domingo, junio 15, 2008
Oswaldo y las reglas
Para todos los que no aman y para todos los que no quieren al futbol, comienzo por aclarar que Oswaldo Sánchez es el portero titular de la selección nacional. El puesto de portero es (puedo atestiguarlo por una experiencia personal, ¡ay!, tan remota) el más sufrido pero también el más "heroico". El portero suele ser el líder del equipo. Oswaldo no sólo ha sido un excelente jugador y un gran líder sino un ejemplo de profesionalismo y seriedad.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.
Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.
Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".
La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.
En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
Enrique Krauze
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Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.
Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.
Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".
La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.
En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
Enrique Krauze
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Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.
Etiquetas: conservador, demagogia, estado de derecho, idiosincracia, leyes, liberal, populismo
martes, mayo 27, 2008
Petrobras en aguas profundas
Hace algunas semanas se realizó en Houston, Texas, lo que se considera el evento más importante de la industria petrolera mundial: la OTC -Offshore Technology Conference- (Conferencia de Tecnología Costa Afuera), que este año reunió cerca de 75 mil visitantes de todo el mundo interesados en conocer los avances tecnológicos en las actividades petroleras costa afuera, siendo Petrobras uno de los principales protagonistas del evento, distinción ganada no sólo por sus contribuciones al desarrollo de la industria, sino también por la magnitud de sus recientes descubrimientos en aguas profundas.
El 8 de noviembre de 2007 Petrobras anuncia el descubrimiento de un campo gigante, denominado Tupi, en una camada pre-sal en la Cuenca de Santos, cuyos reservorios están a 3 mil-6 mil metros debajo del lecho marino y en tirantes de agua de 2 mil-3 mil metros.
El volumen de Tupi se estima entre 5 mil y 8 mil millones de barriles de petróleo equivalente, cantidad que podría aumentar en 50 por ciento las reservas actuales de hidrocarburos de Brasil. Se trata del descubrimiento más grande en aguas profundas en el mundo, y representa todo un desafío tecnológico y económico, tomó un año perforar el primer pozo a un costo de 240 millones de dólares. Petrobras espera iniciar la producción en esta área para 2013.
Detrás de tan impresionante logro hay una larga historia de esfuerzo y trabajo que se remonta a 1974, cuando Petrobras descubre el Campo Garoupa a una profundidad de 120 metros, el primero en la Cuenca de Campos. Tres años más tarde la compañía logra iniciar su producción costa afuera.
A pesar de estos resultados, la producción de Petrobras al final de los 70, 165 mil barriles diarios, era claramente insuficiente para satisfacer la creciente demanda nacional de petróleo, obligando al Gobierno brasileño a desembolsar grandes recursos en importaciones, situación agravada por los choques petroleros ocurridos durante la década. Para aliviar la situación, el Gobierno adoptó diversas medidas, entre ellas, la adopción de contratos de riesgo, el comienzo del programa de etanol y el inicio de las operaciones en el exterior de Petrobras.
Para mediados de la década de los 80, Brasil continuaba importando grandes cantidades de petróleo. Para aliviar dicha situación, nuevas medidas fueron implementadas para reducir el consumo de hidrocarburos, entre ellas, el cierre de las estaciones de servicio los fines de semana.
Pero, para fortuna del país, el trabajo para desarrollar las actividades costa afuera daba sus primeros resultados. Petrobras descubre los campos gigantes de Marlim y Albacora, en 1984 y 1985, respectivamente. En 1986 lanza el Programa Tecnológico en Aguas Profundas (Procap), con el objetivo de hacer factible la producción en profundidades superiores a mil metros. Unos cuantos años más tarde, Petrobras consigue producir a 781 metros de profundidad y en 1992 decide comenzar con el desarrollo de tecnología para producir a 2 mil metros. En 1994, la empresa rebasa los mil metros de tirante de agua.
