sábado, agosto 23, 2014

 

Clientelismo perverso

Hay algo que se nos escapa cuando comprobamos que el sistema político mexicano actúa de forma clientelar para comprar votos y mantener el poder: la destrucción de la ciudadanía y la democracia.

Esto en la última década se ha visto agravado en todos los diferentes partidos y en los tres niveles de gobierno: el clientelismo como vehículo para mantenerse en el poder, aunque se debilite la sociedad y las instituciones.

Más que la entrega de mochilas, despensas, fiestas populares o tarjetas que contienen seguros y microcréditos a la población, la relación entre poder y ciudadanos vía el "dar para que me des" es perversa en al menos tres sentidos.

El primero es que esta relación clientelar facilita el camino para actos de corrupción: el intercambio de favores se convierte en la apropiación de bienes colectivos para beneficio privado. La peor corrupción es que el clientelismo político que vivimos hipoteca los Gobiernos eficientes para convertirlos en pagadores de favores.

El segundo es que este clientelismo denigra la dignidad de las personas. Las convierte en meros sujetos de una ayuda pública a cambio de simpatía y su voto, pero no busca acabar con las reales causas de la pobreza, la desigualdad y la marginación.

Tercero, el clientelismo del gobernante para ser elegido en otro puesto pervierte la democracia. Lo hace de tal forma que impide el desarrollo de un ciudadano virtuoso que sea capaz de apoyar a su Gobierno.

Es en esta tercera implicación del clientelismo que apreciamos todos los días -rampante y sin que nadie lo detenga- que nos encontramos hoy como sociedad mexicana.

Lo mismo lo practican una Alcaldesa que una Senadora, o un Secretario o Gobernador, o cualquier funcionario público que quiera posicionar su imagen, todo con dinero de la sociedad.

El clientelismo ha sido estudiado por diversas disciplinas, pero es desde la ciencia política donde se han explicado el funcionamiento y los tipos que existen.

De ahí hemos aprendido que en la sociedad moderna ya casi no hay clientelismo vertical, es decir, de una persona a otra, sino que ya estamos en el mundo del clientelismo horizontal, entre grupos, entre masas y, lo más peligroso, entre instituciones.

El clientelismo tradicional se ha transformado en uno moderno institucionalizado, desarrollando sofisticados mecanismos de dominación y de consenso. Pactos y acuerdos surgen sólo para el momento en que son requeridos, no hay continuidad ni formalismos.

Fidelidad a cambio de favores, favores para mantener la fidelidad. Nadie en esos momentos habla de capacidades, de fortalezas, de habilidades, de inteligencia para resolver los problemas públicos, de honradez para representar a la sociedad en un puesto público; no, de lo que se habla es de partidos, elecciones, candidatos, favores, puestos y presupuestos.

El clientelismo político tiene mucho que ver incluso con el andar económico, ya que al crear incertidumbre, falta de continuidad e informalidad, la economía no puede crecer de manera sostenida.

Por ello es bueno escuchar que habrá inversiones por las reformas hechas, pero si el clientelismo prevalece, pocos querrán hacerlas si luego se corre el riesgo de que les exijan cumplir favores políticos.

Para colmo, de acuerdo con las Fichas de Monitoreo 2013 y 2014 del Coneval, ningún programa social federal se salva de deficiencias en su aplicación.

Hay irregularidades, como falta de claridad en el destino de los recursos, duplicidad de actividades, acciones esporádicas y sin impacto, y lo peor, casi todos los programas sociales no definen población objetivo.

El reporte indica que los programas sociales, aun con reglas de operación definidas, no cumplen sus objetivos, y la razón pudiera venir del clientelismo político.

Y si esto pasa a nivel federal, ya se puede usted imaginar el descontrol y opacidad en cómo se gastan los recursos para programas sociales en los Estados y municipios.

Vidal Garza
vidalgarza@yahoo.com

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domingo, agosto 17, 2014

 

El Salario de Ambrosio (Salario Minimo)

Para nadie es noticia que el salario mínimo (SM) sea sumamente bajo. Quienes propugnan por un incremento por decreto siguen una lógica que parece impecable: se eleva el salario, la gente consume más, eso provoca un crecimiento en la producción que, a su vez, se traduce en una mayor demanda de empleo. O sea, un círculo virtuoso.

