HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Etiquetas: burocracia, CFE, corporativismo, corrupcion, estado de derecho, PEMEX, reformas, sindicatos, SME, SNTE

La historia demuestra con transparencia como están las cosas con la lluvia de bloqueos que cualquier grupo puede montar sobre todo en la ciudad de México pero también en otras partes del país, siempre con absoluta impunidad y con el terror de las autoridades de ejercer su derecho a que la ciudadanía pueda circular libremente por todo el país. El miércoles, como lo vienen haciendo cotidianamente, uno grupo de no más de 300 maestros de Morelos decidieron bloquear todos los accesos a Cuernavaca y el tránsito por la carretera a México y a Acapulco. El bloqueo duró horas y pusieron especial énfasis en bloquear las entradas al principal hospital público de Cuernavaca. Allí no podía pasar nadie, ni ambulancias ni enfermos. Después de cinco horas de bloqueo, la señora Cristina Mechaca, se bajó de un autobús para demandar que dejaran pasar ese transporte que traía niños autistas que venían de recibir un tratamiento fuera de Cuernavaca y que por su propia condición ya no podían seguir esperando durante más tiempo, sin agua y sin baños en el lugar. La señora, existen testimonios gráficos claros al respecto, fue golpeada, insultada, jaloneada y rasguñada y por supuesto los valientes manifestantes decidieron que por ahí no pasaba nadie, ni niños enfermos ni madres agredidas. Pero a unos metros de allí, casi a la misma horas, sobre la carretera, en la zona llamada El Polvorín, un grupo de traileros, hartos por la espera, porque habían perdido el día laboral e incluso su carga, junto con un grupo de choferes de autobuses, se dirigieron hasta el retén que bloqueaba la carretera y fueron muy directos, luego de un poco amable intercambio de palabras: si en diez minutos los manifestantes no liberaban la carretera, "les partiremos la madre". Los valientes manifestantes que golpearon a una madre e hicieron escarnio de ella, que dejaron a niños y personas enfermas sin poder ingresar a un hospital, decidieron ante la contundente advertencia de los traileros, levantar en apenas cinco minutos el bloqueo y dejarlo para otra ocasión. El adjetivo más suave que se puede utilizar es cobardía, en el sentido más amplio de la palabra.

Pero la anécdota sirve también para reflexionar sobre otro tema. Durante las horas del bloqueo del miércoles, o los de días pasados en Cuernavaca o en el DF, o en otros puntos del país, sobre todo en Michoacán, no ha habido una sola autoridad que tomara cartas en el asunto más que aceptar formar mesas de negociación que todos, unos y otros, saben que no sirven para nada. Bloquear autopistas federales es un delito federal; bloquear vías principales en las ciudades es un delito del orden local; ocupar por la fuerza edificios públicos sea la sede de la SEP o el palacio de gobierno de Morelos, implica la violación de una larga serie de ordenamientos legales. ¿Cómo puede ser que no haya una sola autoridad que tome cartas en el asunto?. Días atrás, el secretario de seguridad pública capitalina, Manuel Mondragón y Kalb me decía que él no podían hacer nada si tres mil manifestantes y 80 camiones estaban bloqueando la entrada y el tránsito de la ciudad. Las autoridades federales tampoco hicieron nada para evitar el bloqueo en las vías federales. No hay una sola persona de estos grupos a la que se le haya iniciado una averiguación previa, ni un policía, federal o local, que haya intentado evitar los hechos. Los únicos exitosos, con una advertencia muy entendible para todos, fueron los traileros: ¿tendremos que contratarlos para garantizar la seguridad y que se respete la ley?¿no se comprende que más temprano que tarde ciudadanos hartos van a intentar romper los bloqueos y ocurrirá, de un lado o del otro una tragedia?. ¿Tan difícil es demostrar que con todo el respeto a las leyes hay cosas que se pueden hacer y cosas que no?¿qué nada impide el derecho de manifestación pero que bloquear calles, avenidas y autopistas está prohibido, tanto como ocupar por la fuerza edificios públicos?¿las leyes que se aplican a los ciudadanos individualmente no son las mismas cuando se juntan más de diez personas con una supuesta bandera política o social?. El miércoles fueron los maestros, ayer en el DF, un grupo de microbuseros que no quieren competencia en sus rutas. Nadie impidió que durante horas, tuvieran paralizado toda un área neurálgica de la ciudad.

El hecho es que unos centenares de maestros deciden oponerse a la reforma educativa y tienen libertad para hacer lo que quieran. Reclaman, sobre todo, tres temas: no quieren concursos de oposición para ocupar plazas; quieren que esas plazas se entreguen directamente a cualquiera que haya terminado la escuela normal, haya o no demanda de maestros en la zona e independientemente de su capacitación y, además quieren que esa plaza se convierta en un bien patrimonial, o sea que pueda ser vendida, transferida o heredada. Y por último tampoco quieren ser evaluados en su desempeño. Es verdad que muchas de esas cosas se realizaron durante décadas con impunidad y con el beneplácito de autoridades, sindicatos y partidos. Pero eso ya es insostenible y todo lo demás, positivo, que tiene la alianza educativa, sin romper con ese circulo vicioso, corrupto, no servirá para nada.

La mayoría de los maestros están dispuestos a apoyar esas reformas. Pero si observan que pueden tener beneficios ilegítimos con medidas de fuerza, que nadie las impide violar la ley, que no tienen ningún costo ni siquiera salarial (porque a esos manifestantes les siguen pagando rigurosamente su salario, trabajen o no), si ni siquiera existe una exhibición pública de lo injusto de la demanda ¿por qué seguirán apoyando las reformas?. Son las autoridades las que deben asumir sus responsabilidades, no los traileros. Pero qué podemos esperar si el otro bloqueo del miércoles lo realizaron miembros de la AFI que no quieren incorporarse al régimen laboral más estricto de la Policía Federal?

Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior	Fecha: Viernes, 26 de Septiembre de 2008

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Y todo porque quieren seguir heredando o vendiendo sus plazas. ¿Y la calidad educativa? Eso si, el PRD y AMLO siguen detrás de la CNTE. ¿Hasta cuando? Y no se confundan, esto no significa apoyar a la Gordillo. Las plazas deben asignarse por examen de oposición, por capacidad del maestro. No por antigüedad, ni por ser hijo o pariente del que se jubila. ¿Quién refuta esto?

Etiquetas: calidad, CNTE, corporativismo, corrupcion, educación, estado de derecho, monopolios, reformas, sindicatos, SNTE

Lo ocurrido la noche del martes en Morelia, durante la ceremonia del Grito de la Independencia fue, sencillamente, un atentado: las granadas lanzadas entre la gente que estaba celebrando no buscaban un objetivo concreto, sino lo que constituye la razón de ser de una acción terrorista: matar inocentes, imponer el terror entre la población, desestabilizar y amedrentar a la sociedad y las autoridades.

Apenas ayer decíamos que no deberíamos perder el sentido de lo que está sucediendo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: el Estado y la sociedad nos estamos enfrentando a organizaciones que utilizan los métodos de una guerra de guerrillas sin un componente ideológico, sin un objetivo concreto que vaya más allá de desestabilizar para imponer condiciones más cómodas al narcotráfico en todas sus formas. Tampoco deberíamos confundirnos con un punto: para realizar acciones de estas características no se requieren miles de hombres. Lo que se necesita es tener un grupo de operadores sin escrúpulos, pero con recursos y armas.

Pero no es una muestra de fortaleza sino de debilidad. No es tampoco la primera experiencia internacional que se vive en este sentido. Lo mismo ocurrió en Colombia sobre todo durante la persecución de Pablo Escobar, que terminó operando junto con organizaciones armadas como el M-19, las FARC e incluso con los paramilitares que combatían a las anteriores. Escobar inició un movimiento marcado por carros bomba, atentados contra la población civil, ejecuciones sumarias en todo el país, una ola indiscriminada de secuestros, el asesinato de varios candidatos presidenciales, era un movimiento desesperado porque se sentía cercado luego de años de casi absoluta libertad de operación. Le trató de dar a ese movimiento un contenido ideológico basado en el rechazo a las extradiciones y cobijado en las posiciones que mantenían los grupos armados: apoyó candidatos, buscó y obtuvo espacios en el congreso, cuando fue perseguido por los jueces terminó ocupando e incendiando la Suprema Corte de Justicia. Cuando inició ese recorrido criminal Escobar era considerado casi un Robin Hood, pero terminó siendo el criminal más detestado de Colombia.

Para esos mismos años, la campaña contra la mafia en Italia y particularmente en Sicilia vivió episodios similares. La mafia había ocupado sin problemas los espacios geográficos y el poder en el sur de Italia y tenía aliados poderosísimos en Roma. Cuando se decidió iniciar la lucha contra la mafia también era un momento en el cual existían grupos armados de dudoso origen como las Brigadas Rojas, y los mafiosos comenzaron a operar con esa dinámica y esa lógica. Si no podían dominar por el poder del dinero lo harían por la intimidación y la violencia. Colocaron coches bomba, atacaron a la población civil, asesinaron a los principales fiscales que los estaban investigando, entre ellos el muy conocido Giovanni Falcone y su esposa.

