viernes, septiembre 27, 2013

 

'Maistro' petrolero

Lo que es capaz de hacer y decir un político populista por lograr seguidores y sostener sus causas no tiene límites. Ejemplo de ello son las últimas declaraciones de López Obrador en materia de perforación petrolera.

Según él, sacar petróleo (cito textualmente) "es como perforar un pozo para extraer agua. No tiene ninguna ciencia, no se requiere tecnología". Cuando escuché esta barbaridad (la pueden ver en YouTube: "Lopez Obrador Perforar, producir y transportar petróleo, no tiene mucha ciencia"), me quedé por un momento sin palabras.

Luego pensé que falacias como ésta prosperan y se arraigan en la mente de los mexicanos debido a la manipulación deliberada de la ignorancia.

Toda manipulación se basa en la falta de conocimiento de los receptores para evaluar el mensaje, o para encontrar argumentos que lo refuten.

Manipular la ignorancia sí que no requiere de gran ciencia: basta algo de carisma y buena labia para abusar de la buena fe de las personas y de sus necesidades económicas, sociales o espirituales.

Por ello es que los receptores de la manipulación pueden ser definidos como víctimas. Víctimas de la ausencia o insuficiencia de conocimientos relevantes que les permitan detectar datos falsos, distorsiones o sofismas.

Y es que siempre será mas fácil y eficiente hacer conjeturas rápidas y tomar atajos para las ideas que hacer análisis completos.

Para oponerse a la reforma energética, López Obrador, de una manera rápida y sobresimplificada, afirma que sacar petróleo "es como extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3 mil... no tiene ninguna ciencia: se extrae petróleo y por ductos va a los puertos". Así de fácil.

Si aceptamos explicaciones y analogías simplistas como ésta, podríamos decir que la perforación y extracción petrolera marina es como meter un popote en un vaso, nada más lo hundes y le sorbes; o que construir un rascacielos es como construir una casa, nada más que en lugar de ser de dos pisos, es de 100. Y además, como nuestros "maistros de obra" mexicanos se las saben todas y el Gobierno mexicano invierte en investigación y producción de tecnologías propias, no necesitamos que ningún extranjero nos venga a decir cómo hay que hacer las cosas.

Habría que recordarle al "maistro petrolero" de López Obrador la sofisticada tecnología que se necesitó tan sólo para apagar el fuego y resolver las consecuencias del accidente de abril de 2010, cuando explotó la plataforma petrolera "Deepwater Horizon" de British Petroleum, y se derramaron 4.9 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, y en el que luego de varios intentos y cinco meses probando distintas técnicas lograron detener el incendio y el flujo de petróleo. Y por si fuera poco, este asunto le costó a la petrolera británica nada menos que 42.2 billones de dólares.

Los datos técnicos de la plataforma Deepwater Horizon deben ser suficientes para que los seguidores de López Obrador se den cuenta del grado de sofisticación tecnológica que se requiere para perforar en aguas profundas, y preguntar seriamente si Pemex tiene la capacidad técnica y financiera para hacerlo. Y ni hablar de las responsabilidades humanas, económicas y ambientales que esta actividad conlleva.

Deepwater Horizon era una torre petrolífera de diseño RBS-D de quinta generación, semisumergible, de posicionamiento dinámico y de aguas ultraprofundas, cuyos taladros perforaban el lecho marino. La torre tenía 121 metros de largo por 78 de ancho (como una manzana completa). Podía operar en aguas de hasta 2 mil 400 metros de profundidad y con capacidad de perforar hasta 9 mil 100 metros (9.1 kilómetros hacia abajo).

La torre flotaba hasta la posición de perforación, y sin apoyarse en ningún momento en el lecho marino se mantenía en su lugar literalmente contra viento y marea.

No me digan que sacar petróleo del fondo del mar es como ponerle un popote a los océanos, o que tapar una fuga de petróleo encendido a medio mar es como apagar el piloto de la estufa. Si éstos son los argumentos de los principales opositores a la reforma energética, creo que no hay nada que discutir con ellos.

Ricardo Elias
ricardoelias1@gmail.com
 

domingo, septiembre 22, 2013

 

Provocar un Recesión

El año 1971 fue el de la atonía. Luego de dos décadas con tasas de crecimiento mayores a 6 por ciento en promedio, ese año fue considerado de recesión porque el crecimiento sólo fue de 3 por ciento. Así han cambiado las cosas... La respuesta de los políticos fue "estimular" la economía con un gasto público exacerbado, financiado con deuda externa e impresión de billetes, o sea, inflación. Así nació la era de las crisis, recesiones y, por un pelito, la hiperinflación. El 2013 se parece a 1971 y, como ilustra el presupuesto, el Gobierno se apresta a aplicar la misma receta perdedora.

