HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Tristemente se confirmó mi pronóstico del martes 23: se canceló Texcoco. Ganó el capricho disfrazado de consulta sobre la lógica y el beneficio del País (relea "Consultar mañosamente").

Es una pésima señal. Donde se le mete la lupa al detalle de las propuestas de AMLO encuentras ocurrencias y sinsentidos. Hace unas semanas le planteé 3 escenarios sobre el nuevo Gobierno: es bueno (ojalá: excelente, se acabó el problema), es malo y genera una crisis económica y es un populista que busca perpetuarse en el poder.

Hoy me enfocaré en el tercer escenario. OJO, no digo que vaya a pasar. Es demasiado temprano para saberlo. Pero ese es el punto: ¿a qué señales hay que prestar atención para ver si vamos por el peor camino? Para contestar la pregunta le propongo dos premisas:

1. El camino al despeñadero del populismo lleva tiempo. La destrucción de instituciones es paulatina.

2. Existe una ruta previsible.

Por lo tanto, si la amenaza populista se convierte en realidad en México tendremos señales de advertencia. Hay que estudiarlas.

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez explica muy bien (vea un video en nuestros sitios) los pasos generales del populista para derrumbar instituciones:

a) Elegir un enemigo interno (el antipueblo) y uno externo.

b) Demarcar la lucha: el pueblo bueno vs. el enemigo.

c) Fomentar odio al enemigo: la mafia del poder, la oligarquía, "los fifís", etc.

d) Enamorar al pueblo. Pueblo bueno = gobernante bueno.

e) Controlar los tres poderes y eliminar voces opositoras.

f) Adoctrinamiento masivo: redes, medios, educación, etc.

g) Mantener "feliz" al pueblo con gasto, subsidios, dádivas, etc.

Pero este "mundo fantástico" no es sostenible. El financiamiento se agota y el modelo se derrumba, como en Venezuela. ¿Cómo fueron Chávez y Maduro deteriorando las instituciones venezolanas? Si ser exhaustivo, el camino hacia el precipicio fue así (según la BBC):

· 1998: Chávez es electo y el siguiente año promulga una nueva Constitución. Inicia la "revolución bolivariana".

· 2001: pasan 49 leyes para redistribuir tierras y riqueza. Inicia la concentración de poder en el Estado al estilo Cuba.

· 2002: golpe militar fallido. 2003: inicia el control cambiario.

· 2005: Enero, nuevo decreto para eliminar propiedad de grandes extensiones de tierra. Marzo, se imponen fuertes multas a medios que "difamen" a autoridades. Diciembre, partidos leales a Chávez dominan la asamblea tras boicot opositor.

· 2006: gana tercer periodo presidencial con 63% del voto.

· 2007: Enero, nacionaliza compañías energéticas y de telecomunicaciones. Mayo, no le renuevan concesión a RCTV, televisora crítica. Junio, expropia a Exxon y Conoco.

· 2008: Enero, quita 3 ceros al bolívar. Agosto, nacionaliza el banco de Venezuela, de españoles. Noviembre, oposición gana Alcaldía de Caracas y otros puestos, pero Chávez controla 17 de 22 gubernaturas.

· 2009: se aprueba reelección indefinida.

· 2010: Enero, devalúa 17% el bolívar. Diciembre, el Congreso le da autorización especial para emergencias.

· 2012: Abril, se extienden controles de precios para lidiar con la inflación. Octubre, Chávez gana su cuarta elección.

· 2013: Abril, muere Chávez, asume Maduro. Septiembre, corte masivo deja sin luz a 70% del país.

· 2014 y 2015: protestas masivas donde mueren decenas y arresto de opositores como María Corina Machado, y Antonio Ledezma.

· 2016 a 2018: protestas masivas, muertes, hiperinflación, crisis económica generalizada con escasez y hambruna.

A este tipo de señales tendremos que estar atentos en México. Y añado una más que me platican algunos venezolanos: la gente buena (porque al inicio sí hay) que rodea al populista se va o es removida. Así se quedan con el Tlatoani sólo nefastos y lambiscones. El debate interno se acaba y muere la esperanza.

