HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

El proyecto presidencial es claro: fundar el instituto electoral de eso que llaman "cuarta transformación". Quienes defienden la propuesta del Ejecutivo consideran que es consecuencia natural y necesaria de su victoria. Si ganamos, tenemos el derecho de hacernos de las instituciones que antes fueron de los otros.

La apropiación no se disfraza. Las instituciones se han rebautizado para presentarse como propiedad de quienes ganaron en el 2018. Si hay un Conacyt de la "cuarta transformación", ¿por qué no un INE de la "4T"?

Ésa sería la culminación del proyecto populista. Destruir el emblema del pluralismo para levantar un monumento que perpetúe la nueva hegemonía. De eso se trata: de subordinar todos los órganos del poder a la misma voluntad.

Siendo el INE un órgano que desentona, es necesario reemplazarlo por uno que se sume al coro. Que se agregue a la tropa de instituciones subordinadas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, abiertamente, reniega de su independencia para mostrar su orgullosa subordinación.

El Gobierno se empeña en aniquilar esa institución que ha sido la gran conquista y la gran palanca de la transición para tener un instrumento a su servicio. Darle a la mayoría el control del arbitraje para que su dominio se petrifique.

La destrucción del INE no sería una victoria simplemente simbólica para el régimen. Significaría un cambio en la estructura misma del régimen político. No hay exageración posible: sin árbitro imparcial no puede haber elecciones confiables. Sin elecciones confiables no hay democracia.

Hay ocasiones en que las disyuntivas son clarísimas y la complejidad desaparece. No hay medias tintas frente al intento de matar al árbitro para sustituirlo con un vasallo. De la preservación de la autonomía del INE depende la sobrevivencia del régimen democrático.

El árbitro no puede arremedar el trajín de los políticos. Congraciarse con un sindicato, recibir el apoyo de un partido, hacer campaña para decir lo que un auditorio quiere escuchar, disfrazarse con la vestimenta del lugar, hacer promesas, hacerse el simpático. El árbitro debe mantenerse lejos de ese circo.

¿A quién se le ocurre que podría ser una buena idea la mímesis de consejeros y diputados? La trayectoria del árbitro debe ser distinta a la de los jugadores. Su formación, su lenguaje, su lealtad deben ser muy distintos a los de los políticos.

Hay que decirlo claramente: los jueces no son nunca representantes de la gente. Un árbitro de futbol no tiene por qué ser leal a la porra más ruidosa o la hinchada más grande del estadio. Su compromiso es, por naturaleza, antipático: cuidar que las reglas se cumplan y eso exige castigar la trampa del equipo de casa.

Lo que el Presidente propone es que el árbitro sea elegido por la porra. Imagina que sería muy democrático ver al árbitro vestido con los colores del equipo local; que chiflara con rabia las jugadas del visitante, que le diera pase al delantero para meter gol y que festejara con entusiasmo con la afición más numerosa.

Para el populismo, política secuestrada por la enemistad, la imparcialidad no solamente es imposible, es indeseable. Por eso el lopezobradorismo no pierde el tiempo buscando simular que está construyendo un órgano neutral para organizar las elecciones.

Su ambición es tener un árbitro que represente a su "movimiento". Un árbitro que represente al "pueblo". Pero ya sabemos que el "pueblo" del populismo no es en realidad todo el pueblo, sino sólo el que sabe hacia dónde camina la historia y quién la encarna. Los otros podrán tener credencial de elector, pero no son realmente pueblo porque son enemigos de la historia encarnada.

El régimen no puede abrirle espacio a las instituciones de la imparcialidad. No puede, siquiera, concebirlas. El conflicto de la polarización perpetua no permite cimentar una plataforma común. La crítica populista a las instituciones parte de esa convicción. Los órganos del poder siempre tienen un dueño. Si antes eran ellos los dueños, ahora nos toca a nosotros apropiárnoslas.

El constitucionalismo, el proyecto de someter el poder a la ley, es por eso una ilusión liberal o, más bien, un engaño. Si nunca tendremos instituciones imparciales, debemos verlas como un campo de batalla. Y tras el triunfo, como botín de guerra.

Jesús Silva-Herzog Márquez

"Bienaventurados sean los jóvenes, porque ellos heredarán la deuda nacional". Herbert Hoover

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó al ex Presidente Ernesto Zedillo el 28 de octubre: "A menos de un mes de su llegada", dijo, cometió "el error de diciembre", que llevó a una crisis y rescate bancario que generó "una deuda que todavía hoy asciende a un billón de pesos, que vamos a seguir pagando por generaciones y generaciones todas las mexicanas y mexicanos".