El empaque retórico que acompaña a la iniciativa de reforma hacendaria es grandioso: productividad, crecimiento, ataque a la desigualdad y seguro de desempleo. Suena atractivo, pero, como decía George Orwell, "el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades, que el asesinato parezca respetable, y dar al viento apariencia de solidez".

Los comentarios a mi artículo anterior muestran que hay más dudas que certezas sobre la dirección que se propone. Sigue un resumen de los que recibí, todos de expertos intachables.

Primero: "Si bien la iniciativa se justifica primordialmente por el propósito de alcanzar la seguridad social universal, es notable que el aumento propuesto de gasto entre 2013 y 2014 es de 520 mil millones de pesos, pero de los cuales solamente 20 mil se destinan a la seguridad social universal. Uno hubiese pensado que, de forma prioritaria, se dedicarían recursos para unificar el financiamiento de la salud, pero este tema presumiblemente se pospone. No utilizar los recursos nuevos para remover la distorsión por las diferencias en la forma de financiar los regímenes contributivos y no contributivos de salud es una omisión difícil de entender". A menos que el objetivo sea sólo gastar; no sería la primera vez.

Segundo: "La pensión universal propuesta no es en realidad universal. Está condicionada a ser informal. Los trabajadores formales no tienen derecho a ella... Dado que el Seguro Popular es una prestación financiada de la tributación general para el informal, pero que pierde si obtiene un empleo formal... a los incentivos a la informalidad que ya existían... se agrega ahora otro incentivo por un programa similar para pensiones de retiro (y se propone legislar su monto, amén de bajar la edad para recibirlo de 70 años a 65). Es difícil pensar que esto no va a aumentar la informalidad. La evidencia de programas similares es que sí lo hará y también puede reducir la tasa de participación laboral. Por esas dos vías, la productividad se verá castigada". Hay una contradicción entre la iniciativa presentada y el diagnóstico del Gobierno sobre la urgencia de elevar la productividad para acelerar el ritmo de crecimiento económico.

Tercero: "El seguro de desempleo realmente no es eso; parece más un seguro de separación. La clave aquí es que se introduce este seguro sin modificar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de indemnizaciones por despido o primas de antigüedad. Tampoco se modifica la problemática de despido justificado vs. no justificado. En los términos de la ley propuesta, un trabajador que voluntariamente se separa de su trabajo tiene derecho a recibir los beneficios del nuevo seguro. México tendrá ahora dos mecanismos paralelos para proteger a los trabajadores contra shocks: las disposiciones que ya estaban en la LFT y el nuevo seguro. Es difícil pensar que en el futuro se podrá modificar la LFT para reducir los costos contingentes de las empresas formales derivadas de la contratación" cuando "el principal mecanismo que se hubiese podido utilizar para cambiar esas disposiciones de la LFT -introducir un seguro de desempleo- ya se usó. Al no reducirse los costos contingentes de las empresas, es difícil ver también cómo este nuevo seguro contribuirá a la formalidad".

Cuarto: "Se propone un incremento neto de las cuotas patronales, lo que no resuelve el problema esencial que es la homologación de los costos en salud. Es justo ahí donde estará la presión de gasto en los próximos años. Hoy no sabemos cuánto cuestan los servicios médicos en el IMSS, el ISSSTE y en los sistemas estatales de salud que son financiados con el Seguro Popular. No hay certeza sobre necesidades presupuestales del sector salud, sólo conocemos el gasto ejercido en cada institución, no el costo de cada servicio ni las estimaciones por cambios epidemiológicos. La propuesta resuelve la urgencia financiera del IMSS en el corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo".

Quinto: en "el propuesto seguro de desempleo se descobija la contribución de Infonavit, en vez de llevarlo a salud o bien complementar pensiones contributivas. Esto crea más distorsiones laborales, hace más líquidas las aportaciones en el corto plazo". No puede ignorarse otra posible motivación del enfoque propuesto: "Quienes cumplan 18 años a partir de 2014 serán cubiertos por un fideicomiso en Banxico, justo el grupo que votará en 2018 por primera vez".

"La reforma no es para financiar una 'seguridad social universal', sino para justificar el aumento de cuotas patronales y el otorgamiento de nuevos beneficios, cuyo costo irá aumentando y se sumarán al costo creciente de los programas ya existentes. Los recursos fiscales de la propuesta serán usados para otros gastos y no se propone modificar el funcionamiento del sistema de salud, ni su financiamiento. Dado el crecimiento que se está observando en la provisión de servicios médicos, los costos se elevarán y será imposible regresar a un déficit cero en el tiempo propuesto (2017). Bajo el escenario internacional actual esto suena demasiado arriesgado". "Y todo sin considerar los pasivos de salud y pensiones de los estados, Pemex y CFE". No hay reforma estructural ni solución a problemas pendientes.

