HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Las competencias electorales son (casi) como un juego de futbol: desatan emociones, apuestas e ilusiones. La ciudadanía se vuelca hacia el proceso y (al menos una parte) participa con ánimo desbordado. Sin embargo, pasado el día de la elección comienza el verdadero desafío: gobernar. Y ninguna de las dos candidatas cuenta hoy con las condiciones para poder ejercer sus funciones de manera efectiva.

El problema no son ellas. Cada una tiene sus virtudes y defectos, fuerzas y debilidades. El problema es la naturaleza de nuestro sistema político que, por un lado, le confiere poderes extraordinarios (de hecho, excesivos) a la presidencia y, por otro, deja en el aire a todo el resto del País: sin mecanismos naturales de interacción entre los tres poderes públicos, sin una estructura de coordinación entre el Presidente y los gobernadores y sin instrumentos para lograr la seguridad pública y el funcionamiento del sistema de justicia para la ciudadanía. Es decir, tenemos un sistema de Gobierno primitivo que no empata con la realidad del País y del mundo en la actualidad y que no cumple sus responsabilidades más elementales.

Otra forma de decir esto es que el País entró en un proceso de democratización sin haber transformado y afianzado sus instituciones más básicas, como el Gobierno, la justicia y la seguridad. La democratización comenzó desde 1968, pero fue adquiriendo forma con la creciente competencia electoral de los 80 y 90 y, eventualmente, gracias a sendas reformas electorales hasta llegar a la más fundamental de todas, la de 1996. Sin embargo, en contraste con otras naciones -sobre todo en Asia y el sur de Europa- que se fueron transformando en esos mismos años, México aceleró su paso hacia la elección abierta y confiable de sus gobernantes sin contar con un Gobierno efectivo, un sistema de justicia consolidado y un régimen de seguridad exitoso. Ahora estamos pagando el costo de esa ceguera.

Vendrá el primero de octubre del próximo año la inauguración de un nuevo Gobierno. Aun si el proceso electoral acaba siendo un modelo de probidad (como lo ha sido desde 1997) y todo mundo acata el resultado, cualquiera que sea éste, llegará una nueva Presidenta para encontrarse con circunstancias en buena manera inéditas y no sólo por el hecho de ser mujer.

Primero, el personal con que contará será de muy baja calidad por las reglas que decretó el Presidente saliente y que desincentivan el empleo de personal competente y experimentado; segundo, se enterará que las cuentas fiscales están en virtual bancarrota y que sólo abandonando todos los proyectos inviables e insostenibles que impulsó el actual Gobierno, incluyendo las aportaciones al barril sin fondo llamado Pemex, tendrá algunos fondos para poder funcionar; tercero, tendrá un Congreso dividido, pero decidido a trabajar con el Gobierno pero no para la Presidenta, una diferencia no meramente semántica; cuarto, un desencanto generalizado por las expectativas destrozadas y la desconfianza hacia la nueva responsable del Gobierno; y, quinto, una crisis de seguridad que amenaza con volverse incontenible. En una palabra, de pronto se percatará que el costo del Gobierno saliente habrá sido dramático y que habrá dejado al País sin opciones fáciles.

Su gran ventaja, suponiendo que la economía estadounidense sigue en marcha a un ritmo similar al actual, radicará en que las exportaciones sigan generando una cauda de demanda para el funcionamiento general de la economía. Eso le daría un pequeño respiro, pero también marcaría los límites de lo que puede hacer. Lo fácil, porque esa es la manera que imaginan los políticos desvinculados de los dilemas que afectan a quienes están involucrados en el mundo real de la economía, sería proponer una reforma fiscal para evitar que el Gobierno tenga que hacer sacrificio alguno al transferirle a la ciudadanía el costo de la improductividad e ineficiencia de juguetes como las dos bocas, el trenecito y el aeropuerto de fantasía. Muy pronto se percatará, o debiera percatarse, que la ecuación es al revés: hay que transformar al Gobierno para que prospere el País.

Todo esto bajo una gran presión porque iría a contracorriente. Las promesas del Gobierno actual habrán probado ser meras ilusiones y la supuesta fortaleza política, económica e institucional una mera quimera. Si la ganadora es Claudia, su dificultad será mayor porque tendría que romper no sólo con la persona de su predecesor, sino sobre todo con el hechizo que lo mantuvo navegando sin logro alguno. Si la ganadora es Xóchitl, su desafío será aprovechar la patética realidad para liberar fuerzas y recursos contenidos por tanto tiempo en la ciudadanía y en ese enorme talento empresarial que yace detrás de cada aspiracionista (AMLO dixit). Ninguna lo tendría fácil.