No es demasiado diferente lo que estamos viendo en México. Luego de los golpes que ha sufrido en los últimos días, por autoridades y por sus propios rivales, uno de los principales cárteles del narcotráfico, en este caso el denominado La Familia, recurre al terrorismo, a atacar a la población civil para buscar la intimidación de la sociedad y los gobiernos: no hay otra explicación a lo sucedido en Morelia. Y cada vez más veremos a este tipo de organizaciones, a ellas o a sus rivales, realizando estas acciones porque necesitan imponer sus condiciones en el enfrentamiento con el Estado. Y para ello recurrirán a acciones similares a las que podría realizar una organización armada, una guerrilla con inclinaciones terroristas.

Para poder actuar así se requiere de un sustento político, aunque los narcotraficantes no lo tengan. En Colombia había, y aún persiste, una guerra abierta, sobre todo en aquellos años. En Italia, se sufrían los embates de grupos como las Brigadas Rojas y otros, de poca presencia social pero militarmente muy agresivos. En México existen grupos armados que operan pero que, según todos los indicadores y salvo situaciones muy peculiares como las que se dan en algunas zonas de Guerrero, Oaxaca o la periferia de la ciudad de México, no tienen relación con los grupos del narcotráfico. Pero se equivocan al considerar y difundir que los operativos contra el narcotráfico en realidad no están destinados a combatir a los criminales sino a ellos mismos. De esa manera, aunque no sean lo mismo y no tengan una relación orgánica, paradójicamente es su mismo discurso el que permite que ambos fenómenos se identifiquen.

Al mismo tiempo, un movimiento social como el de López Obrador, que desconoce las instituciones, que apuesta a la desestabilización y se mueve en el límite de la legalidad, que no condena abiertamente al narcotráfico ni apoya la lucha en su contra, con el argumento de que el gobierno no es legítimo, construye una magnífica coartada, política e ideológica, para el desarrollo del crimen organizado. Unos y otros, los grupos armados y el propio lopezobradorismo tendrían que ser los primeros en deslindarse de estos hechos y de estas acciones. La tentación de la violencia por parte de grupos políticos es la mejor cobertura que pueden tener los narcotraficantes. Y en la lógica de acciones como las de Morelia, la sociedad terminará identificando a unos con otros, aunque no sean lo mismo.

Para las autoridades debe haber absoluta claridad sobre el enemigo que están enfrentando y las tácticas para combatirlo: la idea de que enfrentan una guerra de guerrillas sin sustento ideológico, de acciones terrorista que buscan intimidar para tener mayores espacios debe estar en el corazón de cualquier estrategia. Y, como en todo enfrentamiento de estas características, deberían recordar que es el hombre, la política, la que dirige el arma, y no al contrario.

Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior	Fecha: Miércoles, 17 de Septiembre de 2008

Etiquetas: delincuencia, estado de derecho, narcotrafico, terrorismo, violencia

El incidente podría parecer menor. Sin embargo, el asunto desnuda uno de los más graves problemas de nuestro país: la rigidez laboral. Regresemos al caso, como liberal que soy, defenderé a muerte el derecho de cualquiera a pagar a un maletero por trasladar su equipaje. Es un servicio muy útil sobre todo para personas mayores o con afecciones cardiovasculares, de espalda, o con alguna discapacidad, mujeres embarazadas, madres que llevan a los críos en los brazos o simplemente alguien que trae mucho equipaje. Raro es el viajero que nunca ha necesitado de ese servicio. Los aeropuertos son mucho más amables cuando brindan ese auxilio.

El trabajo de maletero es tan digno como cualquier otro y quien quiera ejercerlo deberá tener esa opción, como todo, de manera reglamentada. Sin embargo, las tendencias mundiales apuntan a una severa disminución en ciertos servicios manuales. Cada vez hay menos personas dispuestas a ellos. Por algo será. El equipaje con ruedas ha abierto la posibilidad de desplegar una enorme energía. Los propios pasajeros pueden, en muchas ocasiones, transportar por sí mismos su equipaje, lo cual permite que la mano de obra empleada en ese útil, pero rudimentario trabajo pueda desplazarse a otra actividad más productiva. He ahí el meollo de trauma nacional: contemplar a la rigidez laboral como una condición para lograr mayor prosperidad y justicia social.

Nos viene de lejos. La concepción sectorializada de la economía, campesinos, obreros, sectores populares organizados corporativamente, es mucho más que una realidad histórica que imperó por décadas, es parte de nuestra cultura. Hay todavía quien piensa que lo mejor que le puede ocurrir al campesino es seguir siendo campesino, o al obrero continuar con su mismo encargo toda la vida. Pero el mundo ha cambiado. La prosperidad de un país en parte depende de su capacidad para adaptarse a los nuevos requerimientos que surgen por las tecnologías y cambios en la forma de vida.

Las agriculturas prósperas no demandan de mucha mano de obra, por el contrario, son prósperas por tecnificadas. En las economías desarrolladas el sector secundario, el trabajador de cuello azul, ocupa menos del 20 por ciento de la PEA. La movilidad es una señal de avance. Con el mismo criterio de impedir que cada quien transporte su equipaje, no deberíamos utilizar computadoras para no desplazar a las secretarias.

Así como defiendo el derecho de cualquiera a contratar el traslado de equipaje, defenderé el derecho de cualquiera a no hacerlo si no lo desea. Nadie puede imponernos la premodernidad como forma de defensa de su trabajo. Eso es lo que ocurre en nuestros aeropuertos. Coludidos con frecuencia con las policías, los señores maleteros quieren garantizarse a la mala su fuente de trabajo. Es una extorsión al ciudadano. Vale para los taxistas exclusivos que piensan que impidiendo la entrada de taxis regulares se garantizan un buen empleo. Han llegado al absurdo de mover sus unidades vacías en el traslado hacia el aeropuerto. ¡Y sus líderes creen que es un gran negocio!

En el índice de rigidez laboral del Banco Mundial que mide las condiciones en 178 países, México ocupa el lugar 139. Tanto en rigidez para contratar como para despedir salimos muy mal calificados. México sólo alcanzará mayor prosperidad con una ley laboral flexible, que propicie la creación de nuevos empleos en las áreas productivas, que facilite el traslado de las inversiones y con ellas de los empleos. Habrá quien piense que la mayor flexibilidad opera en contra de los intereses del trabajador. Para nada. Al contrario, la mayor flexibilidad garantiza lo esencial para al trabajador. La existencia de fuentes de empleo.

Los cambios que el mundo nos anuncia son fantásticos, pero necesitamos montarnos en ellos para sacar beneficios. Sugiero dos textos: "The future of work", de Charles Handy, y cualquier atlas serio del futuro como el de Macmillan. Las tendencias son claras, los cambios son radicales, pero la prosperidad potencial los vale. La ruta es muy similar en todos los países: de la agricultura al sector manufacturero; de la manufactura al sector servicios; y, finalmente, dentro del propio sector servicios hacia las industrias de la información.

Los servicios de información pueden ser proporcionados en cualquier latitud. Las condiciones de horario y de idioma pasan a ser centrales. En idiomas andamos mal, de hecho se trata de un punto central en la Alianza por la Calidad Educativa recientemente anunciada. En nuestra colocación en usos horarios México es muy afortunado.

Buena parte de los trabajadores asalariados trabajarán medio tiempo y serán autoempleados. Sus ingresos se multiplicarán, pero en proporción gravitarán menos en la esfera de una sola empresa. La circulación se incrementará exponencialmente. Según datos de la OCDE, los cambios de empleos en la primera mitad del siglo 20 en promedio ocurrían dos y media veces a lo largo de una vida laboral. Hoy la cifra se acerca a 20 cambios de trabajo. En parte la explicación también radica en el incremento de la esperanza de vida. La mujer ocupará un lugar central en el empleo remunerado. En los países ricos habrá cada vez más empleos en "servicios personales", salud y aledaños.

Estoy seguro de que los maleteros no desearían ejercer el mismo trabajo que sus abuelos o sus padres. Estoy seguro de que no desearían que sus hijos o nietos tuvieran su actual ocupación. Es mejor apostar al futuro que impedir el uso de la rueda.


Federico Reyes Heroles

Etiquetas: corporativismo, corrupcion, crecimiento, demagogia, economia, estado de derecho, libertad, pobreza, populismo, sindicatos

El Distrito Federal se ha convertido en una de las entidades más arbitrarias y más apartadas de la legalidad del País. No sólo se violan de manera sistemática las leyes y reglamentos que el propio gobierno de la ciudad emite o propicia, sino que se crean mecanismos cada vez más arbitrarios para abusar de la ciudadanía. La discrecionalidad de que gozan todo tipo de funcionarios, empleados y policías de la ciudad se traduce en permanente arbitrariedad. Pobre ejemplo de la entidad más rica y compleja del País para el resto de la nación.

Se podría afirmar que la arbitrariedad es la sangre que corre por las venas de las administraciones de la ciudad. Antes, en la era de las administraciones duras (ej. Uruchurtu), se empleaba para hacer cumplir las disposiciones y reglamentos por cualquier medio. Más recientemente, bajo la noción de que la paz social es el bien superior, se ha cometido toda clase de tropelías. Pero nunca nada como el nivel de arbitrariedad que existe en la actualidad.

Del viejo corporativismo priista y de las organizaciones sociales, políticas y de reivindicación de vivienda que surgen del sismo de 1985 nació el control vertical que hoy ejerce el PRD en la Capital. El cambio no fue menor. Recuerdo, en mis años de estudiante al inicio de los 70, ver actos políticos y partidistas en los que lo que dominaba eran las pancartas de los sectores del PRI: la CNC, CNOP y CTM. Eso cambiaría de manera radical en las décadas subsecuentes: esas entelequias fueron substituidas por toda clase de organizaciones cuya característica común era la ilegalidad de su origen o actividad.

