HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

La bomba contra la economía que el gobierno potencia con cada decisión equivocada va a afectar a todos los ciudadanos y se infla con dinero de los contribuyentes.

La intervención del Presidente fue el factor principal en el fracaso de la compraventa de Citibanamex: puso cuatro condiciones desde el inicio y en el momento de cerrar la operación le dio un palo al que iba comprar.

No hay certeza jurídica, el riesgo país es alto y, como advirtió el editorial institucional del Wall Street Journal este lunes, “en México lo que es tuyo puede ser del Presidente”, porque “ignora la ley para expropiar bienes cuando conviene a sus fines”.

Ahora se anuncia que el gobierno mexicano quiere comprar el banco, porque “dinero sí hay”. De concretarse, será otra erogación de miles de millones de dólares, en un gasto y operación que corresponden al sector privado.

La bomba contra la economía que el gobierno potencia con cada decisión equivocada va a afectar a todos los ciudadanos y se infla con dinero de los contribuyentes.

Dice el Presidente que el banco “es un negocio redondo”, lo cual es cierto, como también lo es fabricar coches, ropa, zapatos, lavadoras, pero no es tarea del gobierno. Además, no lo sabe hacer y son fuente de corrupción.

Esto ha pasado con Pemex en el actual sexenio: le han inyectado alrededor de 40 mil millones de dólares, entre quitas de impuestos, subsidios y transferencias directas, y sus bonos valen 42 por ciento menos que al inicio de la administración.

Dicen que están rescatando a Pemex, cuando en realidad tiran en ese pozo negro y sin fondo el dinero de los contribuyentes. Y se produce menos petróleo que al final del sexenio anterior.

Llegará el momento en que no haya dinero, y mientras más inflan la bomba el Presidente y sus aplaudidores más fuerte nos pegará el estallido.

Como ha explicado el economista y consultor Carlos Ramírez F., sólo en gasto en pensiones se gastaron 435 mil millones de pesos en el primer trimestre, y la recaudación por IVA fue de 294 mil millones de pesos en ese periodo.

El gasto en educación en el primer trimestre, en cambio, fue de 203 mil millones de pesos, en salud 139 mil millones y en inversión pública 172 mil millones.

Suenan muy bien las pensiones para adultos mayores, pero hay que fondearlas. Cuando llegó AMLO a la Presidencia ese programa costaba 40 mil millones de pesos al año, y el próximo año costará 400 mil millones de pesos.

Los economistas de este diario nos dirán de qué tamaño será la crisis que se gesta, y con sentido común uno puede hacer las cuentas.

Eso que es indispensable, el sentido común, no está presente en las decisiones que se toman en Palacio Nacional.

Casi 400 mil millones de pesos costará el Tren Maya, lo que es más de 130 por ciento adicional a lo previsto, y no reportará utilidades.

La refinería de Pemex que se construye en Dos Bocas costará arriba de 16 mil millones de dólares, más del doble de lo presupuestado.

Cancelar el aeropuerto en Texcoco (NAIM) costó 113 mil millones de pesos, más lo que falta por pagar a los tenedores de bonos de largo plazo.

La francachela del gobierno con dinero de los contribuyentes la pagaremos todos. No hay fiestas gratis. Menos si son parrandas inacabables.

Mientras se tira el dinero en actividades que deberían ser del sector privado, el gobierno desatiende, o destruye, lo fundamental de su tarea: salud, seguridad y educación.

Alguien de su corte le ha dicho al Presidente que es un magnífico economista. Y ahora, además de petrolero, ferrocarrilero, constructor y renovador de estadios de beisbol, va a ser aviador y desde anteayer le dio por que también puede ser banquero.

Todo lo anterior con dinero de los contribuyentes, con los 280 mil millones que le dejó el gobierno anterior para emergencias presupuestales, y con los 64 mil millones de pesos que le quitó a ciencia, cine, atención a desastres naturales, derechos humanos, etcétera.

Llegará el momento en que no haya dinero para cubrir los gastos del gobierno comprador y confiscador de bienes.

Ya somos, cada uno de nosotros, más pobres que al inicio del sexenio.