Pero nada de eso será suficiente mientras no se construyan y consoliden instituciones que no sean susceptibles de desmantelamiento, como el que llevó a cabo el Gobierno actual. Nadie, ni el más dogmático de los morenistas, va a aceptar un cambio si no existe claridad de rumbo y certeza de que las reglas del juego permanecerán vigentes. Y ese es el verdadero dilema del futuro de México: construir el andamiaje de un país que pueda aspirar a un futuro mejor y cuente con los elementos para lograrlo.

Luis Rubio

En las últimas semanas, a raíz de que #SamuelGarcia gobernador de #nuevoleon ha externado que quiere participar en la elección presidencial del 2024, he notado que mucha gente que no vive en Nuevo León simpatiza con él y creen lo que él y su propaganda en redes sociales (él y su esposa Mariana tienen cientos de miles de fans) de que los diputados locales del #PRIAN no lo dejan gobernar.

Y, a pesar de que ya le aprobaron la licencia de 6 meses para que participe, cosa que él creía que se la iban a negar, y que incluso escogieron un gobernador interino para el periodo del 2 de diciembre al 2 de junio, Samuel ha explotado en sus declaraciones a medios y en sus redes sociales diciendo que le quieren robar la gobernatura que él ganó democráticamente.

Creo que es preciso recordar, tanto para esos que no viven aquí y no conocen a detalle lo que pasa, como para los que si viven aquí y ya se les olvidaron los resultados de la elección del 2021, que Samuel NO ganó con mayoría absoluta. La elección del 2021 estuvo muy dividida entre #MovimientoCiudadano, #PRI, #pan y #Morena, en ese orden. Samuel ganó con el 36% de los votos, es decir, apenas poquito más de 1 de cada 3 votantes lo eligieron. Pero la participación fue del 51%, bajísima. Es decir que 1 de cada 2 ciudadanos de Nuevo León no acudieron a votar. Eso significa que Samuel solo tuvo el apoyo del 18% de los ciudadanos, uno de cada 6!!!

Y, sin embargo, porque así están las reglas en la Constitución y las leyes, Samuel tiene el control absoluto, casi discrecional del gasto público. Tan es así que buena parte de la razón del pleito entre el PRIAN y Samuel es por el dinero que el gobierno estatal no ha entregado a los municipios gobernados por el PRI o el PAN. Son miles de millones de pesos en participaciones federales y estatales que por Ley el gobierno de Nuevo León tiene que entregar a los municipios, y no lo ha hecho.

Pero ahí no va toda la historia. Samuel dice, con justa razón, que él y su partido ganaron la elección. Pero de igual forma, los del PRIAN ganaron el Congreso y la mayoría de los municipios. Es decir, la mayoría de la gente hicimos voto diferenciado para no darle todo el poder a Samuel y que tuviera que negociar con el Congreso.

Y, a pesar de eso, desde hace ~1 año Samuel por medio de amenazas, intimidaciones, o simplemente con dinero, a billetazos, ha logrado pasar de 6 diputados (que eran plurinominales porque MC no ganó mayoría relativa en ningún distrito local) a 13, más del doble. ¿Acaso eso no es violar la voluntad popular del 2021?

Pero esperen, aún hay más!! En el 2021 MC solo ganó 6 alcaldías.

Pues hoy ya tiene 23 municipios. Y todo a puro billetazos para que los alcaldes se cambiaran de partido. La gente no solo vota por candidatos, también vota por partidos. Y eso es más cierto en elecciones a diputados y alcaldías. Sin embargo, a Samuel y a MC les vale madre la voluntad popular cuando mañosamente han engrosado el tamaño de su partido en el estado. Y eso significa más dinero para gastar en lo que ellos quieran.

Samuel ha usado el aparato estatal para hacer inspecciones y auditorías de distinta índole a empresas y negocios de legisladores del PRIAN, de sus familiares, abriéndoles carpetas de investigación, hasta reduciéndoles el flujo de agua en sus casas. Y esto lo sé de primera mano, me consta. Por eso varios legisladores renunciaron y sus suplentes, que previamente se había afiliado a MC a billetazos, tomaron posesión violando la voluntad popular de la elección del 2021.

