a las cabezas de una institución educativa.

Las mejores escuelas y universidades del mundo tienen sistemas en que el rector o el director general son escogidos por comités académicos.

Las que tienen elecciones abiertas suelen registrar bajos niveles de calidad. Los procesos de elección se convierten en cotejos de popularidad en que los candidatos compiten en ofrecer promesas populistas.

Sería lamentable que la designación del director general del IPN se hiciera en campañas de promoción personal con compra de votos y acarreados.

El IPN ha tenido un papel crucial en la preparación de profesionales en el país.

Los ingenieros, administradores y especialistas de la institución han sido bien aceptados no sólo por paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, sino por empresas privadas. Esto es importante. En un mercado abierto se les contrata por su calidad.

Los retos en la educación, sin embargo, nunca terminan. Todas las instituciones educativas deben mejorar simplemente para no quedar rezagadas.

Los nuevos planes de estudio y el nuevo reglamento del IPN fueron aprobados por los comités técnicos y académicos de la institución precisamente con el propósito de mejorar el desempeño de la institución.

No soy un especialista en temas académicos y no puedo juzgar los nuevos planes de estudio del Politécnico que abarcan una amplia variedad de carreras. Pero no creo que deban sujetarse a una votación mayoritaria de los estudiantes.

Si una de las demandas de los líderes del movimiento es la democratización del IPN, me pregunto por qué han cerrado las escuelas sin una consulta democrática, sin una votación en la que puedan participar estudiantes y maestros con credencial.

El cierre de escuelas por la fuerza no es un acto democrático sino un desplante fascista.

Por lo pronto el paro está cumpliendo ya tres semanas. En su última marcha, el 10 de octubre, los líderes afirmaron que su movilización tenía como objetivo oponerse a la "privatización" de la educación. Pero esto parece exactamente lo contrario de lo que están haciendo.

Entre más se prolongue el paro del Politécnico Nacional, los mayores beneficiarios serán los tecnológicos privados, que se han multiplicado en nuestro país en los últimos años y que ofrecen cuando menos una educación sin interrupciones.

Parecería, de hecho, que los líderes del movimiento trabajan para los dueños de esas instituciones privadas.

Sergio Sarmiento

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lunes, octubre 06, 2014

 

Azúcar amargo

"La correlación entre pobreza y obesidad puede rastrearse a las políticas agrícolas y los subsidios". Michael Pollan
 
CUERNAVACA.- El Gobierno y los legisladores establecieron en este 2014 un impuesto a los gorditos, un gravamen especial que se aplica a través de los refrescos y los alimentos con contenido calórico de más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

¿Cuál es la justificación? Atacar el sobrepeso y la obesidad, especialmente en los niños.

La iniciativa, sin embargo, no define metas de reducción de sobrepeso u obesidad. Los políticos sabían desde un principio que el impuesto no serviría para eso.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que la tortilla y el pan quedarían gravados con el nuevo impuesto, decidió exentar los productos de mayor consumo.

La medida resulta paradójica. Si lo que se busca es obligar a la gente a dejar de consumir productos de alto contenido calórico, exentar los de mayor consumo es la medida más contraproducente que pueda uno imaginar.

Este 2 de octubre, por otra parte, el Gobierno anunció subsidios por mil 300 millones de pesos a la industria de la caña de azúcar, precisamente la que produce el endulzante cuyo consumo está tratando de reducir.

Al Gobierno le gusta conducir la economía con un pie en el freno y el otro en el acelerador.

La iniciativa de Ley de Ingresos no ofrecía metas para reducir el sobrepeso y la obesidad porque estas condiciones son, como cualquier especialista sabe, multifactoriales.

Pretender reducir el sobrepeso sin tocar la falta de actividad física es absolutamente vano, como lo es tratar de lograrlo exentando del impuesto especial la tortilla de trigo, la pasta de harina de trigo para sopas, el bolillo, la telera, la baguette, la chapata, el pan de caja, la harina de trigo, la tortilla de maíz, la harina de maíz, el nixtamal, la masa de maíz y muchos otros alimentos que representan la mayor parte del consumo de alimentos con contenido calórico.

El propósito del impuesto a los gorditos no parece ser el de reducir el sobrepeso, sino el de quitar más dinero a los contribuyentes. En esto sí se ha tenido éxito.

El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios no petroleros tuvo un aumento real de 46.2 por ciento en los ocho primeros meses de este 2014, para alcanzar 81 mil 601.8 millones de pesos (SHCP). Es el rubro de ingreso que más está creciendo.

Los consumidores han disminuido ligeramente su consumo, lo cual está golpeando a la industria refresquera y a la de golosinas, pero sobre todo a la del azúcar.

Coca-Cola Femsa registró una caída de 6.6 por ciento en sus ventas en abril-junio. Arca Continental tuvo una baja de 3.3 por ciento. Cultiba, embotellador de Pepsi, registró un descenso de 1.2 por ciento (El Financiero). Pascual reportaba una baja de 10 por ciento en el primer mes del 2014 (El Universal).