Así, en lugar de sindicatos tradicionales (y corruptos), lo visible son los taxistas piratas, los invasores de predios y los comerciantes informales. Pero lo verdaderamente importante es que cambió la fachada y la naturaleza de las organizaciones, pero no las estructuras corporativistas ni el control político vertical. A partir de que se comenzó a elegir al jefe del DF, el PRD convirtió a las organizaciones corporativistas en una impresionante maquinaria de control.

La combinación de corporativismo, arbitrariedad e ilegalidad (mecanismos que las autoridades del DF consideran normales, naturales y hasta "democráticos") es letal para la ciudadanía y para el desarrollo del País. En nombre del pueblo, el corporativismo sirve para controlar a la población, utilizar a las organizaciones sociales para fines partidistas y particulares, bloquear avenidas, realizar plantones, extorsionar comerciantes (igual informales que formales), administrar actividades ilegales y, además, apuntalar y financiar carreras políticas.

Ese corporativismo permite el abuso de la población, la construcción de obras inadecuadas e irregulares (como los segundos pisos que no van a ningún lado y cuyo costo sigue siendo secreto), las manifestaciones contra el supuesto fraude del 2006 y hasta la justificación de las irregularidades en la elección interna del PRD. Corporativismo y arbitrariedad son dos caras de una misma moneda.

La discrecionalidad es una facultad necesaria para cualquier autoridad, siempre y cuando existan reglas claras al respecto. Un inspector debe poder diferenciar entre un restaurante que está llevando a cabo obras para asegurar la limpieza en el manejo de los alimentos de uno que se rehúsa a llevarlas a cabo, aunque, en ese instante, ninguno de los dos cumpla la norma. Esa latitud es lógica. Pero lo que tenemos en la Capital es arbitrariedad pura. Con facultades discrecionales y, seguramente, un poco de "ayuda" monetaria, se autoriza la construcción de edificios donde no hay agua o estacionamientos y se pretende construir una megatorre sin atender las implicaciones de esa construcción sobre la zona y el tránsito vehicular.

Quizá no hay ejemplo más patente para el ciudadano común y corriente que la pretensión de que la ciudad funciona de maravilla: ¿A quién, si no a la más pura mentalidad arbitraria, se le pudo ocurrir instrumentar un sistema de puntaje para las sanciones de tránsito con los policías y reglamentos que tenemos? ¿Qué no era obvio que eso se convertiría en un nuevo instrumento para la corrupción y abuso?

Más allá del control político, pero de manera inexorablemente vinculada a éste, a partir del sismo y con la elección del jefe de gobierno, el DF ha pasado a ser el epítome del abuso y la arbitrariedad. Los reglamentos de construcción son ampliamente conocidos, pero sólo se aplican cuando no hay mordida de por medio: los innumerables asentamientos irregulares hablan por sí mismos. Como ilustra el sismo mismo, la arbitrariedad ha hecho posibles muchas carreras políticas.

La misma arbitrariedad y abuso contra la libertad de los ciudadanos es patente en las redadas de jóvenes en "antros" y colonias populares, así como la nueva modalidad de retenes en las calles de la ciudad: patrullas obstruyendo el tránsito para supuestamente identificar delincuentes. Hoy hasta los vehículos de turistas de otros países o estados son objeto de esa arbitrariedad tan perniciosa: ¿no que queríamos ser una ciudad ejemplo en servicios turísticos? Todo en nombre del pueblo y al servicio de la corrupción.

El más reciente de los instrumentos de la arbitrariedad es sin duda el llamado a una consulta en materia de petróleo. Al margen de la legalidad o constitucionalidad de semejante iniciativa, es evidente que se trata del uso partidista más flagrante de un instrumento público diseñado para otros propósitos (temas del DF).

Siendo el PRD el segundo contingente más grande en el congreso federal, no es posible aceptar que el partido que domina y controla a la Ciudad de México carezca de instrumentos para actuar de manera legítima y legal. El problema es que la arbitrariedad es parte inherente al modo de actuar de ese PRD corporativista y abusivo.

Si se tratara meramente de la administración de una ciudad cualquiera, el problema sería menor. Pero por su localización estratégica en términos políticos y mediáticos, los abusos y excesos que emanan del DF tienen consecuencias para el País en su conjunto, toda vez que implican la destrucción cada vez más acelerada de cualquier vestigio de sociedad capaz de resolver sus diferendos de manera institucional. ¡Qué falta nos hace la corriente socialdemócrata y de izquierda moderna en la ciudad y en el País!

En uno de sus momentos estelares, José López Portillo afirmó que él era responsable del timón, mas no de la tormenta. Nuestros próceres del PRD en el DF parecen venir de la misma tradición: ellos sólo son responsables de la arbitrariedad e ilegalidad. Las consecuencias son para la población y el País.

Luis Rubio
www.cidac.org

Etiquetas: corporativismo, corrupcion, demagogia, DF, Ebrard, estado de derecho, populismo, PRD

Para todos los que no aman y para todos los que no quieren al futbol, comienzo por aclarar que Oswaldo Sánchez es el portero titular de la selección nacional. El puesto de portero es (puedo atestiguarlo por una experiencia personal, ¡ay!, tan remota) el más sufrido pero también el más "heroico". El portero suele ser el líder del equipo. Oswaldo no sólo ha sido un excelente jugador y un gran líder sino un ejemplo de profesionalismo y seriedad.

Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.

El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar.

Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia, o la precaución de no ser "cachado" por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?

Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la Ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia.

Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho "natural" de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión.

Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el Gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): "A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley".

La noción de preeminencia de la "ley natural" sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho.

En México -como en la España del "Siglo de Oro"- todo pueblo es "el pueblo", toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del "imaginario" mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es "Fuenteovejuna" y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.

Los liberales del siglo 19 tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no "al natural", sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del "pueblo", cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese "pueblo" entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de "orden natural".

Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.

Enrique Krauze

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Ojalá los políticos de hoy en México fueran tan liberales y progresistas como los liberales del siglo XIX. Ah, pero eso si!, no dejan de usar el nombre de Juarez para todo. Ojalá fueran realmente seguidores de los principios de Juárez.

Etiquetas: conservador, demagogia, estado de derecho, idiosincracia, leyes, liberal, populismo

Reaccionarios, intolerantes, locos, enemigos de lo popular, del avance democrático. Es Lula, no Chávez. Están viendo "moros con tranchetes". Es un buen hombre que sólo busca el bienestar de los mexicanos. Sí, sí, su discurso es un poco radical, pero es un hombre de instituciones. Los defensores del personaje toleraron todo: de las expresiones delatoras -el objetivo "un nuevo Estado" en pleno Zócalo, "al diablo con las instituciones" y muchas más- a los actos violentos. Es violencia menor decían. Pero, según ellos, los detractores de su líder eran (éramos) los equivocados, los miopes, los sesgados. Aquí estamos, casi dos años después de la elección con un personaje que se dice "Presidente legítimo", que estrangula al PRD y lo conduce al abismo -allí están las cifras-, que convoca a la violencia y que ha dado un paso que lo marcará en la historia como lo que siempre ha sido: un golpista.

"Sostuve que la resistencia civil pacífica, no sólo es protesta, es también una vía hacia la transformación del país", hasta aquí el único problema es definir la resistencia civil pacífica. Pero el gran "líder moral" continúa, es "un proceso para la construcción de una nueva República", así, con mayúscula, para que no quede duda. Pero resulta que, como en toda democracia que se respete, los actores políticos deben someterse y aceptar los principios esenciales del régimen que los gobierna. La República para el caso. Desde fuera se puede estar a favor o en contra de la República o de la monarquía, por ejemplo, pero una vez adentro no hay margen. Rodríguez Zapatero, de izquierda, no puede levantarse en contra del Rey Juan Carlos, no por la persona, por las instituciones con las que se comprometió. Se es leal o desleal. El "líder moral" es desleal. Sus seguidores también.

Son los golpistas, los desleales los que arrasan con los congresos. Es casi una acción imprescindible. Un golpista no puede actuar con una asamblea deliberante. Las decisiones de las mayorías pueden ser contrarias a la voluntad divina que inspira a los buenos dictadores, a los fascistas. Camisas negras o blancas, da lo mismo. Varones o mujeres, da lo mismo. Legisladores o de a pie, da lo mismo. Lo que los define es su forma de actuar, no la vestimenta, no la posición. Mussolini, Pinochet o Tejero, con toda su investidura eran golpistas. El "líder moral" de la izquierda mexicana es un golpista y sus seguidores -legisladores borregos, extorsionadores profesionales o muy conocidas firmas- en su participación activa o aceptación silenciosa de los hechos son golpistas. Fuera máscaras.

Quienes aceptan la violencia como vía de transformación de la sociedad, de un lado. Quienes la nieguen del otro. No es demasiado complejo. Cuando las puertas de la democracia estaban cerradas había un margen de interpretación: si la democracia no funciona, ¿por dónde? Pero una vez abiertas esas puertas se acabó la tolerancia. El "líder moral" de la izquierda no aceptó su derrota en el proceso presidencial. Gritó fraude, conspiración. Yo no puedo estar equivocado. Y sus corifeos lo siguieron, atropellando los derechos de terceros que es la típica expresión de los autoritarios. Te cierro las calles, te sometes a mi capricho, tu vida se sojuzga, pero no importa porque yo tengo la razón, lo sé porque mantengo un dialogo divino. Igualito que Bush.