En 1995, el Gobierno brasileño decide modificar la Constitución y abre el sector de hidrocarburos a la participación privada, con el objetivo de incrementar el volumen de inversiones y complementar el esfuerzo realizado por Petrobras. El Gobierno mantiene el control de la empresa, conservando por ley al menos el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto, pero permitiendo a Petrobras operar con criterios estrictamente empresariales, así como asociarse con otras empresas petroleras dentro de Brasil.
En el año 2000, Petrobras se plantea la meta de desarrollar tecnología para producir petróleo a 3 mil metros de profundidad. Actualmente, perfora pozos exploratorios en tirantes de agua de 2 mil 500-3 mil metros, como lo muestran sus recientes descubrimientos de Tupi y Júpiter, así como sus actividades en la parte americana del Golfo de México.
El nivel de desarrollo tecnológico y experiencia que Petrobras ha alcanzado en aguas profundas se debe a un proceso de más de 30 años de inversiones masivas en investigación y desarrollo, y de capacitación continua de sus empleados, generando una masa crítica de más de 20 mil técnicos de alto nivel trabajando en aguas profundas.
Otro factor que contribuyó a lograr tal desempeño ha sido la interacción con otros agentes. Tanto en Brasil como en el extranjero Petrobras busca constantemente la asociación y la realización de proyectos conjuntos con otras compañías petroleras, colabora estrechamente con los proveedores de equipos y servicios, y fomenta la investigación conjunta con el sector académico.
Los recientes descubrimientos de Petrobras parecen indicar que Brasil eligió la estrategia correcta para solucionar la difícil situación que enfrentaba en su sector energético. En 2006 alcanzó la autosuficiencia en petróleo y, de materializarse el potencial de los nuevos descubrimientos, podría convertirse en un importante exportador de crudo en el futuro.
Además, los beneficios en términos de desarrollo económico comienzan a ser visibles, la participación de la industria petrolera en el PIB brasileño creció de 3 a 12 por ciento en la última década; Petrobras y las empresas privadas planean invertir 140 mil millones de dólares en los próximos cinco años; la industria local ha crecido bastante, proveyendo actualmente el 75 por ciento de los insumos requeridos por el sector. En los últimos 10 años, alrededor de 3 mil millones de dólares se invirtieron en investigación y desarrollo tecnológico, y a través del Programa de Movilización de la Industria Nacional del Petróleo se están capacitando más de 70 mil cuadros técnicos. En cuanto a la generación de impuestos, Petrobras solamente aportó al fisco cerca de 45 mil millones de dólares en 2007, con una producción promedio de 2 millones de barriles diarios.
Milton Costa es director de Petrobras en México.
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No, la experiencia de Brasil no aplica en México, porque en Brasil no tienen corrupción. Tampoco hay malas experiencias con privatizaciones en Brasil. Por eso no podemos aprender de otros países. :-))
A Brasil le tomó 30 años desarrollar su tecnología. Y se abrieron a la inversión privada porque no tenían petróleo. Yo creo que aquí en México tendremos que esperar a que el futuro nos alcance, a que empecemos a importar crudo, dentro de unos 10 años, para entonces si cambiar nuestros paradigmas.
PetroBras es un ejemplo de que la soberanía no esta en la propiedad de las cosas, sino en el control de las reglas del juego. El gobierno brasileño sólo tiene el 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Con eso controla la controla. Al aceptar inversionistas privados (cotiza en bolsa) el crecimiento de la empresa se hizo arriesgando el capital de los ricos, no el Erario del país, el cual muy probablemente se usó para construir escuelas, carreteras, hospitales, etc. Ahora con una empresa grande, líder en la exploración y explotación de crudo, el Estado brasileño recibe la renta petrolera de varias formas. Primero, por los dividendos como accionista mayoritario. Segundo, por el impuesto sobre la renta. Y tercero, el impuesto especial a la extracción de petróleo. Sólo la primer forma se comparte con los otros accionistas. Y esa forma seguramente debe estar muy reducida pues siendo accionista mayoritario el gobierno reinvierte la mayoría de las utilidades, minimizando los dividendos, mas no así los impuestos. No, pero eso no funcionaría aquí.