 

La idea es atractiva porque permite imaginar la solución, de un plumazo, de un gran número de males. Casi todas las propuestas por elevar el salario mínimo sugieren un incremento relativamente modesto.

 

Yo me pregunto: ¿por qué mejor no pensar en grande y elevarlo de 67 pesos a 250? O, ya entrados en eso, ¿por qué no mejor a mil? Si fuera tan sencillo resolver los problemas de nuestra economía hace mucho que esto ya se habría hecho.

 

De los 52 millones que integran la población económicamente activa, el 12.5 por ciento percibe un salario mínimo y el 23.2 por ciento recibe entre uno y dos. Esto quiere decir que el 35.6 por ciento de la PEA recibe a lo más dos SM.

 

El número más importante es el relativo a la concentración de empleados que perciben salarios mínimos: el 66 por ciento de todos los empleados del sector manufacturero trabaja en empresas pequeñas o micro donde el problema de productividad es mayor y los bajos salarios mínimos no son otra cosa sino un mero síntoma de ello.

 

La baja productividad yace en el corazón del problema económico, mucho de ello concentrado -y perpetuado- en la economía informal. La economía mexicana se ha dividido en dos grandes grupos: uno que contribuye aceleradamente a la creación de riqueza con alta productividad y altos salarios; y otro, integrado por empresas típicamente de menor tamaño que pagan bajos salarios y apenas sobreviven, aportando una productividad negativa.

 

Los números nos dicen dos cosas: primero, las personas que perciben menos de dos SM se concentran abrumadoramente en empresas pequeñas y medianas; y, segundo, que la productividad tiende a ser mucho menor (en ocasiones negativa) en negocios pequeños.

 

Quienes abogan por un incremento en los salarios por decreto pretenden que los principales empleadores del País -las empresas pequeñas y micro, o sea, quienes menos capacidad tienen de afrontar un incremento en sus costos- eleven los salarios.

 

Para sobrevivir con mayores sueldos, esos negocios tendrían que elevar los precios de sus bienes y servicios, lo que reduciría sus ventas, lo que llevaría a despidos. La única forma de evitar caer en este círculo vicioso sería elevando la productividad que es, a final de cuentas, la causa del problema.

 

Elevar el SM sin resolver las causas de la baja productividad que exhibe nuestra economía tendría la consecuencia de disminuir el empleo y, por lo tanto, sus supuestos beneficios.

 

Lo anterior no niega que los salarios pudieran ser muy bajos. En las últimas décadas se han construido muchos absurdos en torno a los SM: desde convertirlos en un ancla contra la inflación (el pacto de los 80) hasta utilizarlos como índice para toda clase de multas y similares.

 

Es claro que se requiere liberar al SM de estos fardos y sujetarlo a un mecanismo de mercado que logre lo que los economistas denominan el precio "óptimo". Lo que sería un desastre es aumentarlos por decreto con criterios políticos.

 

El salario, como todos los demás precios, debería ser fijado por la oferta y la demanda, mecanismo que tendría la virtud de compensar más una mayor y mejor educación, incentivando movimiento en frentes estancados como el sindical.

 

Pretender que un aumento en los salarios va a resolver el problema de la economía mexicana recuerda al cuento de la carabina de Ambrosio, un asaltante sevillano que utilizaba una carabina que no tenía pólvora.

 

Sin embargo, a diferencia de aquella historia, elevar el salario mínimo por decreto sí tendría consecuencias serias, provocando el ciclo perverso de desempleo mencionado antes. También exhibiría la incapacidad gubernamental de hacer cumplir su decreto.

 

En el largo plazo, los salarios aumentarán en la medida en que crezca la productividad y ésta está hoy atorada por burocratismos, privilegios, regulaciones y otros impedimentos políticos.

 

La respuesta correcta al reto de la productividad es crear condiciones para que proliferen nuevas empresas y empresarios, todos ellos en un mundo de simplificada formalidad.