Como buen cacique que es impuso a un candidato a la presidencia de su partido. Igualito que el PRI en sus peores épocas. Ahora tampoco puede reconocer que no ganó. Sigue como búfalo destrozando al PRD porque su voluntad no se cumplió. Y los corifeos, callados: por Él todo se vale. Como al comandante, al jefe de las brigadas, no le gusta debatir -digamos sobre las necesidades energéticas del país-, característica de los verdaderos demócratas, pues entonces da instrucciones a sus huestes a los seguidores sin conciencia de "clausurar" nada menos que al Congreso. Ex regidores, ex gobernadores y legisladores que han vivido y viven de las reglas de la democracia mexicana y también del presupuesto, ahora deciden que no van a debatir, muy su derecho, pero que tampoco permitirán el debate de los otros. ¡Genial! Clara muestra de su vocación democrática.

¿Resistencia civil pacífica? Dejémonos de juegos. Bloquear una carretera o un aeropuerto es un delito. Como en cualquier país. Quienes lo hagan serán delincuentes. Así de sencillo. Los persigan o no, hablan por sus actos. De nuevo, los terceros perjudicados no les importan. Ellos pueden pisotear a quien sea. Tomar violentamente las tribunas e impedir la vida democrática es un acto golpista. Así quedará registrado en la historia. Los corifeos incluidos, con pluma o no, da lo mismo. Son maestros de la violencia: enseñan que la violencia es una vía válida. Claro, en Oaxaca la "Coordinación Revolucionaria" llama a las organizaciones guerrilleras del país a una sublevación. Un país donde una de las tres mayores fuerzas políticas da el deleznable espectáculo violento en las dos más altas tribunas nacionales de diálogo, de debate, de alguna manera autoriza lo que sea. Ésas son las consecuencias de la patología del "líder moral" de la izquierda.

Es momento de definiciones. No es un asunto de derecha o izquierda. Lo ocurrido no puede ser visto como una anécdota más de la vida política mexicana. No nos equivoquemos. El jueves 10 de abril del 2008 dio inicio el más severo de los múltiples atentados recientes contra la democracia mexicana. Tenemos un problema muy serio: el "líder moral" de la izquierda es un golpista y sus seguidores, cómplices.


Federico Reyes Heroles

Etiquetas: AMLO, demagogia, estado de derecho, fanatismo, FAP, fascismo, golpismo, intolerancia, inversión, mesianismo, PEMEX, petroleo, populismo, PRD, reformas, violencia

En lugar de tomar el Congreso y declararse en ayuno, los senadores y los diputados perredistas, así como los del Partido Convergencia, deberían morderse la lengua y ofrecer una disculpa pública.

Ellos saben qué hay que hacer en Pemex. Lo que no quieren es que lo haga el presidente Calderón. Con sus propias palabras, estampadas en documentos oficiales, se puede constatar que los mueve la mala fe y el deseo de que a México le vaya mal.

El Partido Convergencia, cuyos integrantes en el Congreso han sido particularmente agresivos al tomar la tribuna para "impedir la privatización de Pemex", planteó lo siguiente en su Plataforma Electoral registrada ante el IFE:

"26. Lograr una reforma en materia de energía que aumente las capacidades productivas del país y permita su viabilidad en el largo plazo y que incluya de manera integral el petróleo, gas y electricidad, con medidas como:

a. Mantener la rectoría del Estado sobre la política energética.

b. Establecer una política energética integral.

c. Permitir la participación regulada de particulares.

d. Dotar de autonomía administrativa y operativa a las empresas públicas de energía (Pemex y la CFE)

e. Encontrar formas de asociación con particulares, sobre todo empresas nacionales, para revertir la disminución de reservas petroleras y aumentar la producción de gas natural.

f. Fomentar la participación de particulares en la generación de electricidad, reservando al Estado la transmisión y distribución de energía eléctrica.

g. Permitir a los ciudadanos la participación accionaria en Pemex.

h. Dar a los estados con reservas de hidrocarburos la posibilidad de explotarlos directamente, en donde no sea rentable para Pemex, mediante modelos de autogestión."

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, en el libro Un proyecto alternativo de nación, donde expone lo que pensaba hacer si llegaba a la Presidencia, dice en lo referente a política energética:

"Pero tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales.

"En resumen, la propuesta es fincar las bases del desarrollo nacional en el aprovechamiento y en la modernización del sector energético. El objetivo es sencillo: aprovechar los recursos energéticos para fomentar la industrialización del país, generar empleos y ser competitivos en el mercado mundial" (pág. 42).

Tanto Convergencia como López Obrador hablan de "asociación" de Pemex con particulares, lo que lleva a la iniciativa privada mucho más allá de lo que propone el proyecto enviado por Felipe Calderón al Congreso. La iniciativa que se presentó la semana anterior habla de que Pemex podrá contratar a empresas privadas para realizar determinados trabajos en aguas profundas. En ningún momento se comparte la riqueza del subsuelo, como lo proponen López Obrador y Convergencia en sus respectivas plataformas electorales, al hablar de "asociación". Incluso Convergencia propone "permitir a los ciudadanos la participación accionaria en Pemex".

El proyecto del gobierno de Felipe Calderón no llega a tanto. Sólo propone la emisión de bonos para los ciudadanos, que no implican una participación accionaria en Pemex.

¿Entonces?, ¿qué les duele?

Les duele que la modernización de Pemex la promueva un Presidente al cual odian.
Les duele que serán priistas y panistas los que van a tener el mérito de esta reforma a Petróleos Mexicanos.
Les duele que con la reforma propuesta se va a dar mayor viabilidad a Pemex y al país le va a ir mejor.

Su oposición radical y al filo de la violencia para evitar que se haga lo que se tiene que hacer en ese organismo público, es parte de una estrategia desestabilizadora. Es evidente que, si no quieren que se haga lo que ellos tienen claro que se debe hacer en Pemex, es porque quieren que le vaya mal al país.

Esa es su apuesta.

Minar al gobierno, sangrar a México, agitar y polarizar para tomar el poder por las malas.

Si no les alcanza para tanto, por lo menos quieren desgastar lo suficiente a las instituciones para llegar a 2012 con un país extenuado y presentarse ellos como los salvadores.

Pablo Hiriart
Excelsior, 14 de Abril 2008

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El 10 de abril del 2008 puede inscribirse como uno de los días más negros de nuestra historia. Ese día, el sujeto que se autonombra "Presidente Legítimo", mostrando su verdadera cara de tirano y absolutista, ordenó a los legisladores que conforman el Frente Amplio Progresista (que están al servicio del Mesías tabasqueño y no del pueblo que los eligió y paga sus jugosas dietas) a clausurar las cámaras legislativas para evitar la discusión, análisis, debate, propuestas, cambios y aprobación de la propuesta de reforma petrolera que días antes el Presidente Constitucional de México, Felipe Calderón, había enviado al Poder Legislativo.

Tal atropello al Poder Legislativo por parte de un "Presidente" había ocurrido únicamente tres veces en la historia de México: la primera vez fue en 1822, cuando Agustín de Iturbide decretó la disolución del Congreso en la naciente república; la segunda disolución fue en 1838, con Antonio López de Santa Anna, a través del General Nicolás Bravo, quien cuidaba el Poder Ejecutivo mientras el primero se retiraba a descansar a su hacienda de Manga de Clavo; la última vez fue en 1913, cuando el General Victoriano Huerta disolvió la 26 legislatura.

Con esta acción totalmente antidemocrática por parte de estos barbajanes, que es tan pacífica como la invasión de Bush a Iraq y Afganistán, se está efectivamente cancelando cualquier posibilidad de diálogo, debate y discusión sobre el tema petrolero.

Al no tener ningún argumento válido e inteligente sobre el cual debatir y no contar con ninguna propuesta qué ofrecer para resolver la grave situación que enfrenta Petróleos Mexicanos, han decidido irse por el camino fácil y dar por cancelado el trabajo parlamentario que es, o debería ser, el lugar natural para la discusión de ideas y propuestas de política pública. También están aprovechando la coyuntura para mejorar la percepción en la sociedad después de que mostraron su verdadero rostro en las desaseadas, por decir lo menos, elecciones internas para renovar su dirigencia.

La acción arbitraria del iluminado tabasqueño y sus subordinados legislativos muestra la desesperación de que, en la propuesta del Presidente Calderón, en ningún momento se plantea la privatización, como de manera falsa y mentirosa han venido pregonando el tirano tabasqueño y banda.

Lo que vimos que sucedió en el Congreso está dando por cancelada la posibilidad de poner en marcha unas medidas de política pública que, desde mi óptica, pudieran parecer limitadas para resolver el problema de fondo de la industria petrolera, como es la falta de inversión para aprovechar nuestros recursos petroleros que se encuentran en el subsuelo, incrementar la producción de petróleo crudo y darle valor agregado a nuestros productos petroleros para reducir la dependencia con el exterior. Sin embargo, la propuesta puede considerarse un avance para revertir el estado de las cosas en materia petrolera que, de continuar como hasta el día de hoy, inevitablemente nos lleva por el camino para convertirnos en importadores de petróleo crudo en seis años.

