HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Exactamente dentro de dos años, Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente de México. Insistió por décadas para llegar a ese puesto, lo ha ocupado ya cuatro años, y su fracaso ha sido rotundo. Puede ser que muchos aún no lo vean, pero seguramente lo harán en los próximos 24 meses. Pasará de ser la persona que más votos obtuvo a ser uno de los políticos más odiados de México. La decepción para esos 30 millones que votaron por él, cuando se hagan conscientes de la destrucción, no tendrá atenuantes. Mientras mayor es la esperanza que se deposita en un líder, mayor es también el desencanto y el enojo.

Sin embargo, hoy todavía podría evitar pasar a la historia no como el héroe que él siempre soñó ser, sino como uno de los presidentes más incapaces y destructivos. Puede evitarlo con cierta facilidad, aunque eso implique alterar de plano su comportamiento. Bastaría con ser verdaderamente cuidadoso de las finanzas públicas, reconociendo las limitaciones que hoy enfrentan éstas, y promoviendo una reforma fiscal acompañada de una real austeridad (en sus elefantes blancos y sus programas sociales absurdos). No tiene que hacerse nada espectacular, pero sí es necesario reducir, para 2023, los requerimientos financieros en al menos un punto porcentual del PIB. Sería una actuación responsable, como la de los últimos cuatro presidentes.

La otra decisión relevante sería reconocer su fracaso en el mercado energético y liberar la reforma que todavía está en la Constitución, eliminando los obstáculos ilegales que le ha puesto enfrente. Esta decisión debería acompañarse de la sustitución de los tres funcionarios más importantes (Bartlett, Nahle y Romero) por personas calificadas, pero además reconocidas. Esta simple decisión implicaría un alud de inversión a México. Lo que hoy impide que se muevan más empresas desde China hacia México es que no podemos garantizar abasto de electricidad producida por fuentes limpias. Si esto cambiase (y es algo que en un año se logra, como ya lo mostraron las subastas de 2017), de verdad habría una atracción muy importante de inversión y, por lo mismo, un crecimiento notable en los dos últimos años del gobierno.

Con eso, el sexenio podría terminar sin crisis fiscal, y sin problemas para la población. Ese 50 o 60 por ciento que hoy está conforme con López Obrador lo seguiría estando, y tal vez podría recuperar algo más. Con eso podría dar una base sólida a su candidata, que podría ganar la elección de 2024 sin necesidad de trampas, amenazas, ni nada parecido. López Obrador podría retirarse en paz a su rancho, sin haber logrado ninguna transformación, pero al menos sin haberse convertido en el villano más odiado por los mexicanos.

Lo único que se requiere para ello es que Andrés Manuel López Obrador deje de ser Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que impide esperar que actúe con responsabilidad y racionalidad. Eso no es lo suyo. Él sabe cómo amenazar (acaba de hacerlo con el TEPJF), destruir (ya van cuatro años), someter (es su historia política), pero no tiene la capacidad de concertar, negociar y construir. Le es imposible imaginar el futuro, porque tiene su mente congelada en el pasado. No puede ver las oportunidades que hoy se abren a México, porque para él todas ellas son amenazas al poder que ha acumulado en su persona. Para mantenerlo, se ha aliado con lo peor de México, sin importarle que cuando él no esté, y falta poco para ello, el país será el botín de estos malhechores.

Es trágico constatar que, teniendo la oportunidad de gobernar bien, aunque sea dos años, López Obrador preferirá aferrarse a sus viejas ideas y a sus despreciables aliados, antes que aceptar lo que muchos vemos hoy, y todos verán muy pronto: que es sólo un incapaz con poder.

Mientras mayor es la esperanza que se deposita en un líder, mayor es también el desencanto y el enojo.

