domingo, agosto 02, 2009
¿Distribuir la riqueza o generarla? Populismo versus liberalismo
Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.Etiquetas: demagogia, liberalismo, pobreza, populismo, reformas, riqueza
viernes, junio 20, 2008
Samba petrolera
"Mientras México sigue importando gasolina a pesar de ser un país petrolero, Petrobras está no sólo produciendo, sino está exportando gasolinas hechas en Brasil".
Felipe Calderón Hinojosa
Hace algunas semanas entrevisté a Alejandro Encinas, el todavía candidato a la presidencia nacional del PRD, quien me dijo que Petrobras, la empresa petrolera brasileña, era un gran fracaso y nos demostraba cuál era el rumbo que México no debía seguir en la reforma petrolera. Con anterioridad, el propio ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador había descalificado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sugerir una sociedad entre Petrobras y Pemex, lo cual, a juicio de López Obrador, equivalía a promover una "privatización de Pemex".
La posición de Encinas y López Obrador no debe sorprender. Brasil es un país que ha abierto su industria petrolera mucho más, incluso de lo que propone el presidente de México, Felipe Calderón. Dado que ellos consideran que cualquier apertura es una traición a la patria, Brasil y Petrobras son un peligro para su posición ideológica.
La reforma petrolera brasileña fue iniciada por Fernando Henrique Cardoso, un Presidente socialdemócrata, de izquierda moderada, en 1995, pero ha sido mantenida y fortalecida por el gobierno más izquierdista de Lula. Como parte de esa reforma, Petrobras se abrió al capital privado y empezó a hacer alianzas con empresas brasileñas y extranjeras. En la actualidad el Gobierno sólo mantiene el 32 por ciento de las acciones de Petrobras, la cual cotiza en bolsas del Brasil y del extranjero. Alrededor de 50 empresas privadas realizan operaciones de exploración, extracción, transporte y procesamiento de petróleo y sus derivados en Brasil, en sociedad o solas. Petrobras ha establecido numerosas coinversiones con firmas privadas para operar en el país y también en el extranjero.
¿Ha sido tan desastrosa la operación de Petrobras como para que Encinas y los perredistas la consideren como un enorme fracaso cuyo ejemplo debemos evitar los mexicanos? ¿Ha perdido Brasil soberanía? Todo lo contrario. Petrobras y la industria petrolera brasileña parecen una gran historia de éxito. En contraste, Pemex es un fracaso absoluto.
Brasil era un país que hasta hace algunos años importaba virtualmente todo su petróleo. Petrobras se dedicaba a comprar, distribuir y vender combustibles. La empresa y sus socios, sin embargo, empezaron a invertir y a transformar la industria petrolera del país. Petrobras construyó primero una fuerte capacidad de refinación, lo cual le permitió convertirse en exportador de gasolina incluso cuando todavía era importador de crudo. Hoy la producción de petróleo del país ha alcanzado los 2 millones de barriles diarios, lo cual le deja un excedente de unos 400 mil barriles para la exportación.
Ahí no termina, sin embargo, la historia de éxito. Gracias, precisamente, a que ha establecido sociedades con algunas de las empresas más importantes del mundo, las cuales cuentan con la tecnología más avanzada, Petrobras ha hecho hallazgos muy importantes de yacimientos de petróleo crudo. De hecho, la empresa es hoy una de las mejores a nivel internacional por su capacidad de operar en aguas profundas.
Entre los campos que ha encontrado está el de Tupi, cerca de Río de Janeiro, considerado como el más importante hallado en cualquier lugar del mundo en los últimos años. Petrobras ha descubierto petróleo, incluso en el Golfo de México -del lado estadounidense, por supuesto- en una coinversión con la europea Shell, la estadounidense Marathon Oil y la italiana ENI.
Pemex y la industria petrolera mexicana, en cambio, son un verdadero ejemplo de fracaso. Si bien México contó con la enorme suerte de encontrar en los años 70 un enorme yacimiento en aguas someras, el de Cantarell, sin siquiera tener que realizar un esfuerzo de exploración, el País pronto dispendió la riqueza encontrada. Los recursos que produjo Cantarell, en lugar de reinvertirse, se emplearon en gasto corriente del Gobierno.
Con el tiempo, la producción de ese campo ha empezado a decaer y con ella la del País. México no logró siquiera convertirse en productor autosuficiente de gasolina en ese tiempo. Convenía más hacer inversiones de refinación en el exterior, como en Deer Park, en Houston, con la Shell, que en un México en que se le prohibían a Pemex las sociedades con firmas privadas.
Petrobras y Brasil serán grandes potencias petroleras en los años que vienen. El optimismo de los analistas se ve reflejado en las calificaciones de los bonos de la empresa y del país, así como en la bonanza de los mercados bursátiles brasileños (Petrobras, por supuesto, cotiza en bolsa, cosa que Pemex no hace).
México, en cambio, parece destinado a convertirse en importador neto no sólo de gasolina y petrolíferos, sino de crudo, en los próximos años. La historia de éxito es Petrobras y la de fracaso Pemex.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
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Parece que ya le empezó a llegar de nuevo su cheque a Sarmiento desde Bucareli. jajajajajajaja
Le faltó un dato importante a Sarmiento. Si bien el gobierno de Brasil sólo tiene el 32% del total del capital accionario de Petrobras, posee el 60% (si mal no recuerdo) de las acciones con derecho a voto. Con eso, el gobierno decide unilateralmente reinvertir todas las utilidades que quedan después de pagar los impuestos generales y especiales al petróleo (la mayor parte de la renta pretrolera), de tal manera que la renta la conserva el Estado para beneficio del país, y se arriesgó capital privado, no el Erario. Eso es soberanía. Eso es mantener el control. Lo demás es demagogia.
Pero no le hagan caso a Sarmiento. No es un intelectual (what ever that means) y además es un conservador (quiere cambiar el status quo) que recibe dinero del gobierno espurio. Tampoco me hagan caso a mi. Soy un ignorante que no conozco la historia y vivo cegado por la información manipulada de Telerisa y TV Azqueta. Ah!, también del periódico de la derecha, Reforma/El Norte. :-))
Digo, porque no puede haber otra explicación para que yo tenga estas ideas. La única opción posible es mi ignorancia. Si, eso debe ser.
Lo que es no tener argumentos ni propuestas.
Felipe Calderón Hinojosa
Hace algunas semanas entrevisté a Alejandro Encinas, el todavía candidato a la presidencia nacional del PRD, quien me dijo que Petrobras, la empresa petrolera brasileña, era un gran fracaso y nos demostraba cuál era el rumbo que México no debía seguir en la reforma petrolera. Con anterioridad, el propio ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador había descalificado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sugerir una sociedad entre Petrobras y Pemex, lo cual, a juicio de López Obrador, equivalía a promover una "privatización de Pemex".
La posición de Encinas y López Obrador no debe sorprender. Brasil es un país que ha abierto su industria petrolera mucho más, incluso de lo que propone el presidente de México, Felipe Calderón. Dado que ellos consideran que cualquier apertura es una traición a la patria, Brasil y Petrobras son un peligro para su posición ideológica.
La reforma petrolera brasileña fue iniciada por Fernando Henrique Cardoso, un Presidente socialdemócrata, de izquierda moderada, en 1995, pero ha sido mantenida y fortalecida por el gobierno más izquierdista de Lula. Como parte de esa reforma, Petrobras se abrió al capital privado y empezó a hacer alianzas con empresas brasileñas y extranjeras. En la actualidad el Gobierno sólo mantiene el 32 por ciento de las acciones de Petrobras, la cual cotiza en bolsas del Brasil y del extranjero. Alrededor de 50 empresas privadas realizan operaciones de exploración, extracción, transporte y procesamiento de petróleo y sus derivados en Brasil, en sociedad o solas. Petrobras ha establecido numerosas coinversiones con firmas privadas para operar en el país y también en el extranjero.
¿Ha sido tan desastrosa la operación de Petrobras como para que Encinas y los perredistas la consideren como un enorme fracaso cuyo ejemplo debemos evitar los mexicanos? ¿Ha perdido Brasil soberanía? Todo lo contrario. Petrobras y la industria petrolera brasileña parecen una gran historia de éxito. En contraste, Pemex es un fracaso absoluto.
Brasil era un país que hasta hace algunos años importaba virtualmente todo su petróleo. Petrobras se dedicaba a comprar, distribuir y vender combustibles. La empresa y sus socios, sin embargo, empezaron a invertir y a transformar la industria petrolera del país. Petrobras construyó primero una fuerte capacidad de refinación, lo cual le permitió convertirse en exportador de gasolina incluso cuando todavía era importador de crudo. Hoy la producción de petróleo del país ha alcanzado los 2 millones de barriles diarios, lo cual le deja un excedente de unos 400 mil barriles para la exportación.
Ahí no termina, sin embargo, la historia de éxito. Gracias, precisamente, a que ha establecido sociedades con algunas de las empresas más importantes del mundo, las cuales cuentan con la tecnología más avanzada, Petrobras ha hecho hallazgos muy importantes de yacimientos de petróleo crudo. De hecho, la empresa es hoy una de las mejores a nivel internacional por su capacidad de operar en aguas profundas.
Entre los campos que ha encontrado está el de Tupi, cerca de Río de Janeiro, considerado como el más importante hallado en cualquier lugar del mundo en los últimos años. Petrobras ha descubierto petróleo, incluso en el Golfo de México -del lado estadounidense, por supuesto- en una coinversión con la europea Shell, la estadounidense Marathon Oil y la italiana ENI.
Pemex y la industria petrolera mexicana, en cambio, son un verdadero ejemplo de fracaso. Si bien México contó con la enorme suerte de encontrar en los años 70 un enorme yacimiento en aguas someras, el de Cantarell, sin siquiera tener que realizar un esfuerzo de exploración, el País pronto dispendió la riqueza encontrada. Los recursos que produjo Cantarell, en lugar de reinvertirse, se emplearon en gasto corriente del Gobierno.
Con el tiempo, la producción de ese campo ha empezado a decaer y con ella la del País. México no logró siquiera convertirse en productor autosuficiente de gasolina en ese tiempo. Convenía más hacer inversiones de refinación en el exterior, como en Deer Park, en Houston, con la Shell, que en un México en que se le prohibían a Pemex las sociedades con firmas privadas.
Petrobras y Brasil serán grandes potencias petroleras en los años que vienen. El optimismo de los analistas se ve reflejado en las calificaciones de los bonos de la empresa y del país, así como en la bonanza de los mercados bursátiles brasileños (Petrobras, por supuesto, cotiza en bolsa, cosa que Pemex no hace).
México, en cambio, parece destinado a convertirse en importador neto no sólo de gasolina y petrolíferos, sino de crudo, en los próximos años. La historia de éxito es Petrobras y la de fracaso Pemex.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
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Parece que ya le empezó a llegar de nuevo su cheque a Sarmiento desde Bucareli. jajajajajajaja
Le faltó un dato importante a Sarmiento. Si bien el gobierno de Brasil sólo tiene el 32% del total del capital accionario de Petrobras, posee el 60% (si mal no recuerdo) de las acciones con derecho a voto. Con eso, el gobierno decide unilateralmente reinvertir todas las utilidades que quedan después de pagar los impuestos generales y especiales al petróleo (la mayor parte de la renta pretrolera), de tal manera que la renta la conserva el Estado para beneficio del país, y se arriesgó capital privado, no el Erario. Eso es soberanía. Eso es mantener el control. Lo demás es demagogia.
Pero no le hagan caso a Sarmiento. No es un intelectual (what ever that means) y además es un conservador (quiere cambiar el status quo) que recibe dinero del gobierno espurio. Tampoco me hagan caso a mi. Soy un ignorante que no conozco la historia y vivo cegado por la información manipulada de Telerisa y TV Azqueta. Ah!, también del periódico de la derecha, Reforma/El Norte. :-))
Digo, porque no puede haber otra explicación para que yo tenga estas ideas. La única opción posible es mi ignorancia. Si, eso debe ser.
Lo que es no tener argumentos ni propuestas.
Etiquetas: AMLO, Brasil, conservador, demagogia, inversión, liberalismo, Lula, PEMEX, PetroBras, petroleo, populismo, reaccionario, reformas, riqueza
domingo, junio 01, 2008
...y, al vino, vino
Nada ha cambiado desde los 70 en que se evidenció una disputa por el futuro de la nación. Desde entonces tenemos un país profundamente dividido en su visión de futuro, desde entonces vienen chocando dos visiones encontradas: la de los nacionalistas estatistas y la de los modernizadores. Cada una tiene sus raíces en nuestra historia y ambas pregonan soluciones definitivas, pero su enfoque y objetivos son radicalmente distintos. La tragedia es que estamos en el mismo lugar treinta años después. Hemos desperdiciado tres décadas sin poder resolver esta disputa, que ahora se manifiesta en el tema del petróleo.
Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.
Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".
La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.
A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.
Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.
Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.
Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.
El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.
La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.
Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.
Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.
Luis Rubio
www.cidac.org
Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.
Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".
La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.
A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.
Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.
Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.
Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.
El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.
La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.
Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.
Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.
Luis Rubio
www.cidac.org
Etiquetas: conservador, constitucion, crecimiento, demagogia, economia, empleo, inversión, liberalismo, monopolios, PEMEX, PetroBras, petroleo, populismo, reaccionario, reformas, riqueza
viernes, mayo 30, 2008
Privatizar
"Sé que ya... nunca me van a privatizar. Nada ganarían con hacerlo, estoy de acuerdo, pero es un consuelo".
Carlos Monsiváis
¿Cómo, de ser un término técnico, "privatizar" se convirtió en una mera descalificación? El sentido original de la palabra, vender una empresa pública a empresarios privados, se ha desvanecido por completo en nuestros medios de comunicación. Hoy es simple sinónimo de perversión, corrupción y deshonestidad.
El rechazo a las "privatizaciones", especialmente de la industria petrolera, está uniendo a perredistas radicales, como Gerardo Fernández Noroña, con algunos de los priistas más encumbrados. Incluso aquellos que en su momento privatizaron empresas, como el ex director general de Pemex y actual presidente de la Fundación Colosio del PRI, Francisco Rojas, cuestionan hoy las "privatizaciones". Cómo estarán las cosas que un liberal como Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda y hoy presidente de Telefónica Española en México, ha criticado también las privatizaciones... o por lo menos la de Telmex.
En su labor ideológica, los perredistas y algunos priistas utilizan una definición de "privatización" que va mucho más allá de la que yo conozco. Privatizar no es para ellos vender los activos de una empresa pública a inversionistas privados: el que un gobierno o una paraestatal contrate la compra de papel higiénico con una empresa privada es, también, una privatización.
El prejuicio no existía, por supuesto, en la Constitución liberal de 1857, pero tampoco en la "social" de 1917. Ésta estableció la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, como ocurre ahora en la mayoría de las naciones del mundo, pero precisaba que "podrán hacerse concesiones" a particulares con la condición de que se cumplan los "requisitos que provengan de las leyes".
Ni siquiera Lázaro Cárdenas eliminó la participación privada en el petróleo. La Ley Reglamentaria al artículo 27 que publicó en noviembre de 1940 permitió expresamente el trabajo del sector privado en exploración y explotación a través de los "contratos de riesgo", ideados por el propio Cárdenas y después imitados en todo el mundo. Estos contratos no fueron eliminados de la ley reglamentaria sino hasta 1958 y de la Constitución en 1960, cuando los conservadores estaban ya en control del PRI y del gobierno.
Hoy estamos viendo en el Senado un desfile de políticos y juristas conservadores, incapaces de considerar la posibilidad de realizar cambios a nuestro marco jurídico para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Primero exigieron que la reforma energética no hiciera cambios a la Constitución; y cuando se les atendió, y el gobierno buscó maneras de promover la inversión sin tales cambios, acusaron al Presidente de violar la Constitución.
Los mexicanos, sin embargo, no deberíamos estar discutiendo dogmas sino medidas para construir una industria petrolera más eficiente y que beneficie más a los mexicanos. Deberíamos dejar a Pemex las decisiones de cómo, dónde, cuándo y con quién invertir. Así lo hacen las cabezas de Petrobras o de Repsol, las exitosas empresas petroleras de Brasil y España. Si fuéramos más inteligentes, hoy estaríamos invirtiendo en todo: pozos marginales, aguas someras, aguas profundas, yacimientos en tierra firme y refinerías. Lo haríamos con y sin socios porque las condiciones del mercado, con un precio alto del petróleo, y las necesidades del País, con una pobreza lacerante, así lo exigen.
Pero no. Quienes están tomando las decisiones son un pequeño grupo de conservadores que tiemblan ante la posibilidad de hacer cambios a la ley o de que se les llame "privatizadores". Son los mismos, empero, que cuando tuvieron posiciones de responsabilidad no dudaron en privatizar empresas, como lo hizo Francisco Rojas con Mexlub cuando fue director de Pemex.
Mientras nuestros conservadores debaten, vale la pena volver la vista a los verdaderos políticos progresistas del mundo. Ahí está el socialista Felipe González, que privatizó Repsol, la petrolera española (en la cual Pemex, paradójicamente, tiene una participación), y Endesa, la empresa de electricidad. En Chile el también socialista Ricardo Lagos privatizó los servicios de agua y sanidad y promovió la construcción de autopistas privadas.