Apunta el economista Ramírez F., que de 2009 a 2018 el PIB per cápita de los mexicanos creció 19.2 por ciento. Y de 2018 al cierre de 2022 cayó -4.9 por ciento.

Peor aún en un país desigual como el nuestro: los pobres son más pobres (dependientes del subsidio del gobierno) y algunos ricos son más ricos gracias, en no pocos casos, a las asignaciones de obras y contratos por dedazo presidencial.

El mal manejo de la economía ha provocado que la inflación en lo que va del sexenio sea de 24.6 por ciento, contra 17.7 por ciento del gobierno de Peña Nieto… con todo y el gasolinazo.

Cuatrocientos mil millones ha dejado de captar el gobierno por subsidiar el IEPS de las gasolinas, y la inflación es más alta que con Enrique Peña.

Y ahora el Presidente quiere ser banquero. “Dinero hay”, dice.

Lo que no hay es inversión pública en infraestructura, en educación, en salud ni en medicinas.

Imposible que acabe bien esto que llaman 4T.

Pablo Hiriart

"La única manera en que el Estado puede financiar sus actividades es a través de la expropiación forzada de la riqueza productiva de los ciudadanos". Daniel Alexander Brackins

El mismo veraz político, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el 24 de abril nos aseguró que "no hubo traslado de emergencia, no hubo desvanecimiento" del Presidente López Obrador después de su último contagio de Covid, afirmó este 20 de mayo: "No estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo dice el decreto".

Efectivamente, el decreto del 19 de mayo "declara de utilidad pública la conservación y prestación del transporte público ferroviario" en tres tramos de vías férreas concesionados a Ferrosur, una empresa de Grupo México, y "ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec... en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec".

Lo curioso es que el propio decreto argumenta en sus considerandos que el Artículo 27 de la Constitución permite las expropiaciones "por causa de utilidad pública y mediante indemnización", que el Artículo 28 señala que los ferrocarriles "son áreas prioritarias para el desarrollo nacional", que la Ley de Expropiación "establece como causas de utilidad pública... el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público" y que el Artículo 25 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario señala que es "de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas".

En otras palabras, el Presidente ordena una "ocupación temporal", sin decir, por supuesto, cuánto durará, pero se basa en consideraciones que pretenden justificar una expropiación.

Como es habitual en este Gobierno, la acción legal está mal pensada y peor ejecutada. Un bien del dominio público concesionado, como las vías férreas, no puede expropiarse; puede rescatarse, como las carreteras en 1997, pero la propiedad ya es del Estado. La figura de ocupación temporal, de igual manera, sólo puede aplicarse a bienes privados.

Además, la autoridad legal en materia de ferrocarriles es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT, que no aparece en el documento. Ni la Secretaría de Gobernación ni la de Marina, cuyos titulares firman el decreto junto con el Presidente, son autoridad en este tema. Con razón este Gobierno pierde tantos amparos, cosa que después aprovecha para atacar a los jueces.

Tal y como el Secretario de Gobernación presenta el proceso, sin embargo, estamos viendo un acto de extorsión del Gobierno federal.

Adán Augusto dice que "habían (sic) conversaciones con Grupo México", pero "no hubo un acuerdo". Por eso el Presidente mandó a marinos armados a tomar posesión de esos tramos de vías férreas.

Reconoce, por otra parte, que continuarán las negociaciones con la empresa para que "haya muy pronto un acuerdo y podamos pasar ya a favor del Estado esos tramos".

El propio López Obrador dijo el 27 de noviembre de 2018, cuatro días antes de tomar posesión, que en su Gobierno "se va a dar mucha confianza a los inversionistas", que no habrá ni expropiaciones ni tratos autoritarios.

A pesar de la confusión en el decreto, quizá el mandatario pueda argumentar que no está expropiando, lo cual no sería legal para un bien público concesionado. Pero no hay duda de que está cometiendo un acto arbitrario.

Ocupar una vía férrea con marinos con armas largas para obligar al concesionario a aceptar un acuerdo es un trato arbitrario o, más concretamente, una extorsión.

EXPROPIACIÓN

Grupo México ha ratificado que estaba teniendo negociaciones con el gobierno cuando este tomó la decisión de ocupar militarmente sus tramos de vías. El gobierno ya tenía derecho de paso, por lo que se confirma que hemos visto una expropiación, aunque el gobierno se niegue a usar el término.