Las empresas están respondiendo con la introducción de nuevos productos sin azúcar, como Coca-Cola Life, que utiliza un endulzante llamado stevia, y Pepsi True.

La industria azucarera enfrenta un riesgo adicional por la amenaza del Gobierno estadounidense de aplicar un arancel especial al azúcar mexicano para compensar los subsidios a la industria.

La respuesta del Gobierno mexicano, sin embargo, ha sido anunciar nuevos subsidios.

La política económica mexicana parece afectada de esquizofrenia.

Por una parte castiga a la industria azucarera con un impuesto especial que se justifica por razones de salud. Después le quita cualquier lógica de salud al exentar a los productos de mayor consumo. Después aplica un subsidio a la industria azucarera que primero ha golpeado.

¿Qué beneficio concreto se obtiene de una política tan contradictoria?

Solamente uno. Llenar más los bolsillos de la clase política y permitirle aumentar su gasto.
  
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com


 

Incoherencias gubernamentales

Hace "algunos" años, cuando estudiaba finanzas públicas en la Universidad de Wisconsin, uno de los elementos importantes del temario era la "Teoría de las Fallas del Mercado". De acuerdo con varios de sus postulados, el gobierno podía (debía) intervenir en la economía, precisamente para corregir las fallas en cuestión.

Algún tiempo después, ganó prestigio intelectual e influencia práctica la idea de las "Fallas del Gobierno", fincada en dos nociones de sentido común: 1) los políticos y los burócratas no saben (pueden) mucho más que el resto de los mortales; y, 2) igual que todos nosotros, persiguen de veras primero que nada su propio interés, no el discursivo "bien común". Creo que en el caso de México no se necesita probar el realismo de estas dos percepciones. Como quiera, los gobiernos de todas las latitudes se encargan casi a diario de refrendar su validez. Los que siguen son apenas unos cuantos ejemplos recientes de las incoherencias referidas en el título.

Unas semanas atrás me ocupé en estas páginas del caos económico creado en Venezuela por las políticas económicas "socialistas" de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hace unos cuantos días, Clorox, una conocida compañía estadounidense, anunció que cerraba sus operaciones (tres plantas) en aquel país, con la consiguiente desocupación de 450 empleados. Clorox citó como causa del cierre el absurdo control oficial del precio de sus productos, frente a una inflación desaforada -creación del gobierno. El episodio podría formar parte de cualquier libro de texto de microeconomía. Es obvio que las incongruencias gubernamentales son la razón del problema, pero Maduro dijo que los males económicos son la manifestación de una guerra económica contra el país, emprendida por los capitalistas y por los oponentes políticos del régimen. ¿Aló presidente?

Las incongruencias no son privativas del subdesarrollo. Frente al ascenso relativo de las cargas tributarias en Estados Unidos, muchas grandes compañías han diseñado y puesto en práctica estrategias que reubican parte de sus transacciones en otros países. Esto se ha llamado una "fuga de empresas". En lugar de pensar lógicamente en realinear los impuestos en cuestión, el presidente Obama ordenó al secretario del Tesoro poner en práctica (sin mediación del Congreso) regulaciones que obstaculicen los movimientos. Para justificar sus acciones, el presidente señaló retóricamente que "su administración actuará donde quiera que pueda para proteger el progreso que el pueblo americano ha logrado con su duro trabajo". Por su parte, el secretario apuntó que las transacciones en cuestión "pueden ser legales, pero son malas". En otras palabras, el asunto ya no es económico ni jurídico, sino ético. Yeah, right, Mr. Lew.

En Europa, el Banco Central Europeo (presidido por el italiano Mario Draghi) ha decidido imitar, con rezago, a sus contrapartes japonesa y estadounidense, intensificando la flojedad monetaria, echando mano más o menos del mismo instrumento -esto es, comprando valores en el mercado financiero, creando dinero para el caso. Lo cierto es que cinco años de tasas de interés mínimas no han podido sacar del estancamiento a la economía del continente, entre otras razones, porque los bancos no han aumentado el crédito concedido a las empresas y las familias -a pesar de su baratura histórica. Entre las razones explicativas de ello me parece que sobresalen dos: 1) por el lado de la demanda, la incertidumbre reinante sobre la evolución de la economía y, entonces, sobre el riesgo representado por un mayor endeudamiento; y, 2) por el lado de la oferta, el aumento drástico de las exigencias para que las instituciones bancarias aumenten su capital, eleven su liquidez y disminuyan su apalancamiento. En español esto quiere decir que los acreditados potenciales son más cautelosos y que los bancos tienen menos margen de maniobra para prestar. Así pues, las autoridades pretenden, por una parte, que la banca expanda el crédito para reanimar la economía pero, por la otra, la limitan con nuevas regulaciones. Incoerenza, Dottore Draghi. No planteo con lo anterior que sea innecesario fortalecer las finanzas bancarias. Apunto simplemente que, al hacerlo, no es razonable esperar buenos resultados de una expansión monetaria adicional.

Es cierto que, a veces, el gobierno puede intervenir positivamente en la economía. Para lograrlo, sus acciones necesitan un mínimo de consistencia.

 

Everardo Elizondo


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