domingo, junio 01, 2008
...y, al vino, vino
Nada ha cambiado desde los 70 en que se evidenció una disputa por el futuro de la nación. Desde entonces tenemos un país profundamente dividido en su visión de futuro, desde entonces vienen chocando dos visiones encontradas: la de los nacionalistas estatistas y la de los modernizadores. Cada una tiene sus raíces en nuestra historia y ambas pregonan soluciones definitivas, pero su enfoque y objetivos son radicalmente distintos. La tragedia es que estamos en el mismo lugar treinta años después. Hemos desperdiciado tres décadas sin poder resolver esta disputa, que ahora se manifiesta en el tema del petróleo.
Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.
Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".
La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.
A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.
Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.
Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.
Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.
El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.
La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.
Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.
Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.
Luis Rubio
www.cidac.org
Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.
Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".
La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.
A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.
Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.
Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.
Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.
El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.
La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.
Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.
Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.
Luis Rubio
www.cidac.org
Etiquetas: conservador, constitucion, crecimiento, demagogia, economia, empleo, inversión, liberalismo, monopolios, PEMEX, PetroBras, petroleo, populismo, reaccionario, reformas, riqueza
viernes, mayo 30, 2008
Privatizar
"Sé que ya... nunca me van a privatizar. Nada ganarían con hacerlo, estoy de acuerdo, pero es un consuelo".
Carlos Monsiváis
¿Cómo, de ser un término técnico, "privatizar" se convirtió en una mera descalificación? El sentido original de la palabra, vender una empresa pública a empresarios privados, se ha desvanecido por completo en nuestros medios de comunicación. Hoy es simple sinónimo de perversión, corrupción y deshonestidad.
El rechazo a las "privatizaciones", especialmente de la industria petrolera, está uniendo a perredistas radicales, como Gerardo Fernández Noroña, con algunos de los priistas más encumbrados. Incluso aquellos que en su momento privatizaron empresas, como el ex director general de Pemex y actual presidente de la Fundación Colosio del PRI, Francisco Rojas, cuestionan hoy las "privatizaciones". Cómo estarán las cosas que un liberal como Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda y hoy presidente de Telefónica Española en México, ha criticado también las privatizaciones... o por lo menos la de Telmex.
En su labor ideológica, los perredistas y algunos priistas utilizan una definición de "privatización" que va mucho más allá de la que yo conozco. Privatizar no es para ellos vender los activos de una empresa pública a inversionistas privados: el que un gobierno o una paraestatal contrate la compra de papel higiénico con una empresa privada es, también, una privatización.
El prejuicio no existía, por supuesto, en la Constitución liberal de 1857, pero tampoco en la "social" de 1917. Ésta estableció la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, como ocurre ahora en la mayoría de las naciones del mundo, pero precisaba que "podrán hacerse concesiones" a particulares con la condición de que se cumplan los "requisitos que provengan de las leyes".
Ni siquiera Lázaro Cárdenas eliminó la participación privada en el petróleo. La Ley Reglamentaria al artículo 27 que publicó en noviembre de 1940 permitió expresamente el trabajo del sector privado en exploración y explotación a través de los "contratos de riesgo", ideados por el propio Cárdenas y después imitados en todo el mundo. Estos contratos no fueron eliminados de la ley reglamentaria sino hasta 1958 y de la Constitución en 1960, cuando los conservadores estaban ya en control del PRI y del gobierno.
Hoy estamos viendo en el Senado un desfile de políticos y juristas conservadores, incapaces de considerar la posibilidad de realizar cambios a nuestro marco jurídico para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Primero exigieron que la reforma energética no hiciera cambios a la Constitución; y cuando se les atendió, y el gobierno buscó maneras de promover la inversión sin tales cambios, acusaron al Presidente de violar la Constitución.
Los mexicanos, sin embargo, no deberíamos estar discutiendo dogmas sino medidas para construir una industria petrolera más eficiente y que beneficie más a los mexicanos. Deberíamos dejar a Pemex las decisiones de cómo, dónde, cuándo y con quién invertir. Así lo hacen las cabezas de Petrobras o de Repsol, las exitosas empresas petroleras de Brasil y España. Si fuéramos más inteligentes, hoy estaríamos invirtiendo en todo: pozos marginales, aguas someras, aguas profundas, yacimientos en tierra firme y refinerías. Lo haríamos con y sin socios porque las condiciones del mercado, con un precio alto del petróleo, y las necesidades del País, con una pobreza lacerante, así lo exigen.
Pero no. Quienes están tomando las decisiones son un pequeño grupo de conservadores que tiemblan ante la posibilidad de hacer cambios a la ley o de que se les llame "privatizadores". Son los mismos, empero, que cuando tuvieron posiciones de responsabilidad no dudaron en privatizar empresas, como lo hizo Francisco Rojas con Mexlub cuando fue director de Pemex.
Mientras nuestros conservadores debaten, vale la pena volver la vista a los verdaderos políticos progresistas del mundo. Ahí está el socialista Felipe González, que privatizó Repsol, la petrolera española (en la cual Pemex, paradójicamente, tiene una participación), y Endesa, la empresa de electricidad. En Chile el también socialista Ricardo Lagos privatizó los servicios de agua y sanidad y promovió la construcción de autopistas privadas.
La diferencia es que González y Lagos representan una izquierda verdadera, interesada en generar inversión y en mejorar el nivel de vida de quienes menos tienen. Nuestros políticos, en cambio, se dicen de izquierda pero son conservadores. Para ellos son más importantes los dogmas sobre la privatización que el bienestar de los mexicanos.
Brasil e Indonesia
Dos ejemplos internacionales, dos caminos. Por un lado Brasil -con Petrobras, controlada por el gobierno pero con abundante capital privado-, que ha logrado grandes hallazgos de crudo en aguas profundas de Brasil y del Golfo de México. En pocos años, Brasil se ha transformado de importador a exportador de petróleo. Del otro lado Indonesia -con su estatal Petromina-, que fijó las reglas más duras de Asia contra la inversión privada en petróleo y que prodigaba subsidios a los combustibles. El gobierno indonesio acaba de anunciar aumentos en los combustibles y su salida de la OPEP, porque de exportador se ha convertido en importador de crudo. ¿Cuál de los caminos, el brasileño o el indonesio, seguiremos los mexicanos?
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Carlos Monsiváis
¿Cómo, de ser un término técnico, "privatizar" se convirtió en una mera descalificación? El sentido original de la palabra, vender una empresa pública a empresarios privados, se ha desvanecido por completo en nuestros medios de comunicación. Hoy es simple sinónimo de perversión, corrupción y deshonestidad.
El rechazo a las "privatizaciones", especialmente de la industria petrolera, está uniendo a perredistas radicales, como Gerardo Fernández Noroña, con algunos de los priistas más encumbrados. Incluso aquellos que en su momento privatizaron empresas, como el ex director general de Pemex y actual presidente de la Fundación Colosio del PRI, Francisco Rojas, cuestionan hoy las "privatizaciones". Cómo estarán las cosas que un liberal como Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda y hoy presidente de Telefónica Española en México, ha criticado también las privatizaciones... o por lo menos la de Telmex.
En su labor ideológica, los perredistas y algunos priistas utilizan una definición de "privatización" que va mucho más allá de la que yo conozco. Privatizar no es para ellos vender los activos de una empresa pública a inversionistas privados: el que un gobierno o una paraestatal contrate la compra de papel higiénico con una empresa privada es, también, una privatización.
El prejuicio no existía, por supuesto, en la Constitución liberal de 1857, pero tampoco en la "social" de 1917. Ésta estableció la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, como ocurre ahora en la mayoría de las naciones del mundo, pero precisaba que "podrán hacerse concesiones" a particulares con la condición de que se cumplan los "requisitos que provengan de las leyes".
Ni siquiera Lázaro Cárdenas eliminó la participación privada en el petróleo. La Ley Reglamentaria al artículo 27 que publicó en noviembre de 1940 permitió expresamente el trabajo del sector privado en exploración y explotación a través de los "contratos de riesgo", ideados por el propio Cárdenas y después imitados en todo el mundo. Estos contratos no fueron eliminados de la ley reglamentaria sino hasta 1958 y de la Constitución en 1960, cuando los conservadores estaban ya en control del PRI y del gobierno.
Hoy estamos viendo en el Senado un desfile de políticos y juristas conservadores, incapaces de considerar la posibilidad de realizar cambios a nuestro marco jurídico para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Primero exigieron que la reforma energética no hiciera cambios a la Constitución; y cuando se les atendió, y el gobierno buscó maneras de promover la inversión sin tales cambios, acusaron al Presidente de violar la Constitución.
Los mexicanos, sin embargo, no deberíamos estar discutiendo dogmas sino medidas para construir una industria petrolera más eficiente y que beneficie más a los mexicanos. Deberíamos dejar a Pemex las decisiones de cómo, dónde, cuándo y con quién invertir. Así lo hacen las cabezas de Petrobras o de Repsol, las exitosas empresas petroleras de Brasil y España. Si fuéramos más inteligentes, hoy estaríamos invirtiendo en todo: pozos marginales, aguas someras, aguas profundas, yacimientos en tierra firme y refinerías. Lo haríamos con y sin socios porque las condiciones del mercado, con un precio alto del petróleo, y las necesidades del País, con una pobreza lacerante, así lo exigen.
Pero no. Quienes están tomando las decisiones son un pequeño grupo de conservadores que tiemblan ante la posibilidad de hacer cambios a la ley o de que se les llame "privatizadores". Son los mismos, empero, que cuando tuvieron posiciones de responsabilidad no dudaron en privatizar empresas, como lo hizo Francisco Rojas con Mexlub cuando fue director de Pemex.
Mientras nuestros conservadores debaten, vale la pena volver la vista a los verdaderos políticos progresistas del mundo. Ahí está el socialista Felipe González, que privatizó Repsol, la petrolera española (en la cual Pemex, paradójicamente, tiene una participación), y Endesa, la empresa de electricidad. En Chile el también socialista Ricardo Lagos privatizó los servicios de agua y sanidad y promovió la construcción de autopistas privadas.
La diferencia es que González y Lagos representan una izquierda verdadera, interesada en generar inversión y en mejorar el nivel de vida de quienes menos tienen. Nuestros políticos, en cambio, se dicen de izquierda pero son conservadores. Para ellos son más importantes los dogmas sobre la privatización que el bienestar de los mexicanos.