El 8 de noviembre de 2007 Petrobras anuncia el descubrimiento de un campo gigante, denominado Tupi, en una camada pre-sal en la Cuenca de Santos, cuyos reservorios están a 3 mil-6 mil metros debajo del lecho marino y en tirantes de agua de 2 mil-3 mil metros.
El volumen de Tupi se estima entre 5 mil y 8 mil millones de barriles de petróleo equivalente, cantidad que podría aumentar en 50 por ciento las reservas actuales de hidrocarburos de Brasil. Se trata del descubrimiento más grande en aguas profundas en el mundo, y representa todo un desafío tecnológico y económico, tomó un año perforar el primer pozo a un costo de 240 millones de dólares. Petrobras espera iniciar la producción en esta área para 2013.
Detrás de tan impresionante logro hay una larga historia de esfuerzo y trabajo que se remonta a 1974, cuando Petrobras descubre el Campo Garoupa a una profundidad de 120 metros, el primero en la Cuenca de Campos. Tres años más tarde la compañía logra iniciar su producción costa afuera.
A pesar de estos resultados, la producción de Petrobras al final de los 70, 165 mil barriles diarios, era claramente insuficiente para satisfacer la creciente demanda nacional de petróleo, obligando al Gobierno brasileño a desembolsar grandes recursos en importaciones, situación agravada por los choques petroleros ocurridos durante la década. Para aliviar la situación, el Gobierno adoptó diversas medidas, entre ellas, la adopción de contratos de riesgo, el comienzo del programa de etanol y el inicio de las operaciones en el exterior de Petrobras.
Para mediados de la década de los 80, Brasil continuaba importando grandes cantidades de petróleo. Para aliviar dicha situación, nuevas medidas fueron implementadas para reducir el consumo de hidrocarburos, entre ellas, el cierre de las estaciones de servicio los fines de semana.
Pero, para fortuna del país, el trabajo para desarrollar las actividades costa afuera daba sus primeros resultados. Petrobras descubre los campos gigantes de Marlim y Albacora, en 1984 y 1985, respectivamente. En 1986 lanza el Programa Tecnológico en Aguas Profundas (Procap), con el objetivo de hacer factible la producción en profundidades superiores a mil metros. Unos cuantos años más tarde, Petrobras consigue producir a 781 metros de profundidad y en 1992 decide comenzar con el desarrollo de tecnología para producir a 2 mil metros. En 1994, la empresa rebasa los mil metros de tirante de agua.
En 1995, el Gobierno brasileño decide modificar la Constitución y abre el sector de hidrocarburos a la participación privada, con el objetivo de incrementar el volumen de inversiones y complementar el esfuerzo realizado por Petrobras. El Gobierno mantiene el control de la empresa, conservando por ley al menos el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto, pero permitiendo a Petrobras operar con criterios estrictamente empresariales, así como asociarse con otras empresas petroleras dentro de Brasil.
En el año 2000, Petrobras se plantea la meta de desarrollar tecnología para producir petróleo a 3 mil metros de profundidad. Actualmente, perfora pozos exploratorios en tirantes de agua de 2 mil 500-3 mil metros, como lo muestran sus recientes descubrimientos de Tupi y Júpiter, así como sus actividades en la parte americana del Golfo de México.
El nivel de desarrollo tecnológico y experiencia que Petrobras ha alcanzado en aguas profundas se debe a un proceso de más de 30 años de inversiones masivas en investigación y desarrollo, y de capacitación continua de sus empleados, generando una masa crítica de más de 20 mil técnicos de alto nivel trabajando en aguas profundas.
Otro factor que contribuyó a lograr tal desempeño ha sido la interacción con otros agentes. Tanto en Brasil como en el extranjero Petrobras busca constantemente la asociación y la realización de proyectos conjuntos con otras compañías petroleras, colabora estrechamente con los proveedores de equipos y servicios, y fomenta la investigación conjunta con el sector académico.