Macario Schettino

El carnaval diario despliega la cortina de la irresponsabilidad. El hombre que mayor poder ha acumulado en las últimas décadas evade cualquier responsabilidad en la marcha de su propio Gobierno. No hay error que se reconozca, no hay dato desfavorable que admita, no hay crítica que merezca atención. Sólo la adulación es aceptable.

Cuando se pone en evidencia el error, el abuso, la traición a la promesa, la incongruencia entre lo dicho y lo hecho, las respuestas repiten un manojo de excusas. Es culpa de los de antes; yo tengo otra información, quien critica es un malvado. Culpar al pasado, negar la realidad, demonizar al crítico.

Por ese cinismo hermético el Gobierno puede mantener en sus puestos a los responsables de la política sanitaria del país. Siguen ocupando sus oficinas el secretario y el subsecretario de Salud que tanto daño le han hecho a la salud pública. Los resultados de su gestión son indefendibles. Su estrategia ha sido un fracaso monumental, pero toman el micrófono semanalmente como si no fueran responsables de una catástrofe histórica.

Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés publicaban hace unos meses en la revista Nexos un recuento de las terribles regresiones en la política sanitaria ("Fracturas de la salud pública", marzo de 2022). Queriendo romper la herencia maldita del "neoliberalismo", fundándose en unas cuantas frases hechas, el Gobierno buscó un cambio sin un diagnóstico preciso y sin una estrategia sensata.

Esa mezcla de improvisación e ideologización destruyó un sistema en el momento en que más se necesitaba. Políticas mal concebidas y mal ejecutadas han tenido efectos concretos y medibles. A juicio de los expertos en salud pública, el impacto de estas decisiones no puede esconderse. La esperanza de vida en el país se ha reducido; la desigualdad ha aumentado; el riesgo de gastos catastróficos y empobrecedores es mayor que antes; quedamos más vulnerables a la siguiente emergencia sanitaria.

El veredicto de expertos e instituciones internacionales sobre el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido unánimemente condenatorio. Enfrentando el mismo reto que todos los países del planeta, México tuvo, objetivamente, uno de los peores desempeños.

No hay forma de jugar con los números, de ocultar los datos de la muerte, de manipular gráficas para mirar la desgracia con benevolencia. La política es crucial en una emergencia como la que ha enfrentado el mundo. La pandemia fue, en alguna medida, prueba de liderazgo. El Presidente que presume de popular fue incapaz de emplear su popularidad para el bien público. Admirándose frente al espejo, condujo (es un decir) una de las peores estrategias sanitarias en el mundo, es decir, una de las estrategias más mortíferas del planeta.

La revista de salud The Lancet, en su informe reciente sobre las lecciones de la pandemia resalta precisamente el impacto del liderazgo. La irresponsabilidad política tiene costos. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que a principios de la emergencia sugería abrazarse y continuar la vida como siempre, el gobernante que hablaba del efecto protector de sus amuletos, el político que fue maestro de lo que no debía hacerse muestra la letalidad del liderazgo irresponsable.

El informe "La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso" que coordinó el doctor Jaime Sepúlveda para el Institute for Global Health Sciences, es igualmente demoledor. En términos políticos se cometieron errores gravísimos.

No hubo espacios de deliberación para tomar decisiones informadas. Concentrándose el poder de decisión en un grupo minúsculo, no se consultó expertos. Los asuntos técnicos fueron politizados; las acciones no se revisaron cotidianamente para ponderar su impacto. Se marginó a los científicos, se ignoró a las universidades.

Estos errores costaron miles de vidas. Las instituciones internacionales nos revelan, en estudio tras estudio, que nuestro país fue uno de los países con mayor cantidad de muertos por millón durante la pandemia. La estrategia sanitaria fue un fracaso rotundo. Un inocultable fracaso que costó miles y miles de vidas.

Ha dicho el Presidente que, en política, los errores pueden ser crímenes. Creo que la frase debe entenderse como una confesión.