Habrá que levantar antenas. Si nuestras instituciones llegasen a estar en riesgo, sólo una sociedad activa podría evitar caer al abismo.

Sobre aviso no hay engaño.

EN POCAS PALABRAS...

"Lo único que requiere el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada".

Edmund Burke, escritor británico

Jorge A. Melendez Ruiz

benchmark@reforma.com

Twitter: @jorgemelendez

"Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo... Vamos a producir en México lo que consumimos".

Andrés Manuel López Obrador

Si alguna propuesta de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que busca regresar a los tiempos del viejo PRI es la reimplantación de los precios de garantía. La ilusión es que estos precios artificialmente fijados por políticos generarán autosuficiencia alimentaria; la experiencia sugiere que redundarán en costosos subsidios, pobreza rural y corrupción.

La promesa de regresar a los precios de garantía que se abandonaron en 1994 la hizo López Obrador desde la campaña electoral. Los nuevos precios de garantía se aplicarán a cultivos de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, así como a la producción de leche fresca. La Oficina de Transición de Agricultura y Desarrollo Rural anunció este 25 de octubre que el nuevo gobierno fijará precios muy superiores a los de mercado. La tonelada de maíz, por ejemplo, la pagará a 5,610 pesos mientras que en el mercado internacional se ubica en 2,770 pesos. El requisito es que los productores tengan parcelas de menos de 5 hectáreas, mientras que las compras se limitarán a 20 toneladas por vendedor.

Para que los precios de garantía no lleven a una escalada en los precios de los alimentos, el gobierno tendrá que dedicar una cantidad de recursos no especificada a subsidiar las compras. El monto puede aumentar en el futuro si bajan los precios de los productos agrícolas.

La enorme diferencia entre el precio oficial y el de mercado generará corrupción. La limitación del subsidio a los productores con predios de hasta 5 hectáreas creará un incentivo para mantener la actual fragmentación de la tierra. La producción se volverá más ineficiente. El maíz y el trigo requieren de grandes extensiones de tierra para ser competitivos, pero los precios de garantía atarán a los productores a pequeñas parcelas que los condenan a vivir en la pobreza e inhibirán la inversión en productos con mayor futuro, como el aguacate o las hortalizas.

A Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la creó Gustavo Díaz Ordaz (ese Presidente que los políticos de hoy quieren borrar de la historia) en 1965 y se convirtió en la institución insignia de la política alimentaria del viejo PRI. Fue un foco de corrupción y de pérdidas enormes. Sus actividades y subsidios se recortaron de manera gradual a partir de la crisis financiera de los ochenta y la compañía fue extinguida finalmente en 1999, al final del gobierno de Ernesto Zedillo.

Ignacio Ovalle, secretario particular de Luis Echeverría y director del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, donde conoció a un joven Andrés Manuel López Obrador, fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese cargo lanzó los "tortivales", bonos para entregar tortillas a familias pobres y asegurar su lealtad al PRI. Hoy Ovalle regresa a la política con López Obrador como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución que asumirá las responsabilidades de Diconsa y Liconsa y que busca convertirse en una nueva Conasupo. Junto con los precios de garantía, este Segalmex, que recuerda el viejo SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, de José López Portillo, marca el retorno a un sistema de subsidios y precios de garantía que pretendió hacer a México autosuficiente en alimentos, pero que solo sirvió para comprar votos, generar corrupción y empobrecer el campo mexicano.

· NOSTALGIA DEL PASADO

Para quienes sienten nostalgia por el viejo sistema alimentario mexicano, habría que invitarlos a releer a Arturo Warman, el fallecido autor de El campo mexicano en el siglo XX: "Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser lo que no fue, no es la tierra prometida".

Sergio Sarmiento

@SergioSarmiento

Todas las crisis que los mexicanos hemos experimentado han sido el resultado de un Presidente que dejó de hacer su trabajo o que lo hizo mal. Ése es el costo de un sistema centrado en torno a un solo individuo: sus humores, capacidades, aciertos y errores determinan el resultado para 120 millones de mexicanos.

El sistema político emanado de la Revolución constituyó la institucionalización del sistema porfiriano: en lugar de un dictador eterno, los Presidentes serían monarcas sin posibilidad de heredar su puesto, en las palabras de Cosío Villegas, pero monarcas al fin.

