HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

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Pareciera poco creíble que las ideas de un fraile franciscano del Siglo 14 pudieran ser de utilidad en el Siglo 21, pero así es.

Se trata de Guillermo de Ockham, que estableció un principio lógico que dice lo siguiente: en igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta.

Un principio que a veces parece totalmente ausente en México.

¿Por qué razón el PRD está promoviendo una consulta en la que los dados están cargados? La respuesta más sencilla a este problema es porque quieren parque político para oponerse a la reforma.

O bien, ¿por qué el PRI sí quiere sacar una reforma aunque sea diferente a la que planteó Calderón? Porque está interesado en ganar imagen y votos para las elecciones del 2009 y del 2012.

¿Por qué el PAN y el Gobierno van a darle luz verde a la reforma planteada por el PRI? Porque necesitan que la reforma petrolera salga, así sea rasurada y limitada, pues de lo contrario sería un gran fracaso para la administración actual.

En la política y en la economía mexicanas tenemos la tendencia a enredarnos o a aceptar explicaciones enredadas cuando las cosas tienen respuestas claras y sencillas.

Por ejemplo, si pregunta por qué el Gobierno le pedía al Banco de México que bajara las tasas de interés es porque al Gobierno le conviene que la actividad económica sea mayor probablemente sin importarle un costo de un punto o un par de puntos en la inflación.

Al Banco de México le importa menos perder un medio punto de crecimiento o poco más incluso si a cambio de ello se va a conseguir frenar la inflación, porque para eso está.

Si no cumpliera su propósito podría ser incluso demandado por falta de cumplimiento de su mandato.

Veamos ahora otra historia, también vinculada con un fenómeno que hoy se presenta por todas partes y que es el incremento de los precios de los alimentos.

Este fenómeno tiene dos explicaciones muy simples. Una parte del aumento tiene que ver con desequilibrios entre la oferta y la demanda a nivel mundial y otra con los procesos especulativos en los mercados financieros en los que se fijan los precios de muchos productos.

No es uno u otro, es la suma de ambos, punto.

Finalmente, déjeme ponerle un caso que tiene una relación más cercana con la política, que es donde a veces parecen enredarse más las cosas.

Los políticos -por lo menos casi todos los políticos mexicanos- piensan fundamentalmente en llegar y escalar en el poder.

Esto define una parte central de sus acciones. Si el Jefe de Gobierno del Distrito Federal quiere ser aplaudido por los cercanos de AMLO y también por los empresarios que van a desarrollar la infraestructura de la Ciudad de México es porque quiere escalar a una posición arriba, es decir, ser candidato a la Presidencia de la República, como él ya admitió.

Lo mismo puede decirse, lo admitan o no, de Enrique Peña o de Manlio Fabio Beltrones, en el PRI. No le demos vueltas.

O bien, tampoco hay que buscar una solución compleja frente a la actitud política de Andrés Manuel López Obrador. Le apuesto doble sobre sencillo a que en cuanto haya un dictamen de la reforma petrolera -o antes incluso- veremos nuevamente a sus huestes en la calle o tomando la tribuna.

El tema no es la reforma petrolera, sino la permanencia en la escena política como el político más conocido y el prospecto más fuerte para volver a ser candidato presidencial, aunque esta vez no sea "legítimo".

Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com

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¿Para que tanto brinco estando el suelo tan parejo? Todos los políticos son iguales, sólo buscan su beneficio personal o de grupo. Uno como ciudadano, ante la partidocracia que tenemos y que no podemos eliminar, debemos escoger entre ellos el que nos brinde más beneficios y menos perjuicios, para toda la sociedad, a pesar de que el político, en lo personal, busque su propio beneficio. La clave no esta en los discursos, en el que, si no en los cómos.

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Luego de semanas de debate y de decenas de oradores, el saldo final del foro energético debe medirse en función del fin del ciclo petrolero priísta con el colapso de Pemex y del inicio del papel estratégico del petróleo en el desarrollo mexicano.

Asimismo, la conclusión debe medirse en función de ocho dilemas:

1.- Regresar al 1938 de Cárdenas en que el Estado expropió las empresas petroleras en contexto laboral irrepetible o dar el paso hacia delante y convertir al petróleo en el detonador de un nuevo modelo de desarrollo sin ceder el dominio constitucional del Estado.

2.- Regresar el Estado a los tiempos de Echeverría para que toda la industria petrolera dependa del sector público y burocratizarla o salvaguardar el dominio exclusivo del Estado pero utilizar la inversión privada para impulsar un más rápido desarrollo del sector energético controlado por Pemex como empresa cien por ciento paraestatal.

3.- Profesionalizar a Pemex para convertirla en una empresa fuerte y poderosa o esconder a la empresa para ocultarla detrás de los miedos a otras empresas o a la competencia y dejar pasar la oportunidad de los precios altos que exigen inversiones urgentes para más reservas.

4.- Mantener el Estado rector del desarrollo y la industria petrolera mixta que ya existe o regresar al Estado gestor directo del manejo de Pemex con la experiencia de que toda empresa paraestatal depende de los intereses del gobierno en turno y siempre pierde posibilidades por el manejo inevitablemente burocrático de su administración. La expropiación de la banca fracasó por el despilfarro de sus directores designados por el gobierno.

5.- Asumir el petróleo como un recurso comerciable en función de producción-venta o darle la noción misma de nacionalismo o establecerlo como el punto de definición de tres políticas que los gobiernos mexicanos han eludido: la política de seguridad nacional, la política de relaciones con los Estados Unidos y la política de contribución a un nuevo orden energético internacional.

6.- Optar por el Estado populista o neoliberal o buscar la opción del Estado promotor del desarrollo manteniendo el control del petróleo y la rectoría del desarrollo pero aprovechando el capital privado para reimpulsar la empresa. López Portillo expropió la banca para el desarrollo pero los banqueros estatales no pudieron convertirla en el pivote del desarrollo. Eso sí, los banqueros estatales expoliaron a los bancos.

7.- Aceptar el desafío de la reorganización del capitalismo internacional con una participación activa y sin miedos para defender posiciones o sumarse pasivamente a las corrientes de crítica a la corporativización de los Estados y por tanto rechazar cualquier inversión privada y desaprovechar el potencial energético, mientras de todos modos el capitalismo se reorganizará para beneficio de sus participantes y no de sus críticos.

8.- Definir si el problema de Pemex es de organización administrativa, presupuestal y productiva de la empresa o si debe definirse primero el modelo de desarrollo nacional, la política presupuestal del Estado y la estrategia de seguridad nacional y después darle su espacio a Pemex.

Además de los dilemas que tienen que ver con la alternancia --ahora sí-- partidista en la presidencia de la república, el foro en el Senado sirvió para fijar las posiciones de los partidos políticos: el PAN se quedó en la reorganización administrativa de la empresa sin evaluar los perfiles políticos, de seguridad nacional y de desarrollo; el PRI se opuso a cualquier reforma de Pemex que cambie la situación actual de una empresa típicamente priísta en materia de corrupción, saqueo sindical y manipulación política; y el PRD dejó claro que desea un petróleo bajo el control absoluto del Estado y de la burocracia gobernante.

Pero a pesar de las limitaciones en las posiciones y de debates mediocres, el saldo final coincidente fue bastante obvio: Pemex ya no debe ser la empresa del sistema político priísta y debe dar el paso a la modernización que permita un mejor aprovechamiento del potencial petrolero. Por tanto, el Pemex priísta fue condenado por todos los asistentes al foro, aún por priístas que criticaron a la empresa como si sus defectos hubieran sido producto de una gestión de extraterrestres de Marte. El Pemex que todos criticaron es el Pemex que heredó el sistema priísta después de 50 años de gestión, porque los directores bajo el foxismo habían sido priístas y el actual director Jesús Reyes Heroles fue --¿es?-- un importante político priísta, hijo de un priísta también director de Pemex.

Los documentos históricos hablan de una expropiación hecha contra la rebeldía laboral de las compañías extranjeras. La segunda expropiación petrolera debe fijar la política de convertir el petróleo en un detonador del desarrollo sin perder la soberanía absoluta del Estado sobre el recurso pero abriéndose a la inversión privada sin los complejos del pasado.

Si la expropiación de 1938 se pagó con guajolotes que donó el pueblo, ahora se trata de definir al petróleo como el instrumento del desarrollo y fuente de riqueza. El mejor nacionalismo es el que promueve el desarrollo.

Carlos Ramírez

(Blog e Indicador Político TV en www.grupotransicion.com.mx.)

cramirez@indicadorpolitico.com.mx

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"Quien no tiene vergüenza ¿qué bien tiene?".
Lope de Vega


En política hay días tristes. Éstos lo son. México está enfermo de indignidad. Para donde se mire aparece el mismo síndrome: el empequeñecimiento ético de los actores. Pareciera que han perdido la vergüenza, no respetan las normas escritas, pero tampoco un código mínimo de congruencia en la palabra dicha. No respetan a los ciudadanos, pero, peor aún, no se respetan a sí mismos. Digo peor aún, porque la falta de respeto a uno mismo conduce al cinismo. Hay mucho cínico conduciendo al país. Pareciera que estamos atrapados en un degradante círculo vicioso en el que el cinismo de unos da licencia al de otros. ¿Cuándo dio inicio este patético desfile? Difícil poner una fecha de nacimiento, más bien a la memoria viene una larga lista de indignidades recientes. Algo queda claro, empeoramos: no es un asunto de leyes sino de personas.