Jesús Silva-Herzog Márquez

Si algo quedó claro en el intercambio de cifras de ayer entre López Obrador y el periodista Jorge Ramos es que el Presidente no tiene otros datos, sino que presenta la información de forma que genere una visión positiva de su desempeño.

"Su Gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México", le expresó Ramos. "Éstas son las cifras de su propio Gobierno. Las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126 mil 206 mexicanos (muertos), más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón".

Son datos, dijo, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Te muestro mis datos", le respondió el Presidente y exhibió una lámina, que ya ha utilizado en otras ocasiones.

Con Calderón, dijo, hubo un incremento de "192.8 por ciento" en el número de homicidios, "con Peña, 59 por ciento de incremento... Aquí entramos nosotros. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos, de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20, hace unos días, de menos 10.6... comparado con 19".

El problema es que las cifras no cuadran. En 2019 hubo 34 mil 711 homicidios dolosos, según Ramos, y en 2021 el total fue 33 mil 320.

"Ese no es 10 por ciento", dijo el periodista: efectivamente, es una baja de 4 por ciento.

El Presidente trató de corregir: "No es el sexenio, o en lo que llevamos de Gobierno, el 10.6 por ciento, pero con relación al último año de Peña Nieto. Mínimo es una disminución del 2 por ciento".

A lo que Ramos respondió: "Eso sí, 2 por ciento, no 10 por ciento".

Y pese a que unos segundos antes había afirmado que "no es en el sexenio o en lo que llevamos de Gobierno el 10.6 por ciento", afirmó: "Pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado".

La verdad es que al Presidente no se le dan las matemáticas. Si se comparan los tres años, nueve meses y 22 días del sexenio de López Obrador, con cualquiera de los Gobiernos anteriores, el resultado es un aumento muy importante en el número de homicidios.

Edu Rivera, @edusax79, un fanático de las cifras que sigo en Twitter, a quien sí se le dan las matemáticas, afirmaba ayer que Ramos "no se presentó con los números correctos, pero eso no quita que su argumento sea verdadero. Éste es el sexenio más violento, con más homicidios, con el (mayor) promedio diario de homicidios".

Según Rivera, en el sexenio de Fox se registraban 28 homicidios diarios, en el de Calderón 55, en el de Peña Nieto 71 y en el de López Obrador 97. No es una disminución ni de 10.6 ni de 2 por ciento, sino un aumento de 36.6 por ciento. Y no son tampoco otros datos, son las cifras oficiales.

El Presidente, sin embargo, vive en su mundo. Piensa que si dedica mucho tiempo a sus juntas de seguridad está teniendo éxito. "Estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar a un Presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en reunión de todo el gabinete de seguridad, para atender esto", le dijo a Ramos.

No parece entender que el número de horas en reuniones no tiene nada que ver con los resultados.

"Estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el País", afirmó. Y quizá tenga razón. Sólo que eso no garantiza nada.

Tarde o temprano hay que estudiar los datos. Y éstos sugieren que la violencia está en niveles históricos.

Sergio Sarmiento

"En el asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos que revelan pasividad y domesticación". Paulo Freire

El asistencialismo se ha convertido en el fundamento político de este gobierno. En medio de una supuesta austeridad republicana convertida en pobreza franciscana, los recursos para el Programa de Bienestar a Adultos Mayores "se han duplicado en términos reales entre 2019 y 2022" y los "destinados a los programas de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior... se incrementaron en 65.8 por ciento en el mismo período" (Criterios, 2023, p. 14). "El 70 por ciento de las familias mexicanas reciben un apoyo social" (p. 44). Además, en 2023, la pensión para adultos mayores tendrá un crecimiento de 34.3 por ciento y la de personas con discapacidad permanente uno de 14.5 por ciento (p.60).