La diferencia es que González y Lagos representan una izquierda verdadera, interesada en generar inversión y en mejorar el nivel de vida de quienes menos tienen. Nuestros políticos, en cambio, se dicen de izquierda pero son conservadores. Para ellos son más importantes los dogmas sobre la privatización que el bienestar de los mexicanos.
Brasil e Indonesia
Dos ejemplos internacionales, dos caminos. Por un lado Brasil -con Petrobras, controlada por el gobierno pero con abundante capital privado-, que ha logrado grandes hallazgos de crudo en aguas profundas de Brasil y del Golfo de México. En pocos años, Brasil se ha transformado de importador a exportador de petróleo. Del otro lado Indonesia -con su estatal Petromina-, que fijó las reglas más duras de Asia contra la inversión privada en petróleo y que prodigaba subsidios a los combustibles. El gobierno indonesio acaba de anunciar aumentos en los combustibles y su salida de la OPEP, porque de exportador se ha convertido en importador de crudo. ¿Cuál de los caminos, el brasileño o el indonesio, seguiremos los mexicanos?
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Carlos Monsiváis
¿Cómo, de ser un término técnico, "privatizar" se convirtió en una mera descalificación? El sentido original de la palabra, vender una empresa pública a empresarios privados, se ha desvanecido por completo en nuestros medios de comunicación. Hoy es simple sinónimo de perversión, corrupción y deshonestidad.
El rechazo a las "privatizaciones", especialmente de la industria petrolera, está uniendo a perredistas radicales, como Gerardo Fernández Noroña, con algunos de los priistas más encumbrados. Incluso aquellos que en su momento privatizaron empresas, como el ex director general de Pemex y actual presidente de la Fundación Colosio del PRI, Francisco Rojas, cuestionan hoy las "privatizaciones". Cómo estarán las cosas que un liberal como Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda y hoy presidente de Telefónica Española en México, ha criticado también las privatizaciones... o por lo menos la de Telmex.
En su labor ideológica, los perredistas y algunos priistas utilizan una definición de "privatización" que va mucho más allá de la que yo conozco. Privatizar no es para ellos vender los activos de una empresa pública a inversionistas privados: el que un gobierno o una paraestatal contrate la compra de papel higiénico con una empresa privada es, también, una privatización.
El prejuicio no existía, por supuesto, en la Constitución liberal de 1857, pero tampoco en la "social" de 1917. Ésta estableció la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, como ocurre ahora en la mayoría de las naciones del mundo, pero precisaba que "podrán hacerse concesiones" a particulares con la condición de que se cumplan los "requisitos que provengan de las leyes".
Ni siquiera Lázaro Cárdenas eliminó la participación privada en el petróleo. La Ley Reglamentaria al artículo 27 que publicó en noviembre de 1940 permitió expresamente el trabajo del sector privado en exploración y explotación a través de los "contratos de riesgo", ideados por el propio Cárdenas y después imitados en todo el mundo. Estos contratos no fueron eliminados de la ley reglamentaria sino hasta 1958 y de la Constitución en 1960, cuando los conservadores estaban ya en control del PRI y del gobierno.
Hoy estamos viendo en el Senado un desfile de políticos y juristas conservadores, incapaces de considerar la posibilidad de realizar cambios a nuestro marco jurídico para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Primero exigieron que la reforma energética no hiciera cambios a la Constitución; y cuando se les atendió, y el gobierno buscó maneras de promover la inversión sin tales cambios, acusaron al Presidente de violar la Constitución.
Los mexicanos, sin embargo, no deberíamos estar discutiendo dogmas sino medidas para construir una industria petrolera más eficiente y que beneficie más a los mexicanos. Deberíamos dejar a Pemex las decisiones de cómo, dónde, cuándo y con quién invertir. Así lo hacen las cabezas de Petrobras o de Repsol, las exitosas empresas petroleras de Brasil y España. Si fuéramos más inteligentes, hoy estaríamos invirtiendo en todo: pozos marginales, aguas someras, aguas profundas, yacimientos en tierra firme y refinerías. Lo haríamos con y sin socios porque las condiciones del mercado, con un precio alto del petróleo, y las necesidades del País, con una pobreza lacerante, así lo exigen.
Pero no. Quienes están tomando las decisiones son un pequeño grupo de conservadores que tiemblan ante la posibilidad de hacer cambios a la ley o de que se les llame "privatizadores". Son los mismos, empero, que cuando tuvieron posiciones de responsabilidad no dudaron en privatizar empresas, como lo hizo Francisco Rojas con Mexlub cuando fue director de Pemex.
Mientras nuestros conservadores debaten, vale la pena volver la vista a los verdaderos políticos progresistas del mundo. Ahí está el socialista Felipe González, que privatizó Repsol, la petrolera española (en la cual Pemex, paradójicamente, tiene una participación), y Endesa, la empresa de electricidad. En Chile el también socialista Ricardo Lagos privatizó los servicios de agua y sanidad y promovió la construcción de autopistas privadas.
La diferencia es que González y Lagos representan una izquierda verdadera, interesada en generar inversión y en mejorar el nivel de vida de quienes menos tienen. Nuestros políticos, en cambio, se dicen de izquierda pero son conservadores. Para ellos son más importantes los dogmas sobre la privatización que el bienestar de los mexicanos.
Brasil e Indonesia
Dos ejemplos internacionales, dos caminos. Por un lado Brasil -con Petrobras, controlada por el gobierno pero con abundante capital privado-, que ha logrado grandes hallazgos de crudo en aguas profundas de Brasil y del Golfo de México. En pocos años, Brasil se ha transformado de importador a exportador de petróleo. Del otro lado Indonesia -con su estatal Petromina-, que fijó las reglas más duras de Asia contra la inversión privada en petróleo y que prodigaba subsidios a los combustibles. El gobierno indonesio acaba de anunciar aumentos en los combustibles y su salida de la OPEP, porque de exportador se ha convertido en importador de crudo. ¿Cuál de los caminos, el brasileño o el indonesio, seguiremos los mexicanos?
Sergio Sarmiento
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miércoles, mayo 28, 2008
Los malos subsidios que da el Gobierno
¿Cómo vería usted una política que diera como subsidio un peso para los pobres por cada cinco a los ricos?
El Gobierno de Felipe Calderón está canalizando miles de millones de dólares en subsidios altamente inequitativos, que van a consumir los excedentes petroleros.
Se puede repetir la historia del sexenio de Fox, cuando los excedentes se fueron en gasto corriente.
Se trata de dos tipos de subsidios.
El primero y más importante es el que se canaliza a través del precio relativamente fijo de las gasolinas y el diésel, a pesar del alza en los precios internacionales de estos energéticos.
El segundo es por la permanencia de la tasa cero del IVA, que evita que los consumidores de alimentos procesados carguen con impuesto similar al que pagan otros productos.
En el primer caso, el de los combustibles, las cifras oficiales estiman en 55 mil millones de pesos el subsidio del primer trimestre del año, lo que implica poco más de 200 mil millones de pesos al año.
En el segundo, el de alimentos, el dato más reciente del Presupuesto de Gastos Fiscales indica que ese ingreso no obtenido por el Gobierno asciende a 138 mil millones de pesos para este año, una estimación hecha incluso antes de los recientes incrementos de precios.
En conjunto, los recursos desembolsados o no percibidos alcanzan cerca de 340 mil millones de pesos, un poco más de 30 mil millones de dólares.
Si consideramos un precio promedio del petróleo de exportación de 100 dólares para este año, los ingresos adicionales por exportación de crudo van a ser de alrededor de 31 mil millones de dólares, más o menos la misma cifra del subsidio.
Lo inequitativo de éste deriva de su distribución.
Si consolidamos el gasto total que se realiza en gasolina por parte de las familias -según la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares- el 67 por ciento del total se realiza por parte del 20 por ciento de la población con mayores ingresos, lo que es perfectamente lógico, pues los autos se concentran en este segmento de la población.
En contraste, el 20 por ciento de la población de menores ingresos realiza el gasto directo del 1.8 por ciento del total de la gasolina vendida en México.
Claro que hay algún efecto indirecto en los precios del transporte público, pero son mucho menores que la transferencia directa derivada del precio de las gasolinas.
En el caso del gas, las cosas son un poco diferentes, pero no cambian en lo esencial. El 20 por ciento de la población de mayores ingresos capta el 35 por ciento del subsidio del gas, mientras que el 20 por ciento más pobre recibe el 8 por ciento.
Veamos ahora el caso de los alimentos. El 20 por ciento de la población más pobre en México desembolsa el 11 por ciento del gasto en alimentos. En el otro extremo de la escala, el 20 por ciento de mayores ingresos desembolsa el 30 por ciento del total.
En mayor o menor grado, estos subsidios acentúan la desigualdad en México.
Habría fórmulas para otorgar subsidios directos a los que realmente los requieren y darle equidad a su entrega, lo que no sucede hoy.
En otras palabras, para hacer llegar recursos a los más pobres por la vía de cobrar los combustibles relativamente baratos y no cargar el IVA a los alimentos, hay que dar cantidades sustancialmente mayores a los ricos.
No sé qué le parezca a usted, pero a mí me parece que es un gran absurdo de las políticas públicas en México que por razones políticas no hemos resuelto.
El mantenimiento de estos subsidios permite que la inflación no se dispare, y al mismo tiempo tiene una implicación política, pues evidentemente habría una gran impopularidad de un Gobierno que retirara el subsidio a los combustibles. Del IVA a alimentos, ni hablar.
La gasolina en Estados Unidos llega ya a 3.79 dólares por galón en promedio, lo que equivale a 10.50 pesos por litro. El diferencial con el precio doméstico ya es de cerca de 50 por ciento con la gasolina Magna y de poco menos de 20 por ciento respecto de la Premium.
Aunque en el corto plazo no es previsible que haya un cambio en las políticas de fijación de precios de las gasolinas, le puedo asegurar que en el largo plazo es insostenible.
Aunque hubiera reforma petrolera, las importaciones de gasolina van a seguir creciendo en los próximos años.
Bajo el escenario de precios altos de combustibles, la historia que podemos ver hacia adelante es que los excedentes petroleros de esta Administración pueden otra vez evaporarse en la medida en que se destinen a subsidiar la gasolina.
Si ese esquema permanece y no se definen políticas de subsidios más eficaces, vamos a repetir lastimosamente la historia del sexenio pasado.
El diferencial de costos
El diferencial de precios en las gasolinas de México y Estados Unidos se ha abierto de manera considerable. En el caso de la turbosina, que sí refleja precios internacionales, se ha disparado, pegando a la industria aérea.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
-------------------------------------------------
Sueños guajiros. Aplicar IVA general. Quitar el subsidio a las gasolinas. Eliminar los subsidios generales. Decisiones de estado que ningún político querrá hacer. Puro populismo y demagogia.
El Gobierno de Felipe Calderón está canalizando miles de millones de dólares en subsidios altamente inequitativos, que van a consumir los excedentes petroleros.
Se puede repetir la historia del sexenio de Fox, cuando los excedentes se fueron en gasto corriente.
Se trata de dos tipos de subsidios.
El primero y más importante es el que se canaliza a través del precio relativamente fijo de las gasolinas y el diésel, a pesar del alza en los precios internacionales de estos energéticos.
El segundo es por la permanencia de la tasa cero del IVA, que evita que los consumidores de alimentos procesados carguen con impuesto similar al que pagan otros productos.
En el primer caso, el de los combustibles, las cifras oficiales estiman en 55 mil millones de pesos el subsidio del primer trimestre del año, lo que implica poco más de 200 mil millones de pesos al año.
En el segundo, el de alimentos, el dato más reciente del Presupuesto de Gastos Fiscales indica que ese ingreso no obtenido por el Gobierno asciende a 138 mil millones de pesos para este año, una estimación hecha incluso antes de los recientes incrementos de precios.
En conjunto, los recursos desembolsados o no percibidos alcanzan cerca de 340 mil millones de pesos, un poco más de 30 mil millones de dólares.
Si consideramos un precio promedio del petróleo de exportación de 100 dólares para este año, los ingresos adicionales por exportación de crudo van a ser de alrededor de 31 mil millones de dólares, más o menos la misma cifra del subsidio.
Lo inequitativo de éste deriva de su distribución.
Si consolidamos el gasto total que se realiza en gasolina por parte de las familias -según la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares- el 67 por ciento del total se realiza por parte del 20 por ciento de la población con mayores ingresos, lo que es perfectamente lógico, pues los autos se concentran en este segmento de la población.
En contraste, el 20 por ciento de la población de menores ingresos realiza el gasto directo del 1.8 por ciento del total de la gasolina vendida en México.
Claro que hay algún efecto indirecto en los precios del transporte público, pero son mucho menores que la transferencia directa derivada del precio de las gasolinas.
En el caso del gas, las cosas son un poco diferentes, pero no cambian en lo esencial. El 20 por ciento de la población de mayores ingresos capta el 35 por ciento del subsidio del gas, mientras que el 20 por ciento más pobre recibe el 8 por ciento.
Veamos ahora el caso de los alimentos. El 20 por ciento de la población más pobre en México desembolsa el 11 por ciento del gasto en alimentos. En el otro extremo de la escala, el 20 por ciento de mayores ingresos desembolsa el 30 por ciento del total.
En mayor o menor grado, estos subsidios acentúan la desigualdad en México.
Habría fórmulas para otorgar subsidios directos a los que realmente los requieren y darle equidad a su entrega, lo que no sucede hoy.
En otras palabras, para hacer llegar recursos a los más pobres por la vía de cobrar los combustibles relativamente baratos y no cargar el IVA a los alimentos, hay que dar cantidades sustancialmente mayores a los ricos.
No sé qué le parezca a usted, pero a mí me parece que es un gran absurdo de las políticas públicas en México que por razones políticas no hemos resuelto.
El mantenimiento de estos subsidios permite que la inflación no se dispare, y al mismo tiempo tiene una implicación política, pues evidentemente habría una gran impopularidad de un Gobierno que retirara el subsidio a los combustibles. Del IVA a alimentos, ni hablar.
La gasolina en Estados Unidos llega ya a 3.79 dólares por galón en promedio, lo que equivale a 10.50 pesos por litro. El diferencial con el precio doméstico ya es de cerca de 50 por ciento con la gasolina Magna y de poco menos de 20 por ciento respecto de la Premium.
Aunque en el corto plazo no es previsible que haya un cambio en las políticas de fijación de precios de las gasolinas, le puedo asegurar que en el largo plazo es insostenible.
Aunque hubiera reforma petrolera, las importaciones de gasolina van a seguir creciendo en los próximos años.
Bajo el escenario de precios altos de combustibles, la historia que podemos ver hacia adelante es que los excedentes petroleros de esta Administración pueden otra vez evaporarse en la medida en que se destinen a subsidiar la gasolina.
Si ese esquema permanece y no se definen políticas de subsidios más eficaces, vamos a repetir lastimosamente la historia del sexenio pasado.
El diferencial de costos
El diferencial de precios en las gasolinas de México y Estados Unidos se ha abierto de manera considerable. En el caso de la turbosina, que sí refleja precios internacionales, se ha disparado, pegando a la industria aérea.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
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Sueños guajiros. Aplicar IVA general. Quitar el subsidio a las gasolinas. Eliminar los subsidios generales. Decisiones de estado que ningún político querrá hacer. Puro populismo y demagogia.
Etiquetas: demagogia, IVA, liberalismo, PEMEX, petroleo, populismo, reformas, subsidios
sábado, mayo 24, 2008
Barbaridades, mitos y falsedades
El martes 20 de mayo, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor de López Obrador, presentó una ponencia sobre la Constitución y la reforma de Pemex. El venerable anciano y, se supone, buen jurista (que no juarista), fue contundente:
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
"La tesis mexicana es clara y terminante: la propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad; según nuestro Pacto la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades -según nuestros mandatos constitucionales- que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y el progreso de la Nación".
Señalaré, primero, la barbaridad. Ninguna constitución de ninguna república democrática (o no) puede ser la base y el sustento de la identidad nacional. Los órdenes jurídicos sirven para ordenar (bien o mal) la vida política, económica y social de un pueblo, pero no otorgan ni mucho menos imponen una identidad cultural o nacional. Mientras las constituciones van y vienen, los pueblos y las naciones permanecen. Si no fuera así, el colapso de la Unión Soviética se habría traducido en la desaparición de Rusia.
Nuestra experiencia histórica, por lo demás, lo confirma plenamente. La Constitución de 1857 fue la bandera y el proyecto de los liberales en el siglo 19. Y no hay en ella nada que la vincule con las tesis fundamentales de la Constitución de 1917. Los derechos sociales y el artículo 27 Constitucional no están siquiera esbozados. Se puede conectarlas, como hizo Jesús Reyes Heroles, bajo el término del "liberalismo social", pero en sentido estricto hay que reconocer que el liberalismo de Juárez nada tenía que ver con las preocupaciones de Emiliano Zapata o Molina Henríquez.
Peor aún. El famoso artículo 27 tiene orígenes y antecedentes no muy presentables. Se inspira en el derecho virreinal que, después de la Conquista, establecía que las tierras y las aguas pertenecían en su origen a la Corona Española, que había sometido a su dominio todo el territorio de la Nueva España. Se trataba, en sentido estricto, de un derecho premoderno donde el individuo y sus derechos dependían, en último término, de la voluntad real.