Brasil e Indonesia
Dos ejemplos internacionales, dos caminos. Por un lado Brasil -con Petrobras, controlada por el gobierno pero con abundante capital privado-, que ha logrado grandes hallazgos de crudo en aguas profundas de Brasil y del Golfo de México. En pocos años, Brasil se ha transformado de importador a exportador de petróleo. Del otro lado Indonesia -con su estatal Petromina-, que fijó las reglas más duras de Asia contra la inversión privada en petróleo y que prodigaba subsidios a los combustibles. El gobierno indonesio acaba de anunciar aumentos en los combustibles y su salida de la OPEP, porque de exportador se ha convertido en importador de crudo. ¿Cuál de los caminos, el brasileño o el indonesio, seguiremos los mexicanos?
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Etiquetas: Brasil, conservador, constitucion, corporativismo, corrupcion, crecimiento, empleo, inversión, liberalismo, paradigma, PEMEX, PetroBras, petroleo, reformas, riqueza
domingo, mayo 25, 2008
Pie de la letra
Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.Etiquetas: conservador, constitucion, empleo, inversión, liberal, PEMEX, petroleo, reformas, riqueza
sábado, mayo 24, 2008
Barbaridades, mitos y falsedades
El martes 20 de mayo, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor de López Obrador, presentó una ponencia sobre la Constitución y la reforma de Pemex. El venerable anciano y, se supone, buen jurista (que no juarista), fue contundente:
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
Etiquetas: AMLO, constitucion, crecimiento, demagogia, empleo, inversión, leyes, liberal, liberalismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, reaccionario, soberania
martes, abril 15, 2008
Clausurado
El 10 de abril del 2008 puede inscribirse como uno de los días más negros de nuestra historia. Ese día, el sujeto que se autonombra "Presidente Legítimo", mostrando su verdadera cara de tirano y absolutista, ordenó a los legisladores que conforman el Frente Amplio Progresista (que están al servicio del Mesías tabasqueño y no del pueblo que los eligió y paga sus jugosas dietas) a clausurar las cámaras legislativas para evitar la discusión, análisis, debate, propuestas, cambios y aprobación de la propuesta de reforma petrolera que días antes el Presidente Constitucional de México, Felipe Calderón, había enviado al Poder Legislativo.
Tal atropello al Poder Legislativo por parte de un "Presidente" había ocurrido únicamente tres veces en la historia de México: la primera vez fue en 1822, cuando Agustín de Iturbide decretó la disolución del Congreso en la naciente república; la segunda disolución fue en 1838, con Antonio López de Santa Anna, a través del General Nicolás Bravo, quien cuidaba el Poder Ejecutivo mientras el primero se retiraba a descansar a su hacienda de Manga de Clavo; la última vez fue en 1913, cuando el General Victoriano Huerta disolvió la 26 legislatura.
Con esta acción totalmente antidemocrática por parte de estos barbajanes, que es tan pacífica como la invasión de Bush a Iraq y Afganistán, se está efectivamente cancelando cualquier posibilidad de diálogo, debate y discusión sobre el tema petrolero.
Al no tener ningún argumento válido e inteligente sobre el cual debatir y no contar con ninguna propuesta qué ofrecer para resolver la grave situación que enfrenta Petróleos Mexicanos, han decidido irse por el camino fácil y dar por cancelado el trabajo parlamentario que es, o debería ser, el lugar natural para la discusión de ideas y propuestas de política pública. También están aprovechando la coyuntura para mejorar la percepción en la sociedad después de que mostraron su verdadero rostro en las desaseadas, por decir lo menos, elecciones internas para renovar su dirigencia.
La acción arbitraria del iluminado tabasqueño y sus subordinados legislativos muestra la desesperación de que, en la propuesta del Presidente Calderón, en ningún momento se plantea la privatización, como de manera falsa y mentirosa han venido pregonando el tirano tabasqueño y banda.
Lo que vimos que sucedió en el Congreso está dando por cancelada la posibilidad de poner en marcha unas medidas de política pública que, desde mi óptica, pudieran parecer limitadas para resolver el problema de fondo de la industria petrolera, como es la falta de inversión para aprovechar nuestros recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo, incrementar la producción de petróleo crudo y darle valor agregado a nuestros productos petroleros para reducir la dependencia con el exterior. Sin embargo, la propuesta puede considerarse un avance para revertir el estado de las cosas en materia petrolera que, de continuar como hasta el día de hoy, inevitablemente nos lleva por el camino para convertirnos en importadores de petróleo crudo en seis años.
Lo que también se canceló el 10 de abril fue la forma como prevé la Constitución la conformación y operación de las Cámaras de Diputados y Senadores. El 6 de julio del 2000, en elecciones limpias y justas, además de la elección presidencial, los mexicanos decidimos que la Cámara de Diputados se conformara de la siguiente manera: 207 diputados del PAN, 156 del Frente Amplio Progresista, 106 del PRI, 17 del PVEM, 9 de Nueva Alianza y 5 de Alternativa.
Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, la composición es la siguiente: PAN, 52 senadores; PRI, 33; FAP, 36; PVEM, 6; y un senador sin partido. Esta parte de las elecciones no fue impugnada por los integrantes del FAP. La cancelación del trabajo legislativo que hizo el FAP nos muestra que, en el caso de la Cámara de Diputados, una minoría del 31.2 por ciento evita que el restante haga su trabajo legislativo.
En el caso de los senadores, el 28 por ciento de éstos impusieron su voluntad de manera violenta sobre el resto para evitar que desempeñaran las tareas que como legisladores les ordenamos hacer con nuestro voto. Inclusive, los miembros del FAP están violando el último párrafo del artículo 63 constitucional, que dice que: "incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones".
Impedir que se realice el trabajo legislativo y presentarse a alterar el orden o a dormir en sus curules en la madrugada, no significa necesariamente que estén desempeñando las funciones constitucionales para las cuales fueron electos. Habrá que estar pendientes de cuántos días va a durar la arbitrariedad de los seguidores del tabasqueño, ya que el mismo artículo 63 contempla el caso de inasistencias al trabajo legislativo: "Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se de conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes".
La manta que pusieron estos legisladores sobre la mal llamada máxima tribuna, que decía "Cancelado", tiene un alcance mayor, ya que no sólo se canceló el debate, el diálogo, la vida institucional y el trabajo parlamentario. También se está cancelando el futuro de México, ya que de aquí en adelante cualquier minoría podrá imponer con violencia su visión a la mayoría. ¿De qué privilegios gozan estos saboteadores para impedir que afronten las consecuencias de su actitud?
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
Tal atropello al Poder Legislativo por parte de un "Presidente" había ocurrido únicamente tres veces en la historia de México: la primera vez fue en 1822, cuando Agustín de Iturbide decretó la disolución del Congreso en la naciente república; la segunda disolución fue en 1838, con Antonio López de Santa Anna, a través del General Nicolás Bravo, quien cuidaba el Poder Ejecutivo mientras el primero se retiraba a descansar a su hacienda de Manga de Clavo; la última vez fue en 1913, cuando el General Victoriano Huerta disolvió la 26 legislatura.
Con esta acción totalmente antidemocrática por parte de estos barbajanes, que es tan pacífica como la invasión de Bush a Iraq y Afganistán, se está efectivamente cancelando cualquier posibilidad de diálogo, debate y discusión sobre el tema petrolero.
Al no tener ningún argumento válido e inteligente sobre el cual debatir y no contar con ninguna propuesta qué ofrecer para resolver la grave situación que enfrenta Petróleos Mexicanos, han decidido irse por el camino fácil y dar por cancelado el trabajo parlamentario que es, o debería ser, el lugar natural para la discusión de ideas y propuestas de política pública. También están aprovechando la coyuntura para mejorar la percepción en la sociedad después de que mostraron su verdadero rostro en las desaseadas, por decir lo menos, elecciones internas para renovar su dirigencia.
La acción arbitraria del iluminado tabasqueño y sus subordinados legislativos muestra la desesperación de que, en la propuesta del Presidente Calderón, en ningún momento se plantea la privatización, como de manera falsa y mentirosa han venido pregonando el tirano tabasqueño y banda.
Lo que vimos que sucedió en el Congreso está dando por cancelada la posibilidad de poner en marcha unas medidas de política pública que, desde mi óptica, pudieran parecer limitadas para resolver el problema de fondo de la industria petrolera, como es la falta de inversión para aprovechar nuestros recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo, incrementar la producción de petróleo crudo y darle valor agregado a nuestros productos petroleros para reducir la dependencia con el exterior. Sin embargo, la propuesta puede considerarse un avance para revertir el estado de las cosas en materia petrolera que, de continuar como hasta el día de hoy, inevitablemente nos lleva por el camino para convertirnos en importadores de petróleo crudo en seis años.
Lo que también se canceló el 10 de abril fue la forma como prevé la Constitución la conformación y operación de las Cámaras de Diputados y Senadores. El 6 de julio del 2000, en elecciones limpias y justas, además de la elección presidencial, los mexicanos decidimos que la Cámara de Diputados se conformara de la siguiente manera: 207 diputados del PAN, 156 del Frente Amplio Progresista, 106 del PRI, 17 del PVEM, 9 de Nueva Alianza y 5 de Alternativa.
Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, la composición es la siguiente: PAN, 52 senadores; PRI, 33; FAP, 36; PVEM, 6; y un senador sin partido. Esta parte de las elecciones no fue impugnada por los integrantes del FAP. La cancelación del trabajo legislativo que hizo el FAP nos muestra que, en el caso de la Cámara de Diputados, una minoría del 31.2 por ciento evita que el restante haga su trabajo legislativo.
En el caso de los senadores, el 28 por ciento de éstos impusieron su voluntad de manera violenta sobre el resto para evitar que desempeñaran las tareas que como legisladores les ordenamos hacer con nuestro voto. Inclusive, los miembros del FAP están violando el último párrafo del artículo 63 constitucional, que dice que: "incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones".
Impedir que se realice el trabajo legislativo y presentarse a alterar el orden o a dormir en sus curules en la madrugada, no significa necesariamente que estén desempeñando las funciones constitucionales para las cuales fueron electos. Habrá que estar pendientes de cuántos días va a durar la arbitrariedad de los seguidores del tabasqueño, ya que el mismo artículo 63 contempla el caso de inasistencias al trabajo legislativo: "Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se de conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes".
La manta que pusieron estos legisladores sobre la mal llamada máxima tribuna, que decía "Cancelado", tiene un alcance mayor, ya que no sólo se canceló el debate, el diálogo, la vida institucional y el trabajo parlamentario. También se está cancelando el futuro de México, ya que de aquí en adelante cualquier minoría podrá imponer con violencia su visión a la mayoría. ¿De qué privilegios gozan estos saboteadores para impedir que afronten las consecuencias de su actitud?
Abel Hibert
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Etiquetas: AMLO, constitucion, demagogia, estado de derecho, fanatismo, fascismo, intolerancia, leyes, mesianismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, PRD, reaccionario, reformas
jueves, marzo 06, 2008
¿Qué motivó la expropiación petrolera?
