HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

La autoridad presidencial está por encima de la ley. Esto nos acaba de decir Andrés Manuel López Obrador. "Por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política".

La cita debe el sello histórico de su Gobierno. Ahí está la síntesis de su visión política. La soberbia moral conduce tarde o temprano a la defensa de la tiranía. Tiranía es eso: poder que no se somete a la ley. Ahí donde el poder no se sujeta al dictado de la ley, empieza el imperio de un tirano. Eso es, no menos, lo que el Presidente invocó hace unos días en su conferencia habitual.

El gobernante que busque defender su honor tiene permiso para atropellar el derecho. Un personaje histórico como él no tiene por qué rebajarse a cumplir reglas. La ley puede obligar a otros, pero no a él, un hombre que debe estar libre de cualquier sospecha y, por lo tanto, de cualquier restricción.

Si su impulso infalible lo lleva a atropellar el derecho de los otros, si lo obliga a violar una disposición legal, hemos de saber que lo hace para defender su imagen pública, que es nada menos que la dignidad de la patria.

Formado en la cultura priista y en su historia oficial, el Presidente celebra la Constitución como símbolo de las gestas de nuestra historia, pero no siente el menor interés por su ingeniería ni, mucho menos, por las normas que encauzan y limitan el poder.

Como Presidente ha pasado una y otra vez por encima de las normas constitucionales y de las leyes causando con ello un enorme daño a su propio proyecto. No buscó acoplar sus reformas al marco de la ley. Su impulso voluntarista lo llevó a tomar decisiones que no tomaban en cuenta el procedimiento que debía seguir para llevarlas a cabo, ni los derechos que tenía que respetar. No tuvo nunca un asesor legal.

Imaginó que su popularidad, que los temibles instrumentos del poder, que la influencia de su delegado en la Suprema Corte, le entregarían un poder sumiso y que podría hacer su voluntad sin el estorbo de los abogados. No fue así y, en lugar de reconsiderar la estrategia cuando aparecieron los contratiempos legales, jugó a la víctima.

Fue su desdén por las reglas el responsable de los reveses que tuvo en el frente judicial, pero el Presidente decidió desplazarse al mundo de la conspiración donde un bloque de perversos pretendía someterlo.

Es preocupante, sin duda, el espectáculo de un gobernante fuera de sí. Esta semana hemos visto a un hombre desquiciado. Un hombre desencajado que, ante reportajes que están lejos de ser demoledores, torpedea la campaña de su favorita, delata a sus aliados más serviles, confiesa abusos constitucionales graves y se regodea con fantasías conspiratorias.

Le quedan todavía varios meses a este Gobierno y el Presidente hace teatro de su paranoia y de sus furias. Confrontado con su abuso, el Presidente avisa: lo volvería a hacer. No dudaría con violar la ley otra vez. Pero, más allá de las ansiedades de fin de este sexenio, hemos de hablar de lo que el régimen anuncia para el relevo.

No hay ninguna señal de que Claudia Sheinbaum discrepe de su promotor en materia de leyes. La autonomía de las instituciones constitucionales no parece ser un valor que respete. La escuchamos dando instrucciones a su fiscal como si fuera una subordinada. La hemos visto recientemente respaldando acrítica e integralmente la propuesta presidencial que arrasaría los equilibrios constitucionales. Lo más claro y lo más preocupante es lo que comunica con sus nombramientos.

Claudia Sheinbaum ha incorporado a su equipo de asesores al hombre que abandonó la Suprema Corte para brincar, de inmediato, al campo electoral, desde donde trabaja para impulsar la campaña que sostiene que el enemigo de México es el Poder Judicial y que el estorbo de la "transformación" son los jueces que se creen independientes.

Lejos de buscar una figura respetada, con capacidad de diálogo con la comunidad jurídica, la candidata eligió a un golpeador con delirios de chistoso. Sheinbaum le dio la bienvenida a su campaña al más desprestigiado propagandista del encono contra un poder de la República.

Incluir a Arturo Zaldívar en su equipo de campaña dice mucho de la idea que Sheinbaum tiene de la división de Poderes, de la independencia judicial y hasta del decoro personal.

Jesús Silva-Herzog Márquez

¿Democráticos?

Las comparaciones son odiosas, decía mi abuelita. Pero ayudan a entender cómo vamos.

Hoy hay una marcha para defender la democracia mexicana. La mala noticia es que ya no lo somos. Según el más reciente "Índice de Democracia" de la revista The Economist, México ni siquiera es una democracia imperfecta, como lo era antes de la llegada de AMLO. Ahora somos un régimen híbrido, entre la democracia y el autoritarismo.

