domingo, noviembre 29, 2020

 

Estadísticas y tragedias

"Un muerto es una tragedia, un millón de muertos es una estadística". Quizá Stalin no pronunció esta frase que se le atribuye, pero la asumía con naturalidad. Si el costo de su "ideal" era la muerte de millones de personas, siempre estuvo dispuesto a pagarlo. Eso suele pasar con los ideales abstractos: sacrifican personas concretas.

 

Ningún régimen o gobierno provocó la irrupción del covid-19. Pero la responsabilidad histórica no se agota en la causa: atañe también al manejo de la enfermedad. Y ahí las diferencias entre el gobierno mexicano y la mayoría de los países son abismales. El covid-19 ha cobrado la vida de más de cien mil personas en la cuenta oficial (la cifra real que dan fuentes confiables es del triple). ¿Cuántas podrían haberse salvado con un manejo distinto? No lo sabemos, tal vez una. Pero esa vida valía la pena. Esa muerte, lo mismo que cada unidad en la estadística, es una tragedia.

 

Los expertos internacionales han señalado la eficacia de la respuesta en los países asiáticos, donde existe una antigua y muy arraigada cultura de ayuda mutua. También han encomiado a Nueva Zelanda o Uruguay, donde la cultura cívica ha contribuido a domar el virus. Todos conocemos las reglas elementales: uso de cubrebocas, mantenimiento de una sana distancia, diagnóstico temprano de la infección y detección de posibles contactos, precaución especial con personas de la tercera edad o con condiciones previas de vulnerabilidad, precisión y transparencia en el suministro del equipo y los tratamientos.

 

Aunque varios gobiernos estatales (incluido el de la Ciudad de México) han intentado cuidar algunos de estos lineamientos, la actitud del gobierno federal a todo lo largo de este calvario ha sido dolorosamente irresponsable. El ciclo comenzó antes, con la supresión del Seguro Popular, la múltiple afectación (presupuesto, medicinas, equipo) a las instituciones de salud pública, la disrupción de cadenas de distribución, todo bajo el criterio de un "borrón y cuenta nueva" que no consideró las consecuencias prácticas de esas medidas, ni siquiera en casos extremos como los niños con cáncer. Ya declarada la pandemia, desde la mayor tribuna nacional se desestimó la peligrosidad del virus, se desalentó en un principio -y jocosamente- la sana distancia, se desechó casi por completo el método de las pruebas y el rastreo de contagios. Las enfermeras y los médicos son los héroes de este tiempo aciago, pero de haber contado con condiciones adecuadas para cumplir su trabajo no habrían tenido que llegar a ese extremo. Su lealtad al juramento hipocrático -"ante todo, no hagas daño"- contrasta con el cinismo de la mayor autoridad sanitaria, un médico que ha supeditado el valor superior de la salud al interés personal de la política.

 

La solidaridad ante la desgracia es una virtud del pueblo mexicano, probada en plagas, terremotos, inundaciones. ¿Por qué el presidente, a quien un amplio sector de los mexicanos (sin duda el más vulnerable) ve como su guía moral, no utilizó la palabra y el ejemplo para convocar a la solidaridad expresada en el cumplimiento -hasta donde era posible- de algunos lineamientos? Nadie ha pedido milagros. Millones de personas no han tenido otra alternativa que salir a la calle a ganar el pan, con riesgo de sus vidas. Pero una orientación presidencial les habría ayudado a sobrellevar y a esquivar el peligro. Y a sentir consuelo.

 

Hace unos días me enteré de una escena. A la pregunta de por qué no usaba cubrebocas, un trabajador humilde contestó: "Porque el presidente no lo usa y hasta dice que no es necesario". Dijo más: que imponerlo sería un acto autoritario. ¿Quién habla de imponerlo? ¿En qué sentido sugerir firmemente el uso de cubrebocas podría mermar la libertad personal? ¿Era mucho pedir que el presidente y su vocero aparecieran usando cubrebocas y explicasen esa y todas las reglas elementales de precaución ante el covid-19?

 

El gobierno ha desdeñado la evidencia científica internacional y hasta el testamento explícito de los eminentes doctores Mario Molina y Guillermo Soberón. Por un tiempo, "el inhumano poder de la mentira" (Pasternak) logrará prevalecer. Pero, si nada cambia, la historia -guiada por el buen juicio y el alud de información objetiva que tendrá a la mano- emitirá un dictamen severo sobre la grave responsabilidad del régimen en la mayor tragedia sanitaria de la historia contemporánea de México.

 

Los hechos son irreversibles pero el futuro no. El invierno puede ser devastador. El presidente debe recapacitar.

 

Enrique Krauze

 

 

 




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A destruir

Las cosas ciertamente no estaban perfectas y la promesa de ingresar al primer mundo hacía tiempo que se había disipado. Pero la realidad no era blanco y negro: México había dado enormes pasos hacia adelante, como ilustran las exportaciones aeronáuticas, automotrices y agroindustriales.

 

Estados como Querétaro y Aguascalientes no sólo han mantenido la paz interna, sino que han venido creciendo a tasas asiáticas. Pero también hay regiones que no sólo se han estancado y rezagado, sino que en las pasadas décadas se convirtieron en fábricas de migrantes.

 

Cualquiera que tenga un mínimo de sensatez y capacidad de observar sin distorsiones ideológicas y partidistas sabe bien que hubo grandes avances y enormes insuficiencias. Los grises del panorama mexicano son palpables por donde uno mire.