Sheinbaum repetía así, como lo hace cada vez más, las posiciones del Presidente López Obrador.

Me parece bien que se cuestionen los errores de Carlos Salinas y Zedillo que provocaron la crisis de 1994-1995, la cual generó un quebranto bancario de 552 mil millones de pesos que, para diciembre de 2021, se había convertido en una deuda de un billón 40 mil millones de pesos.

Los errores del pasado, sin embargo, no son justificación para cometer nuevas equivocaciones.

Nada más en el tercer trimestre de este 2022, por ejemplo, Pemex perdió 52 mil 033 millones de pesos, en un momento en que todas las petroleras del mundo obtuvieron enormes ganancias.

En los mismos tres meses la Comisión Federal de Electricidad perdió 50 mil 671 millones de pesos. Pemex, de hecho, acumuló pérdidas por un billón 89 mil 955 millones de pesos entre 2019 y 2021, más que el monto actualizado del rescate bancario. Y no hay otros datos: son las cifras de Pemex y la CFE.

La deuda pública mexicana es relativamente baja si se compara con otros países, pero está aumentando con inquietante rapidez.

En diciembre de 2018, cuando AMLO asumió la Presidencia de la República, la deuda neta del sector público se ubicaba en 10 billones 830 mil millones de pesos. Para septiembre de 2022 alcanzó los 13 billones 505 mil millones de pesos. Es un alza de 24.7 por ciento.

El sector público está aumentando su deuda neta a un paso de casi un billón de pesos anuales, sí, lo mismo que el saldo actualizado de la deuda del Fobaproa. En el presupuesto del 2023 se estima un aumento de 1.1 billones en un solo año.

Una deuda pública solo puede pagarse, sin empobrecer a la población, con crecimiento económico; pero nuestra economía, en lugar de expandirse, se ha contraído. Tanto el PIB nominal como el per cápita están hoy abajo del que dejó el Gobierno anterior.

El Gobierno está impulsando el gasto corriente y reduciendo la inversión pública. Ésta, que llegó a ser de 6 por ciento del PIB en 2009, se redujo a 2.5 por ciento en 2021, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

Lo peor es que la poca inversión pública que queda se está encauzando a proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya que ya pierden o perderán dinero.

Los funcionarios actuales tienen todo el derecho a cuestionar los errores del pasado, pero eso no justifica que cierren los ojos ante los que ellos están cometiendo. Es verdad que tener una deuda neta del sector público de 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto parece razonable en un momento en que varios países desarrollados registran cifras superiores al 100 por ciento, pero eso no significa que no la tendremos que pagar con sacrificios.

Si aumentamos la deuda pública para financiar un creciente gasto corriente, y encauzamos mal lo poco que dedicamos a la inversión productiva, los pagos que tendremos que realizar se volverán cada vez más onerosos y sentarán las bases para una nueva crisis económica.

Puede ser justo criticar los errores de hace 28 años, pero es momento de señalar los actuales.

Sergio Sarmiento

"Los sobres grandes o pequeños se convirtieron en un símbolo de Andrés Manuel López Obrador". Elena Chávez, "El Rey del Cash"

La forma más fácil de cuestionar el contenido de "El Rey del Cash", el libro de Elena Chávez, ha sido calificarla de "mujer despechada".

Este argumento machista se ha utilizado siempre para minusvalorar los testimonios de las mujeres. Pero si bien siempre es sano tener cierto escepticismo ante los testimonios, y buscar corroboración independiente de los hechos, mucho de lo que se narra en el libro sí tiene confirmación.

Una parte de la información ya era pública y ha sido ratificada por el propio López Obrador y su equipo. Sabemos, por ejemplo, que después de la derrota electoral de 2006 el tabasqueño se autonombró "Presidente legítimo" y se asignó a sí mismo, y a los "Secretarios" y "Subsecretarios" de su Gabinete, sueldos de 50 mil pesos al mes.

Empezó entonces unas interminables giras por todo el País que, por muy baratas que hayan sido, tuvieron en su conjunto un costo elevado. Alguien estaba financiando estos sueldos y giras.

