HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Las monedas tienen dos lados y, en este momento, la del Gobierno no cuadra.

Por un lado, el presupuesto supone una tasa de crecimiento sensiblemente más elevada a la que se experimentó en el año que está por terminar.

Para lograr este hito, el propio Gobierno reconoce que sólo se puede lograr una tasa más elevada de crecimiento con inversión privada.

Pero, por el otro lado, el Poder Legislativo se la vive aprobando leyes que no solo desincentivan la inversión, sino que la aniquilan. La pregunta es si los dos lados del Gobierno se comunican y entienden las implicaciones de su desencuentro.

El planteamiento inherente al presupuesto es por demás sensato: se puede elevar la recaudación y con eso lograr las metas de gasto que propone el Gobierno siempre y cuando se eleve la plataforma de producción petrolera y crezca la economía cerca del 2 por ciento.

Muchos han criticado de ilusas estas dos premisas pero, desde el punto de vista de Hacienda, son alcanzables siempre y cuando existan condiciones propicias: a final de cuentas, esos números se han logrado en años anteriores y no hay razón estructural para pensar que no pudiera repetirse.

Sin embargo, el actuar legislativo ha venido construyendo un andamiaje que atenta directamente contra la posibilidad de que crezca la inversión: se han aprobado tres leyes que no sólo atentan contra la inversión, sino que ponen en la defensiva a toda la población que paga impuestos.

La extinción de dominio entraña definiciones tan laxas y amplias que puede ser aplicada a virtualmente cualquier persona.

El cambio en el Artículo 19 constitucional le da poderes tan vastos a la autoridad, que no hay límite en lo que pueda llegar a hacer, independientemente de si sus motivaciones son legítimas o políticas.

Finalmente, la legislación en materia fiscal pone contra la pared literalmente a cualquier ciudadano, no sólo a empresarios que adquieran facturas falsas.

Por supuesto que el negocio de las llamadas factureras tiene que ser erradicado, pero la ley que se aprobó pone en el umbral de la cárcel a cualquier causante fiscal.

Poco a poco, se ha construido el andamiaje de un instrumental formidable que, en manos de una autoridad vengativa o con agenda, puede afectar al conjunto de la población.

En su más mínima expresión, permite intimidar a cualquier persona, de cualquier actividad. Es posible que haya un plan maquiavélico de control o que cada iniciativa responda a demandas de distintos grupos dentro de Morena, motivados más por un ánimo revanchista.

Yo tiendo a pensar que lo segundo es más probable, pero el asunto es irrelevante porque lo que se ha construido es un instrumental letal para personas, empresarios y, en general, para la inversión.

La pregunta es si se trata de un gobierno unificado que se propone modificar la forma de funcionar del País para lograr una mejor distribución del ingreso y erradicar la corrupción y la impunidad o si lo que estamos ante un Estado autoritario en ciernes.

De ser lo primero, el objetivo es incumplible porque lo único que se logrará será paralizar a la economía y, por ende, al País.

Si es lo segundo, los buenos propósitos presentados en el presupuesto quedan anulados por quienes prefieren la intimidación y la amenaza que la certeza y la viabilidad de largo plazo.

Quienes propugnan por la consolidación de un Gobierno autoritario con todos los medios e instrumentos para intimidar y controlar a toda la población, desde el empresario más encumbrado hasta el más modesto campesino, evidentemente parten de la premisa que el Gobierno puede imponer su voluntad y que la población, toda, carece de alternativas.

La realidad es muy distinta. Por un lado, los mexicanos más modestos emigran para encontrar las oportunidades de empleo y desarrollo que los políticos y burócratas desde siempre les han negado.

Los migrantes votan con sus pies y, en el camino, se lea esto así o no, de facto los censuran y reprueban.

Por su parte, las empresas -medianas y grandes- han hecho suyo el mundo.

De la misma forma en que Audi o Toyota se instalan en México, empresas mexicanas crecen y se expanden en Alemania y Japón.

Un mercado interno insuficiente, en buena medida por la falta de elevado crecimiento y muy pobre desempeño gubernamental, ha constituido un incentivo adicional.

El problema para el Gobierno es que parece creer que mayor control va a producir un resultado mejor.

La evidencia es exactamente la opuesta: sin confianza ni los campesinos ahorran o invierten.

Luis Rubio

www.cidac.org

"Cuándo se apreciará al hombre que enseña y no al hombre que mata". Melchor Ocampo

En los recientes alegatos oficiales sobre el asesinato de Eugenio Garza Sada hay una omisión significativa: la del propio Garza Sada.

