HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

No es claro si apostaban a la civilización, a la sumisión o, simplemente, a que la satisfacción material resolvería otras aspiraciones humanas, como la de progresar, mejorar o participar en política. El hecho tangible es que los Gobiernos desde los sesenta han venido apostando a que el mexicano aguantaría cualquier cosa sin protestar. En realidad, no era una mala apuesta, excepto que todos esos Gobiernos, incluyendo al actual, tenían una doble agenda: querían que las cosas mejoraran, pero no tanto como para alterar sus propios proyectos políticos.

Los proyectos cambiaron en el tiempo, pero no el objetivo. Conscientemente o no, el objetivo siempre fue el control de la población; unos lo querían para disfrutar las mieles del poder, otros para meramente permanecer en el poder. Pero aun en eso había niveles: los reformadores de los ochenta y noventa hicieron todo lo imaginable para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía; los actuales prefieren el empobrecimiento de la población. Una economía pujante, calculaban los primeros, transformaría a México, creando un país cada vez más similar a las naciones exitosas del mundo. En un país de pobres, apuesta el Presidente López Obrador, nadie se queja porque todos dependen del Gobierno. Proyectos distintos, pero el control siempre presente.

La era de reformas comenzó a raíz de la crisis fiscal de 1982: la quiebra del viejo Estado mexicano sostenido por cada vez más entidades paraestatales que no servían para otra cosa sino para preservar el poder y enriquecer a quienes lo ostentaban. Esa crisis obligó a emprender una serie de reformas para estabilizar la economía y hacer posible su retorno al crecimiento. Una pregunta frecuente en aquella época -que coincidió con las reformas de Gorbachov en la entonces Unión Soviética- era sobre la viabilidad de llevar a cabo reformas económicas sin una liberalización política en paralelo.

Al final, poco importó. Como ilustran libros como el de Acemoglu y Robinson ("El corredor angosto") pero, sobre todo, el más reciente de Guriev y Treisman ("Spin Dictators"), el Leviatán encuentra su propia manera de adaptarse, preservándose en el poder a través de elecciones presuntamente limpias, dádivas a la población y una narrativa conmovedora para obviar las prácticas democráticas comúnmente aceptadas. Lo importante, dicen Guriev y Treisman, no consiste en ser democráticos, sino en verse como tales. Los ejemplos prototípicos que caracterizan a ese tipo de tiranía en la perspectiva de estos autores son Putin y Chávez. Aunque pudieran haber llegado al poder por vía democrática, años después no pasarían esa prueba.

Las reformas económicas mexicanas no lograron su cometido integral por tres razones principales, ninguna de las cuales aparece en el catálogo de alegatos que llevaron al Presidente López Obrador a la presidencia. Primero, el Gobierno abandonó su responsabilidad de generalizar las reformas: sumido en la crisis de 1995, el Gobierno dejó que la economía funcionara por sí misma, sin que el Gobierno creara condiciones para la prosperidad general. La parte moderna de la economía, fundamentalmente aquella vinculada con el TLC norteamericano, adquirió un extraordinario dinamismo, como ilustran Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y otras regiones, principalmente norteñas. El resto del país sucumbió ante el crimen organizado, la violencia y la ausencia de justicia y, en general, de Gobierno. En lugar de adaptar al Gobierno a la nueva realidad económica, el Gobierno abdicó su responsabilidad y nadie, fuera del crimen organizado, la ha vuelto a asumir.

Segundo, por más reformas que se emprendieron en la economía, nunca se avanzó en materia propiamente política. Acabamos con un híbrido extraño: uno de los sistemas electorales más modernos y competentes del mundo frente a un Gobierno despótico y sin contrapeso alguno, como ha demostrado AMLO. Esto se puede apreciar en todos los ámbitos: desde los monopolios privados hasta los sindicatos de maestros o la violación flagrante de las leyes (ej. las electorales) en tiempos recientes. El lenguaje de la democracia es abundante, pero la realidad de tiranía no ha variado: en todo caso, se ha acentuado cada vez más, especialmente en el sexenio actual. Finalmente, la combinación de Gobiernos incompetentes, ausencia de legitimidad, evidencia de corrupción y violencia incontenible ha tenido el efecto de ahuyentar a la inversión privada, única fuente susceptible de elevar los niveles de crecimiento de la economía, generar empleos o mejorar los ingresos.