Los recientes descubrimientos de Petrobras parecen indicar que Brasil eligió la estrategia correcta para solucionar la difícil situación que enfrentaba en su sector energético. En 2006 alcanzó la autosuficiencia en petróleo y, de materializarse el potencial de los nuevos descubrimientos, podría convertirse en un importante exportador de crudo en el futuro.
Además, los beneficios en términos de desarrollo económico comienzan a ser visibles, la participación de la industria petrolera en el PIB brasileño creció de 3 a 12 por ciento en la última década; Petrobras y las empresas privadas planean invertir 140 mil millones de dólares en los próximos cinco años; la industria local ha crecido bastante, proveyendo actualmente el 75 por ciento de los insumos requeridos por el sector. En los últimos 10 años, alrededor de 3 mil millones de dólares se invirtieron en investigación y desarrollo tecnológico, y a través del Programa de Movilización de la Industria Nacional del Petróleo se están capacitando más de 70 mil cuadros técnicos. En cuanto a la generación de impuestos, Petrobras solamente aportó al fisco cerca de 45 mil millones de dólares en 2007, con una producción promedio de 2 millones de barriles diarios.
Milton Costa es director de Petrobras en México.
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No, la experiencia de Brasil no aplica en México, porque en Brasil no tienen corrupción. Tampoco hay malas experiencias con privatizaciones en Brasil. Por eso no podemos aprender de otros países. :-))
A Brasil le tomó 30 años desarrollar su tecnología. Y se abrieron a la inversión privada porque no tenían petróleo. Yo creo que aquí en México tendremos que esperar a que el futuro nos alcance, a que empecemos a importar crudo, dentro de unos 10 años, para entonces si cambiar nuestros paradigmas.
PetroBras es un ejemplo de que la soberanía no esta en la propiedad de las cosas, sino en el control de las reglas del juego. El gobierno brasileño sólo tiene el 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Con eso controla la controla. Al aceptar inversionistas privados (cotiza en bolsa) el crecimiento de la empresa se hizo arriesgando el capital de los ricos, no el Erario del país, el cual muy probablemente se usó para construir escuelas, carreteras, hospitales, etc. Ahora con una empresa grande, líder en la exploración y explotación de crudo, el Estado brasileño recibe la renta petrolera de varias formas. Primero, por los dividendos como accionista mayoritario. Segundo, por el impuesto sobre la renta. Y tercero, el impuesto especial a la extracción de petróleo. Sólo la primer forma se comparte con los otros accionistas. Y esa forma seguramente debe estar muy reducida pues siendo accionista mayoritario el gobierno reinvierte la mayoría de las utilidades, minimizando los dividendos, mas no así los impuestos. No, pero eso no funcionaría aquí.
Etiquetas: Brasil, crecimiento, inversión, liberal, PEMEX, PetroBras, petroleo, riqueza, soberania
domingo, mayo 25, 2008
Petróleo: delirios de AMLO
Como si fuera lo más importante, el enviado lopezobradorista José Agustín Ortiz Pinchetti dijo en el debate del martes en el Senado que gracias a López Obrador se habían podido realizar las reuniones. Con fina ironía, el senador priísta Francisco Labastida le contestó que no, que los foros habían sido decididos por los senadores antes de la toma de las tribunas. Sorprendido, Ortiz Pinchetti, antes un abogado de empresas trasnacionales en sus litigios contra el Estado mexicano, se quedó calladito. Su maniobra de lopezobradorizar el debate sobre la reforma energética fue otro fracaso político del candidato presidencial perredista derrotado.
