domingo, junio 12, 2011
Lecciones para no morir
El día de hoy el periodista mexicano, nacionalizado americano, Jorge Ramos escribió una columna en los periódicos Reforma/El Norte en México: http://www.elnorte.com/editoriales/nacional/630/1259377/
Dice que México tiene mucho que aprender de Perú y Colombia. Sobre Perú, que los olvidados, los pobres, no olvidan y pueden castigar a la hora de votar. Lo dice por el triunfo del domingo pasado del populista Ollanta Humala que recibió el voto mayoritario de los pobres en Perú. Afirma Ramos que "si México no aprende de la reciente elección en Perú que la pobreza no desaparece con declaraciones falsas y con promesas electorales, corre el riesgo de perder otra década más y ser irrelevante frente a las nacientes potencias, como China, India y Brasil."
Es cierto lo que dice Ramos de que Perú y México se parecen mucho, demasiado. He tenido la oportunidad de visitar Perú varias veces en los últimos 2 años y he verificado esa afirmación. Sin embargo no considero que el hecho de que hayan votado por "el cambio" los llevará a la mejora. La economía de Perú ha crecido mucho en la última década, aplicando políticas que incentivaron la inversión privada productiva, esa que genera empleos. Políticas muy similares, por no decir iguales, que las que han implementando China, India y Brasil. Países que, por cierto, tienen cientos de millones de pobres, y en el caso de India, en peores condiciones, en proporción, que Perú o México. Sin embargo han apostado por la creación de empresas, de empleos, para ir sacando a su población de la pobreza. Y en el camino millones de nuevos millonarios han salido en esos países.
Es cierto lo que dice Ramos de que Perú y México se parecen mucho, demasiado. He tenido la oportunidad de visitar Perú varias veces en los últimos 2 años y he verificado esa afirmación. Sin embargo no considero que el hecho de que hayan votado por "el cambio" los llevará a la mejora. La economía de Perú ha crecido mucho en la última década, aplicando políticas que incentivaron la inversión privada productiva, esa que genera empleos. Políticas muy similares, por no decir iguales, que las que han implementando China, India y Brasil. Países que, por cierto, tienen cientos de millones de pobres, y en el caso de India, en peores condiciones, en proporción, que Perú o México. Sin embargo han apostado por la creación de empresas, de empleos, para ir sacando a su población de la pobreza. Y en el camino millones de nuevos millonarios han salido en esos países.
En México estuvimos a punto de cometer el mismo error en el 2006 con López Obrador, un político populista que promete a los pobres lo que el Estado no puede proporcionar, a cambio de un voto. La riqueza no se reparte, se genera. En todos los experimentos socialistas donde se ha intentado repartirla sin crearla primero, la riqueza se ha ido, la población empobrece más, y sólo una élite política se enriquece más viviendo del Erario. Ollanta Humala se parece más a Chávez que a Lula. Sólo el tiempo lo dirá. Pero creo que más que los mexicanos aprendiendo de los peruanos, éstos no aprendieron nada de lo que ha pasado en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Al tiempo.
Sobre Colombia, Ramos afirma que los mexicanos debemos aprender lo que ellos hicieron para combatir al crimen organizado. Critica a Calderón y a las fuerzas armadas por seguir una estrategia errónea. Quizá la estrategia sea errónea o haya otras mejores. Lamentablemente las leyes vigentes en México obligan al ejecutivo federal a actuar como lo está haciendo, combatir de manera frontal al crimen organizado. Y sobre todo porque las policías estatales y municipales además de ser inoperantes, incapaces, están infiltradas por el crimen. Sólo las fuerzas armadas tienen los efectivos, el entrenamiento y el armamento para enfrentar al crimen organizado. No hay otra opción mientras no se depuren a las policías. Y por el esfuerzo que están poniendo los gobernadores, parece que se tardará muchos años todavía.
Colombia tardó muchos años en controlar a las bandas de narcotraficantes, y no sin contar con mucha ayuda no sólo de dinero y equipo, sino elementos, de parte de Estados Unidos. En México no aceptamos ayuda de ese tipo de EUA. Criticar que México no está haciendo lo que hizo Colombia me parece ocioso, por decir lo menos. En todo caso habría que esperar los mismos años que tardó Colombia para decir que aquí no funcionó la estrategia. Colombia no resolvió su problema en 6 años. Le tomó más de 2 décadas y decenas de miles de muertos. Por cierto, comparando datos del 2010, todavía Colombia tiene más muertes violentas, asesinatos, por cada cien mil habitantes, que los que tiene México. ¿Qué tenemos que aprender de Colombia? ¿Que allá si aceptan la ayuda total de EUA? ¿Que allá la mayoría de la población apoyó el combate al crimen organizado? ¿Que allá la gente se unió en contra de los verdaderos asesinos y apoyó a su gobierno?
Si, se pueden hacer muchos cambios a la estrategia en México, como atacar el lavado de dinero o legalizar las drogas. Pero esos cambios requieren cambios en las leyes que el Congreso no está ya no digamos haciendo, ni siquiera discutiendo. Hay 17 iniciativas contra el lavado de dinero en la congeladora del Congreso. El Presidente Calderón envió la última a finales del año pasado. Apenas aprobaron algo en el Senado en abril pasado y con muchos cambios sobre la propuesta original, y todos para flexibilizarla. ¿Así cómo se puede combatir el crimen cuando la nueva ley (si se aprueba) que se supone es más rígida que el status quo permite que se puedan comprar bienes raíces en efectivo, con dinero en papel, por hasta un millón de pesos? ¿Qué negocio o personal en la legalidad tiene un millón de pesos en papel moneda? Quien los tenga o lava dinero del crimen o está evadiendo impuestos. Así de simple. Los cajeros sólo te permiten sacar 5 mil pesos al día, quien haga compras en efectivo en montos mayores a 10 mil pesos ya despierta sospecha.
Menciona Ramos también como ejemplo la policía única en Colombia. Es correcto, un cambio así sería muy útil en México. Pero nuevamente es un cambio que requiere cambios en las leyes, inclusive en la Constitución por la autonomía de los estados y municipios. La propuesta se hizo, pero ni siquiera se ha debatido a fondo. Además, la policía única en Colombia está bastante militarizada, algo que aquí se critica. Por lo pronto, para la situación actual de México, las fuerzas armadas vienen a ser nuestra policía única cuando las policías civiles no sirven para nada.
Menciona Ramos también como ejemplo la policía única en Colombia. Es correcto, un cambio así sería muy útil en México. Pero nuevamente es un cambio que requiere cambios en las leyes, inclusive en la Constitución por la autonomía de los estados y municipios. La propuesta se hizo, pero ni siquiera se ha debatido a fondo. Además, la policía única en Colombia está bastante militarizada, algo que aquí se critica. Por lo pronto, para la situación actual de México, las fuerzas armadas vienen a ser nuestra policía única cuando las policías civiles no sirven para nada.
Si, tenemos mucho que aprender, empezando por exigirle a todos los políticos, a los legisladores, a los gobernadores, a los alcaldes, que se pongan a trabajar y se dejen de politiquerías. Que se aprueben las reformas estructurales pendientes, la reforma política, la laboral. Que imitemos lo que están haciendo países como China, India, Chile o Brasil, para no caer en los errores de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.
Etiquetas: AMLO, Calderón, Colombia, congreso, crimen, ejército, fuerzas armadas, Jorge Ramos, López Obrador, México, narcotrafico, Ollanta Humala, Perú, violencia
martes, marzo 17, 2009
Crecido Torcido
Un excelente cartón de Paco Calderón publicado el pasado domingo en varios medios.Triste pero cierto. La violencia y el crimen en México tienen una buena parte de sus explicación en las décadas de políticas públicas con las cuales se ha privilegiado a la economía informal, a la ilegalidad, y se ha castigado a la economía formal. Y todavía hoy en día los legisladores, los partidos políticos, guiados por ese populismo atroz, siguen formulando esas ideas, dizque para ayudar al pueblo, que al final nos hunden más en la pobreza y mediocridad. Y claro, en la criminalidad.
Etiquetas: congreso, economia, partidocracia, pobreza, populismo, reforma fiscal, reformas
lunes, diciembre 22, 2008
El aguinaldo de los legisladores
Vale la pena ver y compartir con todos nuestros contactos.
Y para burla de todos quienes estamos cautivos de Lolita, su aguinaldo, como el de todos los burócratas federales, es libre de impuestos. ¿Cuál crisis? Por eso a los políticos no les interesa realizar las reformas que el país requiere. Si no son tontos, se les acabaría su negocio.
Saludos
Etiquetas: canaco, congreso, corrupcion, diputados, gobernadores, injusticia, Mexicali, partidocracia, reformas, salario, senadores
viernes, agosto 01, 2008
El pastor y su rebaño
Hace dos décadas, la oposición de derecha y de izquierda peleaba por rescatar la independencia del Congreso de la secuestrada voluntad de un solo hombre
Hoy el PRD está secuestrado por un solo hombre. El "legítimo", dispuesto a todo para tirar a Calderón
Hace dos décadas, la oposición de derecha y de izquierda peleaba por rescatar la independencia del Congreso de la secuestrada voluntad de un solo hombre. A los diputados y senadores del PRI les decían borregos, descerebrados, sometidos, conciencias secuestradas, títeres. Hoy el PRD es copia fiel de ese PRI, y está secuestrado por un solo hombre, por el "presidente legítimo". Vemos la muerte del PRD y al PRI de aquellos años revivido. Va la historia.
Entre 1982-1988 las legislaturas 52 y 53 de la Cámara de Diputados mostraron una inédita pluralidad en la que no sólo estaban presentes PRI y PAN, sino que gracias a la reforma política de López Portillo participaban legisladores de PSUM, PMT y PRT -la izquierda de entonces-, a la que representaban políticos como Eduardo Valle, Ricardo Pascoe, Heberto Castillo, Jorge Alcocer, Pablo Pascual y Arnoldo Martínez Verdugo, entre muchos otros.
Las crónicas parlamentarias de entonces recrean con puntualidad los recursos discursivos preferidos de los opositores al PRI: "borregos", "sometidos", "conciencias secuestradas", "títeres", les decían a los del PRI desde la tribuna legisladores del PAN, PSUM, PMT y PRT, en tanto que los cartonistas dibujaban al jefe del Ejecutivo rodeado de un rebaño de borregos y a los diputados del PRI sin cerebro. Eran los "descerebrados".
Con discursos vehementes, a gritos, Valle, Pascoe, Castillo, Alcocer, Moncayo y Verdugo, y otros como el panista Juan de Dios Castro, pedían a los del PRI que pensaran con cabeza propia, que se sacudieran la tutela del Presidente, recordaban que representaban al pueblo, no la voluntad de un sólo hombre, al que unos motejaban como "el pastor" y otros como "el gran legislador". Los diputados del PRI eran "la borregada", porque todo era consultado en Los Pinos.
Diez años después, al inicio de la histórica 57 Legislatura -1997-, y en congruencia con décadas de lucha por la independencia del Congreso -y aunque usted no lo crea-, ese 1 de septiembre de 1997 desde la tribuna de San Lázaro se acuñaron declaraciones históricas como: "En México no se puede seguir teniendo un legislador unipersonal... para el grupo parlamentario del PRD, la nueva pluralidad en la Cámara de Diputados es producto de 30 años de lucha de las fuerzas democráticas del país, y sin mayoría de ningún partido, no habrá ni gran legislador ni patrón ni pastor; habrá contienda parlamentaria real". ¿Quién dijo eso? Sí, Pablo Gómez.
Pero no fue el único. En un lance poético, ese 1 de septiembre de 1997 el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo al responder el tercer Informe de Zedillo: "En México ya no hay espacio para que ningún poder quede subordinado a otro... la obcecación es contraria a la sabiduría y nociva para los quehaceres del Estado... el ejercicio democrático del poder es, ciertamente, mandar obedeciendo", y terminó con una advertencia al presidente: "Cada uno de nosotros somos tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos".
Tampoco fue todo. En ese 1997 el jefe de los diputados del Partido del Trabajo era Gonzalo Yáñez, quien también desde la tribuna se aventó lo siguiente: "Terminaron los tiempos de sometimiento del Poder Legislativo... las prácticas de la Cámara de Diputados cambiaron porque este país por fin está cambiando... y no habrá más manipulación del Congreso".
Bueno, pues ahora resulta que en esa grosera regresión democrática en México, sobre todo en el Congreso, están de vuelta los viejos tiempos del "pastor y su rebaño", de "el gran legislador", de los diputados "sin cabeza propia", y el Congreso se encuentra secuestrado por "la voluntad de un solo hombre", por el "presidente legítimo", rescate que festejaron como uno de los grandes triunfos de la democracia, ese 1 de septiembre de 2007, los diputados opositores Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo y Gonzalo Yáñez.
¿Qué quiere decir lo que vemos?
Está muy claro. Se confirma que los legisladores del PRD viven secuestrados por la voluntad de un hombre, el que se dice "presidente legítimo", como hasta antes de ese 1 de septiembre de 1997 los diputados del PRI vivían secuestrados por la voluntad de un solo hombre, el que despachaba en Los Pinos, al que todos conocían como el presidente constitucional. Y se confirma que así como hoy AMLO controla el Congreso con la violencia, lo hubiese controlado con la fuerza si hubiese ganado en julio de 2006.
Pero además, cuando se da a conocer la más reciente discusión entre AMLO y Carlos Navarrete, se confirma lo que aquí revelamos el 28 de mayo de 2007, una conversación similar, entre AMLO y Navarrete, en la que, palabras más, palabras menos, se dice lo que hoy aparece como revelación y, además, que el "legítimo" no está dispuesto a aprobar nada que sirva al gobierno. Está dispuesto a todo para tirar a Calderón, incluso, que se hunda Pemex.
No es un secreto -y lo confirma la grabación-, una feroz disputa por el control del PRD, de la izquierda, de los grupos parlamentarios. Pero lo más grave es que el PRD es hoy una grosera copia del PRI, porque sus diputados están sometidos no sólo a un hombre, a un mesiánico delirante de poder, sino que en una de las más grotescas farsas de la política mexicana se dice "presidente legítimo". Sí, les guste o no a los perredistas, están convertidos en todo aquello que dijeron combatir.
Los diputados del PRD son, incluso, un rebaño político idéntico al que criticaron en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas... Les han ordenado desconocer un proceso electoral y lo han desconocido, secuestrar al Congreso y lo han secuestrado, destruir al PRD y lo han destruido, dinamitar la democracia y la han dinamitado. ¿Hasta cuándo?
Ricardo Alemán
Itinerario Político
--------------------------
Muchos en el PRD no son de izquierda. Son priístas de la vieja guardia, de los "nacionalistas revolucionarios" que tuvieron su máxima expresión en la docena trágica (1970-1982). Por eso aquí hemos dicho que en México no hay una izquierda progresista, como la del PSOE en España, la de Chile, o incluso la de Brasil. Siguen atados a paradigmas del pasado. Lucha de clases, dictadura del proletariado, la colectividad sobre la individualidad. Lo más triste no es que haya políticos que sigan ese juego para su beneficio personal o de su partido. Lo más triste es que mucha gente les cree.
Gracias George por compartir esta columna de Ricardo Alemán.
Hoy el PRD está secuestrado por un solo hombre. El "legítimo", dispuesto a todo para tirar a Calderón
Hace dos décadas, la oposición de derecha y de izquierda peleaba por rescatar la independencia del Congreso de la secuestrada voluntad de un solo hombre. A los diputados y senadores del PRI les decían borregos, descerebrados, sometidos, conciencias secuestradas, títeres. Hoy el PRD es copia fiel de ese PRI, y está secuestrado por un solo hombre, por el "presidente legítimo". Vemos la muerte del PRD y al PRI de aquellos años revivido. Va la historia.
Entre 1982-1988 las legislaturas 52 y 53 de la Cámara de Diputados mostraron una inédita pluralidad en la que no sólo estaban presentes PRI y PAN, sino que gracias a la reforma política de López Portillo participaban legisladores de PSUM, PMT y PRT -la izquierda de entonces-, a la que representaban políticos como Eduardo Valle, Ricardo Pascoe, Heberto Castillo, Jorge Alcocer, Pablo Pascual y Arnoldo Martínez Verdugo, entre muchos otros.
Las crónicas parlamentarias de entonces recrean con puntualidad los recursos discursivos preferidos de los opositores al PRI: "borregos", "sometidos", "conciencias secuestradas", "títeres", les decían a los del PRI desde la tribuna legisladores del PAN, PSUM, PMT y PRT, en tanto que los cartonistas dibujaban al jefe del Ejecutivo rodeado de un rebaño de borregos y a los diputados del PRI sin cerebro. Eran los "descerebrados".
Con discursos vehementes, a gritos, Valle, Pascoe, Castillo, Alcocer, Moncayo y Verdugo, y otros como el panista Juan de Dios Castro, pedían a los del PRI que pensaran con cabeza propia, que se sacudieran la tutela del Presidente, recordaban que representaban al pueblo, no la voluntad de un sólo hombre, al que unos motejaban como "el pastor" y otros como "el gran legislador". Los diputados del PRI eran "la borregada", porque todo era consultado en Los Pinos.
