HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

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Un excelente cartón de Paco Calderón publicado el pasado domingo en varios medios.
Triste pero cierto. La violencia y el crimen en México tienen una buena parte de sus explicación en las décadas de políticas públicas con las cuales se ha privilegiado a la economía informal, a la ilegalidad, y se ha castigado a la economía formal. Y todavía hoy en día los legisladores, los partidos políticos, guiados por ese populismo atroz, siguen formulando esas ideas, dizque para ayudar al pueblo, que al final nos hunden más en la pobreza y mediocridad. Y claro, en la criminalidad.

Etiquetas: congreso, economia, partidocracia, pobreza, populismo, reforma fiscal, reformas

Vale la pena ver y compartir con todos nuestros contactos.

Y para burla de todos quienes estamos cautivos de Lolita, su aguinaldo, como el de todos los burócratas federales, es libre de impuestos. ¿Cuál crisis? Por eso a los políticos no les interesa realizar las reformas que el país requiere. Si no son tontos, se les acabaría su negocio.

Saludos

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La nueva realidad económica de México y del mundo puede ser vista como una maldición o como una oportunidad. Si optamos, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, por asumir que no hay nada que pueda ser diferente, vamos a continuar por el camino que las tendencias y el pasado nos han trazado. Si, por el contrario, vemos esta crisis como una oportunidad, quizá podamos cambiar la realidad y comenzar a construir una nueva etapa de nuestro desarrollo. Todo depende del enfoque que decidamos adoptar.

Lo evidente es que el País está mal enfocado para lograr un desarrollo económico acelerado y sostenible. Aunque las cifras oficiales de crecimiento de la economía probablemente subestiman su verdadera dimensión (sobre todo por la economía informal), nadie puede dudar que México carece de una estrategia de desarrollo. La estabilidad macroeconómica es indispensable para hacer posible el crecimiento, pero no es una condición suficiente. Esto se hace todavía más evidente cuando se observan las estrategias que otros países han adoptado para lograrlo.

La primera pregunta que uno tendría que hacerse es qué diferencia hace una estrategia, sobre todo en el contexto de una economía dizque de mercado. La respuesta es evidente cuando uno plantea la pregunta de esa manera tan sesgada. Una estrategia implica tres cosas elementales: definir el objetivo que se persigue, entender el entorno interno y externo para situar nuestras fortalezas y debilidades en ese contexto y diseñar un programa que permita lidiar con las debilidades, apalancar las fortalezas y establecer prioridades. Aunque elemental, ningún gobierno ha hecho este ejercicio en el País. Y se nota.

Cuando hablamos del crecimiento económico, la discusión se centra en las variables macroeconómicas y la latitud que éstas permiten. No se discute la dinámica más amplia: la problemática social o institucional, las formas de romper los entuertos de la infraestructura o la necesidad de cambiar nuestra manera de hacer algunas cosas. Partimos de la premisa de que lo único necesario es seguir el camino existente sin preguntarnos por qué.

La ausencia de una estrategia acaba protegiendo lo existente: por ejemplo, nadie cuestiona los privilegios sindicales ni disputa los obstáculos que existen a la importación. Nadie se pregunta sobre la racionalidad de que los legisladores estén concentrados en una gran reforma institucional cuyo potencial de elevar la tasa de crecimiento es cero. Peor, cualquier persona que ose poner en duda la lógica de que la explotación de recursos naturales como el petróleo sea exclusiva del Gobierno o que la electricidad sólo la pueda distribuir una empresa pública es tachada de hereje. Nadie explica cómo es que toleramos los rezagos y desigualdades del sur del País.

Si tuviéramos una estrategia de desarrollo perfectamente articulada y por todos conocida sería posible debatir los temas relevantes y decidir, como sociedad, si la forma en que hacemos determinada cosa es socialmente aceptable, así tenga un elevado costo en términos de crecimiento económico. Una estrategia así nos permitiría entender tanto los costos como los potenciales beneficios de cambiar determinada legislación o mantenerla tal y como está.

Como todos, yo tengo ciertas preferencias sobre cómo creo que debieran explotarse y administrarse los recursos naturales, sobre la forma en que funcionarían mejor los mercados laborales, sobre la participación de la ciudadanía en las decisiones y sobre el tipo de impuestos que serían mejores para financiar los costos de los servicios públicos. Sin embargo, lo importante no es la forma en que a mí me gustaría que funcionaran las cosas, sino que la ausencia de una estrategia de desarrollo no hace sino mantener el statu quo, proteger la vieja planta productiva e impedir que prospere la que nos puede dar las oportunidades y los empleos del futuro.

El contraste con China en estos rubros es apabullante. Un querido amigo me hizo llegar un ejemplar de la ley de energía eléctrica de China así como el catálogo de legislaciones y regulaciones en materia de inversión extranjera. Los textos tienen varias características sugerentes: establecen objetivos precisos y mesurables, definen las reglas del juego en todos los sectores de la economía y están enfocados a la promoción de la inversión en cada sector económico.

Leídos en conjunto, los dos textos denotan una claridad meridiana sobre lo que se persigue: dónde invertir, en qué sectores, bajo qué reglas, quién dirime disputas, cómo se establecen las tarifas (en este caso en materia de energía) y qué tipo de asociaciones están permitidas y cuáles prohibidas. Todo es explícito, todo es claro y nada está diseñado para entorpecer, obstaculizar o conferirle facultades arbitrarias a la autoridad.

Para muestra un botón: el primer artículo de la ley de electricidad dice: "Esta ley es aprobada para garantizar y promover el desarrollo de la industria eléctrica... y para garantizar los intereses y derechos de quienes ahí inviertan".

En otras palabras, estos textos son producto de un gobierno que definió su estrategia de desarrollo con una perspectiva de futuro. De los textos uno puede inferir que el gobierno sabe qué quiere y que tiene capacidad para controlar los peores instintos y prácticas burocráticas o partidistas. Lo más impresionante es que concibe los recursos naturales, la inversión, la infraestructura y la relación económica con el resto del mundo, tomado todo en conjunto, como medios para lograr (o sostener) elevadas tasas de crecimiento.

En contraste, todo en nuestro gobierno, burocracia, partidos, sindicatos y el viejo establishment empresarial están enfocados a proteger lo existente, a "no moverle" y a facilitar la corrupción. Con esto no estoy sugiriendo que todo esto ocurre necesariamente de manera voluntaria; más bien, que nadie se atreve o puede desafiar las verdades oficiales, los mitos revolucionarios o los intereses que se benefician del statu quo.

Es evidente que en China hay o hubo tantos intereses duros y arraigados como existen en México, todos ellos dedicados a preservar el orden establecido. La gran diferencia es que ahí el gobierno articuló una coalición que le permitió diseñar su estrategia de desarrollo, y con ésta en mano, enfrentárseles. Hoy en día en China no hay obstáculo suficientemente grande: todo lo que contribuya al crecimiento económico es bienvenido.

México no es China ni las circunstancias son iguales, pero las diferencias se pueden llevar al extremo con el único objetivo de asegurar que todo siga igual. Preguntemos e insistamos: ¿por qué no tenemos una estrategia de desarrollo?

Luis Rubio
www.cidac.org

Etiquetas: burocracia, economia, empleo, partidocracia, petroleo, pobreza, populismo, reformas, riqueza, sindicatos

El poder central de los aztecas era tan importante que Hernán Cortés no pudo limitarse a fundar Veracruz (a la orilla del mar, como casi todas las metrópolis del continente). Tuvo que subir a conquistar el centro.

Tres siglos después, los insurgentes que destruyeron el poder virreinal no querían virrey ni emperador ni presidente que dominara desde el centro. Formularon un teórico pacto federal, a la manera de los Estados Unidos, donde ni las tribus indígenas ni la corona inglesa tuvieron un poder central.

El debate interminable entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, republicanos y monárquicos; la inestabilidad de un Estado concebido en función de principios teóricos, no realidades prácticas; desembocaron en guerras civiles y extranjeras. Finalmente, se logró un consenso: la resignación ante la fuerza de Porfirio Díaz, que se apoyó, no en las mejores teorías, sino en los cacicazgos regionales, despojándolos gradualmente de poderes que centralizó.

Esta nueva pirámide, que desde el centro del país organizaba el poder en el espacio, tenía un problema: el tiempo. El hombre indispensable era mortal, y no aceptó la presión para que señalara a Bernardo Reyes como sucesor. Tampoco la propuesta, por demás razonable, de Madero: que en las elecciones de 1910 (cuando cumpliría 80 años) siguiera como Presidente, pero dejara a los votantes la selección del vicepresidente.

La Revolución (como la Independencia) destruyó el poder central sin reemplazarlo. Volvieron los debates de principios sagrados y la guerra civil, con una novedad: los magnicidios. Calles, como Díaz, se apoyó en los cacicazgos regionales para fundar un nuevo poder central, con una carta magna (no escrita): todos los partidos revolucionarios se fusionan en un partido único. Todos los revolucionarios tienen derecho al queso, pero no al asesinato, ni a la disputa armada o legal. El Presidente es el supremo árbitro de todos los conflictos.