El arranque formal del foro sobre la reforma energética mostró las limitaciones de sus alcances: no fue debate de propuestas abiertas sino la confrontación de dos posiciones encontradas e irreconciliables. De un lado, el populismo trasnochado del PRI-PRD clamando por el regreso del Estado echeverrista; del otro, el neoliberalismo panista promotor del mercado que, por cierto, ya había sido reivindicado antes por el priísmo salinista. El marco del debate fue definido ayer mismo por el grupo de intelectuales lopezobradoristas en una carta publicada en La Jornada. La reforma debiera regirse por tres principios:
1.- La preservación de la exclusividad del Estado sobre propiedad, dominio, gestión, explotación, refinación y petroquímica básica. 2.- Orientar la reforma a garantizar la demanda nacional, con precios y oferta. 3.- Recuperar capacidad tecnológica a través del Instituto Mexicano del Petróleo. Lo malo de la carta de los intelectuales lopezobradoristas es su estancamiento ideológico y su falta de comprensión de los fenómenos económicos. El punto clave no radica en el regreso a la cultura del Estado hegemónico sin intereses sociales, sino en el punto 2: petróleo manejado por el Estado para atender la demanda nacional. ¿Y quién encabeza la demanda? El sector privado.
Así que los intelectuales de Estado piden la hegemonía del Estado sobre el petróleo para seguir subsidiando al sector privado productivo. Nada dicen de políticas sociales o de modelos de desarrollo. Los intelectuales priístas y salinistas hoy lopezobradoristas pugnan por un Estado intendente del petróleo para beneficiar la acumulación de riqueza por el sector privado.
El debate energético se ha reducido a la administración del petróleo: el Estado o la participación privada. Y en términos de modelo productivo, el presidente Cárdenas expropio el petróleo para subsidiar el modelo capitalista. Así, el petróleo ha servido para consolidar el modelo de capitalismo monopolista, proteccionista y paternalista de Estado. De 1938 a 2000, el sistema priísta usó el petróleo no para beneficiar a la nación sino para consolidar el modelo productivo capitalista que ha generado desigualdad y falta de democracia.
El otro problema central del debate es la concepción del Estado: un organismo representante de los intereses de la mayoría no propietaria o un organismo pivote de la acumulación privada de capital. El sentido del Estado social mexicano se desvió con la burocratización de la clase gobernante. El petróleo apuntaló el modelo capitalista, no sirvió para el bienestar social y se fue por el caño de la corrupción sindical y burocrática.
Por tanto, Pemex hoy no representa un proyecto social de desarrollo sino que es propiedad de una burocracia de trabajadores, funcionarios y empresarios. De ahí que debate sobre la reforma energética deba pasar primero por tres temas:
1.- Redefinición social del Estado. Hasta ahora no hay diferencia en la reforma de Pemex que propone el gobierno calderonista porque es el mismo que ya había puesto en práctica el PRI con los perredistas hasta hace poco priístas.
2.- Modelo de desarrollo. El problema del país no es la pugna estatismo-privatización de áreas energéticas, sino la carencia de un modelo de desarrollo con objetivos generales de bienestar social. Ni el Estado ni el mercado garantizan la funcionalidad social del petróleo.
3.- Socialización de la propiedad. El PRI y el PRD quieren seguir manteniendo Pemex bajo el control de una casta burocrática y sindical y el PAN que quiere incorporar al sector energético a una empresa privada que hasta ahora no ha mostrado ninguna sensibilidad social o de Estado.
Lo peor de todo es que los abajofirmantes intelectuales no son novatos en la lucha de ideas. Pero en lugar de apostarle a una reflexión hacia adelante, se han quedado en el concepto del pensamiento intelectual de Estado del pasado que quieren reproducir una disputa por la nación entre el modelo populista del echeverrismo y el neoliberalismo del salinismo. La carta va refrendada por intelectuales afines al priísmo y Estadólatras: Rolando Cordera, Enrique González Pedrero, David Ibarra, Carlos Payán, José María Pérez Gay, Víctor Flores Olea, Carlos Monsiváis y Javier Wimer.
De ahí que el debate deba ser otro: un modelo de desarrollo social que subordine al Estado y al mercado o mantenimiento del Pemex priísta.