Diez años después, al inicio de la histórica 57 Legislatura -1997-, y en congruencia con décadas de lucha por la independencia del Congreso -y aunque usted no lo crea-, ese 1 de septiembre de 1997 desde la tribuna de San Lázaro se acuñaron declaraciones históricas como: "En México no se puede seguir teniendo un legislador unipersonal... para el grupo parlamentario del PRD, la nueva pluralidad en la Cámara de Diputados es producto de 30 años de lucha de las fuerzas democráticas del país, y sin mayoría de ningún partido, no habrá ni gran legislador ni patrón ni pastor; habrá contienda parlamentaria real". ¿Quién dijo eso? Sí, Pablo Gómez.
Pero no fue el único. En un lance poético, ese 1 de septiembre de 1997 el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo al responder el tercer Informe de Zedillo: "En México ya no hay espacio para que ningún poder quede subordinado a otro... la obcecación es contraria a la sabiduría y nociva para los quehaceres del Estado... el ejercicio democrático del poder es, ciertamente, mandar obedeciendo", y terminó con una advertencia al presidente: "Cada uno de nosotros somos tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos".
Tampoco fue todo. En ese 1997 el jefe de los diputados del Partido del Trabajo era Gonzalo Yáñez, quien también desde la tribuna se aventó lo siguiente: "Terminaron los tiempos de sometimiento del Poder Legislativo... las prácticas de la Cámara de Diputados cambiaron porque este país por fin está cambiando... y no habrá más manipulación del Congreso".
Bueno, pues ahora resulta que en esa grosera regresión democrática en México, sobre todo en el Congreso, están de vuelta los viejos tiempos del "pastor y su rebaño", de "el gran legislador", de los diputados "sin cabeza propia", y el Congreso se encuentra secuestrado por "la voluntad de un solo hombre", por el "presidente legítimo", rescate que festejaron como uno de los grandes triunfos de la democracia, ese 1 de septiembre de 2007, los diputados opositores Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo y Gonzalo Yáñez.
¿Qué quiere decir lo que vemos?
Está muy claro. Se confirma que los legisladores del PRD viven secuestrados por la voluntad de un hombre, el que se dice "presidente legítimo", como hasta antes de ese 1 de septiembre de 1997 los diputados del PRI vivían secuestrados por la voluntad de un solo hombre, el que despachaba en Los Pinos, al que todos conocían como el presidente constitucional. Y se confirma que así como hoy AMLO controla el Congreso con la violencia, lo hubiese controlado con la fuerza si hubiese ganado en julio de 2006.
Pero además, cuando se da a conocer la más reciente discusión entre AMLO y Carlos Navarrete, se confirma lo que aquí revelamos el 28 de mayo de 2007, una conversación similar, entre AMLO y Navarrete, en la que, palabras más, palabras menos, se dice lo que hoy aparece como revelación y, además, que el "legítimo" no está dispuesto a aprobar nada que sirva al gobierno. Está dispuesto a todo para tirar a Calderón, incluso, que se hunda Pemex.
No es un secreto -y lo confirma la grabación-, una feroz disputa por el control del PRD, de la izquierda, de los grupos parlamentarios. Pero lo más grave es que el PRD es hoy una grosera copia del PRI, porque sus diputados están sometidos no sólo a un hombre, a un mesiánico delirante de poder, sino que en una de las más grotescas farsas de la política mexicana se dice "presidente legítimo". Sí, les guste o no a los perredistas, están convertidos en todo aquello que dijeron combatir.
Los diputados del PRD son, incluso, un rebaño político idéntico al que criticaron en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas... Les han ordenado desconocer un proceso electoral y lo han desconocido, secuestrar al Congreso y lo han secuestrado, destruir al PRD y lo han destruido, dinamitar la democracia y la han dinamitado. ¿Hasta cuándo?
Ricardo Alemán
Itinerario Político
--------------------------
Muchos en el PRD no son de izquierda. Son priístas de la vieja guardia, de los "nacionalistas revolucionarios" que tuvieron su máxima expresión en la docena trágica (1970-1982). Por eso aquí hemos dicho que en México no hay una izquierda progresista, como la del PSOE en España, la de Chile, o incluso la de Brasil. Siguen atados a paradigmas del pasado. Lucha de clases, dictadura del proletariado, la colectividad sobre la individualidad. Lo más triste no es que haya políticos que sigan ese juego para su beneficio personal o de su partido. Lo más triste es que mucha gente les cree.
Gracias George por compartir esta columna de Ricardo Alemán.
Etiquetas: AMLO, congreso, fanatismo, fascismo, intolerancia, izquierda, PRD, PRI, reaccionario
domingo, julio 27, 2008
SuperLiga y consulta
Jueves 24 de julio 2008
1. En el torneo llamado SuperLiga, en el que contienden cuatro equipos de futbol mexicanos y cuatro estadounidenses, acaba de suceder algo insólito que tiene que ver con los reglamentos que ordenan a una competencia y con su aplicación. También con el sentido común.
En el grupo A, tres equipos quedaron empatados con seis puntos, fruto de dos victorias y una derrota en cada caso. El Dynamo de Houston, Guadalajara y Atlante estaban en esa situación. El otro competidor, el D.C. United, perdió sus tres partidos. No obstante, sólo podían calificar a la siguiente ronda el primero y el segundo lugar. ¿Qué criterio de desempate debía ser aplicado? Ésa era la pregunta clave.
Al parecer, las normas establecían dos criterios para resolver la cuestión: a) quien hubiera resultado vencedor en la contienda entre los empatados y b) la mejor diferencia de goles. El primer criterio, en este caso, resultaba inoperante: el Atlante le ganó al Guadalajara, el Guadalajara hizo eso mismo contra el Dynamo, y el Dynamo venció sobre el Atlante. Y los tres le ganaron al D.C. United. De tal suerte que la diferencia de goles parecía el único criterio posible.
El Dynamo tenía 7 goles a favor y 2 en contra; el Guadalajara, 3 y 3, y el Atlante, 5 y 6. De tal suerte que establecer quiénes pasaban a la siguiente ronda resultaba sencillo, transparente y justo. Pero, no. Los organizadores decidieron aplicar dos criterios distintos ante una situación no similar sino idéntica: el primer lugar se definiría por la diferencia de goles (ganó el Dynamo) y el segundo por el resultado del encuentro entre los dos restantes equipos (el Atlante le ganó 2 a 0 al Guadalajara).
Total: un oso de aquéllos, de los que hacen época. Al aplicar dos criterios diferentes se llegó al absurdo (documentado en el suplemento Cancha, 21/07/08) de que lo mejor para las Chivas, en su último encuentro, hubiese sido perder por 8 a 0. De esa manera el Atlante sería el primer lugar gracias al criterio de mejor diferencia de goles, y el Guadalajara hubiese sido segundo, ya que le había ganado al Dynamo por 1 a 0.
Moralejas: a) No se deben aplicar criterios distintos a situaciones similares, y b) si ello se hace lo más probable es que se construyan desembocaduras absurdas, vergonzosas.
2. Veamos ahora la consulta que realizará el gobierno del Distrito Federal en relación a la eventual reforma energética a la luz del episodio anterior. La consulta se efectuará el próximo domingo, ¿cree usted que sería pertinente que el Gobernador de Guerrero -del PRD- hiciera una consulta pública sobre lo que está haciendo el Gobernador del Estado de México -del PRI-? ¿Sería adecuado que el Gobernador de Durango -del PRI- hiciera una consulta sobre los proyectos que lleva a cabo el Gobernador de Querétaro -del PAN-? ¿Convendría que el Gobernador de Guanajuato -del PAN- hiciera una consulta sobre la gestión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal -del PRD-?
Es más, ¿qué diría usted si el Presidente de la República llama a una consulta nacional sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal mientras la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el punto o sobre el Presupuesto mientras el proyecto está siendo debatido y negociado en la Cámara de Diputados? ¿Sería correcto que el Senado de la República llamara a una consulta popular sobre las designaciones que conforman el gabinete del Presidente? En estos casos, los temas son importantes, y tomar la opinión de los ciudadanos nunca está de más.
Pero algo estaría fallando. La lógica de cabeza. Resultaría absurdo. ¿Por qué? Porque las autoridades estarían sobreactuando o actuando más allá de sus competencias. Realizarían una consulta sobre algo que está en el marco de responsabilidades de otra autoridad y de esa manera se estarían extralimitando. Es (creo) de sentido común.
Además, quien revise la Ley de Participación Ciudadana del DF podrá constatar que dicha norma sí autoriza al jefe de Gobierno a realizar consultas... pero únicamente sobre los asuntos sobre los que tiene competencia. Y en el caso de la reforma energética, la "bolita" está en el Congreso. La autoridad está capacitada para consultar sobre aquello que es parte de su responsabilidad, pero consultar lo que es responsabilidad de otros resulta ilógico.
O para decirlo de otra manera: si le parece bien la consulta del domingo 27 le tendrán que parecer bien también las posibles consultas arbitrariamente enunciadas con anterioridad. Porque, como en el caso de la SuperLiga, hay que subrayar que ante situaciones similares deben aplicarse las mismas reglas.
Se dirá, sin embargo, que la importancia del tema energético, la búsqueda de la participación ciudadana, la buena causa, justifica en esta ocasión la consulta. La vieja fórmula de que el fin justifica los medios. Sólo que la coartada no cabe y menos tratándose de una autoridad que debe estar sujeta al principio de legalidad.
Se me acusará de formalista y en efecto. Si algún día llegamos a construir un Estado de derecho digno de ese nombre, las formas -donde cristalizan los compromisos para la vida en común- serán fundamentales, inviolables, porque son las únicas capaces de poner un dique a los abusos de autoridad, que de manera reiterada, por "buenas razones", creen que pueden actuar por encima de los límites que les imponen las leyes.
La consulta bien la podía haber organizado el PRD o una serie de ONG o cualquier grupo de ciudadanos, porque ellos no tienen taxativa alguna. Pero el Gobierno sí. Ese razonamiento elemental: que la autoridad no puede hacer lo que quiera, aunque sea amparada por "buenas causas", es lo que nos cuesta entender y asimilar.
José Woldenberg
1. En el torneo llamado SuperLiga, en el que contienden cuatro equipos de futbol mexicanos y cuatro estadounidenses, acaba de suceder algo insólito que tiene que ver con los reglamentos que ordenan a una competencia y con su aplicación. También con el sentido común.
En el grupo A, tres equipos quedaron empatados con seis puntos, fruto de dos victorias y una derrota en cada caso. El Dynamo de Houston, Guadalajara y Atlante estaban en esa situación. El otro competidor, el D.C. United, perdió sus tres partidos. No obstante, sólo podían calificar a la siguiente ronda el primero y el segundo lugar. ¿Qué criterio de desempate debía ser aplicado? Ésa era la pregunta clave.
Al parecer, las normas establecían dos criterios para resolver la cuestión: a) quien hubiera resultado vencedor en la contienda entre los empatados y b) la mejor diferencia de goles. El primer criterio, en este caso, resultaba inoperante: el Atlante le ganó al Guadalajara, el Guadalajara hizo eso mismo contra el Dynamo, y el Dynamo venció sobre el Atlante. Y los tres le ganaron al D.C. United. De tal suerte que la diferencia de goles parecía el único criterio posible.
El Dynamo tenía 7 goles a favor y 2 en contra; el Guadalajara, 3 y 3, y el Atlante, 5 y 6. De tal suerte que establecer quiénes pasaban a la siguiente ronda resultaba sencillo, transparente y justo. Pero, no. Los organizadores decidieron aplicar dos criterios distintos ante una situación no similar sino idéntica: el primer lugar se definiría por la diferencia de goles (ganó el Dynamo) y el segundo por el resultado del encuentro entre los dos restantes equipos (el Atlante le ganó 2 a 0 al Guadalajara).
Total: un oso de aquéllos, de los que hacen época. Al aplicar dos criterios diferentes se llegó al absurdo (documentado en el suplemento Cancha, 21/07/08) de que lo mejor para las Chivas, en su último encuentro, hubiese sido perder por 8 a 0. De esa manera el Atlante sería el primer lugar gracias al criterio de mejor diferencia de goles, y el Guadalajara hubiese sido segundo, ya que le había ganado al Dynamo por 1 a 0.
Moralejas: a) No se deben aplicar criterios distintos a situaciones similares, y b) si ello se hace lo más probable es que se construyan desembocaduras absurdas, vergonzosas.
2. Veamos ahora la consulta que realizará el gobierno del Distrito Federal en relación a la eventual reforma energética a la luz del episodio anterior. La consulta se efectuará el próximo domingo, ¿cree usted que sería pertinente que el Gobernador de Guerrero -del PRD- hiciera una consulta pública sobre lo que está haciendo el Gobernador del Estado de México -del PRI-? ¿Sería adecuado que el Gobernador de Durango -del PRI- hiciera una consulta sobre los proyectos que lleva a cabo el Gobernador de Querétaro -del PAN-? ¿Convendría que el Gobernador de Guanajuato -del PAN- hiciera una consulta sobre la gestión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal -del PRD-?
Es más, ¿qué diría usted si el Presidente de la República llama a una consulta nacional sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal mientras la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el punto o sobre el Presupuesto mientras el proyecto está siendo debatido y negociado en la Cámara de Diputados? ¿Sería correcto que el Senado de la República llamara a una consulta popular sobre las designaciones que conforman el gabinete del Presidente? En estos casos, los temas son importantes, y tomar la opinión de los ciudadanos nunca está de más.
Pero algo estaría fallando. La lógica de cabeza. Resultaría absurdo. ¿Por qué? Porque las autoridades estarían sobreactuando o actuando más allá de sus competencias. Realizarían una consulta sobre algo que está en el marco de responsabilidades de otra autoridad y de esa manera se estarían extralimitando. Es (creo) de sentido común.
Además, quien revise la Ley de Participación Ciudadana del DF podrá constatar que dicha norma sí autoriza al jefe de Gobierno a realizar consultas... pero únicamente sobre los asuntos sobre los que tiene competencia. Y en el caso de la reforma energética, la "bolita" está en el Congreso. La autoridad está capacitada para consultar sobre aquello que es parte de su responsabilidad, pero consultar lo que es responsabilidad de otros resulta ilógico.
O para decirlo de otra manera: si le parece bien la consulta del domingo 27 le tendrán que parecer bien también las posibles consultas arbitrariamente enunciadas con anterioridad. Porque, como en el caso de la SuperLiga, hay que subrayar que ante situaciones similares deben aplicarse las mismas reglas.
Se dirá, sin embargo, que la importancia del tema energético, la búsqueda de la participación ciudadana, la buena causa, justifica en esta ocasión la consulta. La vieja fórmula de que el fin justifica los medios. Sólo que la coartada no cabe y menos tratándose de una autoridad que debe estar sujeta al principio de legalidad.
Se me acusará de formalista y en efecto. Si algún día llegamos a construir un Estado de derecho digno de ese nombre, las formas -donde cristalizan los compromisos para la vida en común- serán fundamentales, inviolables, porque son las únicas capaces de poner un dique a los abusos de autoridad, que de manera reiterada, por "buenas razones", creen que pueden actuar por encima de los límites que les imponen las leyes.
La consulta bien la podía haber organizado el PRD o una serie de ONG o cualquier grupo de ciudadanos, porque ellos no tienen taxativa alguna. Pero el Gobierno sí. Ese razonamiento elemental: que la autoridad no puede hacer lo que quiera, aunque sea amparada por "buenas causas", es lo que nos cuesta entender y asimilar.
José Woldenberg
Etiquetas: congreso, consulta, demagogia, democracia, Ebrard, GDF, leyes, PEMEX, petroleo, PRD, reformas
jueves, julio 24, 2008
Petróleo: guajolotes o riqueza + Dos enfoques: PRI-PRD y PAN
Luego de semanas de debate y de decenas de oradores, el saldo final del foro energético debe medirse en función del fin del ciclo petrolero priísta con el colapso de Pemex y del inicio del papel estratégico del petróleo en el desarrollo mexicano.
Asimismo, la conclusión debe medirse en función de ocho dilemas:
1.- Regresar al 1938 de Cárdenas en que el Estado expropió las empresas petroleras en contexto laboral irrepetible o dar el paso hacia delante y convertir al petróleo en el detonador de un nuevo modelo de desarrollo sin ceder el dominio constitucional del Estado.
2.- Regresar el Estado a los tiempos de Echeverría para que toda la industria petrolera dependa del sector público y burocratizarla o salvaguardar el dominio exclusivo del Estado pero utilizar la inversión privada para impulsar un más rápido desarrollo del sector energético controlado por Pemex como empresa cien por ciento paraestatal.
3.- Profesionalizar a Pemex para convertirla en una empresa fuerte y poderosa o esconder a la empresa para ocultarla detrás de los miedos a otras empresas o a la competencia y dejar pasar la oportunidad de los precios altos que exigen inversiones urgentes para más reservas.
4.- Mantener el Estado rector del desarrollo y la industria petrolera mixta que ya existe o regresar al Estado gestor directo del manejo de Pemex con la experiencia de que toda empresa paraestatal depende de los intereses del gobierno en turno y siempre pierde posibilidades por el manejo inevitablemente burocrático de su administración. La expropiación de la banca fracasó por el despilfarro de sus directores designados por el gobierno.
