HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Con la conmemoración de la expropiación petrolera el lunes, es momento de cuestionar: ¿el petróleo aún es realmente nuestro?

De 2019 a 2023, Pemex Transformación (refinerías) acumuló pérdidas operativas de 34 dólares por cada barril refinado, sumando un total de 830 mil millones de pesos. Esta cifra representa casi la mitad de los 1.6 billones de pesos inyectados por el Gobierno actual.

Al considerar todos los apoyos fiscales directos, pago de amortizaciones y reducción de impuestos, la suma asciende a casi 2 billones de pesos de apoyos a Pemex sin contraparte, equivalente a cuadruplicar el presupuesto nacional en Educación Pública o Salud.

La decisión de este Gobierno de procesar hidrocarburos pesados con márgenes de refinación mínimos, o incluso negativos, resulta en productos finales que valen menos que la materia prima. Así, lo que sale de las refinerías vale menos que lo que entró a ellas; de ese tamaño es nuestra expropiación petrolera.

Además, el 55 por ciento de crudo pesado procesado en Cadereyta es responsable de la visible contaminación por azufre en Monterrey. Esta práctica de pérdida financiera parece no tener freno en el contexto mexicano.

En enero, México generó más ingresos por la venta de gasolinas IEPS en territorio nacional (70 mil 603 mdp) que por la extracción y exportación de crudo (63 mil 946 mdp).

La dependencia energética se profundiza con el 90 por ciento del gas natural consumido en México siendo importado, lo que genera una vulnerabilidad ante Estados Unidos. Lo paradójico es que estamos sentados en millones de metros cúbicos de gas que por soberbia soberana no quiere Pemex que nadie lo saque.

Para colmo, las reservas probadas de crudo y gas natural solo garantizan 8 y 6 años de vida, respectivamente, lo que subraya la urgencia de explorar nuevos yacimientos y que esta Administración cerró a inversionistas.

Pemex, lejos de ser una empresa pública al servicio de los mexicanos, parece solo servir a los intereses de los políticos que nos gobiernan y del sindicato petrolero. A diferencia de Petrobras en Brasil o Ecopetrol en Colombia y más de una docena de empresas petroleras en EU, Pemex no ha capitalizado su potencial.

Mientras tanto, EU ha pasado de ser un importador neto hace 20 años a convertirse en el mayor productor mundial de petróleo con 16 millones de barriles al día, gracias a un enfoque de mercado abierto y tecnología avanzada.

Si no redireccionamos el curso de Pemex, la retórica de soberanía perderá todo sentido. Las decisiones tomadas durante este sexenio podrían relegar a Pemex a ser un mero importador de hidrocarburos, una ironía para una nación que alguna vez fue rica en petróleo.

Además de acabarse nuestro petróleo, esta Administración será recordada por dos terribles hechos negativos más. Será la que más deuda contrajo y la que más homicidios dolosos ha tenido.

En 2024, se proyecta que la deuda del Gobierno alcanzará los 2 billones de pesos, representando el 6 por ciento del PIB, sumando un total de 6 billones de pesos en deuda nueva en el sexenio. Esta cifra supera toda la deuda acumulada en las administraciones de Peña Nieto y Calderón.

También, trágicamente, se espera que el número de homicidios alcance los 200 mil, con una edad promedio de las víctimas de 29 años. La pérdida de vidas se traduce en más de 15 mil millones de horas de trabajo perdido, lo que económicamente equivale al menos a otros 7.5 billones de pesos considerando un promedio salarial y 35 años de vida laboral.

Además, este sexenio no tendrá crecimiento económico positivo por habitante. La economía valía en 2018 lo mismo que hoy, por lo que nos encaminamos hacia otra década perdida sin crecimiento económico.

La suma de la deuda gubernamental, la pérdida económica potencial por la violencia y los 2 billones de pesos tirados en Pemex comprueban que este Gobierno ha disminuido el potencial económico del País en un trillón de dólares.

A México le han robado el 76 por ciento de su PIB y ¿quieren seguir gobernando por este camino de deterioro?