 

La pregunta es si para lograr un progreso decidido y generalizado se requería destruir todo lo existente o si, por el contrario, la receta idónea era corregir el rumbo, construir sobre lo acertado y reparar los errores cometidos.

 

López Obrador llegó al Gobierno hace exactamente dos años convencido del primer planteamiento: todo está mal y hay que destruirlo para retornar a lo que funcionaba antes. Paso seguido, el País ha vivido el torbellino de la eliminación de programas, cancelación de proyectos y toda clase de acciones, algunas justificadas y la mayoría arbitrarias.

 

Algunos comparten la necesidad de replantearlo todo, pero lo que es seguro, a dos años de distancia, es que el único plan que guía al Presidente es el de echar todo para atrás, en muchas ocasiones animado por las más viscerales de las motivaciones: el odio, el ánimo de venganza y el ansia de poder.

 

Si uno analiza la manera en que se fue conformando el proyecto de reformas a lo largo de los 80, lo primero que salta a la vista es que no había un plan. El Gobierno de Miguel de la Madrid se encontró con un Gobierno quebrado y una economía desquiciada. Todas sus acciones por los primeros dos años de su Gobierno se encaminaron a intentar reconstruir la estabilidad económica de los años 60: controlar el gasto público, bajar la deuda externa y restaurar los equilibrios financieros. El gran viraje que dio aquella administración consistió en comenzar a liberalizar las importaciones, ello con el objetivo de atraer inversión y elevar la productividad de la economía.

 

Ese viraje, enorme en concepto, muy modesto en su primera fase de implementación, no respondía a consideración ideológica alguna, sino a un reconocimiento crucial: que el mundo había cambiado.

 

Primero que nada, las altas tasas de crecimiento de la economía de los 70 se habían debido a un momento excepcional: el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros y la expectativa de ingentes recursos que de ahí se derivarían. El espejismo del petróleo, no la solidez de la estructura económica, llevó al colapso.

 

El problema real del proyecto reformador, que adquirió forma mucho más estructurada al inicio de los 90 y que se consolidó con el TLC, reside en que fue concebido para evitar llevar a cabo un cambio en el statu quo político.

 

En contraste con otras naciones que se reformaron en estas décadas -como España, Chile, Corea- en México no fue un nuevo Gobierno, producto de una elección posterior al fin de una dictadura, quien llevó a cabo las reformas, sino uno emanado del partido que llevaba décadas en el poder. La única similitud es la URSS, que no lo sobrevivió.

 

En consecuencia, las reformas nacieron truncas porque procuraban dos fines contradictorios: liberalizar y hacer más eficiente la economía; y al mismo tiempo, proteger a intereses relevantes para la clase política en negocios, sectores y funciones.

 

Razones para cambiar hay muchas y AMLO estaba excepcionalmente posicionado para llevar a cabo los cambios que México requería. Sólo alguien como él, conocedor de la historia, hábil para la movilización política y desvinculado de los promotores de las reformas, podía haber llevado a cabo los cambios que el País requería.

 

Desafortunadamente, optó por otro camino: negar las circunstancias que llevaron al País a donde está y dejarse llevar por motivaciones primarias incompatibles con la función para la que fue electo.

 

El resultado es una destrucción, sistemática y a rajatabla, de mucho de lo que funciona en el País, sin crear nada susceptible de transformar a México para bien, con mejores condiciones económicas, menos corrupción y mayor legalidad. En una palabra, dos años de retrocesos. Y los que faltan.

 

Luis Rubio

 




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Otro cuento

El 16 de enero AMLO prometió que al cumplir los dos años de su gobierno tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Lejos estamos de ello.

 

Hoy AMLO se la vive con el cuento de que hay camas libres para pacientes Covid. Muchos le creen. Circula en redes sociales el que en Alemania "están al borde del colapso, ya no tienen camas para pacientes covid. AMLO heredó un sistema de salud destruido por la corrupción del PRIAN, pese a ello, a nadie le ha faltado una cama de hospital".

 

La noticia sobre Alemania es falsa. El 25 de noviembre ese país tenía unas 20 mil camas disponibles y llevaba 170 muertes por cada millón de habitantes. En México, en zonas que son focos rojos de la pandemia no hay camas libres y cargamos con 782 muertes por cada millón de habitantes. Según Bloomberg, somos el peor lugar, de 53 países considerados, para vivir durante la pandemia, de acuerdo con criterios relativos a mortandad por el virus y acceso a servicios médicos.

 

El gobierno de AMLO se prepara para armar otro cuento más: la vacuna contra Covid. Según Marcelo Ebrard la tendremos unos días después de que en Estados Unidos la libere la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

 

Tener la vacuna sería el primer paso, como tener una cama libre con un ventilador. Lo malo es que no tenemos evidencia de tener reservadas las dosis necesarias de vacunas. Tampoco hay una partida en el presupuesto del 2021 para inocular a los mexicanos.

 

Ahora bien, incluso si la tuviéramos, si no se logra distribuir adecuadamente, no sirve de gran cosa. Por la misma razón que en nada sirve tener una cama sin ocupar, si las personas se mueren en su casa porque no los reciben en el hospital.

 

Vacunar a todos los mexicanos es la única forma de recuperar una cierta normalidad. Cualquier retraso se pagará con más muertes y más destrucción de la economía.