Una de las constantes en la obra de Tucídides (c. 400 a. C.) es la fragilidad de la civilización, fuente de guerras, degradación social, revoluciones y enfermedades. Los Gobiernos mexicanos de las últimas décadas han tenido el efecto de degradar la civilización mexicana y ponerla en severo riesgo. Antes, al menos la retórica prometía avance; hoy en día, en lugar de progreso, como era la apuesta de los Gobiernos reformadores, la apuesta es al empobrecimiento generalizado. El Leviatán despótico quiere quedarse en el poder a cualquier precio.

Lord Acton no lo pudo decir mejor: "La libertad es el poder sobre uno mismo; lo opuesto es el poder sobre otros". Queda en manos de la sociedad mexicana decidir cuál es la apuesta que le conviene.

Luis Rubio

Desobedecer puede ser fatal para los niños, enfermos, pasajeros y tripulantes de medios de transporte. Pero obedecer no está exento de peligros.

Un Secretario de Gobernación, que volaba en un jet de la Secretaría y medio sabía pilotar, le pidió al capitán el mando de la nave. Obedientemente, se lo dio, y todos acabaron muertos.

Fue una abdicación irresponsable del capitán, que tenía la máxima autoridad en la nave, aunque era subordinado en la Secretaría. También sería irresponsable que un cirujano cediera el bisturí al director del hospital. Sus autoridades siguen siendo válidas, en su propia esfera, aunque eso dé lugar a tensiones con superiores administrativos. Tensiones normales, que suelen atribuirse a cuestiones personales, pero son inherentes a la división del trabajo.

Sucede lo mismo en la división de poderes políticos. Cuando la Suprema Corte, los legisladores o los Gobernadores abdican de su propio poder ante el Ejecutivo federal, los abdicantes se degradan y lo paga el país.

Un Presidente de la República, como cualquier ciudadano, puede tener opiniones legislativas, judiciales, médicas, literarias, religiosas, académicas, pedagógicas o deportivas. Pero no tiene autoridad para imponerlas. Aunque sepa mucho de beisbol, no le corresponde decidir si un lanzamiento fue bola o strike. O si hacen falta refinerías. O el mejor lugar para construir un aeropuerto.

Ni a Platón ni a Aristóteles les gustaba la democracia. Entre los extremos de que el poder político se concentre en uno solo (monocracia) o se disperse en todos (democracia), preferían que se fragmentara en varios (oligocracia). En la democracia veían el peligro de que un demagogo se apoderara del voto popular y se impusiera como tirano.

Pero estaban pensando en la democracia griega, que era directa: en ciudadanos reunidos para discutir y votar. En aquellos tiempos no existían las multitudes de las megalópolis industriales, que aparecieron en el siglo XIX.

Gustave Le Bon fue quizá el primero en hablar de esta novedad en un libro muy leído, que todavía se vende: "Psicología de las masas" (1895). Se ocupó de las masas (les foules) como "personas" en sí mismas, distintas de las personas que se funden en ellas y asumen la conducta colectiva, casi involuntariamente, como hipnotizadas o poseídas. Le Bon influyó en Freud, en los expertos en mercadotecnia y en los aspirantes al poder.

Después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, en el clima de decepción y desaliento que vivían las democracias liberales, surgieron movimientos de adhesión carismática a líderes salvadores. Así fueron vistos Hitler y Mussolini. La invención del micrófono y la radio hizo posibles mítines masivos, virtuales o presenciales en grandes plazas públicas; así como el ascenso de los demagogos modernos, caudillos de la población que no lee periódicos.

Harold Laski, militante del Partido Laborista británico, profesor de la London School of Economics y autor prolífico (admirado por Keynes, Roosevelt, Einstein y Chaplin), publicó en Harper's Monthly Magazine "The dangers of obedience" (junio de 1929). Hay traducción en un librito de la editorial Sequitur: "Los peligros de la obediencia".

La obedencia puede terminar en desastre. Por buenas que sean las intenciones de un gobernante, "siempre estará sujeto (...) al error y la equivocación". "Ningún Estado tiene cimiento más seguro que la conciencia" ciudadana. "No le debemos obediencia ciega e irracional a ningún Estado, a ninguna Iglesia" (p. 36).

José Ortega y Gasset había publicado un poco antes artículos sobre la aparición del "hombre-masa", que desembocaron en el libro "La rebelión de las masas", aún más leído y traducido que el de Laski; aunque mal recibido en algunos medios por asemejar fascismo y bolchevismo, cuando tal comparación era anatema.