Lo que también se canceló el 10 de abril fue la forma como prevé la Constitución la conformación y operación de las Cámaras de Diputados y Senadores. El 6 de julio del 2000, en elecciones limpias y justas, además de la elección presidencial, los mexicanos decidimos que la Cámara de Diputados se conformara de la siguiente manera: 207 diputados del PAN, 156 del Frente Amplio Progresista, 106 del PRI, 17 del PVEM, 9 de Nueva Alianza y 5 de Alternativa.

Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, la composición es la siguiente: PAN, 52 senadores; PRI, 33; FAP, 36; PVEM, 6; y un senador sin partido. Esta parte de las elecciones no fue impugnada por los integrantes del FAP. La cancelación del trabajo legislativo que hizo el FAP nos muestra que, en el caso de la Cámara de Diputados, una minoría del 31.2 por ciento evita que el restante haga su trabajo legislativo.

En el caso de los senadores, el 28 por ciento de éstos impusieron su voluntad de manera violenta sobre el resto para evitar que desempeñaran las tareas que como legisladores les ordenamos hacer con nuestro voto. Inclusive, los miembros del FAP están violando el último párrafo del artículo 63 constitucional, que dice que: "incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones".

Impedir que se realice el trabajo legislativo y presentarse a alterar el orden o a dormir en sus curules en la madrugada, no significa necesariamente que estén desempeñando las funciones constitucionales para las cuales fueron electos. Habrá que estar pendientes de cuántos días va a durar la arbitrariedad de los seguidores del tabasqueño, ya que el mismo artículo 63 contempla el caso de inasistencias al trabajo legislativo: "Se entiende también que los diputados y senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, de lo cual se de conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes".

La manta que pusieron estos legisladores sobre la mal llamada máxima tribuna, que decía "Cancelado", tiene un alcance mayor, ya que no sólo se canceló el debate, el diálogo, la vida institucional y el trabajo parlamentario. También se está cancelando el futuro de México, ya que de aquí en adelante cualquier minoría podrá imponer con violencia su visión a la mayoría. ¿De qué privilegios gozan estos saboteadores para impedir que afronten las consecuencias de su actitud?

Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx

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Los incentivos como núcleo del enfoque económico

Steven Landsburg es un profesor de economía de la Universidad de Rochester. En 1993 publicó un libro pequeño pero notable, que tituló The Armchair Economist y que le ganó fama bien merecida. Se trata de una obra cuyo propósito es aplicar el enfoque analítico de los economistas -de los buenos economistas- a solucionar problemas (enigmas) de la vida diaria.

Por cierto, acabo de recibir su obra más reciente, que no he leído y que ostenta un título muy provocativo: More Sex is Safer Sex: The Unconventional Wisdom of Economics. (Desafortunadamente, he tenido que ocuparme de asuntos más áridos, como la política monetaria).

La lectura de "El Economista de Sillón" vale la pena. Sirve, entre otras cosas, para destacar lo que es el núcleo del pensamiento económico. En palabras de Landsburg: "La gente responde a los incentivos. Todo lo demás es sólo comentario a lo anterior". Desde luego, Landsburg no se refiere a cosas como los "incentivos fiscales" que conocemos en México, sino a los estímulos que genera un cierto arreglo de las instituciones en un sistema económico.

Para entender ese planteamiento, conviene notar que la ciencia económica distingue para sus propósitos dos clases de incentivos:

1) incentivos "positivos o virtuosos", que inducen a las personas a comportarse de manera tal que el resultado es benéfico específicamente para ellas, pero también para la sociedad en general; y,

2) incentivos "negativos o perversos", que motivan conductas individuales o grupales que resultan en provecho privado, pero en perjuicio del bienestar social.

Puede ser que los conceptos previos le parezcan muy abstractos al lector. Para explicarlos -ojalá que con claridad- quizá sea útil recurrir a un par de ilustraciones tomadas de la vida diaria en nuestro País.



La economía del 'ambulantaje'

Desde el punto de vista comercial, las calles del centro de las grandes ciudades resultan particularmente valiosas. El flujo de transeúntes que las recorre es por lo común tan intenso, que cualquier emprendedor entiende que ofrecen una oportunidad extraordinaria para la venta de mercancías y de servicios. En consecuencia, los propietarios de los lotes a lo largo de las avenidas (sea la 5ª Avenida de Nueva York o el Eje Central del D.F.) pueden demandar de los usuarios potenciales rentas muy altas.

Sin embargo, las aceras no son propiedad privada; más bien, pertenecen a la ciudad. Aquí empieza el problema. Si las autoridades no hacen valer sus derechos de propiedad, alguien descubre rápidamente esa "ganga" y usa el espacio como punto de venta. El ejemplo cunde y, muy pronto, frente a la pasividad de los gobernantes, los supuestos comerciantes ambulantes proliferan y se transforman en permanentes. Su número creciente los convierte casi de inmediato en un formidable grupo de interés y, por tanto, en actores políticos de mucho peso.

¿Qué ha sucedido? Simplemente, que la falta de respeto a los derechos de propiedad ha enviado un "incentivo perverso" a los particulares: aprovechar la falla resulta en provecho propio, aunque implica sin remedio un deterioro social. Este último adopta distintas formas, entre las que conviene distinguir las siguientes: 1) la extensión de la informalidad; 2) el entorpecimiento del tránsito peatonal y vehicular; 3) la acumulación de desperdicios; 4) el aumento de la inseguridad; 5) la facilitación de un ambiente propenso a la ilegalidad ... y así, ad nauseam.

El Gobierno del D.F. acaba de recuperar la propiedad de las banquetas del centro histórico, e incluso algunos tramos de sus calles. Con ello, desaparece el "incentivo perverso" al que me he referido. (Ojalá que la situación no sea transitoria).



Un impuesto 'ecológico'

Siguiendo la línea de argumentación anterior, y en contraste, es muy fácil pensar en un ejemplo de "incentivos positivos". Me refiero a un impuesto a los cigarrillos.

Un gravamen sobre la producción y venta de cigarrillos constituye lo que en finanzas públicas se llama un impuesto específico. Los cigarrillos constituyen un artículo adecuado para la aplicación de un tributo de esa naturaleza por dos razones: 1) su demanda es bastante inelástica; y, 2) su consumo ha llegado a ser "socialmente incorrecto". Lo primero quiere decir que el gravamen no altera mucho la conducta del consumidor y, por tanto, es él quien lo paga; lo segundo implica que tiene un obvio atractivo político.

A las características aludidas hay que agregar el hecho de que fumar genera un tipo de efecto que en la literatura económica se conoce como "deseconomías externas". El término es muy impresionante, pero todo lo que quiere decir es que fumar cigarrillos molesta a algunos prójimos y causa perjuicios (cuestionables) que no pagan por completo los fumadores, sino el público en general.

Un impuesto sobre los cigarrillos tiene, en consecuencia, la posibilidad de inducir la conducta correcta desde el punto de vista social: encarece su uso para los fumadores, lo que probablemente contribuirá a moderar su consumo. O bien, si la cantidad demandada es insensible al precio, el gravamen puede generar una abundante recaudación, quizá utilizable para aliviar los daños causados a la salud.

Gravámenes de esta naturaleza existen en todas partes del mundo. No están exentos de problemas, por supuesto. Pero es obvio que ofrecen ventajas sobre otras medidas destinadas a combatir la contaminación y el tabaquismo, tales como las prohibiciones autoritarias y los ineficaces llamados a la prudencia.



¿Cuál es la moraleja de los comentarios anteriores? Muy sencilla: en el diseño de las políticas públicas, conviene alinear los incentivos privados con los beneficios sociales. Para ello, es útil seguir el consejo de un especialista en la materia: "Corazón caliente y cabeza fría" (Alan Blinder). (De esto último existe una variante borgiana: "menos combativo y más documentado").


Everardo Elizondo

Etiquetas: demagogia, economia, educación, estado de derecho, populismo, reformas

Reclaman inconformes por el reordenamiento del comercio informal

Sergio Fimbres, El Norte

(20 octubre 2007).- MÉXICO.- "En el Centro no van a trabajar, cabrón", advirtió el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a uno de los 30 vendedores ambulantes que lo increpó ayer en la calle de Mesones.

Esta advertencia se dio, luego de que los informales le reclamaron al Mandatario por el reordenamiento del ambulantaje en el Centro Histórico.

¿Quién es su dirigente?, preguntó Ebrard al inconforme a fin de dialogar, pero no obtuvo respuesta. Eran las 12:34 horas.

Los informales llegaron poco a poco, y apenas distinguieron a Ebrard al salir de Mesones 138, donde se reunió con indígenas mazahuas, los informales comenzaron a gritar, incluso groserías.

Eran ambulantes de la organización de Miguel Ángel Huerta, quienes reclamaban la falta de plazas comerciales, la negativa para instalar romerías y hasta sus compromisos políticos.

"Estamos desesperados, pen..., tenemos hambre, güey", gritó un informal. "Te vamos a dar en la madre". "No volveremos a votar por pen...", amenazaba una pareja de adultos mayores.

Ebrard se arriesgó, caminó unos 20 pasos entre el montón para intentar dialogar con los vendedores, las mujeres mazahuas le abrieron camino, hubo jaloneos entre los informales y los policías.

"¿Por qué nos quitas el único trabajo?, traidor", se quejó un ambulante que portaba una playera con la foto de Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard vio y escuchó a los ambulantes, sudó.