La aportación de Molina Henríquez, autor de "Los Grandes Problemas Nacionales", fue retomar este principio y darle un giro "moderno y nacionalista". A falta de Rey y Corona, señaló el intelectual de marras en el contexto del Congreso constituyente de 1917, había que constituir a la nación en la propietaria original de las tierras y las aguas. Y, al igual que durante la Colonia, el dominio de éstas sería transferido a los particulares por obra y gracia de la nación.
La resolución de esta ecuación era, sin embargo, incompleta. Durante la Colonia, el Rey encarnaba materialmente la legitimidad y el derecho. Pero qué hacer con una entelequia como la nación. Los individuos que la componen tienen diversos estatus, raza, profesión e incluso credo. La única manera de volver asible esta abstracción es recurriendo a otra: el Estado, que finalmente debe traducirse en algo más concreto: el gobierno.
Es más, para efectos prácticos e históricos, el presidencialismo mexicano, que institucionaliza el general Lázaro Cárdenas, terminó por convertirse en la "verdadera" encarnación del Estado y la nación. Durante seis años, el jefe del Estado, del gobierno y del partido del Estado (PNR y luego PRI) actuaba como un verdadero monarca. No en balde se hablaba de una monarquía sexenal. Al cabo de seis años se debía entregar el poder, si bien el último y definitivo privilegio era nombrar al delfín.
Es por eso que en el caso del artículo 27 se puede hablar de un triple mito. El primero está en ver la Constitución del 17 como un perfeccionamiento de la del 57, tal como lo postulaba Reyes Heroles. Pero cómo hablar de continuidad cuando los liberales del siglo 19 postulaban al individuo y sus derechos (entre ellos el de la propiedad privada) como el centro y el fin del orden democrático. Cómo hablar de continuidad cuando Juárez impulsó la disolución de las viejas formas de organización social (comunitarias) para dar paso al ciudadano libre e independiente. Así que, para decirlo en pocas palabras, si Juárez hubiese examinado el proyecto del artículo 27 lo habría considerado, con razón, reaccionario y premoderno.
El otro gran mito es la pretendida originalidad de la Revolución Mexicana, que habría elevado los derechos sociales (educación, salud, etcétera) a rango constitucional. Fue, se nos dice, precursora de lo que luego ocurrió en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Esta tesis es parcialmente cierta, pero omite dos cuestiones fundamentales: la primera -ya mencionada-, el artículo 27, eje toral de la Constitución mexicana, es de corte eminentemente premoderno. La segunda es que los derechos sociales y las formas de organización comunitarias (ejidos y comunidades indígenas) se transformaron en un mecanismo de control político al servició de un régimen autoritario con prácticas premodernas y antiliberales.
Por último, el mito de que entre el artículo 27 y el desarrollo del estatismo, que culmina paradójicamente con las reformas de 1983, hay un desarrollo lógico y deseable. Porque hay que recordar la gran paradoja: es precisamente bajo el Gobierno de Miguel de la Madrid que se establece el monopolio del Estado en varias áreas estratégicas (incluida la petroquímica) y la famosa "planeación democrática de la economía", inscrita en el artículo 26 constitucional.
Y pues no, no hay tal continuidad. El estatismo de Echeverría y López Portillo no estaba contenido en el decreto expropiatorio de Cárdenas en 1938 ni la idea de una planificación estatal de la economía se puede encontrar en el artículo 27 de Molina Henríquez.
La verdad es que la Constitución de 1917 está anclada en el pasado, es contradictoria y en muchas ocasiones confusa. Tal vez por eso suscita adoración y fe ciegas. Oremos.
Jaime Sánchez Susarrey
Etiquetas: AMLO, constitucion, crecimiento, demagogia, empleo, inversión, leyes, liberal, liberalismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, reaccionario, soberania
viernes, mayo 16, 2008
Seamos Soberanos
¿Queremos la mejor industria petrolera posible? Dejemos a un lado la constitucionalidad de la reforma propuesta. Partamos de lo que somos: una sociedad soberana que se impone sus propias reglas y que opta por diseñar la mejor política posible para el más estratégico de nuestros recursos. Si los fines que acordamos democráticamente exigen un cambio constitucional, llevémoslos a cabo.
La Constitución no es el producto de un acto divino. La hemos reformado, entre 1921 y 2008, 473 veces. Tomar el articulado constitucional como si se tratara de escritura sagrada es imponernos restricciones propias de una sociedad dogmática.
Tampoco es útil hacer de la "privatización" de Pemex el eje del debate. Se trata de una discusión que no contribuye a encontrar lo que necesitamos: una política que genere mejores incentivos para incrementar la renta que le llega a los ciudadanos y modernizar la administración de la industria petrolera.
El uso compartido por todos hasta hace poco del término privatizar era vender activos propiedad del Estado a agentes privados. En este sentido, privatizar es una opción que nadie ha puesto sobre la mesa. Lo que está en juego es cuál es la mejor forma de asociar a Pemex con privados. Hoy lo hace, pero con reglas que hacen felices a los contratistas, pero que no siempre maximizan los intereses de los mexicanos.
Sabemos que la época del petróleo barato se está terminando y que tenemos que hacer ajustes importantes en el sector. No podemos darnos el lujo de no hacer nada.
Si invirtiéramos más dinero en Pemex esta tendencia cambiaría, aunque fuera marginalmente. Este dinero hay que sacarlo de algún lado, por lo que se tiene que explicitar qué se va a dejar de gastar o qué impuestos se van a aumentar si le damos más dinero a Pemex.
Aun si tuviéramos más dinero, lo racional es invertir lo menos posible y obtener a cambio el mayor rendimiento posible. No sabemos si Pemex al extraer nuestro petróleo nos da todo lo que debería. En los últimos cuatro años ha tenido más dinero que nunca. No es claro lo que ha logrado con estas millonarias sumas de inversión a su cargo. Lo que no tiene son los mejores mecanismos para gastar ese dinero de forma eficiente.
En el autocomplaciente diagnóstico de Pemex elaborado por el Gobierno federal hay poca evidencia comparada. Hay una nota de pie de página en la que se dice que en la Cuenca de Burgos extraer gas nos cuesta mucho más que en Estados Unidos. En la zona mexicana, "el costo promedio por pozo es 10 por ciento superior; su productividad promedio es de una tercera parte y su costo global de producción es tres veces mayor". Si así es en el resto de las operaciones estamos desaprovechando de forma imperdonable nuestra riqueza.
También sabemos que todas las refinerías de Pemex pierden dinero, según cifras de Pemex, salvo una, la de Estados Unidos en sociedad con Shell. Por más dinero que le diéramos a Pemex no va a poder hacer más de un par de refinerías, que quizás hasta pierdan dinero. Seguiríamos importando gasolina. ¿No sería mejor tener esa inversión privada en México, con trabajadores mexicanos y que se paguen los impuestos acá?
Las malas cifras comparativas de Pemex no son una crítica a sus magníficos ingenieros ni a su personal en general. Pemex opera con restricciones e incentivos que la hacen ineficiente. De hecho, hay casos en donde su operación, en el marco de esas restricciones, resulta verdaderamente heroica.
No conozco país que tenga un régimen en la materia más cerrado que el nuestro, incluso frente al que tendríamos si se aprobara la iniciativa que ha propuesto el Gobierno. Mantener ese régimen cerrado debería estar justificado con datos que mostraran cómo hoy este marco cerrado, inexistente en el resto del mundo, es lo mejor para el bienestar de los mexicanos.
En estos temas nunca hay conclusiones perfectas. Ésta es una razón adicional para no poner todos los huevos en la canasta de Pemex. Por ello, debemos buscar opciones que aligeren sus compromisos. Esto le permitirá concentrarse en los proyectos prioritarios y la obligará a cierta competencia, que sirva para disciplinarla y dotar a sus dueños, que somos todos nosotros, con mejores datos para poder evaluar qué tan bien o mal se desempeña.
La reforma, aunque en el sentido correcto, es muy tímida frente a la magnitud de los retos del sector. Nos negamos a ver qué pasa en el resto del mundo. Muchos países han logrado reformas importantes en la materia, como Brasil, cuya empresa Petrobras pasó de ser más ineficiente que Pemex a ser una de las más reputadas del mundo.
Los brasileños cambiaron su constitución sin cambiar lo esencial: que el petróleo es de los brasileños. Sin miedos. Creyeron en ellos mismos.
Si tienen una mejor empresa que nosotros no es que sean más listos, si modificaron su constitución y abrieron el mercado no lo fue porque sean poco patriotas. Lo hicieron pragmáticamente pensando en el beneficio de los brasileños, la única forma de tener una soberanía sólida.
Carlos Elizondo Mayer-Serra
elizondoms@yahoo.com.mx
La Constitución no es el producto de un acto divino. La hemos reformado, entre 1921 y 2008, 473 veces. Tomar el articulado constitucional como si se tratara de escritura sagrada es imponernos restricciones propias de una sociedad dogmática.
Tampoco es útil hacer de la "privatización" de Pemex el eje del debate. Se trata de una discusión que no contribuye a encontrar lo que necesitamos: una política que genere mejores incentivos para incrementar la renta que le llega a los ciudadanos y modernizar la administración de la industria petrolera.
El uso compartido por todos hasta hace poco del término privatizar era vender activos propiedad del Estado a agentes privados. En este sentido, privatizar es una opción que nadie ha puesto sobre la mesa. Lo que está en juego es cuál es la mejor forma de asociar a Pemex con privados. Hoy lo hace, pero con reglas que hacen felices a los contratistas, pero que no siempre maximizan los intereses de los mexicanos.
Sabemos que la época del petróleo barato se está terminando y que tenemos que hacer ajustes importantes en el sector. No podemos darnos el lujo de no hacer nada.
Si invirtiéramos más dinero en Pemex esta tendencia cambiaría, aunque fuera marginalmente. Este dinero hay que sacarlo de algún lado, por lo que se tiene que explicitar qué se va a dejar de gastar o qué impuestos se van a aumentar si le damos más dinero a Pemex.
Aun si tuviéramos más dinero, lo racional es invertir lo menos posible y obtener a cambio el mayor rendimiento posible. No sabemos si Pemex al extraer nuestro petróleo nos da todo lo que debería. En los últimos cuatro años ha tenido más dinero que nunca. No es claro lo que ha logrado con estas millonarias sumas de inversión a su cargo. Lo que no tiene son los mejores mecanismos para gastar ese dinero de forma eficiente.
En el autocomplaciente diagnóstico de Pemex elaborado por el Gobierno federal hay poca evidencia comparada. Hay una nota de pie de página en la que se dice que en la Cuenca de Burgos extraer gas nos cuesta mucho más que en Estados Unidos. En la zona mexicana, "el costo promedio por pozo es 10 por ciento superior; su productividad promedio es de una tercera parte y su costo global de producción es tres veces mayor". Si así es en el resto de las operaciones estamos desaprovechando de forma imperdonable nuestra riqueza.
También sabemos que todas las refinerías de Pemex pierden dinero, según cifras de Pemex, salvo una, la de Estados Unidos en sociedad con Shell. Por más dinero que le diéramos a Pemex no va a poder hacer más de un par de refinerías, que quizás hasta pierdan dinero. Seguiríamos importando gasolina. ¿No sería mejor tener esa inversión privada en México, con trabajadores mexicanos y que se paguen los impuestos acá?
Las malas cifras comparativas de Pemex no son una crítica a sus magníficos ingenieros ni a su personal en general. Pemex opera con restricciones e incentivos que la hacen ineficiente. De hecho, hay casos en donde su operación, en el marco de esas restricciones, resulta verdaderamente heroica.
No conozco país que tenga un régimen en la materia más cerrado que el nuestro, incluso frente al que tendríamos si se aprobara la iniciativa que ha propuesto el Gobierno. Mantener ese régimen cerrado debería estar justificado con datos que mostraran cómo hoy este marco cerrado, inexistente en el resto del mundo, es lo mejor para el bienestar de los mexicanos.
En estos temas nunca hay conclusiones perfectas. Ésta es una razón adicional para no poner todos los huevos en la canasta de Pemex. Por ello, debemos buscar opciones que aligeren sus compromisos. Esto le permitirá concentrarse en los proyectos prioritarios y la obligará a cierta competencia, que sirva para disciplinarla y dotar a sus dueños, que somos todos nosotros, con mejores datos para poder evaluar qué tan bien o mal se desempeña.
La reforma, aunque en el sentido correcto, es muy tímida frente a la magnitud de los retos del sector. Nos negamos a ver qué pasa en el resto del mundo. Muchos países han logrado reformas importantes en la materia, como Brasil, cuya empresa Petrobras pasó de ser más ineficiente que Pemex a ser una de las más reputadas del mundo.
Los brasileños cambiaron su constitución sin cambiar lo esencial: que el petróleo es de los brasileños. Sin miedos. Creyeron en ellos mismos.
Si tienen una mejor empresa que nosotros no es que sean más listos, si modificaron su constitución y abrieron el mercado no lo fue porque sean poco patriotas. Lo hicieron pragmáticamente pensando en el beneficio de los brasileños, la única forma de tener una soberanía sólida.
Carlos Elizondo Mayer-Serra
elizondoms@yahoo.com.mx
Etiquetas: inversión, liberalismo, PEMEX, petroleo, reformas, riqueza, soberania
martes, abril 22, 2008
La progresía alamanista
La toma priista del PRD ha tenido consecuencias funestas para el pensamiento crítico mexicano. Son consecuencias que desbordan los confines de la política y que afligen el espacio de la cultura y el debate. No solamente carecemos de una política socialdemócrata moderna; también estamos perdiendo la denuncia independiente y aguda que alguna vez tuvimos.
Se trata de una consecuencia inesperada de la transición democrática en México: en el sitio de la izquierda se ha conformado un duro, talentoso y audaz bloque antidemocrático y conservador. Su vocabulario es popular, pero sus ideas son rancias; sus estrategias colindan con lo insurreccional, pero su programa es profundamente conservador. Ese núcleo ex priista se ubica en la izquierda si atendemos la geometría de los partidos; pero es antidemocrática si consideramos su actuación política, tradicionalista si atendemos sus nostalgias, y antiliberal si desmenuzamos su actitud frente a la ley, frente a la diversidad, frente al debate. Paradoja transicional: la oposición a la democracia no se aglutinó en el PRI cuando éste perdió la Presidencia de la República en el 2000: se aglutina en los priistas que perdieron la Presidencia, seis años después.
El debate sobre el petróleo no es un debate ni es sobre el petróleo. Evocaciones de un pasado glorioso, manifiestos sobre la devoción debida a los símbolos patrios, juramentos de identidad nacional, invitaciones al paraíso por el atajo de una reforma limitada, testimonios de fidelidad a un caudillo, reiteración de odios y obsesiones. Me han sorprendido dos cosas de este circo: el absurdo de las desproporciones y que los opositores a la reforma de Pemex se piensen progresistas.
Una reforma que se anticipa modesta, decepcionante hasta para su promotor, es anunciada como proveedora de bienes infinitos. La reforma nos hará felices, anuncia Calderón, sin creerse ni la efe de la palabra. ¡Escuelas, hospitales, caminos! Una iniciativa extraordinariamente tímida presentada como surtidor de maravillas. Pero la cortedad de la iniciativa no acota la deliberación de tal modo que los actores políticos examinen sus límites, sus riesgos, sus costos. La propuesta presidencial ya había pasado la poda de lo que su temerosa voluntad juzga imposible. No se propone privatizar Pemex, no se toca la Constitución y, sin embargo, se desencadena la misma tormenta que habría suscitado la privatización integral de la industria petrolera y su obsequio a empresas extranjeras.
¿Cómo explicar esta tempestad a partir de aquel soplido? El debate se pierde en epopeyas de salvación nacional. La desmesura también llega por el camino contrario. Cuando se presenta lo inaceptable, se considera una nimiedad. El secuestro de las tribunas del Congreso es la inocente ocupación de un teatro. Incapaces de encontrar medida a las cosas, vamos de la dramatización de lo modesto a la trivialización de lo inaceptable.
Los argumentos contra la reforma a Petróleos Mexicanos se inscriben claramente en la tradición conservadora mexicana. Si quisiéramos rastrear el linaje de esta resistencia no nos ayudaría la visión juarista que era modernizadora e institucional. La imagen de Lázaro Cárdenas sirve como estandarte, pero no su proyecto ni sus ideas porque, como debería saberse bien, nunca se opuso a la inversión privada en la industria petrolera tras la expropiación. Para entender la argumentación de la progresía, valdría releer la famosa carta de Lucas Alamán a Santa Anna en 1853, en donde el sabio historiador sintetizaba las líneas del ideario conservador.
El primer elemento de este conservadurismo es la convicción de que el lazo nacional es vulnerable y de carácter religioso. No nos unen las reglas sino las creencias. No nos hermana el futuro sino una herencia. El país bajo amenaza necesita abrazar su pasado. Por eso debe defender la fe que le da existencia colectiva. Alamán hablaba de la religión católica como ese vínculo de identidad: "El único lazo común que liga a todos los mexicanos".
Hoy se trata a Pemex como el culto que nos cohesiona. Lo veía con risa y desdén el Presidente brasileño hace unas semanas, cuando declaraba que los mexicanos trataban a su empresa petrolera como si se tratara de una diosa intocable. Como bien ha visto Carlos Elizondo, en la defensa del petróleo hay mucha teología y poca economía. Tocar el petróleo es sacrílego porque es el sagrado líquido de la esperanza nacional. Si se toca Pemex, se pierde el país, sugiere la nueva clerecía progresista.