5.- Asumir el petróleo como un recurso comerciable en función de producción-venta o darle la noción misma de nacionalismo o establecerlo como el punto de definición de tres políticas que los gobiernos mexicanos han eludido: la política de seguridad nacional, la política de relaciones con los Estados Unidos y la política de contribución a un nuevo orden energético internacional.
6.- Optar por el Estado populista o neoliberal o buscar la opción del Estado promotor del desarrollo manteniendo el control del petróleo y la rectoría del desarrollo pero aprovechando el capital privado para reimpulsar la empresa. López Portillo expropió la banca para el desarrollo pero los banqueros estatales no pudieron convertirla en el pivote del desarrollo. Eso sí, los banqueros estatales expoliaron a los bancos.
7.- Aceptar el desafío de la reorganización del capitalismo internacional con una participación activa y sin miedos para defender posiciones o sumarse pasivamente a las corrientes de crítica a la corporativización de los Estados y por tanto rechazar cualquier inversión privada y desaprovechar el potencial energético, mientras de todos modos el capitalismo se reorganizará para beneficio de sus participantes y no de sus críticos.
8.- Definir si el problema de Pemex es de organización administrativa, presupuestal y productiva de la empresa o si debe definirse primero el modelo de desarrollo nacional, la política presupuestal del Estado y la estrategia de seguridad nacional y después darle su espacio a Pemex.
Además de los dilemas que tienen que ver con la alternancia --ahora sí-- partidista en la presidencia de la república, el foro en el Senado sirvió para fijar las posiciones de los partidos políticos: el PAN se quedó en la reorganización administrativa de la empresa sin evaluar los perfiles políticos, de seguridad nacional y de desarrollo; el PRI se opuso a cualquier reforma de Pemex que cambie la situación actual de una empresa típicamente priísta en materia de corrupción, saqueo sindical y manipulación política; y el PRD dejó claro que desea un petróleo bajo el control absoluto del Estado y de la burocracia gobernante.
Pero a pesar de las limitaciones en las posiciones y de debates mediocres, el saldo final coincidente fue bastante obvio: Pemex ya no debe ser la empresa del sistema político priísta y debe dar el paso a la modernización que permita un mejor aprovechamiento del potencial petrolero. Por tanto, el Pemex priísta fue condenado por todos los asistentes al foro, aún por priístas que criticaron a la empresa como si sus defectos hubieran sido producto de una gestión de extraterrestres de Marte. El Pemex que todos criticaron es el Pemex que heredó el sistema priísta después de 50 años de gestión, porque los directores bajo el foxismo habían sido priístas y el actual director Jesús Reyes Heroles fue --¿es?-- un importante político priísta, hijo de un priísta también director de Pemex.
Los documentos históricos hablan de una expropiación hecha contra la rebeldía laboral de las compañías extranjeras. La segunda expropiación petrolera debe fijar la política de convertir el petróleo en un detonador del desarrollo sin perder la soberanía absoluta del Estado sobre el recurso pero abriéndose a la inversión privada sin los complejos del pasado.
Si la expropiación de 1938 se pagó con guajolotes que donó el pueblo, ahora se trata de definir al petróleo como el instrumento del desarrollo y fuente de riqueza. El mejor nacionalismo es el que promueve el desarrollo.
Carlos Ramírez
(Blog e Indicador Político TV en www.grupotransicion.com.mx.)
Etiquetas: congreso, conservador, corporativismo, corrupcion, crecimiento, demagogia, economia, inversión, PAN, PEMEX, petroleo, PRD, PRI, reaccionario, reformas, soberania
lunes, julio 21, 2008
La tramposa confusión
Todos hablan de la democracia y a nombre de los valores democráticos. No hay quien se atreva a cuestionar al régimen universalmente acreditado. Y sin embargo, la palabra tan salivada pierde precisión como concepto. Las medidas más opuestas, los instrumentos más contradictorios, las prácticas más disímiles reciben elogio idéntico. Resulta que todos veneramos la misma palabra y cada uno la define a su antojo. La confusión no es siempre inocente. Hay mucha trampa en el embrollo. Trucos para que cualquier política encuentre el baño bendito de la legitimación democrática.
El debate sobre el petróleo refleja esta tramposa confusión. La oposición a la reforma presidencial encontró una salida astuta: organizar una consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan la suerte de la propuesta. En apariencia, la idea es impecable: escapar de la tenaza de las élites y permitir que la gente decida. Que empuje con su voto la iniciativa presidencial o que la detenga.
¿Quién teme a la decisión popular?, preguntan los promotores de la consulta. Sólo los oligarcas que recelan de la ciudadanía se oponen. Sin miedo a la participación colectiva, hay que democratizar la democracia y darle a la gente el voto decisivo.
El instrumento de la consulta, sin embargo, no podría estar más fuera de sitio que en este debate. Los dispositivos de democracia semidirecta tienen sentido cuando es necesaria una inyección extraordinaria de legitimidad a una decisión trascendente. Puede funcionar cuando existen dispositivos confiables de imparcialidad y cuando el tema puede reducirse a una opción simple. Quienes han participado en el debate sobre el petróleo coinciden en la complejidad del tema y en la necesidad de abordar las múltiples aristas del problema y las muchas implicaciones de cada una de las propuestas.
En todo caso, no pueden compactarse decisiones complejas que implican una cadena abundante de transformaciones, a un simple respaldo o rechazo. ¿Respaldo a qué, rechazo de qué? El intento de síntesis del Instituto Electoral del Distrito Federal es, como ya han advertido los especialistas, un fracaso. Se comprimen varias iniciativas en una sola, sin darle a la gente la oportunidad de discernir sobre ellas.
La intermediación política adquiere en asuntos como éste su verdadero sentido. Reformas como la petrolera son el jugo del trabajo parlamentario. Insertar aquí una consulta es desconocer el valioso aporte de los institutos representativos. Es que el gran servicio del trabajo parlamentario es precisamente la posibilidad de encontrar coincidencias que vayan más allá del sí y del no. El oficio de los congresos es escapar de esa lógica y fabricar acuerdos.
En el Congreso puede encontrarse acomodo a intereses diversos y convertirse la política binaria en política que agrega. Por eso éste es el tiempo del Congreso. A esta instancia corresponde calibrar el mérito de las propuestas y el basamento de las resistencias. El Congreso, así sea visto por la ciudadanía como un nido de ineptos y charlatanes, está llamado a convertirse en fuente de una política imaginativa que logre el acuerdo necesario. El contraste con la política del referendo es notable. Mientras la consulta congela la decisión política en disyuntiva entre dos monosílabos, la política congresional abre el espacio para la conjunción de visiones distintas. Si la consulta endurece la política, el Congreso puede oxigenarla.
Desde luego, una consulta como la que promueve la oposición de izquierda es un premio a la movilización. Se sabe bien que no es el mecanismo idóneo para sopesar la opinión pública. Para ello, los mecanismos demoscópicos son infinitamente mejores. En realidad, la consulta que se nos ofrece como democratizadora no es más que una manifestación con urnas. Un gran mitin que no se reúne en la plaza, sino que se agrega simbólicamente en las urnas. Imposible eliminar el sesgo del convocante que llamará preponderantemente a sus seguidores. Los opositores tendrán derecho a expresarse por esta vía; lo que no es aceptable es que presenten la voz de sus partidarios como la voz de la gente. Es falso, pues, que la política del referendo sea, en todo caso, más democrática que la política parlamentaria.
Otra tramposa confusión se cobija bajo el prestigio del consenso. Se sugiere que el consenso es una valiosa añadidura democrática. El argumento parte de la absurda condena de lo que se ha ido tildando como "mayoriteo". En el delirante vocabulario del presente, la decisión de la mayoría se vuelve odiosa. Se aspira, en cambio, a una decisión que vaya más allá de la aritmética para alcanzar el "consenso".
La idea ha sido expuesta por el Rector de la Universidad Nacional, quien pidió recientemente una reforma "que no divida" y que sea algo "que salga de consenso". Bajo la romántica cortina de la conciliación política se esconde una trampa que nada tiene de democrática: el consenso -que debemos entender como el consentimiento entre todos los miembros de un grupo- implica el poder absoluto de la minoría más diminuta.
En efecto, la búsqueda de consenso otorga a cualquier grupo, por pequeño que sea, un veto insuperable. La política del consenso es por ello contraria al gobierno democrático de las mayorías y contraria también a la exigencia democrática de la decisión. La aspiración consensual cancela el deber de decidir y bloquea la posibilidad del movimiento.
Bajo la bandera democrática se esconden dos trampas: la demagogia de una consulta de partido y la demagogia de un romántico consenso. El debate petrolero necesita encontrar el cauce de sus instituciones y entender que la democracia es procesamiento de desacuerdos.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com
El debate sobre el petróleo refleja esta tramposa confusión. La oposición a la reforma presidencial encontró una salida astuta: organizar una consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan la suerte de la propuesta. En apariencia, la idea es impecable: escapar de la tenaza de las élites y permitir que la gente decida. Que empuje con su voto la iniciativa presidencial o que la detenga.
¿Quién teme a la decisión popular?, preguntan los promotores de la consulta. Sólo los oligarcas que recelan de la ciudadanía se oponen. Sin miedo a la participación colectiva, hay que democratizar la democracia y darle a la gente el voto decisivo.
El instrumento de la consulta, sin embargo, no podría estar más fuera de sitio que en este debate. Los dispositivos de democracia semidirecta tienen sentido cuando es necesaria una inyección extraordinaria de legitimidad a una decisión trascendente. Puede funcionar cuando existen dispositivos confiables de imparcialidad y cuando el tema puede reducirse a una opción simple. Quienes han participado en el debate sobre el petróleo coinciden en la complejidad del tema y en la necesidad de abordar las múltiples aristas del problema y las muchas implicaciones de cada una de las propuestas.
En todo caso, no pueden compactarse decisiones complejas que implican una cadena abundante de transformaciones, a un simple respaldo o rechazo. ¿Respaldo a qué, rechazo de qué? El intento de síntesis del Instituto Electoral del Distrito Federal es, como ya han advertido los especialistas, un fracaso. Se comprimen varias iniciativas en una sola, sin darle a la gente la oportunidad de discernir sobre ellas.
La intermediación política adquiere en asuntos como éste su verdadero sentido. Reformas como la petrolera son el jugo del trabajo parlamentario. Insertar aquí una consulta es desconocer el valioso aporte de los institutos representativos. Es que el gran servicio del trabajo parlamentario es precisamente la posibilidad de encontrar coincidencias que vayan más allá del sí y del no. El oficio de los congresos es escapar de esa lógica y fabricar acuerdos.
En el Congreso puede encontrarse acomodo a intereses diversos y convertirse la política binaria en política que agrega. Por eso éste es el tiempo del Congreso. A esta instancia corresponde calibrar el mérito de las propuestas y el basamento de las resistencias. El Congreso, así sea visto por la ciudadanía como un nido de ineptos y charlatanes, está llamado a convertirse en fuente de una política imaginativa que logre el acuerdo necesario. El contraste con la política del referendo es notable. Mientras la consulta congela la decisión política en disyuntiva entre dos monosílabos, la política congresional abre el espacio para la conjunción de visiones distintas. Si la consulta endurece la política, el Congreso puede oxigenarla.
Desde luego, una consulta como la que promueve la oposición de izquierda es un premio a la movilización. Se sabe bien que no es el mecanismo idóneo para sopesar la opinión pública. Para ello, los mecanismos demoscópicos son infinitamente mejores. En realidad, la consulta que se nos ofrece como democratizadora no es más que una manifestación con urnas. Un gran mitin que no se reúne en la plaza, sino que se agrega simbólicamente en las urnas. Imposible eliminar el sesgo del convocante que llamará preponderantemente a sus seguidores. Los opositores tendrán derecho a expresarse por esta vía; lo que no es aceptable es que presenten la voz de sus partidarios como la voz de la gente. Es falso, pues, que la política del referendo sea, en todo caso, más democrática que la política parlamentaria.
Otra tramposa confusión se cobija bajo el prestigio del consenso. Se sugiere que el consenso es una valiosa añadidura democrática. El argumento parte de la absurda condena de lo que se ha ido tildando como "mayoriteo". En el delirante vocabulario del presente, la decisión de la mayoría se vuelve odiosa. Se aspira, en cambio, a una decisión que vaya más allá de la aritmética para alcanzar el "consenso".
La idea ha sido expuesta por el Rector de la Universidad Nacional, quien pidió recientemente una reforma "que no divida" y que sea algo "que salga de consenso". Bajo la romántica cortina de la conciliación política se esconde una trampa que nada tiene de democrática: el consenso -que debemos entender como el consentimiento entre todos los miembros de un grupo- implica el poder absoluto de la minoría más diminuta.
En efecto, la búsqueda de consenso otorga a cualquier grupo, por pequeño que sea, un veto insuperable. La política del consenso es por ello contraria al gobierno democrático de las mayorías y contraria también a la exigencia democrática de la decisión. La aspiración consensual cancela el deber de decidir y bloquea la posibilidad del movimiento.
Bajo la bandera democrática se esconden dos trampas: la demagogia de una consulta de partido y la demagogia de un romántico consenso. El debate petrolero necesita encontrar el cauce de sus instituciones y entender que la democracia es procesamiento de desacuerdos.
Jesús Silva-Herzog Márquez
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lunes, abril 28, 2008
Daño a la democracia
Algunas voces defienden el acto de fuerza perpetrado contra el Congreso por los propios legisladores del FAP y las "brigadas" y "comandos" obradoristas como una medida para impedir el "albazo" de la reforma de la industria petrolera y propiciar la más amplia discusión nacional sobre este importantísimo tema.
Es verdad que el tiempo empleado en la deliberación será siempre tiempo ganado, sobre todo en un país como México, donde el Ejecutivo ha sido predominante. Pero el medio que el FAP eligió es contradictorio con el propio fin que persigue y ha infligido un daño considerable a nuestra democracia.
Si por "albazo" se entiende la aprobación del proyecto sin discusión previa, había muchas vías para obstaculizarlo. Para empezar, en el propio Congreso. De no haber mediado la clausura, los diputados y senadores del FAP, y quizá varios del PRI, hubieran tomado la tribuna no con mantas y cadenas sino con argumentos sólidos y una actitud digna que habría movido muchas conciencias. La vía se desechó.
Otro camino abierto estaba en el uso de las libertades de manifestación y expresión. Hubiesen podido organizarse manifestaciones ordenadas y pacíficas (no "brigadas" y "comandos") con un impacto fuerte sobre la opinión pública. La vía se desechó.
Los medios han dado cobertura a las posiciones del FAP y su Jefe Máximo se ha placeado en varios noticieros de la radio y la televisión. De haber intensificado esa presencia, con firmeza pero sin amenazas, su prédica hubiese encontrado un eco en sectores medios de la población y en regiones donde las posiciones de izquierda son minoritarias. La vía se desechó.
Si la combinación de todas esas estrategias institucionales hubiera fallado y la mayoría del Congreso, en uso de sus facultades legales, hubiese votado en favor de la Reforma tal y como la presentó el Ejecutivo, a la minoría legislativa del FAP le quedaba el recurso de anteponer un amparo en la Suprema Corte de Justicia, que en varios casos delicados ha mostrado su independencia. La vía se desechó.
Pedir que el FAP hubiera acudido a las vías de derecho y no a las de hecho no equivale a soñar con una democracia perfecta. Equivale a sostener que en México deben respetarse los términos elementales, esenciales, imprescindibles de una democracia. No se respetaron por una razón evidente: para López Obrador la democracia liberal no es un modelo aceptable. "Al diablo con sus instituciones" (01-sep-2006), dijo, y lo ha venido cumpliendo cabalmente desde entonces, primero con el Ejecutivo (al que desconoce), luego con el IFE (que descabezó), el Trife (que descalificó), la Suprema Corte (que satanizó), el propio PRD (que dividió) y con el Congreso (que clausuró).
El peso real y simbólico del acto que tuvo lugar hace unos días, aunado al cerco que las "pacíficas" adelitas han tendido alrededor de los representantes del PRI y el PAN no sólo mina y socava sino que, en última instancia, niega la democracia representativa.
Los legisladores del FAP no parecen conscientes de la enormidad que significa el haber clausurado su propia casa. El hecho de que los diputados y senadores, imposibilitados de ejercer su trabajo, hayan sido electos por decenas de millones de mexicanos, los tiene sin cuidado.
El hecho de que el FAP no haya recibido el voto de la mayoría, los tiene sin cuidado. Ellos creen que representan al verdadero "Pueblo", a la verdadera "gente". ¿Y quién les confirió esa máxima representatividad? Una sola persona, su líder, intérprete único de la voluntad del Pueblo.
El acto contra el Congreso abre la caja de Pandora. A partir de ahora, cualquier minoría que quiera imponer su capricho a la mayoría seguirá la receta: bloquear, encadenar, clausurar, secuestrar. ¿Quién podría impedir que los antiabortistas clausuren mañana la Asamblea Legislativa del DF? ¿Quién podría impedir que los que apelan por la pena de muerte secuestren las instituciones hasta que no se haga lo que se les pegue la gana? Si a un grupúsculo religioso le da por revertir el laicismo mexicano tienen desde ya la puerta abierta. ¿Qué sentido tiene el Congreso mismo, y su carácter representativo, si cualquier minoría puede secuestrarlo e imponer su propia agenda?