Tampoco es novedad que mucho de este dinero se obtuvo y se dispersó en efectivo. En varias ocasiones el Presidente se ha enorgullecido de no tener cuentas de cheques o tarjetas de crédito. Este uso de efectivo viola las leyes fiscales y sugiere que tanto el actual Presidente como sus colaboradores omitían el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Desde hace años, por otra parte, han surgido videos que muestran a colaboradores de López Obrador recibiendo sobres o maletas con efectivo, los cuales confirman las anécdotas del libro. Todos los involucrados han declarado que el dinero era para "el movimiento" y han asumido la responsabilidad, aplicando la fórmula que, según Chávez, se les ordenaba seguir: "Si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado".

También son públicos los descuentos a los sueldos de legisladores y funcionarios públicos para entregar dinero a la campaña electoral permanente de López Obrador. Chávez lo reitera a través de testimonios, pero los descuentos fueron confirmados jurídicamente en Texcoco, cuando Delfina Gómez era presidenta municipal, práctica que llevó a una sanción millonaria a Morena por parte del INE.

La propia Delfina ha reconocido que realizó estos descuentos, aunque dice que no fueron forzosos. Chávez, en "El Rey del Cash", afirma que los funcionarios, "resignados a nuestra suerte, cooperábamos ante el temor de perder el trabajo".

Hay otras anécdotas del libro que no han sido confirmadas. Chávez narra, por ejemplo, cómo Mario Delgado, entonces Secretario de Finanzas del Gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, entregaba maletas llenas de dinero a Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador.

Chávez da a propósito un testimonio personal, y no de oídas, de una de esas entregas. Sí hay registro público, en cambio, de que Ebrard declaró que no tenía ni recursos ni propiedades, lo cual no le impidió vivir durante años en París.

Chávez expresa dudas sobre la honestidad personal del Presidente, pero no ofrece indicios de que el Presidente López Obrador se haya enriquecido de estas aportaciones. No se puede decir lo mismo, sin embargo, de algunos de sus colaboradores.

La ambición del Presidente ha sido siempre más política que pecuniaria, pero su imagen como un hombre que no se interesa por el dinero cae por tierra.

Más bien, vemos en el libro a un político que siempre entendió que la política cuesta dinero y que quiso sacarlo de donde pudo y siempre en efectivo para no dejar rastro.

Sergio Sarmiento

En cualquier democracia funcional, los Guacamaya Leaks hubieran producido investigaciones, renuncias y descabezamientos políticos. En cualquier régimen parlamentario, el Gobierno ya hubiera caído. En un sistema verdaderamente transformador, el General Luis Cresencio Sandoval ya habría perdido el puesto por negarse a comparecer ante miembros del Congreso. Pero en México la impunidad es la normalidad. El caos es parte de la cotidianeidad.

El que un Presidente mienta, un Secretario de la Defensa se escabulla y un Ejército se mande a sí mismo se ha vuelto una realidad tolerada y e incluso justificada. Las revelaciones escandalosas de un día son olvidadas ante las revelaciones tenebrosas de la mañana siguiente. Y la magnitud de lo constatado acaba sepultada por las listas de precandidatos presidenciales inventadas por AMLO, por la pusilanimidad de la oposición, y un ciclo mediático enraizado en la inmediatez.

Pero "El Guacamayazo" tiene implicaciones y muy serias. Desnuda a un Presidente ignorante o subyugado, exhibe a un Ejército empoderado y desalmado, retrata a un país donde la construcción del narco-Estado avanza ante el pasmo de la autoridad. La militarización va de la mano con la colombianización.

Frente al hackeo que embiste y desviste, López Obrador recurre a cuatro estrategias usuales, distintivas de su estilo personal de gobernar: mentir, minimizar, bromear y distraer. En vez de sonar la alarma, toca la lira. En lugar de apagar el fuego, fomenta la piromanía. Para subestimar la gravedad del mensaje, ataca al mensajero, como lo hizo con la periodista Nayeli Roldán, quien fue a reclamar al Ejército espía.

En Palacio Nacional, el hackeo más grande de la historia es tratado como un simple chisme o un ataque por parte de los "adversarios". No importa que el espionaje realizado por la Sedena a periodistas y activistas haya sido confirmado por el Citizen Lab, expertos canadienses en ciberseguridad; Liz Vilchis sugiere que quizás fue obra de Chumel Torres.