Ese régimen le confería facultades metaconstitucionales a quien ocupara la Presidencia, mismas que servían para ejercer el poder público de manera discrecional, tomar decisiones arbitrarias y asegurar la permanencia del statu quo a través de lealtades y clientelas nutridas por la corrupción. El Presidente en el centro del poder, disponiendo de los recursos públicos y de las llamadas "instituciones" para sus propios fines.

El gran beneficio de ese sistema fue la destreza con que se podían lograr cambios cuando esto era necesario, en tanto que el gran costo y riesgo radica en la inexistencia de contrapesos que impidieran costosos errores.

Este sistema llevó a profundas crisis cambiarias en 1976, 1982 y 1994-1995, todas ellas atribuibles a errores evidentes de quien ocupaba la Presidencia, pero también facilitó una rápida recuperación en el año siguiente bajo una nueva administración.

Mientras que los países debidamente institucionalizados pueden tomar años en llevar a cabo reformas para atacar problemas nodales de sus economías (como ocurre con los europeos), en México esas reformas se adoptaban casi sin chistar.

Es frecuente escuchar que las instituciones son fuertes y se les atribuyen poderes fundamentales para limitar el ejercicio del poder presidencial. Sin embargo, la evidencia no justifica esas pretensiones.

Cada que esas instituciones, o sus responsables, ofenden a los poderes fácticos o al Presidente, se les modifica: así ha ocurrido con el instituto electoral y con las comisiones de competencia y telecomunicaciones.

Desde esa óptica, no hay razón para pensar que, en un contexto de presión, lo mismo ocurriría con otras como la Suprema Corte o el Banco de México. Del Congreso y del Senado no es necesario hablar: el dedo lo hace.

Nuestro régimen político es unipersonal y eso implica facultades efectivas por encima de las instituciones: un Presidente con poderes extraordinarios que, en estos días, sólo está limitado por las capacidades personales de quien lo va a ostentar y por los mercados financieros internacionales que muy pocos en el mundo se atreven a desafiar.

Un sistema presidencial unipersonal tiene virtudes, pero todas dependen de las capacidades e integridad del Presidente. Los Gobiernos que así operan dependen de la seriedad, consistencia, entereza y carácter del Presidente. Si el Presidente erra o deja de hacer su trabajo, el País paga las consecuencias. Si el Presidente utiliza los recursos públicos para apostar el futuro del País, son los ciudadanos quienes se beneficiarán o padecerán los costos.

Cuando Enrique Peña Nieto se durmió después de Ayotzinapa, el País se congeló haciendo posible el advenimiento de un mesías. Nada es gratis.

A los mexicanos nos encanta saltarnos las trancas, dar vuelta donde está prohibido o estacionarnos en segunda fila. Nos parece que es impropio, equivocado o injusto que alguien más haga lo mismo, pero todos creemos que tenemos el derecho divino de hacerlo nosotros.

Esa manera de ser es un fiel reflejo del sistema político, donde el Presidente tiene poderes reales para comportarse igual, en los ámbitos de competencia de su función. Si queremos que la Presidencia se atenga a reglas y a mecanismos de contrapeso, también los ciudadanos tendríamos que cambiar nuestra forma de ser.

Cada seis años el País vive un momento de trance por el peligro inherente a que un loco, un destructor o una persona que postula un cambio radical llegue a la Presidencia.

Sin embargo, en lugar de enfocarnos en el problema de fondo -las facultades excesivas de la Presidencia-, todas las luces se enfocan a los supuestos o reales defectos y atributos de esa persona.

Nuestro problema no es que tal o cual individuo sea bueno y merecedor de la oportunidad de ser Presidente, sino que no existen límites efectivos en caso de que resulte que esa persona no era tan merecedora.

Aunque AMLO no lo reconozca, al País, y a él mismo, le urge un nuevo régimen sustentado en pesos y contrapesos efectivos.

Luis Rubio

www.cidac.org

Hacia 1950, el futuro soñado por los universitarios era trabajar al lado de profesionistas eminentes y llegar a tener su propio bufete jurídico, notaría, consultorio médico, despacho contable, constructora o fábrica.