Ojo, antes de que esas licuadoras de 2 velocidades que todo lo ven de manera binaria, blanco y negro, todo o nada, salgan a decir que soy prianista, aclaro que yo voté por Samuel para gobernador. Pero muchos que votamos por él votamos por otro partido para diputados y para alcaldes. Ahí están los números. Muchos votamos por Samuel porque estábamos hartos de la corrupción del PRIAN representada por Adrián de la Garza y Fernando Larrazabal. Y en Morena estaba Clara Luz Flores, la esposa de Abel Guerra, cacique del PRI en Escobedo de décadas. La verdad no había opción. Pero precisamente por eso la mayoría votamos dividido, para no darle todo el poder a un político como Samuel que ya se veía que era medio hablador y autoritario. Yo le apodé #bronquitofresa por eso años antes del 2021.

La corrupción no se ha acabado en Nuevo León, ya hay bastantes casos documentados de desvío de fondos del “gobierno” de Samuel. El manejo discrecional y autoritario del presupuesto estatal lo ponen en evidencia como un personaje autoritario, demagogo. Por eso últimamente le estoy llamando #pejecitofresa

Así que es muy importante que no olvidemos la historia y las cifras de las elecciones, para no caer en discursos baratos propagandísticos de políticos que de nuevo solo tienen el uso de las redes sociales, porque las mañas son las mismas de siempre.

#aguzados #SamueLovers

No son los privilegios. Es la autonomía. Lo que irrita al Presidente es la osadía de un poder que no se ha plegado a sus antojos. No había afilado la tijera el Presidente cuando tenía al frente del Poder Judicial a un hombre que actuaba como subordinado.

Cuando el presidente de la Corte se presentaba como secretario de justicia, las relaciones entre los poderes eran tensas, pero el régimen no utilizaba la navaja para despojar a los jueces de los instrumentos que les permiten desarrollar su trabajo. La eliminación de los fideicomisos no es austeridad: es bravata.

No se trata de cuidar los recursos públicos. Se trata de ejercer el poder para someterlo todo al capricho de un hombre. Se trata de emprender una campaña para debilitar a un poder de la República y facilitar el terreno para el golpe mortal.

Desde el primer día de la administración, los jueces han vivido bajo acoso. La tribuna del Ejecutivo se ha usado para intimidar a los jueces independientes y para halagar a quienes colaboran con el régimen.

Los que absorben el discurso del régimen y trabajan como asesores del Presidente son felicitados porque se "portan muy bien". Pero aquellos que han dictado sentencia contra los proyectos del gobierno reciben de inmediato el ataque directo del Presidente y sus voceros. Sus nombres y sus fotografías se despliegan en las pantallas del Palacio como si fueran carteles en el pueblo con la fotografía del criminal más buscado.

Un ataque que viene de ahí no es asunto trivial. Es una intimidación que altera el equilibrio de los poderes. El desacuerdo entre jueces y gobernantes no solamente es natural, es necesario para la vigencia de una democracia constitucional. Pero el Presidente no expresa desacuerdos ni desarrolla los argumentos que expone su administración ante los tribunales.

El Presidente descalifica moralmente a los árbitros que suspenden una decisión administrativa, que defienden a un particular, que exigen el respeto a los procesos deliberativos. El juez que discrepa del Presidente es un pillo entregado a la corrupción.

El acoso que hemos visto estos años tiene dos dimensiones. Por una parte, exhibe a los jueces insolentes convocando al linchamiento público. Se les presenta con nombre y apellido, se presentan sus fotografías y se describe su trabajo como un crimen contra la patria. Por la otra, descalifica en grueso el trabajo del Poder Judicial para carcomer su legitimidad.

La agresión presidencial no se reduce a un grupo concreto de jueces, ni se limita a su pleito con la Suprema Corte de Justicia. La ofensiva se dirige a todo el Poder Judicial, cuya lógica escapa del maniqueísmo de su universo.

El Presidente no acepta que la voz de los jueces debe ser distinta de la voz de los representantes populares, que los ritmos de los tribunales no son las prisas de la administración, que el compromiso de un ministro es con la Constitución, ese espacio templado de la voluntad nacional y no con el vaivén de las mayorías o la resolución de un Gobierno. El blanco del ataque no son los fideicomisos, no es tampoco la Suprema Corte de Justicia. El ataque se dirige al Poder Judicial autónomo.