Sergio Sarmiento

¿Qué gana: el discurso o la realidad? El discurso dice "vamos bien", "yo tengo otros datos", "Por el bien de todos, primero los pobres". La realidad, sin embargo, dice otra cosa: el País no está progresando, el desempleo se ha elevado, la pobreza se acentúa, la educación se deteriora todavía más, la falta de oportunidades se acrecienta y la violencia asciende de manera incesante. El discurso afecta percepciones, desvía la atención y mitiga el sentido de urgencia, pero no altera la realidad. Tarde o temprano, la realidad se va a imponer. La pregunta es qué tan tarde, porque de eso depende el devenir mediato del País.

Dos factores mantienen al País funcionando: las exportaciones y las remesas. El Gobierno ha hecho prácticamente nada para promover el crecimiento de las exportaciones, el principal motor de crecimiento económico: no hay infraestructura nueva; la violencia cunde por todo el territorio y especialmente en las rutas que llevan a la frontera por donde tienen que atravesar las exportaciones; y factores clave, como la electricidad, son motivo de disputas político-ideológicas que se traducen en incertidumbre respecto a su disponibilidad futura. En una palabra, se obstaculiza la principal fuente de empleo, crecimiento y oportunidades.

Por lo que toca a las remesas, el Gobierno hace todo lo posible por estimular la migración hacia el norte (que ha vuelto a crecer de manera dramática) al negar oportunidades, castigar a las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos al cerrarse las estancias infantiles y favorecer la violencia a través de su política de abrazos con los delincuentes. El crecimiento de las remesas en los últimos años, desde mediados del Gobierno de Peña Nieto, ha sido extraordinario y explica al menos en parte la estabilidad de vastas zonas rurales, pero también representa un reto social monumental para familias que se fragmentan. Como política social, la migración es, por decir lo menos, una política de dudosa calidad moral, toda vez que entraña la pérdida de mucha de la ciudadanía con mayor potencial de desarrollo y creatividad.

Avanza el sexenio sin que el Gobierno repare en las consecuencias de la negligencia implícita en su estrategia de "desarrollo". El momento del sexenio es relevante porque la capacidad de administrar la multiplicidad de variables que caracterizan a un país de la complejidad de México va disminuyendo con el reloj sexenal. El discurso presidencial puede aparentar que todo marcha bien, pero su propia capacidad para incidir en los procesos sociales y económicos va desapareciendo en paralelo con el ascenso de las naturales e inevitables disputas que surgen en el contexto de la definición de candidaturas para la sucesión presidencial.

Este no es un reto novedoso para el sistema político mexicano, cuya historia es extraordinaria en dos sentidos: primero, en evitar catástrofes. Y, segundo, en contar con una insólita capacidad para reparar el daño causado por políticas y estrategias descarriadas. Desde esta perspectiva, esta no es la primera vez que México se encuentra ante una tesitura tan compleja como la actual; lo que no es evidente es que ese viejo sistema político siga contando con las condiciones y elementos para evitar una catástrofe.

Durante los setenta, la era que parece ser dorada para la actual Administración, el País avanzaba de manera incontenible hacia la catástrofe, pero el discurso presidencial -infinitamente menos sofisticado y efectivo que la narrativa actual- mantenía la apariencia de estabilidad a la vez que promovía la polarización de la sociedad. Sin embargo, nada de eso pudo evitar la catástrofe que siguió. Aquella circunstancia era muy distinta a la actual porque los excesos financieros y el endeudamiento con el exterior eran evidentes, todo ello sin las fuentes de divisas que, gracias a las exportaciones, hoy alteran radicalmente la película. Por otro lado, en contraste con el momento actual, la economía venía creciendo a un ritmo inusitado que no sólo animaba el discurso triunfalista, sino que parecía justificarlo en el terreno que cuenta: el de la realidad.