"Nosotros estamos ayudando (a los ambulantes), ya hay acuerdos firmados y tienen que cumplirlos", le dijo el Jefe de Gobierno con voz fuerte a una mujer que lo sostenía del brazo.

El incidente duró 11 minutos.

En entrevista radiofónica el Jefe de Gobierno se disculpó con las personas que escucharon la palabra altisonante y se justificó.

"Se pusieron bastante groseros, no quisieron mandar a ningún representante, y además me dio mucho coraje, porque estaba lleno de mujeres mazahuas y sus hijos", dijo en la entrevista.

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Bien por Ebrard. Ya va siendo hora que deje el populismo y se ponga realmente a gobernar. Ojalá aguante así el Centro Histórico lo que resta del sexenio.

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La violencia tiene muchas caras y una de las menos atendidas es el maltrato cotidiano a los consumidores. Con esa tesis rescato la poco conocida historia de unas reformas que aprobó el Congreso y vetó Felipe Calderón ante la incomprensible indiferencia de la izquierda.

A las "tiendas de raya" se les asocia con las haciendas de la dictadura porfirista. En ellas cobraban y gastaban los campesinos su salario y en ellas se endeudaban y terminaban esclavizados a los privilegiados. Pero "la tienda de raya no (era) un simple abuso de los hacendados", escribe Friedrich Katz citando a Luis Cabrera; era "una necesidad económica del sistema".

En el Siglo 21, las tasas de ganancia del sistema dependen de la explotación que un buen número de empresas públicas y privadas hacen de los consumidores; una especie de peones acasillados posmodernos. La telefonía, la banca, las televisoras privadas, la electricidad, las inmobiliarias, entre otros, han diseñado métodos altamente sofisticados para capturarnos en sus redes y extraernos recursos con mecanismos que van de lo burdo a lo sofisticado. El sistema funciona porque los partidos políticos también están atrapados en las redes de interés y, por lo general, toleran leyes y prácticas en beneficio de los poderes fácticos. Por ello resulta tan excepcional y sorprendente que los partidos estén a punto de aprobar una reforma electoral que rompe su vasallaje frente a los medios electrónicos.

En el 2005, dos diputados del PRI, Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, presentaron una iniciativa para cambiar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Justificaban las modificaciones en que "el sector de la vivienda se ha(bía) visto seriamente afectado", lo cual era falso porque en el sexenio del dicharachero Presidente Fox la construcción fue una de las áreas más dinámicas. Los diputados priistas querían darle cuello a la ley vigente porque protegía a los consumidores y eso "representa(ba) un riesgo evidente" para el "sector de la vivienda".

Los cambios defendían los intereses de las inmobiliarias endureciendo, por ejemplo, las condiciones impuestas al comprador de una casa para quejarse por defectos en la construcción. También le quitaban a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la facultad de "ordenar al proveedor" quitar la publicidad o información mentirosa. Esa facultad, por cierto, fue la utilizada por la Profeco para frenar hace unos meses a los magos y adivinos que engañan televidentes. En suma, una ley hecha a la medida de las empresas y en detrimento de los millones que pasan privaciones para cumplirse el sueño de la casa propia.

La iniciativa se aprobó el miércoles 14 de diciembre del 2005 y se envió al Senado. Era el último día de sesiones y sin discutirla fue aprobada con los votos en contra de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN). Estuvieron a favor el Revolucionario Institucional, el Verde y los tres partidos que en el 2006 crearían el Frente Amplio Progresista: Partido del Trabajo, Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática. Se reconfirma que diciembre del 2005 fue el "Mes de la izquierda descuidada". En aquellas semanas la fracción del PRD, dirigida por Pablo Gómez, votó todo lo que le pusieron por enfrente: la Ley Televisa y unas reformas que lesionan a millones de consumidores. En el Senado pasó lo mismo: el 26 de abril de este año fue aprobada sin discusión.

El atraco se hubiera consumado de no haber sido porque uno de los diputados panistas que votó en contra, Antonio Morales de la Peña, fue nombrado Procurador de Defensa de los Consumidores. La Profeco trabajó varios meses con la Consejería Jurídica de la Presidencia para generar el primer veto de Felipe Calderón a una ley que lesionaba el interés general. Una decisión positiva que compensa en algo las medidas que generalmente toman los gobiernos panistas a favor del sector privado.

El voto y el veto me llevan a discutir un misterio. ¿Por qué si el PRD quiere ser el abanderado de las mayorías no le dedicó atención a una ley que desde la exposición de motivos favorecía a unos cuantos en perjuicio de toda la población? En este caso, puede tratarse de un descuido, pero en términos generales la izquierda mexicana en el Congreso no pareciera saber cómo manejarse frente a la economía de mercado a la cual rechaza de manera impulsiva porque la ven como sinónimo de desigualdad. Como en su programa tampoco está sustituirla, se refugia en una evasión que termina facilitando los atracos a los consumidores.

Un filósofo español, Daniel Innerarity, escribió una columna en la cual propone que la izquierda debe utilizar las reglas de la economía de mercado para combatir la desigualdad. Así, reivindica que la competencia es un "auténtico valor de izquierda" porque se la puede utilizar para enfrentar a los monopolios públicos o privados; sobre todo cuanto éstos han dejado de proveer bienes en "condiciones económicamente eficaces y socialmente ventajosas" ("Salir del pesimismo", El País, 7 de septiembre de 2007).

Un razonamiento idéntico podría hacerse sobre los consumidores. En la medida en la que se les defienda frente a los productores, se incrementan sus ingresos y se contienen los excesos de un liberalismo que favorece a los productores. En "La riqueza de las naciones" (1776), Adam Smith ya sostenía que "el consumo es el solo propósito y fin de la producción", pero que "el interés del consumidor es constantemente sacrificado en pos del interés del productor".

Nuestra Constitución está plagada de buenos deseos y en el artículo 28 se dice que "la ley protegerá a los consumidores". Precepto ignorado porque ningún partido incorpora la idea en sus programas y sólo se involucran en casos aislados. En la historia aquí contada, un gobierno de derecha defendió el bien común mientras que la izquierda no entiende que los obreros, los campesinos y los ciudadanos también somos consumidores.

Sergio Aguayo
saguayo@colmex.mx
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Por eso yo estoy a favor del libre mercado, cero monopolios, públicos, estatales o privados. Cuando hay libre mercado y por X o Y razón alguien esta obteniendo ganancias muy altas, rápidamente aparecen competidores y los precios bajan. Pero en un mercado como el de México, donde, por ley, hay monopolios y/o se limita la entrada de nuevos competidores dizque para proteger la planta productiva nacional, quienes pierden son los consumidores. Y consumidores somos todos, todos los mexicanos. Ya sea en el sector agrícola, en el campo, en el industrial o comercial, nunca se debe proteger a los productores, pues cuando se protege a un sector productivo, el afectado es el consumidor. Lamentablemente los consumidores no estamos unidos, no formamos sindicatos ni agrupaciones, ni bloqueamos calles ni hacemos manifestaciones. Somos la mayoría silenciosa que siempre apechuga. No es con proteccionismos, de ningún tipo, como se combatirá la pobreza.

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La definición de los derechos de propiedad es uno de los elementos que más incide en la conformación del ambiente de confianza que estimula inversiones y la creación de fuentes de empleo permanente. La falta de confianza, a contrario sensu, desestimula al inversionista -al margen de su origen- a tomar riesgos.

La falta de claridad en las leyes y la discrecionalidad del funcionario para aplicar éstas son los puntos señalados por los analistas, desde hace muchos años, como lo que debe corregirse para romper el círculo vicioso que da por resultado tasas de crecimiento bajas e incertidumbre, que reduce el horizonte de las inversiones, pues privilegia el corto plazo.

Otro elemento que merece comentarse, por la incidencia negativa que en materia de inversión tiene, es la conducta mostrada estos últimos meses por diputados y senadores, por razones que la sociedad en general, y los ciudadanos en particular, desconocen.

La predictibilidad de las políticas públicas o dicho de otra manera, la certidumbre en el hecho de que una ley estará mañana vigente y su modificación posterior no va a depender del capricho de un legislador o de un grupo de ellos, juega también una papel importante en la generación de confianza y propicia la estabilidad de toda economía. Tomar una decisión de inversión basada en las condiciones que hoy privan en tal o cual actividad económica y la certidumbre de su permanencia en el tiempo, forman parte del análisis general de una inversión que todo agente económico realiza.

Lo que hoy "cocinan" senadores y diputados es la muestra, además de la irresponsabilidad extrema de quien debe legislar en beneficio de la sociedad y no de un grupo específico –en este caso ellos mismos y sus partidos-, es la expresión del desprecio que tienen por el desarrollo del país. Sus caprichos y fobias son el argumento casi único de quienes hoy, con una representación que deshonran, legislan por ellos y para ellos.

La discusión no es, como algunos tratan de hacer ver, de pesos y centavos; querer limitarla a ese aspecto no sólo muestra ignorancia de lo que está en juego sino que al plantearlo, el que lo hace se vuelve cómplice de políticos que no han sabido perder, que no han querido aceptar que los ciudadanos los rechazaron. Están estos, en pocas palabras, a la búsqueda de venganza y no de una mejor pieza legislativa.