No importa que los afectados tengan pruebas, y ya las hayan presentado ante la FGR; el Presidente mismo se dedica a desacreditarlos. Así como ocultó el estado de su salud, oculta si él da órdenes a la Sedena o si la Sedena le da órdenes a él.

Entre las muchas contradicciones y dobleces de la "4T", el hackeo expone una fundacional. El Gobierno no protege a las madres buscadoras de desaparecidos, o a las víctimas de la violencia, o a la niñez sin vacunas y escuelas, o los periodistas que se juegan el pellejo, o a los activistas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Pero sí protege a las Fuerzas Armadas.

El pilar de un Gobierno de "izquierda" es un instrumento de gobernabilidad utilizado por la derecha. Y ese Ejército viola, tortura, espía, desaparece, y actúa a sus anchas. Posee información relevante sobre los vínculos entre narcos y políticos, pero se la guarda. Diseña la legislación para extender su permanencia en las calles, y maniobra para que los diputados la presenten como suya. Veta la entrada a sus instalaciones, aunque eso implique no obtener justicia o verdad para Ayotzinapa, donde fue espectador y también perpetrador.

Sabe que los peligros que entraña el Tramo 5 del Tren Maya, pero sigue construyendo la obra a pesar de ellos. Documento hackeado tras documento hackeado, va surgiendo una trama de opacidad y ocultamiento, de silencio y complicidad, de intereses ajenos al pueblo y a la democracia.

El Ejército no es como lo vende el Presidente. No es prístino, ni incorruptible, ni leal, ni "pueblo bueno". El general Luis Cresencio Sandoval es tan fifí y aspiracionista como aquellos a quienes AMLO denuesta a diario. Manda bordar toallas con sus iniciales y los de su esposa, compra y regala corbatas Pineda Covalín y relojes de lujo.

Los miembros de las Fuerzas Armadas saben que funcionarios de Campeche, Veracruz y Chiapas podrían estar vinculados con los cárteles, pero no revelan con quién comparten esa información. Los militares violan mujeres, pero encubren el comportamiento criminal de la corporación. Y así, espiando, solapando, armando empresas, planeando la operación de una aerolínea, museos y hoteles -además de lo que ya controlan-, las Fuerzas Armadas arman un meganegocio saqueador, mejor conocido como Sedena Inc.

El cártel de cárteles, el supra-poder, al margen de la ley, y por encima del Gobierno Guacamaya que lo engendró.

Denise Dresser

Los negocios de venta al menudeo, las tiendas de cualquier tipo, son propiedad privada. Parece perogrullada, pero a la mayoría se le olvida.

El dueño decide qué productos vender, cómo ofrecerlos/exhibirlos, qué precios poner, cómo cobrar, etc.

Cada quien decide su modelo de negocio, en el cual, entre otras cosas, definen qué segmento de mercado quieren atender.

Por ejemplo si es un negocio de fiestas infantiles, con juegos e instalaciones para niños, es muy probable que no acepten hacer fiestas para adultos.

Y eso NO es discriminación. De igual forma, hay negocios donde venden productos para adultos, como las tiendas tipo "sex shops", y se prohíbe la entrada a menores.

El dueño, en su propiedad privada, pone las reglas. Los consumidores tenemos todo el poder de decisión para decidir si compramos el producto o servicio que una tienda ofrece. Nadie nos obliga a comprar. Y de igual forma el dueño del negocio no está obligado a vender.

Muchos piensan que si es una tienda "abierta al público" es obligación que te vendan, pero NO es así. Que la narrativa dominante de gobiernos, políticos, burócratas, y demás, digan que los dueños de negocios están obligados  a vender no lo hace justo. Desde la perspectiva liberal el libre comercio debe darse entre 2 personas en plena libertad y sin coacción.

Si los dueños de negocios son obligados a vender en condiciones que ellos no quieren, por las razones que sean, ya no es libre mercado. Ya es una imposición.

Nos podrán parecer estúpidas las razones de alguien para no venderle a un determinado segmento de la población, pero cada quien hace con su propiedad privada lo que le de la gana.

Yo muchas veces me molesto porque algunos negocios no abren en domingo o cierran temprano, y digo "qué pendejos, podrían vender mas". Pero si al dueño le funciona, quién soy yo para meterme en su propiedad privada.

Argumentar que un negocio se enfoque en un segmento de mercado, por ejemplo atender solo a hombres o solo a mujeres no es discriminación. Es simplemente la decisión de alguien de enfocar su propiedad privada en un segmento específico.