Cinismo el del ex candidato a la Presidencia y corredor de maratones que busca atajos. Qué imagen dejó entre los jóvenes. Cómo reparar el daño. Cinismo el del Gobernador de Puebla al no separarse de su encargo para facilitar la investigación sobre el terrible asunto de la pederastia denunciado por Lydia Cacho (ver el más reciente número de Enfoque). Cómo erradicar las dudas sobre su posible involucramiento. Cinismo el de los padres de familia de los mexicanos asesinados en Ecuador al fingir demencia frente a los hechos, pero también cinismo de los medios que erigen nuevos héroes a conveniencia del rating. Cinismo el de los dirigentes deportivos que no asumen ninguna responsabilidad ante las derrotas. Cinismo el del ex Gobernador de Morelos, quien tampoco se separó de su encargo durante las investigaciones que lo vinculaban con el narcotráfico.

Cinismo el de los múltiples saltimbanquis de la política capaces de hacer triples saltos mortales y nunca quedar fuera de la nómina. Cinismo el autosecuestro del ex Gobernador de Oaxaca. Cinismo del Secretario de Gobernación al no aceptar un error ético y además ¡querer vendernos su sacrificio personal al aceptar el puesto! Cinismo el de AMLO, profundo cinismo, con muchos capítulos, el increíble retorno de Bejarano y Padierna o, el más reciente, enrolar a 10 mil mujeres para sus nuevos "cercos". Cinismo el de los señores legisladores que no desaprovechan oportunidad para ausentarse y aumentarse ingresos y prestaciones. Cinismo el del ex Gobernador de Zacatecas y actual Senador al encorsetar a su sucesora.

El cinismo encontró un nuevo doloroso capítulo. La vergonzosa elección del PRD no es un asunto exclusivo de los perredistas. Es una tragedia política que afecta a uno de los tres principales partidos políticos nacionales. No vale la pena repetir la infinita lista de irregularidades y chanchullos que van del padrón inflado en millones, a la participación de gobernadores, al robo de urnas, a la incapacidad de brindar resultados confiables. La elección del domingo 16 ratifica una de las tradiciones de ese partido, vergonzosa tradición: procesos internos pestilentes. Se dirá ahora que hay una campaña de desprestigio montada desde los más altos niveles. Algunos actúan como si lo ocurrido fuera normal, nada hay de qué asombrarse. ¿De verdad no tienen nada de qué avergonzarse? Eso es pérdida del sentido de realidad o vil cinismo.

Los partidos políticos son entidades de interés público cuyas actividades son sufragadas por la ciudadanía. Esos dineros podrían ir a dar a escuelas, hospitales, carreteras. Pero se considera que el fomento de la vida democrática merece esa inversión que es muy cuantiosa. Son los partidos políticos los encargados por ley de difundir una cultura democrática, cultura democrática que comienza por la vida interna, cultura democrática que es el sustento último de las democracias. Por más que se mejoren las leyes, por más candados y contrapesos que se interpongan, si el comportamiento ciudadano es fraudulento nada lo contendrá.

Más allá de izquierdas o derechas, el PRD nació de la fatídica elección del 88, sacudiendo al sistema presidencialista y autoritario. Nació con la consigna de impulsar, lo dicen sus siglas, una revolución democrática. Con sus críticas y aportaciones, sumadas a las de otros partidos, se modificaron las instituciones políticas que hoy nos rigen. La alternancia en el 2000 fue en parte producto de esa apertura política. Pero el origen democratizador se ha desfigurando, perdido, al grado de que hoy muchos ciudadanos, allí están las cifras, desconfían de ese partido, de su papel en las instituciones y por supuesto de su "líder moral". A 20 años de aquel cisma político, el PRD es un partido con un gran caudillo -figura contraria a un espíritu democrático moderno-, un partido que reedita las peores mañas del sistema autoritario. Paradojas: han traicionado el origen que les dio la vida.

¿Es el comportamiento de sus militantes un referente confiable para la democracia mexicana? Eso es lo que está en juego. Con qué cara van a mirar a la ciudadanía que les da votos y dinero después del patético espectáculo de la elección, con qué cara van a seguir reclamando que el proceso electoral del 2006, en que participaron decenas de millones de mexicanos, no es válido si son incapaces de comportarse institucionalmente. Hoy cosechan lo que han sembrado, brutal arribismo, caudillismo galopante y enfermizo y la degradación que trae la lucha por el poder y la pérdida de principios, entre ellos el de la dignidad. Es dramático.

Federico Reyes Heroles

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El estancamiento que sufre en estas horas la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales responde a varias contradicciones que se derivan de las insuficiencias que mostraba la misma desde sus orígenes. Era evidente que estaba planteada y concebida en torno a los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, y que el objetivo central pasaba por la recuperación del control sobre el proceso comicial. Si eso en sí mismo era problemático, algunas de las decisiones adoptadas, en particular lo relacionado con los mecanismos de operación, los cambios en los integrantes del IFE y el tema de la relación con los medios de comunicación, sin duda hicieron más difícil el proceso.

Oculto, además, por la discusión en torno a la publicidad en los medios estaba otro debate: el limitado acceso que tendrían a los mismos los partidos minoritarios y los obstáculos que se les colocaban para mantener su registro, sobre todo de parte del PRI y el PRD, que habían conformado alianzas muy costosas con partidos pequeños que terminaron recibiendo mucho más de lo que podían ofrecer. Paradójicamente, fue el PAN el que resultó con mayores beneficios de ese proceso, al ir solo a la contienda y no aceptar una alianza con el Partido Verde o, por lo menos, con la corriente de Bernardo de la Garza, demasiado onerosa en posiciones y recursos. El PRI y el PRD, por el contrario, para lograr presentarse como coaliciones, invirtieron demasiado en esos aliados, con un costo alto en recursos, mas también en las posiciones legislativas que finalmente entregaron.

Entonces la reforma tenía una cara pública muy evidente que era ajustar cuentas con los medios, pero también estaba la intención de hacerlo con los partidos pequeños: quitándolos de los medios, colocando exigencias mucho más altas para mantener u obtener el registro y además obstaculizar las coaliciones y reemplazarlas por candidaturas comunes. La promesa de los tres grandes partidos a la chiquillada, como la llamó en su momento Diego Fernández de Cevallos, era que algunos de esos puntos se podrían solucionar en la ley secundaria. No ha sido así, al contrario, las exigencias y las limitaciones se acentuaron.

Es verdad que sin el actual sistema de coaliciones buena parte de esos partidos no hubieran podido mantener el registro, pero nadie obligó al PRI y al PRD a aliarse con ellos y a un costo tan alto. Sucedió lo mismo que con los medios o la publicidad: nadie obligó a los partidos a establecer un tono determinado de campaña, eso lo definieron y siguieron ellos mismos. Es falso que lo hayan marcado los medios de comunicación.

Pues bien, el martes no se pudo presentar la iniciativa de reforma del Cofipe porque los partidos pequeños se oponen a ella y se ve difícil alcanzar los consensos con miras a sacar la reforma por unanimidad. Los partidos mayores no lo necesitan y eso coloca a los pequeños contra la pared. El punto es que, desde la oposición, en términos de opinión pública, podrían torpedear la reforma y algunas alianzas, como la del llamado Frente Amplio, correrían el serio riesgo de desintegrarse. Pero en los tres grandes partidos existe la convicción de que si hoy no se llega a un acuerdo seguirán solos. Habrá que ver entonces hasta dónde llega la rebeldía de los pequeños.

Otro punto de debate es el de los medios. Debe insistirse en que el sistema planteado es muy desafortunado desde la reforma constitucional, al no dejar espacios para la contratación de publicidad a través de los partidos y ahora se ha reforzado también algo difícil de explicar: la prohibición de contratar publicidad por personas o instituciones del sector privado, tanto en medios electrónicos como en periodismo escrito. El tema es controvertido, mas resulta lesivo de los derechos individuales. Jorge Alcocer, uno de los ideólogos del tema, explicó ayer en su artículo en Reforma que únicamente se busca alejar a los ricos de la posibilidad de pagar por sus opiniones y pone un ejemplo contundente: le preguntó a su sirvienta si ella pagaría por publicidad para criticar o apoyar a un candidato y ésta se limitó a pedirle un aumento de sueldo. Y establece, en un súbito regreso a la lucha de clases, que la reforma trata de equilibrar en las elecciones a los pobres con los ricos. Un argumento que, definitivamente, no está a la altura de un hombre como Alcocer, por superficial y falso: porque no se trata de ricos y pobres y, en todo caso, buena parte de los sindicatos están en mejores condiciones de pagar este tipo de anuncios que muchas empresas a quienes se les prohíbe por ley y no se los permite su código interno. El tema puede analizarse de distintas maneras, aunque definitivamente no se esclarecerá preguntándole a la sirvienta de Alcocer, quien por cierto presentará (Alcocer, no la sirvienta), el próximo viernes, su propuesta para integrarse al futuro IFE.

Pero también está el tema de la libertad de expresión por las restricciones que se impondrían con base en los documentos originales conocidos de la reforma. En ese sentido, existiría una propuesta de integrar un artículo para explicitar que no habrá límite para la libertad de expresión en los medios y el tema de sanciones y lineamientos se referirá sólo a los spots publicitarios. Hasta el momento de escribir estas líneas, la mayor oposición a ello estaba en los perredistas. Y quedaba un tercer tema, la llamada publicidad negativa: ¿cómo prohibir en una contienda electoral que un partido o un candidato critique a otro o muestre sus insuficiencias o supuestos desaciertos anteriores?, ¿de qué se trataría, entonces? Criticar, obviamente, no es lo mismo que difamar, y el delito de difamación ya está normado en las leyes y los criterios. En este caso, sin embargo, tanto el PRI como el PRD estarían de acuerdo en no modificar ese capítulo, de los más controvertidos y menos viables de la nueva ley.