Es importante situarse en aquella circunstancia para comprender el ánimo del momento y poderlo contrastar con las circunstancias actuales. La economía venía creciendo a casi 8 por ciento, el empleo era casi total, los salarios reales crecían, las becas se multiplicaban y México, como país, era visto como un ejemplo de oportunidad y potencial. Independientemente del factor que sostenía aquel sueño -los precios del petróleo- es fácil percibir la sensación del momento. Todo iba hacia arriba en el imaginario colectivo hasta que, de pronto, se colapsó, con aterradoras consecuencias sociales y económicas.

Ninguna de las variables económicas de hoy justifican escenarios catastrofistas como aquellos, pero la complejidad del México de hoy nada tiene que ver con aquel país tan primitivo en términos relativos. La economía y sociedad de hoy funcionan gracias a la existencia de instituciones como el T-MEC y el INE, ambas bajo ataque, la segunda de manera explícita, la primera de facto. El México de hoy requiere fortaleza institucional, pesos y contrapesos y un Gobierno efectivo. La "nueva" Suprema Corte ha mostrado su relevancia, pero podría no ser suficiente.

Luis Rubio

AMLO quería llevarse la planta de Tesla al sur. Argumentando falta de agua en Nuevo León, dijo: "No es factible". Cuatro días después anunció la llegada de Tesla a este Estado. La realidad se impuso.

El objetivo de AMLO de llevar la industria hacia el sur sigue vivo. Todas sus obras están en la CDMX o en el sureste. Tabasco es la entidad con mayor crecimiento en este sexenio, 18.9 por ciento frente al 1.5 de Nuevo León. Los trabajadores afiliados del IMSS en Tabasco han pasado en el mismo periodo de 165 mil a 244 mil, mientras que en Nuevo León, de 1 millón 608 mil a 1 millón 826 mil.

Sin embargo, la inversión manufacturera sigue fluyendo sobre todo al Bajío y al norte. La estrategia del Gobierno federal para ahora promoverla más al sur parece consistir en poner obstáculos a la inversión en las regiones exitosas a través de un decreto que dará la potestad al Presidente de rechazar las nuevas concesiones de agua para uso industrial en las entidades donde hay escasez del líquido.

Es la misma lógica de prohibir la llegada de aviones de carga al AICM para obligarlos a irse al AIFA. Al no ser atractivo por sí mismo, a pesar de los miles de millones ahí inyectados, hay que hacerlo con dictados del Estado. Como el AIFA no fue resultado de un proceso de planeación respecto al lugar óptimo para construir un aeropuerto capitalino, los costos de logística se incrementarán.

Cuando las políticas públicas no se basan en principios económicos racionales, suelen destruir valor. Algunas empresas se irán más al sur, como la cervecera Constellation Brands, cuya planta en Mexicali, casi terminada, fue cancelada por decreto presidencial. En compensación les dieron facilidades para irse a Veracruz, donde ciertamente hay más agua. Pero si las empresas no pueden localizarse en las zonas industriales del País, más de una inversión se irá a Estados Unidos o algún otro lugar del mundo. Para lograr que una entidad tenga vocación manufacturera, hay que pensar cómo hacerla competitiva en ciertas industrias, no obstaculizando la inversión en otras zonas del País, como si se tratara de un juego de suma cero, donde la única forma de ganar es que el otro pierda.

La razón de fondo por la que no llega la inversión al sureste no es la distancia a EU. El Salvador está más lejos que Chiapas, pero exportó manufacturas por casi 5 mil millones de dólares en 2021 frente a los 360 que exportó Chiapas. Querétaro tuvo un crecimiento económico de 81.7 por ciento del 2000 al 2021, frente al 37.7 de Michoacán. No es por la distancia a EU. Morelia está a unos mil kilómetros de Nuevo Laredo, casi igual que Querétaro, que se encuentra a unos 900 kilómetros.

¿Qué tiene Querétaro frente a Michoacán? Según el Análisis de Complejidad Económica y Oportunidades de Diversificación Productiva, elaborado por Ricardo Hausmann y sus colegas en la Universidad de Harvard, tiene más piezas del rompecabezas como para poder hacer procesos manufactureros sofisticados (https://bit.ly/3ItRAgk). Si el costo salarial lo fuera todo, la inversión se iría a Haití.