 

En el mundo, lo que produce crecimiento de la productividad son empresas pequeñas que crecen con celeridad. La discusión sobre el SM muestra qué tan lejos estamos de enfrentar los verdaderos problemas de desarrollo del País.

 

Luis Rubio

www.cidac.org


lunes, agosto 11, 2014

 

Cambios con la Reforma Energética

¿Cuáles son los principales cambios de la Reforma Energética?

Sin reforma

Con reforma

Contratos

Sólo de servicios

De servicios; utilidad y producción compartida; de licencia.

Expropiación

Permitida para ocupar tierras.

No está permitida para ocupar tierras, pero se aplicarán servidumbres legales, ocupación o afectación superficial y se pagará un porcentaje de los ingresos del proyecto si alcanza la producción comercial de crudo.

Fondo Mexicano del Petróleo

No existe. Sólo hay fondos de estabilización de ingresos.

Se crea el Fondo para administrar la renta petrolera.

Gasolineras

Son administradas por la franquicia Pemex de la subsidiaria Refinación.

En 2016 se podrán construir gasolineras de marcas ajenas a la paraestatal.

Precios de la gasolina

Topados o controlados por Hacienda.

En 2018 se determinarán los precios conforme al mercado.

Venta de gas LP

Precios controlados por Decreto. Pemex controla las ventas de primera mano.

En 2016 se podrá importar el gas y venderse a precios de mercado.

Transporte de gas natural y electricidad

Administrado por Pemex y CFE, respectivamente.

Se crearán el Cenagás y el Cenace para realizar estas actividades.

Pemex y CFE

Paraestatales.

Empresas productivas del Estado.

Consejo de Administración de Pemex:

Conformado por 6 representantes del Estado, 5 del sindicato y 4 consejeros profesionales.

5 consejeros del Gobierno y 5 independientes.

Consejo de Administración de CFE:

No existe pues tiene una Junta de Gobierno donde hay 5 Secretarios de Estado, el director de Pemex y 5 consejeros del Sindicato.

5 consejeros del Estado, 4 consejeros independientes y uno de los trabajadores.

Generación de electricidad

CFE y privados que venden la energía a la paraestatal o para usos propios.

Cualquier empresa puede generar su electricidad sin estar obligado a venderla a CFE.

Mercado eléctrico mayorista.

No existe hoy.

Podrán vender y comprar energía las empresas que consuman más de 3 megawatts el primer año.

Reguladores

Órganos desconcentrados de la Sener.

Óganos reguladores coordinados del sector energético.

Cuidado ambiental

Semarnat y Profepa.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.

Fuente: Leyes vigentes y dictámenes del Congreso.

Leer más: http://www.elnorte.com/edicionimpresa/aplicacionEI/webview/iWebView.aspx?Pagina=307482&Grupo=5&Coleccion=325&Folio=1408501&TipoTrans=8#ixzz3A5uJyYfT 
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sábado, agosto 09, 2014

 

El populismo del salario

El establecimiento del salario mínimo en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970 fue más un hecho demagógico que una forma de garantizar un ingreso digno sostenible para los trabajadores.

En ese entonces un Presidente saliente con alto sesgo populista buscaba manosear la economía para determinar el verdadero valor del trabajo. Pensaba que firmando un decreto-ley garantizaba el precepto constitucional de que todo mexicano tiene derecho a un trabajo y recibir por ello un salario que le alcance para una vida digna.

El numeral 90 de dicha Ley señala: "El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".

Así se engañó a todos decretando un salario mínimo bajo el argumento de que así se impulsaba el desarrollo de los países del tercer mundo.

No habido un solo país que fijando precios arbitrariamente logre estimular las virtudes del mercado en forma sostenible. Venezuela o Argentina nos pueden ilustrar sobre las razones para entender que los salarios y los precios de los insumos no dependen de discursos o autógrafos de un Presidente o legisladores iluminados.

En ninguna parte de los mil 010 artículos de la Ley Federal del Trabajo se menciona cómo el Gobierno puede facilitar la creación del empleo y con ello permitir el pago de salarios adecuados, ya no digamos mínimos.