El 18 de marzo celebraremos el 70 aniversario de la expropiación petrolera decretado por el Presidente Lázaro Cárdenas. Sería oportuno recordar las condiciones que llevaron al General Cárdenas a declarar la expropiación de los activos de las empresas extranjeras (el dominio de los recursos petroleros siempre fue de la nación).
Si nos regresamos 70 años, fue el conflicto laboral entre el sindicato petrolero y las empresas del ramo el principal motivo que llevó a Cárdenas a expropiar, por causa de utilidad pública y a favor de la nación, todos los activos incluyendo las concesiones de las compañías petroleras privadas nacionales y extranjeras.
En 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que presionó para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores petroleros. Hay que aclarar que hace más de 70 años, como al día de hoy, las condiciones laborales de los trabajadores petroleros ya eran superiores a las que tenían el resto de los trabajadores mexicanos. Durante 1937 hubo huelgas intermitentes en contra de las compañías petroleras. El 8 de diciembre estalló otra huelga debido a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje no había dado a conocer las conclusiones de la Comisión de Expertos que se había creado para determinar si las compañías petroleras estaban en condiciones de afrontar dichos reclamos laborales.
El 18 de diciembre, la Junta dio el fallo a favor del Sindicato y ordenó pagar a las compañías petroleras por concepto de salarios caídos unos 26 millones de pesos. Las empresas se inconformaron con el fallo e interpusieron un amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia, el cual les fue negado. Las empresas entraron en rebeldía y se les dio de plazo hasta el 7 de marzo para cumplir con el mandato del máximo tribunal de la nación.
Cuando uno lee el Decreto de Expropiación de las Compañías Petroleras, firmado por el Presidente Lázaro Cárdenas, se ve que la principales motivaciones para la expropiación fueron, en primer lugar, resolver el diferendo laboral y, en segundo, mostrar que el Estado mexicano, representado por el Presidente Cárdenas, estaba resuelto a hacer cumplir la ley y obligar al acatamiento de la Suprema Corte de Justicia.
El considerando primero del Decreto dice: "Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos colectivos de trabajo derivados del mencionado laudo".
En el segundo considerando del decreto se razona la preocupación por la suspensión total de las actividades de la industria petrolera derivada de las huelgas y que "en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras".
En el decreto nunca se pone como motivación de la expropiación que las empresas petroleras extranjeras se estuvieran quedando con la renta petrolera ni que estuvieran saqueando el subsuelo mexicano. Para un Gobierno como el de Lázaro Cárdenas que alentaba el sindicalismo, la salida más fácil era enfrentar a las empresas extranjeras expropiándoles sus activos que enfrentar al sindicato petrolero.
Seguramente, dentro de la prepotencia que caracteriza a las empresas petroleras le habrán hablado feo al General y quizá hasta lo hayan amenazado (por petróleo las potencias extranjeras son capaces de todo, pregúntenle a los iraquíes). Y el General hizo uso de las atribuciones metaconstitucionales que tiene el Ejecutivo en contra de los extranjeros. Pero, insisto, la única motivación del decreto de expropiación fue dar fin a un conflicto laboral. Sin embargo, el 18 de marzo de 1938 fue elevado a los altares nacionales y formó parte del mito, de esa arcadia nacionalista y revolucionaria creada y descrita por los priistas, sus historiadores oficiales y que ahora heredan sus hermanos menores los perredistas.
Regresando a marzo del 2008, no existen las mismas condiciones que existían hace 70 años que nos impidan llevar a cabo inversiones conjuntas en contratos de riesgo con empresas extranjeras para perforar y explotar el petróleo en aguas profundas, única alternativa que tenemos para ampliar nuestra disponibilidad de petróleo en los próximos años. Es más nacionalista y soberano buscar alternativas para evitar que en pocos años nos convirtamos en importadores netos de petróleo.
Desgraciadamente, antes que los intereses de la nación, prevalecen los intereses de un Senador que quiere controlar el país a través del gasto y programas sociales y también de un ex candidato presidencial que no quiere perder los reflectores, aunque para eso tenga que estrangular la actividad productiva e incendiar al país.
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
Si nos regresamos 70 años, fue el conflicto laboral entre el sindicato petrolero y las empresas del ramo el principal motivo que llevó a Cárdenas a expropiar, por causa de utilidad pública y a favor de la nación, todos los activos incluyendo las concesiones de las compañías petroleras privadas nacionales y extranjeras.
En 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que presionó para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores petroleros. Hay que aclarar que hace más de 70 años, como al día de hoy, las condiciones laborales de los trabajadores petroleros ya eran superiores a las que tenían el resto de los trabajadores mexicanos. Durante 1937 hubo huelgas intermitentes en contra de las compañías petroleras. El 8 de diciembre estalló otra huelga debido a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje no había dado a conocer las conclusiones de la Comisión de Expertos que se había creado para determinar si las compañías petroleras estaban en condiciones de afrontar dichos reclamos laborales.
El 18 de diciembre, la Junta dio el fallo a favor del Sindicato y ordenó pagar a las compañías petroleras por concepto de salarios caídos unos 26 millones de pesos. Las empresas se inconformaron con el fallo e interpusieron un amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia, el cual les fue negado. Las empresas entraron en rebeldía y se les dio de plazo hasta el 7 de marzo para cumplir con el mandato del máximo tribunal de la nación.
Cuando uno lee el Decreto de Expropiación de las Compañías Petroleras, firmado por el Presidente Lázaro Cárdenas, se ve que la principales motivaciones para la expropiación fueron, en primer lugar, resolver el diferendo laboral y, en segundo, mostrar que el Estado mexicano, representado por el Presidente Cárdenas, estaba resuelto a hacer cumplir la ley y obligar al acatamiento de la Suprema Corte de Justicia.
El considerando primero del Decreto dice: "Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos colectivos de trabajo derivados del mencionado laudo".
En el segundo considerando del decreto se razona la preocupación por la suspensión total de las actividades de la industria petrolera derivada de las huelgas y que "en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras".
En el decreto nunca se pone como motivación de la expropiación que las empresas petroleras extranjeras se estuvieran quedando con la renta petrolera ni que estuvieran saqueando el subsuelo mexicano. Para un Gobierno como el de Lázaro Cárdenas que alentaba el sindicalismo, la salida más fácil era enfrentar a las empresas extranjeras expropiándoles sus activos que enfrentar al sindicato petrolero.
Seguramente, dentro de la prepotencia que caracteriza a las empresas petroleras le habrán hablado feo al General y quizá hasta lo hayan amenazado (por petróleo las potencias extranjeras son capaces de todo, pregúntenle a los iraquíes). Y el General hizo uso de las atribuciones metaconstitucionales que tiene el Ejecutivo en contra de los extranjeros. Pero, insisto, la única motivación del decreto de expropiación fue dar fin a un conflicto laboral. Sin embargo, el 18 de marzo de 1938 fue elevado a los altares nacionales y formó parte del mito, de esa arcadia nacionalista y revolucionaria creada y descrita por los priistas, sus historiadores oficiales y que ahora heredan sus hermanos menores los perredistas.
Regresando a marzo del 2008, no existen las mismas condiciones que existían hace 70 años que nos impidan llevar a cabo inversiones conjuntas en contratos de riesgo con empresas extranjeras para perforar y explotar el petróleo en aguas profundas, única alternativa que tenemos para ampliar nuestra disponibilidad de petróleo en los próximos años. Es más nacionalista y soberano buscar alternativas para evitar que en pocos años nos convirtamos en importadores netos de petróleo.
Desgraciadamente, antes que los intereses de la nación, prevalecen los intereses de un Senador que quiere controlar el país a través del gasto y programas sociales y también de un ex candidato presidencial que no quiere perder los reflectores, aunque para eso tenga que estrangular la actividad productiva e incendiar al país.
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
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miércoles, febrero 27, 2008
MÉXICO: MITOS Y MENTIRAS
1-Tras recibir la carta de Macario Schettino (MS), en la que explica por qué las cuentas petroleras no nos salen (LUPA 302), salí a buscar su libro recién horneado Cien años de confusión: México en el siglo XX (Taurus, dic. 2007). Leí las 500 páginas de un tirón, con excepción de algunas notas (50 páginas). MS llevó a cabo un sueño que alguna vez acaricié: escribir una visión global y crítica de México, desde el Porfiriato hasta nuestros días. Su libro es exactamente eso: una revisión de lo investigado, de lo publicado, tanto en México como en el extranjero, con una interpretación personal, donde se combina el historiador-recopilador, con el economista y experto en administración pública. Para iniciar o atizar la polémica, dice MS que
2- MS sostiene que la RM es el gran mito de México. Un mito que no alcanza a morir. Los triunfos del PRI a lo largo y ancho del país, me hacen pensar que -como bien dice MS- esta construcción cultural y manipulada sigue en el alma de los mexicanos. Las escuelas oficiales y los libros de texto gratuitos se han encargado de prolongar la agonía nacionalista de una revolución más imaginaria que real. La tesis central de MS es que la RM fue resultado del deterioro de un régimen autoritario y de un sistema económico agotado, el Porfiriato, más que de la lucha del pueblo por cambiar su destino. Analiza con detalle las reivindicaciones campesinas, especialmente en Morelos, las luchas obreras como las de Cananea y Río Blanco- y caricaturiza la lucha de los débiles contra los poderosos, para concluir que la historia es hecha por hombres y mujeres de carne y hueso, con su codicia, soberbia, envidia, violencia
y con sus mentiras. Lo que conocemos como RM tampoco fue una reacción nacionalista al imperialismo yanqui, fue simplemente un "producto de un régimen autoritario personal que no supo terminar y que abrió las puertas a la guerra civil y la anarquía".
3- Otra mentira más: el supuesto milagro económico mexicano de
4- En los cien años examinados, las empresas importantes fueron creadas desde el Estado, amparadas por él y rescatadas de ser necesario, apunta MS. La riqueza se alcanza a través del régimen, sea en su interior como político, o en connivencia con él, como empresario -¿o negociante?-. Así como en política el régimen de la RM fue premoderno, en economía fue precapitalista. "Es un fósil del siglo XVII que casi llegó a ver el inicio del siglo XXI recalca Macario-, pero que no ha muerto del todo porque está todavía en la mente de muchos mexicanos, porque su corazón sigue siendo como el régimen lo hizo: autoritario, antiliberal, renuente a la competencia, refractario a las ideas exóticas, ensimismado". En suma, iniciamos el siglo XXI con un gran lastre político, con una cultura de subordinación que viene desde la dominación española. Lo que hoy ocurre en México tiene sus raíces en ese pasado que se niega a morir.