Sobre esta reconstrucción del porfiriato, Calles añadió algo nuevo (iniciado con Obregón): el desarrollo de cacicazgos sectoriales, como contrapeso de los otros. Desde el imperio azteca hasta Porfirio Díaz, la base del poder central había sido espacial: tolerando, negociando y sometiendo desde el centro a los caciques locales. Pero las centrales campesinas (que sirvieron para amagar a los hacendados), obreras (para amagar a los industriales) y "populares" (brigadas de militantes, ambulantes, taxistas o manifestantes de alquiler para hacer bloqueos y plantones) fueron milicias revolucionarias novedosas: medios "pacíficos" de violencia central, que hacían innecesaria la intervención del Ejército, reservado como último recurso.

El Presidente Cárdenas, que se valió de las centrales revolucionarias para acabar con el maximato del ex Presidente Calles, lo expulsó del país (en vez de matarlo) y mejoró el pacto revolucionario: nadie llega al poder para quedarse. Al terminar su turno, puede llevarse el queso acumulado y disfrutarlo en paz, pero no estorbar a los que siguen.

Miguel Alemán añadió otra innovación: sacar al Ejército del partido único y acaudillar a los universitarios en la toma civil del poder central.

Así quedó redondeado un sistema de poder temporal (más que espacial, cronopolítico más que geopolítico) de extraordinaria capilaridad. La gran pirámide central permitía ascender mansamente haciendo cola, desde posiciones ínfimas hasta las cimas alcanzables por vía de la UNAM. A diferencia del porfiriato, que culminaba en don Porfirio, inmovilizando todo el aparato político, el nuevo sistema no tenía tapones: la cola ascensional se movía lentamente, pero se movía, abriendo oportunidades de ascenso en todos los niveles.

Con una excepción: el poder sectorial, taponado por líderes vitalicios, cuyo paradigma fue Fidel Velázquez. Aunque se decía que las centrales obreras eran simples correas de transmisión del poder presidencial, eran realmente cacicazgos subordinados, con sus propias bases de poder sectorial. Cuando algunos teóricos brillantes le hicieron creer al Presidente Echeverría que podía destituir a Fidel, tuvo que dar marcha atrás rápidamente.

Carlos Salinas de Gortari soñó en la reelección o el maximato (rompiendo el pacto) y el resultado fue la regresión a los tiempos anteriores a Calles: reaparecieron los magnicidios, se fragmentó el partido único y resurgieron los cacicazgos locales (el Presidente Zedillo no pudo destituir al Gobernador de Tabasco).

Las elecciones del 2000 consumaron la destrucción del poder central, y no lo reemplazaron. Volvió la guerra de principios sagrados, y se desataron los caciques: locales (gobernadores), sectoriales (líderes sindicales, "campesinos" y "populares") y criminales, que son híbridos. Como poderes regionales, son una regresión a los tiempos anteriores al porfiriato: bandidos que dominan territorios. Como poderes sectoriales, militarizan la lucha intersindical por la dominación del sector.

Ya no existe el supremo árbitro (capo di tutti capi), y todavía no hay instituciones democráticas suficientemente fuertes para que impere la ley. Los partidos mismos son cacicazgos sectoriales, dedicados a la guerra intersindical por el queso.

Gabriel Zaid

Etiquetas: corporativismo, corrupcion, partidocracia, PRI, sindicatos

Les comparto esta encuesta realizada por Consulta Mitofsky. Hace poco más de 2 años, a principios del 2006, el PRD traía una intención de voto del orden del 40%. Hoy, traen casi la 3a parte. De hecho están incluso por debajo de la intención de voto histórica para el PRD, que siempre ha rondado el 15%.
Pero no, esto no puede ser culpa de AMLO ni de sus seguidores fanáticos del "no". Tampoco de los bloqueos, tomas de tribuna, discursos incendiarios, el cochinero de sus elecciones internas y otros detallitos. No, para nada. Esta encuesta seguramente esta "cuchareada". Si, la respuesta más simple tiende a ser la correcta.
Otra opción es que la mayoría de la gente tiene el coco lavado por Telerisa y TV Azqueta.

Saludos

Etiquetas: democracia, elecciones, partidocracia

Aunque podría orientarse a la grandeza, al desarrollo y al futuro, la política mexicana vive, navega y se reproduce en la mezquindad. Todo nuestro mundo político, con excepción, claro está, de las ambiciones personales e individuales, es chiquito. Chiquita es la visión y chiquitos son los criterios con que se eligen equipos de trabajo. Esa forma de ser ha creado incentivos por demás perniciosos para el comportamiento de toda la sociedad política activa: igual quienes cobran como favores lo que deberían hacer por obligación, que los medios que chantajean sin el menor rubor; el gobierno que es pusilánime a la hora de regular a la economía y a sus actores prominentes, y el legislativo que siempre está presto a congelar cualquier iniciativa, buena o mala. ¿Qué no habrá una mejor manera de hacer política?

He aquí algunas consideraciones al respecto:

1. Política, ¿para qué? Ésta es una vieja forma de discusión que emplean sobre todo los historiadores para definir su marco de referencia y acción. Lo mismo debemos preguntarnos sobre la política: ¿es un instrumento para lograr algo o un objetivo en sí mismo? Una definición de diccionario diría que se trata del "arte de gobernar" o "el arte de lo posible". Ambas definiciones, que desde luego no son exhaustivas, entrañan un sentido de propósito: la política sirve para lograr algo, así sea meramente "lo posible". En México parece que hemos caído en lo más primitivo: la búsqueda del poder por el poder a cualquier precio y sin reparar en costo alguno. Ahí están los plantones y la toma de la tribuna; también la llamada "congeladora", el basurero al que se envían las iniciativas de ley que nuestros legisladores decidieron no tocar, no porque fueran buenas o malas, sino para evitar controversia o la afectación de intereses. Ahí están las consultas diseñadas para impedir en lugar de proponer, resolver o construir. Mezquindad pura.

2. ¿Actuar dentro de las instituciones? Sólo cuando me convenga parece ser la lógica de algunos prominentes actores políticos. Trabajan dentro de los marcos institucionales mientras eso favorezca sus intereses o avancen sus preferencias. Pero la alternativa no institucional se mantiene siempre vigente y disponible. La mezquindad no se limita a los que ostentan cargos públicos. Pero, a diferencia de aquéllos, quienes coquetean con la violencia y la no institucionalidad constituyen un riesgo de estabilidad para todos.

3. La política social es motivo de permanente conflicto. Quien está en el poder cree que tiene derecho absoluto sobre su diseño; quien está en la oposición quiere institucionalizarla y transformarla en "política de Estado". Ninguno de los dos bandos repara en el hecho de que la política social corresponde hoy al reino de los gobiernos estatales, ese hoyo negro que se ha convertido en uno de los intocables de la política nacional, a pesar de sus cada vez más deleznables prácticas. Razonable pretender limitar los excesos, pero una política de Estado, si eso es lo que se va a construir, tiene que ser integral, incluyendo a la totalidad de sus participantes y no sólo a los de la oposición, quien sea que se encuentre en el gobierno en un momento dado.

4. Las llamadas "políticas de Estado" son una gran idea en concepto, pero en nuestro país no son más que un medio para limitar al gobierno federal. ¿Por qué no comenzar por ponernos de acuerdo en cuál debe ser el contenido de, por ejemplo, la política exterior y, si eso se logra, entonces incorporarlo en ley? Nuestra naturaleza mezquina lleva a primero aprobar la ley, para luego intentar los acuerdos o, usualmente, imponer una postura partidista: la carreta adelante de los bueyes.

5. Los equipos de trabajo son siempre chiquitos, para que no opaquen al jefe o jefa. Tampoco hemos logrado trascender el amiguismo. Baste observar los gabinetes estatales o federal para atestiguar lo obvio: hay personajes incompetentes, contraproducentes y hasta peligrosos para el cumplimiento de su función pero, eso sí, son amigos del gobernador o del presidente, y que "el jefe les tenga confianza" es carta suficiente para dejarlos ahí. Nadie quiere funcionarios destacados y competentes que pudiesen opacar al superior. Lo importante es la imagen y la apariencia, no la trascendencia de la actividad política en la forma de progreso y desarrollo del País. ¿Alguien piensa en el ciudadano? ¿Hay visión de país?

6. La mezquindad parece perenne. Pasan los años pero no cambian las perspectivas. Nixon perdió la presidencia por corrupto y trató de recuperar su credibilidad a través de una renovada visión del futuro de su país. Aquí seguimos en las rencillas de antaño. Lo importante es seguir saldando cuentas, no intentar inducir una nueva visión de grandeza y prosperidad.