Hoy, por un capricho y la soberbia del derrotado, se lanzan contra un grupo de empresarios y ¿mañana? ¿Quién será el objeto de la ira de estos políticos derrotados e incapaces de aceptar que no son atractivos para el ciudadano? ¿Inventarán agravios en contra de los concesionarios de algún aeropuerto o autopista? ¿Amenazarán con alguna reforma legal a quien obtuvo legalmente y arriesgando sus recursos, un título de concesión legítimo? ¿Esto que hoy hacen, piensan acaso que va a estimular a nuevos inversionistas a tomar riesgos en México bajo la figura de la concesión?

Si lo piensan, qué ingenuos son. Lo que están haciendo es enviar un mensaje nefasto a muchos inversionistas -nacionales o extranjeros- que ven en México un lugar atractivo para invertir y obtener un retorno adecuado al nivel de riesgo a tomar.

Los rasgos de autoritarismo que hoy exhiben sin recato los promotores de estas modificaciones legales y algunas que están preparando, es querer revivir una época que creímos superada en México. Nos hemos equivocado totalmente, ese autoritarismo que tanto daño hizo al país, ahí está vivo y coleando.

Muchos de los que hoy promueven este conjunto de medidas resultado de fobias y caprichos pero no de necesidades del desarrollo, son empresarios ellos mismos; es más, algunos de ellos son empresarios de radio y televisión y no creo que estén contentos de ver cómo su patrimonio es puesto en riesgo para satisfacer el ego de un desquiciado y cumplir los caprichos de perdedores amargados.

Este es el México real; estos son nuestros políticos. No es necesario inventar peor pesadilla; el desempeño de nuestros legisladores y sus motivaciones mostradas en este tema, la superaría sin duda.

Ángel Verdugo

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No se confundan. La telecracia quiere evitar que la despojen de las pingües ganancias que obtienen todos los años por las campañas electorales. Esa es la única parte positiva, junto con al reducción de los tiempos de campaña, de la seudo reforma electoral. De ahí en fuera todo es negativo, es un retroceso. Representa realmente un ataque a la libertad de expresión, al derecho que tenemos todos los ciudadanos de ser votados. No hay reelección de legisladores, no hay reducción en el número de legisladores, no hay candidaturas independientes, no hay reducción real en los tiempos al aire para las campañas, hay un aumento en el dinero que recibirán los partidos, sobre todo los grandes. El IFE, y cualquier organismo autónomo, queda vulnerable al capricho de los políticos. Digamos NO a la partidocracia.

Etiquetas: demagogia, democracia, economia, elecciones, estado de derecho, IFE, inversión, liberalismo, partidocracia, pobreza, populismo

El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.

No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.

Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.

Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.

La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.

Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.

Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.

Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.

México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.

Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.

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Los partidos tradicionales -PRI, PAN y PRD- parecen haber llegado a la conclusión de que hay que remover a algunos o a todos los consejeros electorales. Las razones parecen ser tan obvias que nadie las dice con detalle, y nos dejan suponer que los motivos tienen que ver con el proceso electoral del 2006, cuando en realidad todo tiene mayor sustento en la coyuntura. Esos partidos alcanzaron sus acuerdos y cuando parecía que todo se iba a resolver de un plumazo, se cruzaron tres eventos que podrían salvar al Consejo General de su remoción.

En primer lugar, parece que han empezado las traiciones dentro del grupo de los tres. Los sólidos acuerdos que parecían existir sobre los tiempos y rutas de la reforma electoral y la fiscal se han entrampado, y sin duda un factor son los impuestos. Con esto se ha ampliado el espacio de maniobra y acción de los consejeros. En segundo lugar, Luis Carlos Ugalde lanzó una ofensiva mediática buscando elevar el costo político de su remoción colocando en la discusión el tema del daño institucional ante su eventual salida. Esta ofensiva empezó a tener algún impacto, pero realmente se catapultó cuando se hizo pública una de las partes más interesantes de la reforma: la restricción a contratar directamente a medios masivos por parte de los partidos. En ese instante, varios medios abrazaron la ofensiva de Ugalde para, aprovechando el viaje, golpear los intentos de modificación de la ley electoral. En tercer lugar, un grupo de notables personajes firmaron un desplegado cuestionando, con bastantes fundamentos, la remoción de los consejeros y consejeras y apuntaron a la importancia de mantener autónomo al IFE.

Así que después de haber estado en el abandono y olvido político, el IFE ha recibido el apoyo de los conflictos entre los partidos, de las televisoras y radiodifusoras con sus intereses vulnerados y de un grupo de intelectuales. Y sin embargo, la discusión de más fondo sigue ignorada. El centro del debate debiese ser la forma, la manera en la que el Consejo General es electo y, por ende, la gran cantidad de compromisos que les acompañan, lo que vulnera su autonomía de facto. Si la propuesta de removerles no viene acompañada de una sensible transformación del mecanismo de elección, no servirá de absolutamente nada obtener estas renuncias y el costo que pagarán los partidos tradicionales será sólo para tratar de tener mayor control sobre las elecciones y no menos.

Hoy, si uno quisiera ser consejero, el primer paso -y casi único-, sería el de conseguir el apoyo incondicional de algún partido. Eso es todo lo que se requiere para llegar. Bueno, eso y no ser vetado por otro partido. Todos queremos una autoridad electoral en el 2009 que no sea cuestionada a cada paso que dé, cuyas decisiones sean respetadas, por controversiales que sean. Pero nada garantiza que el siguiente consejo, electo por estos partidos, logre eso. La tragedia es que, en medio de si los consejeros se van o no, hemos perdido de vista la discusión más amplia y relevante. Esa discusión que nos coloca frente a una reforma que sí le reduce el presupuesto a los partidos, pero se los baja más a los minoritarios. Es una reforma que sí limita el acceso a medios, pero que lo hace con una gran inequidad. Es una reforma que atiende la distorsión electoral de las coaliciones, pero deja sin muchas herramientas la construcción de frentes políticos, que son absolutamente legítimos. Esta reforma da pasos importantes y hasta audaces en varios sentidos, pero se ha quedado absurdamente estancada en las personas que ocupan unos cargos.

La salida de los consejeros sólo se explica y se sostiene en el marco de una reforma electoral integral, inteligente y progresista, una que no excluya ni que coloque en franca desventaja a los participantes políticos. Que nos ayude a resolver asuntos del pasado y también nos coloque en el futuro. México es diverso y plural, y su sistema de partidos debe reflejar esa realidad. Quitar a este consejo por consigna no ayuda a resolver el problema de la democracia mexicana ni del funcionamiento de su institución, y mucho menos si no se cambia de fondo el formato de selección. Pero lo que es un hecho es que en este debate ya se cruzaron demasiados intereses y anuncia una derrota más para los idealistas.


Luciano Pascoe Rippey
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México nunca volvería a ser el mismo. La expropiación de los bancos en 1982 se explicó de diversas maneras, pero tuvo una enorme consecuencia que sus autores nunca imaginaron: la destrucción de la confianza. Un cuarto de siglo después, tras dedicar 25 años casi íntegramente a tratar de reconstruir esa confianza, el País no la ha recobrado del todo. Sin embargo, en 2006 México mostró que, a pesar del embate e intentos irredentos por minar la confianza, ésta se mantuvo, al menos por lo que toca a los mercados financieros. Si algo prueban estos cinco lustros es que la confianza, a pesar de su fragilidad, es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Igual de claro es que se requiere una visión de futuro, en un contexto de confianza, para lograr ese desarrollo.

La expropiación de los bancos fue un acto inusitado. Luego de décadas de crecimiento y desarrollo, fortaleza y vigor, durante los 70 el sistema fue incrementalmente debilitado y subordinado a las preferencias financieras gubernamentales. Con el crecimiento de la inflación, los bancos vieron deterioradas sus finanzas, desaparecieron los créditos de tasa fija, se impusieron estrictos "cajones" para canalizar crédito a actividades improductivas y, en una palabra, se debilitó el factor clave para el desarrollo económico, toda vez que los bancos son el vaso comunicante entre el ahorro y la inversión. México llegaba al inicio de los ochenta con una banca deteriorada, que hubiera podido recuperarse con una corrección seria y necesaria a la política económica, luego de dos sexenios de pésima administración económica y financiera.

Pero no habría de ser así. En lugar de reconocer y enmendar los errores, la respuesta del entonces Presidente José López Portillo fue pasional y arbitraria, y trajo consecuencias que todavía hoy no acaban de resolverse. La expropiación de los bancos constituyó un golpe mortal a la confianza no sólo del pequeño núcleo de propietarios o accionistas de los bancos, sino de la clase media que ya tenía un sentido de ahorro y de propiedad. Al mismo tiempo, el acto de expropiar abrió una escisión en la sociedad mexicana que, como ilustró la contienda electoral del año pasado, no acaba por sanar. Ambas dinámicas, la de la confianza y la de la disputa por el futuro, han dominado la lucha política de este cuarto de siglo y no parece haber nada en el horizonte que prometa una resolución razonable para beneficio de toda la sociedad.

La expropiación también minó la confianza en las instituciones. Para un sistema político tan dado a cuidar las formas, el manejo de la expropiación fue atroz. La expropiación destruyó la confianza en el sistema legal: es interesante observar que en los considerandos del decreto de expropiación se alega todo menos la utilidad pública de la medida. Luego se procedió a llevar a cabo una enmienda constitucional para hacer permanente la arbitrariedad, tirando al basurero el concepto de la no retroactividad de las leyes.