Impedir que el Congreso delibere sobre una posible reforma petrolera es oponerse activamente al régimen representativo. Los seguidores de López Obrador no habían cuestionado la legitimidad del Congreso. Hablaban de un "Presidente espurio", pero no de un "Congreso espurio". El lance contra el Congreso desnuda una persuasión antidemocrática. En los hechos y en el discurso, los lopezobradoristas desconocen la legitimidad de ese espacio plural y le impiden deliberar y decidir. Como Alamán hace siglo y medio, se oponen orgullosamente a la democracia representativa. "Estamos decididos... contra el sistema representativo por el orden de elecciones que se han seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular, mientras no descanse sobre otras bases". Los seguidores de Alamán hacen suyo ese desprecio por el Poder Legislativo: lo que necesitamos no lo puede hacer el Congreso, decía el guanajuatense. Lo mismo dicen el tabasqueño y sus seguidores.
Hay otro elemento común: un engreimiento de superioridad moral: la gente de bien está con nosotros, decía Alamán. Lo mismo dicen sus continuadores de hoy.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com
Se trata de una consecuencia inesperada de la transición democrática en México: en el sitio de la izquierda se ha conformado un duro, talentoso y audaz bloque antidemocrático y conservador. Su vocabulario es popular, pero sus ideas son rancias; sus estrategias colindan con lo insurreccional, pero su programa es profundamente conservador. Ese núcleo ex priista se ubica en la izquierda si atendemos la geometría de los partidos; pero es antidemocrática si consideramos su actuación política, tradicionalista si atendemos sus nostalgias, y antiliberal si desmenuzamos su actitud frente a la ley, frente a la diversidad, frente al debate. Paradoja transicional: la oposición a la democracia no se aglutinó en el PRI cuando éste perdió la Presidencia de la República en el 2000: se aglutina en los priistas que perdieron la Presidencia, seis años después.
El debate sobre el petróleo no es un debate ni es sobre el petróleo. Evocaciones de un pasado glorioso, manifiestos sobre la devoción debida a los símbolos patrios, juramentos de identidad nacional, invitaciones al paraíso por el atajo de una reforma limitada, testimonios de fidelidad a un caudillo, reiteración de odios y obsesiones. Me han sorprendido dos cosas de este circo: el absurdo de las desproporciones y que los opositores a la reforma de Pemex se piensen progresistas.
Una reforma que se anticipa modesta, decepcionante hasta para su promotor, es anunciada como proveedora de bienes infinitos. La reforma nos hará felices, anuncia Calderón, sin creerse ni la efe de la palabra. ¡Escuelas, hospitales, caminos! Una iniciativa extraordinariamente tímida presentada como surtidor de maravillas. Pero la cortedad de la iniciativa no acota la deliberación de tal modo que los actores políticos examinen sus límites, sus riesgos, sus costos. La propuesta presidencial ya había pasado la poda de lo que su temerosa voluntad juzga imposible. No se propone privatizar Pemex, no se toca la Constitución y, sin embargo, se desencadena la misma tormenta que habría suscitado la privatización integral de la industria petrolera y su obsequio a empresas extranjeras.
¿Cómo explicar esta tempestad a partir de aquel soplido? El debate se pierde en epopeyas de salvación nacional. La desmesura también llega por el camino contrario. Cuando se presenta lo inaceptable, se considera una nimiedad. El secuestro de las tribunas del Congreso es la inocente ocupación de un teatro. Incapaces de encontrar medida a las cosas, vamos de la dramatización de lo modesto a la trivialización de lo inaceptable.
Los argumentos contra la reforma a Petróleos Mexicanos se inscriben claramente en la tradición conservadora mexicana. Si quisiéramos rastrear el linaje de esta resistencia no nos ayudaría la visión juarista que era modernizadora e institucional. La imagen de Lázaro Cárdenas sirve como estandarte, pero no su proyecto ni sus ideas porque, como debería saberse bien, nunca se opuso a la inversión privada en la industria petrolera tras la expropiación. Para entender la argumentación de la progresía, valdría releer la famosa carta de Lucas Alamán a Santa Anna en 1853, en donde el sabio historiador sintetizaba las líneas del ideario conservador.
El primer elemento de este conservadurismo es la convicción de que el lazo nacional es vulnerable y de carácter religioso. No nos unen las reglas sino las creencias. No nos hermana el futuro sino una herencia. El país bajo amenaza necesita abrazar su pasado. Por eso debe defender la fe que le da existencia colectiva. Alamán hablaba de la religión católica como ese vínculo de identidad: "El único lazo común que liga a todos los mexicanos".
Hoy se trata a Pemex como el culto que nos cohesiona. Lo veía con risa y desdén el Presidente brasileño hace unas semanas, cuando declaraba que los mexicanos trataban a su empresa petrolera como si se tratara de una diosa intocable. Como bien ha visto Carlos Elizondo, en la defensa del petróleo hay mucha teología y poca economía. Tocar el petróleo es sacrílego porque es el sagrado líquido de la esperanza nacional. Si se toca Pemex, se pierde el país, sugiere la nueva clerecía progresista.
Impedir que el Congreso delibere sobre una posible reforma petrolera es oponerse activamente al régimen representativo. Los seguidores de López Obrador no habían cuestionado la legitimidad del Congreso. Hablaban de un "Presidente espurio", pero no de un "Congreso espurio". El lance contra el Congreso desnuda una persuasión antidemocrática. En los hechos y en el discurso, los lopezobradoristas desconocen la legitimidad de ese espacio plural y le impiden deliberar y decidir. Como Alamán hace siglo y medio, se oponen orgullosamente a la democracia representativa. "Estamos decididos... contra el sistema representativo por el orden de elecciones que se han seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular, mientras no descanse sobre otras bases". Los seguidores de Alamán hacen suyo ese desprecio por el Poder Legislativo: lo que necesitamos no lo puede hacer el Congreso, decía el guanajuatense. Lo mismo dicen el tabasqueño y sus seguidores.
Hay otro elemento común: un engreimiento de superioridad moral: la gente de bien está con nosotros, decía Alamán. Lo mismo dicen sus continuadores de hoy.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com
Etiquetas: AMLO, conservador, demagogia, democracia, derecha, inversión, izquierda, liberalismo, PEMEX, petroleo, populismo, PRD, PRI, progresista, reaccionario, reformas
domingo, marzo 30, 2008
Dos Méxicos
Impactante la facilidad que los mexicanos tenemos para coincidir en temas como las vacaciones y las prácticas religiosas tradicionales. Increíblemente contrastante es la incapacidad para conciliar posiciones y coincidir en los temas fundamentales del presente y futuro del País. Son estos contrastes los que marcan nuestra realidad tangible, pero también son sugerentes del potencial tan desaprovechado que realmente tiene el País.
La localidad no hace mayor diferencia: igual puede ser una playa en Acapulco o las playas de cemento en el DF; lo mismo es cierto en la celebración de la vida y muerte de Jesús en Iztapalapa que en las iglesias y poblados en los lugares más recónditos. La capacidad para coincidir es impactante. Los días santos permiten observar y reflexionar sobre las coincidencias, pero también sobre las diferencias que nos caracterizan. Son tantas las coincidencias, que parecería mera necedad la incapacidad para enfatizar lo que nos une en lugar de hacer lo que más hacemos: disputar, impedir y obstaculizar.
Pasados los días de coincidencias, hemos vuelto a la dura realidad cotidiana. Los perredistas se baten en la sangre de su incapacidad para desarrollar una elección limpia y transparente, como si la redención del mundo estuviera de por medio. Las autoridades regulatorias renuevan su saña para atacar a los supuestos causantes de todos los males, cualquiera que sea el ámbito de su competencia. Los legisladores se atacan entre sí, como si su función fuera la de destruirse mutuamente y no la de encontrar formas de conciliar posiciones y avanzar los intereses del País. En el Gobierno federal retornamos al "business as usual", es decir, a más de lo mismo. Los grandes proyectos están ahí, pero no son el tema central del discurso ni del actuar. Los gobernadores, cuan caballos en el hipódromo, no ven más que la posibilidad de ser candidatos a la presidencia. La responsabilidad de gobernar es lo de menos.
Observando el panorama de estos días, reflexionaba sobre el contraste entre los dos mundos: el del mexicano común y corriente que coincide con sus pares en querer una vida mejor o, al menos, que los políticos no le hagan imposible su vida cotidiana; y el de los políticos y gobernantes que, en su afán por lograr grandes propósitos personales o nacionales, se empecinan en privilegiar las diferencias y hacer imposible la construcción de un gran esfuerzo nacional hacia el desarrollo y la civilidad.
¿Por qué, me preguntaba, otras naciones con historias similares han podido romper con sus diferencias en aras de transformarse para que todos ganen? Es evidente que los españoles, por citar un ejemplo evidente, tienen perspectivas profundamente contrastantes respecto a la mejor forma de gobernarse y progresar, y sin embargo, han tenido la capacidad para sumar esfuerzos y construir un sistema político funcional y una economía pujante. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Será que acá sólo existe capacidad de funcionar cuando estamos en presencia de autoridades "superiores", aquéllas con las que ningún común mortal toma decisiones?
Todo parece indicar que el País funciona, y ha funcionado, sólo cuando se trata del César o de Dios, es decir, cuando ha habido un presidente o gobernante autoritario capaz de imponerse y mandar, o cuando la autoridad celestial impone sus tradiciones, como es el caso del viacrucis. ¿Será que somos negados para la democracia? Lo evidente es que la dinámica política nacional se alimenta de resentimientos más que de la búsqueda de coincidencias. ¿Será posible cambiar esta dinámica perversa?
Al día de hoy, hay dos fallas casi geológicas que nos dividen. La primera se refiere a la política económica, en tanto que la segunda tiene que ver con la forma de gobernarnos y trasformar al País.
En cuanto a la economía, aunque las diferencias prácticas han disminuido, éstas siguen siendo inmensas en el mundo de la retórica. El gran punto de quiebre tiene que ver con las reformas iniciadas en los 80, que rompieron con el estatismo de los años 70. Es irrelevante discutir los méritos de implantar una estrategia de desarrollo fundamentada en los mercados respecto a los méritos de una economía estatizada, pues la verdadera diferencia no es pragmática sino ideológica y política. La disputa política que ha caracterizado al País en los últimos años ha enfatizado las diferencias en el camino económico, pero los límites de acción reales son mucho más estrechos de los que la retórica sugiere. Lo anterior, sin embargo, no ha disminuido la retórica ni ha servido para educar a nuestros políticos respecto al ambiente que es necesario construir para que el País atraiga inversiones y pueda prosperar.
Las diferencias respecto a la forma de gobernarnos y transformar al País son sugerentes del verdadero conflicto que nos caracteriza. Los mexicanos estamos profundamente divididos y atrincherados en dos lados de una, hasta hoy, infranqueable barrera: por un lado están aquellos que creen que el progreso se logra dando pequeños pasos graduales dentro de las instituciones existentes, sean éstas buenas o malas; por el otro están aquellos que consideran que la única forma de avanzar es por medio de la violencia, el asalto a las instituciones y la imposición de una nueva forma de gobierno. Estas dos perspectivas representan no sólo un contraste, sino una aguda división que aqueja a todos los ámbitos de la sociedad. Pero lo peor es que buena parte de la población se encuentra en un estadio intermedio donde la impunidad es la regla y la destrucción gradual de las instituciones la inevitable consecuencia.
La gran pregunta es si las diferencias de forma que nos caracterizan son conciliables dentro de un entorno democrático. Si uno ve hacia atrás, lo evidente es que el País ha logrado un enorme progreso en las últimas décadas. Nos quejamos mucho y enfatizamos las carencias, pero lo logrado en estos años es en muchos sentidos impactante. Por otro lado, cualquiera que otee el futuro sabe que éste se ve cuesta arriba.
Se ve difícil porque hemos optado por hacerlo difícil, cuando no imposible. El País necesita un gobierno con visión y capacidad de articular alianzas legislativas que trasciendan la coyuntura y permitan enfocarnos hacia el largo plazo en un contexto de contrapesos ciudadanos efectivos. Lo que hemos estado viviendo -alianzas para asuntos específicos- impone un elevadísimo costo y, sobre todo, privilegia el conflicto y la distancia. Así no se desarrolla un país.
Lo evidente, como ilustran las coincidencias entre los mexicanos de todos colores y sabores, es que un mejor futuro es realmente posible.
Luis Rubio
www.cidac.org
La localidad no hace mayor diferencia: igual puede ser una playa en Acapulco o las playas de cemento en el DF; lo mismo es cierto en la celebración de la vida y muerte de Jesús en Iztapalapa que en las iglesias y poblados en los lugares más recónditos. La capacidad para coincidir es impactante. Los días santos permiten observar y reflexionar sobre las coincidencias, pero también sobre las diferencias que nos caracterizan. Son tantas las coincidencias, que parecería mera necedad la incapacidad para enfatizar lo que nos une en lugar de hacer lo que más hacemos: disputar, impedir y obstaculizar.
Pasados los días de coincidencias, hemos vuelto a la dura realidad cotidiana. Los perredistas se baten en la sangre de su incapacidad para desarrollar una elección limpia y transparente, como si la redención del mundo estuviera de por medio. Las autoridades regulatorias renuevan su saña para atacar a los supuestos causantes de todos los males, cualquiera que sea el ámbito de su competencia. Los legisladores se atacan entre sí, como si su función fuera la de destruirse mutuamente y no la de encontrar formas de conciliar posiciones y avanzar los intereses del País. En el Gobierno federal retornamos al "business as usual", es decir, a más de lo mismo. Los grandes proyectos están ahí, pero no son el tema central del discurso ni del actuar. Los gobernadores, cuan caballos en el hipódromo, no ven más que la posibilidad de ser candidatos a la presidencia. La responsabilidad de gobernar es lo de menos.
Observando el panorama de estos días, reflexionaba sobre el contraste entre los dos mundos: el del mexicano común y corriente que coincide con sus pares en querer una vida mejor o, al menos, que los políticos no le hagan imposible su vida cotidiana; y el de los políticos y gobernantes que, en su afán por lograr grandes propósitos personales o nacionales, se empecinan en privilegiar las diferencias y hacer imposible la construcción de un gran esfuerzo nacional hacia el desarrollo y la civilidad.
¿Por qué, me preguntaba, otras naciones con historias similares han podido romper con sus diferencias en aras de transformarse para que todos ganen? Es evidente que los españoles, por citar un ejemplo evidente, tienen perspectivas profundamente contrastantes respecto a la mejor forma de gobernarse y progresar, y sin embargo, han tenido la capacidad para sumar esfuerzos y construir un sistema político funcional y una economía pujante. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Será que acá sólo existe capacidad de funcionar cuando estamos en presencia de autoridades "superiores", aquéllas con las que ningún común mortal toma decisiones?
Todo parece indicar que el País funciona, y ha funcionado, sólo cuando se trata del César o de Dios, es decir, cuando ha habido un presidente o gobernante autoritario capaz de imponerse y mandar, o cuando la autoridad celestial impone sus tradiciones, como es el caso del viacrucis. ¿Será que somos negados para la democracia? Lo evidente es que la dinámica política nacional se alimenta de resentimientos más que de la búsqueda de coincidencias. ¿Será posible cambiar esta dinámica perversa?
Al día de hoy, hay dos fallas casi geológicas que nos dividen. La primera se refiere a la política económica, en tanto que la segunda tiene que ver con la forma de gobernarnos y trasformar al País.
En cuanto a la economía, aunque las diferencias prácticas han disminuido, éstas siguen siendo inmensas en el mundo de la retórica. El gran punto de quiebre tiene que ver con las reformas iniciadas en los 80, que rompieron con el estatismo de los años 70. Es irrelevante discutir los méritos de implantar una estrategia de desarrollo fundamentada en los mercados respecto a los méritos de una economía estatizada, pues la verdadera diferencia no es pragmática sino ideológica y política. La disputa política que ha caracterizado al País en los últimos años ha enfatizado las diferencias en el camino económico, pero los límites de acción reales son mucho más estrechos de los que la retórica sugiere. Lo anterior, sin embargo, no ha disminuido la retórica ni ha servido para educar a nuestros políticos respecto al ambiente que es necesario construir para que el País atraiga inversiones y pueda prosperar.
Las diferencias respecto a la forma de gobernarnos y transformar al País son sugerentes del verdadero conflicto que nos caracteriza. Los mexicanos estamos profundamente divididos y atrincherados en dos lados de una, hasta hoy, infranqueable barrera: por un lado están aquellos que creen que el progreso se logra dando pequeños pasos graduales dentro de las instituciones existentes, sean éstas buenas o malas; por el otro están aquellos que consideran que la única forma de avanzar es por medio de la violencia, el asalto a las instituciones y la imposición de una nueva forma de gobierno. Estas dos perspectivas representan no sólo un contraste, sino una aguda división que aqueja a todos los ámbitos de la sociedad. Pero lo peor es que buena parte de la población se encuentra en un estadio intermedio donde la impunidad es la regla y la destrucción gradual de las instituciones la inevitable consecuencia.