Jorge Fernández Menéndez

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Yo en en lo personal estoy a favor de que ya no se puedan hacer las coaliciones como antes. Que si puedan presentar candidaturas comunes, pero que cada partido ponga su logo y saque los votos que realmente le corresponda. Pero definitivamente me opongo a los enormes requisitos que existen para crear un partido. Son barreras para evitar la entrada de competidores lo cual sólo beneficia a los 3 "grandes". Y sobre todo a que ya no se permiten candidaturas independientes, sin la intermediación de partidos. Eso es un atentado a las libertades individuales. Tampoco me parece correcto que los ciudadanos independientes no puedan participar en politica opinando. Ya no se podrá criticar a nadie, aunque sea verdad lo que se diga. Estamos ante un retroceso en la democracia. La partidocracia se consolida y eso conllevará a que el resto de las cosas que están mal en el país (educación, pobreza, seguridad, corrupción, etc.) no se corrijan de fondo. Al tiempo.

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Nuestros políticos gustan de hablar una y otra vez de la transición española o, algunos de ellos, del régimen político francés, hablan de grandes reformas y siempre de la democracia liberal, pero, a la hora de tomar decisiones, terminan asumiendo un modelo cerrado, con fuertes acentos antidemocráticos y alejado de los sistemas español, francés o de cualquiera de los europeos que dicen emular.

Las reformas aprobadas van orientadas al peor de los mundos. Básicamente se concentra todo el poder en un grupo de partidos, pero al mismo tiempo se debilita al sistema en su conjunto: nuestra aún endeble construcción democrática está siendo comprometida seriamente con las medidas que se están adoptando. No es un problema de fórmulas, sino de establecer mecanismos que hagan eficiente la función pública, los procesos electorales y que de allí parte la legitimidad del sistema. No se está actuando así. Por ejemplo, el sistema electoral mexicano era (hasta que un grupo de políticos decidió lo contrario sin mostrar una sola prueba a favor de sus alegatos) uno de los más prestigiados del mundo: un sistema ciudadanizado, con un padrón confiable, con credencial de elector, listas nominales con fotografía, la participación en las jornadas electorales de más de un millón de ciudadanos que acudían voluntariamente a organizar los comicios, un tribunal electoral y una fiscalía especial. La calidad de la campaña la determinaban los participantes, los partidos, no las instituciones electorales que demostraron una y otra vez ser eficientes. Las tesis que hablan de malos manejos del IFE en cualquiera de los procesos electorales que le tocó organizar desde su ciudadanización completa en 1996, están vacías de contenido y jamás se han sustentado con pruebas. No se trata de una cuestión de fe o de no querer ver los satélites de Júpiter, como argumentaba ayer José Antonio Crespo, sino de los datos duros de cada una de las elecciones.

No nos engañemos: se acabará con la verdadera autonomía del IFE no porque se mostrara en una película publicitaria, aunque no se sepa de dónde salió, una boleta electoral sin doblar, sino porque esa institución castigó con multas de cientos de millones de pesos al PRI por el pemexgate, al PAN por Amigos de Fox y porque no permitió que López Obrador hiciera lo que quisiera en el proceso electoral. Y ahora el IFE amenazaba con multas millonarias a los partidos porque había descubierto que un tercio de los anuncios de radio y televisión que se utilizaron en la campaña de 2006 no fueron reportados por los partidos, sobre todo anuncios del PRI y de la coalición Por el Bien de Todos. Había que impedirlo. Era preferible arrojar por la ventana el agua con el niño y aprovechar la oportunidad para establecer mecanismos tales que nunca más permitieran que una institución electoral fuera realmente autónoma.

Ningún sistema electoral en una democracia es como será el nuestro después de que se establezcan las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en ningún país democrático se colocan tantos mecanismos de censura a los medios ni se dejan las faltas que se pudieran cometer en el terreno de la subjetividad; en ninguna democracia del mundo se establece un mecanismo de encuestas "oficial", que deberán respetar todos los encuestadores; en ningún país democrático del mundo se impide que personas físicas puedan contratar espacios para establecer sus opiniones sobre cualquiera de los candidatos; en ninguno se trata de reglamentar la llamada publicidad "negra", confundiendo ésta conscientemente con la crítica y, por lo tanto, limitándola. En las democracias, estadunidense o europea, lo que se sanciona (y nuestros códigos penal, civil y electoral también lo contemplan) es la difamación, no la opinión.

Pongamos un ejemplo, si se dice que López Obrador es un peligro para México, si se dice que Felipe Calderón es el candidato del continuismo o si se pregunta si usted le cree a Madrazo, ¿se trata de propaganda difamatoria? Si se dice que un candidato puede provocar con sus propuestas una crisis económica en el futuro, ¿es publicidad negra o una advertencia para que los electores no apoyen esas medidas? Si un grupo de ciudadanos quiere expresar su opinión sobre cualquiera de las plataformas en juego en una elección o acerca de los antecedentes de un candidato, ¿por qué no pueden hacerlo?, ¿desde cuándo la libre expresión es una prerrogativa absoluta de los partidos políticos? Se habla de que hay que privilegiar las propuestas, ¿qué ocurre entonces cuando una propuesta puede resultar atractiva electoralmente, pero descabellada en términos reales? Si un candidato dice que podrá recortar el presupuesto en cien mil millones sólo reduciendo salarios de altos funcionarios, ¿cómo se hace para decirle que eso es mentira?

Cualquiera ha leído cómo todos los periódicos importantes de Estados Unidos hacen explícita, en editoriales institucionales, su opinión sobre quién consideran el mejor candidato en unos comicios. En los más recientes, la mayoría apoyó a Kerry y ganó Bush. No pasó nada. En la España que dicen imitar, El País siempre ha apoyado al PSOE y, en las pasadas elecciones, el ABC, El Mundo y La Razón, al PP. Nadie impugnó los comicios por ello. En todo caso, cambiaron de periódico.

Lo más grave es que el sistema que se está planteando no es operativo, no servirá, porque, como siempre, cuando se quiere controlar todo no se controla nada. ¿Cómo hará el IFE para tener control sobre todas las emisoras de radio, canales y repetidoras de televisión, los sistemas y canales que vienen del exterior, todos los medios impresos, incluidos, dice la ley, carteles, folletos y trípticos? Se ha plasmado el sistema electoral más antiliberal posible y el más ineficiente. Desgraciadamente parece ser un adelanto de lo que resta de la Reforma del Estado.

Jorge Fernández Menéndez

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He dejado de creer en la legitimidad de los partidos políticos desde hace ya algunos años. Quedó atrás la época en que se podían ejercer con libertad los ideales políticos en estas organizaciones.

Si bien debo reconocer, en sus orígenes, algunos rasgos de valía para su existencia, la vida actual de los partidos políticos parece más ocupada de cuestiones coyunturales que de un auténtico afán por mejorar el País.

La Constitución determina, contrario a lo plasmado en su capítulo de garantías individuales, que son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes pueden acceder al poder. Así, y con la fortaleza presupuestal que han adquirido los partidos desde 1997, son ahora la única aduana para acceder al poder popular.

El problema de esta aduana es múltiple. Se ha convertido en una garita compleja, voluble, imprecisa y cambiante. Una puerta sin entradas ni salidas claras. Es difícil obtener pasaporte con ellos. Los partidos menosprecian la participación espontánea de los ciudadanos y se premia la interesada.

También las reglas de ascenso en la organización política están supeditadas a principios tan informales como las relaciones, la amistad, la posibilidad de un puesto público futuro y, en algunos casos, hasta la estética del candidato.

Estas aduanas hoy se han vuelto un búnker, pues son los partidos políticos y no los legisladores los que han hecho de la última reforma electoral su agasajo. Con ella se han blindado al escrutinio, echando la culpa a los intereses de los medios masivos de comunicación. Lograron su cometido: quedarse con el presupuesto del IFE y hasta con el mismo Instituto, sin darle cuentas a nadie.

Recorrer los postulados actuales de los partidos políticos es una verdadera pesadilla. Los planteamientos de los tres más importantes institutos políticos son coherentes en su exposición, pero muy cuestionables en su práctica. Como siempre es más fácil diseñar misiones y objetivos que ponerlos en práctica.

¿Qué ha provocado esta distancia entre los postulados partidistas y su ejercicio auténtico? Encuentro varias razones. Primero, la falta de comprensión de la práctica del gobierno. El ejercicio de la autoridad le genera muchas ilusiones al partido en campaña. Estos sueños consideran posible un plan de gobierno que incluya sus creencias y las de su partido. Se topan después con los operadores del gobierno, la burocracia y los grupos de interés. Pierden fácilmente de vista lo esencial de gobernar y terminan presos de la urgencia en las administraciones públicas, olvidando el objetivo básico de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus gobernados.

Segundo, la lenta pero contundente captura del gobierno por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos, no la sociedad, son los que determinan la colocación de funcionarios de primer y segundo nivel en muchos municipios y estados. La mano invisible de los institutos políticos está ahí. A veces con urgencia, a veces con maldad. Este "préstamo para que cuando yo llegue al poder te recompense con otro puesto" está minando la autonomía de la autoridad y alejando al gobierno de sus gobernados.

En este contexto se sitúa la reforma electoral aprobada por todos los partidos en beneficio, claro, de ellos y de su capacidad de seguir siendo aduanas y cotos de poder frente a la necesidad de visualizar un mejor país.

La reforma despierta posiciones encontradas. Se ha abierto la puerta a la partidocracia, se argumenta. Es cierto, pero la partidocracia no es un mal en sí mismo. Sin embargo, lo es desde el punto de vista de su origen.