El embate retórico es cada vez más rudo. El Presidente se burla de los trabajadores judiciales que se manifiestan para defender sus derechos. Los ha llamado ridículos. Para el Presidente, el Poder Judicial no ha hecho nada a favor del pueblo. Bajo el infantilismo de su discurso todo lo que han hecho los jueces es proteger a los privilegiados y lastimar a los débiles.

¿Qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia en favor de la gente?, pregunta frecuentemente el Presidente. Nada, responde enfáticamente. Por eso bromea que, si desaparecieran todos los jueces, el País estaría mejor.

Se prepara la batalla definitiva. El oficialismo ha puesto en la mira al Poder Judicial. Busca someterlo al principio de representación, destruyendo con ello el cimiento de su autonomía constitucional.

El acoso al Poder Judicial fue, en un principio, el intento de intimidar a los jueces independientes para que ajustaran sus criterios del caudillo. Ahora el propósito es otro: destruir la base de la independencia judicial para hacer de los jueces, diputados.

Jesús Silva-Herzog Márquez

Paso a paso, decisión tras decisión, embate institucional tras embate institucional, AMLO va armando lo que quiere. Va diseñando lo que necesita: la captura del Estado para lograr una elección de Estado. Un proceso acumulativo y agresivo que entraña la total ausencia de autocontención o escrúpulos democráticos.

Es lo que hemos presenciado desde hace cinco años. Un partido político modelado sobre el PRI, renombrado como Morena, que busca consolidar su control sobre las instituciones públicas vía procesos legislativos marrulleros, propaganda omnipresente y corrupción acendrada.

Para ello, con frecuencia hay que violar la Constitución. Hay que persuadir o comprar o intimidar a la población para que apoye el secuestro de lo público y que a eso le llamen "desmantelar privilegios", "combatir la corrupción" y "gobernar en nombre del pueblo".

Cuando en realidad se trata de un asalto disfrazado de "transformación". Cuando la meta no es quitarle poder a las élites sino ser las nuevas élites. Cuando el objetivo no es acabar con privilegios sino acceder a ellos.

Ahora quienes llegan a Palacio Nacional en Suburbans blindadas son los lopezobradoristas. Quienes trasladan a sus familias en aviones militares son los morenistas. Para los adversarios se decreta la austeridad, pero para los amigos sigue prevaleciendo la fatuidad.

El doble rasero que retrata a los fideicomisos fiscalizados de la Suprema Corte como traición a la patria, pero exalta los fideicomisos opacos del Ejército como servicio a la patria. La doble moral que denunciaba al priismo hegemónico pero promueve el morenismo que lo mimetiza. Y como al partido al que tanto odió, y en el que luego se convirtió, Morena aspira a avasallar para quedarse.

Apropiándose de la burocracia civil, la regulación técnica de los órganos autónomos, los medios públicos y las instituciones diseñadas para ser independientes, ahora empujadas a ser subordinadas.

Hay que tomarlo todo, militarizarlo todo, morenizarlo todo o debilitarlo todo. Poblar con propagandistas o colonizar con mentes cautivas. El INE y el INAI. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda. El Ifetel y la Cofece. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Canal 11 y el Canal 22. El andamiaje institucional y las reglas de su funcionamiento. De cara al 2024, lo que se juega es crucial: la preservación de lo público o su expropiación partidista.

Ya somos una democracia en riesgo; ya estamos viviendo un vuelco para atrás. Y la vuelta en U será financiada por millones de pesos del partido-Gobierno, distribuidos a lo largo del País por operadores electorales, Gobernadores, Presidentes Municipales, funcionarios de la Secretaría del Bienestar, Siervos de la Nación, y el ejército que recorre México con chaleco guinda o uniforme militar.

Nuestro dinero en manos de un partido que se ha apropiado del Estado como si fuera suyo; como si no representara a un país plural con reglas consensadas que el oficialismo se dedica a violar. La regresión será comprada con publicidad oficial, y con propaganda virulenta, destinada a denostar a cualquiera que opine distinto.

Ya vemos la violación de las normas en la mañanera, con un Presidente que trata a la legislación electoral como si fuera papel de baño, y al INE como si fuera censor en vez de autoridad. Ya vemos la publicidad de los precandidatos de Morena, tapizando bardas y postes y pantallas. La construcción de #EsClaudia, como fueron edificados los electos por el dedo de oro: Echeverría y López Portillo y De la Madrid y Salinas.