Lo fácil es culpar al mensajero de ser conservador. Sin embargo, el Brasil del Gobierno de Lula, mucho más de izquierda que el de AMLO, es considerado una democracia imperfecta. Se encuentra en el lugar 51 del ranking; México está en el 90, por debajo de todos los países de América del Sur, salvo Venezuela y Bolivia. América Central se cuece aparte.

¿En qué rubros salimos peor calificados? En los de funcionamiento del Gobierno y en cultura política. Un criterio para la baja calificación en el primer rubro es que el Legislativo deje de ser el poder constitucional dominante.

No se necesita un índice para saber que vamos en retroceso. Lo más evidente es el creciente papel del crimen organizado en los procesos electorales. Son preocupantes las conclusiones de un seminario dedicado al tema llevado a cabo recientemente en El Colegio de México: "las organizaciones criminales han acotado la democracia mexicana con su capacidad para decidir quiénes compiten en las urnas y quiénes no".

El debate público es fundamental en una democracia. El votante debe estar bien informado y elegir sin presiones. Los siervos de la nación recordándoles quién les da los apoyos sociales violan esa premisa.

A AMLO le encanta decir que en sus mañaneras hay un diálogo circular. Lo hay, pero es lo contrario a lo esperable en una democracia. Empieza y termina en el mismo lado, el suyo.

Recientemente AMLO retó al periodista Tim Golden, autor del artículo donde se señala que el crimen organizado financió su campaña en el 2006, a ir a una mañanera. ProPublica, donde se publicó el artículo, respondió: en ese terreno AMLO tiene el control y no tiene sentido asistir, pero: "Esperamos que el Presidente López Obrador nos conceda una entrevista". A AMLO no le gusta eso. Casi no las ha otorgado, ciertamente a ningún reportero crítico.

La creciente falta de pluralidad de los medios de comunicación limita cada vez más la información que tienen los electores. Los canales propiedad del Gobierno se han vuelto claros medios de propaganda.

Importa marchar hoy porque AMLO y su candidata han prometido que, de ganar la elección y la mayoría constitucional, van a destruir las instituciones autónomas que hicieron posible una vida democrática, aunque imperfecta. Éstas le permitieron a AMLO ganar en el 2018.

En su propuesta, los consejeros del INE y ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial serían electos por voto popular. Parece democrático. Es lo contrario. Primero, porque los candidatos son nominados por el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, por quienes tengan esa mayoría. Segundo, porque ¿se imaginan los acuerdos que harán los candidatos a jueces con quienes financien sus campañas? Y tercero, porque ambos órganos están ideados para proteger a las minorías. Si la mayoría controla al órgano electoral, lo hará para asegurarse de contar los votos a favor de quien esté en el poder, como cuando se caía el sistema de conteo de votos. Si el Gobierno controla al Poder Judicial, las leyes serán siempre interpretadas como el Gobierno lo desee.

El objetivo de Morena es una autocracia electiva. Es decir, ganar elecciones para quedarse con todo el poder y evitar la competencia electoral genuina.

Esta elección se hará fuera de las reglas de equidad con las que ganó AMLO hace 6 años. Pero depende de los ciudadanos defender que en México siga habiendo contrapesos.

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Este pasado 5 de febrero, al lanzar sus iniciativas de reformas constitucionales, el Presidente se quejó una y otra vez de los Gobiernos del "periodo neoliberal".

Calificó el neoliberalismo de neoporfirismo y afirmó que las políticas neoliberales son contrarias al interés público, "adulteraciones... de nuestra Carta Magna".

El neoliberalismo, afirmó, volvió la desigualdad "más extrema y ofensiva", aunque, "afortunadamente, en nuestro País ya se acabó con esa pesadilla".

En ese solo discurso López Obrador pronunció 11 veces las palabras "neoliberal" y "neoliberalismo". En el de su inauguración ante el Congreso del 1 de diciembre de 2018, las utilizó en 16 ocasiones. Culpó entonces al neoliberalismo de ser responsable de "la más inmunda corrupción pública y privada". La suya es una obsesión.

Pero ¿qué es el neoliberalismo? ¿Y en qué se distingue del liberalismo? A pesar de su uso constante del término, el Presidente nunca lo ha definido.

El historiador italiano Alberto Mingardi, director del Instituto Bruno Leoni de Milán, trata el tema en su libro "La Verdad sobre el Neoliberalismo": "Hay palabras cuyo uso es casi siempre un disparate: si alguna vez tuvieron un significado claro, lo han perdido. 'Neoliberalismo' es una de ellas. No sabemos qué es exactamente, pero debe ser muy malo".

Según Mingardi, detrás de "los juicios más drásticos del neoliberalismo está el muy humano deseo de encontrar un culpable de nuestros problemas".

Al neoliberalismo se le han achacado todos los males de la humanidad: la pobreza, las guerras, la violencia, el narcotráfico, las crisis económicas, el calentamiento global y hasta la caída de puentes y edificios.

