domingo, abril 21, 2013

 

El problema económico

Todas las evaluaciones internas sobre los problemas de la economía suelen incluir: la falta de crédito, la competitividad de la planta industrial y la competencia por parte de productos chinos. Cada síntoma tiene su propia dinámica y estructura de causalidad; los tres tienen en común que, en el fondo, se trata del mismo problema.

Primero el crédito. Una queja permanente del lado empresarial, y de no pocos políticos, es la relativamente baja "bancarización" de la economía mexicana y la participación del crédito como porcentaje del PIB. La participación del sistema bancario en la economía es menor que en otras similares, pero hay razones que explican la diferencia. En Brasil, el crédito total otorgado a personas y empresas representó aproximadamente 60 por ciento del PIB en 2012, comparado con 27 por ciento en México. De ese 60 en Brasil, el banco de desarrollo BNDES representó 21 por ciento del PIB, o sea la tercera parte del crédito total. En conjunto, todo indicaría que una explicación de los problemas del crecimiento en México yace en la ausencia de crédito.

Un análisis más cuidadoso revela factores trascendentes. En contraste con los bancos privados, el BNDES ha tomado enormes riesgos crediticios y ha asumido ingentes pasivos empresariales. Muchos analistas anticipan que mucha de su cartera acabará siendo incobrable. El tiempo dirá. Con eso, las cifras que sí son comparables son 49 vs. 27, es decir, una diferencia de 22 puntos porcentuales, que no son pocos, y quizá se explique fundamentalmente por la crisis bancaria de los 90 en México, que generó una cultura financiera menos tolerante al riesgo que antes. Pero hay otro factor mucho más revelador: las cifras de crédito a empresas grandes y al consumo en México no son significativamente distintas a las brasileñas. La diferencia está en el sector industrial pequeño y mediano, donde casi no se extiende crédito en México.

En la baja competitividad de la planta productiva yace quizá el principal problema de la industria nacional. Si uno escucha a esos empresarios, la explicación se remite al asunto del crédito, la falta de apoyos y protección del Gobierno y el contrabando, es decir, el tercer factor. El problema del crédito es real pero circular: no hay crédito por falta de competitividad y no hay competitividad por falta de crédito. Los bancos afirman, con razón, que no se puede extender crédito a empresas que no tienen un proyecto viable y competitivo de inversión, susceptible de tornarlas exitosas en una economía globalizada. La demanda por subsidios y protección arancelaria y no arancelaria (demanda cada vez más exitosa en esta Administración) confirma lo que dicen los bancos: que estas empresas pretenden vivir no por su capacidad para producir bienes que el mercado demanda a buenos precios y de buena calidad, sino por la protección que les confiere el Gobierno respecto a sus competidores. Incrementar el crédito vía Nafinsa resolverá el problema.

El problema industrial del País se remite a un desempate que ha ocurrido entre teoría y realidad. Hasta los 80, la estructura de la economía mexicana no era muy distinta a la brasileña. El modelo de desarrollo que se había adoptado después de la Segunda Guerra se orientaba a promover el crecimiento industrial con subsidios y protección de importaciones. Se buscaba, con la sustitución de importaciones, el crecimiento de una poderosa industria. El modelo privilegiaba al productor sobre el consumidor y acabó creando una industria poco competitiva que producía bienes de baja calidad a altos precios. En los 80, el Gobierno mexicano optó por la liberalización comercial para elevar la competitividad de la economía y así mejorar la calidad y el precio de los bienes, pero sobre todo favorecer un rápido crecimiento de la productividad que resultara en mejores empleos con salarios más elevados.

Detrás de la liberalización está un principio bien conocido entre los estudiosos de la economía: la ventaja comparativa. En una ocasión, el matemático Stanislaw Ulam le preguntó al decano de los economistas de su época, Paul Samuelson, si había un ejemplo de un principio económico que fuese, a la vez, verídico de manera universal y no evidente. Samuelson respondió con el principio de la ventaja comparativa de David Ricardo, elaborado en 1817. Bajo este principio, lo que importa para una economía no es su capacidad y habilidad absoluta de producir bienes, sino esa capacidad y habilidad relativa respecto a otros.

Aunque en un país se produzcan muchas cosas, cada economía es más eficiente en la producción de ciertos bienes. Bajo esta premisa, el comercio internacional permite que un país se especialice en algún tipo de bienes que exportará, mientras importa otros en que es menos eficiente, logrando así un nivel de bienestar mayor. El principio está bien establecido y no hay la menor duda de que funciona. El problema es cómo aplicarlo en una economía que opera bajo la premisa de la virtual inexistencia de comercio internacional, como era nuestro caso hasta los 80.

Según la teoría económica, al liberalizarse la economía mexicana, el País se habría especializado en cierto tipo de bienes y habría abandonado sectores en que no tenemos ventajas comparativas y que sólo existieron como resultado de la estrategia de protección y subsidio. Algo de esto ocurrió, lo que explica la desaparición de empresas en sectores como juguetes y textiles, pero, gracias a la persistencia de mecanismos directos e indirectos de protección, muchas empresas que normalmente habrían tenido que transformarse o fenecer siguen funcionando. Unos cuantos se benefician a costa de un menor crecimiento general de la economía.