7. Los medios de comunicación, los líderes religiosos, los empresarios, los líderes sindicales, todo ese submundo que es parte integral de la política nacional, vive de los favores y los intercambios. Nadie construye nada más que imperios personales o intereses grupales. Fiel reflejo de la política, con la que guardan una relación simbiótica, todas estas personas y grupos viven en la rayita entre la legalidad y la ilegalidad, el chantaje y la extorsión. Como la ley no se aplica, la ilegalidad no existe: un inmenso lodazal que juega, como espejo, al estancamiento y a la mezquindad.

8. Parecería que hemos pasado a la posmodernidad, aquella etapa en la que los actores políticos (como los partidos políticos) y los proveedores de servicios públicos (igual empresarios que gobiernos) se regulan solos. Aquí ya no requerimos autoridad que limite los abusos de los medios de comunicación o de los proveedores de energía, comunicaciones y demás. La autoridad es innecesaria y la Suprema Corte puede limitarse a lo formal: ¿para qué entrar al fondo de los asuntos si eso se puede esquivar?

9. Los ciudadanos no nos quedamos atrás. Quizá como efecto reflejo, la ciudadanía rechaza todo proyecto de desarrollo (como puede ser un puente o un segundo piso). Buenas razones hay para ello, pero nadie piensa más allá de lo inmediato.

La mezquindad y bajeza son posibles porque así lo hemos permitido los ciudadanos. En lugar de forzar a los políticos a responder a las necesidades y reclamos de la población y a las realidades evidentes -caos vial, calidad de servicios, insuficiente crecimiento económico y, sobre todo, el rezago creciente del País respecto al resto del mundo-, la ciudadanía se ha contentado con evitar males mayores. Mucha historia justifica actitudes como ésa, pero si los ciudadanos no estamos dispuestos a pelear por nuestros derechos nadie más lo hará.

Luis Rubio
www.cidac.org

Etiquetas: demagogia, partidocracia, populismo, reaccionario

Pareciera poco creíble que las ideas de un fraile franciscano del Siglo 14 pudieran ser de utilidad en el Siglo 21, pero así es.

Se trata de Guillermo de Ockham, que estableció un principio lógico que dice lo siguiente: en igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta.

Un principio que a veces parece totalmente ausente en México.

¿Por qué razón el PRD está promoviendo una consulta en la que los dados están cargados? La respuesta más sencilla a este problema es porque quieren parque político para oponerse a la reforma.

O bien, ¿por qué el PRI sí quiere sacar una reforma aunque sea diferente a la que planteó Calderón? Porque está interesado en ganar imagen y votos para las elecciones del 2009 y del 2012.

¿Por qué el PAN y el Gobierno van a darle luz verde a la reforma planteada por el PRI? Porque necesitan que la reforma petrolera salga, así sea rasurada y limitada, pues de lo contrario sería un gran fracaso para la administración actual.

En la política y en la economía mexicanas tenemos la tendencia a enredarnos o a aceptar explicaciones enredadas cuando las cosas tienen respuestas claras y sencillas.

Por ejemplo, si pregunta por qué el Gobierno le pedía al Banco de México que bajara las tasas de interés es porque al Gobierno le conviene que la actividad económica sea mayor probablemente sin importarle un costo de un punto o un par de puntos en la inflación.

Al Banco de México le importa menos perder un medio punto de crecimiento o poco más incluso si a cambio de ello se va a conseguir frenar la inflación, porque para eso está.

Si no cumpliera su propósito podría ser incluso demandado por falta de cumplimiento de su mandato.

Veamos ahora otra historia, también vinculada con un fenómeno que hoy se presenta por todas partes y que es el incremento de los precios de los alimentos.

Este fenómeno tiene dos explicaciones muy simples. Una parte del aumento tiene que ver con desequilibrios entre la oferta y la demanda a nivel mundial y otra con los procesos especulativos en los mercados financieros en los que se fijan los precios de muchos productos.

No es uno u otro, es la suma de ambos, punto.

Finalmente, déjeme ponerle un caso que tiene una relación más cercana con la política, que es donde a veces parecen enredarse más las cosas.

Los políticos -por lo menos casi todos los políticos mexicanos- piensan fundamentalmente en llegar y escalar en el poder.

Esto define una parte central de sus acciones. Si el Jefe de Gobierno del Distrito Federal quiere ser aplaudido por los cercanos de AMLO y también por los empresarios que van a desarrollar la infraestructura de la Ciudad de México es porque quiere escalar a una posición arriba, es decir, ser candidato a la Presidencia de la República, como él ya admitió.

Lo mismo puede decirse, lo admitan o no, de Enrique Peña o de Manlio Fabio Beltrones, en el PRI. No le demos vueltas.

O bien, tampoco hay que buscar una solución compleja frente a la actitud política de Andrés Manuel López Obrador. Le apuesto doble sobre sencillo a que en cuanto haya un dictamen de la reforma petrolera -o antes incluso- veremos nuevamente a sus huestes en la calle o tomando la tribuna.

El tema no es la reforma petrolera, sino la permanencia en la escena política como el político más conocido y el prospecto más fuerte para volver a ser candidato presidencial, aunque esta vez no sea "legítimo".

Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com

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¿Para que tanto brinco estando el suelo tan parejo? Todos los políticos son iguales, sólo buscan su beneficio personal o de grupo. Uno como ciudadano, ante la partidocracia que tenemos y que no podemos eliminar, debemos escoger entre ellos el que nos brinde más beneficios y menos perjuicios, para toda la sociedad, a pesar de que el político, en lo personal, busque su propio beneficio. La clave no esta en los discursos, en el que, si no en los cómos.

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(29 abril 2008).- Cuando en diciembre pasado un grupo de ciudadanos presentamos un amparo contra lo que consideramos una grave afrenta a la libertad de expresión propiciada por la más reciente reforma electoral, hubo reacciones confusas. La sólida argumentación de Fabián Aguinaco fue consultada por pocas personas que, convencidas, salieron a pelear la causa. Sin embargo nadábamos contra corriente. Varios factores no ayudaron a la comprensión de nuestra inquietud. En primer lugar la coincidencia temporal con la serie de amparos promovidos por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex era inevitable. Los plazos procesales son los mismos para todos. Segundo lugar la impresión, imposible de corroborar en los hechos, de que fueron justamente los spots del CCE los que inclinaron indebidamente la balanza en la elección del 2006, dejó un campo minado alrededor del tema. Coincidir en una inquietud similar con esas organizaciones empresariales pareció a muchos totalmente impropio.

Fue por ese rechazo a las cúpulas que algunas personas cayeron en la visión simplista: buscan defender que "los ricos" puedan imponerse en política usando la radio y la televisión. Equidad es que ellos no puedan manipular. Sin entrar en los argumentos de los empresarios, insistimos en que el amparo elaborado por Fabián Aguinaco respondía a otras motivaciones muy diferentes. Ahora, a unos cuantos meses de vigencia de la normatividad ya hay varias víctimas. Nuestros argumentos salen a la superficie.

La modificación al Artículo 41 ataca directamente la libertad de expresión. Al conceder que sólo los partidos políticos puedan contratar espacios en radio y televisión para incidir en el debate, se establecen dos niveles de ciudadanía. Los de primera, una minoría, que son aquellos ciudadanos afiliados a los partidos y los de segunda, el resto de los mexicanos. Además recordemos que son las dirigencias las que deciden por lo cual las minorías internas tampoco tendrían acceso. Argumentamos por ello que la reforma era, además de violatoria de la libertad de expresión, discriminatoria.

Pero en el aire seguía la idea de que sólo "los ricos" tenían acceso a los medios electrónicos. Nuestros argumentos siguieron avanzando. Héctor Aguilar Camín demostró lo absurdo de pretender que la prensa escrita era más barata y democrática, de allí que si estuvieran permitidas las inserciones pagadas en periódicos y revistas. Una campaña en radio puede ser mucho más eficiente y barata que la inserción de desplegados. Además de las mil 129 elecciones federales (500 diputados por dos, más 128 senadores, más Presidente de la República) programadas en seis años sólo la presidencial requiere de alcance nacional. El resto deben ser peleadas localmente. Las cadenas nacionales no sirven para ganar en una diputación en Sonora o Yucatán. ¿Cuál es la lógica?

Joel Ortega argumentó con gran claridad que al aceptar la definición abstracta de "los ricos" se limitaba a cualquier tipo de organización ciudadana capaz de contratar un spot de menos de 100 pesos en el radio. ¿Cuándo una organización ciudadana pasa a la categoría de "los ricos"? Hay sindicatos y uniones campesinas encargadas de la defensa legítima de los intereses de los trabajadores y campesinos, mucho más poderosas que otras organizaciones empresariales. Paradójicamente la primera víctima fue el FAP al contratar spots para convocar a un mitin. Luego la Presidencia de la República por contratar un spot en defensa de la reforma energética. Después aparecerían los spots de la organización, para mí desconocida, en contra AMLO. A este ritmo, la lista de víctimas crecerá y crecerá.