La pensión para adultos mayores se llevará 335,499.4 millones de pesos en 2023, un monto no muy lejano de los 402,300 millones de la Secretaría de Educación Pública y mucho más que los 209,600 millones de la Secretaría de Salud. De hecho, la secretaría con más gasto en 2023 ya no será la SEP, como era habitual, sino la de Bienestar, que se llevará una tajada de 408,300 millones de pesos (p. 148).

Al mismo tiempo los servicios públicos se deterioran. La atención en los hospitales públicos es cada vez más deficiente, los medicamentos escasean, los índices de vacunación se desploman. Las carreteras y calles tienen cada vez más baches, la escasez de agua se agrava por falta de inversión en infraestructura. La atención al público en oficinas de gobierno es cada vez peor. Los permisos de construcción se entregan a cuentagotas, los registros públicos de propiedad se tardan cada vez más en expedir escrituras. El Sistema de Administración Tributaria no se da abasto para dar citas a quienes quieren pagar impuestos.

El régimen nos ha querido presentar su asistencialismo como progresista, pero los programas son más bien "neoliberales". Cuando los gobiernos de izquierda creaban programas sociales con costosas instituciones burocráticas, el economista estadounidense Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, considerado el padre del neoliberalismo, propuso en Capitalismo y libertad: "Si el objetivo es aliviar la pobreza, deberíamos tener un programa para ayudar a los pobres... El arreglo que se recomienda a sí mismo por fundamentos puramente mecánicos es un impuesto a la renta negativo". La idea era dar dinero en efectivo a quienes tuvieran un ingreso inferior a una determinada cantidad.

Quizá sea correcto apartar dinero público para este impuesto negativo, pero en todo programa gubernamental la exageración puede ser muy onerosa. El fuerte crecimiento de los programas asistenciales está teniendo consecuencias negativas en los servicios públicos, y los contribuyentes pagan impuestos para recibir estos servicios.

Este enorme gasto no está reduciendo la pobreza, como lo señalan las cifras del Coneval. Una de las razones es que son universales, benefician tanto a las clases medias como a los pobres, pero tampoco han sido bien diseñados. Por otra parte, estos programas están aumentando la deuda pública, pese a las promesas del Presidente de que no la elevaría.

El asistencialismo es útil en lo político, porque compra votos, aunque no reduzca la pobreza. Por eso Pedro Opeka, sacerdote y activista social argentino, afirma: "No debemos asistir, porque cuando lo hacemos, disminuyendo a la gente, los convertimos en dependientes, casi en esclavos... Y Dios no vino al mundo para hacernos esclavos, sino para liberarnos, ponernos de pie ... Hay que combatir ese asistencialismo".

· BIENESTAR

El gobierno presupuestó 311,600 millones de pesos para la Secretaría del Bienestar en 2022. Para 2023 está pidiendo 408,300 millones, un aumento de 31% (Criterios, p.148). Así se convertirá en la Secretaría con mayor gasto el año que viene.

Sergio Sarmiento

El sector refinación generó en el 2021 un PIB de 32 mil millones de pesos. Muy poco. Similar al del aprovechamiento forestal, pesca y caza. El PIB de extracción y exploración de crudo fue de 597 mil millones. La industria alimentaria generó 702 mil millones de pesos de valor. Son datos del 4° Informe de Gobierno de AMLO.

Nuestra ideologizada educación primaria nos vendió con éxito una idea: no hemos logrado ser un país rico porque exportábamos materias primas sin procesar. Si lo hubiéramos hecho distinto, seríamos desarrollados.

Es una idea bien arraigada. Cuando Calderón anunció un plan contra la crisis del 2008, de las cinco medidas anunciadas, la más popular era hacer una refinería. El siguiente Gobierno la canceló. Hizo bien.