El País enfrenta un dilema que no se ha resuelto desde la apertura comercial hace casi 30 años: entrar de lleno a la construcción de una planta productiva moderna o persistir en la protección de un sector que, como está, no tiene futuro. Se puede persistir, pero el costo es creciente y se mide en malos empleos, bajo crecimiento y empleos poco productivos que, inevitablemente, pagan mal.

Luis Rubio
www.cidac.org
 

sábado, abril 06, 2013

 

Petróleo comprometido

Desde mediados de los años 30, México contaba con petróleo muy nuestro, muy enterrado, y sin una industria petrolera para explotarlo a cabalidad. La nacionalización del petróleo marcó un hito en la forma en que esta industria estaría vinculada a México, a su desarrollo y lamentablemente a su Gobierno.

Y digo lamentablemente porque desde mediados de los años 80 la realidad salió a flote. El petróleo no era de los mexicanos, sino del Gobierno de los mexicanos.

Así, el ingreso por las ventas y exportaciones petroleras fue creciendo de manera directa a su aportación a la Hacienda pública federal.

Por ejemplo, la aportación del crudo significaba en 1976 tan sólo el 5 por ciento del ingreso total hacendario; en 1982 ya representaba el 29 por ciento y hoy representa casi el 38 por ciento del ingreso federal total anual.

Sin embargo, esta cifra puede ser engañosa porque no es el balance neto de lo que Pemex le deja el Gobierno al final.

Y es que cada año el Gobierno federal le regresa a Pemex para su operación bajo el rubro del presupuesto de egresos en entidades de control directo más de 500 mil millones de pesos. Para el 2013 esta cifra está proyectada en 514 mil 669 millones de pesos contra los 787 mil 561 millones de pesos de ingresos por derechos a los hidrocarburos que le cobrará el Gobierno federal a esta paraestatal este año.

Así las cosas, Pemex realmente aporta 272 mil 892 millones de pesos a la Hacienda pública. Esto es solamente el 34 por ciento de lo que Pemex le entrega a la SHCP por derechos petroleros. Así, del 38 por ciento de los ingresos del Gobierno federal que dice representar Pemex, realmente es un 13 por ciento.

Pero aquí no termina este breve análisis. No podemos olvidar que Pemex exporta petróleo, pero también importa derivados del petróleo y mucho. El saldo del comercio exterior de esta empresa ha venido deteriorándose en las últimas décadas.

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Energía, Pemex y Banco de México, en 1980 México exportó 10 mil millones de dólares e importó tan sólo 240 millones. En 1990 Pemex siguió exportando la misma cantidad en dólares, pero importó 940 millones. Para el año 2000, Pemex vendió al extranjero 16 mil millones de dólares, pero importó 4 mil 200 millones.

El año pasado la paraestatal exportó petrolíferos por un valor de 51 mil 700 millones de dólares y tuvimos que importar del extranjero gasolina y derivados por un monto de casi 30 mil millones.

Este deterioro se debe en parte al incremento del consumo de combustibles en el mercado nacional. Pero mucho ha sido debido a la decisión de maximizar la explotación de crudo y dejar las inversiones de las refinerías en segundo plano.

Ha sido tan interesante esta estrategia, que en 1993 la compañía anglo-holandesa Shell le vendió el 50 por ciento de su refinería Deer Park a Pemex por mil millones de dólares. Esta refinería, ubicada en Houston, le refina a Pemex su propio crudo para hacer gasolinas y las regresa a México con el natural arbitraje. De hecho, de acuerdo con la información pública de Pemex, esta empresa cuenta con varias empresas bajo el nombre de Pemex International (PMI Holding), que operan en Estados Unidos.

Y, adivinó usted, operando desde Estados Unidos, el Grupo PMI no está sujeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni a la Ley de Petróleos Mexicanos ni, en general, al régimen de planeación, presupuestación, contabilidad, transparencia, control, rendición de cuentas y fiscalización que regula a las empresas de participación estatal mayoritarias de la Administración Pública Federal.

No sólo cada vez nuestra empresa petrolera aporta menos al erario, sino que ahora somos los mexicanos quienes mediante el consumo de sus productos contribuimos cada vez más con el fisco.

De acuerdo al reporte de indicadores petroleros que está en la página de Pemex, esta empresa vendió 126 millones de litros de gasolinas al día en el 2012. Esto significa 46 mil millones de litros en un año, y en ventas significa más de 500 mil millones de pesos.

El IVA de esta venta, tan sólo por gasolinas, debió ser de 70 mil millones de pesos para la SHCP, lo que representa casi el 12 por ciento de todo el IVA que se recauda en un año.

Es necesario poner la realidad frente a nosotros y desmitificar que Pemex es el gran aportante de recursos públicos y que los mexicanos le debemos mucho. Es una empresa pública inexorablemente ligada al Gobierno, que se debe revisar a fondo para quitar lo que sobra y alinear nuevas inversiones para mejorar su desempeño.

Con el segundo sindicato más poderoso de Latinoamérica después del sindicato de maestros y todos los días pensando en cómo se apropian más y más de "su" Pemex, la empresa requiere una sacudida desde sus cimientos si de verdad queremos que deje de estar comprometida y minando sus posibilidades de desarrollarse más.

Vidal Garza Cantú
vidalgarza@yahoo.com
 
  

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