Pero las aberraciones de la nueva redacción del Artículo 41, y en general de la reforma en este aspecto, van más allá. Ahora resulta que sólo los partidos pueden usar los medios para hablar de política, ¡incluso en etapas no electorales! El spot en contra de AMLO en cuyo contenido no entraré, es contratado por una organización privada y se refiere a acciones emprendidas por servidores públicos, los senadores y diputados del FAP y por un personaje que no es candidato a nada.

Si la información indebidamente atenta contra la integridad moral y fama pública de una persona se puede acudir a la calumnia y difamación. Para eso están allí. Tendrá que ser un juez, por fortuna de lo civil y ya no de lo penal, el que decida si procede la demanda. Los consejeros electorales no son jueces. El derecho electoral no puede desplazar o sobreponerse al civil. Que demanden al señor Velasco, pero nadie puede impedirle que exprese lo que piensen él y sus seguidores. Sus libertades son nuestras libertades.

Pero hay más. Al convertir al IFE en un gran censor de lo admisible en política, de lo correcto e incorrecto, se trastoca la esencia del principio liberal. Cualquiera en cualquier momento, electoral o no, debe tener derecho a difundir sus ideas por los medios que considere adecuados, los que sean. Si se comete una afrenta real, esta deberá ser calificada por un juez. Nadie tiene derecho limitar la expresión de otro ser humano, organizado en partidos o no. Queda claro, además, que esta nueva responsabilidad del IFE, monitorear cientos de elecciones a la vez, impedir que ciudadanos y organizaciones contraten tiempos y sancionar a televisoras y radiodifusoras y partidos es una nueva malformación. La incapacidad, la ineficacia previsible son un riesgo que el IFE no merecía.

Ahora queda claro: la reciente reforma electoral atenta contra la libertad de todos los mexicanos.

P.D. La decisión de la Corte de ayer de revisar los recursos de Convergencia y Nueva Alianza abre puertas a la discusión de fondo. Vamos por buen camino.

Federico Reyes Heroles

Etiquetas: AMLO, democracia, IFE, libertad, partidocracia

La pobreza es un fenómeno social y económico lacerante al cual no se ha logrado ni entender ni erradicar. En nuestro país se estima que aproximadamente 49.6 millones de personas caen dentro de la definición oficial de pobreza, que incluye a la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.

A lo largo de la historia del país se han hecho diversos esfuerzos por tratar de erradicarla o bien, reducir a la población que se encuentra en esta condición. El esfuerzo ha sido muy grande y los resultados, si bien significativos desde una perspectiva relativa, en términos absolutos muestran que seguimos hablando de una cantidad importante de personas que aún se encuentran en una situación de pobreza.

Bajo esa perspectiva relativa, desde 1950 el porcentaje de personas en situación de pobreza (alimentaria, de capacidades y patrimonial) se había reducido del 88.4 por ciento del total de la población al 47 por ciento en el año 2004. Miguel Szekely, una de las personas que más ha estudiado este tema y que fue Subsecretario de Prospectiva, Evaluación y Planeación de la Sedesol en el sexenio pasado, publicó en el 2005 un artículo en el Trimestre Económico (disponible en www.sedesol.gob.mx/archivos/70/File/2as_Docu24.pdf), en el que se muestra una serie desde 1950 hasta el 2004 sobre pobreza y desigualdad.

Desde una perspectiva absoluta, la población total del país se incrementó 3.9 veces en ese periodo, el número de pobres lo hizo 2 veces, y el saldo es que actualmente existen 49.6 millones de personas en condiciones de pobreza.

En el mismo estudio, Szekely encuentra una correlación entre pobreza y desigualdad con crecimiento económico e inflación. Obviamente existe una correlación negativa entre crecimiento del PIB per cápita y la reducción del número de pobres, y lo más destacable es que encuentra una correlación positiva entre inflación contra desigualdad y pobreza. Es interesante observar que en los años de la crisis económica de 1995, cuando el crecimiento del PIB fue negativo en 6.2 por ciento y la inflación ascendió a 51.9 por ciento, los niveles relativos de pobreza y desigualdad retrocedieron a niveles de 30 años antes.

Llama la atención que en el estudio no haya agregado una correlación entre el monto que gasta el Gobierno federal en programas de combate a la pobreza y la reducción en el número de los mismos y en la desigualdad.

Cuando uno escucha los discursos de los políticos, desde tiempos inmemorables, el ataque a la pobreza ha estado en el centro de sus ofertas de política pública. Cuando es tiempo de campañas electorales, nada mejor que una foto del candidato con un pobre o arrancar la campaña visitando al municipio más pobre del país. La solución que ofrecen siempre está enfocada a cuánto dinero público (de nuestros impuestos) va a destinar a combatir la pobreza.

Para los políticos mexicanos, la mejor manera de combatir la pobreza es aumentar los presupuestos públicos. Si nos remitimos a lo sucedido durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va de la actual administración, el gasto federal destinado para la superación de la pobreza subió del 7.5 por ciento del gasto programable en el año 2001 al 9.8 por ciento en el año 2007.

Como porcentaje del PIB significó un incremento del 1.2 al 1.7 por ciento en dicho periodo. Estamos hablando de una barbaridad de dinero. La reducción que se observa en la pobreza patrimonial del 53.7 por ciento en el 2000 al 47 por ciento en el 2004, que significó reducir el número de pobres de 54 millones a 49.6 millones, ¿realmente es atribuible a estos recursos gastados? Seguramente deben explicar una parte de la reducción. También el PIB creció 2.6 por ciento en promedio en ese periodo con un crecimiento de la población del 1 por ciento. Habrá que darle su mérito a la reducción en los niveles de inflación y estabilidad macroeconómica de los últimos años.

De los programas de combate a la pobreza más exitosos que se han aplicado en nuestro país y que muchos otros países (inclusive ciudades como Nueva York) están tomando de ejemplo es, sin duda, el programa "Oportunidades", el cual tiene la virtud de que ataca a la pobreza desde su raíz mediante apoyos monetarios a las familias objetivo para alimentación, en el cual se benefician 4.8 millones de familias; apoyos en educación y salud, esto es, capital humano necesario que le dé la llave a las familias para salir de la pobreza. Hay también apoyos monetarios a gente de la tercera edad.

El mérito de este programa es que va focalizado hacia una población objetivo (no es el clásico programa "escopeta", en donde se reparte dinero a todos). Otros méritos son que este programa inició con Ernesto Zedillo y ha sobrevivido dos administraciones presidenciales posteriores y que no es manipulable electoralmente, como fue en su momento el caso del programa "Solidaridad" de Carlos Salinas de Gortari. La muestra es que no le ayudó a Zedillo a que el PRI siguiera en el poder y que, en las últimas elecciones presidenciales, un porcentaje importante de los votos obtenidos por Andrés López fue en los municipios beneficiados por "Oportunidades".

Para reducir la pobreza la clave está en que repunte el crecimiento económico. Para esto es indispensable que se incrementen los acervos de capital, es decir, que haya mayor inversión, y a través del cambio tecnológico, además de mantener la estabilidad económica.

Pero mientras nuestros políticos sigan viendo a la pobreza como botín político-electoral y sigan saboteando las reformas estructurales para apuntalar nuestro crecimiento económico, entre ellas, la energética, millones de mexicanos seguirán siendo pobres y seguirán siendo festín de resentidos, populistas, demagogos, ineptos y ambiciosos, a quienes lo que menos les interesa es que desaparezca la pobreza. Si desaparece, ¿a quién van a redimir?


Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx

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Los conservadores del siglo 19, discípulos de Lucas Alamán, eran partidarios del proteccionismo industrial y el intervencionismo del Estado, detestaban a Estados Unidos, se oponían a la inversión extranjera y la inmigración. Sus adversarios liberales -la generación de Juárez- creían en la libertad de comercio, criticaban el paternalismo estatal, admiraban el modelo económico y político de los vecinos del norte, alentaban la inversión foránea y la inmigración. Ambas posturas tenían puntos razonables y en ambas había matices. El acuerdo o el compromiso no era imposible, pero en vez de debatir civilizadamente sus diferencias (no sólo las económicas, por supuesto, sino las teológico-políticas) decidieron matarse por ellas.

Al triunfo de la República en 1867, los liberales desterraron a los conservadores del discurso público e impusieron su proyecto económico. Pensaban que el ferrocarril sería el detonador que sacaría al País de su atraso de siglos. "Donde hay ferrocarriles... -escribió Francisco Zarco- ..la paz está asegurada... el orden no necesita apoyo... todos están interesados en conservarlo". "Los ferrocarriles -creía Guillermo Prieto- ...podrán cambiar en opulencia la actual pobreza del país" ("Lecciones elementales de economía política", 1876). El diagnóstico era claro, pero México carecía de los capitales necesarios y la capacidad de ejecución para llevarlo a cabo. Había que atraer la inversión extranjera.