Carlos Ramírez
www.grupotransicion.com.mx
cramirez@indicadorpolitico.com.mx
Etiquetas: AMLO, conservador, corrupcion, demagogia, Echeverría, economia, empleo, inversión, liberal, PEMEX, petroleo, PRI, reformas, riqueza
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Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.Etiquetas: conservador, constitucion, empleo, inversión, liberal, PEMEX, petroleo, reformas, riqueza
sábado, mayo 24, 2008
Barbaridades, mitos y falsedades
El martes 20 de mayo, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor de López Obrador, presentó una ponencia sobre la Constitución y la reforma de Pemex. El venerable anciano y, se supone, buen jurista (que no juarista), fue contundente:
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
Etiquetas: AMLO, constitucion, crecimiento, demagogia, empleo, inversión, leyes, liberal, liberalismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, reaccionario, soberania
lunes, mayo 05, 2008
Odios de ayer y hoy
"¿Por qué la reprobación en las doctrinas ha de cambiarse en odio a las personas?".
Melchor Ocampo
La discordia teológica a la que alude Ocampo desgarró el primer medio siglo de nuestra vida independiente. Su motivo principal fue la tolerancia de cultos. Negarla, refutarla, combatirla, fue un dogma irrenunciable para los conservadores. Afirmarla, fundamentarla, defenderla, fue una postura tenaz del ideario liberal. Fue un diálogo imposible: los primeros aducían principios absolutos; los segundos, realidades prácticas. ¿Quién tuvo la razón?
Según los conservadores, la tolerancia de cultos rompería la unidad religiosa de México y amenazaría la nacionalidad. ¿Para qué introducir "el error" si el país vivía ya en posesión de "la verdad"? La llegada de inmigrantes de otras religiones dañaría la moralidad, dejaría inerme a la Iglesia, propagaría falsedades y supersticiones entre el pueblo ignorante. El padre Agustín de la Rosa, famoso y caritativo sacerdote jalisciense que fue también astrónomo, escritor y redactor de La Religión y la Sociedad, veía el posible arribo de los "sectarios del extranjero" (es decir, los protestantes) como una maldición bíblica:
Todo les anuncia que ha llegado el día deseado por siglos de venir a vivir en delicias en el país del oro y de la plata... Pero el pueblo mexicano verá desvanecerse su pasado, sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias... las riquezas que a él y no a otros se dignó conceder el Supremo Bienhechor.
Frente a estas creencias, Ocampo había resumido desde 1851 la justificación ética de la tolerancia: "¿Por qué para con todos los errores inofensivos hemos de mostrar indulgencia, y ninguna se ha de tener para... adorar a Dios de diverso modo que del que creemos bueno?".
En los debates del Congreso Constituyente (1856-1857), varios liberales (moderados en su mayoría y casi todos católicos activos) argumentaron que la tolerancia era una práctica común en toda Europa y una condición necesaria para atraer la necesaria inmigración. Cuando finalmente introdujeron en la Constitución una tenue provisión a favor de la libertad de creencia, la Iglesia la repudió y amenazó con excomulgar a todo aquel que la jurara. Acto seguido pasó lo de siempre: callaron las palabras y hablaron los fusiles, se desató la Guerra de Reforma.
A partir de 1867, la Historia no sólo dio el triunfo a los liberales, sino también la razón. Cuando el extranjero tan temido arribó por fin (tardíamente y a cuentagotas, a diferencia de Argentina o Estados Unidos) acrecentó con su trabajo la riqueza de México, se asimiló a las costumbres y tradiciones del país y no afectó en absoluto la antigua matriz católica y nacional. La vida cívica de México ganó mucho al instaurar la libertad de creencia y el respeto a las opiniones ajenas en materia de religión.
Pero el dogmatismo, como los virus, no muere: emigra. Primero el Estado liberal y luego, de manera más aguda, el revolucionario adoptaron una actitud de intolerancia extrañamente parecida a la de sus antiguos adversarios. El presidente Calles retomó los viejos instintos jacobinos y quiso nada menos que erradicar por la fuerza el catolicismo. Al fracasar, tras la Guerra Cristera, buscó "apoderarse de las conciencias infantiles", transmutando la "verdad única" del cristianismo en la "verdad única" del socialismo. Fracasó nuevamente. En tiempos de Cárdenas, el afán de ortodoxia dejó esos ámbitos religiosos y educativos para concentrarse en los preceptos sociales y nacionales del Artículo 27. A partir de entonces se fue configurando el dogma nacional revolucionario por excelencia: el dogma del petróleo.