Años después, Erich Fromm publicó "Escape from freedom" (1941, "El miedo a la libertad"), una especie de psicoanálisis de la sumisión del hombre-masa a líderes carismáticos.

Hay una obediencia racional y hasta un conformismo racional, sin el cual no podríamos vivir, por ejemplo: la aceptación del habla común. Si llamo perro a lo que todos llaman gato, no me entenderán.

Pero hay que distinguir la obediencia racional de la abdicación irresponsable, dañina para los abdicantes y para los demás.

Gabriel Zaid

El techo se estaba cayendo, las goteras habían desaparecido, reemplazadas por agujeros de más de 30 centímetros de diámetro por los que entraba lluvia, nieve y basura. Uno pensaría que se trataba de una propiedad abandonada en la mitad de la nada, pero era una de las embajadas más importantes de México en el extranjero. Ante la inexistencia de fondos para reparar el techo, el embajador había procedido con la única alternativa que le quedaba: cerrar el piso superior y pretender que el problema no existía, lo que agravó la situación e hizo mucho más costosa la reparación posterior. La noción de que hay que presupuestar para mantener los activos existentes simplemente no se nos da. Mucho menos planear eso mismo hacia el futuro.

El deterioro de la infraestructura física del país es visible en todos los ámbitos: se puede observar en el Metro de la Ciudad de México, en múltiples condominios en todo el país, en la escasez de agua en diversas regiones, en el aeropuerto de la Ciudad de México y, como muestra el caso de la embajada referida, en muchos edificios gubernamentales. El problema no se limita al Gobierno: los condóminos son reacios a hacer aportaciones para el mantenimiento de los edificios en que viven.

La crisis del agua en Monterrey ha destapado toda la cloaca de críticas, posicionamientos políticos y ataques a usuarios grandes del preciado líquido. Las crisis son siempre oportunidades para sacar raja política, pero pocos se ponen a pensar que no se trata de una situación súbita, sino de la consecuencia de no haber hecho el trabajo requerido, en este caso de infraestructura, por décadas. Como no se ve, los políticos prefieren obviar la necesidad de construir capacidad en anticipación al crecimiento que viene: todos quieren el crecimiento, pero nadie está dispuesto a invertir para que se transforme en un gran beneficio para todos.

Hace algunas décadas se realizó un estudio comparativo (North, D. y Miller, R. L., "The Economics of Public Issues") sobre el manejo del agua en dos ciudades similares -Fénix y Tucson-, ambas localizadas en un desierto con muy poco acceso a fuentes naturales de agua. El estudio surgió de la extraordinaria diferencia en el consumo de agua por habitante que caracterizaba a dos ciudades separadas por poco más de cien kilómetros de distancia. Mientras que en Tucson se consumía un promedio de 640 litros diarios por cada casa, en Fénix el consumo promedio era de 1040 litros. La diferencia radicaba en la administración del agua: mientras que en Fénix se le veía como un derecho humano, en Tucson se considera un recurso escaso. Los habitantes de Tucson pagan más por su agua, pero nunca enfrentan problemas de escasez, lo que sí ocurre en Fénix. Lo mismo es cierto en Monterrey y Saltillo, ciudades caracterizadas por circunstancias físicas y geográficas similares, excepto que en Saltillo nunca hay escasez. En Monterrey la administración es gubernamental, en Saltillo una empresa responde ante la ciudadanía.

En la medida en que crece la población (y, en estos años, menos la economía), los problemas de infraestructura nos van a acosar cada vez más. Más habitantes implican más calles, más agua, más comunicaciones, escuelas, hospitales y demás, todo lo cual entraña inversiones en infraestructura y fondos para el mantenimiento y mejoramiento de la existente. Sin embargo, nada de eso es evidente en los criterios que animan a los presupuestos gubernamentales anuales o en los planes de desarrollo. En términos técnicos, esto se llama entropía, el gradual deterioro que lleva al desorden, ausencia de predictibilidad y, potencialmente, al caos. Como apuntó Héctor Aguilar Camín (https://bit.ly/3PxjAk0) hace unos días, "las decisiones aeroportuarias del gobierno han puesto a la Ciudad de México en un dilema kafkiano: entre más aeropuertos tiene, menos aeropuertos funcionan". El caos.