La gran pregunta es si las diferencias de forma que nos caracterizan son conciliables dentro de un entorno democrático. Si uno ve hacia atrás, lo evidente es que el País ha logrado un enorme progreso en las últimas décadas. Nos quejamos mucho y enfatizamos las carencias, pero lo logrado en estos años es en muchos sentidos impactante. Por otro lado, cualquiera que otee el futuro sabe que éste se ve cuesta arriba.
Se ve difícil porque hemos optado por hacerlo difícil, cuando no imposible. El País necesita un gobierno con visión y capacidad de articular alianzas legislativas que trasciendan la coyuntura y permitan enfocarnos hacia el largo plazo en un contexto de contrapesos ciudadanos efectivos. Lo que hemos estado viviendo -alianzas para asuntos específicos- impone un elevadísimo costo y, sobre todo, privilegia el conflicto y la distancia. Así no se desarrolla un país.
Lo evidente, como ilustran las coincidencias entre los mexicanos de todos colores y sabores, es que un mejor futuro es realmente posible.
Luis Rubio
www.cidac.org
Etiquetas: crecimiento, demagogia, democracia, economia, estatismo, inversión, liberalismo, pobreza, populismo, reaccionario, reformas, riqueza
martes, marzo 11, 2008
Debatir el petróleo
Los conservadores del siglo 19, discípulos de Lucas Alamán, eran partidarios del proteccionismo industrial y el intervencionismo del Estado, detestaban a Estados Unidos, se oponían a la inversión extranjera y la inmigración. Sus adversarios liberales -la generación de Juárez- creían en la libertad de comercio, criticaban el paternalismo estatal, admiraban el modelo económico y político de los vecinos del norte, alentaban la inversión foránea y la inmigración. Ambas posturas tenían puntos razonables y en ambas había matices. El acuerdo o el compromiso no era imposible, pero en vez de debatir civilizadamente sus diferencias (no sólo las económicas, por supuesto, sino las teológico-políticas) decidieron matarse por ellas.
Al triunfo de la República en 1867, los liberales desterraron a los conservadores del discurso público e impusieron su proyecto económico. Pensaban que el ferrocarril sería el detonador que sacaría al País de su atraso de siglos. "Donde hay ferrocarriles... -escribió Francisco Zarco- ..la paz está asegurada... el orden no necesita apoyo... todos están interesados en conservarlo". "Los ferrocarriles -creía Guillermo Prieto- ...podrán cambiar en opulencia la actual pobreza del país" ("Lecciones elementales de economía política", 1876). El diagnóstico era claro, pero México carecía de los capitales necesarios y la capacidad de ejecución para llevarlo a cabo. Había que atraer la inversión extranjera.
Comenzó a llegar hacia 1880, detonó la inversión nacional, pública y privada, y atrajo inmigrantes europeos, activos e industriosos. Se tendieron 19 mil kilómetros de ferrocarriles, se cubrió el territorio con redes telegráficas y correos, se multiplicó la actividad minera y el desarrollo urbano, dio comienzo la explotación del petróleo, se construyeron instalaciones portuarias como Salina Cruz, prosperó la ganadería y la agricultura de exportación, se diversificó la industria, se amplió el comercio internacional, etc... Al margen de sus inadmisibles fundamentos políticos e inequidades sociales, el beneficio económico del programa liberal fue mayor que el costo, sobre todo que el costo de no haber hecho nada. Y, como demostró Daniel Cosío Villegas, frente a los inversionistas del extranjero el gobierno porfirista se manejó con astucia, sentido de equilibrio y responsabilidad. La huella de aquellos proyectos y realizaciones es perceptible hasta nuestros días.
El siglo 20 deparó una sorpresa mayúscula: el Estado nacional-revolucionario adoptó los puntos centrales del programa conservador, entre ellos el estatismo y el proteccionismo. Al margen de su carácter antidemocrático y sus indudables aciertos sociales, su gestión económica fue improductiva. Tuvo, es verdad, un periodo de éxito moderado (1934-1970) pero no deja de ser significativo, por ejemplo, que la red ferroviaria haya permanecido estancada. La exacerbación populista del modelo (1970-1982), pródiga en despilfarros petroleros y gigantismos burocráticos, condujo a una primera crisis, que se agravó en la siguiente etapa debido a los errores de los tecnócratas que actuaban en nombre de un liberalismo impuesto desde arriba y, por eso mismo, contradictorio con su propia esencia.
Ahora la historia nos ha colocado en un predicamento similar al del siglo antepasado. El país necesita crecer, pero no hay consenso para definir el rumbo. Entonces el catalizador del crecimiento eran los ferrocarriles, hoy no debería hablarse de uno sino de muchos catalizadores (tanto en el nivel de la macro como de la microeconomía) pero tirios y troyanos coinciden en atribuir ese papel al petróleo. De ser así, la pregunta decisiva es: ¿tenemos los capitales y la capacidad de ejecución para crecer, con la celeridad requerida, en ciertas áreas cruciales de la producción petrolera?
Como en aquel siglo, en el nuestro hay dos posiciones extremas y un espectro muy amplio entre ellas. No conozco ningún liberal que abogue por una vuelta a la condición anterior a 1938. La postura liberal sostiene, más bien, que cerrar el paso a la iniciativa privada nacional no es un acto de nacionalismo sino de algo muy distinto: el estatismo. Una cosa es la Nación y otra el Estado. Si bien nadie, en su sano juicio, puede o debe proponer la "privatización" de Pemex, a estas alturas no es fácil demostrar que el control monopólico absoluto de Pemex por parte de su propia burocracia, del sindicato (que no da cuentas a nadie) y del gobierno en turno, sea la fórmula que beneficie mejor a la nación.
Por lo que hace a la inversión foránea, quienes sostienen una postura liberal sensata desaconsejan la apertura indiscriminada no sólo por la significación del petróleo en México sino porque, en igualdad de condiciones, siempre debe ser preferible la inversión nacional. Pero esa misma postura admite la posibilidad de que en algunas áreas (por ejemplo, la exploración de aguas profundas) esa igualdad sea ilusoria y que, en la práctica, el problema no sólo sea de capital (que tampoco es infinito ni puede distraerse del gasto social y de infraestructura) sino de tecnología y de capacidad de ejecución. Más aún si se considera la complejidad, la dimensión y el riesgo de la operación, así como la urgencia de ampliar las reservas probadas.
Contra esta posición liberal y sus diversas variantes hay argumentos razonables de izquierda. Pero también hay quienes no argumentan sino descalifican y amenazan. Son los nuevos conservadores: partidarios encendidos del estatismo nacionalista y "revolucionario" pretenden expulsar del discurso (como "traidores a la patria") a quienes proponen la más mínima y focalizada apertura en el sector energético. No deja de ser paradójico que quienes representan esta actitud dogmática designen como "de derecha" a los liberales, cuando son ellos quienes reencarnan las posiciones más reaccionarias.
Por fortuna hoy vivimos en una democracia. Gracias a ella no necesitamos matarnos por las ideas: podemos discutir sobre ellas. La mejor manera de celebrar el 18 de marzo es dar comienzo a un gran debate nacional sobre el petróleo en los medios, usando quizá los tiempos oficiales. Participarían políticos, especialistas, periodistas, comunicadores e intelectuales. De llevarse a cabo con el debido profesionalismo, se verá que existen puntos de posible acuerdo entre las partes y que la reforma puede darse de manera ordenada y escalonada para beneficio de quien es el dueño de ese recurso: la nación mexicana, entendida como la suma de cien millones de voluntades, no como una abstracción custodiada por los exaltados que dicen hablar en su nombre.
Enrique Krauze
Domingo 9 de marzo, El Norte
----------------------------------------------------------------
Para los que todavía no entienden el significado de las palabras conservador y liberal.
Yo no creo que ya vivamos en una democracia. No es más que una partidocracia. Pero es suficiente para no matarse por las ideas.
Al triunfo de la República en 1867, los liberales desterraron a los conservadores del discurso público e impusieron su proyecto económico. Pensaban que el ferrocarril sería el detonador que sacaría al País de su atraso de siglos. "Donde hay ferrocarriles... -escribió Francisco Zarco- ..la paz está asegurada... el orden no necesita apoyo... todos están interesados en conservarlo". "Los ferrocarriles -creía Guillermo Prieto- ...podrán cambiar en opulencia la actual pobreza del país" ("Lecciones elementales de economía política", 1876). El diagnóstico era claro, pero México carecía de los capitales necesarios y la capacidad de ejecución para llevarlo a cabo. Había que atraer la inversión extranjera.
Comenzó a llegar hacia 1880, detonó la inversión nacional, pública y privada, y atrajo inmigrantes europeos, activos e industriosos. Se tendieron 19 mil kilómetros de ferrocarriles, se cubrió el territorio con redes telegráficas y correos, se multiplicó la actividad minera y el desarrollo urbano, dio comienzo la explotación del petróleo, se construyeron instalaciones portuarias como Salina Cruz, prosperó la ganadería y la agricultura de exportación, se diversificó la industria, se amplió el comercio internacional, etc... Al margen de sus inadmisibles fundamentos políticos e inequidades sociales, el beneficio económico del programa liberal fue mayor que el costo, sobre todo que el costo de no haber hecho nada. Y, como demostró Daniel Cosío Villegas, frente a los inversionistas del extranjero el gobierno porfirista se manejó con astucia, sentido de equilibrio y responsabilidad. La huella de aquellos proyectos y realizaciones es perceptible hasta nuestros días.
El siglo 20 deparó una sorpresa mayúscula: el Estado nacional-revolucionario adoptó los puntos centrales del programa conservador, entre ellos el estatismo y el proteccionismo. Al margen de su carácter antidemocrático y sus indudables aciertos sociales, su gestión económica fue improductiva. Tuvo, es verdad, un periodo de éxito moderado (1934-1970) pero no deja de ser significativo, por ejemplo, que la red ferroviaria haya permanecido estancada. La exacerbación populista del modelo (1970-1982), pródiga en despilfarros petroleros y gigantismos burocráticos, condujo a una primera crisis, que se agravó en la siguiente etapa debido a los errores de los tecnócratas que actuaban en nombre de un liberalismo impuesto desde arriba y, por eso mismo, contradictorio con su propia esencia.
Ahora la historia nos ha colocado en un predicamento similar al del siglo antepasado. El país necesita crecer, pero no hay consenso para definir el rumbo. Entonces el catalizador del crecimiento eran los ferrocarriles, hoy no debería hablarse de uno sino de muchos catalizadores (tanto en el nivel de la macro como de la microeconomía) pero tirios y troyanos coinciden en atribuir ese papel al petróleo. De ser así, la pregunta decisiva es: ¿tenemos los capitales y la capacidad de ejecución para crecer, con la celeridad requerida, en ciertas áreas cruciales de la producción petrolera?
Como en aquel siglo, en el nuestro hay dos posiciones extremas y un espectro muy amplio entre ellas. No conozco ningún liberal que abogue por una vuelta a la condición anterior a 1938. La postura liberal sostiene, más bien, que cerrar el paso a la iniciativa privada nacional no es un acto de nacionalismo sino de algo muy distinto: el estatismo. Una cosa es la Nación y otra el Estado. Si bien nadie, en su sano juicio, puede o debe proponer la "privatización" de Pemex, a estas alturas no es fácil demostrar que el control monopólico absoluto de Pemex por parte de su propia burocracia, del sindicato (que no da cuentas a nadie) y del gobierno en turno, sea la fórmula que beneficie mejor a la nación.
Por lo que hace a la inversión foránea, quienes sostienen una postura liberal sensata desaconsejan la apertura indiscriminada no sólo por la significación del petróleo en México sino porque, en igualdad de condiciones, siempre debe ser preferible la inversión nacional. Pero esa misma postura admite la posibilidad de que en algunas áreas (por ejemplo, la exploración de aguas profundas) esa igualdad sea ilusoria y que, en la práctica, el problema no sólo sea de capital (que tampoco es infinito ni puede distraerse del gasto social y de infraestructura) sino de tecnología y de capacidad de ejecución. Más aún si se considera la complejidad, la dimensión y el riesgo de la operación, así como la urgencia de ampliar las reservas probadas.
Contra esta posición liberal y sus diversas variantes hay argumentos razonables de izquierda. Pero también hay quienes no argumentan sino descalifican y amenazan. Son los nuevos conservadores: partidarios encendidos del estatismo nacionalista y "revolucionario" pretenden expulsar del discurso (como "traidores a la patria") a quienes proponen la más mínima y focalizada apertura en el sector energético. No deja de ser paradójico que quienes representan esta actitud dogmática designen como "de derecha" a los liberales, cuando son ellos quienes reencarnan las posiciones más reaccionarias.
Por fortuna hoy vivimos en una democracia. Gracias a ella no necesitamos matarnos por las ideas: podemos discutir sobre ellas. La mejor manera de celebrar el 18 de marzo es dar comienzo a un gran debate nacional sobre el petróleo en los medios, usando quizá los tiempos oficiales. Participarían políticos, especialistas, periodistas, comunicadores e intelectuales. De llevarse a cabo con el debido profesionalismo, se verá que existen puntos de posible acuerdo entre las partes y que la reforma puede darse de manera ordenada y escalonada para beneficio de quien es el dueño de ese recurso: la nación mexicana, entendida como la suma de cien millones de voluntades, no como una abstracción custodiada por los exaltados que dicen hablar en su nombre.
Enrique Krauze
Domingo 9 de marzo, El Norte
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Para los que todavía no entienden el significado de las palabras conservador y liberal.
Yo no creo que ya vivamos en una democracia. No es más que una partidocracia. Pero es suficiente para no matarse por las ideas.
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viernes, enero 04, 2008
Inconstitucional
"No interfieran en nada con la Constitución. Debe mantenerse tal cual es porque es la única garantía de nuestras libertades".
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Etiquetas: congreso, constitucion, IFE, leyes, liberalismo, libertad, partidocracia
domingo, diciembre 30, 2007
De Quezada para Echeverría... y otros...
En 1976, Abel Quezada (q.e.p.d.) publicó un cartón titulado “Tú” en el diario Excélsior. En ese cartón dejó un mensaje que, parece tan vigente hoy en día como lo fue en aquel entonces. Ese mensaje fue dirigido a Luis Echeverría.
Al parecer, las frases son de Abraham Lincoln:
Tú no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte.
Tú no puedes fomentar la hermandad entre los hombres estimulando el odio.
Tú no puedes afianzar el bienestar gastando más de lo que ganas.
Tú no puedes inculcar carácter y valor quitándole al hombre su iniciativa y su independencia.
Tú no puedes ayudar a los hombres permanentemente, haciendo por ellos lo que ellos pueden, y deben, hacer por ellos mismos.
¿a quién callan estas frases?
----------------------
Aportación de George.
Buenas frases para cerrar el 2007 en este blog que critica a los populistas, empezando por AMLO.
Al parecer, las frases son de Abraham Lincoln:
Tú no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte.
Tú no puedes fomentar la hermandad entre los hombres estimulando el odio.
Tú no puedes afianzar el bienestar gastando más de lo que ganas.
Tú no puedes inculcar carácter y valor quitándole al hombre su iniciativa y su independencia.
Tú no puedes ayudar a los hombres permanentemente, haciendo por ellos lo que ellos pueden, y deben, hacer por ellos mismos.
¿a quién callan estas frases?
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Aportación de George.
Buenas frases para cerrar el 2007 en este blog que critica a los populistas, empezando por AMLO.
Etiquetas: AMLO, demagogia, Echeverría, economia, liberalismo, pobreza, populismo, Quezada, riqueza
jueves, noviembre 29, 2007
Andrés Manuel
"La palabra es mitad de quien la habla y mitad de quien la escucha".
Michel de Montaigne
Guadalupe Juárez y yo entrevistamos ayer a Andrés Manuel López Obrador en el programa "La Red de Radio Red". ¿Pudimos acaso romper el cerco informativo que supuestamente se le ha tendido al ex candidato presidencial y autodenominado presidente legítimo? Lo único que sé es que, después de más de un año de haber solicitado de manera insistente la entrevista, él optó finalmente por concederla.
López Obrador es un hombre que conoce muy bien cómo funcionan los medios. El único cerco informativo que sufre es, a mi juicio, el que él mismo ha creado. Si aceptara todas las entrevistas que se le solicitan, generaría una saturación de su presencia. Él ha sabido convertirse en un deseado producto mediático. Por eso quienes logran entrevistarlo le dan usualmente un tiempo mucho mayor al que obtiene cualquier otro político. Es una estrategia inteligente.
Andrés Manuel habló ampliamente de su propuesta energética, la misma que presentó el 18 de noviembre en el Zócalo y que se vio opacada por la irrupción violenta en la Catedral. La estrategia, sin embargo, no es nueva. Incluye la reiteración de su oposición a la "privatización" de Pemex, aunque sigue usando engañosamente esta palabra no para referirse a la venta de Pemex, sino a cualquier tipo de inversión privada en el sector petrolero.
López Obrador ratificó una vez más su convicción de que la forma de aumentar la inversión en Pemex es ahorrar en el gasto corriente del Gobierno federal, lo cual es razonable. Su objetivo de ahorro, de hecho, ha aumentado de 100 mil a 200 mil millones de pesos al año. Él dice que esto se puede lograr simplemente reduciendo los sueldos y privilegios de la alta burocracia, lo cual es dudoso. Plantea también que pueden obtenerse 200 mil millones de pesos adicionales para inversión en Pemex de los excedentes petroleros, sin duda más sensato que usar el dinero para el gasto corriente como se ha hecho en los últimos años.