En México, esta partidocracia nace con institutos políticos débiles ideológica y prácticamente. No con las ideas forjadoras de un mejor país, sino con las de mantener repartido el acceso a puestos públicos.

Estamos lejos de tener una partidocracia virtuosa, donde los partidos luchen por posicionar sus ideales y llevarlos a plataformas de campaña, pero que además constituyan mecanismos de autocrítica, rendición de cuentas a la sociedad e incentivos para impulsar un mejor desarrollo del País, aunque se pierdan elecciones.

Sólo así puede convertirse la partidocracia en un buen sistema electoral.

Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx

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Todos sabemos dónde inicia la censura, pero nadie puede decir cómo y cuándo terminará. Esta vieja sentencia se acaba de cumplir una vez más. La clase política empezó censurándose a sí misma al elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Pero la prohibición ha ido mucho más allá: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular" (artículo 41 de la Constitución). De ese modo, se ha cercenado el derecho de los ciudadanos a hacer política y participar en las contiendas electorales. No hay ningún argumento sólido para impedir que una agrupación de ciudadanos, un sindicato o un colegio de ingenieros manifiesten sus ideas y hagan proselitismo. Sobre todo si alguno de los candidatos o partidos atenta contra sus intereses o convicciones.

Se lesiona también el derecho de los ciudadanos en general a estar informados en un momento crucial: el de la elección de las autoridades y de sus "representantes". La prohibición de las campañas negativas cancelará la crítica y el debate entre los partidos y los candidatos. Cualquier opinión en contra o cualquier información sobre ineficacia o malos manejos podrá tipificarse como campaña negra. De ahora en adelante seremos bombardeados con propaganda cursi y edulcorada. Sobra decir que la nueva disposición contraviene abierta y explícitamente el artículo 6 de la Constitución que establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público... el derecho a la información será garantizado por el Estado".

La otra cara de la contrarreforma es la defenestración de los consejeros y la elección del nuevo presidente del IFE. Ambas medidas vulneran la autonomía de ese organismo. La primera, porque jamás se fundó en un dato u argumento racional que justificara el despido de Luis Carlos Ugalde y sus compañeros. La segunda, porque dejó intacto el mecanismo de su selección: el cónclave de los tres grandes partidos elegirá a quienes mejor les parezcan y les convengan. El proceso de selección es ahora más oscuro que antes. Pero además, el precedente sentado es nefasto. La nueva presidencia del IFE nace con el sello de la partidocracia. La advertencia es muy clara. Quienes despiden y contratan son los diputados del PRI, el PAN y el PRD. Si los consejeros quieren permanecer en sus puestos deberán estar atentos y ser condescendientes con sus patronos. De otra manera, serán expulsados por la puerta grande o por la chica.

Y es que ahora, además de la puerta grande que se usó en este caso, las reformas de la Constitución y el Cofipe, se está diseñando una puerta chica. Todo indica que el nuevo código electoral incluirá el siguiente precepto como causal de remoción de los consejeros: "Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar". El responsable de hacer semejante evaluación será el contralor general del IFE, que será electo (nótese muy bien) por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por las universidades públicas. Pero las maravillas no terminan allí. En caso de que el contralor decidiera emprender una investigación sobre los consejeros integrará un expediente que turnará (nótese muy bien) al presidente de la Cámara de Diputados para que ésta determine si se cometieron infracciones graves e imponga las sanciones correspondientes. El candado se cierra así de manera definitiva y perversa. Los consejeros quedan a merced de los diputados, es decir, de los tres principales partidos políticos.

Lo más grave del caso es que esta contrarreforma está siendo consensuada y pactada entre PRI, PAN y PRD. Los tres se pusieron de acuerdo para vulnerar la autonomía del IFE, para someter a los consejeros a su férula, para violar el derecho a la libertad de expresión y para atentar contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. La larga marcha de las reformas electorales en México desde 1978 tuvo siempre un rasgo distintivo: abrió paulatina pero positivamente espacios para las oposiciones y para las libertades ciudadanas. El impulso fue más acusado entre 1989 y 1997. El eje de esa transición democrática fue la construcción de un organismo autónomo, profesional e independiente que organizara y vigilara los procesos electorales. Los principales beneficiados fueron los partidos de oposición. La alternancia política no cayó del cielo. Ese ciclo, por desgracia, se cierra ahora con una contrarreforma de gran calado que atenta contra derechos consagrados en la Constitución.

Las responsabilidades en esta triste historia no se pueden repartir en forma equitativa. El PRD fue durante años el tercero en discordia. No es, por lo demás, un partido de formación ni de convicción democrática. Su crítica del IFE viene desde el inicio de la campaña del 2006 y antes, por decisión de Pablo Gómez, se mantuvo al margen de la elección de los consejeros del IFE. No resulta extraño, por lo tanto, que haya impulsado y avalado la contrarreforma electoral. El PRI se encuentra en una situación ambigua. Las reformas más importantes las decidieron presidentes priistas. Desde López Portillo hasta Ernesto Zedillo la tónica fue abrir espacios. Pero enfrentaron siempre a corrientes reacias y conservadoras. Esas que denunciaron a Colosio y Salinas de Gortari por reconocer las victorias de la oposición y que más tarde se quejaron de la traición de Ernesto Zedillo. El temple autoritario y conservador de los priistas no exige pruebas ni documentación, está a la vista y explica por qué impulsaron y apoyaron esta contrarreforma.

La gran decepción en esta historia son Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. El primero ganó con el voto y la movilización de millones de ciudadanos que rechazaban el autoritarismo y el populismo de López Obrador. Algunos de ellos se jugaron el todo por el todo en esa elección. El segundo se ha definido como un partido democrático desde su fundación. ¿Cómo entender ahora que se hayan sumado a esta contrarreforma? ¿Dónde están los místicos del voto y los defensores de las libertades ciudadanas? Manuel Gómez Morín debe estar revolcándose en su tumba. Otro tanto le debe ocurrir al mentor del presidente de la República, Carlos Castillo Peraza. Ése jamás fue su proyecto ni su legado.

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"Los acuerdos políticos viables son los que se logran en un momento determinado, aunque sean parciales", me decía un legislador ante mi pregunta sobre por qué no buscaron una reforma electoral más amplia, que graduara a México en este tema para seguir construyendo un mejor país en otros temas.

Con el suspiro de que esto fue lo que se pudo sacar, y vaya que fue complicada y difícil la negociación, nos deja a nosotros, los ciudadanos no legisladores, un sentimiento de que fue un paso en la dirección correcta, pero apenas uno de los muchos que tenemos por recorrer.

Lo mismo podemos decir de la minirreforma fiscal también aprobada recientemente. ¿Sólo un paso? "No se logró todo lo que se quería, pero es un paso importante", me dice también nuestro representante.

Pero no sé si me convence que me digan que vamos en la dirección correcta con estos pequeños pasos. Más bien me parece que nuestros legisladores y el Ejecutivo han avanzado en sus propias direcciones quizá correctamente, pero no en la dimensión que nuestro País requiere.

Encuentro al menos dos características en ambas minirreformas que las hacen ver más como un avance menor frente a lo que nos hace falta. Primero, ambas son sólo reformas que vieron los intereses de corto plazo; y, segundo, ninguna avanza en combatir las verdaderas causas de su necesidad.

Para muestra dos botones. El primero: durante los dos últimos años y sin reforma fiscal, México fue capaz de aumentar 2 puntos porcentuales del PIB su recaudación. La razón es económica, recaudamos más simplemente porque la economía creció y esto generó mayores tributos. Sin embargo, no se ve un crecimiento económico en los próximos dos años como los que vivimos, y en este sentido la reforma fiscal es un paliativo menor.

El segundo ejemplo lo muestra el pequeño paso de la reforma electoral. Qué bueno que ahora todos los calendarios electorales locales se juntarán a partir del 2009 al primer domingo de julio, pero sigue habiendo en promedio 10 elecciones cada año sin contar con las federales cada tres. Es decir, avanzamos algo, pero no lo suficiente. Si queríamos tener años de paz electoral que permite a la economía desahogarse y no vivir a expensas de las elecciones, no los obtuvimos.

Idealmente podríamos pensar en tener sólo elecciones el mismo día cada tres años para renovar legislaturas y gobiernos locales, pero como ahora habrá estados con periodos municipales de cuatro años como Coahuila, a partir de 2013, pues ya no se podrá.

Ni hablemos de la reelección de legisladores y alcaldes, un tema que no pudo ser convenido por ahora y que ni siquiera está siendo considerado en la famosa Reforma del Estado que en enero deberá nacer. Esta ausencia no nos ayuda a la profesionalización y la rendición de cuentas de las administraciones públicas y tareas legislativas.

Esta reforma electoral constitucional, aprobada ya por la mayoría de las legislaturas locales, revela más intereses de corto plazo que una verdadera voluntad de mejorar nuestra democracia.

La mini reforma electoral como todos sabemos no le quita un solo peso al presupuesto de los paridos políticos para su operación diaria. Lo que sí hizo es que les quitó algunos cheques que ya tenían nombre de beneficiario en los medios de comunicación masivos.

El costo de nuestra partidocracia es enorme. El tamaño de fondos con los que disponen anualmente los partidos políticos en México es aproximadamente de 3 mil millones de pesos, más o menos el equivalente a hacer dos Fórums por año (descontando obra urbana).

Algunos analistas de nuestro sistema político argumentan que es bueno que partidos políticos dispongan de estos recursos públicos porque los incentivos para obtenerlos de manera informal son muchos. Correcto, pero qué hay de representar legítimamente los intereses de la sociedad.