5- El libro se divide en dos grandes divisiones: 1) La primera incluye ocho capítulos, desde las causas de la RM, la guerra civil, una revolución sin resultados (Congreso Constituyente), la expansión económica, y un análisis de Lázaro Cárdenas, que para MS es el verdadero revolucionario, el visionario que aprovecha el movimiento obrero para deshacerse de él, el agitador agrario y el creador de un régimen político que mantendrá el poder por medio siglo. No le da el mismo crédito
6- Más adelante analiza los movimientos violentos de algunos grupos con el Estado, en la década de los sesenta, como el agrario de
7- El libro es pues un trabajo serio, articulado y polémico que intenta explicar lo ocurrido en México durante el siglo XX. Es, como afirma el propio Macario, una visión crítica del proceso. Es verdad que los académicos prefieren meterse a fondo en un tema, concentrarse, ir al detalle, pero también es muy útil y didáctico aportar una visión global sumando las partes y los conocimientos específicos. Tras párrafos y párrafos de cuestionar muchas verdades oficiales, Macario concluye que el experimento mexicano fracasó y hay que intentar de nuevo. La verdad, verdad, es que a los mexicanos no nos gustan los cambios. Como dijo John Womack Jr, historiador de Harvard y mentor de Carlos Salinas, en su conocido libro sobre
México, DF, Martes 26 de febrero, 2008. Más lupas: www.laslupas.net
Etiquetas: constitucion, crecimiento, demagogia, democracia, economia, pobreza, populismo, revolución
viernes, enero 04, 2008
Inconstitucional
"No interfieran en nada con la Constitución. Debe mantenerse tal cual es porque es la única garantía de nuestras libertades".
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Etiquetas: congreso, constitucion, IFE, leyes, liberalismo, libertad, partidocracia
domingo, noviembre 25, 2007
Partidos 'only'
He dejado de creer en la legitimidad de los partidos políticos desde hace ya algunos años. Quedó atrás la época en que se podían ejercer con libertad los ideales políticos en estas organizaciones.
Si bien debo reconocer, en sus orígenes, algunos rasgos de valía para su existencia, la vida actual de los partidos políticos parece más ocupada de cuestiones coyunturales que de un auténtico afán por mejorar el País.
La Constitución determina, contrario a lo plasmado en su capítulo de garantías individuales, que son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes pueden acceder al poder. Así, y con la fortaleza presupuestal que han adquirido los partidos desde 1997, son ahora la única aduana para acceder al poder popular.
El problema de esta aduana es múltiple. Se ha convertido en una garita compleja, voluble, imprecisa y cambiante. Una puerta sin entradas ni salidas claras. Es difícil obtener pasaporte con ellos. Los partidos menosprecian la participación espontánea de los ciudadanos y se premia la interesada.
También las reglas de ascenso en la organización política están supeditadas a principios tan informales como las relaciones, la amistad, la posibilidad de un puesto público futuro y, en algunos casos, hasta la estética del candidato.
Estas aduanas hoy se han vuelto un búnker, pues son los partidos políticos y no los legisladores los que han hecho de la última reforma electoral su agasajo. Con ella se han blindado al escrutinio, echando la culpa a los intereses de los medios masivos de comunicación. Lograron su cometido: quedarse con el presupuesto del IFE y hasta con el mismo Instituto, sin darle cuentas a nadie.
Recorrer los postulados actuales de los partidos políticos es una verdadera pesadilla. Los planteamientos de los tres más importantes institutos políticos son coherentes en su exposición, pero muy cuestionables en su práctica. Como siempre es más fácil diseñar misiones y objetivos que ponerlos en práctica.
¿Qué ha provocado esta distancia entre los postulados partidistas y su ejercicio auténtico? Encuentro varias razones. Primero, la falta de comprensión de la práctica del gobierno. El ejercicio de la autoridad le genera muchas ilusiones al partido en campaña. Estos sueños consideran posible un plan de gobierno que incluya sus creencias y las de su partido. Se topan después con los operadores del gobierno, la burocracia y los grupos de interés. Pierden fácilmente de vista lo esencial de gobernar y terminan presos de la urgencia en las administraciones públicas, olvidando el objetivo básico de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus gobernados.
Segundo, la lenta pero contundente captura del gobierno por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos, no la sociedad, son los que determinan la colocación de funcionarios de primer y segundo nivel en muchos municipios y estados. La mano invisible de los institutos políticos está ahí. A veces con urgencia, a veces con maldad. Este "préstamo para que cuando yo llegue al poder te recompense con otro puesto" está minando la autonomía de la autoridad y alejando al gobierno de sus gobernados.
En este contexto se sitúa la reforma electoral aprobada por todos los partidos en beneficio, claro, de ellos y de su capacidad de seguir siendo aduanas y cotos de poder frente a la necesidad de visualizar un mejor país.
La reforma despierta posiciones encontradas. Se ha abierto la puerta a la partidocracia, se argumenta. Es cierto, pero la partidocracia no es un mal en sí mismo. Sin embargo, lo es desde el punto de vista de su origen.
En México, esta partidocracia nace con institutos políticos débiles ideológica y prácticamente. No con las ideas forjadoras de un mejor país, sino con las de mantener repartido el acceso a puestos públicos.
Estamos lejos de tener una partidocracia virtuosa, donde los partidos luchen por posicionar sus ideales y llevarlos a plataformas de campaña, pero que además constituyan mecanismos de autocrítica, rendición de cuentas a la sociedad e incentivos para impulsar un mejor desarrollo del País, aunque se pierdan elecciones.
Sólo así puede convertirse la partidocracia en un buen sistema electoral.
Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx
Si bien debo reconocer, en sus orígenes, algunos rasgos de valía para su existencia, la vida actual de los partidos políticos parece más ocupada de cuestiones coyunturales que de un auténtico afán por mejorar el País.
La Constitución determina, contrario a lo plasmado en su capítulo de garantías individuales, que son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes pueden acceder al poder. Así, y con la fortaleza presupuestal que han adquirido los partidos desde 1997, son ahora la única aduana para acceder al poder popular.
El problema de esta aduana es múltiple. Se ha convertido en una garita compleja, voluble, imprecisa y cambiante. Una puerta sin entradas ni salidas claras. Es difícil obtener pasaporte con ellos. Los partidos menosprecian la participación espontánea de los ciudadanos y se premia la interesada.
También las reglas de ascenso en la organización política están supeditadas a principios tan informales como las relaciones, la amistad, la posibilidad de un puesto público futuro y, en algunos casos, hasta la estética del candidato.
Estas aduanas hoy se han vuelto un búnker, pues son los partidos políticos y no los legisladores los que han hecho de la última reforma electoral su agasajo. Con ella se han blindado al escrutinio, echando la culpa a los intereses de los medios masivos de comunicación. Lograron su cometido: quedarse con el presupuesto del IFE y hasta con el mismo Instituto, sin darle cuentas a nadie.
Recorrer los postulados actuales de los partidos políticos es una verdadera pesadilla. Los planteamientos de los tres más importantes institutos políticos son coherentes en su exposición, pero muy cuestionables en su práctica. Como siempre es más fácil diseñar misiones y objetivos que ponerlos en práctica.
¿Qué ha provocado esta distancia entre los postulados partidistas y su ejercicio auténtico? Encuentro varias razones. Primero, la falta de comprensión de la práctica del gobierno. El ejercicio de la autoridad le genera muchas ilusiones al partido en campaña. Estos sueños consideran posible un plan de gobierno que incluya sus creencias y las de su partido. Se topan después con los operadores del gobierno, la burocracia y los grupos de interés. Pierden fácilmente de vista lo esencial de gobernar y terminan presos de la urgencia en las administraciones públicas, olvidando el objetivo básico de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus gobernados.
Segundo, la lenta pero contundente captura del gobierno por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos, no la sociedad, son los que determinan la colocación de funcionarios de primer y segundo nivel en muchos municipios y estados. La mano invisible de los institutos políticos está ahí. A veces con urgencia, a veces con maldad. Este "préstamo para que cuando yo llegue al poder te recompense con otro puesto" está minando la autonomía de la autoridad y alejando al gobierno de sus gobernados.
En este contexto se sitúa la reforma electoral aprobada por todos los partidos en beneficio, claro, de ellos y de su capacidad de seguir siendo aduanas y cotos de poder frente a la necesidad de visualizar un mejor país.
La reforma despierta posiciones encontradas. Se ha abierto la puerta a la partidocracia, se argumenta. Es cierto, pero la partidocracia no es un mal en sí mismo. Sin embargo, lo es desde el punto de vista de su origen.
En México, esta partidocracia nace con institutos políticos débiles ideológica y prácticamente. No con las ideas forjadoras de un mejor país, sino con las de mantener repartido el acceso a puestos públicos.
Estamos lejos de tener una partidocracia virtuosa, donde los partidos luchen por posicionar sus ideales y llevarlos a plataformas de campaña, pero que además constituyan mecanismos de autocrítica, rendición de cuentas a la sociedad e incentivos para impulsar un mejor desarrollo del País, aunque se pierdan elecciones.
Sólo así puede convertirse la partidocracia en un buen sistema electoral.
Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, democracia, IFE, libertad, PAN, partidocracia, PRD, PRI
viernes, septiembre 28, 2007
La reforma pendiente...
"El nacionalismo es ansia de poder templada por el engaño a sí mismo".
George Orwell
De poco o nada servirá una reforma fiscal que aportará poco más de 100 mil millones de pesos anuales a las arcas públicas si no se acompaña pronto de una reforma energética. Pero no queda claro que el acuerdo que tuvieron los partidos políticos para impulsar la reforma electoral y la fiscal se mantenga en el momento de enfrentar los tabúes del sector energético.
No es ninguna novedad que la producción del yacimiento petrolero de crudo de Cantarell está declinando. Algunos yacimientos más pequeños han permitido compensar parcialmente esta caída, pero ha sido más bien el alza de los precios internacionales del petróleo lo que nos ha impedido sentir el impacto completo de la declinación.
Las consecuencias negativas, sin embargo, están ahí y son inescapables. Tarde o temprano bajarán los precios del petróleo y el país se dará cuenta de que nunca tomó medidas para compensar la declinación de Cantarell. Independientemente del nivel de los precios del petróleo, de hecho, lo más probable es que en menos de una década nos convirtamos en importadores netos. Y entonces los altos precios de los hidrocarburos serán un lastre más que una fuente de ingresos.
Las consecuencias de las restricciones a la inversión ya son evidentes. A pesar de ser un país petrolero, en México estamos importando más del 30 por ciento de la gasolina que usamos. El costo que esto tiene se incrementará ahora como consecuencia de la cancelación de los ajustes que se venían haciendo en los precios de la gasolina Magna. ¿Por qué? Porque estamos exportando petróleo crudo a Estados Unidos, pero sólo para comprar gasolina cara y revenderla más barata en México. Es un esquema irracional diseñado para perder dinero.