Es una ley que regula de manera excesiva las relaciones laborales, el papel de los sindicatos y los derechos de los trabajadores, no de los empleadores y que tiene hasta nuestros días a un país limitado para generar el empleo que necesitan sus ciudadanos.

Definiciones anacrónicas como jornada laboral, pago por tiempo extra, prima dominical, sobresueldos, pagos por puntualidad, etc., se hicieron bajo el modelo tayloriano de administración para regular el empleo y salario de la revolución industrial.

El mundo vive hoy una revolución digital y los empleos en general pueden permitir trabajos al instante, sin limitaciones, con una percepción del tiempo flexible por la conectividad y comunicación instantánea, permitiendo una mayor productividad.

Desde 1970 el salario mínimo ha venido deteriorándose y perdido poder adquisitivo no por razones económicas, sino por la visión disfuncional de que fijando un salario se puede manipular la productividad de la economía.

Paralelo a esto debemos destacar las fuerzas que hoy imperan en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que determina año con año el valor de este minisalario.

En ella está representado el Gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México como observador técnico; participan también un sindicato nacional (CTM) y hay un representante del sector privado en las mesas de negociación.

Dado que el salario mínimo es utilizado por el Gobierno como referencia para determinar las cuotas no sólo de las sanciones, sino más importantemente de las pensiones, hay un incentivo para el Gobierno de no aumentarlo, ya que representará un gasto público y una mayor inflación.

Los sindicatos que participan en la Comisión no representan trabajadores que ganan un salario mínimo y por tanto para ellos también es importante que éste no suba, ya que estos sindicatos después buscarán negociar con las empresas un aumento mayor al del mínimo. En ese sentido se ha vuelto un triunfo sindical el negociar aumentos superiores a lo que aumentó el salario mínimo cada año.

Para las empresas también el que no aumente el salario mínimo les da un mayor margen de maniobra cuando revisen los contratos colectivos de trabajo y les da capacidad de ofrecer un aumento superior al mínimo.

Lo que se definió por decreto como salario mínimo ha perdido vigencia porque nació de espaldas a la economía por un error de populismo.

La productividad y el crecimiento económico son dos de los principales determinantes del salario. No es un tema para que lo definan los políticos que probablemente nunca han vivido la odisea en México de producir un empleo para alguien más que el de ellos y sus amigos.

Vidal Garza  
vidalgarza@yahoo.com

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miércoles, agosto 06, 2014

 

Aumentar salario mínimo por decreto

Veo que hay mucha gente que pide que se suban los salarios mínimos por decreto. Quiero pensar que son personas que tienen menos de 30 años y que no vivieron las inflaciones de 2 y 3 dígitos de los 70's, 80's y principios de los 90's. Quienes si tenemos memoria sabemos bien que aumentar los salarios mínimos por decreto sólo causa inflación y ésta siempre sube más rápido que los salarios. Esa es la razón principal de que el salario mínimo perdió su poder adquisitivo en los últimos 40 años. La estabilidad de los últimos 15 años detuvo el proceso pero no lo revirtió.

Subir el salario mínimo sin un incremento equivalente en productividad causará un aumento en el desempleo como se puede observar en otros países. El salario es el precio del trabajo. Y como precio se rige por la oferta y la demanda. La única forma de que suban los salarios sin causar inflación es con crecimiento económico generado por inversión productiva, de tal manera que aumente la oferta de empleo. Hacerlo por decreto sería repetir errores del pasado.

Por otro lado, el 60% de la población económicamente activa (PEA) trabaja en la informalidad. ¿Cómo podría el gobierno garantizar que en la informalidad se pague el mínimo si ni siquiera puede cobrarles impuestos? Por cierto, es tan baja la productividad en el sector informal que a pesar de que el 60% de la PEA trabaja ahí, sólo generan el 25% del PIB. ¿Creen que con esa bajísima productividad los patrones que ni siquiera pagan IMSS, INFONAVIT, IVA, ISR, ISN, etc., van a pagar un salario mínimo inflado por decreto?

Verborrea demagógica de los populistas en los partidos políticos.


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