Ignoro si los "valientes jóvenes" que lo asesinaron aquel 17 de septiembre de 1973 sabían quién era y qué había hecho. No sé si las autoridades del INEHRM y otros voceros saben quién fue ni qué hizo, aunque siendo custodios de la memoria deberían saberlo.

Pero para eso está la historia, para recordar. Y ahora, más que nunca, importa recordar quién era y qué hizo Eugenio Garza Sada.

Perteneció a la Generación de 1915, que en los más diversos campos de la cultura, la educación, la salud, la hacienda pública, la empresa privada, la ciencia y la vida sindical construyó las instituciones de todo orden que, frágilmente, aún nos sostienen.

Nacidos a fines del siglo 19, vivieron la Revolución como un vendaval de pasiones, pero también de revelaciones. "¡Existía México!", escribió Manuel Gómez Morin, recordando 1915 como el año en que se perfiló "un nuevo valor de la inteligencia en la vida". Ese valor era la aplicación de la técnica para aliviar el dolor ancestral del pueblo mexicano. La técnica no como instrumental egoísta. La técnica que incorpora a la ciencia "pero a la vez la supera, realizándola subordinada a un criterio moral, a un ideal humano".

El joven ingeniero graduado del MIT en 1914, que regresó pocos años después a México a reconstruir junto con don Isaac, su padre, y su hermano Roberto, la Cervecería Cuauhtémoc, participaba de ese mismo espíritu.

No es casual que, a raíz de la crisis de 1929, fuese Gómez Morin -creador del Banco de México- quien le sugiriese una inédita emisión de obligaciones que salvó a la empresa y permitió su formidable expansión fincada en cinco estrategias: la sustitución de insumos que provenían del exterior; la promoción de nuevas ideas y avances tecnológicos; la autosuficiencia energética regional; el uso de nuevos instrumentos de financiamiento; la diversificación de nuevas plantas (cajas, etiquetas, corcholatas, malta, empaque, vidrio, acero) (Gabriela Recio Cavazos, "Don Eugenio Garza Sada: Ideas, acción, legado". TEC, 2017).

¿Qué tiene que ver todo esto con el criterio moral, el ideal humano? Tiene todo que ver. "El lucro no es renta para satisfacciones egoístas", decía don Eugenio, "sino instrumento de reinversión para el progreso económico y social".

Desde los años 20, decenas de miles de empleados de la Cervecería Cuauhtémoc y las empresas que armoniosamente dirigiría con su hermano Roberto, contaban con servicios médicos, educativos, legales, recreativos, de guardería, despensa y vivienda.

Con ese mismo sentido, el patriarca estableció programas de capacitación para trabajadores y becas para sus hijos, financió hospicios, construyó las instalaciones de la Cruz Roja, creó el cuerpo de bomberos, creó a los Sultanes de Monterrey y el Salón de la Fama del Beisbol. Su obra cumbre, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es hoy la universidad privada más reconocida de México en el mundo.

Al final de su vida, a sabiendas de que el Estado pretende siempre acotar el valor supremo de la libertad, buscó consolidar una presencia en la televisión. Alevosamente, Echeverría bloqueó su entrada a la prensa.

"Por sus obras los conoceréis". Si alguien en México cumplió con el mandamiento evangélico fue Eugenio Garza Sada.

Como los estoicos o los primeros cristianos, no dejó libros ni tratados, sino apotegmas y leyendas sobre las virtudes que transmitió a sus hijos: sencillez, cortesía, tolerancia, paciencia, gravedad, precisión, rigor, templanza, veracidad, laboriosidad, modestia.

Franciscano natural, dormía en una pequeñísima recámara (bajo un crucifijo, su cama, un taburete, una lámpara, un armario; frente a él, las fotografías de sus padres). Tenía tres trajes oscuros y un sombrero, tocaba el piano en familia, cultivaba su jardín, ponderaba el trabajo manual, era buen mecánico, sabía escuchar.

Éste fue el hombre que, a sus 81 años de edad, murió pistola en mano defendiéndose de los "valientes jóvenes" de la Liga Comunista 23 de Septiembre que (con conocimiento del Gobierno, que alentaba la discordia) intentaban secuestrarlo.

Los guerrilleros representaban principios que sembraron de muerte el siglo 20. El empresario representaba principios que sembraron vida, y aún florecen.