En la actualidad estamos gastando 8 mil millones de dólares al año para importar gasolinas: casi lo mismo que se obtendrá de la reforma fiscal. En las condiciones actuales este monto simplemente seguirá creciendo. Pero ésa no es toda la tragedia. Las refinerías de México pierden dinero en un negocio en el que, ante la escasez internacional de combustibles, ninguna otra planta del mundo registra pérdidas. Y éstas son previas a los impuestos confiscatorios que el Gobierno federal le cobra a Pemex. Las pérdidas son simplemente consecuencia de falta de inversión.
Hay una refinería de Pemex que sí es rentable. Pero el problema es que se encuentra en Deer Park, Texas, y es una coinversión con Shell.
En México se prohíbe a Pemex tener socios privados. Esto llevó al gobierno del ex Presidente Vicente Fox a considerar la posibilidad de establecer una nueva refinería, pero no en México, sino en Centroamérica. No hay comentario más triste a la camisa de fuerza de nuestra legislación energética que este intento de establecer la refinería que tanto necesitamos en otro país con el fin de incorporar a los socios que son indispensables para ella.
Pemex no puede dedicar más dinero a las refinerías porque los pocos recursos que tiene deben dedicarse a operaciones más rentables y en particular a la extracción de crudo. Buscar socios para el negocio de la refinación es inevitable. Si no lo hacemos, simplemente seguiremos importando gasolinas y enriqueciendo a los refinadores de Texas.
Hay muchos otros procesos en la industria energética en los que necesitamos urgentemente inversión privada. Es absurdo, por ejemplo, que no podamos tener capital privado en ductos, lo cual nos impide modernizar la red de gasoductos y oleoductos. En cambio, todo el transporte terrestre de productos de Pemex es privado. ¿Cuál es la lógica de prohibir la inversión en ductos? ¿Obligar a Pemex a pagar 40 veces más para mover sus productos por carretera? ¿De verdad nos ayuda esto a ser un país más próspero y soberano?
Casi todos los países del mundo mantienen la propiedad original de los hidrocarburos en manos del Estado. Pero casi ninguno establece un monopolio tan dañino como el que nuestros políticos han creado aquí. Volvamos la vista a Canadá, a Alaska en Estados Unidos, a Noruega, a Brasil y a Cuba: nos daremos cuenta de que la propiedad pública de los hidrocarburos puede combinarse con una eficiente y necesaria inversión privada.
La limitación a la inversión privada en energéticos es una de las razones por las que México ha crecido tan poco desde hace años. El asfixiante monopolio de Pemex no ha servido para crear riqueza ni para rescatar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza. Todo lo contrario. El sector energético está en camino de convertirse en un lastre económico. Hemos desperdiciado la bonanza petrolera con unas políticas que fueron aparentemente diseñadas por nuestro peor enemigo.
Sergio Sarmiento
www.sarmiento.com
George Orwell
De poco o nada servirá una reforma fiscal que aportará poco más de 100 mil millones de pesos anuales a las arcas públicas si no se acompaña pronto de una reforma energética. Pero no queda claro que el acuerdo que tuvieron los partidos políticos para impulsar la reforma electoral y la fiscal se mantenga en el momento de enfrentar los tabúes del sector energético.
No es ninguna novedad que la producción del yacimiento petrolero de crudo de Cantarell está declinando. Algunos yacimientos más pequeños han permitido compensar parcialmente esta caída, pero ha sido más bien el alza de los precios internacionales del petróleo lo que nos ha impedido sentir el impacto completo de la declinación.
Las consecuencias negativas, sin embargo, están ahí y son inescapables. Tarde o temprano bajarán los precios del petróleo y el país se dará cuenta de que nunca tomó medidas para compensar la declinación de Cantarell. Independientemente del nivel de los precios del petróleo, de hecho, lo más probable es que en menos de una década nos convirtamos en importadores netos. Y entonces los altos precios de los hidrocarburos serán un lastre más que una fuente de ingresos.
Las consecuencias de las restricciones a la inversión ya son evidentes. A pesar de ser un país petrolero, en México estamos importando más del 30 por ciento de la gasolina que usamos. El costo que esto tiene se incrementará ahora como consecuencia de la cancelación de los ajustes que se venían haciendo en los precios de la gasolina Magna. ¿Por qué? Porque estamos exportando petróleo crudo a Estados Unidos, pero sólo para comprar gasolina cara y revenderla más barata en México. Es un esquema irracional diseñado para perder dinero.
En la actualidad estamos gastando 8 mil millones de dólares al año para importar gasolinas: casi lo mismo que se obtendrá de la reforma fiscal. En las condiciones actuales este monto simplemente seguirá creciendo. Pero ésa no es toda la tragedia. Las refinerías de México pierden dinero en un negocio en el que, ante la escasez internacional de combustibles, ninguna otra planta del mundo registra pérdidas. Y éstas son previas a los impuestos confiscatorios que el Gobierno federal le cobra a Pemex. Las pérdidas son simplemente consecuencia de falta de inversión.
Hay una refinería de Pemex que sí es rentable. Pero el problema es que se encuentra en Deer Park, Texas, y es una coinversión con Shell.
En México se prohíbe a Pemex tener socios privados. Esto llevó al gobierno del ex Presidente Vicente Fox a considerar la posibilidad de establecer una nueva refinería, pero no en México, sino en Centroamérica. No hay comentario más triste a la camisa de fuerza de nuestra legislación energética que este intento de establecer la refinería que tanto necesitamos en otro país con el fin de incorporar a los socios que son indispensables para ella.
Pemex no puede dedicar más dinero a las refinerías porque los pocos recursos que tiene deben dedicarse a operaciones más rentables y en particular a la extracción de crudo. Buscar socios para el negocio de la refinación es inevitable. Si no lo hacemos, simplemente seguiremos importando gasolinas y enriqueciendo a los refinadores de Texas.
Hay muchos otros procesos en la industria energética en los que necesitamos urgentemente inversión privada. Es absurdo, por ejemplo, que no podamos tener capital privado en ductos, lo cual nos impide modernizar la red de gasoductos y oleoductos. En cambio, todo el transporte terrestre de productos de Pemex es privado. ¿Cuál es la lógica de prohibir la inversión en ductos? ¿Obligar a Pemex a pagar 40 veces más para mover sus productos por carretera? ¿De verdad nos ayuda esto a ser un país más próspero y soberano?
Casi todos los países del mundo mantienen la propiedad original de los hidrocarburos en manos del Estado. Pero casi ninguno establece un monopolio tan dañino como el que nuestros políticos han creado aquí. Volvamos la vista a Canadá, a Alaska en Estados Unidos, a Noruega, a Brasil y a Cuba: nos daremos cuenta de que la propiedad pública de los hidrocarburos puede combinarse con una eficiente y necesaria inversión privada.
La limitación a la inversión privada en energéticos es una de las razones por las que México ha crecido tan poco desde hace años. El asfixiante monopolio de Pemex no ha servido para crear riqueza ni para rescatar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza. Todo lo contrario. El sector energético está en camino de convertirse en un lastre económico. Hemos desperdiciado la bonanza petrolera con unas políticas que fueron aparentemente diseñadas por nuestro peor enemigo.
Sergio Sarmiento
www.sarmiento.com
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, economia, liberalismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, reformas, riqueza
lunes, septiembre 17, 2007
Soberbia Legislativa
Las reuniones y el ejercicio de gobierno entre el primer ministro y el parlamento inglés son apasionantes. La Gran Bretaña hace alarde de su madurez democrática enfrentando al Premier a las posturas y posicionamientos del parlamento británico en cada reunión.
Se puede ver al jefe de gobierno hablando de los programas y justificando cada actividad y al parlamento cuestionando y discutiendo cada punto. Destacan la defensa de la identidad y fortalezas de la unión, pero también la lucha de clases, todo reducido a un recinto. Es prácticamente raro ver que los parlamentarios aboguen por sus causas en la calle o fuera de ahí.
También es impensable que el primer ministro vaya a las audiencias sin estar preparado o que solicite tiempo para poder contestar a los planteamientos de los representantes de la sociedad de aquel país.
El ejercicio democrático así es. Escucha, delibera, analiza y propone. La secuencia cambia, pero la certeza de que es un proceso que se repite, alivia la tensión inherente de todo debate en este parlamento. No hay insultos, ni gritos, ni vituperios, mucho menos golpes o tomas de tribuna en el parlamento inglés.
El primer ministro sabe que su rendición de cuentas ante el parlamento es total. Escudriñar la acción pública es parte de la cultura democrática.
Pero el parlamento cuenta con apoyo de instituciones académicas y de investigación legislativa y presupuestal que constantemente proveen estudios y análisis para coadyuvar en la tarea de ambos poderes.
Certidumbre y legalidad, parecerían ser los dos elementos de aquella forma en la que interactúan el jefe de gobierno y el poder legislativo en su democracia.
La comparación, reconozco, no aplica al caso mexicano, dado nuestro sistema presidencialista y republicano. No obstante, la considero útil para contrastar el nivel del debate y la capacidad democrática de otras sociedades.
Valga la comparación, sin embargo, para analizar un hecho histórico en la vida democrática de nuestro país. El pluralismo en la cámara de diputados y el acotamiento presidencial.
Para ello vale la pena recordar los múltiples nombres con los que se bautizó al presidencialismo mexicano. De entre ellos está, por supuesto, el derivado de la obra de Enrique Krauze, "La Presidencia Imperial", obra en la que se destacaba la capacidad de México de resumir todo el poder durante seis años en una sola persona. El nuestro era un país con un Legislativo meramente de trámite a las leyes, políticas, caprichos y ocurrencias del poder centralizado del Presidente de México.
Sin embargo, desde hace 10 años que el Legislativo intenta, en pluralismo, ser un poder autónomo e independiente. Esto lo ha venido haciendo frente a un presidencialismo autoacotado en los últimos seis años.
Los resultados hasta ahora no nos arrojan una buena cosecha. A pesar de cambiar los "agricultores" del Congreso, muchos repiten brincando de cámara a cámara; parecería que los frutos de la autonomía legislativa no se han dado. Hoy estamos frente a la posibilidad de un Congreso secuestrado por un puñado de partidos políticos y alejado de sus representados, la ciudadanía y de los intereses del País.
Basta echar una mirada a las reformas que se han discutido sin éxito, o bien repasar la mini reforma electoral aprobada el jueves para comprender que el Congreso se está inflando en su soberbia para decidir sin analizar las consecuencias de sus actos.