Vidal Garza Cantú

No fuimos Dinamarca

En Guelatao, Oaxaca, la gente arma rifas para comprar papel y detergente para su único centro de salud. En el hospital de Xoco, en la Ciudad de México, las enfermeras calculan las dosis de insulina para pacientes con diabetes porque no tienen jeringas adecuadas. Algunas mujeres arman grupos de Facebook para alertar dónde pueden "cazar" vacunas para sus bebés. Y las enfermeras viajan hasta 10 horas a comunidades alejadas para aplicarlas.

Una mujer de 77 años tuvo que esperar tres para que la operaran de la cadera. Otra se fracturó el brazo y, tras aguardar 10 días por una operación, terminó pagando 80 mil pesos en un hospital privado. Estos son algunos rostros de una tragedia mayúscula que ha ocurrido en México, la tragedia de los recortes a la salud.

Durante meses, la reportera investigativa Nayeli Roldán y su equipo en Animal Político buscaron responder a la pregunta: ¿nos convertimos en Dinamarca? La comparación no era casual. Poco antes de llegar al Gobierno, López Obrador dijo que México sería, en salud, como los países nórdicos. En cinco años, lo repitió al menos 39 veces. Mientras tanto, su Gobierno recortaba el presupuesto de salud, compraba tarde y mal. Su administración terminó, revela la investigación, gastando más que el Gobierno anterior, con un servicio mucho peor, que ha dejado en el desamparo a millones de pobres.

Para entender este desastre de la salud pública, la investigación comienza por explicar cómo México pasó de ser uno de los mejores países en vacunación en América Latina, a uno de los peores.

En diciembre de 2018, Hugo López-Gatell, entonces subsecretario de Salud, dijo que comprarían vacunas a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud para conseguir mejores precios. El resultado fue catastrófico. En 2019 y 2020, el obradorismo dejó a 6 millones de niños sin vacunas. Prohibió comprar a los proveedores de siempre, alegando que eran corruptos y habían falseado datos. Nunca lo comprobaron. Gatell dijo que puso una denuncia interna contra un proveedor, pero no había registro de ella. Años después, las empresas acusadas de corrupción ganaron al Gobierno en tribunales.

Luego, el Gobierno eligió a la empresa estatal Birmex como proveedora de vacunas. Birmex no tenía capacidad de producirlas, así que las compró a un proveedor en India y trajo a México menos dosis y más caras: con 134 millones de pesos de sobreprecio. La investigación de Roldán incluye testimonios desgarradores de familias buscando vacunas o pagando un dineral por ellas a médicos privados. Como resultado, en la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina, en 2019, México tuvo el mismo nivel de vacunación que Angola. Además, se triplicaron los casos de meningitis y se multiplicaron por cinco los de hepatitis B.

A las personas que ya estaban enfermas les fue aún peor. Medio millón se quedó sin cirugías y 5.7 millones resultaron afectados porque no había suficientes estudios de laboratorios. En los hospitales, con el pretexto de la austeridad, cortaron el dinero para agua, esterilizadores y rayos X. Dejaron a 44 millones de personas sin consultas, casi cuatro veces la población de Cuba.

La investigación mezcla un minucioso seguimiento documental y un extenso trabajo de campo, que llegó a rincones muy pobres de México, donde la salud pública es la única opción. Allí, Roldán encontró qué significa, en el terreno, que se recorte dinero para agujas, material de sutura, ultrasonidos, diálisis y sillas dentales. Quizá los casos más sonados de estos recortes son las personas que han muerto o han quedado atrapadas en elevadores de hospitales en Playa del Carmen, Veracruz y Puebla.

Y los más afectados son pobres. Roldán encontró que, solo en 2019, el Gobierno no surtió 15 millones de recetas. Más de mil personas han conseguido amparos para que los atiendan. La mayoría, en cambio, no puede costear una defensa legal.

Gran parte del problema es la desaparición del Seguro Popular y la no sustitución por algún servicio que funcione. El gran misterio es dónde quedaron 157 mil millones de pesos, más que el presupuesto inicial para el Tren Maya, que el Gobierno sacó de un fondo para el cáncer y nadie sabe en qué se gastó. ¿Dónde está ese dinero y todo el resto del dinero que se ha ahorrado en salud? No lo sabemos.