En sentido estricto, el principio legal que lo sustenta no es sólo legítimo, sino también justificado y razonable: la riqueza del subsuelo debe pertenecer a la nación, es decir, al conjunto de los mexicanos. El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno. El gobierno, a su vez, es dueño de Pemex, o, más bien, socio mayoritario: el otro socio es el intocable sindicato. La "propiedad" de la nación es letra muerta.
La nueva clerecía mexicana (representada por López Obrador y sus seguidores) no hace esos distingos. Para ella el petróleo no es un recurso material perecedero sobre cuya naturaleza y operación se pueda, en rigor, debatir. Para ella el petróleo no pertenece a esa esfera terrenal. Para ella el petróleo es la sustancia trascendente de la soberanía: un principio inmutable, intocable, inagotable, celestial, el pan y el vino de la identidad nacional. Abordar y transformar la situación actual del petróleo de acuerdo con las mejores prácticas mundiales equivale para ella a "entregar" las riquezas que "se dignó conceder el Supremo Bienhechor" y "traicionar a México".
Todo esto no implica que la reforma energética propuesta sea la buena. Menos aún acabar con un monopolio público para crear uno privado. Lo que sí implica es la necesidad de debatir realidades, no principios. Si el debate no tiene lugar en esos términos y si la liberación (adoptada en el mundo entero) es estigmatizada como "privatización", la discordia civil se ahondará.
De la misma manera en que la intolerancia de cultos hizo perder tiempo a México, la intolerancia sobre el petróleo nos hará perder muy pronto el tren de la Historia. Cuando las reservas se agoten y se consoliden las diversas energías alternativas, será demasiado tarde. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el dogmatismo del petróleo nos ha retrotraído ya al caudillesco siglo XIX. Lo peor es que el odio teológico se ha vuelto odio ideológico.
Enrique Krauze
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Para los que no saben (o no quieren) distinguir a los conservadores de hoy. A los que quieren mantener el status quo. A los que se oponen al cambio.
Melchor Ocampo
La discordia teológica a la que alude Ocampo desgarró el primer medio siglo de nuestra vida independiente. Su motivo principal fue la tolerancia de cultos. Negarla, refutarla, combatirla, fue un dogma irrenunciable para los conservadores. Afirmarla, fundamentarla, defenderla, fue una postura tenaz del ideario liberal. Fue un diálogo imposible: los primeros aducían principios absolutos; los segundos, realidades prácticas. ¿Quién tuvo la razón?
Según los conservadores, la tolerancia de cultos rompería la unidad religiosa de México y amenazaría la nacionalidad. ¿Para qué introducir "el error" si el país vivía ya en posesión de "la verdad"? La llegada de inmigrantes de otras religiones dañaría la moralidad, dejaría inerme a la Iglesia, propagaría falsedades y supersticiones entre el pueblo ignorante. El padre Agustín de la Rosa, famoso y caritativo sacerdote jalisciense que fue también astrónomo, escritor y redactor de La Religión y la Sociedad, veía el posible arribo de los "sectarios del extranjero" (es decir, los protestantes) como una maldición bíblica:
Todo les anuncia que ha llegado el día deseado por siglos de venir a vivir en delicias en el país del oro y de la plata... Pero el pueblo mexicano verá desvanecerse su pasado, sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias... las riquezas que a él y no a otros se dignó conceder el Supremo Bienhechor.
Frente a estas creencias, Ocampo había resumido desde 1851 la justificación ética de la tolerancia: "¿Por qué para con todos los errores inofensivos hemos de mostrar indulgencia, y ninguna se ha de tener para... adorar a Dios de diverso modo que del que creemos bueno?".