Sus profesores eran el ejemplo: profesionistas independientes que consideraban un honor volver a su alma máter una o dos horas por semana para trasmitir su experiencia y abrir a sus alumnos las puertas a la práctica, reclutándolos como ayudantes o recomendándolos. Pocas empresas eran suficientemente grandes para tener empleados con título profesional. Y trabajar en el Gobierno era mal visto. Los que aceptaban eso daban explicaciones a parientes y amigos.

Sin embargo, por esos mismos años hubo un experimento político que fue cambiando eso. Después de la Revolución gobernaban los militares. Pero un General revolucionario decidió que su hijo mayor no hiciera carrera militar: fuera abogado.

El joven tuvo la doble legitimidad de la Revolución y la universidad, era simpático y bueno para la política y los negocios de fraccionamiento. Fue litigante, legislador y Gobernador de Veracruz. Se ganó la confianza del Presidente Gral. Manuel Ávila Camacho, que lo dejó como sucesor, aunque no era militar.

El Lic. Miguel Alemán Valdés inició una nueva etapa del régimen, la del Partido Revolucionario Institucional. Gobernó con un grupo de compañeros universitarios, con los que había hecho un pacto de ayuda mutua. Logró que los militares, voluntariamente, dejaran la administración pública.

Desde entonces, los Presidentes han sido civiles, y a partir de su ejemplo, los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional empezaron a soñar con la Presidencia, las Secretarías o, de perdida, las direcciones generales; no el ejercicio libre de su profesión. Su amigo César Garizurieta inventó el sarcasmo: "Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error".

Paralelamente, algunas empresas se volvieron gigantescas; en la Capital, por su capacidad de conexión con el Gobierno; en otras ciudades, por su capacidad de organizar grupos industriales en torno a una familia emprendedora.

Un principio fundamental de la Revolución fue la no reelección. Otro, complementario, fue retirarse al terminar su mandato, con la seguridad de no ser molestados (aunque tuviesen fortunas mal habidas o crímenes impunes), siempre y cuando no molestaran a los sucesores. De hecho, se retiraban de la vida política. Pero podían hacer negocios con sus ahorros, y ése fue el origen de nuevos grupos industriales.

En los grupos industriales, los altos puestos eran para la familia, con excepciones en algunas especialidades. En el Gobierno, los altos puestos fueron para los compañeros de escuela, que funcionaron como una especie de familia, sin que dejaran de pesar los parentescos.

Para colocar a los amigos, parientes y "compañeros de banca" se crearon direcciones adjuntas, subsecretarías y empresas del Estado. El mercado de ejecutivos que no son de la familia ni del partido en el poder tardó en aparecer.

Los ideales universitarios cambiaron: de soñar en la independencia a soñar en el puestazo, con ingresos altos, poder, viajes y privilegios laborales. Pequeño problema: no hay más que miles de puestazos para millones de aspirantes a ocuparlos. Crear oportunidades para tantos favoreció la hinchazón del Estado.

Los microempresarios, los profesionistas libres, los especialistas independientes y todos los que trabajan por su cuenta están en el mercado de los bienes y servicios, no en el mercado del empleo. De hecho, crean su propio empleo y crean empleos para otros. Verlos como un problema terrible (la economía informal) es una ridiculez del mundo burocrático, que no sabe admirar más que su imagen y semejanza.

Hay que facilitar el autoempleo con más créditos y menos trámites. El trabajo subordinado no es la aspiración universal de la especie humana, aunque así lo crean personas bien intencionadas. Ofrecer a todos empleos formales y bien pagados es pura demagogia, irrealizable e indeseable. Por el contrario, hay que prestigiar y promover los oficios, profesiones y trabajos independientes.

El prestigio de los puestazos ha generado frustración en millones de personas que nunca llegarán a ocuparlos. También en miles que sí llegaron y padecen la grilla de las luchas por el poder, las arbitrariedades, las humillaciones y ansiedades que originaron la variante: "Vivir dentro del presupuesto es vivir en el terror".

Gabriel Zaid

Suelo repetir con terquedad, como epifanía personal incluso, que las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. De ahí mi obstinación -como forma de entender el mundo- por tratar de encontrar significados detrás de las cosas, las marcas y las personas.