Dado lo aprendido en primaria quizás por ello toleramos las pérdidas de Pemex Transformación Industrial. El año pasado rebasaron los 172 mil millones de pesos. Éstas explican lo bajo del PIB en el sector. El valor agregado es la diferencia entre el precio de los insumos y el del producto terminado. Apple genera un valor enorme por la gran diferencia entre ambos. Todas las refinerías del país son de Pemex y son el grueso de la actividad del sector. Por ello no sorprende que el sector aporte tan poco valor a la economía, aunque sí se mueve mucho dinero, y de ahí muchos ganan, mas no el país.

Este Gobierno ha decidido hacer la inversión industrial más importante del sector público en décadas: una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Presupuestada en 8 mil millones de dólares, acabará costando por lo menos 16 mil, equivalentes a 320 mil millones de pesos. Sirva como contraste que, en los primeros tres años de este Gobierno, toda la inversión pública en construcción y modernización de infraestructura carretera ha sido de 9 mil 777 millones de pesos y el mantenimiento de 56 mil 176 millones.

Nunca se va a recuperar lo invertido en Dos Bocas. Tendremos suerte si no pierde dinero cuando llegue a operar. En ese caso para las finanzas de Pemex sería mejor dejarla sin funcionar. Para no terminar como el AIFA, el cual requiere 800 millones de pesos de subsidio para cubrir las pérdidas operativas, sin recordar los más de 88 mil millones de pesos que costó construirlo.

Dos Bocas tampoco le agregará gran cosa al PIB. El gasto de hacerla y operarla impulsa la demanda en Tabasco, pero eso no es agregar valor y el grueso de esta demanda no será permanente. Además, el consumo de gasolina comenzará a descender en un futuro cercano por la transición a autos eléctricos.

El Estado debe impulsar el desarrollo. Pero es un error hacerlo como inversionista y peor aún en sectores de baja eficiencia y en tecnologías maduras de alto costo de capital y márgenes bajos. El Gobierno mexicano no tiene capacidades empresariales. Lo veremos en la ocurrencia de la empresa estatal de litio, similar a la estrategia seguida por Bolivia, donde no se extrae nada de litio, a pesar de tener las mayores reservas mundiales del mineral. En Chile y Argentina, se les dejó a los privados. En 2019 se produjeron 18 mil y 6.4 mil toneladas, respectivamente, y pagan derechos al Estado.

Pero a nuestro Gobierno no le gusta apoyar al sector privado. Menos aún inyectarle recursos. Lo entienden como un subsidio, aunque para poder pagar las pensiones de los mexicanos, cuyo costo en 2022 será el 22.3 por ciento del gasto programable del sector público, se requiere cobrar impuestos a quienes generan valor a la economía.

El Gobierno de Estados Unidos dedicará 52 mil millones de dólares a impulsar el desarrollo de plantas de semiconductores en ese país, mas no lo hará directamente, sino con subsidios. El canciller Ebrard, tras la visita de Blinken a nuestro país, presumía que Estados Unidos nos invitó a participar en este proyecto. No dijo cómo lo hará nuestro Gobierno mexicano. Con suerte, no estorbando.

Carlos Elizondo Mayer-Serra

"Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la pobreza franciscana". Andrés Manuel López Obrador

El Presidente López Obrador se enorgullece de haber pasado de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Pero es nada más en la palabra y en los gastos que no le gustan. La verdad es que no ha habido austeridad. El gasto ha aumentado y se elevará más el año que viene.

En 2018, último año de Enrique Peña Nieto, el gasto neto pagado federal fue de 5 billones 447 mil millones de pesos. Para 2022 el Congreso le aprobó a AMLO 7 billones 48 mil millones de pesos. Para 2023 López Obrador está solicitando un gasto neto de 8 billones 257 mil millones de pesos, 11.6 por ciento real más que lo autorizado en 2022.

De aprobarse el presupuesto como está, y sabemos que al Presidente no le gusta que le cambien ni una coma, el gasto en 2023 será 52.6 por ciento mayor que el último de Peña Nieto.

