martes, mayo 01, 2007
¿Ley progresista?
"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."
Platón
Durante décadas los líderes sindicales mexicanos se opusieron a cualquier reforma a la legislación laboral en México porque decían que nuestras leyes son realmente progresistas, en contraste con las que existen en otros países, como Estados Unidos. La verdad, sin embargo, es que si vamos a juzgar una legislación por sus resultados, y no por su ideología o por sus buenas intenciones, entonces no hay duda de que nuestra ley laboral es todo menos progresista.
México tiene quizá a los líderes sindicales más ricos del mundo. Si ése era el propósito de nuestra progresista legislación laboral, entonces hemos tenido éxito. Pero si el propósito era dar un mejor nivel de vida a los trabajadores mexicanos, el resultado ha sido un rotundo fracaso.
Los salarios de los trabajadores mexicanos no sólo son muy bajos en comparación con los que prevalecen en otros lugares del mundo, con legislación quizá menos progresista, sino que además sufren violaciones a su derecho al trabajo como consecuencia, precisamente, de las leyes laborales de nuestro país.
Tenemos una legislación que les permite a los sindicatos determinar qué trabajadores pueden tener o no empleo en una determinada empresa. La cláusula de exclusión hace posible, además, terminar el empleo de un trabajador que deja de formar parte del sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo.
Nuestra supuestamente progresista ley laboral no les da a los trabajadores la posibilidad de escoger libremente a sus dirigentes. La ley está hecha para lo contrario: para que los líderes sindicales escojan a los trabajadores o vendan los puestos de trabajo al mejor postor.
La ley permite que un sindicato emplace a huelga a una empresa que ni siquiera ha empezado a contratar trabajadores. Esto significa que los trabajadores ni siquiera han tenido la posibilidad de decidir si quieren o no tener un sindicato. Y en caso de que quieran tenerlo, no pueden escoger al que más les convenga.
La legislación hace que las empresas recién fundadas se conviertan en víctimas de líderes sindicales cuyo único propósito es controlar el contrato colectivo para su provecho. La lógica contraparte ha sido la creación de contratos de protección, con los cuales las empresas se protegen de los líderes sindicales que no quieren. Al final, del sistema se benefician las empresas, que logran tener sindicatos que ceden fácilmente a sus necesidades, y los líderes que se enriquecen -como gángsters-de vender protección a las empresas, pero no los trabajadores.
Un sistema sindical que representara realmente el interés de los trabajadores tendría que garantizar un sistema realmente democrático para elegir a los líderes. No hay democracia, por supuesto, si los sindicatos firman contratos colectivos antes de que haya trabajadores. Pero tampoco la hay en los sistemas de selección de líderes en sindicatos ya existentes. La votación a mano alzada en asambleas generales en que se presiona a los participantes a votar por los líderes que se reeligen una y otra vez no es democrática. Sólo un sistema de sufragio libre y secreto, supervisado por una autoridad independiente, como el IFE, puede dar seguridad de una verdadera democracia sindical.
La ley en nuestro país impide la flexibilidad. Hace difícil y costosa la generación de nuevos puestos de trabajo. Da prioridad en los ascensos a la antigüedad en vez de a la capacidad o la productividad, lo cual se convierte en un extraordinario lastre a la competitividad.
No debe sorprender, por otra parte, que nuestros líderes sindicales sean tan ricos si controlan sin supervisión el dinero de los trabajadores. Los líderes se niegan a la transparencia en el manejo de los recursos porque dicen defender una supuesta autonomía sindical. Pero ésta no es otra cosa que la posibilidad de saquear con impunidad el dinero de los trabajadores. Muchos trabajadores se preguntan por qué deben pagar cuotas y aguantar las exigencias de unos sindicatos que no les dan servicio alguno.
Recientemente hemos visto un caso muy claro de abuso. Si bien hay buenas razones para cuestionar el papel de la Secretaría del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox en la destitución de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero, las mismas razones hay para dudar del manejo que éste hizo del dinero de los trabajadores. Los 55 millones de dólares depositados por Grupo México en un fideicomiso bancario fueron transferidos a una cuenta del sindicato, que de ahí entregó cuando menos una parte a algunos líderes y a sus parientes. Lo patético del caso es que, al parecer, todo fue legal, como legal fue la entrega del sindicato petrolero de cientos de millones de pesos al PRI en el 2000.
Si la legislación que permite a los líderes robar el dinero de los trabajadores es progresista, entonces no debemos sorprendernos de tener líderes ricos y trabajadores pobres en nuestro progresista país.