Los mexicanos podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el sistema político posrevolucionario, pero por décadas al menos había existido la sensación de que funcionaba. El acto expropiatorio vino seguido de violaciones a las reglas no escritas de convivencia de la sociedad mexicana. Nunca antes se había amenazado a las personas en su vida, patrimonio y manejo de su destino, como ocurrió con las infames listas públicas de "sacadólares", listas de gente que, valga recordarlo, nunca cometió delito alguno.

Pronto vendría un monstruoso relajamiento en el comportamiento de los funcionarios públicos, que ahora se imaginaban destinados a salvar a la nación (con la notable excepción de don Adrián Lajous, cuyo valor cívico merece ser recordado). Hubo una psicosis tal que súbitamente comenzaron a construirse listas de blancos de expropiación: que Televisa, que las grandes tiendas comerciales; hasta un hipódromo se consideró expropiar. Como los jacobinos en la Revolución Francesa, el Gobierno, alentado por los "progres", se aprestaba a pasar por la guillotina a una ciudadanía perpleja ante el espectáculo de un gobierno dedicado a violar toda norma y ley.

Sin confianza, la economía del País se vino abajo. El déficit fiscal para ese año de 1982 ascendió al 18 por ciento del PIB y todo indicaba que estábamos al borde de la hiperinflación. De hecho hubo algunos meses en ese año y en el subsiguiente en los que la inflación mensual anualizada superó el 400 por ciento. Sólo un programa económico draconiano como el que se instrumentó a partir del inicio de 1983 podía contener la implosión de la economía.

Pero lo más importante fue que, a sabiendas del Gobierno o no, a partir de ese momento comenzaría una larga e incierta travesía, años de esfuerzos gigantescos, hacia la reconstrucción de la confianza de la población en sus instituciones y en su gobierno. Algo de eso sin duda se logró, tal y como lo ilustra la impresionante estabilidad que mostraron los indicadores financieros y macroeconómicos a lo largo del 2006, a pesar del conflicto político que se vivía.

El otro legado de la expropiación de los bancos y, de hecho, de toda la década de los 70 fue la inauguración de la era del conflicto político como medio para avanzar una agenda distinta a la del desarrollo económico por medios ortodoxos y tradicionales. Visto desde esa perspectiva, la expropiación de los bancos constituyó la culminación de los esfuerzos iniciados a partir de 1970 por cambiar el curso del desarrollo del País, conferirle al Gobierno control sobre los instrumentos de control de la economía y principales medios de producción. Para quienes avanzaban esa agenda, la expropiación de los bancos representó el primer gran paso en la construcción de ese otro México. A pesar de la derrota que en los hechos sufrió esa perspectiva, ésta nunca desapareció, y como pudimos observar en la contienda de 2006, está tan viva como siempre.

Veinticinco años de altibajos, esfuerzos en ocasiones exitosos y en otros fallidos por construir una plataforma de crecimiento económico. A lo largo de todo ese periodo, lo único que fue constante fue el intento sistemático de recobrar la confianza de la población y de los inversionistas. A estas alturas parece evidente que falta el jalón clave: el que haga funcionar a la economía, acabando con los privilegios, sin minar la confianza.

La expropiación de los bancos cambió a México, y aunque mucho del daño que provocó se ha superado, lo que no se ha podido recuperar es la confianza de que el México del mañana será mejor que el de ayer. Hay acciones y maneras de actuar cuyos costos trascienden mucho más allá de lo que cualquiera puede llegar a imaginar.

Luis Rubio
www.cidac.org
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Más de 25 años después aún no es posible eliminar, corregir, las consecuencias, los errores cometidos durante la docena trágica (1970-1982). Han habido cambios, pero han sido insuficientes, imcompletos, mal implementados y envenenados con corrupción. Lo más triste de todo esto es que todavía hay gente que piensa, que cree realmente, que las políticas implementadas en esos años fueron las correctas, y que lo que vino después de 1982 causaron los problemas. Aún hay quién piensa que estamos peor que hace 25 años. La confianza se perdió y será difícil recuperarla.

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Yo soy de los que creen que los consejeros electorales sean inamovibles. Quizás es necesario renovar a algunos o a varios o a todos los consejeros. Pero ello no puede darse por un golpe de fuerza, una decisión política partidaria que vulnere la autonomía del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la suerte parece estar echada para los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. Si bien al momento de escribir estas líneas todavía persistían los desacuerdos sobre cómo operar el reemplazo de los consejeros, las posiciones del PRI y el PRD han enarbolado una tesis intransigente con respecto a la exigencia de que todos sean removidos de sus cargos, mientras que el PAN ha apoyado la de una remoción paulatina de ellos.

Pero los mensajes allí están: en el contexto del Informe presidencial metió las manos por ellos. La imagen de Luis Carlos Ugalde prácticamente solo en Palacio Nacional, sentado junto a una Ivonne Ortega que ni siquiera intentó platicar con él durante toda la mañana, o la fría despedida del presidente Calderón, fueron más significativas que cualquier comunicado. La suerte está echada, aunque las formas aún deben ser procesadas con mayor detalle, por una simple cuestión: legalmente, la remoción de los consejeros es problemática y la misma puede conllevar el mensaje de que el propio gobierno es producto de una elección ilegítima.

Es verdad que Ugalde, en este contexto, se ha equivocado con sus declaraciones y en vez de ampliarlo, cerró el espacio de negociación. Su defensa, justa, de la autonomía del Instituto y de la inamovilidad de sus integrantes, ha sido conscientemente confundida con una defensa de su posición al frente del IFE. El viernes pasado, en una mesa en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Arturo Núñez, del PRD, y Jesús Murillo Karam, del PRI, ambos coincidían en que la remoción de los consejeros es una condición indispensable para ir a 2009 con mayores acuerdos y un árbitro respetado por todos. Tanto Murillo Karam como Núñez dijeron que esa remoción, independientemente de sus opiniones sobre los comicios de 2006, no debería interpretarse como una ilegitimidad de origen del gobierno de Felipe Calderón. Núñez fue enfático: el problema, dijo, no es que los jugadores expulsen al árbitro, sino que cuando el árbitro no tiene la confianza de los jugadores éste debe ser reemplazado. No me queda claro que esa posición, que abre un margen importante de negociación, sea finalmente asumida por sus respectivos partidos, pero ese espacio genera la posibilidad de que se procesen cambios entre los integrantes del Consejo, sin que ello implique su remoción o despido.

La suerte del Consejo se ha dificultado aún más porque la lista de quienes se sienten insatisfechos son muchos: el PRD necesita un chivo expiatorio por su fracaso en las elecciones y la salida de los consejeros es una coartada para justificar, aunque sea en términos declarativos, el mismo. Y de paso le proporciona a López Obrador un argumento con el fin de mantener su campaña. El PRI quiere exorcizar a Elba Esther Gordillo y la salida de los consejeros sirve con ese fin. En el PAN han decidido que no tienen un compromiso tan alto con ellos como para jugar la carta de su defensa. En algunos círculos del gobierno no son pocos quienes consideran que Ugalde y los consejeros se echaron para atrás la noche del 2 de julio cuando los conteos rápidos mostraban una ligera ventaja de Calderón y el consejero presidente decidió no dar resultados, lo que propició el conflicto poselectoral.

Sumemos a todo ello el que son también muchos, más de lo que algunos creen, los analistas y los especialistas en temas electorales que han descubierto que quizás ellos puedan ocupar durante los próximos nueve años esas posiciones que quedarán vacantes (una suerte de propuesta indecorosa que los partidos han sembrado entre varias personalidades, para neutralizar las críticas a su decisión y que, como era previsible, ha tenido muy buena recepción por varios interesados) y el escenario está puesto para una remoción de consejeros sin demasiados costos mediáticos.

El problema es político y de principios. La piedra de toque de la reforma electoral es la salida de los consejeros. La gran mayoría de los otros capítulos que la integran son compartibles y muchos de ellos beneficiosos… pero, entonces, parecen decirnos los partidos, deberán pagar el costo de cambiar el Consejo, lo cual quitará el último escollo a la normalización política y electoral. ¿Será así? ¿Alguien cree que con un nuevo Consejo se normalizará la vida política y electoral? ¿Que se comenzará a ver el futuro para no revisar el pasado? ¿Que no se repetirá la historia de 2006 luego de los comicios de 2009 y 2012? ¿Que los nuevos consejeros se mantendrán absolutamente independientes y autónomos y no habrán aprendido la lección de que si hacen enojar a los partidos, o a algunos de ellos, pueden perder su cargo en la próxima oportunidad? ¿Alguien puede garantizar que los vetos no surtan efecto como con la última renovación del Consejo, que descartó a muchos de los principales prospectos? ¿Alguien puede asegurar que si la correlación interna de fuerzas dentro de cualquiera de los partidos cambia en los próximos años no cambiará la simpatía de los mismos por los integrantes del Consejo?

Ahí está el punto de conflicto. Claro que podría darse un cambio de consejeros y ello podría ser parte de una negociación más amplia. Pero la diferencia entre renovación y remoción es mucha. Entre reformar y castigar, también. Entre mirar hacia el futuro y vengarse por hechos del pasado es aún más amplia. Hay tiempo y posibilidades para que la reforma electoral, con todo lo que ella implica, pueda procesarse sin vulnerar las formas, para que sea un avance y no un retroceso.

Jorge Fernández Menéndez

Etiquetas: demagogia, democracia, estado de derecho, IFE, intolerancia, PAN, PRD, PRI, reaccionario, reformas