Comenzó a llegar hacia 1880, detonó la inversión nacional, pública y privada, y atrajo inmigrantes europeos, activos e industriosos. Se tendieron 19 mil kilómetros de ferrocarriles, se cubrió el territorio con redes telegráficas y correos, se multiplicó la actividad minera y el desarrollo urbano, dio comienzo la explotación del petróleo, se construyeron instalaciones portuarias como Salina Cruz, prosperó la ganadería y la agricultura de exportación, se diversificó la industria, se amplió el comercio internacional, etc... Al margen de sus inadmisibles fundamentos políticos e inequidades sociales, el beneficio económico del programa liberal fue mayor que el costo, sobre todo que el costo de no haber hecho nada. Y, como demostró Daniel Cosío Villegas, frente a los inversionistas del extranjero el gobierno porfirista se manejó con astucia, sentido de equilibrio y responsabilidad. La huella de aquellos proyectos y realizaciones es perceptible hasta nuestros días.

El siglo 20 deparó una sorpresa mayúscula: el Estado nacional-revolucionario adoptó los puntos centrales del programa conservador, entre ellos el estatismo y el proteccionismo. Al margen de su carácter antidemocrático y sus indudables aciertos sociales, su gestión económica fue improductiva. Tuvo, es verdad, un periodo de éxito moderado (1934-1970) pero no deja de ser significativo, por ejemplo, que la red ferroviaria haya permanecido estancada. La exacerbación populista del modelo (1970-1982), pródiga en despilfarros petroleros y gigantismos burocráticos, condujo a una primera crisis, que se agravó en la siguiente etapa debido a los errores de los tecnócratas que actuaban en nombre de un liberalismo impuesto desde arriba y, por eso mismo, contradictorio con su propia esencia.

Ahora la historia nos ha colocado en un predicamento similar al del siglo antepasado. El país necesita crecer, pero no hay consenso para definir el rumbo. Entonces el catalizador del crecimiento eran los ferrocarriles, hoy no debería hablarse de uno sino de muchos catalizadores (tanto en el nivel de la macro como de la microeconomía) pero tirios y troyanos coinciden en atribuir ese papel al petróleo. De ser así, la pregunta decisiva es: ¿tenemos los capitales y la capacidad de ejecución para crecer, con la celeridad requerida, en ciertas áreas cruciales de la producción petrolera?

Como en aquel siglo, en el nuestro hay dos posiciones extremas y un espectro muy amplio entre ellas. No conozco ningún liberal que abogue por una vuelta a la condición anterior a 1938. La postura liberal sostiene, más bien, que cerrar el paso a la iniciativa privada nacional no es un acto de nacionalismo sino de algo muy distinto: el estatismo. Una cosa es la Nación y otra el Estado. Si bien nadie, en su sano juicio, puede o debe proponer la "privatización" de Pemex, a estas alturas no es fácil demostrar que el control monopólico absoluto de Pemex por parte de su propia burocracia, del sindicato (que no da cuentas a nadie) y del gobierno en turno, sea la fórmula que beneficie mejor a la nación.

Por lo que hace a la inversión foránea, quienes sostienen una postura liberal sensata desaconsejan la apertura indiscriminada no sólo por la significación del petróleo en México sino porque, en igualdad de condiciones, siempre debe ser preferible la inversión nacional. Pero esa misma postura admite la posibilidad de que en algunas áreas (por ejemplo, la exploración de aguas profundas) esa igualdad sea ilusoria y que, en la práctica, el problema no sólo sea de capital (que tampoco es infinito ni puede distraerse del gasto social y de infraestructura) sino de tecnología y de capacidad de ejecución. Más aún si se considera la complejidad, la dimensión y el riesgo de la operación, así como la urgencia de ampliar las reservas probadas.

Contra esta posición liberal y sus diversas variantes hay argumentos razonables de izquierda. Pero también hay quienes no argumentan sino descalifican y amenazan. Son los nuevos conservadores: partidarios encendidos del estatismo nacionalista y "revolucionario" pretenden expulsar del discurso (como "traidores a la patria") a quienes proponen la más mínima y focalizada apertura en el sector energético. No deja de ser paradójico que quienes representan esta actitud dogmática designen como "de derecha" a los liberales, cuando son ellos quienes reencarnan las posiciones más reaccionarias.

Por fortuna hoy vivimos en una democracia. Gracias a ella no necesitamos matarnos por las ideas: podemos discutir sobre ellas. La mejor manera de celebrar el 18 de marzo es dar comienzo a un gran debate nacional sobre el petróleo en los medios, usando quizá los tiempos oficiales. Participarían políticos, especialistas, periodistas, comunicadores e intelectuales. De llevarse a cabo con el debido profesionalismo, se verá que existen puntos de posible acuerdo entre las partes y que la reforma puede darse de manera ordenada y escalonada para beneficio de quien es el dueño de ese recurso: la nación mexicana, entendida como la suma de cien millones de voluntades, no como una abstracción custodiada por los exaltados que dicen hablar en su nombre.

Enrique Krauze
Domingo 9 de marzo, El Norte
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Para los que todavía no entienden el significado de las palabras conservador y liberal.
Yo no creo que ya vivamos en una democracia. No es más que una partidocracia. Pero es suficiente para no matarse por las ideas.

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"No interfieran en nada con la Constitución. Debe mantenerse tal cual es porque es la única garantía de nuestras libertades".
Abraham Lincoln


La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.

Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.

Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.

Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.

Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.

Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.

Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.

Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.

Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.

Sergio Sarmiento

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Luis Rubio
www.cidac.org

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El estancamiento que sufre en estas horas la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales responde a varias contradicciones que se derivan de las insuficiencias que mostraba la misma desde sus orígenes. Era evidente que estaba planteada y concebida en torno a los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, y que el objetivo central pasaba por la recuperación del control sobre el proceso comicial. Si eso en sí mismo era problemático, algunas de las decisiones adoptadas, en particular lo relacionado con los mecanismos de operación, los cambios en los integrantes del IFE y el tema de la relación con los medios de comunicación, sin duda hicieron más difícil el proceso.

Oculto, además, por la discusión en torno a la publicidad en los medios estaba otro debate: el limitado acceso que tendrían a los mismos los partidos minoritarios y los obstáculos que se les colocaban para mantener su registro, sobre todo de parte del PRI y el PRD, que habían conformado alianzas muy costosas con partidos pequeños que terminaron recibiendo mucho más de lo que podían ofrecer. Paradójicamente, fue el PAN el que resultó con mayores beneficios de ese proceso, al ir solo a la contienda y no aceptar una alianza con el Partido Verde o, por lo menos, con la corriente de Bernardo de la Garza, demasiado onerosa en posiciones y recursos. El PRI y el PRD, por el contrario, para lograr presentarse como coaliciones, invirtieron demasiado en esos aliados, con un costo alto en recursos, mas también en las posiciones legislativas que finalmente entregaron.

Entonces la reforma tenía una cara pública muy evidente que era ajustar cuentas con los medios, pero también estaba la intención de hacerlo con los partidos pequeños: quitándolos de los medios, colocando exigencias mucho más altas para mantener u obtener el registro y además obstaculizar las coaliciones y reemplazarlas por candidaturas comunes. La promesa de los tres grandes partidos a la chiquillada, como la llamó en su momento Diego Fernández de Cevallos, era que algunos de esos puntos se podrían solucionar en la ley secundaria. No ha sido así, al contrario, las exigencias y las limitaciones se acentuaron.

Es verdad que sin el actual sistema de coaliciones buena parte de esos partidos no hubieran podido mantener el registro, pero nadie obligó al PRI y al PRD a aliarse con ellos y a un costo tan alto. Sucedió lo mismo que con los medios o la publicidad: nadie obligó a los partidos a establecer un tono determinado de campaña, eso lo definieron y siguieron ellos mismos. Es falso que lo hayan marcado los medios de comunicación.

Pues bien, el martes no se pudo presentar la iniciativa de reforma del Cofipe porque los partidos pequeños se oponen a ella y se ve difícil alcanzar los consensos con miras a sacar la reforma por unanimidad. Los partidos mayores no lo necesitan y eso coloca a los pequeños contra la pared. El punto es que, desde la oposición, en términos de opinión pública, podrían torpedear la reforma y algunas alianzas, como la del llamado Frente Amplio, correrían el serio riesgo de desintegrarse. Pero en los tres grandes partidos existe la convicción de que si hoy no se llega a un acuerdo seguirán solos. Habrá que ver entonces hasta dónde llega la rebeldía de los pequeños.