Debemos reconocer, sin embargo, que esta reforma al financiamiento de las campañas, a la estructura del IFE y a las capacidades del Trife tiene un beneficiario directo y no fueron los legisladores. Fueron los partidos políticos, no todos, sólo los grandes, pero en esta ecuación no está la sociedad ni su democracia incluida.

Tanto en lo fiscal como lo electoral estos acuerdos le salen debiendo a México. Los economistas llaman a este tipo de reformas "acuerdos de equilibrio menor". Es decir, los incentivos hoy de nuestro sistema político permiten este tipo de resultados. Acuerdos legislativos del mínimo esfuerzo. Un compromiso por el menor sacrificio.

Padecemos un pluralismo político sin resultados porque hemos tolerado un sistema electoral que ha mimado a los partidos grandes, menospreciado a los partidos pequeños y cerrado la puerta a las aspiraciones políticas de los mexicanos sin partido.

Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx

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"¿Qué defienden: el país del spot y los ratings o el derecho de los ciudadanos a obtener información que sirva para orientar sus decisiones?"
Guadalupe Acosta Naranjo, PRD


En el debate del 11 de septiembre sobre la reforma electoral, la Senadora del PRI María de los Ángeles Moreno afirmó que con la nueva legislación se eliminaría la cultura del spot y se promoverían campañas de más fondo. Ya no se discriminará -dijo- a candidatos por ser feos o por tener mala voz.

El 12 de septiembre, Alejandro González Yáñez del PT aseveró que la nueva ley impedirá la "espotización" de la política; el sistema anterior no "ofertaba (sic) ideas", sino que convertía a los candidatos en meros "productos de mercadotecnia política". La nueva legislación, dijo, privilegiará el debate de altura y el intercambio de ideas.

Tan atractivo resultó el concepto que lo adoptó el diario La Jornada, que ayer editorializó en su cabeza principal: "Sepulta el Senado la dictadura de los espots". La verdad, sin embargo, es que la reforma le está dando rango constitucional a la dictadura del spot.

Quizá los senadores no leyeron la iniciativa, como el año pasado cuando Pablo Gómez y los diputados del PRD reconocieron que no leyeron la Ley de Radio y Televisión que aprobaron por unanimidad. Pero quienquiera que se tome la molestia de examinar las enmiendas verá que éstas no sólo promueven, sino que obligan a la "espotización". Una de las mayores víctimas de la nueva ley será el debate de las ideas.

El que los partidos no paguen a los medios electrónicos por los tiempos de propaganda política no va a elevar el nivel de la propaganda. Los partidos y candidatos en campaña tendrán que compartir de 2 a 3 minutos por hora de forma gratuita, pero en ese espacio sólo podrán ofrecer spots.

Si quieren tocar temas de fondo, no podrán contratar tiempos más prolongados, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en la campaña del 2006. El entonces candidato perredista compraba media hora diaria en TV Azteca y contrató, además, tiempos largos de medios para explicar en detalle sus propuestas económicas y sociales. Hoy esa opción queda constitucionalmente cancelada. Los 2 a 3 minutos por hora que se arrebatarán a los medios no vuelven inevitable la "espotización".

Peor aún. En la campaña del 2006 los análisis y debates a fondo se llevaron a cabo en programas de las barras de opinión de las televisoras, como "Zona abierta", de Héctor Aguilar Camín y "Tercer grado", de Televisa, o "La entrevista con Sarmiento", que yo conduzco. El futuro de estas barras, sin embargo, queda ahora en tela de duda, porque sus recursos provenían en buena medida de la publicidad política que ahora quedará prohibida. Si estos programas desaparecen, o se ven limitados, los spots serán la única opción para presentar ideas de fondo.

Ni siquiera los programas de debate televisado de media hora que actualmente produce el IFE y que conduce Guadalupe Juárez sobrevivirán. El nuevo artículo 41 de la Constitución sólo plasma la asignación de tiempos electorales de 2 a 3 minutos por hora entre las 6:00 y las 24:00. México tendrá el dudoso privilegio de ser el único país en detallar en la Constitución minuto a minuto los tiempos de propaganda electoral y en prohibir en tiempos oficiales los programas de análisis de fondo.

Paradójicamente, si las tan vilipendiadas empresas de medios no ceden generosamente más tiempo a los partidos del que éstos les quitaron a la mala, las futuras campañas políticas se verán necesariamente reducidas a simples guerras de spots. Los debates entre candidatos sólo podrán realizarse en abonos chiquitos de 3 minutos, a menos de que los partidos les pidan el favor a las televisoras y radiodifusoras.

Por otra parte, como las nuevas normas constitucionales prohíben las campañas "denigrantes", los partidos se verán obligados a limitar sus spots a simples enumeraciones de promesas o a esos autoelogios a los que nos han acostumbrado los anuncios del sector público. Los candidatos se unirán al coro de los grillos que hoy nos dice que contamos con los mejores diputados, senadores, jueces y funcionarios del mundo.

Ya hoy los partidos, el Congreso y el Gobierno tienen problemas para llenar los tiempos públicos. Hace algún tiempo, Convergencia cubrió uno de sus espacios de radio de 5 minutos con una simple repetición interminable de su cancioncita "Naranja, Naranja". El PRD a veces mete viejos discursos de López Obrador. El Senado se ha hartado de decirnos que "A Patricia ya no la volverán a golpear", cuando todo el mundo sabe que la siguen golpeando. La situación empeorará cuando se tripliquen los tiempos oficiales en horarios estelares.

Pero, en todo caso, los 2 ó 3 minutos constitucionales sólo podrán llenarse con spots. Los partidos están cerrando las puertas al debate de ideas. Y lo peor de todo es que lo están haciendo en la Constitución.

Concesiones
La reforma electoral ha dejado claras las reglas para los servicios concesionados en nuestro país. De ahora en adelante, en tiempos de campaña, los bancos tendrán que dar crédito sin cobrar intereses a los candidatos. Las aerolíneas dejarán el 30 por ciento de sus asientos para uso gratuito de los políticos. Y los aserraderos entregarán un tercio de su madera a los partidos.

Sergio Sarmiento

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La partidocracia se consolida a cambio de 3 cacahuates. Ahora los partidos son aún más poderosos, con menos límites. Y la seudo reforma fiscal no es más que una miscelánea grandota, que sigue enfocándose en los que siempre pagamos.





Cartón de Paco Calderón publicado hoy en distintos medios.

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El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.

No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.

Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.

Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.

La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.

Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.

Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.

Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.

México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.

Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.

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Hace una semana discutíamos la ausencia de razones para decapitar a los consejeros del IFE. De pronto, brinca una iniciativa para prohibir cualquier contratación directa de propaganda por parte de los partidos en los medios masivos de comunicación. Con gran habilidad, los medios presentaron la resistencia a la remoción en el IFE como parte de un rechazo total a la reforma. Otros involucrados utilizaron el rechazo a la remoción para enredar más el asunto: los que se resisten a la remoción apoyan a los medios. Se trata de una auténtica afrenta al sentido común y una ofensa a quienes defendemos la inamovilidad de los consejeros.

Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a la nación. ¿Necesita México una reforma fiscal? Sí, es la respuesta, urgente. ¿Necesita una reforma política? Sin duda. Pero entre las dos hay una diferencia no menor: de la fiscal depende la prosperidad de decenas de millones. La reforma política atañe a los básicamente intereses de las cúpulas partidarias. Condicionar la una por la otra es perder el sentido de prioridad nacional.

El actual esquema electoral administró exitosamente la elección del 1997 y la del 2000. Todos conformes. En la del 2006 uno de los actores políticos se encargó de sembrar todas las dudas posibles. Hoy alrededor de 30 por ciento de la población cree que en el 2006 hubo fraude. Ese simple hecho avala la necesidad de la reforma. Pero momento: ¿cuándo se planteó que la remoción de los consejeros era parte central de la solución? La propuesta surgió de los pasillos del poder. Las razones o argumentos públicos brillan por su ausencia. Curiosamente no se modifica el mecanismo de designación: sigue siendo un territorio exclusivo de los partidos. Allí está la deformación de origen.

Confundir daña a México. Insisto: ¿por qué se condicionó la reforma fiscal a la política? ¿Cuál es el trueque? ¿En qué momento las cabezas de los consejeros fueron materia de canje? ¿Qué tiene esto que ver con cómo incrementar la recaudación? Y, finalmente, ¿qué tiene todo lo anterior qué ver con la prohibición de contratar propaganda política en los medios? El revoltijo es profundamente perverso.

Vamos por partes. Se puede estar a favor en lo general de la reforma fiscal, en lo general a favor de la reforma política, pero tener puntos de divergencia. Por ejemplo, la reforma política plantea la necesidad de prohibir la propaganda "negativa". ¿Quién va a regular el uso de las ideas, no estaremos en el fondo erigiendo una nueva Inquisición? Para eso están la calumnia y difamación en su modalidad civil.

Otros ejemplos. Bienvenido el uso de los tiempos oficiales, por fin. Bienvenida la regulación del uso excesivo de los medios, y la promoción personal con dineros públicos. Pero la prohibición es un nuevo candado que también queda indirectamente en manos de los partidos. Prohibir resulta el otro extremo. Siguiendo el sexto constitucional cualquiera debe tener el derecho de transmitir sus ideas por los medios. Van tres prohibiciones. La argumentación prohibitiva no contempla que la radio, rama que sería la primera afectada, ha contribuido notablemente a la información y politización de la sociedad mexicana. Que Televisa y TVAzteca lleven una porción importante no explica la miopía de principios. Los domina el odio. Confundir daña.