López Obrador reconoció en la entrevista que su ausencia de Michoacán en la última parte de la campaña electoral se debió a una decisión política. La idea era evitar darle "a la derecha" una excusa para atacar al candidato del PRD, Leonel Godoy, con quien dijo tiene una buena relación. De hecho, negó que haya una división entre perredistas y lopezobradoristas, aunque señaló que el partido está aplicando "dos estrategias distintas".
El ex candidato reiteró su convicción de que es el presidente legítimo de México. "Nosotros ganamos la elección y la ganamos por amplio margen", dijo. Negó que su insistencia en considerarse presidente legítimo o sus tácticas hayan dañado al PRD. Creo que se equivoca.
Ratificó también su idea de que las inundaciones de Tabasco son producto de un complot del gobierno federal que ha aceptado dar preferencia a la generación de electricidad de las plantas extranjeras, por lo que ha ordenado que las hidroeléctricas de Chiapas turbinen menos de lo que deberían.
López Obrador mantiene un programa para presentarse personalmente en todos los municipios del País. Esto lo hace con el fin de impulsar un movimiento para transformar al País e impedir la "privatización" del petróleo. No es que esté buscando la Presidencia de la República, dice, sino apoyar un proyecto alternativo de nación.
Hacía más de un año y medio que yo no había hablado con López Obrador. ¿Mi impresión ahora? Que sigue siendo un gran comunicador, con una impresionante capacidad para simplificar temas complejos y convertirlos en apoyo para sus ideas. Tengo la impresión de que tarde o temprano será Presidente de México, por lo que nos conviene conocerlo lo mejor posible.
Pero molesta la actitud de que quienquiera que no esté de acuerdo con él es un corrupto o un perverso. López Obrador (y sus seguidores) parece no entender que alguien pueda estar honestamente en desacuerdo con sus ideas.
La entrevista se realizó con respeto. Ni Guadalupe Juárez ni yo buscamos polemizar, interrumpirlo o ponerle respuestas en la boca. Si acaso Lupita le preguntó por su bebé, a lo cual él respondió que la familia es muy importante.
Yo mantengo posiciones muy distintas a las de López Obrador. Pienso que Felipe Calderón ganó limpiamente la elección del 2006 (aunque estuve de acuerdo en el recuento voto por voto y hoy sostengo que es indispensable permitir un análisis independiente de todo el material electoral). Estoy convencido de que es indispensable y necesario abrir la industria petrolera y la eléctrica a la inversión privada, no porque alguien haya comprado mis ideas, sino porque estoy convencido de que es lo mejor para el País.
De hecho, si algún día encontramos una forma de discutir estos temas abiertamente, sin insultos ni descalificaciones, habremos logrado un paso enorme para la construcción de un mejor país.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Michel de Montaigne
Guadalupe Juárez y yo entrevistamos ayer a Andrés Manuel López Obrador en el programa "La Red de Radio Red". ¿Pudimos acaso romper el cerco informativo que supuestamente se le ha tendido al ex candidato presidencial y autodenominado presidente legítimo? Lo único que sé es que, después de más de un año de haber solicitado de manera insistente la entrevista, él optó finalmente por concederla.
López Obrador es un hombre que conoce muy bien cómo funcionan los medios. El único cerco informativo que sufre es, a mi juicio, el que él mismo ha creado. Si aceptara todas las entrevistas que se le solicitan, generaría una saturación de su presencia. Él ha sabido convertirse en un deseado producto mediático. Por eso quienes logran entrevistarlo le dan usualmente un tiempo mucho mayor al que obtiene cualquier otro político. Es una estrategia inteligente.
Andrés Manuel habló ampliamente de su propuesta energética, la misma que presentó el 18 de noviembre en el Zócalo y que se vio opacada por la irrupción violenta en la Catedral. La estrategia, sin embargo, no es nueva. Incluye la reiteración de su oposición a la "privatización" de Pemex, aunque sigue usando engañosamente esta palabra no para referirse a la venta de Pemex, sino a cualquier tipo de inversión privada en el sector petrolero.
López Obrador ratificó una vez más su convicción de que la forma de aumentar la inversión en Pemex es ahorrar en el gasto corriente del Gobierno federal, lo cual es razonable. Su objetivo de ahorro, de hecho, ha aumentado de 100 mil a 200 mil millones de pesos al año. Él dice que esto se puede lograr simplemente reduciendo los sueldos y privilegios de la alta burocracia, lo cual es dudoso. Plantea también que pueden obtenerse 200 mil millones de pesos adicionales para inversión en Pemex de los excedentes petroleros, sin duda más sensato que usar el dinero para el gasto corriente como se ha hecho en los últimos años.
López Obrador reconoció en la entrevista que su ausencia de Michoacán en la última parte de la campaña electoral se debió a una decisión política. La idea era evitar darle "a la derecha" una excusa para atacar al candidato del PRD, Leonel Godoy, con quien dijo tiene una buena relación. De hecho, negó que haya una división entre perredistas y lopezobradoristas, aunque señaló que el partido está aplicando "dos estrategias distintas".
El ex candidato reiteró su convicción de que es el presidente legítimo de México. "Nosotros ganamos la elección y la ganamos por amplio margen", dijo. Negó que su insistencia en considerarse presidente legítimo o sus tácticas hayan dañado al PRD. Creo que se equivoca.
Ratificó también su idea de que las inundaciones de Tabasco son producto de un complot del gobierno federal que ha aceptado dar preferencia a la generación de electricidad de las plantas extranjeras, por lo que ha ordenado que las hidroeléctricas de Chiapas turbinen menos de lo que deberían.
López Obrador mantiene un programa para presentarse personalmente en todos los municipios del País. Esto lo hace con el fin de impulsar un movimiento para transformar al País e impedir la "privatización" del petróleo. No es que esté buscando la Presidencia de la República, dice, sino apoyar un proyecto alternativo de nación.
Hacía más de un año y medio que yo no había hablado con López Obrador. ¿Mi impresión ahora? Que sigue siendo un gran comunicador, con una impresionante capacidad para simplificar temas complejos y convertirlos en apoyo para sus ideas. Tengo la impresión de que tarde o temprano será Presidente de México, por lo que nos conviene conocerlo lo mejor posible.
Pero molesta la actitud de que quienquiera que no esté de acuerdo con él es un corrupto o un perverso. López Obrador (y sus seguidores) parece no entender que alguien pueda estar honestamente en desacuerdo con sus ideas.
La entrevista se realizó con respeto. Ni Guadalupe Juárez ni yo buscamos polemizar, interrumpirlo o ponerle respuestas en la boca. Si acaso Lupita le preguntó por su bebé, a lo cual él respondió que la familia es muy importante.
Yo mantengo posiciones muy distintas a las de López Obrador. Pienso que Felipe Calderón ganó limpiamente la elección del 2006 (aunque estuve de acuerdo en el recuento voto por voto y hoy sostengo que es indispensable permitir un análisis independiente de todo el material electoral). Estoy convencido de que es indispensable y necesario abrir la industria petrolera y la eléctrica a la inversión privada, no porque alguien haya comprado mis ideas, sino porque estoy convencido de que es lo mejor para el País.
De hecho, si algún día encontramos una forma de discutir estos temas abiertamente, sin insultos ni descalificaciones, habremos logrado un paso enorme para la construcción de un mejor país.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Etiquetas: AMLO, demagogia, fanatismo, fascismo, intolerancia, inversión, liberalismo, PEMEX, populismo
miércoles, octubre 03, 2007
Mimetismo
Cartón de Paco Calderón publicado el día de ayer en distintos medios.Etiquetas: Calderon, demagogia, derecha, economia, inflacion, izquierda, liberalismo, populismo, reformas
Rebasar por la izquierda
Es frecuente escuchar que en las elecciones de 2006 triunfó el candidato conservador, Felipe Calderón, frente al izquierdista o populista Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En este sentido, se considera que el Gobierno actual es de derecha y que su política económica se ajusta a esta alineación ideológica. Algo similar se afirmó, en su momento, del Gobierno de Vicente Fox.
En la práctica, sin embargo, resulta bastante difícil distinguir las acciones de política económica de los Presidentes de "derecha", respecto a las posiciones y ofrecimientos de los candidatos de "izquierda" en nuestro País.
Es difícil aceptar, por ejemplo, que un Gobierno como el de Fox se califique de derecha cuando en 2001 expropió los ingenios azucareros, una medida que ya había sido aplicada por el Gobierno izquierdista del Presidente Luis Echeverría. A errores como este se sumó una actitud timorata durante todo el sexenio pasado que doblegó al Presidente Fox ante las presiones de los grupos interesados en mantener el status quo.
A diferencia de su antecesor, el Gobierno del Presidente Calderón ha tratado de proyectar, desde su inicio, una imagen de firmeza en el ataque a los principales problemas del País. Esto se reflejó en sus primeras acciones frente al narcotráfico, donde pasó de una posición defensiva a otra ofensiva.
Una parte del comportamiento de Calderón se explica por las condiciones precarias en que asumió la Presidencia. Cuestionada seriamente la legitimidad de su Gobierno por el candidato perdedor, el Presidente optó por iniciar su mandato con acciones firmes que transmitieran la señal de un líder decidido a borrar la imagen anodina de su predecesor en Los Pinos.
De igual forma, ante las constantes manifestaciones críticas de AMLO y sus seguidores, Calderón ofreció que su Gobierno rebasaría por la izquierda a sus opositores. Este principio, al parecer, es el que guía sus pasos en materia de política económica.
Sólo así se explica que a principios de año, ante el aumento registrado en el precio nacional del maíz y de la tortilla, provocado por el alza en las cotizaciones internacionales del grano, debido al uso creciente de este último como materia prima para elaborar etanol, el Gobierno calderonista decidiera imponer el control de precios a todos los productos de la cadena maíz-tortilla.
Dicho control concluyó formalmente el 15 de agosto pasado, pero continúa en la práctica con un acuerdo entre el Gobierno y los productores para mantener la estabilidad de precios de la tortilla.
Esta decisión, evidentemente, le granjeó una popularidad significativa al Presidente Calderón y también algunas autoridades, como el Gobernador del Banco de México, la vieron con buenos ojos. Pero tuvo un costo directo en los recursos que canalizó el Gobierno en forma de subsidios, además de las distorsiones causadas por el control de precios, que afectan la asignación de recursos y esconden temporalmente las presiones inflacionarias.
El Presidente no se conformó con esa intromisión, sino que la hizo más amplia en su mensaje a la Nación de la semana pasada. En él, pospuso el aumento extraordinario previsto para las gasolinas con motivo de las adecuaciones fiscales más recientes y congeló en lo que resta de 2007 el aumento mensual programado para las tarifas de energía eléctrica de consumo doméstico y para los precios de la gasolina Magna, del diesel y del gas licuado de petróleo. El objetivo es, según Calderón, "proteger la economía de las familias más pobres".
De acuerdo a cálculos de las propias autoridades, esto significará un sacrificio fiscal estimado en más de 8 mil millones de pesos, lo que constituye una parte del costo que asumirá el País por la decisión gubernamental. A esto hay que agregar también las distorsiones económicas, como el estímulo al mayor consumo en bienes y servicios, cuya escasez provoca los aumentos de precios. Es decir, que rebasar por la izquierda en materia de política económica está resultando muy caro para México.
Por otro lado, el beneficio en términos de popularidad para los gobernantes es efímero, porque tarde o temprano se impone la dura realidad y el Estado se ve imposibilitado de seguir asumiendo la carga pesada de los subsidios. Ello sucederá, probablemente a principios de 2008, cuando entren en vigor el nuevo aumento al precio de las gasolinas y se reanuden los aumentos programados en electricidad doméstica, diesel y gas licuado. Al parecer, en ese entonces Calderón ya no seguirá protegiendo "la economía de las familias más pobres".
Es una práctica común de los Gobiernos demagógicos y populistas alimentar en la población la idea falsa de que el Gobierno es el mejor defensor de su economía, lo que justifica con la proliferación de acciones que a la postre resultan contraproducentes. Calderón, en su corto mandato, ha abusado de la retórica y la demagogia a la hora de vestir sus iniciativas y justificar sus medidas en materia económica.
A pesar de que la historia del populismo se ha vivido una y otra vez en México y en otros países del mundo, especialmente en el resto de América Latina, nuestros políticos eluden las medidas dolorosas y optan por aquellas que les ganan popularidad, como son los anuncios espectaculares que van en contra del funcionamiento del sistema de precios.
En este sentido, es válido señalar que nuevamente en nuestro País, como en la década de los años 70 del siglo pasado, el Presidente Calderón está resucitando aquella estrategia izquierdista concentrada en la frase de que la política económica del País se hace en Los Pinos. Todos sabemos el resultado trágico de esa postura demagógica y populista, por lo que sólo podemos rezar para que Calderón no continúe por ese camino.
Salvador Kalifa es doctor en economía y consultor económico y financiero.
Su e-mail es salvadorkalifa@prodigy.net.mx
En la práctica, sin embargo, resulta bastante difícil distinguir las acciones de política económica de los Presidentes de "derecha", respecto a las posiciones y ofrecimientos de los candidatos de "izquierda" en nuestro País.
Es difícil aceptar, por ejemplo, que un Gobierno como el de Fox se califique de derecha cuando en 2001 expropió los ingenios azucareros, una medida que ya había sido aplicada por el Gobierno izquierdista del Presidente Luis Echeverría. A errores como este se sumó una actitud timorata durante todo el sexenio pasado que doblegó al Presidente Fox ante las presiones de los grupos interesados en mantener el status quo.
A diferencia de su antecesor, el Gobierno del Presidente Calderón ha tratado de proyectar, desde su inicio, una imagen de firmeza en el ataque a los principales problemas del País. Esto se reflejó en sus primeras acciones frente al narcotráfico, donde pasó de una posición defensiva a otra ofensiva.
Una parte del comportamiento de Calderón se explica por las condiciones precarias en que asumió la Presidencia. Cuestionada seriamente la legitimidad de su Gobierno por el candidato perdedor, el Presidente optó por iniciar su mandato con acciones firmes que transmitieran la señal de un líder decidido a borrar la imagen anodina de su predecesor en Los Pinos.
De igual forma, ante las constantes manifestaciones críticas de AMLO y sus seguidores, Calderón ofreció que su Gobierno rebasaría por la izquierda a sus opositores. Este principio, al parecer, es el que guía sus pasos en materia de política económica.
Sólo así se explica que a principios de año, ante el aumento registrado en el precio nacional del maíz y de la tortilla, provocado por el alza en las cotizaciones internacionales del grano, debido al uso creciente de este último como materia prima para elaborar etanol, el Gobierno calderonista decidiera imponer el control de precios a todos los productos de la cadena maíz-tortilla.
Dicho control concluyó formalmente el 15 de agosto pasado, pero continúa en la práctica con un acuerdo entre el Gobierno y los productores para mantener la estabilidad de precios de la tortilla.
Esta decisión, evidentemente, le granjeó una popularidad significativa al Presidente Calderón y también algunas autoridades, como el Gobernador del Banco de México, la vieron con buenos ojos. Pero tuvo un costo directo en los recursos que canalizó el Gobierno en forma de subsidios, además de las distorsiones causadas por el control de precios, que afectan la asignación de recursos y esconden temporalmente las presiones inflacionarias.
El Presidente no se conformó con esa intromisión, sino que la hizo más amplia en su mensaje a la Nación de la semana pasada. En él, pospuso el aumento extraordinario previsto para las gasolinas con motivo de las adecuaciones fiscales más recientes y congeló en lo que resta de 2007 el aumento mensual programado para las tarifas de energía eléctrica de consumo doméstico y para los precios de la gasolina Magna, del diesel y del gas licuado de petróleo. El objetivo es, según Calderón, "proteger la economía de las familias más pobres".
De acuerdo a cálculos de las propias autoridades, esto significará un sacrificio fiscal estimado en más de 8 mil millones de pesos, lo que constituye una parte del costo que asumirá el País por la decisión gubernamental. A esto hay que agregar también las distorsiones económicas, como el estímulo al mayor consumo en bienes y servicios, cuya escasez provoca los aumentos de precios. Es decir, que rebasar por la izquierda en materia de política económica está resultando muy caro para México.
Por otro lado, el beneficio en términos de popularidad para los gobernantes es efímero, porque tarde o temprano se impone la dura realidad y el Estado se ve imposibilitado de seguir asumiendo la carga pesada de los subsidios. Ello sucederá, probablemente a principios de 2008, cuando entren en vigor el nuevo aumento al precio de las gasolinas y se reanuden los aumentos programados en electricidad doméstica, diesel y gas licuado. Al parecer, en ese entonces Calderón ya no seguirá protegiendo "la economía de las familias más pobres".
Es una práctica común de los Gobiernos demagógicos y populistas alimentar en la población la idea falsa de que el Gobierno es el mejor defensor de su economía, lo que justifica con la proliferación de acciones que a la postre resultan contraproducentes. Calderón, en su corto mandato, ha abusado de la retórica y la demagogia a la hora de vestir sus iniciativas y justificar sus medidas en materia económica.