El Gobierno actual se ha distinguido por su total desprecio a cualquier cosa que pudiese producir una mejoría económica para la población o para el país, pero el deterioro que heredó y el que su desidia acumula no hace sino empeorar la situación, como mostró el embrollo que caracterizó su respuesta durante la pandemia. En lugar de un plan coherente para modernizar la estructura institucional del sector salud, la eliminación del seguro popular ocurrió en el peor momento posible y sin un plan debidamente articulado para reemplazarlo. El caos que provocó no fue particularmente distinto al de sus predecesores, pero su desidia agravó la situación por su indisposición a actuar frente a una situación crítica. Falta de inversión en lo básico y en su mantenimiento.

Cuando un (sistema de) Gobierno se rehúsa a prevenir estos extremos, el caos se torna inevitable. Steven Pinker (https://www.edge.org/response-detail/27023) lo dice de una manera por demás clara: "Los sistemas cerrados inexorablemente se tornan menos estructurados, menos organizados, menos capaces de lograr resultados útiles e interesantes, hasta que deslizan hacia un equilibrio de monotonía gris, tibia y homogénea, donde se estancan". Quienquiera que haya visto las escenas de las elecciones de Morena para su congreso apreciará esto en su máxima expresión...

Luis Rubio

AMLO tiene de su lado a la opinión pública en su objetivo de regresarle el monopolio eléctrico a la CFE. Por eso quiere usar el tema energético como ariete electoral.

Hay un cierto apoyo mayoritario, pero sin mayor entusiasmo. Las preocupaciones de la población son la inseguridad y el estado de la economía.

La política energética de AMLO cuesta recursos fiscales, obliga a pagar una electricidad más cara y contaminante e impacta negativamente al crecimiento económico, aunque una parte de la población no tiene cómo darse cuenta de esto. Los costos, sin embargo, aumentarán dado el conflicto con nuestros principales socios comerciales desatado por la política energética de AMLO.

Fiel a su estilo, AMLO ha hecho de un asunto técnico-legal uno político: la presunta defensa de la soberanía. Aunque con su peculiar ambigüedad: defendiendo por un lado la importancia del T-MEC, pero insinuando que está dispuesto a pagar el costo de un conflicto comercial. En esto también trae hoy a la mayoría de la opinión pública de su lado.

En el llamado a consultas de Estados Unidos y Canadá por nuestra política energética, el crudo ni se menciona. Nuestra Constitución y el T-MEC son claros al respecto: los hidrocarburos son propiedad de los mexicanos. Estados Unidos y Canadá simplemente demandan que se cumpla un principio fundamental del T-MEC: todas las inversiones deben ser tratadas por las autoridades de forma no discriminatoria. Hoy, por ejemplo, Pemex puede vender diésel con alto contenido de azufre; una empresa privada, no.

No creo que AMLO vaya a anunciar la salida de México del T-MEC el 16 de septiembre. Pero está atizando el fuego. El tratado debe ser ratificado en el 2026. Lejos de pelearse deberíamos estar construyendo puentes para generar las mejores condiciones políticas para impulsar su permanencia.

El T-MEC es el motor de la economía. No sólo en manufacturas y en ciertos productos agropecuarios, sino en servicios turísticos o vía remesas. Sin tratado, la integración entre las dos economías continuaría, pero la mexicana pagaría un alto costo, pues este es el articulador del intercambio comercial.

Un mundo de reglas claras es particularmente importante para el país más débil. Paradójicamente, sin T-MEC acabaríamos con menor soberanía, pues estaríamos más expuestos al poder arbitrario de Estados Unidos.

AMLO ha ido tejiendo su estrategia electoral, primero acusando de traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de su reforma energética, y ahora haciendo lo mismo con quienes no aplauden su política energética. ¿Podrá AMLO hacer de la defensa de dos empresas estatales ineficientes, Pemex y CFE -voraces consumidoras de recursos fiscales cuyo uso alternativo podría ser mejorar el sistema de salud, y con pensiones y salarios superiores a los de mexicanos en trabajos similares-, el eje electoral del 2024? No lo sé, pero generar confusión en los inversionistas en un momento de tanta incertidumbre en la economía mundial es un error.

Para el experto en cuestiones geopolíticas Ian Bremmer, el futuro estará marcado fundamentalmente por la cada vez mayor división entre los países desarrollados del norte y los más pobres del sur. El T-MEC hace de México uno de los pocos países del sur anclado en el norte. La recién aprobada ley que promueve la inversión tecnológica en Estados Unidos no impone restricciones a los productos hechos en Canadá y México, como sí les sucede a los del resto del mundo. Estamos en una posición privilegiada. ¿Vale la pena ponerla en riesgo?