 

En varios países se ha avanzado en la mecánica de su distribución, construyendo ya los centros necesarios para almacenarla a la temperatura requerida. En México no se conoce cuál será la estrategia, aunque el subsecretario López-Gatell ya advirtió que "México no tiene una red de ultracongelación, como no la tiene ningún país del mundo". Gran verdad, pero en otros países están trabajando para lograrlo.

 

Al presidente López Obrador le gusta supervisar los avances de sus proyectos consentidos. Nada similar hemos visto respecto a la tarea más importante que tiene hoy el país: contener el virus en los siguientes meses y vacunar a todos los mexicanos en dos dosis espaciadas en un plazo preciso, aunque no sé si serviría para algo ver a AMLO encabezando tal estrategia. En un gobierno tan centralizado y desordenado es muy fácil inventarle al Presidente que todo va en tiempo y forma.

 

Es conocida la incompetencia de este gobierno para aplicar las vacunas de siempre. La de tuberculosis, por ejemplo, pasó de una cobertura del 96 por ciento en 2018 a 76 por ciento en 2019. Ya desde septiembre de 2020 no hay dosis disponibles en el IMSS. La vacuna contra la influenza llegó tarde y es muy difícil de encontrar. Al sector privado le han impuesto gran cantidad de restricciones de todo tipo para importarla.

 

El gobierno actual destruyó el sistema de compra y distribución de medicinas heredado. Por eso hay escasez, desde las oncológicas hasta sedantes. Pretenden adquirir las medicinas para el 2021 a través de una agencia de la ONU que nunca ha hecho algo así. La empresa del Estado supuestamente encargada de distribuirlas es un mero membrete.

 

Me temo que para el gobierno bastará con el cuento de que algunas vacunas llegaron y algunas se le aplicarán al personal de salud. Si la historia de las camas libres les ha funcionado, van por una nueva. Mientras AMLO tenga la lealtad de sus huestes, le creerán cualquier cosa.

 

Carlos Elizondo Mayer-Serra

 




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Claridad en las metas

Hay ambiciones que tienen consecuencias imprevistas. El rey Midas deseaba convertir lo que tocase en oro. Se le concedió, y estuvo a punto de morir de hambre: no podía tocar sus alimentos. Consejo antiguo: "Ten cuidado con lo que pides, no vaya a ser que se te conceda".

 

Hay afanes absurdos. Los alquimistas buscaron un licor (alkahest) capaz de disolver cualquier cosa. De conseguirlo, ¿dónde pensaban guardarlo? El recipiente se disolvería.

 

Un moderno alquimista recomendó que todas las empresas pagaran sueldos superiores al promedio. Es decir: que el promedio fuera superior al promedio.

 

Acabar con la corrupción es una meta razonable. Destruir la corruptibilidad no, porque no es posible ni deseable cambiar la naturaleza humana. Cualquier régimen que pretenda la pureza absoluta es demagógico.

 

Lo razonable es tomar precauciones, transparentar la administración, someter a escrutinio la posible corrupción y castigarla, si la hay. Con sentido común. Si en un asilo hay abusos, hay que castigar a los abusivos, no cerrar el asilo.

 

Desde hace muchos años se habla de acabar con la pobreza y la desigualdad. Meta fallida, inevitablemente, por su confusión. Acabar con la pobreza extrema es perfectamente posible. Acabar con la desigualdad económica es imposible.

 

Hay desigualdades que pueden y deben terminar, por ejemplo: la esclavitud, la trata de personas, la exclusión racial, étnica, religiosa, lingüística. Pero la desigualdad económica no tiene esa importancia ni puede terminar. Para bien y para mal, la cultura del progreso empuja a ser mejores, destacar, distinguirse: no ser iguales. La desigualdad existe incluso entre millonarios. Por mucho que se esfuercen, siempre habrá otro que tenga más millones.

 

Lo importante es que todo ser humano disponga de suficientes calorías, proteínas, agua potable, ropa, techo, vacunas, vitaminas, educación básica; y esto sí se puede lograr.

 

Aprender es fundamental, la escolaridad no. Aprender es instintivo, y puede cultivarse. El mayor salto educativo es de gatear a caminar, de balbucir a hablar. Y no requiere escolaridad del niño ni la madre.

 

La escolaridad sirve para otra cosa: para discriminar a los que no la tienen. Cuando se impone como requisito (hasta para ser barrendero), se olvida que, durante milenios, ha habido grandes sabios, artistas, gobernantes, militares y empresarios sin escolaridad.

 

El ideal de saber para subir: que todos acumulen escolaridad, vayan a la universidad y lleguen a puestos elevados es ilusorio, porque las situaciones privilegiadas son, precisamente, las que no todos pueden tener. Si todos tuvieran doctorado, valdría cero. Si todos fueran presidentes, nadie lo sería. Si todos fueran campeones de natación, nadie lo sería.

 

Lo deseable es que todos sepan nadar, y sean buenos para algo que les guste, aunque no les produzca dinero, reconocimiento ni ascensos.

 

Las manos inteligentes fueron decisivas para el desarrollo de la especie humana y lo siguen siendo para el desarrollo personal. En la destreza, el cerebro coordina los dedos, los ojos y los oídos para producir resultados. Sin embargo, cuando se dice que la pobreza se resuelve con educación, no se piensa en la enseñanza de oficios. Las habilidades manuales son vistas con desdén frente a la educación superior, aunque los grandes cirujanos y los grandes pianistas llegan a serlo por el uso magistral de sus manos.