El artículo 40 de la Constitución dice: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal". A partir de ahora cada una de esas palabras, fundadoras del orden liberal desde 1824, está en entredicho.
El FAP las ha desechado a cambio de un proyecto caudillista al que le costará mucho trabajo alcanzar el poder por la vía de las urnas que él mismo ha negado. Si pretende alcanzarlo por otra vía, precipitará al país a una guerra civil.
Enrique Krauze
Es verdad que el tiempo empleado en la deliberación será siempre tiempo ganado, sobre todo en un país como México, donde el Ejecutivo ha sido predominante. Pero el medio que el FAP eligió es contradictorio con el propio fin que persigue y ha infligido un daño considerable a nuestra democracia.
Si por "albazo" se entiende la aprobación del proyecto sin discusión previa, había muchas vías para obstaculizarlo. Para empezar, en el propio Congreso. De no haber mediado la clausura, los diputados y senadores del FAP, y quizá varios del PRI, hubieran tomado la tribuna no con mantas y cadenas sino con argumentos sólidos y una actitud digna que habría movido muchas conciencias. La vía se desechó.
Otro camino abierto estaba en el uso de las libertades de manifestación y expresión. Hubiesen podido organizarse manifestaciones ordenadas y pacíficas (no "brigadas" y "comandos") con un impacto fuerte sobre la opinión pública. La vía se desechó.
Los medios han dado cobertura a las posiciones del FAP y su Jefe Máximo se ha placeado en varios noticieros de la radio y la televisión. De haber intensificado esa presencia, con firmeza pero sin amenazas, su prédica hubiese encontrado un eco en sectores medios de la población y en regiones donde las posiciones de izquierda son minoritarias. La vía se desechó.
Si la combinación de todas esas estrategias institucionales hubiera fallado y la mayoría del Congreso, en uso de sus facultades legales, hubiese votado en favor de la Reforma tal y como la presentó el Ejecutivo, a la minoría legislativa del FAP le quedaba el recurso de anteponer un amparo en la Suprema Corte de Justicia, que en varios casos delicados ha mostrado su independencia. La vía se desechó.
Pedir que el FAP hubiera acudido a las vías de derecho y no a las de hecho no equivale a soñar con una democracia perfecta. Equivale a sostener que en México deben respetarse los términos elementales, esenciales, imprescindibles de una democracia. No se respetaron por una razón evidente: para López Obrador la democracia liberal no es un modelo aceptable. "Al diablo con sus instituciones" (01-sep-2006), dijo, y lo ha venido cumpliendo cabalmente desde entonces, primero con el Ejecutivo (al que desconoce), luego con el IFE (que descabezó), el Trife (que descalificó), la Suprema Corte (que satanizó), el propio PRD (que dividió) y con el Congreso (que clausuró).
El peso real y simbólico del acto que tuvo lugar hace unos días, aunado al cerco que las "pacíficas" adelitas han tendido alrededor de los representantes del PRI y el PAN no sólo mina y socava sino que, en última instancia, niega la democracia representativa.
Los legisladores del FAP no parecen conscientes de la enormidad que significa el haber clausurado su propia casa. El hecho de que los diputados y senadores, imposibilitados de ejercer su trabajo, hayan sido electos por decenas de millones de mexicanos, los tiene sin cuidado.
El hecho de que el FAP no haya recibido el voto de la mayoría, los tiene sin cuidado. Ellos creen que representan al verdadero "Pueblo", a la verdadera "gente". ¿Y quién les confirió esa máxima representatividad? Una sola persona, su líder, intérprete único de la voluntad del Pueblo.
El acto contra el Congreso abre la caja de Pandora. A partir de ahora, cualquier minoría que quiera imponer su capricho a la mayoría seguirá la receta: bloquear, encadenar, clausurar, secuestrar. ¿Quién podría impedir que los antiabortistas clausuren mañana la Asamblea Legislativa del DF? ¿Quién podría impedir que los que apelan por la pena de muerte secuestren las instituciones hasta que no se haga lo que se les pegue la gana? Si a un grupúsculo religioso le da por revertir el laicismo mexicano tienen desde ya la puerta abierta. ¿Qué sentido tiene el Congreso mismo, y su carácter representativo, si cualquier minoría puede secuestrarlo e imponer su propia agenda?
El artículo 40 de la Constitución dice: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal". A partir de ahora cada una de esas palabras, fundadoras del orden liberal desde 1824, está en entredicho.
El FAP las ha desechado a cambio de un proyecto caudillista al que le costará mucho trabajo alcanzar el poder por la vía de las urnas que él mismo ha negado. Si pretende alcanzarlo por otra vía, precipitará al país a una guerra civil.
Enrique Krauze
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jueves, marzo 06, 2008
¿Qué motivó la expropiación petrolera?
El 18 de marzo celebraremos el 70 aniversario de la expropiación petrolera decretado por el Presidente Lázaro Cárdenas. Sería oportuno recordar las condiciones que llevaron al General Cárdenas a declarar la expropiación de los activos de las empresas extranjeras (el dominio de los recursos petroleros siempre fue de la nación).
Si nos regresamos 70 años, fue el conflicto laboral entre el sindicato petrolero y las empresas del ramo el principal motivo que llevó a Cárdenas a expropiar, por causa de utilidad pública y a favor de la nación, todos los activos incluyendo las concesiones de las compañías petroleras privadas nacionales y extranjeras.
En 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que presionó para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores petroleros. Hay que aclarar que hace más de 70 años, como al día de hoy, las condiciones laborales de los trabajadores petroleros ya eran superiores a las que tenían el resto de los trabajadores mexicanos. Durante 1937 hubo huelgas intermitentes en contra de las compañías petroleras. El 8 de diciembre estalló otra huelga debido a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje no había dado a conocer las conclusiones de la Comisión de Expertos que se había creado para determinar si las compañías petroleras estaban en condiciones de afrontar dichos reclamos laborales.
El 18 de diciembre, la Junta dio el fallo a favor del Sindicato y ordenó pagar a las compañías petroleras por concepto de salarios caídos unos 26 millones de pesos. Las empresas se inconformaron con el fallo e interpusieron un amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia, el cual les fue negado. Las empresas entraron en rebeldía y se les dio de plazo hasta el 7 de marzo para cumplir con el mandato del máximo tribunal de la nación.
Cuando uno lee el Decreto de Expropiación de las Compañías Petroleras, firmado por el Presidente Lázaro Cárdenas, se ve que la principales motivaciones para la expropiación fueron, en primer lugar, resolver el diferendo laboral y, en segundo, mostrar que el Estado mexicano, representado por el Presidente Cárdenas, estaba resuelto a hacer cumplir la ley y obligar al acatamiento de la Suprema Corte de Justicia.
El considerando primero del Decreto dice: "Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos colectivos de trabajo derivados del mencionado laudo".
En el segundo considerando del decreto se razona la preocupación por la suspensión total de las actividades de la industria petrolera derivada de las huelgas y que "en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras".
En el decreto nunca se pone como motivación de la expropiación que las empresas petroleras extranjeras se estuvieran quedando con la renta petrolera ni que estuvieran saqueando el subsuelo mexicano. Para un Gobierno como el de Lázaro Cárdenas que alentaba el sindicalismo, la salida más fácil era enfrentar a las empresas extranjeras expropiándoles sus activos que enfrentar al sindicato petrolero.
Seguramente, dentro de la prepotencia que caracteriza a las empresas petroleras le habrán hablado feo al General y quizá hasta lo hayan amenazado (por petróleo las potencias extranjeras son capaces de todo, pregúntenle a los iraquíes). Y el General hizo uso de las atribuciones metaconstitucionales que tiene el Ejecutivo en contra de los extranjeros. Pero, insisto, la única motivación del decreto de expropiación fue dar fin a un conflicto laboral. Sin embargo, el 18 de marzo de 1938 fue elevado a los altares nacionales y formó parte del mito, de esa arcadia nacionalista y revolucionaria creada y descrita por los priistas, sus historiadores oficiales y que ahora heredan sus hermanos menores los perredistas.
Regresando a marzo del 2008, no existen las mismas condiciones que existían hace 70 años que nos impidan llevar a cabo inversiones conjuntas en contratos de riesgo con empresas extranjeras para perforar y explotar el petróleo en aguas profundas, única alternativa que tenemos para ampliar nuestra disponibilidad de petróleo en los próximos años. Es más nacionalista y soberano buscar alternativas para evitar que en pocos años nos convirtamos en importadores netos de petróleo.
Desgraciadamente, antes que los intereses de la nación, prevalecen los intereses de un Senador que quiere controlar el país a través del gasto y programas sociales y también de un ex candidato presidencial que no quiere perder los reflectores, aunque para eso tenga que estrangular la actividad productiva e incendiar al país.
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
Si nos regresamos 70 años, fue el conflicto laboral entre el sindicato petrolero y las empresas del ramo el principal motivo que llevó a Cárdenas a expropiar, por causa de utilidad pública y a favor de la nación, todos los activos incluyendo las concesiones de las compañías petroleras privadas nacionales y extranjeras.
En 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que presionó para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores petroleros. Hay que aclarar que hace más de 70 años, como al día de hoy, las condiciones laborales de los trabajadores petroleros ya eran superiores a las que tenían el resto de los trabajadores mexicanos. Durante 1937 hubo huelgas intermitentes en contra de las compañías petroleras. El 8 de diciembre estalló otra huelga debido a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje no había dado a conocer las conclusiones de la Comisión de Expertos que se había creado para determinar si las compañías petroleras estaban en condiciones de afrontar dichos reclamos laborales.
El 18 de diciembre, la Junta dio el fallo a favor del Sindicato y ordenó pagar a las compañías petroleras por concepto de salarios caídos unos 26 millones de pesos. Las empresas se inconformaron con el fallo e interpusieron un amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia, el cual les fue negado. Las empresas entraron en rebeldía y se les dio de plazo hasta el 7 de marzo para cumplir con el mandato del máximo tribunal de la nación.
Cuando uno lee el Decreto de Expropiación de las Compañías Petroleras, firmado por el Presidente Lázaro Cárdenas, se ve que la principales motivaciones para la expropiación fueron, en primer lugar, resolver el diferendo laboral y, en segundo, mostrar que el Estado mexicano, representado por el Presidente Cárdenas, estaba resuelto a hacer cumplir la ley y obligar al acatamiento de la Suprema Corte de Justicia.
El considerando primero del Decreto dice: "Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos colectivos de trabajo derivados del mencionado laudo".
En el segundo considerando del decreto se razona la preocupación por la suspensión total de las actividades de la industria petrolera derivada de las huelgas y que "en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras".
En el decreto nunca se pone como motivación de la expropiación que las empresas petroleras extranjeras se estuvieran quedando con la renta petrolera ni que estuvieran saqueando el subsuelo mexicano. Para un Gobierno como el de Lázaro Cárdenas que alentaba el sindicalismo, la salida más fácil era enfrentar a las empresas extranjeras expropiándoles sus activos que enfrentar al sindicato petrolero.
Seguramente, dentro de la prepotencia que caracteriza a las empresas petroleras le habrán hablado feo al General y quizá hasta lo hayan amenazado (por petróleo las potencias extranjeras son capaces de todo, pregúntenle a los iraquíes). Y el General hizo uso de las atribuciones metaconstitucionales que tiene el Ejecutivo en contra de los extranjeros. Pero, insisto, la única motivación del decreto de expropiación fue dar fin a un conflicto laboral. Sin embargo, el 18 de marzo de 1938 fue elevado a los altares nacionales y formó parte del mito, de esa arcadia nacionalista y revolucionaria creada y descrita por los priistas, sus historiadores oficiales y que ahora heredan sus hermanos menores los perredistas.
Regresando a marzo del 2008, no existen las mismas condiciones que existían hace 70 años que nos impidan llevar a cabo inversiones conjuntas en contratos de riesgo con empresas extranjeras para perforar y explotar el petróleo en aguas profundas, única alternativa que tenemos para ampliar nuestra disponibilidad de petróleo en los próximos años. Es más nacionalista y soberano buscar alternativas para evitar que en pocos años nos convirtamos en importadores netos de petróleo.
Desgraciadamente, antes que los intereses de la nación, prevalecen los intereses de un Senador que quiere controlar el país a través del gasto y programas sociales y también de un ex candidato presidencial que no quiere perder los reflectores, aunque para eso tenga que estrangular la actividad productiva e incendiar al país.
Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx
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domingo, marzo 02, 2008
¿No que no?
No, no nos equivocamos. En todo caso nos quedamos cortos. Andrés Manuel es un peligro para México, pero también para los perredistas. El minilinchamiento de Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas, y de González Garza, líder de los diputados del sol azteca, fue una advertencia muy seria. Quienes dentro y fuera del PRD disientan del rayito de esperanza ya saben a qué atenerse. Son traidores a la patria y serán tratados como tales. No habrá tregua ni cuartel. La violencia verbal precedió a la física. Era y es lo que López quiere. No hay confusión ni ambigüedad. Y esto apenas empieza.
2. La intolerancia de Andrés Manuel no es nueva. ¿Ya se olvidó que desde el 2005 tenía una lista negra de intelectuales, periodistas y empresarios, cuyo único pecado era oponérsele frontalmente? ¿Y qué decir de la forma en que denunció a quienes simpatizaban con él, pero no se sumaron a la toma de Reforma y a su Presidencia legítima? Los tachó de traidores a su causa, a su persona y, por supuesto, a la patria. Porque AMLO cree y siente que encarna a la nación toda o, más exactamente, al pueblo bueno. El personaje no se oculta. La disidencia le saca ronchas. Lo suyo no es el debate ni el diálogo. Es la diatriba y la descalificación. Estás conmigo o estás contra mí. En esa lista cabe lo mismo un diario de la Ciudad de México que un conductor de televisión o un militante de Nueva Izquierda.
3. AMLO miente a sabiendas. La verdad no le interesa ni nunca le ha interesado. La lista de sus mentiras y manipulaciones es larga. Mintió al deslindarse de Ponce y Bejarano. Mintió al afirmar que llevaba 10 puntos arriba de Calderón en el 2006. Mintió al proclamar su victoria por 500 mil votos el 2 de julio. Mintió al señalar la desaparición de 3 millones de votos. Mintió al denunciar un fraude cibernético (el famoso algoritmo) y otro a la antigüita. Miente ahora al anunciar un nuevo complot para privatizar Pemex. La estrategia se repite. El fin justifica los medios. López quiere mantenerse como líder máximo del PRD. Y como no tiene programa ni sustancia va a lo suyo: la mentira, la descalificación, la diatriba y la polarización.
4. No hay, sin embargo, que confundirse. López no está loco ni hace malos cálculos. Su apuesta es muy clara: hará todo lo que esté a su alcance, incluso aliarse con el diablo, para que el gobierno de Calderón reviente. Las claves de esa estrategia están, por una parte, en la economía y, por la otra, en la seguridad pública. El rayito de esperanza se ha convertido en un ave de tempestades. Invoca y evoca a los peores demonios. Su divisa es muy clara: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sea quien sea y llámese como se llame. No importa que en ese trance pierda el País y pierdan los mexicanos. La estabilidad y la prosperidad son sus adversarios. La desgracia y el caos, sus aliados. Sólo en ese caldo podrá resurgir como el gran timonel. Es por eso que hay que tomarlo en serio. Su perseverancia y su malicia son a prueba de balas.
5. Los perredistas moderados, Nueva Izquierda, tienen una gran responsabilidad. El verdadero debate no es si Pemex se privatiza o no. El debate de fondo es si el PRD opta por la vía legal e institucional o sigue la línea de la confrontación y la ilegalidad. Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre. En la penumbra todos los gatos son pardos y las posiciones se confunden. La hegemonía de AMLO en el PRD fue consecuencia del pragmatismo: era el único candidato que tenía posibilidades de ganar la Presidencia de la República. Pero después del 2 de julio la ruleta juega en sentido inverso. Los costos de la estrategia de López son muy altos y el electorado le va a pasar la factura en la elección intermedia. La mejor y la única forma de enfrentar lo que viene es diciendo la verdad y llamando a las cosas por su nombre.
6. Desde la barrera uno se pregunta: ¿cuál es el verdadero PRD: el que negocia en el Congreso o el que amaga con la violencia y se erige como juez supremo por encima de las instituciones? La respuesta es simple pero lamentable: ambos son verdaderos. Es la historia del Dr. Jekyll and Mr. Hide. En la victoria se muestran moderados y educados. En la derrota destilan odio y rabia. El balance en el corto plazo no es necesariamente negativo, ya que cobran con la derecha y golpean con la izquierda. Son partido en el gobierno, reciben subsidios, derrochan recursos, pero no se comprometen con las instituciones. Esa dualidad hipoteca su credibilidad y su posibilidad de modernizarse.
7. Es por eso que la izquierda en México se ha convertido en un obstáculo para la modernización. Vivimos en medio del chantaje y la simulación. La estructura funciona mediante círculos concéntricos: López Obrador chantajea al ala moderada del PRD, el PRD chantajea al PRI y el PRI chantajea al PAN. El resultado es la inmovilidad. Los delirios del "Presidente legítimo" paralizan los acuerdos y traban las reformas. Es, a final de cuentas, un poder de veto muy efectivo. Nada se hace por temor a pagar los costos. Pero los costos no son reales. Son el efecto de campañas orquestadas, mentiras y prejuicios. Lo vimos claramente con la reforma fiscal y lo estamos viendo, de nuevo, con la reforma energética.