En los debates del Congreso Constituyente (1856-1857), varios liberales (moderados en su mayoría y casi todos católicos activos) argumentaron que la tolerancia era una práctica común en toda Europa y una condición necesaria para atraer la necesaria inmigración. Cuando finalmente introdujeron en la Constitución una tenue provisión a favor de la libertad de creencia, la Iglesia la repudió y amenazó con excomulgar a todo aquel que la jurara. Acto seguido pasó lo de siempre: callaron las palabras y hablaron los fusiles, se desató la Guerra de Reforma.
A partir de 1867, la Historia no sólo dio el triunfo a los liberales, sino también la razón. Cuando el extranjero tan temido arribó por fin (tardíamente y a cuentagotas, a diferencia de Argentina o Estados Unidos) acrecentó con su trabajo la riqueza de México, se asimiló a las costumbres y tradiciones del país y no afectó en absoluto la antigua matriz católica y nacional. La vida cívica de México ganó mucho al instaurar la libertad de creencia y el respeto a las opiniones ajenas en materia de religión.
Pero el dogmatismo, como los virus, no muere: emigra. Primero el Estado liberal y luego, de manera más aguda, el revolucionario adoptaron una actitud de intolerancia extrañamente parecida a la de sus antiguos adversarios. El presidente Calles retomó los viejos instintos jacobinos y quiso nada menos que erradicar por la fuerza el catolicismo. Al fracasar, tras la Guerra Cristera, buscó "apoderarse de las conciencias infantiles", transmutando la "verdad única" del cristianismo en la "verdad única" del socialismo. Fracasó nuevamente. En tiempos de Cárdenas, el afán de ortodoxia dejó esos ámbitos religiosos y educativos para concentrarse en los preceptos sociales y nacionales del Artículo 27. A partir de entonces se fue configurando el dogma nacional revolucionario por excelencia: el dogma del petróleo.
En sentido estricto, el principio legal que lo sustenta no es sólo legítimo, sino también justificado y razonable: la riqueza del subsuelo debe pertenecer a la nación, es decir, al conjunto de los mexicanos. El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno. El gobierno, a su vez, es dueño de Pemex, o, más bien, socio mayoritario: el otro socio es el intocable sindicato. La "propiedad" de la nación es letra muerta.
La nueva clerecía mexicana (representada por López Obrador y sus seguidores) no hace esos distingos. Para ella el petróleo no es un recurso material perecedero sobre cuya naturaleza y operación se pueda, en rigor, debatir. Para ella el petróleo no pertenece a esa esfera terrenal. Para ella el petróleo es la sustancia trascendente de la soberanía: un principio inmutable, intocable, inagotable, celestial, el pan y el vino de la identidad nacional. Abordar y transformar la situación actual del petróleo de acuerdo con las mejores prácticas mundiales equivale para ella a "entregar" las riquezas que "se dignó conceder el Supremo Bienhechor" y "traicionar a México".
Todo esto no implica que la reforma energética propuesta sea la buena. Menos aún acabar con un monopolio público para crear uno privado. Lo que sí implica es la necesidad de debatir realidades, no principios. Si el debate no tiene lugar en esos términos y si la liberación (adoptada en el mundo entero) es estigmatizada como "privatización", la discordia civil se ahondará.
De la misma manera en que la intolerancia de cultos hizo perder tiempo a México, la intolerancia sobre el petróleo nos hará perder muy pronto el tren de la Historia. Cuando las reservas se agoten y se consoliden las diversas energías alternativas, será demasiado tarde. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el dogmatismo del petróleo nos ha retrotraído ya al caudillesco siglo XIX. Lo peor es que el odio teológico se ha vuelto odio ideológico.
Enrique Krauze
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Para los que no saben (o no quieren) distinguir a los conservadores de hoy. A los que quieren mantener el status quo. A los que se oponen al cambio.
Etiquetas: AMLO, conservador, demagogia, ideología, intolerancia, liberal, PEMEX, petroleo, populismo, reaccionario, reformas