 

Para ajustar la escala de valores, sería bueno que los exámenes de admisión a la educación superior exigieran demostrar el dominio de un oficio manual. Y que el presupuesto educativo fuese generoso con las escuelas de artes y oficios.

 

Hay metas que rebasan a los individuos, familias, instituciones y empresas. Enfrentarse a la violencia de los delincuentes es lo que justifica la existencia del Estado, y su meta primordial. Un Estado que no da seguridad pública es un Estado fallido.

 

Creyendo cumplir sus objetivos, la Guardia Nacional (un ejército de más de cien mil personas), localizó y detuvo al narco Ovidio Guzmán. Tuvo que soltarlo horas después porque se lo ordenó el Presidente. Fue inexplicable.

 

En el primer día de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de 100 metas que, por el simple número, mostraba falta de foco. Cumplidamente, el sello de su presidencia ha sido la falta de foco.

 

Gabriel Zaid




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viernes, noviembre 27, 2020

 

Es una vacilada

Como en todo, siempre es importante leer la letra "chiquita".

 

Eso de que los Senadores de Morena se jacten de haber quitado el "fuero" presidencial resulta una VACILADA.

 

No necesitamos ahondar mucho en el catálogo de "ofensas" por las que teóricamente puede ser juzgado el Presidente, basta con entender el "CÓMO".

 

Es decir, ¿cómo es que se puede enjuiciar al Presidente según esta nueva leyesota promovida por los que mueven el pandero en el escenario político de hoy?

 

Si lo analizan bien, amigos lectores, se percatarán de que por lo menos ESTE Presidente, Andrés López, jamás podrá ser juzgado durante su sexenio.

 

Quizá alguna minoría lo pueda acusar de algo, pero para imputarlo se requerirá una MAYORÍA CALIFICADA del Senado.

 

Esto es, necesitarán votar a favor de enjuiciarlo más de 67 por ciento de los Senadores (las dos terceras partes más uno).

 

O sea, se requeriría que cerca de OCHENTA Y SEIS miembros del actual Senado aprobaran, o votaran, a favor de enjuiciarlo.

 

La oposición toda junta no llega actualmente a 60 Senadores, y como el Senado entra y sale intacto con el Presidente, simplemente no existen en esa Cámara, como está conformado hoy día, los votos necesarios para abrirle jamás un juicio al Presidente López.

 

Y si no lo pueden, de facto, juzgar, ¿entonces cómo es que le quitaron el fuero, según afirman ellos?

 

No, lo que están haciendo es dejarle el campo minado a los Presidentes que vengan detrás del señor López, y si alguno llegara al poder con un Senado en manos de su oposición ¡estarán fritos!

 

Al inventar delitos como "traición a la Patria", que son delitos "embudo", imprecisos, en los que cabe todo, o cualquier cosa que inventen, esto traducido a nuestra medianera politiquería quiere decir que casi a la medida presidencial adoptada que quieran le pueden cargar el epíteto y hundirlo.

 

Enmendar los múltiples yerros, por ejemplo, la caída de la producción de PEMEX para los morenos será "traición a la Patria".

 

Por la composición actual del Senado, con Morena y sus aliados dominando abrumadoramente, el actual ocupante del Palacio Nacional, jamás podrá ser juzgado, pero los que le sigan casi seguramente lo serán con el menor pretexto.

 

No necesitamos batallar mucho para convencerlos, amigos, de que los Senadores morenistas al promover esta ley nos toman el pelo a lo grande.

 

Ello porque representa esta nueva ley, como muchas otras que han promovido, una SIMULACIÓN: nos venden gato por liebre, nos vender pirita a precio de ORO, afirman que ya quitaron el FUERO presidencial, cuando en los hechos, de facto, no han realizado tal cosa.

 

Por lo menos no en lo que se refiere al Presidente actual.

 

Mientras el Senado opere -al igual que lo hizo en las siete décadas de la "dictablanda"- como una dependencia más del Poder Ejecutivo, lo único que puede acertar a hacer es prestarse a los juegos de simulación que tanto gustan en este sexenio, como la RIFA del avión presidencial, pero sin avión (por cierto, ¿qué pasó con el cliente que lo iba a comprar?), la ley de etiquetado (otra vacilada), el juicio a los ex Presidentes (ah, pero no jurídico, moral), cárcel para los que subcontraten y etcétera.

 

Han demostrado, en conjunto, que son malos gobernantes, pero muy hábiles grillos.

 

En todos los asuntos de Gobierno agarran pa'l monte, pero para todo lo que es grilla se pintan solos.

 

No se sujetan al marco jurídico tradicional, sino que sujetan el marco jurídico a sus caprichos.

 

Con la mayoría legislativa que tienen hacen y deshacen a su antojo, no se acomodan a las leyes, sino hacen que las leyes se acomoden a ellos.

 

De seguir así, nos enfrentaremos en México, y como ciudadanos, a una situación curiosa que sólo se ha dado en países muy atrasados y al mismo tiempo muy totalitarios: que sólo los políticos se apegan a la ley mientras todos los ciudadanos quedan fuera de ella.

 

O lo que es lo mismo: todos en el País están locos, MENOS el que gobierna.

 

 

Fricasé, El Norte


domingo, noviembre 15, 2020

 

Corrupción e impunidad

La pregunta clave es si la corrupción es un instrumento para el avance de un proyecto político o un mal que debe ser erradicado.