Austeridad no es. Los recortes solo se han ejercido en aquellos rubros y programas que no le gustan al Presidente. Por decreto ha bajado los sueldos de los altos funcionarios, pero como herramienta para deshacerse de especialistas y contratar a colaboradores sin capacidad o experiencia.

También ha apretado los presupuestos en servicios públicos, desde el mantenimiento de carreteras hasta compras de medicamentos pasando por citas en el SAT, que son una de las principales razones por las que pagamos impuestos.

El Presidente ha recortado, de manera ilegal, el gasto del Instituto Nacional Electoral, al que le tiene un odio especial, pero ha permitido que se disparen los costos de Dos Bocas y el Tren Maya.

Cuando se le cuestionó sobre la explosión de gasto en Dos Bocas su respuesta fue: "Hubo un incremento en el costo de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto". Así de simple.

El Gobierno está gastando más, pero además está gastando mal. Este 2022 ha dedicado enormes cantidades a subsidios que quizá generan un alivio temporal a ciertos problemas, pero no los resuelven de fondo.

Está usando 430 mil millones de pesos para subsidiar gasolinas, 73 mil millones de pesos para subsidiar la electricidad, 68 mil 900 millones de pesos para controlar los precios de los alimentos, incluyendo 11 mil 400 millones de pesos en el pacto con las empresas para limitar las alzas en los precios de los alimentos, 29 mil 900 millones de pesos en el programa de siembra de árboles, 14 mil millones para apoyar a pequeños agricultores, 5 mil 200 millones de pesos para regalar fertilizantes, 2 mil 750 millones de pesos para congelar peajes de autopistas.

Estos subsidios pretendían reducir la inflación, pero esta ha seguido avanzando. Lo que sí han hecho es generar distorsiones en la economía que, de no ser corregidas, tarde o temprano estallarán en una crisis.

Para el 2023 el Gobierno está presupuestando 335 mil 499.4 millones para pensiones a adultos mayores, 83 mil 638.9 millones para becas, 37 mil 136.5 millones para Sembrando Vida, 27 mil 052.9 millones para La Escuela es Nuestra. Son programas cuya eficacia no ha sido medida. El Presidente simplemente ordena que se apliquen sin evaluación. Son ocurrencias, más que programas sociales.

No, no estamos viendo un Gobierno austero, mucho menos con pobreza franciscana. Vemos a un régimen que desperdicia recursos sin ton ni son. Quizá el propósito es comprar votos, porque para eso sí sirven estos subsidios.

Hay intención de generar más pobres, para comprar sus votos, pero no de rescatar a más mexicanos de la pobreza con empleo y producción.

Sergio Sarmiento

Absurdos los hay por todas partes. Algunos abrevan de sus preferencias más que de la realidad. Así le pasaba a Kafka en Zürau, el sanatorio en que escribía sobre los ratones que pululaban en su entorno. Especulaba sobre la urgencia de atraer a un gato que lo liberaba de los ratones, pero eso creaba una nueva circunstancia: ¿quién lo libraría de los gatos? Los absurdos de Kafka son indistinguibles de los de la 4T y, sobre todo, de sus acólitos.

A los mexicanos nos gustaría vivir en el mundo perfecto, pero nadie parece dispuesto a construirlo, porque eso implicaría abandonar no sólo prebendas, sino sobre todo visiones, cuando no entelequias, de quienes hoy son la esencia del statu quo. Las narrativas cotidianas obscurecen lo obvio: la narrativa -y las preferencias, sobre todo ideológicas- sobresalen por encima de la realidad tangible y no sólo la del mexicano de a pie. El presente se percibe, por tirios y troyanos, insostenible. De ahí que sea indispensable entender dónde estamos para saber no qué es deseable, sino qué es posible.

En la ficción mañanera, los cambios emprendidos a partir de 1982 fueron producto de un celo ideológico que alteró -si no es que destruyó- el curso de la patria. Todo marchaba bien hasta que llegaron los pérfidos neoliberales al poder. La (casi) hiperinflación, la destrucción de familias y patrimonios nunca aparece en la narrativa de la 4T.