Otro punto de debate es el de los medios. Debe insistirse en que el sistema planteado es muy desafortunado desde la reforma constitucional, al no dejar espacios para la contratación de publicidad a través de los partidos y ahora se ha reforzado también algo difícil de explicar: la prohibición de contratar publicidad por personas o instituciones del sector privado, tanto en medios electrónicos como en periodismo escrito. El tema es controvertido, mas resulta lesivo de los derechos individuales. Jorge Alcocer, uno de los ideólogos del tema, explicó ayer en su artículo en Reforma que únicamente se busca alejar a los ricos de la posibilidad de pagar por sus opiniones y pone un ejemplo contundente: le preguntó a su sirvienta si ella pagaría por publicidad para criticar o apoyar a un candidato y ésta se limitó a pedirle un aumento de sueldo. Y establece, en un súbito regreso a la lucha de clases, que la reforma trata de equilibrar en las elecciones a los pobres con los ricos. Un argumento que, definitivamente, no está a la altura de un hombre como Alcocer, por superficial y falso: porque no se trata de ricos y pobres y, en todo caso, buena parte de los sindicatos están en mejores condiciones de pagar este tipo de anuncios que muchas empresas a quienes se les prohíbe por ley y no se los permite su código interno. El tema puede analizarse de distintas maneras, aunque definitivamente no se esclarecerá preguntándole a la sirvienta de Alcocer, quien por cierto presentará (Alcocer, no la sirvienta), el próximo viernes, su propuesta para integrarse al futuro IFE.

Pero también está el tema de la libertad de expresión por las restricciones que se impondrían con base en los documentos originales conocidos de la reforma. En ese sentido, existiría una propuesta de integrar un artículo para explicitar que no habrá límite para la libertad de expresión en los medios y el tema de sanciones y lineamientos se referirá sólo a los spots publicitarios. Hasta el momento de escribir estas líneas, la mayor oposición a ello estaba en los perredistas. Y quedaba un tercer tema, la llamada publicidad negativa: ¿cómo prohibir en una contienda electoral que un partido o un candidato critique a otro o muestre sus insuficiencias o supuestos desaciertos anteriores?, ¿de qué se trataría, entonces? Criticar, obviamente, no es lo mismo que difamar, y el delito de difamación ya está normado en las leyes y los criterios. En este caso, sin embargo, tanto el PRI como el PRD estarían de acuerdo en no modificar ese capítulo, de los más controvertidos y menos viables de la nueva ley.

Jorge Fernández Menéndez

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Yo en en lo personal estoy a favor de que ya no se puedan hacer las coaliciones como antes. Que si puedan presentar candidaturas comunes, pero que cada partido ponga su logo y saque los votos que realmente le corresponda. Pero definitivamente me opongo a los enormes requisitos que existen para crear un partido. Son barreras para evitar la entrada de competidores lo cual sólo beneficia a los 3 "grandes". Y sobre todo a que ya no se permiten candidaturas independientes, sin la intermediación de partidos. Eso es un atentado a las libertades individuales. Tampoco me parece correcto que los ciudadanos independientes no puedan participar en politica opinando. Ya no se podrá criticar a nadie, aunque sea verdad lo que se diga. Estamos ante un retroceso en la democracia. La partidocracia se consolida y eso conllevará a que el resto de las cosas que están mal en el país (educación, pobreza, seguridad, corrupción, etc.) no se corrijan de fondo. Al tiempo.

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Nuestros políticos gustan de hablar una y otra vez de la transición española o, algunos de ellos, del régimen político francés, hablan de grandes reformas y siempre de la democracia liberal, pero, a la hora de tomar decisiones, terminan asumiendo un modelo cerrado, con fuertes acentos antidemocráticos y alejado de los sistemas español, francés o de cualquiera de los europeos que dicen emular.

Las reformas aprobadas van orientadas al peor de los mundos. Básicamente se concentra todo el poder en un grupo de partidos, pero al mismo tiempo se debilita al sistema en su conjunto: nuestra aún endeble construcción democrática está siendo comprometida seriamente con las medidas que se están adoptando. No es un problema de fórmulas, sino de establecer mecanismos que hagan eficiente la función pública, los procesos electorales y que de allí parte la legitimidad del sistema. No se está actuando así. Por ejemplo, el sistema electoral mexicano era (hasta que un grupo de políticos decidió lo contrario sin mostrar una sola prueba a favor de sus alegatos) uno de los más prestigiados del mundo: un sistema ciudadanizado, con un padrón confiable, con credencial de elector, listas nominales con fotografía, la participación en las jornadas electorales de más de un millón de ciudadanos que acudían voluntariamente a organizar los comicios, un tribunal electoral y una fiscalía especial. La calidad de la campaña la determinaban los participantes, los partidos, no las instituciones electorales que demostraron una y otra vez ser eficientes. Las tesis que hablan de malos manejos del IFE en cualquiera de los procesos electorales que le tocó organizar desde su ciudadanización completa en 1996, están vacías de contenido y jamás se han sustentado con pruebas. No se trata de una cuestión de fe o de no querer ver los satélites de Júpiter, como argumentaba ayer José Antonio Crespo, sino de los datos duros de cada una de las elecciones.

No nos engañemos: se acabará con la verdadera autonomía del IFE no porque se mostrara en una película publicitaria, aunque no se sepa de dónde salió, una boleta electoral sin doblar, sino porque esa institución castigó con multas de cientos de millones de pesos al PRI por el pemexgate, al PAN por Amigos de Fox y porque no permitió que López Obrador hiciera lo que quisiera en el proceso electoral. Y ahora el IFE amenazaba con multas millonarias a los partidos porque había descubierto que un tercio de los anuncios de radio y televisión que se utilizaron en la campaña de 2006 no fueron reportados por los partidos, sobre todo anuncios del PRI y de la coalición Por el Bien de Todos. Había que impedirlo. Era preferible arrojar por la ventana el agua con el niño y aprovechar la oportunidad para establecer mecanismos tales que nunca más permitieran que una institución electoral fuera realmente autónoma.

Ningún sistema electoral en una democracia es como será el nuestro después de que se establezcan las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en ningún país democrático se colocan tantos mecanismos de censura a los medios ni se dejan las faltas que se pudieran cometer en el terreno de la subjetividad; en ninguna democracia del mundo se establece un mecanismo de encuestas "oficial", que deberán respetar todos los encuestadores; en ningún país democrático del mundo se impide que personas físicas puedan contratar espacios para establecer sus opiniones sobre cualquiera de los candidatos; en ninguno se trata de reglamentar la llamada publicidad "negra", confundiendo ésta conscientemente con la crítica y, por lo tanto, limitándola. En las democracias, estadunidense o europea, lo que se sanciona (y nuestros códigos penal, civil y electoral también lo contemplan) es la difamación, no la opinión.

Pongamos un ejemplo, si se dice que López Obrador es un peligro para México, si se dice que Felipe Calderón es el candidato del continuismo o si se pregunta si usted le cree a Madrazo, ¿se trata de propaganda difamatoria? Si se dice que un candidato puede provocar con sus propuestas una crisis económica en el futuro, ¿es publicidad negra o una advertencia para que los electores no apoyen esas medidas? Si un grupo de ciudadanos quiere expresar su opinión sobre cualquiera de las plataformas en juego en una elección o acerca de los antecedentes de un candidato, ¿por qué no pueden hacerlo?, ¿desde cuándo la libre expresión es una prerrogativa absoluta de los partidos políticos? Se habla de que hay que privilegiar las propuestas, ¿qué ocurre entonces cuando una propuesta puede resultar atractiva electoralmente, pero descabellada en términos reales? Si un candidato dice que podrá recortar el presupuesto en cien mil millones sólo reduciendo salarios de altos funcionarios, ¿cómo se hace para decirle que eso es mentira?

Cualquiera ha leído cómo todos los periódicos importantes de Estados Unidos hacen explícita, en editoriales institucionales, su opinión sobre quién consideran el mejor candidato en unos comicios. En los más recientes, la mayoría apoyó a Kerry y ganó Bush. No pasó nada. En la España que dicen imitar, El País siempre ha apoyado al PSOE y, en las pasadas elecciones, el ABC, El Mundo y La Razón, al PP. Nadie impugnó los comicios por ello. En todo caso, cambiaron de periódico.

Lo más grave es que el sistema que se está planteando no es operativo, no servirá, porque, como siempre, cuando se quiere controlar todo no se controla nada. ¿Cómo hará el IFE para tener control sobre todas las emisoras de radio, canales y repetidoras de televisión, los sistemas y canales que vienen del exterior, todos los medios impresos, incluidos, dice la ley, carteles, folletos y trípticos? Se ha plasmado el sistema electoral más antiliberal posible y el más ineficiente. Desgraciadamente parece ser un adelanto de lo que resta de la Reforma del Estado.

Jorge Fernández Menéndez

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He dejado de creer en la legitimidad de los partidos políticos desde hace ya algunos años. Quedó atrás la época en que se podían ejercer con libertad los ideales políticos en estas organizaciones.

Si bien debo reconocer, en sus orígenes, algunos rasgos de valía para su existencia, la vida actual de los partidos políticos parece más ocupada de cuestiones coyunturales que de un auténtico afán por mejorar el País.