Ojalá se abra una nueva cadena nacional, pero no caigamos en la versión de los cangrejos: hundir al competidor para trepar nosotros. En un país con cerca de 100 mil poblados con menos de mil habitantes, los medios nacionales y, sobre todo, los locales han sido centrales. El avance en la politización es inexplicable sin los medios. Por qué irnos a los extremos, se puede regular la contratación con fondos públicos; que se usen los tiempos oficiales. Salir del despilfarro televisivo no supone coartar una libertad. Eso es, por lo menos, falta de imaginación. Por cierto, qué tiene que ver la remoción de los consejeros en todo este embrollo. Nada. Confundir daña.

Por qué no separar los asuntos. El revoltijo sólo beneficia la truculencia. La CETU, ITU o como termine llamándose, no tiene nada que ver con la necesidad de un relevo programado y sistemático de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal que también entraron al trueque. La CETU o ITU no tienen nada que ver con la contratación de tiempos en radio y televisión. Los excesos son evidentes, pero si por los excesos nos regimos, entonces, habría que prohibir los automóviles por todos los accidentes imprudenciales o el uso de ciertas medicinas por la misma razón.

Cerrar las puertas a los nuevos partidos; perseguir las campañas "negativas"; prohibir el uso de los medios y correr a los consejeros y magistrados, ése es el corazón de la propuesta actual no la que dicen que viene en la mesa 44. No hay ni una reforma sobre ellos mismos. Olvidan su brutal descrédito. Los recursos que les quitan al uso de medios los trasladan a sus propias arcas. Serán gastados de otra forma. ¿Qué gana el ciudadano?

Ni reelección en presidencias municipales, diputaciones o senadurías, prohibición a las candidaturas independientes, más presupuesto para las burocracias, vaya avance. Acreditar la actual propuesta de reforma electoral -antiliberal, contraria a la fortaleza e independencia de las instituciones y mañosa- por la esperanza de la mesa 44 es caer en los engaños de la burocracia partidista. Aquí estamos, a 11 de septiembre, sin la urgente reforma fiscal que necesita el país y discutiendo obsesiones y caprichos. Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a México.

Federico Reyes Heroles

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La política suele atropellar una tarea esencial de la inteligencia: el deber de discernir. Separar lo que es distinto; distinguir lo uno de lo otro, advertir la diferencia entre cosas que parecen la misma. Mientras la razón llama a separar, a deshilar una madeja de cuerdas enredadas, las simplificaciones de la política sugieren reducir la complejidad en opciones binarias. Bueno-malo; propio-ajeno; válido-dañino.

Ésa es la presión hoy para evaluar la propuesta de reforma electoral. El objetivo es sintetizar una propuesta en un adjetivo rotundo que sirva para perfilar una acción: promover u objetar. Vale el esfuerzo resistir esa tentación del calificativo concluyente y buscar los denominadores múltiples y contradictorios de una iniciativa importante.

Advertiría una marca esencial en la propuesta. La coincidencia que le da origen delata el interés común de los tres grandes partidos de protegerse frente a quienes tienen por enemigos. Se golpea a los partidos pequeños, se estorba aun más la aparición de nuevas organizaciones, se formaliza la prohibición de candidaturas independientes, se interviene al árbitro, se rompe el financiamiento electoral a los medios. Se abaratan las contiendas, es cierto, pero no se lastima económicamente a los partidos grandes. Los partidos incluso instauran en la Constitución el deber de los contribuyentes de mantenerlos.

Elegante medida: la inversión en educación caerá en el vaivén de las negociaciones anuales, pero, eso sí, las remesas a los partidos estarán a salvo. No lamento que se limite el espacio de los pequeños partidos que han sido, todos, un gran fiasco. Lo que parece preocupante es que quede sellado un sistema de partidos que necesita oxígeno. Se trata, en efecto, de una reforma de la partidocracia para reforzar ese régimen.

Se pretende constitucionalizar el paternalismo que se asomó judicialmente en las elecciones pasadas. La iniciativa prohíbe "denigrar" a las instituciones, a los partidos y a las personas. La propuesta es un grave atentado a la libertad de expresión, un atentado, en consecuencia, al debate libre. Los promotores de esta iniciativa imaginan un debate en donde ninguno de los candidatos se atreva a empañar la imagen pública de sus contrincantes. ¿Qué debate es aquel donde es ilícito resaltar los aspectos negativos del adversario? Gravísimo retroceso que parte de un entendimiento erróneo de lo que sucedió en el 2006 y que ha puesto énfasis en la llamada "guerra sucia," como clave para entender el desenlace de julio.

Para tener una democracia auténtica, nos dicen, hay que eliminar los ataques para instaurar un ágora de discusiones cerebrales, donde imperen las propuestas y las ideas. Alegato provinciano que no se ha enterado de la rispidez y la emotividad de toda campaña política. Las estrategias negativas son un elemento esencial del debate político. Son apuestas, esto es, decisiones con riesgo, que ofrecen información valiosa a la ciudadanía. Si se cree en la capacidad de los ciudadanos para evaluar el actuar político, debe dejársele a ellos juzgar el mérito de las denuncias o el ataque.

El relevo escalonado de los consejeros electorales es una medida sensata. El órgano se iría reconfigurando de manera lenta, combinando experiencia y renovación. Lo que resulta grave es que los partidos políticos castiguen al órgano electoral a través de la remoción. El árbitro que debe elevarse por encima de las disputas partidistas se convertiría en moneda de cambio, en pieza de subasta.

También se pueden apreciar elementos positivos en la iniciativa. La reducción de los tiempos de campaña es uno de ellos. Si la iniciativa prospera tendremos contiendas presidenciales más breves, campañas notablemente más cortas y más baratas. También me parece valioso regular el sentido de la propaganda oficial. La publicidad de los órganos públicos no podrá contener nombres o símbolos que supongan promoción personal. Podría ponerse fin a esa práctica grotesca que nos ha inundado en fechas recientes: alcaldes, gobernadores y presidentes dilapidando las arcas públicas elogiándose en los medios. El cambio es un avance, pero es insuficiente. El derroche se muestra igualmente en campañas institucionales tan anodinas como la del Senado que sigue teniendo permiso para bombardearnos con su cursilería.

Lo más positivo en la propuesta sería la modificación del vínculo entre partidos y medios. Se ha divulgado que los partidos dejarían de contratar por sí mismos anuncios y "spots". Los partidos difundirían su mensaje a través de los tiempos oficiales del Estado. Se trata de terminar con la perversa conexión entre partidos y medios que ha conformado un extraño gravamen. Existe, en efecto, un impuesto electoral que extrae recursos de los contribuyentes para transferirlos, a través de los partidos, a los bolsillos de los medios. Es razonable que en tiempos de campaña se empleen los espacios del Estado mexicano como plataforma de difusión de los partidos.

Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com

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Los partidos tradicionales -PRI, PAN y PRD- parecen haber llegado a la conclusión de que hay que remover a algunos o a todos los consejeros electorales. Las razones parecen ser tan obvias que nadie las dice con detalle, y nos dejan suponer que los motivos tienen que ver con el proceso electoral del 2006, cuando en realidad todo tiene mayor sustento en la coyuntura. Esos partidos alcanzaron sus acuerdos y cuando parecía que todo se iba a resolver de un plumazo, se cruzaron tres eventos que podrían salvar al Consejo General de su remoción.

En primer lugar, parece que han empezado las traiciones dentro del grupo de los tres. Los sólidos acuerdos que parecían existir sobre los tiempos y rutas de la reforma electoral y la fiscal se han entrampado, y sin duda un factor son los impuestos. Con esto se ha ampliado el espacio de maniobra y acción de los consejeros. En segundo lugar, Luis Carlos Ugalde lanzó una ofensiva mediática buscando elevar el costo político de su remoción colocando en la discusión el tema del daño institucional ante su eventual salida. Esta ofensiva empezó a tener algún impacto, pero realmente se catapultó cuando se hizo pública una de las partes más interesantes de la reforma: la restricción a contratar directamente a medios masivos por parte de los partidos. En ese instante, varios medios abrazaron la ofensiva de Ugalde para, aprovechando el viaje, golpear los intentos de modificación de la ley electoral. En tercer lugar, un grupo de notables personajes firmaron un desplegado cuestionando, con bastantes fundamentos, la remoción de los consejeros y consejeras y apuntaron a la importancia de mantener autónomo al IFE.

Así que después de haber estado en el abandono y olvido político, el IFE ha recibido el apoyo de los conflictos entre los partidos, de las televisoras y radiodifusoras con sus intereses vulnerados y de un grupo de intelectuales. Y sin embargo, la discusión de más fondo sigue ignorada. El centro del debate debiese ser la forma, la manera en la que el Consejo General es electo y, por ende, la gran cantidad de compromisos que les acompañan, lo que vulnera su autonomía de facto. Si la propuesta de removerles no viene acompañada de una sensible transformación del mecanismo de elección, no servirá de absolutamente nada obtener estas renuncias y el costo que pagarán los partidos tradicionales será sólo para tratar de tener mayor control sobre las elecciones y no menos.

Hoy, si uno quisiera ser consejero, el primer paso -y casi único-, sería el de conseguir el apoyo incondicional de algún partido. Eso es todo lo que se requiere para llegar. Bueno, eso y no ser vetado por otro partido. Todos queremos una autoridad electoral en el 2009 que no sea cuestionada a cada paso que dé, cuyas decisiones sean respetadas, por controversiales que sean. Pero nada garantiza que el siguiente consejo, electo por estos partidos, logre eso. La tragedia es que, en medio de si los consejeros se van o no, hemos perdido de vista la discusión más amplia y relevante. Esa discusión que nos coloca frente a una reforma que sí le reduce el presupuesto a los partidos, pero se los baja más a los minoritarios. Es una reforma que sí limita el acceso a medios, pero que lo hace con una gran inequidad. Es una reforma que atiende la distorsión electoral de las coaliciones, pero deja sin muchas herramientas la construcción de frentes políticos, que son absolutamente legítimos. Esta reforma da pasos importantes y hasta audaces en varios sentidos, pero se ha quedado absurdamente estancada en las personas que ocupan unos cargos.