A pesar de que la historia del populismo se ha vivido una y otra vez en México y en otros países del mundo, especialmente en el resto de América Latina, nuestros políticos eluden las medidas dolorosas y optan por aquellas que les ganan popularidad, como son los anuncios espectaculares que van en contra del funcionamiento del sistema de precios.
En este sentido, es válido señalar que nuevamente en nuestro País, como en la década de los años 70 del siglo pasado, el Presidente Calderón está resucitando aquella estrategia izquierdista concentrada en la frase de que la política económica del País se hace en Los Pinos. Todos sabemos el resultado trágico de esa postura demagógica y populista, por lo que sólo podemos rezar para que Calderón no continúe por ese camino.
Salvador Kalifa es doctor en economía y consultor económico y financiero.
Su e-mail es salvadorkalifa@prodigy.net.mx
Etiquetas: Calderon, demagogia, derecha, economia, inflacion, izquierda, liberalismo, populismo, reaccionario, reformas
viernes, septiembre 28, 2007
La reforma pendiente...
"El nacionalismo es ansia de poder templada por el engaño a sí mismo".
George Orwell
De poco o nada servirá una reforma fiscal que aportará poco más de 100 mil millones de pesos anuales a las arcas públicas si no se acompaña pronto de una reforma energética. Pero no queda claro que el acuerdo que tuvieron los partidos políticos para impulsar la reforma electoral y la fiscal se mantenga en el momento de enfrentar los tabúes del sector energético.
No es ninguna novedad que la producción del yacimiento petrolero de crudo de Cantarell está declinando. Algunos yacimientos más pequeños han permitido compensar parcialmente esta caída, pero ha sido más bien el alza de los precios internacionales del petróleo lo que nos ha impedido sentir el impacto completo de la declinación.
Las consecuencias negativas, sin embargo, están ahí y son inescapables. Tarde o temprano bajarán los precios del petróleo y el país se dará cuenta de que nunca tomó medidas para compensar la declinación de Cantarell. Independientemente del nivel de los precios del petróleo, de hecho, lo más probable es que en menos de una década nos convirtamos en importadores netos. Y entonces los altos precios de los hidrocarburos serán un lastre más que una fuente de ingresos.
Las consecuencias de las restricciones a la inversión ya son evidentes. A pesar de ser un país petrolero, en México estamos importando más del 30 por ciento de la gasolina que usamos. El costo que esto tiene se incrementará ahora como consecuencia de la cancelación de los ajustes que se venían haciendo en los precios de la gasolina Magna. ¿Por qué? Porque estamos exportando petróleo crudo a Estados Unidos, pero sólo para comprar gasolina cara y revenderla más barata en México. Es un esquema irracional diseñado para perder dinero.
En la actualidad estamos gastando 8 mil millones de dólares al año para importar gasolinas: casi lo mismo que se obtendrá de la reforma fiscal. En las condiciones actuales este monto simplemente seguirá creciendo. Pero ésa no es toda la tragedia. Las refinerías de México pierden dinero en un negocio en el que, ante la escasez internacional de combustibles, ninguna otra planta del mundo registra pérdidas. Y éstas son previas a los impuestos confiscatorios que el Gobierno federal le cobra a Pemex. Las pérdidas son simplemente consecuencia de falta de inversión.
Hay una refinería de Pemex que sí es rentable. Pero el problema es que se encuentra en Deer Park, Texas, y es una coinversión con Shell.
En México se prohíbe a Pemex tener socios privados. Esto llevó al gobierno del ex Presidente Vicente Fox a considerar la posibilidad de establecer una nueva refinería, pero no en México, sino en Centroamérica. No hay comentario más triste a la camisa de fuerza de nuestra legislación energética que este intento de establecer la refinería que tanto necesitamos en otro país con el fin de incorporar a los socios que son indispensables para ella.
Pemex no puede dedicar más dinero a las refinerías porque los pocos recursos que tiene deben dedicarse a operaciones más rentables y en particular a la extracción de crudo. Buscar socios para el negocio de la refinación es inevitable. Si no lo hacemos, simplemente seguiremos importando gasolinas y enriqueciendo a los refinadores de Texas.
Hay muchos otros procesos en la industria energética en los que necesitamos urgentemente inversión privada. Es absurdo, por ejemplo, que no podamos tener capital privado en ductos, lo cual nos impide modernizar la red de gasoductos y oleoductos. En cambio, todo el transporte terrestre de productos de Pemex es privado. ¿Cuál es la lógica de prohibir la inversión en ductos? ¿Obligar a Pemex a pagar 40 veces más para mover sus productos por carretera? ¿De verdad nos ayuda esto a ser un país más próspero y soberano?
Casi todos los países del mundo mantienen la propiedad original de los hidrocarburos en manos del Estado. Pero casi ninguno establece un monopolio tan dañino como el que nuestros políticos han creado aquí. Volvamos la vista a Canadá, a Alaska en Estados Unidos, a Noruega, a Brasil y a Cuba: nos daremos cuenta de que la propiedad pública de los hidrocarburos puede combinarse con una eficiente y necesaria inversión privada.
La limitación a la inversión privada en energéticos es una de las razones por las que México ha crecido tan poco desde hace años. El asfixiante monopolio de Pemex no ha servido para crear riqueza ni para rescatar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza. Todo lo contrario. El sector energético está en camino de convertirse en un lastre económico. Hemos desperdiciado la bonanza petrolera con unas políticas que fueron aparentemente diseñadas por nuestro peor enemigo.
Sergio Sarmiento
www.sarmiento.com
George Orwell
De poco o nada servirá una reforma fiscal que aportará poco más de 100 mil millones de pesos anuales a las arcas públicas si no se acompaña pronto de una reforma energética. Pero no queda claro que el acuerdo que tuvieron los partidos políticos para impulsar la reforma electoral y la fiscal se mantenga en el momento de enfrentar los tabúes del sector energético.
No es ninguna novedad que la producción del yacimiento petrolero de crudo de Cantarell está declinando. Algunos yacimientos más pequeños han permitido compensar parcialmente esta caída, pero ha sido más bien el alza de los precios internacionales del petróleo lo que nos ha impedido sentir el impacto completo de la declinación.
Las consecuencias negativas, sin embargo, están ahí y son inescapables. Tarde o temprano bajarán los precios del petróleo y el país se dará cuenta de que nunca tomó medidas para compensar la declinación de Cantarell. Independientemente del nivel de los precios del petróleo, de hecho, lo más probable es que en menos de una década nos convirtamos en importadores netos. Y entonces los altos precios de los hidrocarburos serán un lastre más que una fuente de ingresos.
Las consecuencias de las restricciones a la inversión ya son evidentes. A pesar de ser un país petrolero, en México estamos importando más del 30 por ciento de la gasolina que usamos. El costo que esto tiene se incrementará ahora como consecuencia de la cancelación de los ajustes que se venían haciendo en los precios de la gasolina Magna. ¿Por qué? Porque estamos exportando petróleo crudo a Estados Unidos, pero sólo para comprar gasolina cara y revenderla más barata en México. Es un esquema irracional diseñado para perder dinero.
En la actualidad estamos gastando 8 mil millones de dólares al año para importar gasolinas: casi lo mismo que se obtendrá de la reforma fiscal. En las condiciones actuales este monto simplemente seguirá creciendo. Pero ésa no es toda la tragedia. Las refinerías de México pierden dinero en un negocio en el que, ante la escasez internacional de combustibles, ninguna otra planta del mundo registra pérdidas. Y éstas son previas a los impuestos confiscatorios que el Gobierno federal le cobra a Pemex. Las pérdidas son simplemente consecuencia de falta de inversión.
Hay una refinería de Pemex que sí es rentable. Pero el problema es que se encuentra en Deer Park, Texas, y es una coinversión con Shell.
En México se prohíbe a Pemex tener socios privados. Esto llevó al gobierno del ex Presidente Vicente Fox a considerar la posibilidad de establecer una nueva refinería, pero no en México, sino en Centroamérica. No hay comentario más triste a la camisa de fuerza de nuestra legislación energética que este intento de establecer la refinería que tanto necesitamos en otro país con el fin de incorporar a los socios que son indispensables para ella.
Pemex no puede dedicar más dinero a las refinerías porque los pocos recursos que tiene deben dedicarse a operaciones más rentables y en particular a la extracción de crudo. Buscar socios para el negocio de la refinación es inevitable. Si no lo hacemos, simplemente seguiremos importando gasolinas y enriqueciendo a los refinadores de Texas.
Hay muchos otros procesos en la industria energética en los que necesitamos urgentemente inversión privada. Es absurdo, por ejemplo, que no podamos tener capital privado en ductos, lo cual nos impide modernizar la red de gasoductos y oleoductos. En cambio, todo el transporte terrestre de productos de Pemex es privado. ¿Cuál es la lógica de prohibir la inversión en ductos? ¿Obligar a Pemex a pagar 40 veces más para mover sus productos por carretera? ¿De verdad nos ayuda esto a ser un país más próspero y soberano?
Casi todos los países del mundo mantienen la propiedad original de los hidrocarburos en manos del Estado. Pero casi ninguno establece un monopolio tan dañino como el que nuestros políticos han creado aquí. Volvamos la vista a Canadá, a Alaska en Estados Unidos, a Noruega, a Brasil y a Cuba: nos daremos cuenta de que la propiedad pública de los hidrocarburos puede combinarse con una eficiente y necesaria inversión privada.
La limitación a la inversión privada en energéticos es una de las razones por las que México ha crecido tan poco desde hace años. El asfixiante monopolio de Pemex no ha servido para crear riqueza ni para rescatar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza. Todo lo contrario. El sector energético está en camino de convertirse en un lastre económico. Hemos desperdiciado la bonanza petrolera con unas políticas que fueron aparentemente diseñadas por nuestro peor enemigo.
Sergio Sarmiento
www.sarmiento.com
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, economia, liberalismo, PEMEX, petroleo, pobreza, populismo, reformas, riqueza
miércoles, septiembre 26, 2007
No que muy valientes?
El coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, ya le pidió al Presidente que el incremento gradual de la gasolina comience en enero y no en octubre.
¿Por qué se lo piden al Presidente, si los legisladores aprobaron el monto y los tiempos del incremento?
Porque, dice Gamboa, los diputados del PRI no habían leído que la modificación a las tarifas se inicia el lunes de la siguiente semana.
Admiten que no leen ni lo que dictaminan y votan, aun en temas tan relevantes como es el alza de precios en los productos monopolizados por el Estado.
Ese incremento va a ser, al final del proceso, de cinco por ciento. Y no va a mejorar las finanzas de la Federación, sino ayudará un poco a las de los gobiernos estatales y el del Distrito Federal.
¿Valdrá la pena? No tanto. Como tampoco va a servir de mucho la reforma fiscal aprobada en el Congreso: apenas un punto del PIB, y eso a finales del sexenio.
La realidad nos va a alcanzar. Cuando se deterioren las finanzas públicas de manera ostensible, lo que ocurrirá en el actual sexenio, va a tener que ampliarse el déficit (contratar más deuda) y recortar el gasto público. Regresar a la época de las tijeras, pues.
Ante esa situación no habrá más remedio que una reforma fiscal de emergencia, sin anestesia, a mata caballo, con costos sociales mucho mayores que cuando debió hacerse, de manera planeada y gradual.
A eso le tira López Obrador. Arrinconar a los legisladores de su partido y chantajear verbalmente a los del PRI, para evitar soluciones de fondo a la crisis que se avecina.
Con una crisis, López Obrador está del otro lado. Ahí sí gana. Le bastaría tener como frase de campaña: "se los dije".
No anda tan perdido. Es una realidad y hay que decirlo hasta el cansancio: los ingresos por exportaciones de petróleo van a la baja y eso va a deteriorar muy pronto las finanzas públicas.
De hecho, el próximo año no tendremos superávit en la balanza de hidrocarburos.
Vamos a exportar, en 2008, unos 26 mil millones de dólares en petróleo crudo e importaremos una cifra similar de gas y productos refinados.
Ante ese panorama resulta absurdo lo que propone López Obrador: bajar el precio de las gasolinas y dar más baratos todos los combustibles.
Se nos acaba el petróleo, los precios están por las nubes como nunca en la historia y el líder del PRD se avienta la puntada de que hay que bajar los precios: malbaratar aún más la menguante riqueza nacional.
Pero él no tiene la responsabilidad de gobernar, en el Ejecutivo o en el Congreso. Está en campaña presidencial desde ahora sin que haya ley alguna que se lo prohíba.
Lo más sensato sería no hacerle caso, pero los diputados y los senadores del PRI y los del PRD tiemblan cuando habla López Obrador en contra de "los inútiles del Congreso" y convoca, como lo ha hecho, a reventar el alza a las gasolinas.
A ver si ahora, en un rapto de valentía como el que tuvieron con la reforma electoral, los legisladores aprovechan la inspiración para de una vez por todas poner un impuesto parejo al consumo.
Ellos lo saben: no hay más remedio para las finanzas públicas del país que poner un IVA generalizado, sin exenciones ni tasas cero.
¿Por qué no se atreven? ¿No que muy valientes?
La OCDE, basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que realiza el INEGI, apunta que los dos deciles más ricos de la población capturan 35% del subsidio que representan las exenciones y la tasa cero del IVA.
En contraste, los dos deciles más pobres de la población mexicana obtienen menos de 10% de este subsidio.
Si se pone IVA parejo y se quitan exenciones y tasa cero, agrega la OCDE, más de la mitad de los ingresos adicionales serían pagados por los tres deciles más ricos de la población.
A la población de menores ingresos se le podría diseñar una política transparente de subsidios y dejar fuera del IVA una canasta básica de alimentos de consumo popular. Con eso se soluciona gran parte de la debilidad de las finanzas públicas.
Pero los diputados y los senadores rehúyen enfrentar la realidad y nos llevan a una crisis de fin de sexenio donde el perdedor será el país y todos sus habitantes. Menos uno.
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Mientras siga la demagogia y el populismo no habrá una verdadera reforma fiscal en México. Se requiere un IVA parejo y un ISR flat. Sólo dos impuestos. Pero la cerrazón de algunos mantiene a este país en el retraso. Los subsidios no deben ser generalizados, pues así son sumamente injustos. Deben ser dirigidos a quienes menos tienen. Imagínense, bajar la gasolina. ¿A quién beneficia? A quien tiene auto. Y quienes tienen auto, el 30% más rico de la población. Igual que los segundos pisos. ¿Hasta cuando?
Etiquetas: congreso, demagogia, economia, liberalismo, partidocracia, pobreza, populismo, reforma fiscal, reformas, riqueza
Los radicales que cambiarán al mundo...
Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.Etiquetas: demagogia, fanatismo, fascismo, intolerancia, izquierda, liberalismo, reaccionario
lunes, septiembre 17, 2007
Soberbia Legislativa
Las reuniones y el ejercicio de gobierno entre el primer ministro y el parlamento inglés son apasionantes. La Gran Bretaña hace alarde de su madurez democrática enfrentando al Premier a las posturas y posicionamientos del parlamento británico en cada reunión.
Se puede ver al jefe de gobierno hablando de los programas y justificando cada actividad y al parlamento cuestionando y discutiendo cada punto. Destacan la defensa de la identidad y fortalezas de la unión, pero también la lucha de clases, todo reducido a un recinto. Es prácticamente raro ver que los parlamentarios aboguen por sus causas en la calle o fuera de ahí.
También es impensable que el primer ministro vaya a las audiencias sin estar preparado o que solicite tiempo para poder contestar a los planteamientos de los representantes de la sociedad de aquel país.
El ejercicio democrático así es. Escucha, delibera, analiza y propone. La secuencia cambia, pero la certeza de que es un proceso que se repite, alivia la tensión inherente de todo debate en este parlamento. No hay insultos, ni gritos, ni vituperios, mucho menos golpes o tomas de tribuna en el parlamento inglés.
El primer ministro sabe que su rendición de cuentas ante el parlamento es total. Escudriñar la acción pública es parte de la cultura democrática.
Pero el parlamento cuenta con apoyo de instituciones académicas y de investigación legislativa y presupuestal que constantemente proveen estudios y análisis para coadyuvar en la tarea de ambos poderes.
Certidumbre y legalidad, parecerían ser los dos elementos de aquella forma en la que interactúan el jefe de gobierno y el poder legislativo en su democracia.
La comparación, reconozco, no aplica al caso mexicano, dado nuestro sistema presidencialista y republicano. No obstante, la considero útil para contrastar el nivel del debate y la capacidad democrática de otras sociedades.
Valga la comparación, sin embargo, para analizar un hecho histórico en la vida democrática de nuestro país. El pluralismo en la cámara de diputados y el acotamiento presidencial.
Para ello vale la pena recordar los múltiples nombres con los que se bautizó al presidencialismo mexicano. De entre ellos está, por supuesto, el derivado de la obra de Enrique Krauze, "La Presidencia Imperial", obra en la que se destacaba la capacidad de México de resumir todo el poder durante seis años en una sola persona. El nuestro era un país con un Legislativo meramente de trámite a las leyes, políticas, caprichos y ocurrencias del poder centralizado del Presidente de México.
Sin embargo, desde hace 10 años que el Legislativo intenta, en pluralismo, ser un poder autónomo e independiente. Esto lo ha venido haciendo frente a un presidencialismo autoacotado en los últimos seis años.