 

Lo que es cierto es que no se pueden lograr los dos propósitos al mismo tiempo porque se trata de una flagrante contradicción: o se utiliza a la corrupción o se le persigue con el objeto de eliminarla del panorama.

 

La evidencia a la fecha es que la corrupción es un instrumento en manos del Gobierno para la consolidación de su base política y proyecto de poder.

 

La corrupción es un mal ancestral en nuestro País, pero no uno inexplicable. En términos históricos, hay dos factores que la promueven y arraigan. En primer lugar, el viejo sistema político posrevolucionario convirtió a la corrupción, ya de largo linaje para entonces, en un instrumento de poder. El régimen emergido de la épica revolucionaria requería crear un mecanismo que satisficiera a los liderazgos que habían sido parte del contingente ganador y, a la misma vez, consolidar un régimen hegemónico.

 

La clave de la solución radicó en el sistema de lealtades, nutrido por dos componentes: por un lado, el acceso a la corrupción y, por otro, las complicidades cruzadas.

 

Lo primero permitía, en las palabras inmejorables del dicho todavía vigente, que "le hiciera justicia la Revolución", arreglo verbal que permitía justificar cualquier cosa y excusar a quien robaba como un servicio a la patria.

 

Los puestos se asignaban con ese criterio: premiar la lealtad, lo que llevó a otro de los dichos tan reveladores: "no me des; sólo ponme donde hay". Quien era nombrado director de adquisiciones de alguna Secretaría o (mil veces mejor) de alguna paraestatal, sabía que no iba ahí para mejorar la productividad, sino a ser compensado por su lealtad.

 

El otro factor que promueve y, de hecho, hace posible, la corrupción, es la naturaleza del sistema legal que nos caracteriza.

 

En México un inspector de obras de construcción sabe que su trabajo no depende de asegurarse que se hayan seguido los planos originales (o los autorizados), sino negociar con los constructores las diferencias que existan respecto al proyecto inicial.

 

Es así como edificios que cuentan con una autorización de 10 pisos acaban siendo de 15. Sin embargo, la culpa no es del inspector o del constructor, sino del sistema que le confiere tan vastas facultades discrecionales al inspector.

 

Esas facultades discrecionales acaban siendo arbitrarias porque no se apegan a ningún código, regulación o criterio previamente establecido y debidamente publicado (condiciones elementales de cualquier Estado de derecho).

 

Cuando esas facultades son tan amplias que permiten alterar, en la práctica, las leyes debidamente aprobadas, éstas dejan de tener importancia. El punto de fondo es que esas facultades discrecionales han sido siempre una fuente de corrupción dentro del Gobierno, entre particulares y el Gobierno y entre particulares.

 

La corrupción adquiere muchas formas en el País y no todas involucran dinero. El aprovechamiento de recursos públicos, el uso del presupuesto, la compra de terrenos donde pasará una carretera y tantos otros medios de enriquecimiento tradicional son parte intrínseca de lo que ha sido México y no hay un solo partido político que salga invicto de ello, incluyendo al que gobierna en la actualidad. El uso de recursos públicos para nutrir clientelas es corrupción pura y dura.

 

Además de los medios tradicionales de corrupción, ahora se suman otros prominentes (si bien no nuevos): el perdón -y purificación- de funcionarios corruptos o empresarios cercanos; la destrucción de instituciones; la eliminación de proyectos clave para niños y sus mamás (como las estancias infantiles) o la disponibilidad de medicamentos. Todas éstas son manifestaciones de corrupción que siguen gozando de plena impunidad.

 

Las dos fuentes clave de corrupción -la naturaleza de la ley y el pago de lealtades- se pueden erradicar porque ambas surgen de factores conocidos y, al menos en principio, modificables. Pero nada de eso se está haciendo.

 

El encarcelamiento de una ex Secretaria o el uso del púlpito para atacar supuestos adversarios en nada se diferencia de las prácticas de antaño. Se trata de un escarmiento y no de un proceso de erradicación del fenómeno: se actúa con un criterio acomodaticio, no de acuerdo con lo que marca la ley.

 

La retórica cambia, pero la corrupción persiste: se trata, como siempre en el periodo posrevolucionario, de la consolidación del poder. Nada más.


 

Prioridades

A pesar de que el crimen organizado se encuentra en expansión, la prioridad del gobierno es la presunta actividad ilícita de los empresarios. Ahora es el turno de la subcontratación o outsourcing.

 

Celebro castigar a quienes usan este recurso para pagar menos impuestos o dejar sin derechos a los trabajadores. Sin embargo, como tantas veces en este gobierno, para curar la uña infectada, mejor amputar toda la pierna.

 

El outsourcing existe en todos los países para darle flexibilidad al mercado laboral. Se contratan a través de terceros desde trabajadores de servicio de limpieza hasta personal temporal. Las empresas serias que proveen estos servicios cumplen con todas sus obligaciones fiscales y laborales.

 

La propuesta de ley del Ejecutivo es tan estricta y tiene tantas ambigüedades, que para fines prácticos puede erradicar el outsourcing. Un costo más que pondrá en riesgo la liquidez de las empresas y su capacidad para invertir en el futuro. Mientras en el mundo se piensa cómo estimular la creación de empleo formal, aquí se ponen más piedras en el camino. Si la reforma pasa como fue presentada, caerá el empleo formal.