¿Qué puede hacer un Gobierno para conseguir esas piezas faltantes del proceso productivo? Primero entender el problema. Segundo, hacer lo que el análisis económico sugiere. Las ventajas logísticas que quizás resuelvan el corredor del Istmo son sólo una pieza del rompecabezas. Hay que ir estimulando el desarrollo de las piezas faltantes.

El nearshoring es la oportunidad para retener en nuestro País a los mexicanos en edad de trabajar, idealmente en su propia entidad. Lejos de haber avanzado en ese objetivo explícito de la campaña de AMLO, la fuga de mexicanos a EU ha vuelto a crecer. En lugar de usar el poder presidencial para obstaculizar a las regiones con más industria, de por sí con tan poca inversión pública en este sexenio, ¿por qué no usarlo para hacer más competitivas a las entidades más rezagadas?

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Sinceramente incomprensible. El momento es histórico porque se está poniendo a examen el "sistema de pesos y contrapesos" del poder político mexicano, del que hablaban con realismo los famosos Padres fundadores de los Estados Unidos, Jefferson, Hamilton, Jay, etcétera.

Y mientras en el Senado de los Estados Unidos se analiza el peligro social de la inteligencia digital, y los controles a la famosa herramienta ChatGPT; justo en esa semana el presidente del Senado mexicano enloquece por unos WhatsApp. Inteligencia artificial allá, estupidez real acá.

¿Hizo bien o mal la ministra Piña al mandar mensajitos por su teléfono a un senador? Ella tiene opiniones personales que puede externar, y otras que se debe guardar. ¿Amenazó la presidenta de la Corte con esos textos? Jamás. ¿Presionó? Claro que no. ¿Para votar qué asunto presionaría si el Congreso está en receso y la mayoría de Morena son lacayos del Presidente?

La alharaca senatorial es un teatro lambiscón para que lo tomen en cuenta a la hora del reparto de huesos. Ruido al dedo presidencial.

La consigna del Presidente es el conflicto, escándalo, estridencia, condenar al pasado como pretexto para incumplirle al futuro; y destrozar al que piensa diferente. Esa partitura de la abyección el presidente del Senado la ejecutó al pie de la letra.

"¡Brinca!", le ordenan y él salta lo más alto que puede. "¡Siéntate!", obedece y acomoda sus posaderas. "¡El INAI no le gusta al patrón!", él, solícito, ya tiene lista la iniciativa para desaparecerlo. "¡Declara, ya, quórum legal para aprobar lo que ordena el Presidente y traslada la sesión a la antigua sede de Xicoténcatl!", rapidísimo lo ejecuta sin chistar.

Ricardo Monreal le enseñó que "vivir fuera de Palacio Nacional es vivir en el error"; y como sus principios, con los que puede ver a sus hijos a la cara, eran "monrealistas", pues ahora a enmendar rápido el camino y ya tiene un retrato con Claudia Sheinbaum.

El fondo de esa prostitución personal es otro. Está en juego el modelo de Gobierno en dos sentidos: primero, una larga crisis de la forma de Gobierno clásica de los tres poderes de Montesquieu, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay poderes no controlados democráticamente: sindicatos, dueños de medios, tecnología, energía, recursos naturales, salud. ¿Quién tiene más poder, un alcalde o un concesionario de minas?, ¿un congresista o un dueño de una plataforma digital?

Y segundo, en esa República en crisis el Ejecutivo de la Unión, al entenderse como único y personal "repartidor" del bienestar, quiere ocupar el espacio de ejercicio de los otros dos poderes "que no hacen nada", sólo estorban la labor presidencial "altruista" de dizque "devolverle al pueblo lo robado".

Por lo tanto, el Presidente no acepta que "controlar la constitucionalidad" de todos los actos es lo más democrático, soberano e igualador que existe. Democrático en el sentido constitucional, profundo y cardiológico de un sistema de mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Por ejemplo, una sentencia de un juez que ordena dar medicamentos a un niño. No el concepto democrático epidérmico de acomodo del poder, ese que se contenta con sólo depositar un voto en una casilla o, incluso, elegir a los ministros de la Corte.

La democracia no es votar por jueces, sino que un niño indígena de Michoacán tenga abierta la posibilidad de ser juez, doctor o acceder a la inteligencia digital. Controlar la constitucionalidad de los actos del Gobierno es revisar si los programas sociales obradoristas sólo son atole con el dedo a ese niño. Es verificar si una ley es voluntad general y no agandalle.