La Constitución determina, contrario a lo plasmado en su capítulo de garantías individuales, que son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes pueden acceder al poder. Así, y con la fortaleza presupuestal que han adquirido los partidos desde 1997, son ahora la única aduana para acceder al poder popular.

El problema de esta aduana es múltiple. Se ha convertido en una garita compleja, voluble, imprecisa y cambiante. Una puerta sin entradas ni salidas claras. Es difícil obtener pasaporte con ellos. Los partidos menosprecian la participación espontánea de los ciudadanos y se premia la interesada.

También las reglas de ascenso en la organización política están supeditadas a principios tan informales como las relaciones, la amistad, la posibilidad de un puesto público futuro y, en algunos casos, hasta la estética del candidato.

Estas aduanas hoy se han vuelto un búnker, pues son los partidos políticos y no los legisladores los que han hecho de la última reforma electoral su agasajo. Con ella se han blindado al escrutinio, echando la culpa a los intereses de los medios masivos de comunicación. Lograron su cometido: quedarse con el presupuesto del IFE y hasta con el mismo Instituto, sin darle cuentas a nadie.

Recorrer los postulados actuales de los partidos políticos es una verdadera pesadilla. Los planteamientos de los tres más importantes institutos políticos son coherentes en su exposición, pero muy cuestionables en su práctica. Como siempre es más fácil diseñar misiones y objetivos que ponerlos en práctica.

¿Qué ha provocado esta distancia entre los postulados partidistas y su ejercicio auténtico? Encuentro varias razones. Primero, la falta de comprensión de la práctica del gobierno. El ejercicio de la autoridad le genera muchas ilusiones al partido en campaña. Estos sueños consideran posible un plan de gobierno que incluya sus creencias y las de su partido. Se topan después con los operadores del gobierno, la burocracia y los grupos de interés. Pierden fácilmente de vista lo esencial de gobernar y terminan presos de la urgencia en las administraciones públicas, olvidando el objetivo básico de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus gobernados.

Segundo, la lenta pero contundente captura del gobierno por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos, no la sociedad, son los que determinan la colocación de funcionarios de primer y segundo nivel en muchos municipios y estados. La mano invisible de los institutos políticos está ahí. A veces con urgencia, a veces con maldad. Este "préstamo para que cuando yo llegue al poder te recompense con otro puesto" está minando la autonomía de la autoridad y alejando al gobierno de sus gobernados.

En este contexto se sitúa la reforma electoral aprobada por todos los partidos en beneficio, claro, de ellos y de su capacidad de seguir siendo aduanas y cotos de poder frente a la necesidad de visualizar un mejor país.

La reforma despierta posiciones encontradas. Se ha abierto la puerta a la partidocracia, se argumenta. Es cierto, pero la partidocracia no es un mal en sí mismo. Sin embargo, lo es desde el punto de vista de su origen.

En México, esta partidocracia nace con institutos políticos débiles ideológica y prácticamente. No con las ideas forjadoras de un mejor país, sino con las de mantener repartido el acceso a puestos públicos.

Estamos lejos de tener una partidocracia virtuosa, donde los partidos luchen por posicionar sus ideales y llevarlos a plataformas de campaña, pero que además constituyan mecanismos de autocrítica, rendición de cuentas a la sociedad e incentivos para impulsar un mejor desarrollo del País, aunque se pierdan elecciones.

Sólo así puede convertirse la partidocracia en un buen sistema electoral.

Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx

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Todos sabemos dónde inicia la censura, pero nadie puede decir cómo y cuándo terminará. Esta vieja sentencia se acaba de cumplir una vez más. La clase política empezó censurándose a sí misma al elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Pero la prohibición ha ido mucho más allá: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular" (artículo 41 de la Constitución). De ese modo, se ha cercenado el derecho de los ciudadanos a hacer política y participar en las contiendas electorales. No hay ningún argumento sólido para impedir que una agrupación de ciudadanos, un sindicato o un colegio de ingenieros manifiesten sus ideas y hagan proselitismo. Sobre todo si alguno de los candidatos o partidos atenta contra sus intereses o convicciones.

Se lesiona también el derecho de los ciudadanos en general a estar informados en un momento crucial: el de la elección de las autoridades y de sus "representantes". La prohibición de las campañas negativas cancelará la crítica y el debate entre los partidos y los candidatos. Cualquier opinión en contra o cualquier información sobre ineficacia o malos manejos podrá tipificarse como campaña negra. De ahora en adelante seremos bombardeados con propaganda cursi y edulcorada. Sobra decir que la nueva disposición contraviene abierta y explícitamente el artículo 6 de la Constitución que establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público... el derecho a la información será garantizado por el Estado".

La otra cara de la contrarreforma es la defenestración de los consejeros y la elección del nuevo presidente del IFE. Ambas medidas vulneran la autonomía de ese organismo. La primera, porque jamás se fundó en un dato u argumento racional que justificara el despido de Luis Carlos Ugalde y sus compañeros. La segunda, porque dejó intacto el mecanismo de su selección: el cónclave de los tres grandes partidos elegirá a quienes mejor les parezcan y les convengan. El proceso de selección es ahora más oscuro que antes. Pero además, el precedente sentado es nefasto. La nueva presidencia del IFE nace con el sello de la partidocracia. La advertencia es muy clara. Quienes despiden y contratan son los diputados del PRI, el PAN y el PRD. Si los consejeros quieren permanecer en sus puestos deberán estar atentos y ser condescendientes con sus patronos. De otra manera, serán expulsados por la puerta grande o por la chica.

Y es que ahora, además de la puerta grande que se usó en este caso, las reformas de la Constitución y el Cofipe, se está diseñando una puerta chica. Todo indica que el nuevo código electoral incluirá el siguiente precepto como causal de remoción de los consejeros: "Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar". El responsable de hacer semejante evaluación será el contralor general del IFE, que será electo (nótese muy bien) por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por las universidades públicas. Pero las maravillas no terminan allí. En caso de que el contralor decidiera emprender una investigación sobre los consejeros integrará un expediente que turnará (nótese muy bien) al presidente de la Cámara de Diputados para que ésta determine si se cometieron infracciones graves e imponga las sanciones correspondientes. El candado se cierra así de manera definitiva y perversa. Los consejeros quedan a merced de los diputados, es decir, de los tres principales partidos políticos.

Lo más grave del caso es que esta contrarreforma está siendo consensuada y pactada entre PRI, PAN y PRD. Los tres se pusieron de acuerdo para vulnerar la autonomía del IFE, para someter a los consejeros a su férula, para violar el derecho a la libertad de expresión y para atentar contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. La larga marcha de las reformas electorales en México desde 1978 tuvo siempre un rasgo distintivo: abrió paulatina pero positivamente espacios para las oposiciones y para las libertades ciudadanas. El impulso fue más acusado entre 1989 y 1997. El eje de esa transición democrática fue la construcción de un organismo autónomo, profesional e independiente que organizara y vigilara los procesos electorales. Los principales beneficiados fueron los partidos de oposición. La alternancia política no cayó del cielo. Ese ciclo, por desgracia, se cierra ahora con una contrarreforma de gran calado que atenta contra derechos consagrados en la Constitución.

Las responsabilidades en esta triste historia no se pueden repartir en forma equitativa. El PRD fue durante años el tercero en discordia. No es, por lo demás, un partido de formación ni de convicción democrática. Su crítica del IFE viene desde el inicio de la campaña del 2006 y antes, por decisión de Pablo Gómez, se mantuvo al margen de la elección de los consejeros del IFE. No resulta extraño, por lo tanto, que haya impulsado y avalado la contrarreforma electoral. El PRI se encuentra en una situación ambigua. Las reformas más importantes las decidieron presidentes priistas. Desde López Portillo hasta Ernesto Zedillo la tónica fue abrir espacios. Pero enfrentaron siempre a corrientes reacias y conservadoras. Esas que denunciaron a Colosio y Salinas de Gortari por reconocer las victorias de la oposición y que más tarde se quejaron de la traición de Ernesto Zedillo. El temple autoritario y conservador de los priistas no exige pruebas ni documentación, está a la vista y explica por qué impulsaron y apoyaron esta contrarreforma.

La gran decepción en esta historia son Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. El primero ganó con el voto y la movilización de millones de ciudadanos que rechazaban el autoritarismo y el populismo de López Obrador. Algunos de ellos se jugaron el todo por el todo en esa elección. El segundo se ha definido como un partido democrático desde su fundación. ¿Cómo entender ahora que se hayan sumado a esta contrarreforma? ¿Dónde están los místicos del voto y los defensores de las libertades ciudadanas? Manuel Gómez Morín debe estar revolcándose en su tumba. Otro tanto le debe ocurrir al mentor del presidente de la República, Carlos Castillo Peraza. Ése jamás fue su proyecto ni su legado.