Las medidas de reducir los montos de campañas y los tiempos, prohibir spots y el intento de acabar con la posibilidad de candidaturas ciudadanas (no aprobado afortunadamente), son todas parte de un proceso más amplio que debe discutirse sobre la reforma del Estado y que nos han querido vender hoy como tal nuestros orgullosos legisladores.
En esta semi reforma electoral no se toca el financiamiento de operación de los partidos políticos. Se les quita el de difusión, pero no se planteó una verdadera revisión de la manera tan poco transparente y mal administrada en la que los partidos se las gastan mes a mes con los recursos públicos, y no se diga en campaña.
La soberbia del Congreso se refleja en invitar a los actores de los medios de comunicación para no escucharlos y aprobar ese mismo día por la tarde noche lo que ya había resuelto.
Soberbia porque, si bien es valioso que se reduzcan los tiempos de campaña, nada se aprobó sobre la falta de exigencia a los partidos políticos para realmente ser representantes de los intereses de los ciudadanos y no de su grupo.
Estamos paradójicamente frente a la división de poderes sin poderes. Ante la falta de capacidades para debatir con respeto e inteligencia frente a la necesidad de acordar y gobernar. Nos encontramos en la antesala de un presidencialismo acotado y un congreso arrogante. Ninguno sirve al pueblo de México.
Vidal Garza Cantú
vidal.garza@terra.com.mx
Se puede ver al jefe de gobierno hablando de los programas y justificando cada actividad y al parlamento cuestionando y discutiendo cada punto. Destacan la defensa de la identidad y fortalezas de la unión, pero también la lucha de clases, todo reducido a un recinto. Es prácticamente raro ver que los parlamentarios aboguen por sus causas en la calle o fuera de ahí.
También es impensable que el primer ministro vaya a las audiencias sin estar preparado o que solicite tiempo para poder contestar a los planteamientos de los representantes de la sociedad de aquel país.
El ejercicio democrático así es. Escucha, delibera, analiza y propone. La secuencia cambia, pero la certeza de que es un proceso que se repite, alivia la tensión inherente de todo debate en este parlamento. No hay insultos, ni gritos, ni vituperios, mucho menos golpes o tomas de tribuna en el parlamento inglés.
El primer ministro sabe que su rendición de cuentas ante el parlamento es total. Escudriñar la acción pública es parte de la cultura democrática.
Pero el parlamento cuenta con apoyo de instituciones académicas y de investigación legislativa y presupuestal que constantemente proveen estudios y análisis para coadyuvar en la tarea de ambos poderes.
Certidumbre y legalidad, parecerían ser los dos elementos de aquella forma en la que interactúan el jefe de gobierno y el poder legislativo en su democracia.
La comparación, reconozco, no aplica al caso mexicano, dado nuestro sistema presidencialista y republicano. No obstante, la considero útil para contrastar el nivel del debate y la capacidad democrática de otras sociedades.
Valga la comparación, sin embargo, para analizar un hecho histórico en la vida democrática de nuestro país. El pluralismo en la cámara de diputados y el acotamiento presidencial.
Para ello vale la pena recordar los múltiples nombres con los que se bautizó al presidencialismo mexicano. De entre ellos está, por supuesto, el derivado de la obra de Enrique Krauze, "La Presidencia Imperial", obra en la que se destacaba la capacidad de México de resumir todo el poder durante seis años en una sola persona. El nuestro era un país con un Legislativo meramente de trámite a las leyes, políticas, caprichos y ocurrencias del poder centralizado del Presidente de México.
Sin embargo, desde hace 10 años que el Legislativo intenta, en pluralismo, ser un poder autónomo e independiente. Esto lo ha venido haciendo frente a un presidencialismo autoacotado en los últimos seis años.
Los resultados hasta ahora no nos arrojan una buena cosecha. A pesar de cambiar los "agricultores" del Congreso, muchos repiten brincando de cámara a cámara; parecería que los frutos de la autonomía legislativa no se han dado. Hoy estamos frente a la posibilidad de un Congreso secuestrado por un puñado de partidos políticos y alejado de sus representados, la ciudadanía y de los intereses del País.
Basta echar una mirada a las reformas que se han discutido sin éxito, o bien repasar la mini reforma electoral aprobada el jueves para comprender que el Congreso se está inflando en su soberbia para decidir sin analizar las consecuencias de sus actos.
Las medidas de reducir los montos de campañas y los tiempos, prohibir spots y el intento de acabar con la posibilidad de candidaturas ciudadanas (no aprobado afortunadamente), son todas parte de un proceso más amplio que debe discutirse sobre la reforma del Estado y que nos han querido vender hoy como tal nuestros orgullosos legisladores.
En esta semi reforma electoral no se toca el financiamiento de operación de los partidos políticos. Se les quita el de difusión, pero no se planteó una verdadera revisión de la manera tan poco transparente y mal administrada en la que los partidos se las gastan mes a mes con los recursos públicos, y no se diga en campaña.
La soberbia del Congreso se refleja en invitar a los actores de los medios de comunicación para no escucharlos y aprobar ese mismo día por la tarde noche lo que ya había resuelto.
Soberbia porque, si bien es valioso que se reduzcan los tiempos de campaña, nada se aprobó sobre la falta de exigencia a los partidos políticos para realmente ser representantes de los intereses de los ciudadanos y no de su grupo.
Estamos paradójicamente frente a la división de poderes sin poderes. Ante la falta de capacidades para debatir con respeto e inteligencia frente a la necesidad de acordar y gobernar. Nos encontramos en la antesala de un presidencialismo acotado y un congreso arrogante. Ninguno sirve al pueblo de México.
Vidal Garza Cantú
vidal.garza@terra.com.mx
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, democracia, IFE, liberalismo, partidocracia, reaccionario, reformas
domingo, septiembre 02, 2007
(In) congruencia
Qué manera tan promisoria la de la señora Ruth Zavaleta al comenzar su discurso de asunción a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y encabezar la ceremonia del Informe presidencial. Lea usted:
"Como presidenta del Congreso de la Unión quiero reafirmar que cumpliré con el mandato que me da la Constitución. Estoy obligada a actuar con responsabilidad, institucionalidad y con apego a las leyes, garantizando los principios de imparcialidad y objetividad en la conducción de esta sesión. El Congreso es un lugar de debate y de acuerdos. Es la representación de la pluralidad y representatividad. Ha llegado la hora de reformar al Estado y a sus instituciones, que ya no responden a los nuevos tiempos de México".
¡Olé! Sin exagerar, tan estentóreo y profundo como aquellos que arrancaba Silverio al ejecutar un trincherazo.
Pero, como dice un neoclásico mexicano: "La tenía, era suya... y la dejó ir". Lea usted:
"Ahora bien, apelo a la generosidad de mis compañeras y compañeros legisladores para que comprendan que soy una mujer de convicciones y principios, promotora de procesos electorales democráticos transparentes, equitativos y de respeto al voto. Les comunico que procederé a retirarme de esta tribuna. No puedo recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos".
Ni modo, pues. ¿Cómo explicar sus convicciones y principios con el incumplimiento, por deserción, de sus obligaciones constitucionales que ella misma reconoció? ¿Si entre sus convicciones y principios está el de la congruencia, doña Ruth presidirá las sesiones u otros actos legislativos en los que se discutan o traten iniciativas enviadas (la reforma fiscal, la judicial, los presupuestos de ingresos y egresos federales, entre otras muchas) por aquel "quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos"? ¿Y en aquellas que participen los secretarios de despacho (en México no hay secretarios de Estado) designados por el "no reconocido", a quien la Constitución (que la señora Zavaleta dijo que cumplirá) designa "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", único individuo (palabra del texto magno) en el que se deposita "el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión"?
De acuerdo con la Constitución, "el pueblo ejerce su soberanía por medios de los poderes de la Unión", que son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy, doña Ruth Zavaleta es presidenta de una de las cámaras del Congreso, en la que se deposita el Poder Legislativo. Si ella no reconoce al titular de Ejecutivo, ¿estamos ante un estado de excepción? ¿Qué pasaría si al presidente de la República se le ocurriera no reconocer a los titulares de alguno de los otros dos poderes?
Si la congruencia estuviera entre las convicciones y los principios, doña Ruth también debería explicar cómo es posible que ella y todos sus compañeros legisladores, diputados y senadores, provienen del mismo proceso electoral de 2 de julio de 2006, organizado, sancionado y calificado por las mismas instituciones (el IFE y el Trife). ¿O el IFE y el Trife fueron ejemplo de transparencia y respeto al voto en la elección para diputados y senadores (el mismo día, en las mismas ciudades y con la misma gente, y hasta en las mismas casillas) y no para la de Presidente de la República?
La señora Zavaleta le debe una explicación al país. Si hay congruencia, quizá convenza a quienes no le creen.
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, democracia, estado de derecho, fascismo, intolerancia, leyes, PRD
miércoles, agosto 29, 2007
El informe que viene
... Ahora estamos en una difícil semana, esa que desembocará en el 1 de septiembre y en el Informe Presidencial cuya realización nos tiene a los capitalinos en estado de terrible angustia y constipación espiritual. Lo más curioso de este caso es que a la gran mayoría lo que menos le importa es el Informe en sí. Es irrelevante. Imaginemos a un diputado del PRD que, nomás por buena gente, le dijera a Felipe: está bien, le concedo una tregua para que me diga ¿qué ha hecho usted a lo largo de sus primeros meses de gobierno?. ¡Defenderme de ustedes, punta de méndigos!, contestaría Felipe a la velocidad de la luz.
Pero no se trata de eso. El deporte de los perredistas no toma en cuenta el contenido del Informe, sino que toda su dudosa gracia consiste en vejar al portador de ese Informe y hacerle la vida imposible en el hipotético caso de que llegara a penetrar en el recinto legislativo que es, por lo visto, como aquel antiguo templo de las vírgenes vestales donde nadie podía penetrar (aquí, favor de imaginar a Martí Batres, a Noroña, ¡y a Pablo Gómez! caracterizados como vírgenes vestales) so pena de hacerse acreedor a la ira popular.
Yo no sé cómo hay alguien que sigue pensando que el 1 de septiembre es el Día del Presidente. De un buen tiempo a esta parte, es el Día del PRD, un partido minoritario, que se esfuerza cada día en ser más minoritario, que puede, sin embargo, avasallar a todas las otras fuerzas políticas del país, aunque sea un día del año.