"Neoliberalismo es la palabra mágica para desenmascarar a los cómplices". Sí, los neoliberales participan en una conspiración sin escrúpulos que busca empobrecer al pueblo y enriquecer a unos cuantos.

"En 2009", escribe Mingardi, "dos politólogos, Taylor C. Boas y Jordan Gans-Morse, examinaron en detalle 148 artículos aparecidos entre 1990 y 2004 en revistas científicas de política comparada dedicadas a temas de desarrollo o al estudio de países latinoamericanos.

"Boas y Gans-Morse señalan que 'incluso entre los artículos empíricos en los que el neoliberalismo era una variable independiente o dependiente, el 65 por ciento... no se molestó en definir el término'".

El término "neoliberal" lo utilizaron por primera vez los economistas y políticos que impulsaron el milagro económico alemán en las décadas de 1950 y 1960, particularmente Ludwig Erhard, canciller de Alemania entre 1963 y 1966.

Erhard era miembro del Partido Demócrata Cristiano alemán, pero también de la Sociedad Mont Pelerin, fundada en 1947 por el economista austriaco Friedrich Hayek, en la que participaron otros economistas y pensadores liberales, como Ludwig von Mises, Karl Popper y Milton Friedman.

Erhard se calificó a sí mismo de "neoliberal" para separarse del uso creciente de "liberal", especialmente en Estados Unidos, para identificar a políticos y economistas que buscaban restringir las libertades individuales.

Los "neoliberales" de la Mont Pelerin, en cambio, defendían los principios liberales clásicos, como libertad de mercado, libertad política y libertad personal.

Hoy López Obrador arremete contra un monstruo indefinido que llama neoliberalismo y ataca una tradición liberal que en México llegó al poder a mediados del siglo 19 con Benito Juárez. Defiende posiciones de concentración del poder, restricción del mercado y rechazo a las libertades personales que han caracterizado siempre a los conservadores.

Sólo que no se atreve a reconocer que realmente es un conservador.

CAMPAÑA

López Obrador está cumpliendo con lo que ofreció al reconocer que sus reformas son realmente electorales. En todas las mañaneras dedica un amplio espacio para estas reformas que la candidata Claudia Sheinbaum ya adoptó en su proyecto de nación. Así puede hacer campaña todos los días.

Sergio Sarmiento

Las 20 iniciativas

"El poder centralizado no se vuelve inofensivo por las buenas intenciones de quienes lo crearon". Milton Friedman

El Presidente López Obrador presentó ayer en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional sus 20 nuevas iniciativas de reformas constitucionales. Escogió la fecha del 5 de febrero, aniversario de las Constituciones de 1917 y 1857, no sólo para despreciar el tradicional festejo republicano de Querétaro, sino para señalar que está proponiendo realmente una nueva Constitución, la suya.

Algunas de las propuestas ya están en la Carta Magna, como el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos como "sujetos de derecho público" para ser consultados sobre obras que afecten su entorno.

Propone llevar a la Constitución las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, y aumentar el monto año con año, sin considerar los costos. Ofrece becas a todos los estudiantes de todos los niveles, pero tampoco precisa lo que costarían.

Promete atención médica gratuita, como lo ha hecho en varias ocasiones, sin explicar por qué en su Gobierno millones se han quedado sin este servicio. Dice que los trabajadores serán dueños de sus viviendas, pero esta disposición ya existe en la Constitución, sólo que los Gobiernos no han sido capaces de garantizarla.

"Prohibir el maltrato animal" significa acabar con las corridas de toros, porque no hay intención de eliminar el uso de animales para alimento. Prohibir el maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto sólo revela ignorancia en temas técnicos y ecológicos.

"Respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico" acabaría con la agricultura, la ganadería y la industria en dos terceras partes del País. Colocar en una misma prohibición vapeadores y fentanilo es no entender los daños relativos de unos y otro, ni tampoco la necesidad médica del fentanilo como anestésico.

Establecer que el aumento del salario mínimo no debe ser nunca menor a la inflación puede condenar al País a una inflación permanente. Revertir las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón es no comprender que el viejo sistema ya estaba quebrando y que el "fondo de semilla" de 64 mil millones de pesos de poco o nada servirá para cubrir el pasivo de billones que se estaría creando.

Garantizar el derecho a la educación y al trabajo haciendo que el Gobierno contrate a todos los jóvenes se convertirá en otro barril sin fondo. Colocar Sembrando Vida y los precios de garantía en la Constitución será equivalente a eternizar dos programas que han sido muy ineficientes.

Ordenar desde la Constitución que las empresas ferroviarias otorguen servicios de pasajeros sin considerar los costos condenará a los sistemas de carga a volverse mucho más caros y bajará la competitividad de nuestro País.