Bares que atienden a ambos sexos ya hay muchos, quizá el diferenciador de los dueños de cantinas es enfocarse en el segmento de hombres que quieren un pinche club de toby para decir pendejadas libremente, quién sabe!!!

Pero es su propiedad privada y así lo decidió!!

Para tener una sociedad mas pacífica y con mejor convivencia creo que debemos empezar con el respeto irrestricto a la propiedad privada de los demás. Así de Simple y Directo. Aunque sus decisiones nos parezcan estúpidas.

#aguzados #estadolovers

"Muchos alabamos la honestidad, pero la dejamos morir de hambre". Juvenal

Desde hace mucho tiempo sabemos que la cancelación de las compras consolidadas de medicamentos que hacía el IMSS ha resultado en desabastecimiento y en pagos mayores para los contribuyentes.

Hoy tenemos ya, sin embargo, cifras más precisas. El sobrecosto por las compras que se realizaron a través de la UNOPS se eleva a cuando menos a 4 mil 549 millones de pesos, según Enrique Martínez del Instituto Farmacéutico (Inefam). Éste es el costo de la austeridad republicana convertida en pobreza franciscana.

Ante este dispendio extravagante vale la pena recordar que las compras consolidadas fueron canceladas por presuntos actos de corrupción que nunca se detallaron ni se judicializaron.

No hay hasta este momento una sola acusación formal por las compras consolidadas que realizaba el IMSS en representación de todo el sector público de salud; no hay siquiera un señalamiento de alguna transacción que pudiera haber sido irregular; no hay cargos contra ningún funcionario o ex funcionario del IMSS, ni contra algún ejecutivo de la industria farmacéutica. El Presidente López Obrador simplemente decidió, sin ninguna investigación previa o posterior, que esas compras eran corruptas.

Al quitarle al IMSS el proceso para dárselo primero a la Oficialía Mayor de Hacienda, después a la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) y ahora al Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) y a las instituciones individuales de salud, sin embargo, ha provocado un desabastecimiento que ha costado cientos o miles de vidas y precios mayores.

Es difícil entender el razonamiento de reemplazar un proceso que funcionaba bien por otro ineficiente y más costoso.

El Presidente examina temas sin conocimiento previo, pero sí con prejuicios, y toma decisiones como si estos hubieran quedado comprobados. Lo ha hecho una y otra vez en temas diversos. Busca, además, funcionarios que le tengan obediencia ciega, aunque no sepan nada del tema del que se responsabilizan.

Ha sido el caso de Raquel Buenrostro, que desde la Oficialía Mayor de Hacienda tomó originalmente el compromiso de hacer unas compras de medicamentos de las que no entendía nada, o Juan Ferrer, titular del Insabi, cuya experiencia previa en salud había sido dirigir centros arqueológicos.

Lo más curioso es que AMLO tiene a un director general del IMSS, Zoé Robledo, al que supuestamente le tiene confianza. Éste ha logrado, hasta donde podemos ver, un buen desempeño al frente de la institución. Tiene además fama de honesto.

No se entiende así por qué AMLO, en lugar de dejar el proceso en sus manos, ha preferido experimentar con funcionarios e instituciones sin experiencia que sólo han provocado desabastecimiento y costos más elevados.

Quizá al Presidente no le interesan los resultados prácticos. Tiene una inclinación extraña por entregar la administración de temas complejos a funcionarios que se distinguen por su lealtad y obediencia, pero no por su conocimiento.

Así, le ha encargado al Canciller la compra de vacunas, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México la reparación de un aeropuerto y al Secretario de la Defensa la construcción de otro aeropuerto y de un tren.

Es un gobernante al que le gusta que quienes se hacen cargo de las tareas no piensen o cuestionen, sino simplemente obedezcan.

El costo de la improvisación, no obstante, está siendo enorme. Cancelar las compras consolidadas del IMSS ha provocado no sólo desabastecimiento de medicamentos, sino costos mucho mayores de adquisición. Esto no es austeridad republicana ni pobreza franciscana, es simple ineptitud.

Sergio Sarmiento

El ciberataque a los servidores de Sedena debería ser suficiente para pausar la decisión de darle una transitoria justificación constitucional a la militarización de la seguridad pública hasta el 2028. Lo primero sería hacer una investigación para entender cómo fue posible tan gigantesco robo de información.