Fraude, Presidente espurio, mandatario ilegal y mil expresiones más de este tipo se hacen presentes por estos días en el muy primitivo español de los perredistas. Lo más desesperante de ellos es la manera servil y acrítica con la que obedecen a López Obrador que es quien desde fuera los maneja a su antojo, a pesar del hecho insistentemente comprobado de que López Obrador está loco. Eso no les importa. Si él dice fraude es que hubo fraude y se puede uno ahorrar cualquier tipo de comprobación y no reparar en que si en esa elección hubo fraude, varios de los que lo proclaman también resultan fraudulentos y espurios. Éstos son detallitos que no tienen por qué frenar la justa ira popular que se expresa en la varonil actitud del PRD que, a su vez, repite servilmente los desfiguros verbales del loquito de la colina.
Una vez más el país está a merced de AMLO, quien jamás reconocerá un error y quien confiere al complot exterior la causa de todas sus desdichas y todos sus quebrantos. Muchos y muy buenos amigos siguen creyendo en él. Me parece muy respetable; tan respetable como que yo lo considere un esperpento que está dañando gravemente al país.
El 1 de septiembre es el Día del PRD y por extensión el Día de AMLO, rey por un día, y afirmo esto porque el resto de los partidos y de las fuerzas políticas no tienen mayor presencia en este día.
El PRI hace llamados al orden y a la institucionalidad, pero en el fondo se regocija de la infinita novatez, torpeza y primitivismo de aquellos que osaron tirarlos de la silla presidencial.
En cuanto al PAN lo único digno de ser registrado es su infinito candor, su falta de oficio y su condición arrinconada y sacatona. Se supone que militan en el partido del Presidente, pero si delante de ellos, allá en San Lázaro, los perredistas hicieran un sacrificio humano con Felipe, los panistas mirarían todo horrorizados, pero no pasarían de ahí, no pueden, no saben.
Entonces ¿habrá Informe o no habrá Informe? A ciencia cierta muy pocos lo saben hoy, pero seguiremos informando.
...
Germán Dehesa
Cualquier correspondencia con esta informática columna, favor de dirigirla a german@plazadelangel.com.mx
Pero no se trata de eso. El deporte de los perredistas no toma en cuenta el contenido del Informe, sino que toda su dudosa gracia consiste en vejar al portador de ese Informe y hacerle la vida imposible en el hipotético caso de que llegara a penetrar en el recinto legislativo que es, por lo visto, como aquel antiguo templo de las vírgenes vestales donde nadie podía penetrar (aquí, favor de imaginar a Martí Batres, a Noroña, ¡y a Pablo Gómez! caracterizados como vírgenes vestales) so pena de hacerse acreedor a la ira popular.
Yo no sé cómo hay alguien que sigue pensando que el 1 de septiembre es el Día del Presidente. De un buen tiempo a esta parte, es el Día del PRD, un partido minoritario, que se esfuerza cada día en ser más minoritario, que puede, sin embargo, avasallar a todas las otras fuerzas políticas del país, aunque sea un día del año.
Fraude, Presidente espurio, mandatario ilegal y mil expresiones más de este tipo se hacen presentes por estos días en el muy primitivo español de los perredistas. Lo más desesperante de ellos es la manera servil y acrítica con la que obedecen a López Obrador que es quien desde fuera los maneja a su antojo, a pesar del hecho insistentemente comprobado de que López Obrador está loco. Eso no les importa. Si él dice fraude es que hubo fraude y se puede uno ahorrar cualquier tipo de comprobación y no reparar en que si en esa elección hubo fraude, varios de los que lo proclaman también resultan fraudulentos y espurios. Éstos son detallitos que no tienen por qué frenar la justa ira popular que se expresa en la varonil actitud del PRD que, a su vez, repite servilmente los desfiguros verbales del loquito de la colina.
Una vez más el país está a merced de AMLO, quien jamás reconocerá un error y quien confiere al complot exterior la causa de todas sus desdichas y todos sus quebrantos. Muchos y muy buenos amigos siguen creyendo en él. Me parece muy respetable; tan respetable como que yo lo considere un esperpento que está dañando gravemente al país.
El 1 de septiembre es el Día del PRD y por extensión el Día de AMLO, rey por un día, y afirmo esto porque el resto de los partidos y de las fuerzas políticas no tienen mayor presencia en este día.
El PRI hace llamados al orden y a la institucionalidad, pero en el fondo se regocija de la infinita novatez, torpeza y primitivismo de aquellos que osaron tirarlos de la silla presidencial.
En cuanto al PAN lo único digno de ser registrado es su infinito candor, su falta de oficio y su condición arrinconada y sacatona. Se supone que militan en el partido del Presidente, pero si delante de ellos, allá en San Lázaro, los perredistas hicieran un sacrificio humano con Felipe, los panistas mirarían todo horrorizados, pero no pasarían de ahí, no pueden, no saben.
Entonces ¿habrá Informe o no habrá Informe? A ciencia cierta muy pocos lo saben hoy, pero seguiremos informando.
...
Germán Dehesa
Cualquier correspondencia con esta informática columna, favor de dirigirla a german@plazadelangel.com.mx
Etiquetas: AMLO, congreso, constitucion, demagogia, democracia, fanatismo, fascismo, intolerancia, populismo, PRD
martes, febrero 06, 2007
La Constitución
"Una buena Constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota."
Thomas B. MacCauley
¿Es la nuestra la primera "Constitución social" del mundo? Probablemente. Los constituyentes de 1917 hicieron un esfuerzo especial para crear una Carta Magna que, al contrario de la de 1857 o las de otros países del mundo hasta entonces, no se limitara a garantizar los derechos fundamentales de los individuos sino que construyera una sociedad más equitativa a través de la promulgación de derechos sociales. La constitución de la Unión Soviética, la segunda "Constitución social" de la historia, vino después.
La Constitución soviética ha quedado ya relegada al basurero de la historia. La mexicana, después de 90 años, sigue siendo la ley fundamental de nuestro país, pero ha creado una de las sociedades más desiguales del mundo.
No es casualidad. La Constitución mexicana, precisamente a través de sus esfuerzos por legislar derechos sociales y promover una sociedad más justa, ha creado obstáculos a la eficiencia económica que son una de las razones por las cuales tenemos una sociedad pobre y extraordinariamente desigual.
Al contrario de la Constitución de 1857, que garantizaba la propiedad privada, la de 1917 considera en su artículo 27 que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". En otras palabras, la propiedad privada de la tierra en nuestro país es una concesión de la nación -del gobierno- y no un derecho fundamental del individuo. Este precepto constitucional ha servido de base para la creación del ejido, una forma colectiva de propiedad que ha sido una de las causas fundamentales de la pobreza que agobia al campo mexicano.
El artículo 123 establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil". Pero este derecho en abstracto de poco o nada sirve cuando muchas otras leyes de nuestro país establecen obstáculos a la inversión productiva que es la única forma de crear esos empleos.
El artículo 28, en su primer párrafo, prohíbe los monopolios y las exenciones de impuestos. Pero una vez dicho esto, el mismo artículo señala que "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Pero precisamente estos monopolios en áreas estratégicas han impedido un mayor desarrollo del País.
El artículo 25, promulgado en 1983 por el Gobierno de Miguel de la Madrid, establece que "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional". El 26 añade que "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". En un tiempo en que la mayoría de los países del mundo han abandonado la "planificación central" del comunismo soviético, y han entendido que el mercado es el mejor sistema generador de prosperidad, nosotros la mantenemos en nuestra Carta Magna.
Tenemos una Constitución que establece derechos que se convierten en mera expresión de buena voluntad porque no crea los instrumentos para convertirlos en realidad. ¿De qué sirve una Constitución que establece el derecho al trabajo, a la vivienda o a la salud si impide que surjan las condiciones que permitan cumplir estos derechos?
Hemos vivido 90 años con esta "primera Constitución social" en la historia del mundo, la cual tenía como propósito generar una sociedad más próspera y con una mejor distribución de la riqueza. Hoy debemos reconocer que el resultado ha sido exactamente el contrario. Casi la mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 20 por ciento en la miseria. La desigualdad en nuestro país es tan notable como en el momento en que los legisladores de Querétaro promulgaron nuestra Carta Magna. Lo curioso del caso es que millones de mexicanos han votado con los pies y han ido a buscar una mejor vida en un país en el que, paradójicamente, no hay una Constitución social sino una que simplemente protege principios fundamentales, entre ellos, el de la propiedad privada.
La Constitución no es, por supuesto, la única explicación de la pobreza y la desigualdad en México. Pero esta ley fundamental, con su visión de la propiedad como una dádiva del Estado, con sus monopolios en áreas estratégicas y con sus limitaciones a la inversión productiva, ciertamente no ha sido un buen aliado en el propósito de construir una sociedad más próspera.
Sergio Sarmiento, El Norte, 5 de febrero 2007
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Ya ni China tiene tan cerrada su economía como México. Hasta Cuba permite inversión privada, extranjera, en exploración y extracción de petróleo. Un Estado todo poderoso, dizque protector, rector de la economía, solo inhibe la libertad individual, la restringe. Nos empobrece.
Thomas B. MacCauley
¿Es la nuestra la primera "Constitución social" del mundo? Probablemente. Los constituyentes de 1917 hicieron un esfuerzo especial para crear una Carta Magna que, al contrario de la de 1857 o las de otros países del mundo hasta entonces, no se limitara a garantizar los derechos fundamentales de los individuos sino que construyera una sociedad más equitativa a través de la promulgación de derechos sociales. La constitución de la Unión Soviética, la segunda "Constitución social" de la historia, vino después.
La Constitución soviética ha quedado ya relegada al basurero de la historia. La mexicana, después de 90 años, sigue siendo la ley fundamental de nuestro país, pero ha creado una de las sociedades más desiguales del mundo.
No es casualidad. La Constitución mexicana, precisamente a través de sus esfuerzos por legislar derechos sociales y promover una sociedad más justa, ha creado obstáculos a la eficiencia económica que son una de las razones por las cuales tenemos una sociedad pobre y extraordinariamente desigual.
Al contrario de la Constitución de 1857, que garantizaba la propiedad privada, la de 1917 considera en su artículo 27 que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". En otras palabras, la propiedad privada de la tierra en nuestro país es una concesión de la nación -del gobierno- y no un derecho fundamental del individuo. Este precepto constitucional ha servido de base para la creación del ejido, una forma colectiva de propiedad que ha sido una de las causas fundamentales de la pobreza que agobia al campo mexicano.
El artículo 123 establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil". Pero este derecho en abstracto de poco o nada sirve cuando muchas otras leyes de nuestro país establecen obstáculos a la inversión productiva que es la única forma de crear esos empleos.
El artículo 28, en su primer párrafo, prohíbe los monopolios y las exenciones de impuestos. Pero una vez dicho esto, el mismo artículo señala que "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Pero precisamente estos monopolios en áreas estratégicas han impedido un mayor desarrollo del País.