                                                                                                                                                                                                                            Enrique Krauze

La ley lo dice, por lo tanto tiene que ser verdad. Cicerón hubiera dicho: Lex dixit, verita est. Bajo ese rasero, si la ley lo prohíbe, no existe: no hay secuestros, no hay robos, no hay homicidios, no hay violencia intrafamiliar, porque todo eso está prohibido por ley.

Al menos eso es lo que nos dicen nuestros legisladores de manera recurrente, los anuncios que emergen del Congreso son siempre iguales: "nosotros ya legislamos, por lo tanto el problema ya desapareció".

Excepto que, todos lo sabemos, nada cambió, sólo lo que se publica en el Diario Oficial: miles de páginas de nueva legislación que no cambia nada en la realidad, pues siguen los secuestros y los robos y la corrupción. Lo único que falta es que a alguien se le ocurra decretar la felicidad. Con eso nuestros problemas serían historia.

La legalidad se ha convertido en un mito retórico: todos la prometen, pero nadie la define. Para nuestros "gobernantes" leguleyos, si está en la ley, es legal y, por lo tanto, vivimos en un Estado de derecho, lo que ha llevado a la práctica de modificar la ley para que lo que el Gobierno quiera se pueda hacer.

Lo que todos esos políticos no entienden -igual los de barriada que los que se sienten superiores- es que la esencia de la legalidad radica en que el gobernante no pueda cambiar la ley a su antojo. Es decir, la legalidad es imposible mientras alguien tenga, por sí mismo, el poder para modificarla.

El reino de la ley consiste en tres cosas muy simples: primero, que los ciudadanos tengan sus derechos (legales, políticos y de propiedad) perfectamente definidos; segundo, que todos los ciudadanos conozcan la ley de antemano; y, tercero, que los responsables de hacer cumplir la ley lo hagan de manera apegada a los derechos ciudadanos.

Es decir, la legalidad implica que ambas partes -la ciudadanía y el Gobierno- viven en un mundo de reglas claras, conocidas y predecibles que no pueden ser modificadas de manera voluntaria o caprichuda, sino siguiendo un procedimiento en el que prevalecen pesos y contrapesos efectivos cuya característica medular sea el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Esta definición, aunque sea escueta, establece la esencia de la plataforma de reglas que norman el comportamiento de una sociedad. Cuando existe ese marco y éste se respeta y hace cumplir, existe el Estado de derecho. Cuando las reglas son desconocidas, cambiantes o ignorantes de los derechos ciudadanos, la legalidad es inexistente.

Es en este contexto debe analizarse la problemática que encara el Estado de derecho en el País. La legalidad en México no existe porque quienes ostentan el poder político tienen -de facto- la capacidad de ignorar la ley, violarla, modificarla a su antojo o aplicarla, o no, cuando quieran. Es decir, el problema reside en el enorme poder que concentra el Gobierno -y, crecientemente, una persona- y que le permite mantenerse distante e inmune respecto a la población.

Hay dos componentes del "Estado de chueco" que prevalece en el País, como lo llamó Gabriel Zaid: uno es la enorme, excesiva, latitud y discrecionalidad, que acaba siendo arbitraria, que le otorgan todas las leyes y regulaciones a nuestros funcionarios.

Los funcionarios, de cualquier nivel, pueden decidir quién vive y quién muere (o quién tiene que pagar una mordida) porque la ley les otorga esa facultad. Esto no es algo que ocurrió por error: es la forma en que se nutre y preserva el sistema político, la forma en que se pagan los moches, la corrupción y la impunidad.

La única forma de construir un régimen de legalidad es quitándole el poder tan desmedido que tiene nuestra clase política y eso sólo puede ocurrir por voluntad propia -o por un liderazgo efectivo que reconoce que aquí reside una de las fuentes esenciales de la corrupción y la impunidad- o por una revolución. No hay otra posibilidad.

A riesgo de repetir un ejemplo que es imbatible, el Gobierno de los 80 y 90 entendió que la ausencia de Estado de derecho hacía imposible atraer inversión privada, sin la cual el crecimiento económico es imposible. Así, la razón de ser del TLC norteamericano es precisamente ésa: un espacio de legalidad en el que hay reglas claras y conocidas y una autoridad que las hace valer. Ese régimen se adoptó porque el Gobierno de entonces estuvo dispuesto a aceptar reglas "duras" a cambio de la inversión.

Si queremos un régimen de legalidad, tendremos que hacer lo mismo para todo el País, para toda la población, para todos los ciudadanos. Ésa es la revolución que le falta a México.

Luis Rubio

www.cidac.org