Por eso la Corte no debe ser cortesana, ni del Presidente, ni de bandería partidista. La Corte no es oposición. Tarde o temprano la Corte en algunos asuntos le dará la razón al Presidente y no traicionará su esencia. La oposición debe juzgar y condenar la mediocridad de la 4T. No Norma Piña. La Corte sólo debe garantizar que vivimos, sin distingos ni privilegios, en una República, no con un rey.

Germán Martínez Cázares

Cuando ganó la presidencia del PRD, con abrumadoras señales de fraude, se le perdonó porque era el candidato de Cuauhtémoc. Además, era un joven impetuoso, y no el viejo necio de Heberto. Después, cuando quería competir para jefe de Gobierno sin cumplir con los requisitos, se hizo fácil reclamar por qué pedían cinco años de residencia en el DF, ¿qué no es la capital del país y cualquiera debería competir? Cuando la violencia fue creciendo, y los secuestros provocaron marchas ciudadanas, había que tomar partido en contra de los “pirruris”, como él mismo llamó a los padres de los secuestrados, y a los miles de ciudadanos que los acompañaron.

Ya encaminados, resultó más fácil entender el desafuero como una acción para impedirle competir por la Presidencia que reconocer que, como en los casos mencionados, siempre actuó al margen de la ley. A veces de un lado, a veces del otro, pero siempre al margen. Y una vez escalado el compromiso, no quedaba sino sumarse a la queja de fraude, al insulto al contrincante, al bloqueo de Reforma y al gobierno legítimo.

Claro que siempre desde la barrera, como corresponde a quienes opinan. No en las tiendas de campaña, ni en el Zócalo, sino nada más en artículos, opiniones, a veces con quejas, en corto, de que sí exageraba en su posición antisistema. No hubo necesidad de comprometerse demasiado porque los desatinos de Peña Nieto daban para llenar cuartilla tras cuartilla: que si decía tonterías, que si su familia compraba bienes fuera del presupuesto, que si eran unos vividores y corruptos.

Por eso había que sumarse en 2018. Imposible apoyar al candidato de Peña, ni mucho menos al de la derecha. Había que respaldar al de siempre, al que “merecía” su oportunidad. Total, era claro que había cambiado, ya no era el energúmeno de siempre, sino un líder pragmático. En el colmo de la locura, decían que era un estadista.

Hoy, cuando es evidente que no tiene empacho en violar las leyes y la Constitución, cuando hay abundante evidencia de que la corrupción que lo rodea supera cualquier sexenio previo, cuando es claro que su familia es de vividores, resulta que los que insultaban a Peña Nieto no pueden hacer lo mismo con López Obrador. Es más, ni siquiera pueden aceptar que vivieron en el error por dos décadas. No, si acaso, fueron engañados. Se abusó de su buena fe.

La mente humana es muy curiosa. Se nos dificulta mucho reconocer errores, y más cuando la evidencia es pública. Nos consideramos capaces en temas que desconocemos, porque además el público nos celebra, suponiendo que, si sabemos escribir, sin duda entendemos de cualquier cosa. El catálogo de sesgos cognitivos es grande. La vergüenza es escasa.

Todo mundo tiene derecho a tener opiniones, pero ninguna opinión es respetable. Son las personas las que merecen respeto, pero no las cosas que esas personas dicen. Algunos son mentirosos, otros nada más son ignorantes, alguno estará buscando algún puesto o dinero. Las opiniones, cuando se relacionan con hechos, pueden ser fácilmente desmontadas. Cuando tienen que ver con juicios, siempre serán riesgosas. No en balde desde el Asia Central se extendió la idea de “suspender el juicio”, hacia budistas de un lado, y hacia escépticos del otro. Sigue siendo la mejor recomendación cuando no hay evidencia disponible.

De esas opiniones que todo mundo tiene derecho a tener, cada quien será responsable. A quienes viven de ellas, es justo reclamarles. Habrá quien acepte haberse equivocado, quien afirme haber sido engañado y quien insista en su sabiduría permanente.