El artículo 25, promulgado en 1983 por el Gobierno de Miguel de la Madrid, establece que "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional". El 26 añade que "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". En un tiempo en que la mayoría de los países del mundo han abandonado la "planificación central" del comunismo soviético, y han entendido que el mercado es el mejor sistema generador de prosperidad, nosotros la mantenemos en nuestra Carta Magna.
Tenemos una Constitución que establece derechos que se convierten en mera expresión de buena voluntad porque no crea los instrumentos para convertirlos en realidad. ¿De qué sirve una Constitución que establece el derecho al trabajo, a la vivienda o a la salud si impide que surjan las condiciones que permitan cumplir estos derechos?
Hemos vivido 90 años con esta "primera Constitución social" en la historia del mundo, la cual tenía como propósito generar una sociedad más próspera y con una mejor distribución de la riqueza. Hoy debemos reconocer que el resultado ha sido exactamente el contrario. Casi la mitad de la población mexicana vive en la pobreza y un 20 por ciento en la miseria. La desigualdad en nuestro país es tan notable como en el momento en que los legisladores de Querétaro promulgaron nuestra Carta Magna. Lo curioso del caso es que millones de mexicanos han votado con los pies y han ido a buscar una mejor vida en un país en el que, paradójicamente, no hay una Constitución social sino una que simplemente protege principios fundamentales, entre ellos, el de la propiedad privada.
La Constitución no es, por supuesto, la única explicación de la pobreza y la desigualdad en México. Pero esta ley fundamental, con su visión de la propiedad como una dádiva del Estado, con sus monopolios en áreas estratégicas y con sus limitaciones a la inversión productiva, ciertamente no ha sido un buen aliado en el propósito de construir una sociedad más próspera.
Sergio Sarmiento, El Norte, 5 de febrero 2007
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Ya ni China tiene tan cerrada su economía como México. Hasta Cuba permite inversión privada, extranjera, en exploración y extracción de petróleo. Un Estado todo poderoso, dizque protector, rector de la economía, solo inhibe la libertad individual, la restringe. Nos empobrece.
Etiquetas: constitucion, economia, estado de derecho, leyes
domingo, enero 21, 2007
Tiranía de arribistas
Amicus Platonis, magis amica veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Así dijo Aristóteles cuando los discípulos del maestro lo exiliaron de la Academia por no compartir sus dogmas. Nadie que negara la posibilidad de crear una sociedad perfecta como la expuesta en "La República" tenía cabida entre los incondicionales del gran Platón. No pudiendo reconciliarse con las ideas de su amado maestro, el "discípulo incómodo" agarró sus chivitas, se encogió de hombros e hizo la mencionada declaración de independencia intelectual.
La bronca entre los dos grandes filósofos no fue menor, este desencuentro corre a lo largo de toda la cultura occidental. A partir de este pleito, el espectro filosófico y político se rompió en idealistas y realistas. Los primeros, con Platón, creen poder crear el reino de los cielos en la Tierra por medio de instituciones perfectas, leyes inflexibles y una élite de gobernantes intachables (cualquier semejanza con la Iglesia y/o el PRD no es mera coincidencia). Los segundos, con Aristóteles, no podemos sino advertir que la naturaleza humana es frágil, mezquina, egoísta y que "ante el arca abierta hasta el justo peca" por lo que, así se trate de un santo, hay que someterlo al imperio de la ley.
Ambos bandos le apuestan a la gestión política para lograr la mejor de las sociedades posibles discrepando más en método que en ideología. Donde los idealistas proponen volver a empezar de cero -dictar nuevas leyes, modificar constituciones, derrocar a los gobernantes actuales-, los realistas nos inclinamos por la aplicación de las leyes vigentes, el perfeccionamiento progresivo de las instituciones existentes y la creación de convicciones democráticas por vía de la ley y la educación. Unos tienen fe en la virtud de un líder esclarecido o un partido insobornable; los otros, incrédulos de buena fe que somos, buscamos hacer de la isonomía (aplicación pareja de la ley) el más eficiente magisterio democrático.
Para el próximo 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador y el PRD están preparando el proyecto de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicen, y con razón, que la de 1917 es obsoleta y requiere enmiendas para adecuarla a los retos que viven el País y el mundo.
Pero antes de meterle mano a la Constitución, cabe preguntarse -con Aristóteles- si conviene que ése sea nuestro primer paso hacia una reforma del Estado. Porque si la modificación va a ser sólo de papel y, si quienes proponen una nueva Constitución no están dispuestos a respetarla y hacerla respetar, ya lo dijo "Ari", modificar la Carta Magna puede hacer más daño que bien (Política, 1269ª22).
No abogo por leyes eternas talladas en piedra. Sin duda todas las leyes, incluida la Constitución, responden a una realidad sociopolítica cambiante y por lo mismo han de ser flexibles. Pero no conviene confundir la flexibilidad del Legislativo con la del Ejecutivo o el Judicial. Donde el legislador tiene la facultad de ser flexible al crear la ley, el Poder Judicial, si aspira a ser justo, no puede serlo en su aplicación. Dicho de otro modo: una vez dictada con todo su rigor (o falta de), la ley debe aplicar para todos los ciudadanos, al margen de si nos gusta, nos late o nos conviene. Por eso, antes de dictar nuevas y más rigurosas leyes (y máxime un pacto constitucional) es preciso que los legisladores -en este caso, AMLO y el PRD- consideren si como ciudadanos están dispuesto a someterse (y a someter a sus líderes, cuates y familiares) a dichos principios, sin excusa o excepción.
Porque volviendo a Aristóteles y su pugna con Platón: antes de andar buscando crear repúblicas perfectas con constituciones ideales de derecha o izquierda, quizá convendría ser más modestos y empezar la "reforma del Estado" por aplicarle a todo mundo -incluidos Presidentes "legítimos" y "espurios", partidos políticos y ONGs, ricos y pobres, funcionarios y ciudadanos- las leyes imperfectas que ya tenemos. De nada sirve tener la mejor Constitución de papel, si de facto hay individuos, partidos o tribus que, por razones políticas, ideológicas, económicas, religiosas o de estatus gozan de impunidad o se eximen de cumplirla cuando no les conviene.
A 24 siglos de distancia, la objeción aristotélica sigue vigente: en tanto cumplir la ley no sea igualmente obligatorio para políticos y ciudadanos, la República seguirá siendo gobernada por oportunistas y tiranos.
Claudia Ruiz Arriola, El Norte, 21 de enero 2007
sherpa01@gmail.com
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Antes que una nueva Constitución, que AMLO respete la que tenemos. ¿Cómo puede alguien que poco ha respetado la ley proponer otra?
La bronca entre los dos grandes filósofos no fue menor, este desencuentro corre a lo largo de toda la cultura occidental. A partir de este pleito, el espectro filosófico y político se rompió en idealistas y realistas. Los primeros, con Platón, creen poder crear el reino de los cielos en la Tierra por medio de instituciones perfectas, leyes inflexibles y una élite de gobernantes intachables (cualquier semejanza con la Iglesia y/o el PRD no es mera coincidencia). Los segundos, con Aristóteles, no podemos sino advertir que la naturaleza humana es frágil, mezquina, egoísta y que "ante el arca abierta hasta el justo peca" por lo que, así se trate de un santo, hay que someterlo al imperio de la ley.
Ambos bandos le apuestan a la gestión política para lograr la mejor de las sociedades posibles discrepando más en método que en ideología. Donde los idealistas proponen volver a empezar de cero -dictar nuevas leyes, modificar constituciones, derrocar a los gobernantes actuales-, los realistas nos inclinamos por la aplicación de las leyes vigentes, el perfeccionamiento progresivo de las instituciones existentes y la creación de convicciones democráticas por vía de la ley y la educación. Unos tienen fe en la virtud de un líder esclarecido o un partido insobornable; los otros, incrédulos de buena fe que somos, buscamos hacer de la isonomía (aplicación pareja de la ley) el más eficiente magisterio democrático.
Para el próximo 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador y el PRD están preparando el proyecto de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicen, y con razón, que la de 1917 es obsoleta y requiere enmiendas para adecuarla a los retos que viven el País y el mundo.
Pero antes de meterle mano a la Constitución, cabe preguntarse -con Aristóteles- si conviene que ése sea nuestro primer paso hacia una reforma del Estado. Porque si la modificación va a ser sólo de papel y, si quienes proponen una nueva Constitución no están dispuestos a respetarla y hacerla respetar, ya lo dijo "Ari", modificar la Carta Magna puede hacer más daño que bien (Política, 1269ª22).
No abogo por leyes eternas talladas en piedra. Sin duda todas las leyes, incluida la Constitución, responden a una realidad sociopolítica cambiante y por lo mismo han de ser flexibles. Pero no conviene confundir la flexibilidad del Legislativo con la del Ejecutivo o el Judicial. Donde el legislador tiene la facultad de ser flexible al crear la ley, el Poder Judicial, si aspira a ser justo, no puede serlo en su aplicación. Dicho de otro modo: una vez dictada con todo su rigor (o falta de), la ley debe aplicar para todos los ciudadanos, al margen de si nos gusta, nos late o nos conviene. Por eso, antes de dictar nuevas y más rigurosas leyes (y máxime un pacto constitucional) es preciso que los legisladores -en este caso, AMLO y el PRD- consideren si como ciudadanos están dispuesto a someterse (y a someter a sus líderes, cuates y familiares) a dichos principios, sin excusa o excepción.
Porque volviendo a Aristóteles y su pugna con Platón: antes de andar buscando crear repúblicas perfectas con constituciones ideales de derecha o izquierda, quizá convendría ser más modestos y empezar la "reforma del Estado" por aplicarle a todo mundo -incluidos Presidentes "legítimos" y "espurios", partidos políticos y ONGs, ricos y pobres, funcionarios y ciudadanos- las leyes imperfectas que ya tenemos. De nada sirve tener la mejor Constitución de papel, si de facto hay individuos, partidos o tribus que, por razones políticas, ideológicas, económicas, religiosas o de estatus gozan de impunidad o se eximen de cumplirla cuando no les conviene.
A 24 siglos de distancia, la objeción aristotélica sigue vigente: en tanto cumplir la ley no sea igualmente obligatorio para políticos y ciudadanos, la República seguirá siendo gobernada por oportunistas y tiranos.
Claudia Ruiz Arriola, El Norte, 21 de enero 2007
sherpa01@gmail.com
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Antes que una nueva Constitución, que AMLO respete la que tenemos. ¿Cómo puede alguien que poco ha respetado la ley proponer otra?
Etiquetas: AMLO, constitucion, estado de derecho, leyes, populismo, PRD