Nunca se sabe cuánto se puede estirar la liga y en lugar de un menor crecimiento enfrentar un colapso. En un pasaje de la novela "Fiesta", de Ernest Hemingway, Bill le pregunta a Mike, aristócrata en quiebra: "¿Cómo te arruinaste?". Este le responde: "De dos formas: primero poco a poco y luego de golpe".

Carlos Elizondo Mayer-Serra

El que juega con fuego, reza el refrán, corre el riesgo de acabar quemado. Así está operando el Gobierno en el asunto del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá. Desde luego, el Gobierno buscará defender su visión de la industria eléctrica, motivo del diferendo, pero su natural propensión a politizarlo y a convertirlo en un factor de quiebre entraña riesgos que el Presidente claramente no ha evaluado.

Como siempre ocurre entre naciones vecinas, la relación entre México y EU tiene dos dinámicas: la de la realidad cotidiana y la de sus líderes políticos. La realidad se deriva de la constante, creciente y frecuentemente conflictiva interacción. Así ha sido siempre y no hay duda de que seguirá siéndolo en el futuro: los intercambios van en ambas direcciones y cada momento es diferente; baste ilustrar esto con el hecho de que México fue clave en el aprovisionamiento de armamento para ambos bandos durante la guerra civil estadounidense.

Ciertamente, sería posible mejorar lo existente con los arreglos institucionales idóneos, pero el dinamismo no depende de los humores de los líderes políticos, sino de las fuerzas reales de la economía y los intercambios humanos. Trump intentó cancelar el TLC y AMLO preferiría que no existiera, pero ambos tuvieron que apechugar ante la inexorable realidad.

El conflicto del momento es sobre la política del Gobierno actual en materia eléctrica. El tratado vigente, el T-MEC, establece que las partes tienen que dar trato igual a los agentes económicos nacionales e internacionales. También impide modificar las reglas del juego sin que medie una negociación, pues el objetivo de un contrato de esta naturaleza es precisamente el de conferirles certidumbre a los potenciales inversionistas. En este sentido, no hay ni la menor duda que el Gobierno mexicano ha estado modificando las reglas en materia eléctrica, tanto en lo formal (con la ley aprobada en 2021) como en la práctica, con la extorsión a que ha sometido la CFE a las empresas para que abandonen a proveedores privados de energía. Lo que está de por medio en el procedimiento iniciado por el Gobierno americano y secundado por el canadiense es si México recula en estas prácticas o es sancionado a través de los mecanismos que el acuerdo comercial prevé.

La lógica de haber negociado en los noventa y renegociado el TLC en el último lustro es la de establecer reglas del juego que obliguen a los tres Gobiernos a acatar procedimientos existentes y conocidos por todos. Esto ocurrió porque tan pronto comenzó la liberalización comercial en los ochenta, se desató un enorme número de conflictos comerciales. El TLC fue concebido para evitar esas disputas, facilitar el comercio y hacer posibles flujos crecientes de inversión productiva hacia México.

El TLC nació de un entendimiento entre México y Estados Unidos sobre la relación, el futuro y la convivencia, condición necesaria para establecer una base de confianza entre dos naciones que ciento treinta años antes habían estado en guerra. El entendimiento consistió en el desarrollo de una visión común sobre la dirección de la interacción incremental que ya venía ocurriendo y se sostuvo de manera compartida hasta que llegó Trump al Gobierno de EU y, dos años después, AMLO al de México. Ambos hubieran preferido anular la geografía y la realidad de creciente intercambio.

Desde la perspectiva mexicana, la clave del TLC original (1994) radicaba en la garantía política implícita que el Gobierno americano les otorgaba a los inversionistas. No lo hacía por caridad, sino por su reconocimiento de que la seguridad nacional de EU se fortalecía a través de una buena relación con un México exitoso y próspero.

El T-MEC ya no goza de ese elemento político (excepto para servicios), por lo que un conflicto comercial en este momento podría ser devastador para la economía mexicana.

La desaparición de una visión común ha implicado la degradación de los mecanismos de interacción entre los dos países, el crecimiento de fuentes de conflicto entre los Gobiernos y la creciente indisposición a resolver problemas comunes. El conflicto sobre electricidad es potencialmente mayúsculo por tres razones: a) por los enormes montos de inversión en juego; b) por la trascendencia de la energía para el crecimiento de largo plazo de la economía; y c) por la transición energética que experimenta el mundo y, en particular, la industria más prominente en México, la automotriz. Si algo sale mal en esta negociación, estos factores pondrían en entredicho la estabilidad de la economía mexicana.