8. Lo deseable sería que el PRD superara sus dilemas el próximo 16 de marzo cuando se elija a la nueva dirección nacional. No es, sin embargo, probable que así ocurra. López Obrador y las corrientes que lo siguen no abandonarán el partido. El camino de la ruptura es intransitable para ellos. No sólo porque no tienen a dónde irse, sino porque las prebendas y privilegios de la marca registrada son muchos. Amén de que se avecina ya la elección intermedia y pelearán por las candidaturas a la Cámara de Diputados.
9. En el PRD anida el huevo de la serpiente. Si López Obrador, como efecto de sus acciones y de otra serie de circunstancias, gana su apuesta, regresará más fuerte y más intolerante. En el ajuste de cuentas con los traidores y con sus enemigos, que lo son también de la patria, será implacable. Quienes piensan que la victoria y el poder lo moderarán se equivocan.
10. Por todo lo anterior es deseable que Jesús Ortega y Nueva Izquierda ganen la elección interna. Su victoria no resolverá los dilemas ni los problemas del PRD, pero su derrota los agravará sin duda alguna. Ésta es la maldición del Peje sobre los perredistas, sobre la clase política y sobre todos los mexicanos. Al final, los que pagamos la factura de la irresponsabilidad y la mezquindad de la clase política somos los ciudadanos. De ahí nuestro justificado hartazgo.
Jaime Sánchez Susarrey
2. La intolerancia de Andrés Manuel no es nueva. ¿Ya se olvidó que desde el 2005 tenía una lista negra de intelectuales, periodistas y empresarios, cuyo único pecado era oponérsele frontalmente? ¿Y qué decir de la forma en que denunció a quienes simpatizaban con él, pero no se sumaron a la toma de Reforma y a su Presidencia legítima? Los tachó de traidores a su causa, a su persona y, por supuesto, a la patria. Porque AMLO cree y siente que encarna a la nación toda o, más exactamente, al pueblo bueno. El personaje no se oculta. La disidencia le saca ronchas. Lo suyo no es el debate ni el diálogo. Es la diatriba y la descalificación. Estás conmigo o estás contra mí. En esa lista cabe lo mismo un diario de la Ciudad de México que un conductor de televisión o un militante de Nueva Izquierda.
3. AMLO miente a sabiendas. La verdad no le interesa ni nunca le ha interesado. La lista de sus mentiras y manipulaciones es larga. Mintió al deslindarse de Ponce y Bejarano. Mintió al afirmar que llevaba 10 puntos arriba de Calderón en el 2006. Mintió al proclamar su victoria por 500 mil votos el 2 de julio. Mintió al señalar la desaparición de 3 millones de votos. Mintió al denunciar un fraude cibernético (el famoso algoritmo) y otro a la antigüita. Miente ahora al anunciar un nuevo complot para privatizar Pemex. La estrategia se repite. El fin justifica los medios. López quiere mantenerse como líder máximo del PRD. Y como no tiene programa ni sustancia va a lo suyo: la mentira, la descalificación, la diatriba y la polarización.
4. No hay, sin embargo, que confundirse. López no está loco ni hace malos cálculos. Su apuesta es muy clara: hará todo lo que esté a su alcance, incluso aliarse con el diablo, para que el gobierno de Calderón reviente. Las claves de esa estrategia están, por una parte, en la economía y, por la otra, en la seguridad pública. El rayito de esperanza se ha convertido en un ave de tempestades. Invoca y evoca a los peores demonios. Su divisa es muy clara: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sea quien sea y llámese como se llame. No importa que en ese trance pierda el País y pierdan los mexicanos. La estabilidad y la prosperidad son sus adversarios. La desgracia y el caos, sus aliados. Sólo en ese caldo podrá resurgir como el gran timonel. Es por eso que hay que tomarlo en serio. Su perseverancia y su malicia son a prueba de balas.
5. Los perredistas moderados, Nueva Izquierda, tienen una gran responsabilidad. El verdadero debate no es si Pemex se privatiza o no. El debate de fondo es si el PRD opta por la vía legal e institucional o sigue la línea de la confrontación y la ilegalidad. Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre. En la penumbra todos los gatos son pardos y las posiciones se confunden. La hegemonía de AMLO en el PRD fue consecuencia del pragmatismo: era el único candidato que tenía posibilidades de ganar la Presidencia de la República. Pero después del 2 de julio la ruleta juega en sentido inverso. Los costos de la estrategia de López son muy altos y el electorado le va a pasar la factura en la elección intermedia. La mejor y la única forma de enfrentar lo que viene es diciendo la verdad y llamando a las cosas por su nombre.
6. Desde la barrera uno se pregunta: ¿cuál es el verdadero PRD: el que negocia en el Congreso o el que amaga con la violencia y se erige como juez supremo por encima de las instituciones? La respuesta es simple pero lamentable: ambos son verdaderos. Es la historia del Dr. Jekyll and Mr. Hide. En la victoria se muestran moderados y educados. En la derrota destilan odio y rabia. El balance en el corto plazo no es necesariamente negativo, ya que cobran con la derecha y golpean con la izquierda. Son partido en el gobierno, reciben subsidios, derrochan recursos, pero no se comprometen con las instituciones. Esa dualidad hipoteca su credibilidad y su posibilidad de modernizarse.
7. Es por eso que la izquierda en México se ha convertido en un obstáculo para la modernización. Vivimos en medio del chantaje y la simulación. La estructura funciona mediante círculos concéntricos: López Obrador chantajea al ala moderada del PRD, el PRD chantajea al PRI y el PRI chantajea al PAN. El resultado es la inmovilidad. Los delirios del "Presidente legítimo" paralizan los acuerdos y traban las reformas. Es, a final de cuentas, un poder de veto muy efectivo. Nada se hace por temor a pagar los costos. Pero los costos no son reales. Son el efecto de campañas orquestadas, mentiras y prejuicios. Lo vimos claramente con la reforma fiscal y lo estamos viendo, de nuevo, con la reforma energética.
8. Lo deseable sería que el PRD superara sus dilemas el próximo 16 de marzo cuando se elija a la nueva dirección nacional. No es, sin embargo, probable que así ocurra. López Obrador y las corrientes que lo siguen no abandonarán el partido. El camino de la ruptura es intransitable para ellos. No sólo porque no tienen a dónde irse, sino porque las prebendas y privilegios de la marca registrada son muchos. Amén de que se avecina ya la elección intermedia y pelearán por las candidaturas a la Cámara de Diputados.
9. En el PRD anida el huevo de la serpiente. Si López Obrador, como efecto de sus acciones y de otra serie de circunstancias, gana su apuesta, regresará más fuerte y más intolerante. En el ajuste de cuentas con los traidores y con sus enemigos, que lo son también de la patria, será implacable. Quienes piensan que la victoria y el poder lo moderarán se equivocan.
10. Por todo lo anterior es deseable que Jesús Ortega y Nueva Izquierda ganen la elección interna. Su victoria no resolverá los dilemas ni los problemas del PRD, pero su derrota los agravará sin duda alguna. Ésta es la maldición del Peje sobre los perredistas, sobre la clase política y sobre todos los mexicanos. Al final, los que pagamos la factura de la irresponsabilidad y la mezquindad de la clase política somos los ciudadanos. De ahí nuestro justificado hartazgo.
Jaime Sánchez Susarrey
Etiquetas: AMLO, Bejarano, congreso, demagogia, democracia, fanatismo, fascismo, intolerancia, inversión, PEMEX, petroleo, populismo, PRD, reaccionario, reformas
viernes, enero 04, 2008
Inconstitucional
"No interfieran en nada con la Constitución. Debe mantenerse tal cual es porque es la única garantía de nuestras libertades".
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Abraham Lincoln
La Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Esto es lo que nos dice la tradición jurídica mexicana y esto es lo que afirman los jueces que han rechazado, por notoriamente improcedentes, las demandas de amparo en contra de las nuevas disposiciones de la Constitución en materia electoral.
Rechazar un amparo por "notoriamente improcedente" tiene muchas ventajas para un juez. No hay que estudiar el caso, no hay que trabajarlo. Simplemente se aplica una regla previa e inamovible una vez que se determina que el amparo se promueve en contra de una disposición de la Constitución. Poco importa que esta disposición viole otras partes de la misma Constitución.
Más de 70 demandas de amparo se han presentado contra las disposiciones incluidas en la Constitución el pasado mes de noviembre en la nueva reforma electoral. Todas afirman que las nuevas normas violan el artículo 6 de la Constitución que establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Los nuevos artículos de la Constitución, sin embargo, establecen precisamente estas inquisiciones y le dan al nuevo Instituto Federal Electoral facultades de censura. Hasta el 29 de diciembre, sin embargo, sólo un juez, el primero de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había dado entrada a la demanda para analizar el fondo del asunto.
Independientemente de cuál sea la posición que tengamos sobre las nuevas disposiciones electorales -y yo me opongo tanto a ellas que me he unido a la demanda de amparo promovida por Federico Reyes Heroles por lo que reconozco mi posición de parte interesada- los gobernados debemos conocer los riesgos de mantener el dogma de que ninguna disposición de la Constitución puede ser considerada inconstitucional. Esta doctrina nos deja indefensos a los gobernados ante cualquier abuso que la clase política pueda acordar por un número suficiente de votos.
Nuestra Constitución es un amasijo largo, complejo y cambiante de disposiciones. La primera parte es una verdadera Constitución, puesto que se limita a establecer garantías a los derechos individuales. En sus artículos posteriores, sin embargo, el documento se convierte en un mal remedo de una ley secundaria y busca ordenar desde los espacios para mercados públicos y centros de esparcimiento que deben establecer las empresas con más de 200 trabajadores -sí, eso dice el artículo 123- hasta los minutos exactos que los partidos políticos se repartirán en tiempos de radio y televisión en campañas electorales. Mientras que la Constitución de Estados Unidos cuenta con sólo siete artículos y 27 enmiendas en más de 200 años de existencia, la mexicana tiene 136 artículos principales y decenas de transitorios y ha sido enmendada más de 400 veces desde 1917.
Desde hace tiempo algunos juristas mexicanos han señalado que existe una diferencia entre los artículos dogmáticos de la Constitución, los que establecen las garantías individuales, y los demás. Han cuestionado la facultad de los políticos de hacer enmiendas a la Constitución que violen las garantías fundamentales. Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido puestos a prueba en la ley de amparo, que es el único instrumento que tenemos los gobernados para combatir los abusos de la autoridad en nuestra contra.
Quienes presentaron denuncias de amparo contra las nuevas disposiciones constitucionales de la reforma electoral conocían estos antecedentes y estaban conscientes de que los jueces tendrían miedo de entrar en el tema. En los próximos días se presentarán recursos de revisión y lo ideal sería que la Suprema Corte atrajera estos casos y determinara cuáles son los límites al poder del Constituyente Permanente de modificar la Constitución cuando viola las propias garantías individuales que la Constitución establece.
Si esto no se hace, la clase política podrá violar impunemente cualquier derecho individual. Se requerirá solamente de una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y de mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales para eliminar el derecho a la propiedad o a la libertad; para despojar a los comunistas o a los socialistas, a los judíos o a los negros, a los musulmanes o a los evangélicos de sus derechos.
Estoy convencido de que las nuevas disposiciones de la reforma electoral son negativas para los gobernados. Pero más me preocupa el que dejemos que se siente el precedente de que el poder de la clase política no tiene límites, que puede despojarnos a los gobernados de nuestros derechos cuando ella quiera. Es importante que la Suprema Corte de Justicia nos diga si cualquier enmienda a la Constitución es legal... aun cuando viole los preceptos fundamentales de la propia Constitución.
Sergio Sarmiento
Etiquetas: congreso, constitucion, IFE, leyes, liberalismo, libertad, partidocracia
miércoles, diciembre 05, 2007
El miedo a Ortega
Si el PRD quería llegar sin tropiezos ni raspones internos a la elección de su nueva dirigencia nacional, le va a costar. A medida que crece la posibilidad de que Jesús Ortega sea el ganador de la contienda interna, los golpes a la unidad perredista aumentan de potencia.
Ayer se conoció una carta de Andrés Manuel López Obrador en la que exhorta, en términos muy duros, a que los coordinadores perredistas en el Senado y en San Lázaro se retracten de apoyar los cambios a la legislación electoral en materia de coaliciones. Por lo que ha venido pugnando el PRD en el Congreso es que en lugar de coaliciones haya candidaturas comunes. Esto es, que en la boleta no vengan fundidos los logos de los partidos coaligados. Que si llevan el mismo candidato, en la boleta electoral haya un cuadro para cada partido con el nombre de ese candidato. Así se sabrá cuántos votos tiene cada partido.
La ciudadanía será la que diga cuánto pesa, en porcentaje, cada partido, en lugar de que ese porcentaje se acuerde entre dirigencias partidistas en los obscuros convenios de coalición. Si el Verde Ecologista o el Partido del Trabajo se quieren aliar al PRI, al PAN o al PRD, está bien: que lleven el mismo candidato, pero que no negocien previamente una cantidad determinada de curules y de prerrogativas porque eso distorsiona la expresión de la ciudadanía.
Con eso el PRD se quita el chantaje de ir coaligado con partidos que le cobran, por anticipado, seis o siete por ciento de la votación, cuando en realidad sólo tienen dos o uno por ciento del respaldo ciudadano. Si las alianzas se hacen por razones meramente mercantiles, porque a un partido le conviene ir con otro, pues le va a significar asientos en la Cámara de Diputados y dinero público que les va a entregar el IFE, estamos ante una perversión de la democracia. Y si en realidad quieren llevar al mismo candidato por razones ideológicas y de proyectos compartidos, que lo hagan cada cual con sus siglas. La nueva ley no se los impide.
En fin, el caso es que esta reforma, tal como está planteada, le conviene grandemente al PRD y perjudica a partidos que han tenido vida artificial. ¿Por qué entonces López Obrador descalificó en términos tan duros este acuerdo del PRI, el PAN y el PRD para modificar el sistema de coaliciones?
Hay quienes opinan que el plan B de López Obrador está puesto en el Partido del Trabajo, el PT. Hacia allá puede emigrar en caso necesario. O, como lo dijo Fernando Belaunzarán ayer en el programa Frente al País, en Imagen: porque "cuestionan el hecho mismo de los acuerdos". En efecto, a los lopezobradoristas les molesta que se llegue a acuerdos con otras fuerzas, aunque sean benéficos para su partido. Lo que debe imperar es la discordia, el enfrentamiento, la tensión y el agotamiento de las instituciones, el Congreso incluido. Si al país le va mal, a López Obrador le va a ir bien. Ese es su cálculo.
Por eso no quieren que Jesús Ortega llegue a la dirigencia nacional del PRD. Esa es la razón por la cual le ponen piedras, como esta enfática desautorización a las reformas al Cofipe que habían elaborado los coordinadores perredistas en el Congreso, ambos de la corriente Nueva Izquierda, de Jesús Ortega. No quieren un partido socialdemócrata. No quieren un partido que llegue a acuerdos para impulsar su agenda. Lo que quieren es un partido al servicio de una sola persona. Un partido que apueste a la desestabilización del país.
Así lo dijo ayer Porfirio Muñoz Ledo, ahora lopezobradorista furibundo, sobre los cambios al Cofipe en materia de coaliciones: "En caso de que triunfe la corriente perredista que impulsa esa reforma (la de Ortega), la existencia del Frente Amplio Progresista como polo electoral se acabaría El movimiento encabezado por López Obrador, al ver minadas sus posibilidades por la vía electoral, se radicalizaría".
Ahí esta el quid del problema, no en el Cofipe. Les molestan los acuerdos. Y a medida que se vean perdidos en la contienda interna, van a querer reventar la elección.
O irse al PT.
Etiquetas: AMLO, cofipe, congreso, demagogia, fascismo, intolerancia, Ortega, populismo, PRD
domingo, noviembre 25, 2007
Partidos 'only'
He dejado de creer en la legitimidad de los partidos políticos desde hace ya algunos años. Quedó atrás la época en que se podían ejercer con libertad los ideales políticos en estas organizaciones.
Si bien debo reconocer, en sus orígenes, algunos rasgos de valía para su existencia, la vida actual de los partidos políticos parece más ocupada de cuestiones coyunturales que de un auténtico afán por mejorar el País.
La Constitución determina, contrario a lo plasmado en su capítulo de garantías individuales, que son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes pueden acceder al poder. Así, y con la fortaleza presupuestal que han adquirido los partidos desde 1997, son ahora la única aduana para acceder al poder popular.
El problema de esta aduana es múltiple. Se ha convertido en una garita compleja, voluble, imprecisa y cambiante. Una puerta sin entradas ni salidas claras. Es difícil obtener pasaporte con ellos. Los partidos menosprecian la participación espontánea de los ciudadanos y se premia la interesada.
También las reglas de ascenso en la organización política están supeditadas a principios tan informales como las relaciones, la amistad, la posibilidad de un puesto público futuro y, en algunos casos, hasta la estética del candidato.