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Quizá fueron las pasiones en contra de los medios, quizá el espectáculo de ver confrontados a los legisladores con los rostros más visibles de las pantallas, quizá el morbo por el ánimo vengativo de "cortar cabezas" a los consejeros del IFE, quizá la distracción generalizada que priva ante el bombardeo de noticias amarillas, quizá el desconocimiento de las normas vigentes y de los principios subyacentes y también de las propuestas y sus consecuencias, causas puede haber muchas. El hecho concreto es que la opinión pública parece no haberse percatado de las varias amenazas a las libertades ciudadanas encerradas en la reforma política. Comienzo por la más ominosa.

Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión consagrada en el Artículo Sexto constitucional será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".

La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio y televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida y es correcto, la triangulación de recursos, es decir que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato "X" o "Y". Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del Artículo Sexto constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados puedan contratar con recursos privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.

El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de espacios. Ya ocurrió en el 2006 -se dice- con el CCE, no se cuestiona la legalidad del hecho. Equivale a poner las elecciones en sus manos.

Vamos por partes. Los señores de los dineros y de las empresas, los generadores de empleo y riqueza, están en todo su derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresar sus puntos de vista en cualquier momento, estemos en periodo electoral o no. Los señores de los dineros representan un punto de vista particular del acontecer nacional como también lo tienen los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, los productores agrícolas, los exportadores, los encuestadores -que también salieron afectados con la reforma- o los grupos minoritarios, madres solteras, las personas de capacidades diferentes o las minorías sexuales. Los intelectuales con frecuencia hacemos uso de los desplegados para provocar reflexión e incidir en nuestros conciudadanos.

Pero el párrafo no deja dudas: "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda (cursiva nuestra) en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos...". Los ciudadanos tenemos en todo momento el derecho de expresar nuestras opiniones sobre el quehacer de un partido o de sus candidatos, si eso es considerado propaganda, mala tarde. En su primera acepción la propaganda está vinculada a la religión; en su segunda se refiere a "propagar doctrinas y opiniones"; en la tercera supone "dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos". En algún sentido todos hacemos propaganda: los ecologistas, aquellos que favorecen los juicios orales, los defensores de las minorías, los que luchan a favor de la igualdad de géneros o por mayor igualdad social. Se llama pluralidad. Por limitar a las cúpulas empresariales, los señores legisladores pretenden cercenar una parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano. De ese tamaño es la aberración.

Pero el asunto, además de ignorancia jurídica, conlleva cierta perversión. Las cúpulas partidarias que tanto odian a las empresariales, le asignan al IFE en exclusiva la facultad de contratar cualquier tiempo para la difusión de ideas. Además se asignan a sí mismos la facultad de remover, mantener bajo amenaza -como lo estamos viendo- y designar a los consejeros electorales. Al controlar indirectamente al IFE serán ellos los dueños de la transmisión de ideas por vía de los medios. ¡Genial! Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en "partidura".

¿Qué nos queda? En primer lugar, propagar el riesgo, hacer propaganda. No se trata de regresar a la deformación de los dineros públicos en los medios, nada tiene que ver. Tampoco la defensa de un grupo, el que sea. Se trata de explicar por qué los derechos de cualquier ciudadano están siendo cercenados. Segundo, generar amparos masivos. Quedan unas cuantas semanas. Hay prisa.


Federico Reyes Heroles

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La partidocracia sigue haciendo de las suyas. Levantemos nuestra voz para tratar de impedirlo.

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Cartón de Paco Calderón publicado el 15 de noviembre en distintos medios.

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Publicada ya la reforma electoral, lo importante ahora pasa por la elección de los nuevos consejeros y la reglamentación de la misma, por medio del Cofipe. En el primer terreno, la decisión la tomará, finalmente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, o sea que, por encima de cualquier discurso, la tomarán los partidos mayoritarios, como ha ocurrido con toda la reforma. Parece casi decidido que, además de Luis Carlos Ugalde, saldrá Alejandra Latapí, más otro consejero o consejera que se sabrá en los próximos días. Pero mucho más complejo va a ser definir quiénes los reemplazarán.

La decisión adoptada en principio para modificar los requisitos que deben llenar los consejeros, cambiando el punto de que no deben haber sido presidentes de un partido, por uno que especifica que se habla de partidos que actualmente tengan registro, parece ser la puerta con el fin de que acceda a esa posición Jorge Alcocer, quien tendría el apoyo del PRI y del PAN y, esta vez, no generaría oposición en el PRD, como ocurrió en el pasado. En realidad, Alcocer puede ser un muy buen presidente del IFE. Pudo haberlo sido incluso antes, pero siempre se atravesaron circunstancias coyunturales que impidieron esa elección. Se habla también de Jacqueline Peschard y de Mauricio Merino, ambos integrantes del anterior Consejo General y dos especialistas íntegros y eficientes que, paradójicamente, fueron en el anterior proceso de selección descartados para presidir ese Consejo porque, en aquella bancada del PRI, se tomó la decisión de que no se apoyaría la reelección de ningún consejero, un error que se terminó pagando caro. En todo caso, no se puede designar como consejero presidente a alguien sin experiencia política en el tema electoral y sin un estrecho contacto con los partidos.

Un tema que atrapará a los legisladores es el de los medios, la publicidad y las campañas negativas. Los legisladores se equivocaron al no dejar abierto ningún espacio para la publicidad pagada en los medios y ello se extendió al atribuirle al IFE la tarea de distribuir todos y cada uno de los espacios publicitarios (48 minutos diarios por cada medio de comunicación del país es más de lo que ha manejado jamás cualquier agencia de ese sector en el mundo), pero ahora también buscan que sea el IFE quien sancione a los medios que rompan las normas.

Es una trampa que los mismos legisladores han construido a partir de su controvertida normatividad. Primero, la estructura del IFE tendrá que crecer en forma notable para poder cumplir con esa tarea atendiendo los requerimientos de cada uno de los partidos y sus candidatos: compatibilizar, por ejemplo, los espacios y los anuncios que quieran realizar los candidatos a diputado, de ocho o nueve partidos en 300 distritos de todo el país, será titánico. Lo de prohibir la publicidad pagada, sin dejar siquiera una ventana para canalizar las necesidades de candidatos y partidos, es un error grave.

Pero ahora los legisladores parece que quieren profundizar en el error, al tratar de reglamentarlo. Y se han topado con un problema evidente: si se prohíbe la publicidad pagada, mas al mismo tiempo se dice que se garantiza la libertad de expresión, ¿cómo evitar que no se caiga en la censura? Algunos de los legisladores que están construyendo la reforma al Cofipe han terminado enredándose en un verdadero galimatías al tratar de explicar el tema y adelantar que se establecerían sanciones que podrían ir desde un día a un mes de suspensión al medio que viole la norma establecida.

El problema está en que se cae en la subjetividad total para decidir si se violó o no la norma. Se dice, por ejemplo, que nadie impedirá que un comunicador exprese su opinión, pero que si esa opinión se repite, entonces se podría estar en presencia de una campaña prohibida. Es ridículo: ¿alguien cree, por ejemplo, que un comunicador podrá estar en desacuerdo o de acuerdo con alguien sólo en algunas oportunidades a la semana o al mes?, ¿cómo diferenciar la libertad de expresión de las opiniones interesadas?, ¿cómo diferenciar, la toma de posición sobre un tema, de una real o supuesta publicidad a favor o en contra de un candidato?

Es ridículo e inviable, pero más aún que se decida que sea el IFE quien pueda castigar a los medios con la suspensión de sus emisiones. No se trata de un tema para el Instituto: olvidemos por un momento que esa contradicción entre el respeto a la libertad de expresión e identificación de campañas ocultas se resolvería con criterios subjetivos. El hecho es que una sanción de esas características no puede estar en las manos del IFE desde el momento en que los medios no son instituciones electorales ni partidarias. En todo caso, sería un tema para la fiscalía de delitos en ese ámbito, porque de la misma manera que el IFE no puede castigar a un ciudadano porque infringió una norma electoral (esa es una prerrogativa exclusiva de la fiscalía especializada, que depende de la PGR), lo mismo tendría que suceder en este caso.

Ello también ocurre con la pretensión de regañar o hasta destituir a los consejeros, por "manifiesta ineptitud". ¿Quién lo decide, quién lo establece, qué se considera "manifiesta ineptitud"? Peor aún: ¿quiénes son los diputados para efectuar ese regaño?, ¿cómo siendo parte interesada, porque sólo se puede llegar a esa posición mediante los partidos, pueden regañar al árbitro? Si un consejero se equivoca, el instrumento allí está y se llama juicio político. Por cierto, ¿se podrá regañar y hasta destituir a los diputados que reflejen una "ineptitud manifiesta"?

Hay en todo esto un error de origen: el intento de los partidos por tener un control excesivo sobre el proceso electoral, incluidos capítulos que, lisa y llanamente, son imposibles de aceptar en una sociedad abierta, plural y democrática.

Jorge Fernández Menéndez

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