 

La reforma equipara el outsourcing ilegal con el crimen organizado. Esto permite meter a la cárcel al responsable del presunto crimen mientras se le juzga por dicho delito. Es la llamada prisión preventiva oficiosa.

 

Tal figura es propia de un sistema autoritario. Fue el eje del sistema penal durante la hegemonía priista. A partir de 2008 se modificó el sistema para que la presunción de inocencia no fuera una mera figura retórica, sino un verdadero derecho. Así, como en todos los países democráticos, un presunto delincuente puede llevar su proceso en libertad, salvo cuando haya riesgo de fuga o de daño a terceros, según un juez. Éste es el espíritu de nuestra Constitución.

 

En contra de ese espíritu, desde el 2019 se fue ampliando el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Acá, como en casi todos los frentes, vamos rumbo al pasado. Por ello se están llenando las cárceles de individuos que no han sido juzgados.

 

Esto es grave en sí mismo. Peor en un contexto en el que el Presidente amenaza por presunto fraude fiscal a quienes aportan a organizaciones de la sociedad civil, como lo hizo contra quienes donan recursos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el lunes pasado. La presunta evasión fiscal se puede convertir en un instrumento de control político propio de un régimen autoritario.

 

El año pasado ya se había equiparado el fraude fiscal al crimen organizado. Hay muchos recursos legales en contra de la constitucionalidad de esta ley. Urge que la Suprema Corte determine si equiparar delitos viola nuestro marco constitucional.

 

El gobierno hace uso selectivo de la ley. Emilio Lozoya está en prisión domiciliaria, aunque nadie lo ha visto y Rosario Robles en la cárcel. Se ensañan contra la revista Nexos por un presunto error administrativo, pero la UIF exonera sin más al hermano del Presidente que todos vimos en videos recibiendo dinero en efectivo y describiendo el método para recaudar esos fondos.

 

Cobrar impuestos es el arte de extraer la mayor cantidad de recursos sin espantar la inversión. Pero a este gobierno no le importa la inversión privada. Su objetivo hoy parece ser sólo recaudar. No le importa si mañana el pastel se hace más pequeño.

 

Empresarios debilitados y asustados estarán menos dispuestos a participar en la vida política y a donar recursos a instituciones de la sociedad civil. Además, los informales y los pobres son la clientela electoral natural del gobierno actual. Parece que todo lo que dañe el crecimiento económico le viene como anillo al dedo. Mientras tanto, el crimen organizado está ampliando sus negocios y vive tranquilo porque a este gobierno no parecen preocuparle las atrocidades que comete.

 

Carlos Elizondo Mayer-Serra

 


viernes, noviembre 13, 2020

 

¿Cárcel?

La cárcel, pensamos, es para los funcionarios corruptos, para quienes trasiegan droga, para quienes secuestran, extorsionan o roban, o para los delincuentes que atentan contra nuestra paz social.

 

Esto, por lo menos, en los países desarrollados, pero aquí en México pretende ser ¡para quien subcontrata servicios en las empresas!

 

Esta ley que acaban de inventar y que aprobará la lambiscocha mayoría legislativa prohibiendo el llamado "outsourcing" -que traducido literalmente quiere decir "proveerse de fuera"- es una reverenda equivocación de corte olímpico.

 

El pretexto, según quienes promueven la iniciativa de reforma, es defender los derechos de los trabajadores y evitar la evasión de pago de cuotas al IMSS, Infonavit, etcétera.

 

Su verdadero logro, sin embargo, será cancelar unos cuatro o cuatro y medio millones de EMPLEOS en México y elevar la improductividad de la industria y el comercio mexicano.

 

Todo tiene su razón de ser: el mundo no es como es por capricho, está así porque es lo que funciona.

 

Subcontratar por fuera no cancela los derechos de los trabajadores, ni tampoco evade los pagos de cuotas a las instituciones gubernamentales quebradas por inepto manejo, se inventó y aplica en el Primer Mundo porque forma parte de un sistema que promueve la EFICIENCIA y la competitividad en la manufactura y en el comercio.

 

Hay en el mundo de la industria y comercio labores no esenciales dentro de cada rama para las cuales tiene mucho más sentido buscar el apoyo de expertos que tratar de desarrollar ese expertise en casa.

 

Por ejemplo, programación y mantenimiento de sistemas de cómputo.

 

Existen un buen número de empresas ESPECIALIZADAS que dan estos servicios, y que superan por mucho en eficiencia y COSTO a los "departamentos de sistemas", sobre todo en las PYMES.

 

¿Por qué ha de ser ilegal y merecer cárcel el buscar la eficiencia y la productividad?

 

Da la impresión que las autoridades pretenden tirar la casa, sólo para matar la mosca.

 

Nadie duda de que en algunos casos haya quien pueda abusar de este esquema, mas el Gobierno está sobrado de herramientas que le permiten evitar y castigar esos abusos.

 

Mismos que en todos los departamentos de recursos humanos en México saben que son mucho MENOS de lo que el Gobierno pretexta.

 

Esta medida -y los controles PUNITIVOS tan draconianos que propone- compone una de las MENOS indicadas para estimular el crecimiento económico para salir de la pandemia, y lo más importante, para crear empleos.

 

Es una regla primordial y básica de la jurisprudencia que el castigo debe ser proporcional al delito.

 

Por lo mismo, pretender meter a la cárcel a un directivo de un negocio por alguna falta administrativa que tenga que ver con la interpretación de esta nueva legislación es algo verdaderamente alarmante.