Cuando hay evidencia, no hay nada qué discutir. Cuando no la hay, no hay razón para decidir.

Macario Schettino

El enemigo no es la Suprema Corte. El enemigo es la Constitución. La batalla que se prepara no es para rehacer al tribunal constitucional sino para liquidar la norma que frena la voluntad incuestionable.

El conflicto se pospuso, pero era inevitable. Un régimen convencido de ser la expresión pura de la soberanía nacional tenía que chocar tarde o temprano con la regla que impone límites. El conflicto estaba anunciado, pero se había demorado en manifestarse con la crudeza con la que lo hace hoy.

El Gobierno despegó con una agenda constitucional modesta. Quizá había soñado con la promulgación de una nueva Constitución que fuera el símbolo del cambio histórico que pretendía, pero llegó a la conclusión de que habría sido una distracción innecesaria. A fin de cuentas, se pensaba que la Constitución era compatible con la ambición presidencial.

Así lo creía el candidato poco antes de ganar la elección. En varios foros prometía que no iniciaría reformas constitucionales en sus primeros tres años. No las creía necesarias. Confiaba en que el marco de Querétaro le permitiría hacer los cambios que buscaba.

En sus primeros años no tenía entre ceja y ceja al INE y sentía tranquilidad con un subordinado en la presidencia de la Corte. Pero, a medida en que los espacios arbitrales fueron frenando sus ilegalidades y cuando el tribunal perdió a su delegado, la aversión se convirtió en obsesión.

La reacción fue la misma en ambos casos: buscar la absorción política de los árbitros. Dos misiones tiene el Presidente en los meses que le restan: lograr que su candidata gane la elección y degollar a la Suprema Corte de Justicia. Usar abiertamente todo su poder para imponerse electoralmente y reventar la bóveda de la democracia constitucional.

Es claro que el Presidente no respeta la función arbitral, que nunca ha considerado que las instituciones sean una plataforma común. Los años en la Presidencia no han moderado esa hostilidad inicial. Por el contrario, el ejercicio del cargo ha radicalizado su animosidad. Todos los núcleos de razón constitucional independiente son la obcecación de su paranoia. La tarea por delante es muy clara: el gobierno empleará todo su capital político, usará todos los medios a su alcance, violará cuanta regla se interponga para carcomer la legitimidad de un poder de la República, el poder que tiene bajo su responsabilidad el cuidado del orden constitucional.

Lo que se expresa hoy en la embestida presidencial contra la Corte es la incompatibilidad entre populismo y constitucionalismo. Si se imagina que el pueblo genuino tiene una sola voluntad, si se llega a creer que esa voluntad habla por la garganta de un caudillo extraordinario, si el conflicto hace absurdo el diálogo e imposible el asentamiento de un piso común, si las minorías representan la podredumbre, la Constitución es el enemigo.

Es el enemigo porque sus reglas y procesos, sus valores y principios rechazan puntualmente cada uno de esos espejismos. El orden constitucional asienta normativamente el pluralismo. Por eso no hay nadie que pueda hablar por el Pueblo. El pueblo dice sí y no, al mismo tiempo. Es mayoría y también minoría. A unos tocará legislar, pero el hecho de tener el respaldo de los votos no les otorga permiso de hacer lo que se les antoja ni hacer lo que se les antoja del modo en que se les antoja. Ese principio elemental del constitucionalismo es el que ha defendido la Corte en su resolución reciente: toda decisión constitucional ha de seguir una ruta. La democracia constitucional, en efecto, es proceso.

La propuesta de convertir a los jueces constitucionales en representantes populares es la liquidación del constitucionalismo. Un tribunal, a diferencia de una asamblea legislativa, no ha de guiarse por la opción que cuenta con el respaldo popular. Ha de actuar con imparcialidad apegándose estrictamente a las reglas y a los principios de la ley.

Si el tribunal supremo del País se integra con políticos que ofrecen sentencias como lemas de campaña, si los ministros resuelven las controversias para congraciarse con el ánimo de la mayoría el mecanismo constitucional quedará destruido. Esa herencia es la última ambición presidencial: un régimen sin restricciones constitucionales.

Jesús Silva-Herzog Márquez