Estas aduanas hoy se han vuelto un búnker, pues son los partidos políticos y no los legisladores los que han hecho de la última reforma electoral su agasajo. Con ella se han blindado al escrutinio, echando la culpa a los intereses de los medios masivos de comunicación. Lograron su cometido: quedarse con el presupuesto del IFE y hasta con el mismo Instituto, sin darle cuentas a nadie.
Recorrer los postulados actuales de los partidos políticos es una verdadera pesadilla. Los planteamientos de los tres más importantes institutos políticos son coherentes en su exposición, pero muy cuestionables en su práctica. Como siempre es más fácil diseñar misiones y objetivos que ponerlos en práctica.
¿Qué ha provocado esta distancia entre los postulados partidistas y su ejercicio auténtico? Encuentro varias razones. Primero, la falta de comprensión de la práctica del gobierno. El ejercicio de la autoridad le genera muchas ilusiones al partido en campaña. Estos sueños consideran posible un plan de gobierno que incluya sus creencias y las de su partido. Se topan después con los operadores del gobierno, la burocracia y los grupos de interés. Pierden fácilmente de vista lo esencial de gobernar y terminan presos de la urgencia en las administraciones públicas, olvidando el objetivo básico de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus gobernados.
Segundo, la lenta pero contundente captura del gobierno por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos, no la sociedad, son los que determinan la colocación de funcionarios de primer y segundo nivel en muchos municipios y estados. La mano invisible de los institutos políticos está ahí. A veces con urgencia, a veces con maldad. Este "préstamo para que cuando yo llegue al poder te recompense con otro puesto" está minando la autonomía de la autoridad y alejando al gobierno de sus gobernados.
En este contexto se sitúa la reforma electoral aprobada por todos los partidos en beneficio, claro, de ellos y de su capacidad de seguir siendo aduanas y cotos de poder frente a la necesidad de visualizar un mejor país.
La reforma despierta posiciones encontradas. Se ha abierto la puerta a la partidocracia, se argumenta. Es cierto, pero la partidocracia no es un mal en sí mismo. Sin embargo, lo es desde el punto de vista de su origen.
En México, esta partidocracia nace con institutos políticos débiles ideológica y prácticamente. No con las ideas forjadoras de un mejor país, sino con las de mantener repartido el acceso a puestos públicos.
Estamos lejos de tener una partidocracia virtuosa, donde los partidos luchen por posicionar sus ideales y llevarlos a plataformas de campaña, pero que además constituyan mecanismos de autocrítica, rendición de cuentas a la sociedad e incentivos para impulsar un mejor desarrollo del País, aunque se pierdan elecciones.
Sólo así puede convertirse la partidocracia en un buen sistema electoral.
Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx
Si bien debo reconocer, en sus orígenes, algunos rasgos de valía para su existencia, la vida actual de los partidos políticos parece más ocupada de cuestiones coyunturales que de un auténtico afán por mejorar el País.
La Constitución determina, contrario a lo plasmado en su capítulo de garantías individuales, que son los partidos políticos y no los ciudadanos quienes pueden acceder al poder. Así, y con la fortaleza presupuestal que han adquirido los partidos desde 1997, son ahora la única aduana para acceder al poder popular.
El problema de esta aduana es múltiple. Se ha convertido en una garita compleja, voluble, imprecisa y cambiante. Una puerta sin entradas ni salidas claras. Es difícil obtener pasaporte con ellos. Los partidos menosprecian la participación espontánea de los ciudadanos y se premia la interesada.
También las reglas de ascenso en la organización política están supeditadas a principios tan informales como las relaciones, la amistad, la posibilidad de un puesto público futuro y, en algunos casos, hasta la estética del candidato.
Estas aduanas hoy se han vuelto un búnker, pues son los partidos políticos y no los legisladores los que han hecho de la última reforma electoral su agasajo. Con ella se han blindado al escrutinio, echando la culpa a los intereses de los medios masivos de comunicación. Lograron su cometido: quedarse con el presupuesto del IFE y hasta con el mismo Instituto, sin darle cuentas a nadie.
Recorrer los postulados actuales de los partidos políticos es una verdadera pesadilla. Los planteamientos de los tres más importantes institutos políticos son coherentes en su exposición, pero muy cuestionables en su práctica. Como siempre es más fácil diseñar misiones y objetivos que ponerlos en práctica.
¿Qué ha provocado esta distancia entre los postulados partidistas y su ejercicio auténtico? Encuentro varias razones. Primero, la falta de comprensión de la práctica del gobierno. El ejercicio de la autoridad le genera muchas ilusiones al partido en campaña. Estos sueños consideran posible un plan de gobierno que incluya sus creencias y las de su partido. Se topan después con los operadores del gobierno, la burocracia y los grupos de interés. Pierden fácilmente de vista lo esencial de gobernar y terminan presos de la urgencia en las administraciones públicas, olvidando el objetivo básico de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus gobernados.
Segundo, la lenta pero contundente captura del gobierno por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos, no la sociedad, son los que determinan la colocación de funcionarios de primer y segundo nivel en muchos municipios y estados. La mano invisible de los institutos políticos está ahí. A veces con urgencia, a veces con maldad. Este "préstamo para que cuando yo llegue al poder te recompense con otro puesto" está minando la autonomía de la autoridad y alejando al gobierno de sus gobernados.
En este contexto se sitúa la reforma electoral aprobada por todos los partidos en beneficio, claro, de ellos y de su capacidad de seguir siendo aduanas y cotos de poder frente a la necesidad de visualizar un mejor país.
La reforma despierta posiciones encontradas. Se ha abierto la puerta a la partidocracia, se argumenta. Es cierto, pero la partidocracia no es un mal en sí mismo. Sin embargo, lo es desde el punto de vista de su origen.
En México, esta partidocracia nace con institutos políticos débiles ideológica y prácticamente. No con las ideas forjadoras de un mejor país, sino con las de mantener repartido el acceso a puestos públicos.
Estamos lejos de tener una partidocracia virtuosa, donde los partidos luchen por posicionar sus ideales y llevarlos a plataformas de campaña, pero que además constituyan mecanismos de autocrítica, rendición de cuentas a la sociedad e incentivos para impulsar un mejor desarrollo del País, aunque se pierdan elecciones.
Sólo así puede convertirse la partidocracia en un buen sistema electoral.
Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx
Etiquetas: congreso, constitucion, demagogia, democracia, IFE, libertad, PAN, partidocracia, PRD, PRI
sábado, noviembre 24, 2007
Contrarreforma
Todos sabemos dónde inicia la censura, pero nadie puede decir cómo y cuándo terminará. Esta vieja sentencia se acaba de cumplir una vez más. La clase política empezó censurándose a sí misma al elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Pero la prohibición ha ido mucho más allá: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular" (artículo 41 de la Constitución). De ese modo, se ha cercenado el derecho de los ciudadanos a hacer política y participar en las contiendas electorales. No hay ningún argumento sólido para impedir que una agrupación de ciudadanos, un sindicato o un colegio de ingenieros manifiesten sus ideas y hagan proselitismo. Sobre todo si alguno de los candidatos o partidos atenta contra sus intereses o convicciones.
Se lesiona también el derecho de los ciudadanos en general a estar informados en un momento crucial: el de la elección de las autoridades y de sus "representantes". La prohibición de las campañas negativas cancelará la crítica y el debate entre los partidos y los candidatos. Cualquier opinión en contra o cualquier información sobre ineficacia o malos manejos podrá tipificarse como campaña negra. De ahora en adelante seremos bombardeados con propaganda cursi y edulcorada. Sobra decir que la nueva disposición contraviene abierta y explícitamente el artículo 6 de la Constitución que establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público... el derecho a la información será garantizado por el Estado".
La otra cara de la contrarreforma es la defenestración de los consejeros y la elección del nuevo presidente del IFE. Ambas medidas vulneran la autonomía de ese organismo. La primera, porque jamás se fundó en un dato u argumento racional que justificara el despido de Luis Carlos Ugalde y sus compañeros. La segunda, porque dejó intacto el mecanismo de su selección: el cónclave de los tres grandes partidos elegirá a quienes mejor les parezcan y les convengan. El proceso de selección es ahora más oscuro que antes. Pero además, el precedente sentado es nefasto. La nueva presidencia del IFE nace con el sello de la partidocracia. La advertencia es muy clara. Quienes despiden y contratan son los diputados del PRI, el PAN y el PRD. Si los consejeros quieren permanecer en sus puestos deberán estar atentos y ser condescendientes con sus patronos. De otra manera, serán expulsados por la puerta grande o por la chica.
Y es que ahora, además de la puerta grande que se usó en este caso, las reformas de la Constitución y el Cofipe, se está diseñando una puerta chica. Todo indica que el nuevo código electoral incluirá el siguiente precepto como causal de remoción de los consejeros: "Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar". El responsable de hacer semejante evaluación será el contralor general del IFE, que será electo (nótese muy bien) por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por las universidades públicas. Pero las maravillas no terminan allí. En caso de que el contralor decidiera emprender una investigación sobre los consejeros integrará un expediente que turnará (nótese muy bien) al presidente de la Cámara de Diputados para que ésta determine si se cometieron infracciones graves e imponga las sanciones correspondientes. El candado se cierra así de manera definitiva y perversa. Los consejeros quedan a merced de los diputados, es decir, de los tres principales partidos políticos.
Lo más grave del caso es que esta contrarreforma está siendo consensuada y pactada entre PRI, PAN y PRD. Los tres se pusieron de acuerdo para vulnerar la autonomía del IFE, para someter a los consejeros a su férula, para violar el derecho a la libertad de expresión y para atentar contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. La larga marcha de las reformas electorales en México desde 1978 tuvo siempre un rasgo distintivo: abrió paulatina pero positivamente espacios para las oposiciones y para las libertades ciudadanas. El impulso fue más acusado entre 1989 y 1997. El eje de esa transición democrática fue la construcción de un organismo autónomo, profesional e independiente que organizara y vigilara los procesos electorales. Los principales beneficiados fueron los partidos de oposición. La alternancia política no cayó del cielo. Ese ciclo, por desgracia, se cierra ahora con una contrarreforma de gran calado que atenta contra derechos consagrados en la Constitución.
Las responsabilidades en esta triste historia no se pueden repartir en forma equitativa. El PRD fue durante años el tercero en discordia. No es, por lo demás, un partido de formación ni de convicción democrática. Su crítica del IFE viene desde el inicio de la campaña del 2006 y antes, por decisión de Pablo Gómez, se mantuvo al margen de la elección de los consejeros del IFE. No resulta extraño, por lo tanto, que haya impulsado y avalado la contrarreforma electoral. El PRI se encuentra en una situación ambigua. Las reformas más importantes las decidieron presidentes priistas. Desde López Portillo hasta Ernesto Zedillo la tónica fue abrir espacios. Pero enfrentaron siempre a corrientes reacias y conservadoras. Esas que denunciaron a Colosio y Salinas de Gortari por reconocer las victorias de la oposición y que más tarde se quejaron de la traición de Ernesto Zedillo. El temple autoritario y conservador de los priistas no exige pruebas ni documentación, está a la vista y explica por qué impulsaron y apoyaron esta contrarreforma.
La gran decepción en esta historia son Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. El primero ganó con el voto y la movilización de millones de ciudadanos que rechazaban el autoritarismo y el populismo de López Obrador. Algunos de ellos se jugaron el todo por el todo en esa elección. El segundo se ha definido como un partido democrático desde su fundación. ¿Cómo entender ahora que se hayan sumado a esta contrarreforma? ¿Dónde están los místicos del voto y los defensores de las libertades ciudadanas? Manuel Gómez Morín debe estar revolcándose en su tumba. Otro tanto le debe ocurrir al mentor del presidente de la República, Carlos Castillo Peraza. Ése jamás fue su proyecto ni su legado.
Se lesiona también el derecho de los ciudadanos en general a estar informados en un momento crucial: el de la elección de las autoridades y de sus "representantes". La prohibición de las campañas negativas cancelará la crítica y el debate entre los partidos y los candidatos. Cualquier opinión en contra o cualquier información sobre ineficacia o malos manejos podrá tipificarse como campaña negra. De ahora en adelante seremos bombardeados con propaganda cursi y edulcorada. Sobra decir que la nueva disposición contraviene abierta y explícitamente el artículo 6 de la Constitución que establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público... el derecho a la información será garantizado por el Estado".
La otra cara de la contrarreforma es la defenestración de los consejeros y la elección del nuevo presidente del IFE. Ambas medidas vulneran la autonomía de ese organismo. La primera, porque jamás se fundó en un dato u argumento racional que justificara el despido de Luis Carlos Ugalde y sus compañeros. La segunda, porque dejó intacto el mecanismo de su selección: el cónclave de los tres grandes partidos elegirá a quienes mejor les parezcan y les convengan. El proceso de selección es ahora más oscuro que antes. Pero además, el precedente sentado es nefasto. La nueva presidencia del IFE nace con el sello de la partidocracia. La advertencia es muy clara. Quienes despiden y contratan son los diputados del PRI, el PAN y el PRD. Si los consejeros quieren permanecer en sus puestos deberán estar atentos y ser condescendientes con sus patronos. De otra manera, serán expulsados por la puerta grande o por la chica.
Y es que ahora, además de la puerta grande que se usó en este caso, las reformas de la Constitución y el Cofipe, se está diseñando una puerta chica. Todo indica que el nuevo código electoral incluirá el siguiente precepto como causal de remoción de los consejeros: "Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar". El responsable de hacer semejante evaluación será el contralor general del IFE, que será electo (nótese muy bien) por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por las universidades públicas. Pero las maravillas no terminan allí. En caso de que el contralor decidiera emprender una investigación sobre los consejeros integrará un expediente que turnará (nótese muy bien) al presidente de la Cámara de Diputados para que ésta determine si se cometieron infracciones graves e imponga las sanciones correspondientes. El candado se cierra así de manera definitiva y perversa. Los consejeros quedan a merced de los diputados, es decir, de los tres principales partidos políticos.
Lo más grave del caso es que esta contrarreforma está siendo consensuada y pactada entre PRI, PAN y PRD. Los tres se pusieron de acuerdo para vulnerar la autonomía del IFE, para someter a los consejeros a su férula, para violar el derecho a la libertad de expresión y para atentar contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. La larga marcha de las reformas electorales en México desde 1978 tuvo siempre un rasgo distintivo: abrió paulatina pero positivamente espacios para las oposiciones y para las libertades ciudadanas. El impulso fue más acusado entre 1989 y 1997. El eje de esa transición democrática fue la construcción de un organismo autónomo, profesional e independiente que organizara y vigilara los procesos electorales. Los principales beneficiados fueron los partidos de oposición. La alternancia política no cayó del cielo. Ese ciclo, por desgracia, se cierra ahora con una contrarreforma de gran calado que atenta contra derechos consagrados en la Constitución.
Las responsabilidades en esta triste historia no se pueden repartir en forma equitativa. El PRD fue durante años el tercero en discordia. No es, por lo demás, un partido de formación ni de convicción democrática. Su crítica del IFE viene desde el inicio de la campaña del 2006 y antes, por decisión de Pablo Gómez, se mantuvo al margen de la elección de los consejeros del IFE. No resulta extraño, por lo tanto, que haya impulsado y avalado la contrarreforma electoral. El PRI se encuentra en una situación ambigua. Las reformas más importantes las decidieron presidentes priistas. Desde López Portillo hasta Ernesto Zedillo la tónica fue abrir espacios. Pero enfrentaron siempre a corrientes reacias y conservadoras. Esas que denunciaron a Colosio y Salinas de Gortari por reconocer las victorias de la oposición y que más tarde se quejaron de la traición de Ernesto Zedillo. El temple autoritario y conservador de los priistas no exige pruebas ni documentación, está a la vista y explica por qué impulsaron y apoyaron esta contrarreforma.
La gran decepción en esta historia son Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. El primero ganó con el voto y la movilización de millones de ciudadanos que rechazaban el autoritarismo y el populismo de López Obrador. Algunos de ellos se jugaron el todo por el todo en esa elección. El segundo se ha definido como un partido democrático desde su fundación. ¿Cómo entender ahora que se hayan sumado a esta contrarreforma? ¿Dónde están los místicos del voto y los defensores de las libertades ciudadanas? Manuel Gómez Morín debe estar revolcándose en su tumba. Otro tanto le debe ocurrir al mentor del presidente de la República, Carlos Castillo Peraza. Ése jamás fue su proyecto ni su legado.
Etiquetas: congreso, democracia, elecciones, IFE, libertad, PAN, partidocracia, PRD, PRI
jueves, noviembre 22, 2007
Mordaza
Quizá fueron las pasiones en contra de los medios, quizá el espectáculo de ver confrontados a los legisladores con los rostros más visibles de las pantallas, quizá el morbo por el ánimo vengativo de "cortar cabezas" a los consejeros del IFE, quizá la distracción generalizada que priva ante el bombardeo de noticias amarillas, quizá el desconocimiento de las normas vigentes y de los principios subyacentes y también de las propuestas y sus consecuencias, causas puede haber muchas. El hecho concreto es que la opinión pública parece no haberse percatado de las varias amenazas a las libertades ciudadanas encerradas en la reforma política. Comienzo por la más ominosa.
Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión consagrada en el Artículo Sexto constitucional será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio y televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida y es correcto, la triangulación de recursos, es decir que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato "X" o "Y". Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del Artículo Sexto constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados puedan contratar con recursos privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.
El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de espacios. Ya ocurrió en el 2006 -se dice- con el CCE, no se cuestiona la legalidad del hecho. Equivale a poner las elecciones en sus manos.
Vamos por partes. Los señores de los dineros y de las empresas, los generadores de empleo y riqueza, están en todo su derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresar sus puntos de vista en cualquier momento, estemos en periodo electoral o no. Los señores de los dineros representan un punto de vista particular del acontecer nacional como también lo tienen los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, los productores agrícolas, los exportadores, los encuestadores -que también salieron afectados con la reforma- o los grupos minoritarios, madres solteras, las personas de capacidades diferentes o las minorías sexuales. Los intelectuales con frecuencia hacemos uso de los desplegados para provocar reflexión e incidir en nuestros conciudadanos.
Pero el párrafo no deja dudas: "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda (cursiva nuestra) en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos...". Los ciudadanos tenemos en todo momento el derecho de expresar nuestras opiniones sobre el quehacer de un partido o de sus candidatos, si eso es considerado propaganda, mala tarde. En su primera acepción la propaganda está vinculada a la religión; en su segunda se refiere a "propagar doctrinas y opiniones"; en la tercera supone "dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos". En algún sentido todos hacemos propaganda: los ecologistas, aquellos que favorecen los juicios orales, los defensores de las minorías, los que luchan a favor de la igualdad de géneros o por mayor igualdad social. Se llama pluralidad. Por limitar a las cúpulas empresariales, los señores legisladores pretenden cercenar una parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano. De ese tamaño es la aberración.
Pero el asunto, además de ignorancia jurídica, conlleva cierta perversión. Las cúpulas partidarias que tanto odian a las empresariales, le asignan al IFE en exclusiva la facultad de contratar cualquier tiempo para la difusión de ideas. Además se asignan a sí mismos la facultad de remover, mantener bajo amenaza -como lo estamos viendo- y designar a los consejeros electorales. Al controlar indirectamente al IFE serán ellos los dueños de la transmisión de ideas por vía de los medios. ¡Genial! Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en "partidura".
¿Qué nos queda? En primer lugar, propagar el riesgo, hacer propaganda. No se trata de regresar a la deformación de los dineros públicos en los medios, nada tiene que ver. Tampoco la defensa de un grupo, el que sea. Se trata de explicar por qué los derechos de cualquier ciudadano están siendo cercenados. Segundo, generar amparos masivos. Quedan unas cuantas semanas. Hay prisa.
Federico Reyes Heroles
--------------------------------------------
La partidocracia sigue haciendo de las suyas. Levantemos nuestra voz para tratar de impedirlo.
Nuestra libertad de expresión está amenazada. No es una exageración. De prosperar la reforma propuesta nuestra libertad de expresión consagrada en el Artículo Sexto constitucional será intermitente. Durante los periodos no electorales los ciudadanos y las agrupaciones de cualquier tipo podrán contratar espacios en los diferentes medios, escritos o electrónicos, para dar libre expresión a sus ideas. Pero para los periodos electorales se propone el siguiente párrafo: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".
La novedad legislativa establece con toda claridad que los partidos políticos no podrán contratar por sí mismos o por terceros tiempos en radio y televisión. Lo cual es correcto, se centraliza, como en muchos países, el uso de los recursos públicos para garantizar un juego parejo de los medios frente a los diferentes candidatos. También está prohibida y es correcto, la triangulación de recursos, es decir que una empresa o un grupo ciudadano compren propaganda a favor del candidato "X" o "Y". Correcto. Lo que resulta groseramente violatorio del Artículo Sexto constitucional es impedir que los ciudadanos por sí mismos, a título individual o agrupados puedan contratar con recursos privados formas de expresión de sus ideas y de comunicación con sus conciudadanos. Se trata de un gravísimo retroceso en nuestras libertades básicas.
El argumento para llegar a esta aberración se construyó así, de hecho nace de un prejuicio contra los empresarios. Se piensa que los señores de los dineros son los únicos que pueden contratar ese tipo de espacios. Ya ocurrió en el 2006 -se dice- con el CCE, no se cuestiona la legalidad del hecho. Equivale a poner las elecciones en sus manos.
Vamos por partes. Los señores de los dineros y de las empresas, los generadores de empleo y riqueza, están en todo su derecho, como cualquier otro ciudadano, de expresar sus puntos de vista en cualquier momento, estemos en periodo electoral o no. Los señores de los dineros representan un punto de vista particular del acontecer nacional como también lo tienen los sindicatos, las agrupaciones de profesionales, los productores agrícolas, los exportadores, los encuestadores -que también salieron afectados con la reforma- o los grupos minoritarios, madres solteras, las personas de capacidades diferentes o las minorías sexuales. Los intelectuales con frecuencia hacemos uso de los desplegados para provocar reflexión e incidir en nuestros conciudadanos.
Pero el párrafo no deja dudas: "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda (cursiva nuestra) en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos...". Los ciudadanos tenemos en todo momento el derecho de expresar nuestras opiniones sobre el quehacer de un partido o de sus candidatos, si eso es considerado propaganda, mala tarde. En su primera acepción la propaganda está vinculada a la religión; en su segunda se refiere a "propagar doctrinas y opiniones"; en la tercera supone "dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos". En algún sentido todos hacemos propaganda: los ecologistas, aquellos que favorecen los juicios orales, los defensores de las minorías, los que luchan a favor de la igualdad de géneros o por mayor igualdad social. Se llama pluralidad. Por limitar a las cúpulas empresariales, los señores legisladores pretenden cercenar una parte de la libertad de expresión de cualquier ciudadano. De ese tamaño es la aberración.
Pero el asunto, además de ignorancia jurídica, conlleva cierta perversión. Las cúpulas partidarias que tanto odian a las empresariales, le asignan al IFE en exclusiva la facultad de contratar cualquier tiempo para la difusión de ideas. Además se asignan a sí mismos la facultad de remover, mantener bajo amenaza -como lo estamos viendo- y designar a los consejeros electorales. Al controlar indirectamente al IFE serán ellos los dueños de la transmisión de ideas por vía de los medios. ¡Genial! Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en "partidura".
¿Qué nos queda? En primer lugar, propagar el riesgo, hacer propaganda. No se trata de regresar a la deformación de los dineros públicos en los medios, nada tiene que ver. Tampoco la defensa de un grupo, el que sea. Se trata de explicar por qué los derechos de cualquier ciudadano están siendo cercenados. Segundo, generar amparos masivos. Quedan unas cuantas semanas. Hay prisa.
Federico Reyes Heroles
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La partidocracia sigue haciendo de las suyas. Levantemos nuestra voz para tratar de impedirlo.
Etiquetas: congreso, democracia, elecciones, IFE, leyes, libertad, partidocracia
viernes, noviembre 16, 2007
Partidocracia e IFE
Cartón de Paco Calderón publicado el 15 de noviembre en distintos medios.Etiquetas: congreso, demagogia, democracia, fascismo, libertad, partidocracia
martes, octubre 30, 2007
Hipocritas....
domingo, octubre 14, 2007
El fetiche
El País lleva cinco lustros bajo el hechizo de un fetiche: la noción de que si sólo se aprueba esta reforma o serie de reformas el País entrará, como por arte de magia, al nirvana del desarrollo económico. Hay mucho bueno qué decir de los innumerables cambios y reformas que en los últimos 25 años han transformado a buena parte de la planta productiva para bien. Lo que no se puede afirmar con igual certeza es que hayamos logrado encaminarnos hacia el desarrollo.
Como con todo fetiche, es terriblemente seductora la idea de que un conjunto de reformas pueda transformar nuestra realidad, crear una sociedad de clase media capaz de desarrollar su potencial al máximo y resolver los ancestrales problemas de pobreza y desigualdad de oportunidades.
Se trata de una visión que atrae los sentimientos más profundos y engolosina el debate público. El problema es que se trata de una falacia: ninguno de los países que ha logrado romper con los círculos viciosos del subdesarrollo lo hizo gracias a que, cuán estudiante cumplido, satisfizo un conjunto de requisitos formales. Y ése es el tema de fondo: que el desarrollo no es cuestión de un checklist, sino de una decisión por parte de la sociedad de transformarse de manera integral.
Cualquiera que analice nuestra realidad económica sabe bien que al país le urgen innumerables reformas. Independientemente de valores ideológicos o concepciones políticas, nadie que vea la realidad con un mínimo de objetividad puede dudar que nuestras paraestatales energéticas y monopolios privados le restan productividad a la economía en general o que nuestros procesos judiciales son costosos, prolongados, inciertos y cubiertos con un manto de opacidad. Lo mismo se puede decir de los mercados laborales, de la provisión de servicios y, en general, de la torpe, inepta y sesgada regulación gubernamental. Es, pues, obvio que se requieren reformas. Menos obvio es que un conjunto de reformas aisladas vaya a transformarnos en un país desarrollado.
La noción de que se puede lograr el desarrollo siguiendo un conjunto de recetas no es nueva, ni tiene que ver con los tan vilipendiados organismos multilaterales, o con los odiados "neoliberales". La noción se inventó en la época en que la CEPAL, a la que nadie puede acusar de neoliberal, estaba a la vanguardia de los proyectos de desarrollo regionales y cobró fuerza filosófica principalmente con la obra de W.W. Rostow, "Las Etapas del Crecimiento Económico".
El hecho de reformar no resuelve, por sí mismo, los problemas que el País enfrenta ni mucho menos nos permite asegurar el desarrollo. Si cada reforma se tiene que negociar con el Congreso y con la sociedad como si se tratara de un elemento independiente del resto de las políticas que permitirían el desarrollo económico acabaremos con un collage de medidas que aunque quizá cada una pudiera tener sentido por sí misma, el conjunto probablemente carecería de consistencia para avanzar al País hacia el objetivo deseado. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas.
Una estrategia de reforma tiene que ser integral y partir de un consenso social al respecto. En ausencia de esa premisa elemental, cada reforma que se intente va a acabar truncada y sin posibilidad de lograr su cometido: cada reforma va a acabar mediatizada por los intereses particulares que ésta aspira a modular o regular. Si luego de casi 30 años de estar atascados en este proceso no podemos reconocer esta obviedad tenemos otro tipo de problemas.
Lo que México -es decir, la sociedad entera- requiere es hacer suyo el objetivo del desarrollo y no meramente discutir, disputar o aprobar tal o cual iniciativa de ley o de reforma. El desarrollo no es un crucigrama que se va llenando letra por letra. Más bien, se trata de una forma de concebir al país, al gobierno, a la ciudadanía, a los empresarios y a los sindicatos. Los países que han logrado "dar el brinco" lo han hecho porque la sociedad entera se sumó al proyecto. Comparando todos los casos obvios, no pude encontrar ninguno en el que éste no fuera el caso.
Cada país exitoso ha logrado ese consenso social a su manera. En algunos casos se ha impuesto desde arriba (Chile), en otros ha surgido de la sociedad (India). En todos los casos, el gobierno creó condiciones que hicieron posible el surgimiento de iniciativas tanto de la sociedad como de otras instancias del Estado. Quienes han logrado entrar en el círculo virtuoso avanzan de manera prodigiosa. Ahí están los ejemplos de Chile y China, Irlanda e India. Quienes no lo han logrado dan tumbos, a veces suben, otras bajan, pero nunca logran consolidar un proceso de desarrollo. Nuestro caso es paradigmático.
Lo impactante de un país como India no es tanto la velocidad con que crece su economía o que siga siendo una nación extremadamente pobre, sino el hecho de que toda la sociedad parece volcada hacia el futuro. En India hasta los más pobres (y la suya es una pobreza infinitamente peor que la nuestra) parecen haber decidido saltar etapas para lograr el desarrollo, así tome 100 años lograrlo. Esa visión y esa actitud tan palpable en los países exitosos, lamentablemente, no existe en México.
El problema es que no es obvio cómo se crea una dinámica transformadora de esa naturaleza. Viendo casos como los de España o China, cada uno en su espacio, resulta evidente que el liderazgo gubernamental fue central en su proceso. Casos como el de Chile demuestran que sólo un gobierno duro puede romper el impasse en casos de conflicto extremo; sin embargo, es igualmente evidente que hay muchos más casos de conflicto y de gobiernos duros que países exitosos. Los chilenos padecieron uno de los pocos gobiernos tiránicos con capacidad para construir algo trascendente. Los países exitosos no sólo llevaron a cabo reformas profundas, sino que experimentaron una transformación social y anímica. Fue la sociedad entera la que dijo "basta" y se puso a construir algo distinto.
Lo que resulta claro es que no hay recetas para el éxito y las que hay no son muy confiables. Quizá lo más que puede hacer un gobierno es crear condiciones para que, poco a poco, se vaya dando el consenso social necesario.
El problema de proceder así es que la gente está harta de los escasos avances, del interminable conflicto entre los políticos y de la ausencia de soluciones de fondo. El tiempo es una mercancía escasa y si el gobierno actual equivoca la estrategia (e impulsa las reformas equivocadas o acepta el statu quo legislativo) podría acabar provocando una crisis en lugar de resolver el entuerto actual.
Luis Rubio
www.cidac.org
Como con todo fetiche, es terriblemente seductora la idea de que un conjunto de reformas pueda transformar nuestra realidad, crear una sociedad de clase media capaz de desarrollar su potencial al máximo y resolver los ancestrales problemas de pobreza y desigualdad de oportunidades.
Se trata de una visión que atrae los sentimientos más profundos y engolosina el debate público. El problema es que se trata de una falacia: ninguno de los países que ha logrado romper con los círculos viciosos del subdesarrollo lo hizo gracias a que, cuán estudiante cumplido, satisfizo un conjunto de requisitos formales. Y ése es el tema de fondo: que el desarrollo no es cuestión de un checklist, sino de una decisión por parte de la sociedad de transformarse de manera integral.
Cualquiera que analice nuestra realidad económica sabe bien que al país le urgen innumerables reformas. Independientemente de valores ideológicos o concepciones políticas, nadie que vea la realidad con un mínimo de objetividad puede dudar que nuestras paraestatales energéticas y monopolios privados le restan productividad a la economía en general o que nuestros procesos judiciales son costosos, prolongados, inciertos y cubiertos con un manto de opacidad. Lo mismo se puede decir de los mercados laborales, de la provisión de servicios y, en general, de la torpe, inepta y sesgada regulación gubernamental. Es, pues, obvio que se requieren reformas. Menos obvio es que un conjunto de reformas aisladas vaya a transformarnos en un país desarrollado.
La noción de que se puede lograr el desarrollo siguiendo un conjunto de recetas no es nueva, ni tiene que ver con los tan vilipendiados organismos multilaterales, o con los odiados "neoliberales". La noción se inventó en la época en que la CEPAL, a la que nadie puede acusar de neoliberal, estaba a la vanguardia de los proyectos de desarrollo regionales y cobró fuerza filosófica principalmente con la obra de W.W. Rostow, "Las Etapas del Crecimiento Económico".
El hecho de reformar no resuelve, por sí mismo, los problemas que el País enfrenta ni mucho menos nos permite asegurar el desarrollo. Si cada reforma se tiene que negociar con el Congreso y con la sociedad como si se tratara de un elemento independiente del resto de las políticas que permitirían el desarrollo económico acabaremos con un collage de medidas que aunque quizá cada una pudiera tener sentido por sí misma, el conjunto probablemente carecería de consistencia para avanzar al País hacia el objetivo deseado. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas.
Una estrategia de reforma tiene que ser integral y partir de un consenso social al respecto. En ausencia de esa premisa elemental, cada reforma que se intente va a acabar truncada y sin posibilidad de lograr su cometido: cada reforma va a acabar mediatizada por los intereses particulares que ésta aspira a modular o regular. Si luego de casi 30 años de estar atascados en este proceso no podemos reconocer esta obviedad tenemos otro tipo de problemas.
Lo que México -es decir, la sociedad entera- requiere es hacer suyo el objetivo del desarrollo y no meramente discutir, disputar o aprobar tal o cual iniciativa de ley o de reforma. El desarrollo no es un crucigrama que se va llenando letra por letra. Más bien, se trata de una forma de concebir al país, al gobierno, a la ciudadanía, a los empresarios y a los sindicatos. Los países que han logrado "dar el brinco" lo han hecho porque la sociedad entera se sumó al proyecto. Comparando todos los casos obvios, no pude encontrar ninguno en el que éste no fuera el caso.
Cada país exitoso ha logrado ese consenso social a su manera. En algunos casos se ha impuesto desde arriba (Chile), en otros ha surgido de la sociedad (India). En todos los casos, el gobierno creó condiciones que hicieron posible el surgimiento de iniciativas tanto de la sociedad como de otras instancias del Estado. Quienes han logrado entrar en el círculo virtuoso avanzan de manera prodigiosa. Ahí están los ejemplos de Chile y China, Irlanda e India. Quienes no lo han logrado dan tumbos, a veces suben, otras bajan, pero nunca logran consolidar un proceso de desarrollo. Nuestro caso es paradigmático.