La salida de los consejeros sólo se explica y se sostiene en el marco de una reforma electoral integral, inteligente y progresista, una que no excluya ni que coloque en franca desventaja a los participantes políticos. Que nos ayude a resolver asuntos del pasado y también nos coloque en el futuro. México es diverso y plural, y su sistema de partidos debe reflejar esa realidad. Quitar a este consejo por consigna no ayuda a resolver el problema de la democracia mexicana ni del funcionamiento de su institución, y mucho menos si no se cambia de fondo el formato de selección. Pero lo que es un hecho es que en este debate ya se cruzaron demasiados intereses y anuncia una derrota más para los idealistas.


Luciano Pascoe Rippey
http://lucianopascoe.spaces.live.com/

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Una marca de alimentos decide que su publicidad televisiva privilegie el color verde. Un cantante usa corbatas amarillas. Una telenovela utiliza como fondo musical la canción "Azul" de Agustín Lara. Éstos y otros muchos ejemplos menos inocuos, ¿serían considerados como una publicidad ilícita por la nueva legislación electoral? Claro que no, pero hago votos porque la discursión legislativa sobre la reforma electoral que tendrá lugar esta semana tenga sumo cuidado en no arrojar el agua de la libertad con todo y el niño de la democracia fuera de la tina nacional.

Hay mucha hipocresía en los corrillos políticos en torno al papel que jugaron los medios en las pasadas elecciones. López Obrador -que se presenta como el principal agraviado- tuvo a su disposición cámaras y micrófonos en una precampaña que comenzó el día en que tomó posesión como Jefe de Gobierno del DF. Pedir que lo dieran "por muerto" era la señal perfecta para darlo por vivo, y esa atención espontánea siguió hasta las postrimerías de la elección.

Es verdad que se utilizó profusamente publicidad "negativa" en su contra, sobre todo aquella que lo señalaba como un "peligro para México". Pero, al margen de lo habitual que ese tipo de publicidad es en toda democracia moderna, ¿qué otra cosa había hecho él, sino advertir desde la tribuna de su poder (y utilizando a menudo los recursos públicos), la vasta conspiración de "la derecha" contra México? La "derecha" -definida por el propio líder máximo de la izquierda como todo aquel grupo o persona que se le opusiera- no era sólo "un peligro para México": no era México, no es México, es el anti-México.

Finalmente, más pronto cae un hablador que un cojo: López Obrador acaba de declarar en Puebla que las Cámaras se han convertido... "en un peligro para México" porque las iniciativas que "discuten en tribuna representan un retroceso" y responden "a una agenda establecida desde el extranjero por el Fondo Monetario Internacional". ¿Existe alguna duda de cómo hubiese procedido con respecto a las instituciones, de haber triunfado en los comicios?

Con todo, al igual que sus adversarios, el señor debería estar en su derecho de usar la palabra "peligro" como le venga en gana, y cuantas veces le venga en gana. Creerle o no creerle es decisión de los ciudadanos. Si somos congruentes con los valores de una democracia liberal, en las campañas del 2009 y 2012 los partidos, partidarios, candidatos y ciudadanos deberían poder decir esas cosas, y cosas peores. Las opiniones políticas no deben ser delitos. Ésa es la esencia de la libertad. Usarla con responsabilidad es un arduo aprendizaje colectivo, pero no puede ser impuesto. El verdadero peligro en una democracia está en coartar la libertad de expresión. Por eso los dictadores le temen tanto.

Introducir, como propone la reforma del Artículo 41, el concepto de "denigración" como un valladar legal en defensa de las instituciones, los partidos y las personas, puede resultar incompatible con el Artículo 6 Constitucional sobre la libertad de expresión. Karl Popper, el gran liberal, abogaba por el establecimiento de una comisión interna de autorregulación en los medios, que se comprometiera a cuidar los contenidos agresivos en ciertos programas. Pero nunca abogó por una comisión reguladora en la política.

No es correcto que los partidos dispongan de los escandalosos recursos que ahora tienen. Tampoco que el poder económico decida la agenda pública. Acotar ambas cosas me parecería un acierto. Que el IFE medie en la compra de publicidad, me lo parece también. Sin embargo, puedo pensar en un escenario en el que la modificación propuesta podría volverse contra nuestro sano desarrollo democrático.

De aprobarse la reforma en sus términos actuales, ningún grupo (un nuevo movimiento ciudadano, una ONG) podría defender en el futuro sus puntos de vista (o criticar el de otros) en espacios que no sean los noticieros o programas similares, lo cual atizaría la susceptibilidad con respecto a éstos, inhibiendo la libertad. El problema no es insoluble: requiere creatividad y buena fe.

Si en verdad les importa comunicar de manera cabal e inteligente sus ideas, sería aconsejable que los diputados y senadores estudiaran los intensos debates que ahora mismo está llevando el Partido Demócrata en Miami. Como vehículos de comunicación política para el elector, estos debates son más eficaces que las campañas publicitarias. Porque si algo faltó en el 2006 fueron precisamente debates auténticos, no ese par de rígidas y solemnes pantomimas que tuvieron lugar y que sin embargo jugaron un papel decisivo para normar el voto público. Los debates entre candidatos deben ser obligatorios. Su formato y contenido debe ser objeto de una intensa discusión pública y una reglamentación apropiada.

Los debates por televisión pueden ser la mejor clase de democracia, tolerancia y civilidad para el elector mexicano, la demostración palpable de que las personas pueden diferir en asuntos esenciales pero que esas diferencias no tienen por qué traducirse en actos de violencia.

Enrique Krauze

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La telecracia y la partidocracia están de pleito. Ambas partes atacan al oponente con argumentos ciertos, pero sólo los que les convienen. No caigamos en su juego. La partidocracia nos quiere recetar una seudo reforma electoral que sólo hará más fuerte el poder de los partidos. Y la telecracia, usando a la autonomía del IFE como ariete, quiere evitar que le cancelen el negocio que cada año tienen por las campañas electorales. Una guerra de intereses particulares. Ataquemos a ambos bandos.

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No, porque hasta el momento no se ha esgrimido ningún argumento serio ni legal para destituir al Consejo General del IFE. De haber irregularidades y faltas, se debería abrir un juicio político contra todos o algunos de los consejeros. Habría que fincarles responsabilidades, iniciar un proceso y otorgarles el derecho a comparecer y defenderse. De otro modo, la iniciativa de remoción opera bajo una lógica estrictamente política. Los partidos dictaminan lo que quieren y cómo lo quieren. No hay por encima de ellos autoridad o árbitro que valga. Pero lo hacen, además, sin ningún sustento ético o racional.

No, porque si algo se temía de la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador era justamente que se lanzara contra las instituciones autónomas: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y, en otro nivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su derrota el 2 de julio parecía cancelar definitivamente ese peligro. Pero ahora resulta que lo que se expulsó por la puerta regresa por la ventana de atrás. Y regresa de la peor manera. Porque el fundamento último es la inconformidad de dos partidos políticos. Uno, el PRD, por las razones que todos conocemos. Y otro, el PRI, por motivaciones más bien oscuras.

No, porque el método recurre a la presión y al chantaje. El PRI y el PRD han atado la reforma fiscal a la reforma electoral. Si la segunda no pasa, dicen, la primera tampoco. El fondo del asunto es uno solo y se resume en una exigencia: o se van todos y cada uno de los consejeros o no hay trato. Semejante postura no es una forma de negociación, sino un ultimátum. Un ultimátum que retrata muy mal a perredistas y priistas. Primero, dan la imagen de chantajistas. Y segundo, aparecen como irresponsables. Porque la reforma fiscal tiene su propia lógica, urgencias y no puede quedar sujeta a caprichos.

No, porque si se impone el capricho del PRI y el PRD mediante el chantaje se sentará un pésimo precedente. El sexenio apenas comienza, ¿qué exigencia vendrá después? ¿Qué pasará si las elecciones de 2009 dejan, de nueva cuenta, inconformes a los perredistas? ¿Se volverá a impugnar el Consejo y se le destituirá otra vez? Y lo peor de todo: el nuevo Consejo quedará en una situación de debilidad: de entrada, porque en su designación tendrán mano los líderes del PRI y el PRD y, consecuentemente, se integrará por cuotas. Y después, porque los consejeros tendrán muy claro que sobre sus actuaciones y resoluciones pesa una espada de Damocles.

No, porque el actual Consejo está auditando las irregularidades de la campaña presidencial del 2006. Su trabajo va avanzado y de sus conclusiones se podrían derivar fuertes multas contra los principales partidos, como ya ocurrió en el pasado. En esa situación se podría encontrar, muy probablemente, el PRI. La remoción de los consejeros y la elección de otros nuevos retardarían irremediablemente esta resolución. Y los nuevos consejeros serían sujetos a condicionamientos y presiones durante el proceso de su selección. Lo que podría a su vez influir sobre sus futuros fallos.

No, porque el principio de inmovilidad es una condición indispensable para la autonomía de cualquier organismo o entidad. Ésta es la regla en todo el mundo. Por eso los ministros (de la Suprema Corte) o los consejeros (del IFE o del Banco de México) son electos bajo esa premisa. De otro modo, los consejeros quedan sujetos a presiones y "evaluaciones" de quienes justamente deben ser evaluados. Es cierto que la inmovilidad no garantiza siempre la imparcialidad. Basta, como ya sucedió en el pasado, con que alguno o algunos tengan aspiraciones políticas para que normen sus criterios o acciones por esas coordenadas. Pero aún en ese caso, la integración plural del Consejo terminó funcionando como un candado de seguridad.