¿Cuántas otras vulnerabilidades no se esconden tras la opacidad de las Fuerzas Armadas? A diferencia de otras democracias, el Secretario de la Defensa en México es un militar en activo. Se gestionan en un mundo aparte. Por ello la información filtrada, e irá saliendo mucha más, nos dará elementos para saber qué tanta confianza se puede tener en los militares. ¿Tienen las competencias para hacerse cargo de tantas y crecientes funciones y hacerlo dentro de la legalidad?

AMLO ha optado por minimizar el problema y seguir su camino. Ni una investigación amerita, dice. No quiere reconocer su importancia. Mientras, consiguieron los votos en el Senado para reformar la Constitución.

Seguiremos teniendo altos niveles delictivos por no aprovechar este momento para hacer un análisis serio de cómo resolver nuestro grave problema de seguridad pública. Para enfrentarlo hay que fortalecer las instituciones estatales y municipales en la materia. Lo agregado al respecto en el Senado es insuficiente. AMLO en los hechos no acepta siquiera nombrar a un Secretario de Seguridad que no provenga de las Fuerzas Armadas.

Los resultados de la estrategia de seguridad hasta ahora son pobres. Sin embargo, AMLO va derecho, no se quita. Es el sello de la casa.

Los ejemplos sobran. Si es complicado que el Tren Maya acceda a Mérida y Campeche, dos de los destinos urbanos más importantes del absurdo circuito ferroviario, la solución es pasarse de largo. Lo importante es terminar, aunque acabe costando más y sirviendo menos de lo esperado.

Lo mal planeado tiene costos altos para el erario y la población. Por increíble que parezca, destruyeron el Seguro Popular y crearon el Insabi sin siquiera saber cómo iba a operar. No aprendieron. Ya están en otra improvisación. El desastre se manifiesta en dinero tirado, medicinas caducas y falta de servicios médicos.

Lo importante para AMLO es convencer a su público de que se está cumpliendo. Si había una fecha ya comprometida, se inaugura la refinería, aunque esté lejos de poder operar.

Los costos políticos de la falta de planeación y discusión de las políticas públicas han sido bajos. El electorado lo ha castigado poco por no cumplir sus grandes promesas en materia de crecimiento, combate a la pobreza, corrupción y seguridad.

El Gobierno tiene el control de la narrativa, el foro, la agenda y las instituciones clave. Ahora viene el siguiente esfuerzo: tener una ley electoral a modo. Hay un solo fin: el triunfo de Morena en el 2024.

La estrategia política está funcionando. Morena es, por mucho, el partido más fuerte. Han podido romper la alianza legislativa de la oposición y recordarle a la ciudadanía que el PRI y el PAN fueron derrotados en el 2018 por sus historias de corrupción. Que un partido con tanta ventaja quiera reglas electorales a su medida no deja de sorprender. ¿Prefieren erosionar su legitimidad que arriesgarse a jugar con reglas parejas?

El sexenio terminará en medio de una gran incertidumbre en el mundo. Se acabó el ciclo de alto crecimiento de Estados Unidos y de tasas de interés bajas. En Europa hay una guerra y riesgos de escalamiento no vistos desde hace décadas. Qué tan seria vaya a ser la recesión, nadie lo sabe.

En los siguientes dos años este complicado entorno va a requerir flexibilidad y capacidad de reacción frente a los problemas, los nuevos y los viejos. Si AMLO insiste en seguir derecho y no virar para aprovechar las oportunidades que nos sigue dando el realineamiento de la economía mundial, puede estrellarse contra un muro. El impacto puede ser muy costoso para todos.

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Según el Eclesiastés, hay "un tiempo para destruir y un tiempo para edificar... tiempo para rasgar y tiempo para coser... tiempo de guerra y tiempo de paz". La pregunta pertinente para México es cuáles de estos modos de proceder han caracterizado al Presidente. Teniendo alternativas, ha hecho más por destruir, desunir y agredir que por edificar, coser y pacificar. Nada indica que vaya a alterar su naturaleza de aquí al fin del sexenio. ¿Estadista o profeta?