 

Sobre todo cuando es el MISMO GOBIERNO el que deja LIBRE a un delincuente, a un capo de la droga, con orden de extradición pendiente.

 

¿Muy laxo con los capos del narco y sus familiares, pero muy perro con quienes emprenden o pretenden emprender?

 

¿En qué manual de lógica está justificada la operación con estos criterios de un Gobierno quesque democrático?

 

Adicionalmente, se promueve esta ley cuando existía un acuerdo con las cúpulas empresariales de que antes de promoverse sería consensuada con ellas.

 

Es decir, que se escucharía su opinión y sus puntos de vista. Ésta, al parecer, fue una palabra solemne del Presidente López.

 

Misma que, obviamente, NO CUMPLIÓ, pues esta ley se cocinó en lo oscurito y se presentó sin ni siquiera un "¡agua va!".

 

De tal manera que lo que le llega a los legisladores es una visión totalmente parcial de algunos líderes sindicales, de los radicales de la Cuarta Trastornación, y de los caprichos de un Presidente al que le gusta mucho hablar, pero al que no se le da, para nada, escuchar.

 

Esta ley no va a resolver ningún problema existente, pero SÍ VA A CAUSAR MUCHOS nuevos problemas: desempleo, ineficiencia, burocracia y oportunidades para incrementar la corrupción.

 

En suma, resulta ser una IMPOSICIÓN caprichosa, mal pensada, que incrementará en México los problemas económicos, lejos de enmendarlos.

 

Fricasé, El Norte


 

El prohibicionista

"Puedo contratar a la mitad de la clase trabajadora para matar a la otra mitad". Jay Gould

 

Para un Presidente que cita constantemente la frase "Prohibido prohibir", Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser un entusiasta prohibicionista. Lo ratifica con la iniciativa para proscribir la subcontratación de personal. Como todas las prohibiciones, ésta tendrá efectos inhibitorios y distorsionantes, y al final destruirá muchos empleos formales.

 

La iniciativa que ayer en la mañanera firmó el Presidente, en compañía de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y otros funcionarios, es producto de un mal diagnóstico sobre problemas reales del mercado laboral.

 

El Gobierno señala en una presentación sobre el tema que algunos trabajadores son registrados en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben, lo cual afecta sus pensiones y fondo de vivienda.

 

La consecuencia es que reciben menores liquidaciones e indemnizaciones por despidos, licencias o incapacidades; tienen una menor estabilidad laboral, pocas posibilidades de sindicalizarse, y menor reparto de utilidades y antigüedad laboral.

 

El Presidente argumenta, además, que la caída estacional del empleo formal en diciembre es producto de la subcontratación (lo cual es, cuando menos, cuestionable) y sostiene que ésta provoca evasión fiscal y de cuotas al IMSS y el Infonavit.

 

La presentación de la iniciativa afirma que en la reforma laboral de 2012 "se introdujo la figura de la subcontratación laboral con restricciones que no funcionaron". ¿Por qué no funcionaron? Porque aumentó el número de trabajadores con empleos formales bajo este régimen, de 3 millones en 2013 a 4.6 millones en 2018. Es la primera vez que escucho que generar empleos formales es un fracaso.

 

Con estos razonamientos, el Gobierno está impulsando reformas a distintas leyes para prohibir la subcontratación de personal, "que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra".

 

La nueva legislación permitiría la subcontratación de servicios especializados, pero sólo tras una autorización de la Secretaría del Trabajo y el registro en un padrón público. También permitiría el trabajo de las agencias de colocación, pero sin que puedan ser patrones del personal que colocan.

 

El diagnóstico del Gobierno es equivocado, en primer lugar, porque el régimen de subcontratación es una consecuencia de la falta de flexibilidad de la legislación laboral. La iniciativa, lejos de resolver el problema, lo agrava.

 

En un mercado que cambia con velocidad creciente, la ley obligará a las empresas a tener plantillas permanentes, aunque no las usen. Si una compañía tiene la oportunidad de conseguir un contrato temporal, no podrá asumirlo ante el temor de quedarse con personal excedente de manera permanente.

 

El subregistro de sueldos ante el IMSS y el Infonavit, por otra parte, no es un problema exclusivo de las subcontratistas. Muchas empresas reportan sueldos inferiores a los que realmente pagan. La práctica está penada, pero a nadie se le ocurre que la solución sea prohibir la contratación de trabajadores.

 

Alguien en el Gobierno ha tenido la brillante idea de que esto debe hacerse con la subcontratación. Nadie se atreve a advertirle al Presidente que la prohibición acabará con empleos, promoverá una mayor informalidad y volverá menos competitivas a las empresas mexicanas. Es el costo de tener funcionarios sin conocimiento de sus temas.

 

Sergio Sarmiento


domingo, noviembre 08, 2020

 

¿Se volverá EUA comunista con Biden?

"eskedeke por qué apoyas a un comunista como Biden"

"eskedeke los demócratas son comunistas y harán que EUA sea como Venezuela"

"eskedeke Trump defiende el libre mercado y los valores estadounidenses"

Ese es el tipo de cuestionamientos que leo/escucho de #trumplovers en éstos días. ¿A poco no?

 

Primero, el hecho que me dé gusto que Trump no se vaya a reelegir, no significa por default que apoye a los demócratas o a Biden. Solo la gente que ve las cosas de forma maniquea, polarizada, piensa en blanco y negro. "Si no quieres a Trump eres demócrata y comunista".