Hoy termina un proceso de consulta ciudadana que pretende arrojar una decisión sobre qué hacer ante la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La decisión significará mucho para el País.

No sólo está en juego la forma de solucionar un evidente problema, sino el posicionamiento de México en el mundo.

Desde la antigüedad los imperios, reinos, gobiernos y sus líderes han querido dejar un manifiesto perdurable que habla de su poder, su visión o su talento. Obras extraordinarias que hoy maravillan se hicieron por la visión de líderes, no por consultas populares.

El Taj Mahal, Petra, Chichén Itzá, el Coliseo Romano, la Gran Muralla China, la Torre Eiffel, la pirámide de cristal en el Louvre seguramente no existirían hoy si se le hubiese preguntado a la gente lo que quería.

Uno de los manifiestos más fuertes que puede tener un país para construir marca es su aeropuerto. Es la puerta de entrada, la bienvenida, marca un precedente y genera expectativas.

No sólo es el valor funcional de la construcción, sino el valor simbólico que permite que los extranjeros tengan una idea del País y también un símbolo interno que aquilatan los locales.

Si no fuese así, el pueblo de México no presumiría su magnífica Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec y tantas otras obras de resplandor que pudieron no hacerse para ahorrarse muchos pesos.

Inclusive nuestro acervo prehispánico es motivo de gran orgullo. Teotihuacán no se hizo por consulta ciudadana. Y sí, Bellas Artes pudo haber tenido barro y mosaicos en vez de mármol, la Pirámide del Sol hubiera costado menos si la hubieran hecho menos grande, el valor de las grandes obras es simbólico más que funcional.

Entiendo a quienes alaban que por primera vez se toma en cuenta la voluntad del pueblo para hacer una obra de tal magnitud, pero de ninguna manera estoy de acuerdo en que una consulta ciudadana sea la forma más efectiva de tomar la mejor decisión.

Se elige a un gobernante para que tome decisiones, no para que las delegue en el pueblo. El valor democrático que le ven a la consulta ya se dio en la elección presidencial pasada. El pueblo mexicano escogió un líder, no a un encuestador.

Está comprobado que los consumidores no saben lo que quieren, pero pueden identificar lo que les conviene cuando lo ven. La papeleta con la que se hace la votación es una burla en comparación con la proyección y el impacto que tiene un aeropuerto como el planeado en Texcoco. En dado caso la gente debería decidir después de ver dos películas, dos narrativas.

Si la gente sacara en conclusión que le irá mejor al País, a la ciudad y a su familia con una de las dos alternativas, la gente no dudaría por cuál votar. El asunto ha pasado a significar una victoria política del nuevo grupo en el poder, así provoque un retroceso para el País.

Una mundialmente famosa empresa fabricante de muebles de oficina innovó en el mercado de sillas ejecutivas en la década de los 90. Antes de lanzar al mercado la novedosa silla, le preguntaron a la gente su opinión (mostrándoles un prototipo). Todos los grupos de consumidores rechazaron la silla por "fea" (fue la primera silla en tener superficie de malla, había sido inspirada en la textura del bejuco) aunque le concedieron alta calificación en ergonomía. Alguien tuvo el tino de apuntar que cuando la gente le decía "fea" tal vez significaba "diferente", pues no sabían de sillas ejecutivas innovadoras. A pesar de lo que dijo la consulta, lanzaron la silla al mercado. Ha sido el éxito más grande en más de 100 años de la firma.

Si por mí fuera, seguiría adelante con la obra en Texcoco, eso sí, con una auditoría y sanciones ejemplares en caso de encontrar ilícitos. López Obrador ha dicho que quiere pasar a la historia como el mejor Presidente de México. Tiene la oportunidad. Necesita construir valor simbólico.

¿Despegará?

Eduardo Caccia

ecaccia@mindcode.com

Los mexicanos estamos hartos de la violencia, las matanzas, la extorsión, los secuestros, la falta de seguridad y la displicencia que al respecto manifiesta la autoridad. En eso hay un consenso casi absoluto y universal.