El Gobierno mexicano tiene dos opciones: la ideal sería tomar en serio el desafío que esto entraña para abocarse a negociar una salida, como lo hizo con los gasoductos en 2019, antes de que le ganen los tiempos -o la realidad. La otra opción, la que es su inclinación natural, implicaría desviar la atención y perseverar en su retórica nacionalista, justo frente a la enorme oportunidad que representa para México el conflicto EU-China. Proseguir por la senda retórica y satírica sería equivalente a jugar con fuego.

A diferencia del asunto de los gasoductos, el momento del ciclo político y el proceso de sucesión ya desatado garantiza una enorme volatilidad que en nada beneficia al Gobierno ni mucho menos al país.

Luis Rubio

El precio del agua

Mucha gente bien intencionada dice: "El agua es demasiado importante para dejarla al arbitrio del mercado". Yo opino lo contrario: es tan importante que es irresponsable sustraerla del mercado. Dejar el precio en manos de los políticos es garantía de escasez.

Este 29 de julio el Presidente López Obrador dio a conocer un decreto para "reforzar" las acciones en la crisis del agua de Nuevo León. Entendió que hay que "resolver el fondo a mediano y largo plazo del problema y reforzar acciones de inmediato", pero anunció sólo restricciones a las industrias, la construcción de algunas obras de infraestructura y la participación del Ejército para llevar agua a comunidades marginadas. No ofreció ninguna medida de fondo. Su enésimo cuestionamiento a la cervecera de Mexicali revela que no comprende el fondo del problema.

Los precios son el regulador más eficiente de una economía. "Desempeñan un papel crucial para determinar cuánto se usa de cada recurso y cómo los productos resultantes son transferidos a millones de personas", como escribe Thomas Sowell.

Cuando los políticos tratan de suplantarlos, suelen tomar decisiones equivocadas que generan escasez o sobreproducción, porque ningún ser humano tiene capacidad para reemplazar miles de decisiones independientes que se realizan cada minuto en un mercado libre.

El agua ha sido un producto siempre controlado por el Gobierno que lo vende a precios manipulados. El problema no es nuevo ni exclusivo de México. Ya en "La riqueza de las naciones" (1776) Adam Smith discutió "la paradoja del precio del agua".

R. Quentin Grafton y sus colegas de la Universidad Nacional de Australia la estudian en "La paradoja de los precios del agua" en la Oxford Review of Economic Policy de enero de 2020: "El precio del agua casi nunca equivale a su valor y rara vez cubre sus costos", escriben.

Distintos estudios citados por la OCDE, sin embargo, muestran que "poner un precio adecuado al agua hará que la gente desperdicie menos, contamine menos e invierta más en infraestructura hídrica".

En los países ricos se pagan precios cada vez más realistas. En México los hogares cubren 0.49 dólares por metro cúbico, en España 1.92, en Suecia 3.59, en Finlandia 4.41 y en Dinamarca 6.70. Pensar que dar un precio artificialmente bajo al agua ayuda a los pobres es falso.

La falta de recursos para invertir en infraestructura afecta principalmente a los pobres, que no tienen agua entubada o la tienen de mala calidad. Es mejor dar subsidios directos a los pobres que no puedan pagar el agua que deteriorar todo el sistema con precios demasiado bajos.

Un 70 por ciento del agua en el mundo se emplea para la agricultura (OCDE). En México la cifra es de 76 por ciento; aquí el abastecimiento público representa el 14 por ciento, la industria autoabastecida el 5 y la electricidad otro 5 (Conagua/Inegi). Proponer como solución sólo restricciones a la industria revela que no se ha entendido el problema.

La solución de fondo son los precios realistas. Si el agua tuviera un precio de mercado, las empresas y los agricultores definirían si vale la pena tener una planta cervecera en Mexicali o cultivos de naranja en Nuevo León. Los proveedores de agua tendrían, por otra parte, recursos para construir infraestructura.

Los mercados no son perfectos, pero se ajustan cuando cambian las condiciones económicas. Los políticos, en cambio, persisten en sus errores hasta que destruyen los servicios públicos. Por eso el peor de los mercados es mejor para definir precios que el mejor de los políticos.

Hoy lo vemos en los políticos que quieren resolver la crisis del agua en Nuevo León sin tocar el fondo del problema.

Sergio Sarmiento