Los estadistas, dice Kissinger, comprenden que tienen que desarrollar un par de tareas esenciales: preservar la integridad de su sociedad, impulsando el cambio y el progreso, preservando la esencia; y atenuar las actitudes visionarias con cautela. Los estadistas tienden a ser conscientes de las muchas esperanzas que han fallado, las buenas intenciones que no se lograron y la terca persistencia en los asuntos humanos del egoísmo, el hambre de poder y la violencia. Por su parte, los profetas parten de imperativos: "los líderes proféticos invocan sus visiones trascendentes como prueba de su rectitud". Creyentes en el destino, "los líderes proféticos tienden a desconfiar del gradualismo como una concesión innecesaria al tiempo y la circunstancia; su objetivo es trascender, no administrar el statu quo". Entre los primeros, dice Kissinger, están Atatürk, Roosevelt y Nehru; típicos de los segundos son Robespierre, Lenin y Gandhi.

¿Dónde queda México al final del sexenio? Seis años de golpeteo sistemático, destrucción irredenta y polarización como estrategia dejarán un país dividido, en pugna permanente y sin una senda natural a seguir. Peor, la situación fiscal en que el Gobierno saliente dejará al país obligará al sucesor o sucesora a enfrentar una realidad inexorable: el erario habrá sido vaciado, quizá no por funcionarios corruptos (aunque también hay muchos de esos), sino por una sistemática desviación de fondos de las funciones elementales del Gobierno (como salud, educación y seguridad) hacia proyectos faraónicos y, sobre todo, a las clientelas favoritas del Presidente. Un erario vacío y sin futuro obligará a revisar todo, comenzando por los dogmas destructivos que fueron la esencia del Gobierno actual.

Seis años de un profeta seguro de su rectitud, pero sin la menor preocupación por los problemas cotidianos que aquejan a la ciudadanía (como empleo, seguridad e ingresos) habrán dejado al país al borde de la quiebra y con pocas opciones para salir adelante. Aunque su popularidad haya podido ser elevada, ésta ha sido un reflejo de la naturaleza de la persona y del éxito mediático-narrativo de su estrategia, más no de un Gobierno capaz y exitoso en atender las necesidades inmediatas del país o en construir las estructuras e instituciones que permitirían un desarrollo de largo plazo. El profeta incapaz de entender la circunstancia del país, del mundo o de la población.

Justo cuando México demandaba la presencia de un estadista con visión clara del futuro, pero con una cimbra sólida en la realidad del país y del mundo del momento, AMLO llegó con un amplio sustento popular, pero sin comprensión (o interés por) las circunstancias del momento. Convencido de la probidad de su visión, el Presidente ignoró la lógica -correcta o incorrecta, pero no deshonesta- que había animado a sus predecesores, para arrasar con todo lo existente. En lugar del pretendido "nuevo" régimen, deja una nación ayuna de oportunidades y sumida en contradicciones.

Vendrá un nuevo Gobierno que no tendrá mayor alternativa que comenzar a arar de cero. A unos les preocupa que persista un Gobierno de Morena, a otros les asusta que venga alguien distinto, de un partido o alianza hoy en la oposición. La verdad es que, venga quien venga, los problemas que enfrentará el nuevo Presidente, hombre o mujer, serán enormes. Luego de décadas de construir estructuras fiscales diseñadas para conferirle estabilidad a la economía, el Presidente ha apostado a que las cosas salgan bien por sí mismas. ¿Para qué ahorrar en años de vacas gordas si, con suerte, nunca habrá años de vacas flacas? Vació los fondos y fideicomisos, aniquiló instituciones, violó toda clase de preceptos legales y regulatorios para afianzar su popularidad. La marca de un profeta, nunca un estadista.

El liderazgo, para ser sostenido y efectivo, tiene que ser más grande que la ambición personal. Los retos que enfrentan México y los mexicanos son inconmensurables y no mejoran financiando déficits de empresas como Pemex o CFE, que no son más que entelequias, ni mucho menos se resuelven con transferencias a una población desesperada y resentida que requiere instrumentos para transformarse y salir adelante, así como oportunidades para crecer y ser parte del desarrollo. Estos seis años habrán sido un gran desperdicio no sólo por la destrucción de posibilidades, sino sobre todo por la creación de mitos que harán tanto más difícil la labor de quien venga en 2024.

Herbert Stein, un famoso economista, acuñó una ley que lleva su nombre y que describe hacia dónde vamos: "Si algo no puede seguir para siempre, va a parar". El mundo de fantasía que imaginó el Presidente y al que dedicó ingentes recursos, no es sostenible, por lo que no puede seguir. No importa quien venga, la tarea comenzará por picar piedra.

Luis Rubio