Eliminar los legisladores plurinominales busca solamente aumentar la mayoría de Morena en el Congreso. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros politizará, todavía más que ahora, las designaciones de los juzgadores.

Ordenar que la Guardia Nacional pase a ser parte de Sedena militarizará definitivamente la seguridad pública. Reescribir el Artículo 127 constitucional para que nadie gane más que el Presidente no resolverá los problemas del artículo, pero tampoco ayudará en nada al País. Eliminar todos los organismos autónomos sólo servirá para acabar con los contrapesos del poder presidencial.

Las 20 iniciativas son un proyecto de nación, pero no como el que López Obrador presentó en 2017, que era cuando menos equilibrado. Éste no busca más que plasmar las ocurrencias de un Presidente sin sentido práctico en la Carta Magna... y concentrar el poder en sus manos.

Sergio Sarmiento

Hoy, día de la Constitución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará solemnemente su proyecto de desmantelamiento constitucional. Usará el más venerable de los recintos parlamentarios para ofrecerle al País un presidencialismo sin estorbos ni pudores.

Quiere arrancarle a la Constitución todo aquello que la hace norma imperativa y dejarla como un texto inerte. En un artículo único se podría resumir el proyecto del populismo constitucional. El Presidente de la República, como encarnación suprema de la voluntad popular, tiene autorización plena para poner en marcha su proyecto y no habrá tribunal, comisión, consejo o instituto que pueda vigilar su actuación.

La última palabra de la nación es la palabra presidencial. Ninguna institución pública contravendrá la voluntad del Presidente de la República que expresa la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Toda la estructura del Estado ha de coordinarse eficazmente con el Supremo Poder Ejecutivo para cumplir, con disciplina y lealtad, sus instrucciones.

Si la iniciativa corresponde a lo que el Presidente ha ido adelantado en las últimas semanas, si corresponde a lo que se ha filtrado recientemente en la prensa, la propuesta presidencial sería auténticamente histórica.

No hay precedente en la historia constitucional mexicana de un proyecto de tan abierta convicción anticonstitucionalista. Ni los episodios del constitucionalismo conservador del siglo 19, ni en el proyecto presidencialista de Venustiano Carranza había esa explícita intención de aniquilar a la ley como norma que sujeta, que disciplina, que limita al poder político. Eso y no menos significa la extinción de los órganos autónomos unida a la devaluación institucional y sometimiento de la Suprema Corte y los órganos electorales.

El efecto de esas reformas sería tener un Gobierno que no necesite escucharse más que a sí mismo; un Gobierno que tenga el permiso de violar la ley y la Constitución sin consecuencia alguna. Desmantelar a la Constitución como pauta obligatoria del poder es la consumación política del "humanismo mexicano". Que nadie vuelva a decir que la ley es ley.

Como en otras ocasiones, la iniciativa presidencial no tiene como propósito su aprobación. El Presidente sabe que no tiene los números para aprobar una reforma constitucional. Si echa a andar el mecanismo legislativo es para intervenir en la campaña presidencial y reactivar la polaridad que tan buenos dividendos le ha traído al régimen. La mafia del poder, la oligarquía, el aparato neoliberal tienen hoy una nueva personificación: el Poder Judicial.

El Presidente termina su Gobierno con un odio que resume todos los anteriores. Los partidos del viejo régimen, los oligarcas, los neoliberales tienen como último refugio a la judicatura y el conjunto de instituciones autónomas que fueron construyéndose a lo largo de los años. Terminar con el neoliberalismo implica demoler definitivamente esos refugios de la antipatria.

El Presidente ha llegado a la conclusión de que el verdadero enemigo de su proyecto es el armazón de legalidad que le exige respeto a los derechos de los otros y que lo obliga gobernar caminando por las veredas que traza la ley. Lejos de buscar consejo para acoplar su proyecto al trazo de las leyes, el Presidente ha culpabilizado a los agentes de la neutralidad como si fueran siniestros conspiradores. Porque no acepta el descuido jurídico de su Administración culpabiliza de todos los males a las leyes y, sobre todo a los jueces, a los comisionados o consejeros de órganos autónomos que tienen la desfachatez de cumplir con su deber constitucional.

La iniciativa que se presenta hoy es una forma de intervenir en la elección y, al mismo tiempo, un preparativo para el golpe de septiembre. Hoy se ensayará lo que se buscará después de la elección federal, una vez que se integre la nueva legislatura.

El Presidente no quiere negociar hoy ni querrá negociar en el último mes de su mandato. No le interesa construir una reforma por consenso, pretende una reforma aplastante. Su desprecio al diálogo con las oposiciones es revelador: no quiere una Constitución que sea el marco de las coincidencias esenciales. Pretende convertir a la Constitución en la plancha que legitima las exclusiones.

Jesús Silva-Herzog Márquez