Lo impactante de un país como India no es tanto la velocidad con que crece su economía o que siga siendo una nación extremadamente pobre, sino el hecho de que toda la sociedad parece volcada hacia el futuro. En India hasta los más pobres (y la suya es una pobreza infinitamente peor que la nuestra) parecen haber decidido saltar etapas para lograr el desarrollo, así tome 100 años lograrlo. Esa visión y esa actitud tan palpable en los países exitosos, lamentablemente, no existe en México.
El problema es que no es obvio cómo se crea una dinámica transformadora de esa naturaleza. Viendo casos como los de España o China, cada uno en su espacio, resulta evidente que el liderazgo gubernamental fue central en su proceso. Casos como el de Chile demuestran que sólo un gobierno duro puede romper el impasse en casos de conflicto extremo; sin embargo, es igualmente evidente que hay muchos más casos de conflicto y de gobiernos duros que países exitosos. Los chilenos padecieron uno de los pocos gobiernos tiránicos con capacidad para construir algo trascendente. Los países exitosos no sólo llevaron a cabo reformas profundas, sino que experimentaron una transformación social y anímica. Fue la sociedad entera la que dijo "basta" y se puso a construir algo distinto.
Lo que resulta claro es que no hay recetas para el éxito y las que hay no son muy confiables. Quizá lo más que puede hacer un gobierno es crear condiciones para que, poco a poco, se vaya dando el consenso social necesario.
El problema de proceder así es que la gente está harta de los escasos avances, del interminable conflicto entre los políticos y de la ausencia de soluciones de fondo. El tiempo es una mercancía escasa y si el gobierno actual equivoca la estrategia (e impulsa las reformas equivocadas o acepta el statu quo legislativo) podría acabar provocando una crisis en lugar de resolver el entuerto actual.
Luis Rubio
www.cidac.org
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sábado, octubre 06, 2007
La verdad sospechosa
(5 octubre 2007).- Como una cortesía para esta columna, mi mamuchis abandona su eterno descanso y se hace presente para decirnos: ¿y la Cheyenne, apá?, esto dicho, su voz adquiere tono admonitorio y nos advierte acerca de lo que oímos, vemos o leemos: "Tómenlo como de quien viene". Dicho esto, desaparece y parte en pos del pabellón de la eterna beatitud que es su domicilio actual.
La última y recentísima aparición de la augusta señora ocurrió ahora con motivo del mensaje enviado al aire por TV Azteca cuyo contenido, insidioso y maligno, nos da cuenta y razón de cuáles son los ingresos de diputados y senadores de nuestro país; los mismos que le acaban de levantar la canasta al duopolio privándolo así de pingües ingresos.
O sea que TV Azteca habla por la herida, lo cual no quiere decir que falte a la verdad o que invente su información. Aquí, lo queramos o no, estamos en el centro de un asunto ético. Me pregunto: ¿TV Azteca publica esta información por amor a la verdad, o está empleando esa verdad como instrumento de revancha? Aunque parezca, la pregunta no es de fácil respuesta si se toma en cuenta que el informe de TV Azteca es verdadero y nos recuerda las inmensas cantidades de dinero que gastamos en mantener un aparato que produce muy magros resultados.
Uno de éstos ha sido sin duda la aprobación del nuevo conjunto de leyes que, entre otras cosas, se cepilla a los hermanos lelos de la televisión mexicana y los deja sin domingo. A no dudar, esto es un logro; pero esto no les quita a senadores y diputados su condición de haraganes, vividores, buenos para nada y lastre nacional.
Ocurre, sin embargo, que a raíz de este logro que todavía tendrá que revisarse, senadores y diputados se han convertido en santos súbitos que sólo merecen nuestra reverencia y admiración por su inaudita valentía. No será para tanto. Lo que les dice TV Azteca es la pura verdad, aunque ésta palidece junto a lo que pensamos los ciudadanos de su desempeño, de la desatención que nos muestran, de las fortunas que amasan, de su cinismo que los lleva a autorizar leyes sin haberlas leído y de su alineación permanente con la línea partidaria que es una comodísima manera de renunciar al propio pensamiento.
Así las cosas, me parecen un tanto ridículas las poses de damas ofendidas que han adoptado algunos senadores y diputados. Si quieren darse por ofendidos, demuestren primero la inexactitud de lo que les manda decir TV Azteca y una vez logrado esto: ¡que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables! y mientras tanto, que se pongan a hacer algo de provecho en lugar de hacer tanto tango porque les dijeron la verdad. Como diría mi madre: tómenlo como de quien viene, pero no hagan caso omiso porque, como ya comentaba, lo que les dice TV Azteca era nada junto a lo que pensamos nosotros los ciudadanos que los consideramos como una peste del infierno.
Lo que dice TV Azteca es una verdad, pero como la dice TV Azteca se convierte en la verdad sospechosa.
Germán Dehesa
german@plazadelangel.com.mx
La última y recentísima aparición de la augusta señora ocurrió ahora con motivo del mensaje enviado al aire por TV Azteca cuyo contenido, insidioso y maligno, nos da cuenta y razón de cuáles son los ingresos de diputados y senadores de nuestro país; los mismos que le acaban de levantar la canasta al duopolio privándolo así de pingües ingresos.
O sea que TV Azteca habla por la herida, lo cual no quiere decir que falte a la verdad o que invente su información. Aquí, lo queramos o no, estamos en el centro de un asunto ético. Me pregunto: ¿TV Azteca publica esta información por amor a la verdad, o está empleando esa verdad como instrumento de revancha? Aunque parezca, la pregunta no es de fácil respuesta si se toma en cuenta que el informe de TV Azteca es verdadero y nos recuerda las inmensas cantidades de dinero que gastamos en mantener un aparato que produce muy magros resultados.
Uno de éstos ha sido sin duda la aprobación del nuevo conjunto de leyes que, entre otras cosas, se cepilla a los hermanos lelos de la televisión mexicana y los deja sin domingo. A no dudar, esto es un logro; pero esto no les quita a senadores y diputados su condición de haraganes, vividores, buenos para nada y lastre nacional.
Ocurre, sin embargo, que a raíz de este logro que todavía tendrá que revisarse, senadores y diputados se han convertido en santos súbitos que sólo merecen nuestra reverencia y admiración por su inaudita valentía. No será para tanto. Lo que les dice TV Azteca es la pura verdad, aunque ésta palidece junto a lo que pensamos los ciudadanos de su desempeño, de la desatención que nos muestran, de las fortunas que amasan, de su cinismo que los lleva a autorizar leyes sin haberlas leído y de su alineación permanente con la línea partidaria que es una comodísima manera de renunciar al propio pensamiento.
Así las cosas, me parecen un tanto ridículas las poses de damas ofendidas que han adoptado algunos senadores y diputados. Si quieren darse por ofendidos, demuestren primero la inexactitud de lo que les manda decir TV Azteca y una vez logrado esto: ¡que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables! y mientras tanto, que se pongan a hacer algo de provecho en lugar de hacer tanto tango porque les dijeron la verdad. Como diría mi madre: tómenlo como de quien viene, pero no hagan caso omiso porque, como ya comentaba, lo que les dice TV Azteca era nada junto a lo que pensamos nosotros los ciudadanos que los consideramos como una peste del infierno.
Lo que dice TV Azteca es una verdad, pero como la dice TV Azteca se convierte en la verdad sospechosa.
Germán Dehesa
german@plazadelangel.com.mx
Etiquetas: congreso, demagogia, partidocracia, reformas, telecracia
jueves, octubre 04, 2007
Gasolinazo
"Si un político no se lo está haciendo a su mujer, entonces se lo está haciendo al país".
Amy Grant
El impuesto a la gasolina está demostrando una vez más la perversidad de nuestros políticos. Lo que menos les interesa es promover estrategias para el desarrollo y bienestar de los mexicanos.
Este martes 2 de octubre fuimos testigos de uno más de esos rituales absurdos de nuestra vida política. El Secretario de Hacienda Agustín Carstens compareció ante la Cámara de Diputados para ofrecer una glosa del informe. Pero no había forma de entablar una discusión seria sobre la política económica del país.
Los diputados del PRD proferían descalificaciones personales y se paraban detrás del Secretario para salir en las fotos y la televisión enarbolando cartelitos con insultos al Presidente (como niños en etapa anal de desarrollo, se referían a él como "Fecal"). Querían quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, quien los ha calificado de cobardes por haber permitido la aprobación de la reforma fiscal, y convencer a los ciudadanos de que un impuesto a la gasolina que todavía no entra en vigor en México ha provocado alzas en los precios de productos básicos en todo el mundo.
Los demás diputados dejaron de prestarle atención al sainete y poco a poco se fueron saliendo del pleno hasta dejarlo medio vacío. Una vez más se hizo evidente que la Cámara de Diputados sirve para todo menos para albergar discusiones a fondo sobre los temas importantes del país.
Aplicar un impuesto a la gasolina no es una mala idea. Este gravamen resulta, por naturaleza, sencillo y transparente; es fácil de administrar y nadie con un vehículo -la gente de ingreso medio para arriba- puede evadirlo. Quizá por eso hay tanta resistencia a aceptarlo en un país en el que los partidos políticos están acostumbrados a comprar votos y conciencias a través de tratos preferenciales en la aplicación de las leyes, especialmente las fiscales.
El impuesto a la gasolina es también ecológico, ya que vuelve más costoso el uso de los vehículos de motor. Por eso se ha convertido en uno de los recursos de recaudación más empleados en Europa y Norteamérica. En Estados Unidos se usa para financiar la red de carreteras, con lo cual se consigue que éstas sean mantenidas por los usuarios y no por quienes carecen de vehículo.
Lo anterior no significa que el impuesto se vaya a aplicar de la mejor manera posible en nuestro país. Inquieta, para empezar, que el dinero recaudado vaya a destinarse completamente al gasto de las entidades federativas (varias de ellas encabezadas por el PRD, que protesta contra el gravamen). Algunos estados gastan bien, pero otros lo hacen muy mal. Los criterios estatales de transparencia son muy inferiores a los que se aplican en el gasto federal. Si bien hay que tener cuidado con las generalizaciones, lo más probable es que la asignación directa de los recursos a los gobiernos de los estados significará una menor eficacia en el gasto.
Preocupa también el hecho de que una parte muy importante de lo que se obtendrá por el nuevo impuesto se está perdiendo por la cancelación de los ajustes mensuales a los precios de los energéticos. Según cálculos de EL NORTE publicados el 17 de septiembre, los cuales se basan en información de la Secretaría de Hacienda, el "gasolinazo" recaudará solamente 12 mil 200 millones de pesos en 2008. En cambio, la Secretaría de Energía plantea que por la cancelación de ajustes de los precios de la gasolina, el diesel y el gas natural, las empresas energéticas del Estado perderán entre siete mil y nueve mil millones de pesos entre 2007 y 2008.
Si casi todo el ingreso del impuesto a las gasolinas se perderá por la cancelación de los ajustes, el gasolinazo se convierte en una simple transferencia de recursos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a los gobiernos de los estados. Poco sentido tiene pagar el costo político que está sufriendo el Gobierno por una medida tan absurda.
Si el Presidente Calderón quisiera entrar al juego perverso de los políticos, debería ordenar de inmediato la cancelación del "gasolinazo" y al mismo tiempo reanudar los ajustes a los precios de los energéticos. De esta manera, su popularidad, afectada por el nuevo impuesto, repuntaría. Los gobiernos estatales priistas y perredistas, que perderían miles de millones de pesos, se verían obligados a quitarse la máscara y a exigir éste u otro impuesto.
Lo que no hará esta medida -ni ninguna otra- será reducir las presiones alcistas en los precios. Éstas tienen un origen externo que bien conocen los diputados que trataban desesperados este martes de salir en televisión con sus tristes carteles durante la comparecencia del Secretario Carstens.
Usos y costumbres
Los oaxaqueños salieron a votar el 2 de julio de 2006 para la elección federal y una vez más el 5 de agosto de este 2007 para escoger a diputados locales. Este próximo domingo 7 de octubre deberán elegir a presidentes municipales y regidores. ¿Cuánto dinero se está gastando en estos tres procesos separados? Nadie lo confiesa. Por otra parte, de los 570 municipios de Oaxaca, 152 elegirán a sus gobernantes locales por sufragio libre y secreto; los otros 418 lo harán por usos y costumbres, usualmente en asambleas sin competencia y, en muchos casos, sin la participación de las mujeres.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Amy Grant
El impuesto a la gasolina está demostrando una vez más la perversidad de nuestros políticos. Lo que menos les interesa es promover estrategias para el desarrollo y bienestar de los mexicanos.
Este martes 2 de octubre fuimos testigos de uno más de esos rituales absurdos de nuestra vida política. El Secretario de Hacienda Agustín Carstens compareció ante la Cámara de Diputados para ofrecer una glosa del informe. Pero no había forma de entablar una discusión seria sobre la política económica del país.
Los diputados del PRD proferían descalificaciones personales y se paraban detrás del Secretario para salir en las fotos y la televisión enarbolando cartelitos con insultos al Presidente (como niños en etapa anal de desarrollo, se referían a él como "Fecal"). Querían quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, quien los ha calificado de cobardes por haber permitido la aprobación de la reforma fiscal, y convencer a los ciudadanos de que un impuesto a la gasolina que todavía no entra en vigor en México ha provocado alzas en los precios de productos básicos en todo el mundo.
Los demás diputados dejaron de prestarle atención al sainete y poco a poco se fueron saliendo del pleno hasta dejarlo medio vacío. Una vez más se hizo evidente que la Cámara de Diputados sirve para todo menos para albergar discusiones a fondo sobre los temas importantes del país.
Aplicar un impuesto a la gasolina no es una mala idea. Este gravamen resulta, por naturaleza, sencillo y transparente; es fácil de administrar y nadie con un vehículo -la gente de ingreso medio para arriba- puede evadirlo. Quizá por eso hay tanta resistencia a aceptarlo en un país en el que los partidos políticos están acostumbrados a comprar votos y conciencias a través de tratos preferenciales en la aplicación de las leyes, especialmente las fiscales.
El impuesto a la gasolina es también ecológico, ya que vuelve más costoso el uso de los vehículos de motor. Por eso se ha convertido en uno de los recursos de recaudación más empleados en Europa y Norteamérica. En Estados Unidos se usa para financiar la red de carreteras, con lo cual se consigue que éstas sean mantenidas por los usuarios y no por quienes carecen de vehículo.
Lo anterior no significa que el impuesto se vaya a aplicar de la mejor manera posible en nuestro país. Inquieta, para empezar, que el dinero recaudado vaya a destinarse completamente al gasto de las entidades federativas (varias de ellas encabezadas por el PRD, que protesta contra el gravamen). Algunos estados gastan bien, pero otros lo hacen muy mal. Los criterios estatales de transparencia son muy inferiores a los que se aplican en el gasto federal. Si bien hay que tener cuidado con las generalizaciones, lo más probable es que la asignación directa de los recursos a los gobiernos de los estados significará una menor eficacia en el gasto.
Preocupa también el hecho de que una parte muy importante de lo que se obtendrá por el nuevo impuesto se está perdiendo por la cancelación de los ajustes mensuales a los precios de los energéticos. Según cálculos de EL NORTE publicados el 17 de septiembre, los cuales se basan en información de la Secretaría de Hacienda, el "gasolinazo" recaudará solamente 12 mil 200 millones de pesos en 2008. En cambio, la Secretaría de Energía plantea que por la cancelación de ajustes de los precios de la gasolina, el diesel y el gas natural, las empresas energéticas del Estado perderán entre siete mil y nueve mil millones de pesos entre 2007 y 2008.
Si casi todo el ingreso del impuesto a las gasolinas se perderá por la cancelación de los ajustes, el gasolinazo se convierte en una simple transferencia de recursos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a los gobiernos de los estados. Poco sentido tiene pagar el costo político que está sufriendo el Gobierno por una medida tan absurda.
Si el Presidente Calderón quisiera entrar al juego perverso de los políticos, debería ordenar de inmediato la cancelación del "gasolinazo" y al mismo tiempo reanudar los ajustes a los precios de los energéticos. De esta manera, su popularidad, afectada por el nuevo impuesto, repuntaría. Los gobiernos estatales priistas y perredistas, que perderían miles de millones de pesos, se verían obligados a quitarse la máscara y a exigir éste u otro impuesto.
Lo que no hará esta medida -ni ninguna otra- será reducir las presiones alcistas en los precios. Éstas tienen un origen externo que bien conocen los diputados que trataban desesperados este martes de salir en televisión con sus tristes carteles durante la comparecencia del Secretario Carstens.
Usos y costumbres
Los oaxaqueños salieron a votar el 2 de julio de 2006 para la elección federal y una vez más el 5 de agosto de este 2007 para escoger a diputados locales. Este próximo domingo 7 de octubre deberán elegir a presidentes municipales y regidores. ¿Cuánto dinero se está gastando en estos tres procesos separados? Nadie lo confiesa. Por otra parte, de los 570 municipios de Oaxaca, 152 elegirán a sus gobernantes locales por sufragio libre y secreto; los otros 418 lo harán por usos y costumbres, usualmente en asambleas sin competencia y, en muchos casos, sin la participación de las mujeres.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Etiquetas: Calderon, congreso, demagogia, economia, inflacion, populismo, reforma fiscal