Acompañado de la denigración sistemática de toda persona, partido, periódico o poder que se oponga al armazón de una elección de Estado. La arenga diaria contra cualquier tipo de oposición presentada como amenaza existencial a la 4T. Antier fue la Suprema Corte, ayer fue el Poder Judicial, mañana será la sociedad civil, pasado mañana será el INE.

Y ante ello, muchos empresarios -por miedo o interés- se plegarán, numerosos intelectuales se alinearán, facciones políticas de todo tipo se someterán. Nadie quiere perder contratos o columnas o programas de televisión. Nadie quiere ser el próximo investigado por la UIF o el SAT o la FGR.

Patronazgo mata convicciones. División mata oposiciones. Y una elección de Estado produciría un país capturado. Otra vez.

Denisse Dresser

Claudia Sheinbaum ha dejado claro cuál es su objetivo para la elección del 2024. No sólo ganar la Presidencia, sino conseguir la mayoría calificada en el Congreso para poder reformar la Constitución, a fin de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular.

En sus palabras: "Ya se democratizó el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ahora nos toca cambiar el Poder Judicial". ¿Eso queremos? Hoy el Poder Legislativo es un mero apéndice de AMLO. En la Cámara de Diputados fueron capaces de recibir una reforma electoral fundamental una mañana y aprobarla en la tarde. Ni simularon discutirla. La mayoría ni la leyó. Sheinbaum quiere un Poder Judicial como el Congreso actual, que no discuta, sino que acate instrucciones.

Hay muchos problemas en nuestro sistema de administración y procuración de justicia. Por ejemplo, los altos índices de impunidad en delitos graves como el homicidio doloso. A nivel nacional, sólo el 7 por ciento de los casos son resueltos, y "resueltos" significa que alguien acabó en la cárcel, no necesariamente el culpable.

¿Hay jueces federales corruptos? Seguramente. Pero en menor medida que en la mayoría de las entidades, donde los jueces locales suelen depender directamente del Gobierno. El homicidio, por cierto, corresponde a la justicia local.

La solución no es elegir a jueces, magistrados y ministros. ¿Se imaginan los compromisos que harían para buscar recursos para su campaña? No se me ocurre un mejor arreglo para someterlos al poder del dinero, legal e ilegal.

En un contexto donde el crimen organizado se expande, donde hay crueles asesinatos con frecuencia, es revelador que la preocupación del Gobierno sea la autonomía del Poder Judicial. El reto es otro: tener un sistema de justicia que funcione, desde los policías y fiscalías hasta los jueces, locales y federales. Sin olvidar esos centros de adiestramiento de criminales que son las cárceles. En todos los países un buen sistema de procuración y administración de justicia implica algún grado de autonomía, funcionarios capacitados y bien pagados con certidumbre en su carrera, y mecanismos constantes de evaluación.

Si un juez, magistrado o ministro de la Corte sistemáticamente decide en un sentido cuestionable, hay que averiguar por qué. Concluir que todo el sistema está corrompido porque hay jueces presuntamente corruptos es un error. AMLO ya lo dijo: "no se puede juzgar a una institución como el Ejército, (...) sólo por el mal comportamiento de uno, dos, cinco, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros".

Las democracias constitucionales están diseñadas para tener pesos y contrapesos. Si el próximo Gobierno obtiene la mayoría constitucional en el Congreso, la destrucción del Poder Judicial sería sólo una de las vías para concentrar el poder. Podrían rehacer el marco constitucional mexicano.

Paradójicamente todo ese poder no es bueno ni siquiera para quien lo tiene. Sin contrapesos, los errores se multiplican y los abusos son inevitables. Hay más ejemplos de líderes muy poderosos que llevan al desastre (Stalin, Mao, Pol Pot, Castro), que quienes lo usan para el beneficio de la sociedad, como Lee Kuan Yew, quien fuera primer ministro de Singapur por 31 años.

El exceso de poder suele ser fuente de arbitrariedad. En un mundo donde competimos por la inversión, un Poder Judicial al servicio del poder político incrementaría el costo de invertir en México. No solo habría menos inversión, sino que llegaría la que mejor sabe navegar en las aguas de un poder político centralizado.

El riesgo mayor es la incertidumbre para todos del respeto a nuestros derechos básicos. Incluso el votante morenista debería considerar que, si bien hoy el poder lo tiene Morena, después puede regresar a uno de los partidos odiados o a uno de extrema derecha. ¿De verdad quieren heredar eso? ¿O toda la apuesta es no soltar nunca el poder?

Carlos Elizondo Mayer-Serra