Sergio Sarmiento, El Norte, 1o de mayo 2007
Platón
Durante décadas los líderes sindicales mexicanos se opusieron a cualquier reforma a la legislación laboral en México porque decían que nuestras leyes son realmente progresistas, en contraste con las que existen en otros países, como Estados Unidos. La verdad, sin embargo, es que si vamos a juzgar una legislación por sus resultados, y no por su ideología o por sus buenas intenciones, entonces no hay duda de que nuestra ley laboral es todo menos progresista.
México tiene quizá a los líderes sindicales más ricos del mundo. Si ése era el propósito de nuestra progresista legislación laboral, entonces hemos tenido éxito. Pero si el propósito era dar un mejor nivel de vida a los trabajadores mexicanos, el resultado ha sido un rotundo fracaso.
Los salarios de los trabajadores mexicanos no sólo son muy bajos en comparación con los que prevalecen en otros lugares del mundo, con legislación quizá menos progresista, sino que además sufren violaciones a su derecho al trabajo como consecuencia, precisamente, de las leyes laborales de nuestro país.
Tenemos una legislación que les permite a los sindicatos determinar qué trabajadores pueden tener o no empleo en una determinada empresa. La cláusula de exclusión hace posible, además, terminar el empleo de un trabajador que deja de formar parte del sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo.
Nuestra supuestamente progresista ley laboral no les da a los trabajadores la posibilidad de escoger libremente a sus dirigentes. La ley está hecha para lo contrario: para que los líderes sindicales escojan a los trabajadores o vendan los puestos de trabajo al mejor postor.
La ley permite que un sindicato emplace a huelga a una empresa que ni siquiera ha empezado a contratar trabajadores. Esto significa que los trabajadores ni siquiera han tenido la posibilidad de decidir si quieren o no tener un sindicato. Y en caso de que quieran tenerlo, no pueden escoger al que más les convenga.
La legislación hace que las empresas recién fundadas se conviertan en víctimas de líderes sindicales cuyo único propósito es controlar el contrato colectivo para su provecho. La lógica contraparte ha sido la creación de contratos de protección, con los cuales las empresas se protegen de los líderes sindicales que no quieren. Al final, del sistema se benefician las empresas, que logran tener sindicatos que ceden fácilmente a sus necesidades, y los líderes que se enriquecen -como gángsters-de vender protección a las empresas, pero no los trabajadores.
Un sistema sindical que representara realmente el interés de los trabajadores tendría que garantizar un sistema realmente democrático para elegir a los líderes. No hay democracia, por supuesto, si los sindicatos firman contratos colectivos antes de que haya trabajadores. Pero tampoco la hay en los sistemas de selección de líderes en sindicatos ya existentes. La votación a mano alzada en asambleas generales en que se presiona a los participantes a votar por los líderes que se reeligen una y otra vez no es democrática. Sólo un sistema de sufragio libre y secreto, supervisado por una autoridad independiente, como el IFE, puede dar seguridad de una verdadera democracia sindical.
La ley en nuestro país impide la flexibilidad. Hace difícil y costosa la generación de nuevos puestos de trabajo. Da prioridad en los ascensos a la antigüedad en vez de a la capacidad o la productividad, lo cual se convierte en un extraordinario lastre a la competitividad.
No debe sorprender, por otra parte, que nuestros líderes sindicales sean tan ricos si controlan sin supervisión el dinero de los trabajadores. Los líderes se niegan a la transparencia en el manejo de los recursos porque dicen defender una supuesta autonomía sindical. Pero ésta no es otra cosa que la posibilidad de saquear con impunidad el dinero de los trabajadores. Muchos trabajadores se preguntan por qué deben pagar cuotas y aguantar las exigencias de unos sindicatos que no les dan servicio alguno.
Recientemente hemos visto un caso muy claro de abuso. Si bien hay buenas razones para cuestionar el papel de la Secretaría del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox en la destitución de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero, las mismas razones hay para dudar del manejo que éste hizo del dinero de los trabajadores. Los 55 millones de dólares depositados por Grupo México en un fideicomiso bancario fueron transferidos a una cuenta del sindicato, que de ahí entregó cuando menos una parte a algunos líderes y a sus parientes. Lo patético del caso es que, al parecer, todo fue legal, como legal fue la entrega del sindicato petrolero de cientos de millones de pesos al PRI en el 2000.
Si la legislación que permite a los líderes robar el dinero de los trabajadores es progresista, entonces no debemos sorprendernos de tener líderes ricos y trabajadores pobres en nuestro progresista país.
Sergio Sarmiento, El Norte, 1o de mayo 2007
Etiquetas: demagogia, democracia, estado de derecho, leyes, liberalismo, reformas, sindicatos