Donde se divide -y polariza- la opinión es en qué hacer al respecto y, sobre todo, si Felipe Calderón cometió un error al atacar las bandas del crimen organizado.

Para algunos, el verdadero problema fue creer que la inseguridad es un problema: hubiera sido mejor, dicen, negociar la paz con los criminales, dejarles su espacio y, con eso, vivir en paz. Es decir, en esta lógica, el error fue "pegarle al avispero" porque eso provocó la violencia.

Detrás de la discusión sobre la seguridad pública yacen dos asuntos que con frecuencia se mezclan, pero que son distintos: por un lado, la función del Gobierno en materia de seguridad y, por otro, la estrategia que debe o puede seguirse para lograrla. O sea, lo primero es el objetivo al que debemos aspirar y lo segundo es cómo avanzar en esa dirección.

Aunque la disputa respecto a la seguridad se centra en lo segundo, la realidad es que lo importante es lo primero. Quienes perciben que el problema fue "pegarle al avispero" no comprenden que fue la naturaleza del régimen político lo que hizo posible la paz en el pasado, además de que desprecian el pánico en que vive la ciudadanía.

Hay una enorme dosis de nostalgia en la noción de que se puede retornar a esa era mítica de paz y tranquilidad que funcionaba porque el Gobierno "negociaba" con los criminales.

Esa nostalgia, que alimenta el discurso de AMLO y ha sido la guía de acción del Gobierno actual, parte de una premisa errónea: que la paz y estabilidad que efectivamente existía en los 50 o 60 era producto de un sistema de seguridad efectivo, cuando en realidad la paz y seguridad que México vivió por algunas décadas fue más producto de controles autoritarios que de un sistema de seguridad sostenible.

En pocas palabras, a menos que alguien crea que es deseable, o posible, reconstruir los 50, no hay a donde regresar.

Es en este contexto que debe evaluarse el actuar de Felipe Calderón en materia de seguridad. El gran mérito de Calderón fue que reconoció que el Gobierno es responsable de la seguridad pública. Cualesquiera que hayan sido sus errores -de estrategia o de implementación-, nada le resta el mérito de haber aceptado que el Gobierno es responsable de la paz entre los ciudadanos. Esto no es algo menor.

Su estrategia, en esencia, consistió en construir una Policía Federal que se dedicaría a confrontar a las organizaciones criminales.

Hay tres fuentes de crítica: unos no ven un problema y creen que Calderón lo creó. La paradoja de esa crítica es que la ola de muertes comenzó a declinar al final de su sexenio, sugiriendo que al menos algo bueno estaba ocurriendo.

Otros argumentan que se debió atacar las fuentes de dinero más que a los narcos mismos, o sea, un asunto de estrategia.

Finalmente, se argumenta que todo se concentró en atacar a la criminalidad y no en construir la base de un nuevo sistema de seguridad.

Los expertos evaluarán las críticas, pero no hay duda de que el legado relevante de Calderón es el haber reconocido la responsabilidad del Estado en esta materia. El reto ahora es construir un nuevo sistema de seguridad.

Más allá de lo que se haya hecho o dejado de hacer en materia de seguridad en las décadas que siguieron al declive del autoritarismo, estamos muy lejos de llegar a un consenso sobre la naturaleza del problema, lo que nutre los mitos y prejuicios que pululan la discusión sobre lo que debe hacer el próximo Gobierno.

Muchos de los planteamientos existentes, desde el mando único hasta la legislación en materia de seguridad interior, responden a intereses o situaciones particulares que nada tienen que ver con el temor que aqueja a buena parte de la ciudadanía.

El resultado es que tenemos una Policía Federal desquiciada y desanimada y ninguna visión o estrategia para construir seguridad de abajo hacia arriba, además de que quien ha sido responsable de la poca paz que hay -el Ejército- está bajo ataque.

La falacia de los nostálgicos radica en su suposición de que la seguridad se puede imponer cuando en realidad se tiene que construir. Y esa construcción debe ser de abajo hacia arriba, con todo el apoyo de la Policía Federal y del Ejército. Es decir, esas fuerzas deben enfocarse a hacer posible la construcción de capacidades policiacas y judiciales locales. Todo el resto es demagogia.

Luis Rubio

www.cidac.org