Los resultados hasta ahora no nos arrojan una buena cosecha. A pesar de cambiar los "agricultores" del Congreso, muchos repiten brincando de cámara a cámara; parecería que los frutos de la autonomía legislativa no se han dado. Hoy estamos frente a la posibilidad de un Congreso secuestrado por un puñado de partidos políticos y alejado de sus representados, la ciudadanía y de los intereses del País.
Basta echar una mirada a las reformas que se han discutido sin éxito, o bien repasar la mini reforma electoral aprobada el jueves para comprender que el Congreso se está inflando en su soberbia para decidir sin analizar las consecuencias de sus actos.
Las medidas de reducir los montos de campañas y los tiempos, prohibir spots y el intento de acabar con la posibilidad de candidaturas ciudadanas (no aprobado afortunadamente), son todas parte de un proceso más amplio que debe discutirse sobre la reforma del Estado y que nos han querido vender hoy como tal nuestros orgullosos legisladores.
En esta semi reforma electoral no se toca el financiamiento de operación de los partidos políticos. Se les quita el de difusión, pero no se planteó una verdadera revisión de la manera tan poco transparente y mal administrada en la que los partidos se las gastan mes a mes con los recursos públicos, y no se diga en campaña.
La soberbia del Congreso se refleja en invitar a los actores de los medios de comunicación para no escucharlos y aprobar ese mismo día por la tarde noche lo que ya había resuelto.
Soberbia porque, si bien es valioso que se reduzcan los tiempos de campaña, nada se aprobó sobre la falta de exigencia a los partidos políticos para realmente ser representantes de los intereses de los ciudadanos y no de su grupo.
Estamos paradójicamente frente a la división de poderes sin poderes. Ante la falta de capacidades para debatir con respeto e inteligencia frente a la necesidad de acordar y gobernar. Nos encontramos en la antesala de un presidencialismo acotado y un congreso arrogante. Ninguno sirve al pueblo de México.
Vidal Garza Cantú
vidal.garza@terra.com.mx
Se puede ver al jefe de gobierno hablando de los programas y justificando cada actividad y al parlamento cuestionando y discutiendo cada punto. Destacan la defensa de la identidad y fortalezas de la unión, pero también la lucha de clases, todo reducido a un recinto. Es prácticamente raro ver que los parlamentarios aboguen por sus causas en la calle o fuera de ahí.
También es impensable que el primer ministro vaya a las audiencias sin estar preparado o que solicite tiempo para poder contestar a los planteamientos de los representantes de la sociedad de aquel país.
El ejercicio democrático así es. Escucha, delibera, analiza y propone. La secuencia cambia, pero la certeza de que es un proceso que se repite, alivia la tensión inherente de todo debate en este parlamento. No hay insultos, ni gritos, ni vituperios, mucho menos golpes o tomas de tribuna en el parlamento inglés.
El primer ministro sabe que su rendición de cuentas ante el parlamento es total. Escudriñar la acción pública es parte de la cultura democrática.
Pero el parlamento cuenta con apoyo de instituciones académicas y de investigación legislativa y presupuestal que constantemente proveen estudios y análisis para coadyuvar en la tarea de ambos poderes.
Certidumbre y legalidad, parecerían ser los dos elementos de aquella forma en la que interactúan el jefe de gobierno y el poder legislativo en su democracia.
La comparación, reconozco, no aplica al caso mexicano, dado nuestro sistema presidencialista y republicano. No obstante, la considero útil para contrastar el nivel del debate y la capacidad democrática de otras sociedades.
Valga la comparación, sin embargo, para analizar un hecho histórico en la vida democrática de nuestro país. El pluralismo en la cámara de diputados y el acotamiento presidencial.
Para ello vale la pena recordar los múltiples nombres con los que se bautizó al presidencialismo mexicano. De entre ellos está, por supuesto, el derivado de la obra de Enrique Krauze, "La Presidencia Imperial", obra en la que se destacaba la capacidad de México de resumir todo el poder durante seis años en una sola persona. El nuestro era un país con un Legislativo meramente de trámite a las leyes, políticas, caprichos y ocurrencias del poder centralizado del Presidente de México.
Sin embargo, desde hace 10 años que el Legislativo intenta, en pluralismo, ser un poder autónomo e independiente. Esto lo ha venido haciendo frente a un presidencialismo autoacotado en los últimos seis años.
Los resultados hasta ahora no nos arrojan una buena cosecha. A pesar de cambiar los "agricultores" del Congreso, muchos repiten brincando de cámara a cámara; parecería que los frutos de la autonomía legislativa no se han dado. Hoy estamos frente a la posibilidad de un Congreso secuestrado por un puñado de partidos políticos y alejado de sus representados, la ciudadanía y de los intereses del País.
Basta echar una mirada a las reformas que se han discutido sin éxito, o bien repasar la mini reforma electoral aprobada el jueves para comprender que el Congreso se está inflando en su soberbia para decidir sin analizar las consecuencias de sus actos.
Las medidas de reducir los montos de campañas y los tiempos, prohibir spots y el intento de acabar con la posibilidad de candidaturas ciudadanas (no aprobado afortunadamente), son todas parte de un proceso más amplio que debe discutirse sobre la reforma del Estado y que nos han querido vender hoy como tal nuestros orgullosos legisladores.
En esta semi reforma electoral no se toca el financiamiento de operación de los partidos políticos. Se les quita el de difusión, pero no se planteó una verdadera revisión de la manera tan poco transparente y mal administrada en la que los partidos se las gastan mes a mes con los recursos públicos, y no se diga en campaña.
La soberbia del Congreso se refleja en invitar a los actores de los medios de comunicación para no escucharlos y aprobar ese mismo día por la tarde noche lo que ya había resuelto.
Soberbia porque, si bien es valioso que se reduzcan los tiempos de campaña, nada se aprobó sobre la falta de exigencia a los partidos políticos para realmente ser representantes de los intereses de los ciudadanos y no de su grupo.
Estamos paradójicamente frente a la división de poderes sin poderes. Ante la falta de capacidades para debatir con respeto e inteligencia frente a la necesidad de acordar y gobernar. Nos encontramos en la antesala de un presidencialismo acotado y un congreso arrogante. Ninguno sirve al pueblo de México.
Vidal Garza Cantú
vidal.garza@terra.com.mx
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, democracia, IFE, liberalismo, partidocracia, reaccionario, reformas
domingo, septiembre 16, 2007
Si existe la partidocracia
La urgencia de una reforma fiscal es evidente. Más del 30 por ciento de los recursos federales provienen de Pemex. Pero la producción está decreciendo y las reservas probadas alcanzan para apenas nueve años. Una reforma fiscal efectiva debería combatir la evasión y simplificar el pago de impuestos. El camino para alcanzar esos objetivos es gravar el consumo (todos pagan y pagan más los que más consumen) mediante la supresión de exenciones y tasas cero. La receta funciona en todo el mundo. Los diputados y senadores mejor informados lo reconocen en privado. Sin embargo, no se optó por ese camino. El PRI no está dispuesto a pagar el costo. Por eso, la reforma fiscal nos cargará la mano a los de siempre y dejará intocados a los informales. Así que ni simplificación ni ataque frontal a la evasión.
Urge una reforma energética que dote a Pemex de mayores recursos para explorar, explotar y refinar petróleo. No hay otro modo de rescatar a Petróleos Mexicanos. La empresa está quebrada. Mientras sus flujos alcanzan 30 mil millones de pesos, los pasivos ascienden a 1 billón 100 mil millones de pesos. El problema de fondo está en la operación de la paraestatal. El poder del sindicato es una traba y las fugas por mala administración y corrupción son enormes. El antídoto es bien conocido. Bastaría con permitir la inversión privada para matar dos pájaros de un tiro: captar recursos que son indispensables y mejorar los sistemas de administración y producción. Así funciona Petrobras en Brasil. Los inversionistas privados participan sin que el Estado haya perdido la dirección de la empresa. Pero la reforma energética que se está cocinando aquí no transitará por ese camino. Los priistas no están dispuestos a pagar el costo y de los perredistas ni hablamos.
Así como lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo posible se contrapone a lo eficiente. Los senadores y los diputados le están pegando curitas a un enfermo muy grave. Es lo que se puede, dicen. Y en efecto, se puede muy poco porque se niegan a asumir su responsabilidad y tomar al toro por los cuernos. Pero esta actitud timorata no se percibe en la reforma electoral. En este campo han decidido servirse con la cuchara grande. No les importan las críticas ni les preocupa ofrecer argumentos sólidos. La reforma electoral no figuraba en las prioridades de la agenda nacional. Menos venía a cuento la decapitación de los consejeros del IFE que vulnera la autonomía de una institución que se ha forjado a lo largo de muchos años. Las protestas que esto ha generado han sido ignoradas y desacreditadas.
El espectáculo es grotesco. Hace apenas unos meses, los priistas lanzaron una ofensiva para defender a Mario Marín, gobernador de Puebla, y a Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca. El objetivo de sus dardos era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vale ni conviene, decían, que los ministros se asuman como un supremo poder. El razonamiento no era malo. La Constitución faculta de manera confusa y ambigua a la SCJN para efectuar investigaciones. La ofensiva fue tan exitosa que ya nadie habla de Marín y Ruiz. Sorpresas que da la vida o, más bien, los priistas. Los destituidos no fueron los gobernadores, sino los consejeros del IFE. La causa de su remoción no existe jurídicamente. Todo se reduce a un acuerdo político con claras motivaciones políticas. ¿Dónde estaba entonces el riesgo de un supremo poder conservador?
Otra de las joyas de la reforma electoral es elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. "En la propaganda política o electoral -dice el artículo en cuestión- que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas". Sobre este loable propósito cabe formular varias cuestiones: 1) Cuál es la línea divisoria entre lo prohibido y lo aceptable. Las frases: "Fulano es un peligro para México", "Mengano fue un gobernante irresponsable", ¿son calumnias y deberán ser censuradas? 2) Las campañas negativas son parte natural de cualquier sistema democrático y constituyen una fuente de información relevante para los ciudadanos. 3) Qué pasará cuando un candidato insulte a otro en un mitin; el famoso ¡Cállate, chachalaca! de López debería ser o no transmitido por los noticieros de televisión. Si sí: se viola el espíritu de la ley porque las campañas negativas correrán por ese riel. Si no: se desatará una avalancha de censuras sobre los noticieros y los programas de análisis político en la radio y la televisión.
Para decirlo en dos palabras: la prohibición de las campañas negativas eleva a rango constitucional la censura. Y en esta materia, como en la guerra, rige un principio muy simple y muy cierto: todo el mundo sabe dónde y cuándo comienza, pero nadie sabe cómo ni cuándo va a terminar.
Vayamos, finalmente, a las grandes omisiones. Si los legisladores querían efectuar una reforma política de verdad deberían haber considerado dos temas fundamentales: el de la reelección de los representantes populares y el de las candidaturas independientes. Sobre el primero no se pronunciaron siquiera y sobre el segundo tuvieron la intención de elevar a rango constitucional su prohibición, si bien en el último momento se echaron para atrás. Lo que sí estipularon con toda claridad es que la autoridad electoral debe tener mucho menos atribuciones para intervenir en la vida interna de los partidos. ¿Alguna otra evidencia de por dónde va la tirada?
Se ha querido presentar esta reforma, y el debate que ha generado, como un enfrentamiento entre las televisoras y los senadores de los tres grandes partidos. El motivo sería la prohibición de contratar publicidad y la disposición del tiempo oficial por los partidos. Pero este planteamiento es falso. La inconformidad de los medios electrónicos es generalizada e incluye a todas las cadenas de radio y de televisión por cable. La decapitación del consejo del IFE no se inscribe ni se explica por esa disputa. Y, finalmente, los partidos pequeños se han pronunciado abiertamente contra la reforma.
Los grandes perdedores de estas reformas, porque son varias, somos los ciudadanos. Los legisladores no atendieron los problemas urgentes ni les dieron solución, pero sí vulneraron la autonomía del IFE y limitaron el derecho a la libertad de expresión. Crearon regulaciones excesivas y, para colmo, les confirieron a los partidos el derecho de bombardearnos todo el tiempo con sus mensajes y propaganda sin que les cueste un solo centavo. Y luego dicen que la partidocracia... no existe.
Jaime Sánchez Susarrey
Urge una reforma energética que dote a Pemex de mayores recursos para explorar, explotar y refinar petróleo. No hay otro modo de rescatar a Petróleos Mexicanos. La empresa está quebrada. Mientras sus flujos alcanzan 30 mil millones de pesos, los pasivos ascienden a 1 billón 100 mil millones de pesos. El problema de fondo está en la operación de la paraestatal. El poder del sindicato es una traba y las fugas por mala administración y corrupción son enormes. El antídoto es bien conocido. Bastaría con permitir la inversión privada para matar dos pájaros de un tiro: captar recursos que son indispensables y mejorar los sistemas de administración y producción. Así funciona Petrobras en Brasil. Los inversionistas privados participan sin que el Estado haya perdido la dirección de la empresa. Pero la reforma energética que se está cocinando aquí no transitará por ese camino. Los priistas no están dispuestos a pagar el costo y de los perredistas ni hablamos.
Así como lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo posible se contrapone a lo eficiente. Los senadores y los diputados le están pegando curitas a un enfermo muy grave. Es lo que se puede, dicen. Y en efecto, se puede muy poco porque se niegan a asumir su responsabilidad y tomar al toro por los cuernos. Pero esta actitud timorata no se percibe en la reforma electoral. En este campo han decidido servirse con la cuchara grande. No les importan las críticas ni les preocupa ofrecer argumentos sólidos. La reforma electoral no figuraba en las prioridades de la agenda nacional. Menos venía a cuento la decapitación de los consejeros del IFE que vulnera la autonomía de una institución que se ha forjado a lo largo de muchos años. Las protestas que esto ha generado han sido ignoradas y desacreditadas.
El espectáculo es grotesco. Hace apenas unos meses, los priistas lanzaron una ofensiva para defender a Mario Marín, gobernador de Puebla, y a Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca. El objetivo de sus dardos era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vale ni conviene, decían, que los ministros se asuman como un supremo poder. El razonamiento no era malo. La Constitución faculta de manera confusa y ambigua a la SCJN para efectuar investigaciones. La ofensiva fue tan exitosa que ya nadie habla de Marín y Ruiz. Sorpresas que da la vida o, más bien, los priistas. Los destituidos no fueron los gobernadores, sino los consejeros del IFE. La causa de su remoción no existe jurídicamente. Todo se reduce a un acuerdo político con claras motivaciones políticas. ¿Dónde estaba entonces el riesgo de un supremo poder conservador?
Otra de las joyas de la reforma electoral es elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. "En la propaganda política o electoral -dice el artículo en cuestión- que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas". Sobre este loable propósito cabe formular varias cuestiones: 1) Cuál es la línea divisoria entre lo prohibido y lo aceptable. Las frases: "Fulano es un peligro para México", "Mengano fue un gobernante irresponsable", ¿son calumnias y deberán ser censuradas? 2) Las campañas negativas son parte natural de cualquier sistema democrático y constituyen una fuente de información relevante para los ciudadanos. 3) Qué pasará cuando un candidato insulte a otro en un mitin; el famoso ¡Cállate, chachalaca! de López debería ser o no transmitido por los noticieros de televisión. Si sí: se viola el espíritu de la ley porque las campañas negativas correrán por ese riel. Si no: se desatará una avalancha de censuras sobre los noticieros y los programas de análisis político en la radio y la televisión.
Para decirlo en dos palabras: la prohibición de las campañas negativas eleva a rango constitucional la censura. Y en esta materia, como en la guerra, rige un principio muy simple y muy cierto: todo el mundo sabe dónde y cuándo comienza, pero nadie sabe cómo ni cuándo va a terminar.
Vayamos, finalmente, a las grandes omisiones. Si los legisladores querían efectuar una reforma política de verdad deberían haber considerado dos temas fundamentales: el de la reelección de los representantes populares y el de las candidaturas independientes. Sobre el primero no se pronunciaron siquiera y sobre el segundo tuvieron la intención de elevar a rango constitucional su prohibición, si bien en el último momento se echaron para atrás. Lo que sí estipularon con toda claridad es que la autoridad electoral debe tener mucho menos atribuciones para intervenir en la vida interna de los partidos. ¿Alguna otra evidencia de por dónde va la tirada?
Se ha querido presentar esta reforma, y el debate que ha generado, como un enfrentamiento entre las televisoras y los senadores de los tres grandes partidos. El motivo sería la prohibición de contratar publicidad y la disposición del tiempo oficial por los partidos. Pero este planteamiento es falso. La inconformidad de los medios electrónicos es generalizada e incluye a todas las cadenas de radio y de televisión por cable. La decapitación del consejo del IFE no se inscribe ni se explica por esa disputa. Y, finalmente, los partidos pequeños se han pronunciado abiertamente contra la reforma.
Los grandes perdedores de estas reformas, porque son varias, somos los ciudadanos. Los legisladores no atendieron los problemas urgentes ni les dieron solución, pero sí vulneraron la autonomía del IFE y limitaron el derecho a la libertad de expresión. Crearon regulaciones excesivas y, para colmo, les confirieron a los partidos el derecho de bombardearnos todo el tiempo con sus mensajes y propaganda sin que les cueste un solo centavo. Y luego dicen que la partidocracia... no existe.
Jaime Sánchez Susarrey
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