Al inicio de los setenta, el país experimentó un cambio radical en el manejo de la economía. Por dos décadas, el país había vivido un círculo virtuoso de crecimiento económico bajo férreo control político. Pero ambos habían comenzado a hacer agua. Las exportaciones de granos, clave para el financiamiento de las importaciones de insumos industriales, habían comenzado a declinar desde mediados de los sesenta. Por su parte, el movimiento estudiantil de 1968 había evidenciado los límites del autoritarismo priista.

La solución avanzada por dos héroes que animan al Presidente -Echeverría y López Portillo- fue mágica: el gasto público para satisfacer a todos. El Gobierno puede financiar a pobres y ricos, apoyadores y disidentes. Subsidios por doquier. Excepto que la solución no fue tal: el Gobierno acabó prácticamente quebrado en 1982 y todo vestigio de civilidad y confianza había sido destruido. Aquellos Presidentes fueron incapaces de comprender las fuerzas a las que estaba sujeta la economía mexicana y, en un sentido más amplio, el país en su integridad.

El mundo cambiaba de manera acelerada, pero México se enquistaba en su refugio natural. Mejor esconder la cabeza como avestruz que encarar las circunstancias que determinaban el devenir del país. Como hoy.

El proyecto de la llamada 4T está sustentado en una falacia: la noción de que los tecnócratas, los peyorativamente denominados "neoliberales", llevaron a cabo una serie de reformas a la economía del país porque eso les dictaba su ideología o por mera corrupción. La realidad es mucho más simple: el país iba a la deriva, el Gobierno estaba quebrado y la única forma de recobrar la capacidad -o posibilidad- de crecimiento económico era modificando las estructuras económicas del país.

Mientras México vivía la lujuria petrolera de los setenta -la era del hoy Presidente como líder del PRI en Tabasco- el mundo se transformaba. En lugar de economías cerradas y protegidas, el planeta, en términos industriales, se globalizaba, las comunicaciones se revolucionaban y las expectativas explotaban. Poco a poco, el valor agregado se movió hacia los procesos de alto contenido intelectual -software, marcas, innovación, servicios, creatividad, distribución- por encima del trabajo manual.

Aquellos funcionarios, hoy denostados, se abocaron a transformar los fundamentos del desarrollo del país -comunicaciones, infraestructura, energía, educación, salud- a fin de afianzar una plataforma sustentable para el futuro. Evidentemente hubo errores, corruptelas y abusos, pero el objetivo era claro: acercar a México a las oportunidades de desarrollo que eran posibles, y asibles, además de inevitables, en el siglo 21.

Al final de cuatro años de 4T nos encontramos ante el dilema de siempre: cómo lograr el desarrollo. Excepto que hoy en condiciones subóptimas para alcanzarlo. La destrucción de instituciones que ha promovido el Presidente tiene consecuencias. Lo mismo es cierto de la dislocación que ha sufrido el presupuesto público: hoy todo está dirigido a promover la popularidad presidencial y nada al desarrollo del país. El próximo Presidente se encontrará ante un panorama aciago, con pocas oportunidades para corregir el rumbo.

Los acólitos de la 4T juran y perjuran -e injurian- pero no tienen argumentos para contrarrestar la devastación que está ocurriendo. Hoy reina el miedo, la incertidumbre y la alienación. La popularidad, producto de una narrativa ficciosa, apunta en una dirección, pero la realidad cotidiana va en sentido contrario. Tarde o temprano la convergencia será inevitable e inexorablemente hacia abajo.

Nada está escrito sobre el 2024, excepto la quiebra fiscal, moral y política que ha enarbolado el Gobierno actual. La pregunta ahora es qué o quién ofrece una salida compatible con la realidad del mundo, no con las fantasías que promueve el Gobierno.

Luis Rubio