La propuesta es regresar a los 70: déficit creciente, sin financiamiento saludable y sostenible, lo que no contribuye al crecimiento de la economía. Ignorar las causas de las crisis pasadas -estrategia económica sustentada en déficit y deuda- que los jóvenes de hoy no vivieron es la mejor forma de provocarlas. No aprendemos.

Luis Rubio
www.cidac.org

domingo, septiembre 08, 2013

 

¿Derechos o privilegios?

Hoy en día, con el debate magisterial y el caos reinante en el Distrito Federal provocado por la CNTE, constantemente escuchamos en los medios un debate que se centra en "derechos".

En términos generales, la narrativa se plantea como un conflicto entre los derechos de los ciudadanos del DF a transitar por su ciudad y los derechos de los niños a recibir la educación, por un lado, contra los derechos laborales de los maestros a mantener ciertas prácticas sindicales y a manifestarse, por el otro.

La narrativa se ha limitado a poner en una balanza "derechos" y forzar a la autoridad a imponer unos sobre otros. Lo anterior esconde un error conceptual envuelto en un discurso incendiante que impide que el problema se resuelva sin que alguno de los llamados "derechos" se vea afectado.

En México estamos llenos de privilegios que, en algún momento, por razones políticas, empezaron a ser llamados "derechos". La diferencia no es trivial a la hora de tomar decisiones, puesto que el conflicto entre derechos no se resuelve igual que un conflicto entre privilegios.

El jurista Wesley Newcomb Hohfeld nos invita a utilizar una metodología analítica para distinguir una cosa de la otra. Hohfeld afirma que los derechos tienen como correlación una obligación, mientras que los privilegios tienen como correlación un "no derecho" de alguien a reclamar una acción contra ese interés en particular. Ello implica que, aunque ambas categorías protegen intereses jurídicos, tienen una diferente jerarquía y grado de exigibilidad, y que al momento de enfrentarse no se les otorgue el mismo peso.

Por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación sí está vinculado a una obligación del Estado de otorgar y asegurar una educación básica. Es un derecho universal, general e intrínseco a los ciudadanos mexicanos por el simple hecho de serlo.

Sin embargo, los mal llamados "derechos" de ciertos grupos organizados, sean partidos, empresarios o sindicatos, a mantener opacidad en el manejo de recursos públicos, disfrutar de monopolios, o a no ser evaluados por la ciudadanía cuando realizan funciones públicas, caerían más bien en la categoría de "privilegios", que se traducen en el no derecho de los ciudadanos a afectar dichos intereses gremiales, a pesar de que para ello se utilicen recursos públicos y se afecte la vida -y los derechos- de los ciudadanos.

Un privilegio para proteger ciertos intereses puede ser válido si está conectado con fines legítimos del Estado y con objetivos de política pública. Es en este espectro en el que, considero, es más adecuado analizar si vale la pena mantener ciertos privilegios.

En el presente caso, si el fin de la política pública plasmada en la reforma discutida es alcanzar ciertos niveles educativos vinculados con el derecho a recibir educación, y los privilegios otorgados a ciertos grupos organizados obstruyen ese fin, entonces se debe optar por proteger la reforma, dada su conexión directa con un derecho, aunque ello implique la afectación de privilegios adquiridos.

Lo anterior no implica que el Estado debe ignorar los intereses del magisterio, ni que deje de buscar girar el timón para encontrar soluciones conciliadoras, en la medida de lo posible. Lo que hay que tener claro es que no es un tema de conflicto de derechos en sí, sino de cómo alcanzar objetivos comunes de política pública y, al mismo tiempo, dar orden a los intereses en juego.

Usando el mismo marco analítico, los miembros de la CNTE no tienen derecho a irrumpir violentamente en una sede de gobierno y recibir, heredar o conservar plazas sin ser evaluados; ésos son privilegios que el Estado les ha otorgado con su inacción desde hace muchos años a cambio de beneficios políticos.

Por el contrario, los ciudadanos del DF y los niños sí tienen un derecho a la educación y al libre tránsito en contra del abuso del magisterio, porque el Estado tiene la obligación de asegurarlos aunque entran en conflicto con los privilegios que el magisterio busca conservar.

Igualmente, los maestros tienen derecho a manifestarse y el Gobierno está obligado a asegurarse que lo puedan realizar de manera pacífica y sin afectar a terceros.

Aprender a distinguir estos conceptos es útil para evaluar y decidir cómo dirimir los conflictos de interés que se generan en la decisión gubernamental.

Es la sociedad, a través del debate público y el Estado, quien tiene que evaluar si los privilegios otorgados cumplen con los objetivos que se busca alcanzar como colectividad. De lo contrario estamos solapando privilegios de intereses agremiados y negando derechos al resto de la sociedad.


Guillermo J. García Sánchez:
@guillermojgarci
abogado y licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Harvard.

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