Peniley Ramírez

"Desde Salinas de Gortari se viene dando toda una política educativa hacia favorecer la privatización del sector educativo para que las transnacionales pudieran llegar a México y tener un capital humano [...] sumiso...". Son las palabras de Marx Arriaga, responsable en este Gobierno de los libros de texto gratuitos. Esto en un interesante debate el martes, muy bien conducido por Joaquín López-Dóriga, con quien fuera secretario de Educación de Peña Nieto, Aurelio Nuño.

Eso de capital humano suena horrendo si se le entiende como un mero insumo para el explotador capitalista. En ese caso no tiene sentido educar en nada útil a las y los jóvenes de un país, salvo a entender las estructuras de dominación. Pero si se contempla desde el punto de vista de quien estudia, seguro prefieren incrementar su capital humano con más conocimientos útiles para encontrar un mejor trabajo.

Este tipo de debates deberían alimentar el proceso electoral. ¿Cuál es el proyecto educativo de las candidatas? Para Morena, lo central es formar personas críticas de las estructuras de dominación e involucrarlos en su comunidad. En la versión defendida por Nuño, "una educación de calidad, que prepare a los niños para desarrollar al máximo sus capacidades humanas, y que tengan todos los elementos para decidir la vida que quieran vivir".

La visión del mundo de Morena no es económicamente sostenible. Sin programas de estudio que desarrollen las capacidades productivas de quienes estudian, no habrá suficiente crecimiento económico, con lo cual no se tendrán los recursos fiscales para pagar los servicios públicos, de por sí rezagados y mucho menos cumplir las promesas de gasto expuestas por Claudia en su arranque de campaña el viernes.

Pero Marx Arriaga tiene razón en una cosa: los sueldos promedio son muy bajos. Pero no porque el trabajador no tenga espíritu de lucha (¿no hubo ya una "revolución de las conciencias"?) sino porque, dadas sus competencias, no tiene muchas alternativas. La ley laboral hoy es más democrática, pero sólo con mejores competencias los trabajadores tendrán salarios significativamente mejores.

Los países con Gobiernos socialdemócratas, como Dinamarca, tienen ciudadanos productivos y a la vez conscientes de sus derechos. Existen reglas laborales que protegen al trabajador, pero pensando siempre en que la empresa debe ser exitosa, por el bien de todos. Los trabajadores tienen derecho a vacaciones, espacios de trabajo seguros, etc., aunque se puede despedir sin mayor penalización a quien no sea necesario. Éste tendrá seguro de desempleo mientras se capacita.

Para el Gobierno de AMLO el lucro es sospechoso. Su reforma eléctrica presentada el 5 de febrero elimina el que las empresas públicas busquen utilidades. Deben regresar a ser entidades estatales, con lo cual puedan justificar cualquier pérdida amparadas en su presunta función social.

En la próxima elección está en juego el modelo de país. Se puede construir uno próspero y justo al mismo tiempo. Para lograr lo primero se requieren individuos, empresas privadas y públicas preocupadas por generar riqueza y con las capacidades para lograrlo. Alguien atrapado en su comunidad sin bases elementales de aritmética y lectura, con escasos o nulos conocimientos de computación o inglés, por más que entienda que hay explotación de los ricos, difícilmente logrará un buen ingreso laboral, salvo si emigra o se dedica al crimen.

Para alcanzar un país justo se requiere un Estado competente para redistribuir. Para los liberales como yo, un elemento fundamental para lograrlo es desarrollar el capital humano, es decir, proveer desde el Estado educación de calidad y buenos servicios de salud a sus habitantes. Desde el modelo de izquierda de Morena, lo central es generar conciencia del mundo injusto en el que viven y distribuir recursos públicos sin condicionarlos a mejorar su capital humano, aunque no dejan de recordarles y presionarlos por quién deben votar.

Carlos Elizondo Mayer-Serra