 

Segundo, los partidos demócrata y republicano en EUA no son grupos homogéneos. Si bien uno es de "izquierda" y otro de "derecha" en la muy limitada y maniquea geometría política unidimensional que solo ve a izquierda, centro y derecha, la realidad es que dentro de cada partido hay distintas tendencias, desde moderados y radicales, hasta gente muy flexible.

Biden es considerado un demócrata "moderado", cuyas posturas históricas han sido de "centro". Por eso lo escogió la dirigencia de su partido porque era el que menos fobia despertaba entre el ciudadano promedio apartidista, sin afiliación declarada a un partido, y cuyos votos necesitaban en los estados clave para alcanzar la mayoría en un sistema electoral que no elige a su presidente de forma directa. La otra opción era Bernie Sanders que si pertenece al ala radical muy socialista de los demócratas. Así como en los republicanos hay un ala radical de extrema derecha, racista y xenofóbica.

 

Dicho lo anterior, vean la primera gráfica. Estados Unidos está en la posición 17 del índice de libertad económica. Como referencia México está en la posición 67, Cuba en la 178, Venezuela en la 179 y Corea del Norte en la 180. Afirmar que Biden hará comunista a EUA es una afirmación exagerada, por decir lo menos. Muestra una total ignorancia en términos económicos de lo que es capitalismo, economía de mercado, socialismo y comunismo.

 

 

Se decía lo mismo de Obama, que era comunista. ¿Cuánto cambió la posición de EUA en los 8 años de Obama? Apenas si cayó en el índice. Y de hecho con Trump no mejoró, pues el mercantilismo que aplicó también afecta la libertad económica.

 

El hecho que EUA lleve décadas, siglos, siendo uno de los países más libres económicamente hablando (lo opuesto al comunismo) NO radica en la tendencia del político en turno que esté en la presidencia. La principal razón es su Constitución, que brinda amplias libertades y derechos principalmente a la propiedad privada y limita mucho a los políticos y al gobierno.

Un país no se vuelve "socialista" o "comunista" porque tenga muchos programas sociales, subsidios o dádivas. Si bien esos programas "socialistas" si pueden reducir la libertad económica, no tienen tanto impacto como lo es el respeto a la propiedad privada y sobre todo la mentalidad de la mayoría de la población respecto a las empresas y emprendedores. Una sociedad que mayoritariamente vea de forma positiva a los emprendedores y a la meritocracia, difícilmente se hará "comunista". Al menos no en un periodo de 4 u 8 años. Vean cómo a Venezuela le tomó 20 años caer de un nivel parecido al de México para estar igual que Cuba o Corea del Norte.

 

Ahora, ¿realmente Trump y los republicanos representan la libertad económica y son "los garantes de la Constitución de los EUA" como muchos afirman?

Pues no, porque Trump no cree en el libre mercado. Él practicó como "empresario" un tipo de capitalismo de cuates (crony capitalism) donde políticos y burócratas dan ventaja a empresarios cuates a cambio de corrupción o apoyos electorales. Trump es mercantilista, anti globalización, que NADA tiene que ver con un capitalismo de libre mercado.

 

Finalmente, los republicanos con Trump son iguales que los demócratas con Obama, y para endeudar a su país no tuvieron problemas para unirse en el Congreso y autorizarlo. Vean la 2a gráfica, desde el último año de Bush, y luego con Obama, la deuda pública de EUA respecto a su PIB creció ~40 puntos en 4 años.

 

 

Pero con Trump ha crecido ~30 puntos en el último año. Y en ambos casos la excusa ha sido la crisis económica. Ambos partidos no han tenido vergüenza para endeudar a su nación. Son igual de "socialistas" en ese sentido. ¿Quiénes creen que pagarán todo eso cuando la burbuja explote?

 

Finalmente, Trump NO representa los "mejores valores del pueblo estadounidense". Bueno, a menos que los "mejores valores" sean la mentira, el engaño, fraude, evadir impuestos, el racismo, misoginia, malas prácticas empresariales, narcisismo, acoso sexual, ser "bully", adúltero, etc. Y no, Trump NO es "anti aborto", agarró esa bandera solo para congraciarse con la derecha religiosa. Los ha usado para sus fines narcisistas de llegar y conservar el poder.

 

Mi crítica a Trump desde hace +4 años ha sido a su populismo narcisista. Al uso y abuso del poder del Estado para fines particulares o de grupo. El populismo es un cáncer que genera división, confrontación, no importa si es de derecha o izquierda. Por eso él y López se parecen mucho, y por eso se protegen.

Como liberal (libertario) apoyo las libertades sociales que muchos grupos de "izquierda" o "progresistas" apoyan, siempre y cuando no se pida que sean financiadas por los impuestos de otros. Pero de igual forma apoyo las libertades económicas que la "derecha" apoya, siempre y cuando no sea "capitalismo de cuates" ni mercantilistas.

 

Pero lo que si da más pena ajena es ver a ciudadanos defender a políticos de cualquier color o ideología, como si fuera religión o equipo de fútbol. Mientras exista tanta gente que siga esperando a políticos salvadores, seguirán llegando populistas, demagogos, que los usarán para sus fines y acrecentar su poder en perjuicio de la ciudadanía y las libertades.

 

#aguzados #PoliticoLovers


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