La situación que estamos viviendo es contradictoria y grotesca. El diseño y el andamiaje definitivo del Instituto Federal Electoral data de la reforma que impulsó el Presidente Zedillo en 1996. Se le concedió entonces completa autonomía al Instituto y se procedió al nombramiento de nueve consejeros ciudadanos. El Partido de la Revolución Democrática, a través de Porfirio Muñoz Ledo, jugó un papel determinante. Se puede incluso afirmar que el objetivo fundamental de la reforma fue integrar al PRD en la mesa de las negociaciones para alcanzar la reforma electoral definitiva. La elección de 1997 se realizó bajo ese nuevo marco legal e institucional. Su resultado fue muy favorable para el PRD: ganó la ciudad de México y se convirtió en la segunda fuerza en la cámara de diputados.

No sobra entonces recordar que Porfirio Muñoz Ledo y los principales líderes del PRD saludaron esta elección como eminentemente democrática. A diferencia de lo que había ocurrido en 1994, la presencia de los partidos en los medios electrónicos y los recursos monetarios para las campañas se repartieron equitativamente. Hubo, para decirlo en dos palabras, transparencia y equidad en la contienda. Después vino la elección presidencial del año 2000 que terminó de comprobar que el marco legal e institucional garantizaba la posibilidad de la alternancia. Las quejas y las denuncias de fraude o irregularidades brillaron por su ausencia. Otro tanto se puede decir de la elección intermedia del 2003 que arrojó resultados favorables para el PRI y mediocres para el PAN, partido en el poder.

Entre los procesos electorales citados y el 2006 no hay ninguna diferencia. Rige el mismo código y el IFE sigue idéntico a sí mismo. Por eso José Woldenberg aseguró con total certeza que no había elementos para fraguar un fraude. Las inconformidades de los perredistas y el éxito mediático que tuvieron no justifican la remoción de los consejeros. Entre otras cosas, porque el IFE goza de mayor credibilidad que los partidos, los diputados y los senadores.

Por último, la actuación de los líderes priistas en este sainete es lamentable. Están golpeando y minando las instituciones que ellos mismos forjaron. Triste espectáculo y aterrante futuro. Los mexicanos merecemos más que eso.

Jaime Sánchez Susarrey

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La minireforma electoral que se esta cocinando tiene algunas cosas positivas, como la reducción del tiempo de las campañas y el hecho de que los partidos no podrán contratar directamente tiempo mediático. Pero esos pequeños cambios no justifican la remoción de los consejeros del IFE. No es una verdadera reforma electoral. No están proponiendo la reelección de legisladores. Tampoco permiten las candidaturas independientes, al contrario, están cerrando definitivamente la puerta, desde la Constitución, a candidatos independientes en el futuro.

Tampoco están considerando la 2a vuelta electoral, simplemente contar los votos si la diferencia es menor al 1%, pero entonces seguiríamos teniendo presidentes con votaciones del orden del 30%. Además del conteo de votos ante diferencias pequeñas, debería haber la 2a vuelta. Y no sólo para la presidencial, sino también para diputados y senadores. Y la eliminación de los legisladores plurinominales.

Si bien aparentemente se reduce el dinero público a los partidos, en la realidad no es así. Los 3 partidos grandes seguirán recibiendo al menos el mismo dinero, quizá más. Y seguirán existiendo el bombardeo mediático, sólo que ahora los medios electrónicos quedarán obligados a darlo gratis, en los tiempos oficiales que la ley mexicana en la materia los obliga a proporcionar al Estado. De hecho, se esta proponiendo aumentar ese porcentaje de tiempo oficial durante las campañas y en horario estelar. A mi me vale si Telerisa o TV Asqueta dejan de ganar las millonadas o no. Pero no se vale que los partidos sigan jodiendo a todo mundo en todos lados. Como ya no les convino que en los medios se siga ventilando las millonadas que reciben año con año, pues mejor ahora reciben el tiempo aire gratis y sin problemas. Que padre, ¿no?

NO a la partidocracia.

Dany Osiel Portales Castro

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¡YA BÁJENLE!: Dos queridos amigos que gozan (a lo mejor no gozan, pero así se dice) de todo mi respeto, Denise Dresser y Sergio Aguayo, me invitaron a ser parte de la iniciativa ¡Ya Bájenle! que es, o pretende ser, una acción ciudadana coordinada y esperemos que masiva para exigir una reducción drástica (no tan drástica como yo quisiera) del dinero que se le otorga a los partidos y el que se aplica a las campañas. Si juzgáramos por los millones y millones que se gastan, deberíamos tener a Winston Churchill de presidente y a Condoleezza Rice en lugar de la Gordillo (¡qué cambio más aterrador!, ¿verdad?).

Gastamos de manera estúpida en mantener a una bola de haraganes, buenos para nada, pocalucha y comecuandohay del tipo del Niño Verde, o de Kahwagi y muchísimos más que calzan, visten, comen, se transportan, viajan, se reproducen y jamás se mueren; todo esto a nuestras costillas. Por un lado tenemos a nuestro rotundo Secretario de Hacienda friegue y friegue con que no le alcanza y que hay que "ampliar la base tributaria" (éste es otro de los espejismos sexenales, similar al de "el formato del Informe ya es obsoleto"), que no somos buenos causantes y que las hilachas con saliva de perico, todo esto nos dicen, pero nunca nos hablan de lo que recibimos a cambio de lo que entregamos: servicios horripilantes, inseguridad, rezagos en todo y por todo.

Es que somos muy pobres, nos dicen a cuenta de Juan Rulfo y yo me permito disentir: no somos un país pobre, somos un país sistemáticamente empobrecido por esos rateros que siguen medrando ante la pasividad de todos y la complicidad de algunos. De ese dinero que nos dejan los rateros todavía hay que descontar lo que se gasta en inutilidades, en fastos nefastos y en manutención de vagos. Aquí es donde entran los partidos y sus jugosas partidas.

Por supuesto que no tan sólo me adhiero al proyecto ¡Ya Bájenle!, sino que del modo más entusiasta te invito, lectora lector querido, a que participes de este esfuerzo ciudadano. En la dirección www.plazadelangel.com.mx encontrarán un espacio destinado especialmente a esta tarea. Nosotros nos encargaremos de hacer llegar estas adhesiones a Alianza Cívica, A.C., para que esto llegue a manos del Senador que le corresponde al justificadamente quejoso. Si quieren hacerlo de manera más directa pueden ingresar al sitio www.yabajenle.org.mx. Lo que tiene que quedar claro es que los ciudadanos hemos pensado que ya estuvo suave, que ya es tiempo de que entiendan que nuestro dinero no es su dinero y es por eso que exigimos ¡ya bájenle!

PRESENTACIÓN: En estos tiempos de yunques y espíritus chocarreros, me voy a dar el inmenso gusto de presentar "México ante Dios" de Francisco Martín Moreno que es un ensayo-novela sobre la calamitosa Iglesia Católica mexicana. Esto ocurrirá en la Hacienda de los Morales, hoy a las 19:30 horas. Agradezco al autor (Pancho, mi hermano) la invitación que hago extensiva a toda la raza. Aikir.

¿Qué tal durmió? MCXXIV (1124)

Ayer miércoles 5 de septiembre rindió Enrique Peña Nieto su Informe de Gobierno cuyo nuevo formato permite a los legisladores interrogar ahí mismo al titular del Ejecutivo estatal. En esta fase, un nombre apareció inmediatamente; el de ARTURO MONTIEL y el generalizado clamor para que en verdad se le haga justicia. Con falsa tranquilidad Peña Nieto nos comunicó que ése era ya caso juzgado. Si el malestar ha sobrevivido ha sido, según él, por intereses partidistas y por "aclamaciones mediáticas". Este jumento no sabe ni hablar. Ahora resulta que aquí, día tras día, a lo que nos hemos dedicado es a aclamar al presunto raterazo. Muy bien. Vaya para usted, señor Gobernador, una aclamación muy especial.

ENVÍO: Para Carmen Aristegui, tan querida, tan necesaria y tan distante.

Cualquier correspondencia con esta columna hecha de tiempo y sucesos, favor de dirigirla a german@plazadelangel.com.mx (D.R.)

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Yo también ya estoy harto de todos los partidos políticos. De que sigan sangrando al Erario, de que sigan viviendo de nuestros impuestos. No quieren hacer una verdadera reforma fiscal integral y nos estan cocinando un adefesio que seguirá cobrándole más a quienes ya pagamos. Eso si, con la dizque reforma electoral, los partidos grandes tendrán más dinero. No habrá reelección de legisladores, ni candidaturas independientes. De hecho, ahora habrá más requisitos para formar un nuevo partido. Y lo que es peor, la autonomía del IFE, y de todos los organismos autónomos como el Banco de México, quedará en entredicho, pues ahora por cualquier coyuntura política les darán cuello por no coopelal.

No sé si esta iniciativa que traen Dehesa, Dresser, Aguayo y compañía fructifique. Lo dudo, pues los partidos gobiernan este país a través del Congreso. Pero al menos yo habré participado, hecho algo, para evitarlo. Los invito a reenviar este correo a todos sus contactos, esta será una cadena por México, e inscribirse en las páginas que menciona Dehesa en su editorial.

Saludos

Dany Osiel Portales Castro
http://editorial-danyportales.blogspot.com/
"El castigo que los hombres buenos tienen que pagar por no estar interesados en la política es ser gobernados por hombres peores que ellos mismos" (Platón)

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