HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

"Los ladrones creen en la propiedad; lo malo es que les inspira un excesivo amor".
G.K. Chesterton


El artículo 28 de nuestra actual Constitución retomó de la Carta Magna de 1857 la prohibición de los monopolios. Sólo que en contraste con el texto liberal original, el cual establecía exenciones a la prohibición de los monopolios sólo para la acuñación de moneda, el correo y las patentes intelectuales, el actual establece una larga lista de excepciones entre las que se encuentran "las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses".

Esta exención a la prohibición constitucional a los monopolios no ha beneficiado a los trabajadores mexicanos, los cuales siguen siendo muy pobres, especialmente en contraste con los países que no otorgan este monopolio a los sindicatos. Sí ha hecho ricos, en cambio, a nuestros líderes sindicales, quienes son mucho más prósperos que los de cualquier país desarrollado. A la sociedad mexicana el monopolio le ha impuesto cargas excesivas. Una de las razones más importantes de que México sea hoy un país pobre es precisamente la existencia de los monopolios sindicales.

Hoy en Morelos, y también en Quintana Roo, estamos viviendo una de las consecuencias de permitir que los sindicatos sean monopolios. Los grupos disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se oponen a una Alianza por la Calidad de la Educación que podrá ser tan imperfecta como se quiera, pero que en su parte esencial, al dar al Estado la posibilidad de seleccionar con un examen a los mejores aspirantes a ocupar cargos de maestros en escuelas públicas, es absolutamente indispensable y razonable. Sin una regla que permita a la sociedad buscar a los mejores maestros, las escuelas públicas nunca podrán ser competitivas; y sin una educación de calidad, México nunca podrá superar la pobreza que actualmente nos agobia.

La acción lógica de la sociedad ante la prolongada suspensión de clases en Morelos habría sido la de empezar a contratar a nuevos maestros para reemplazar a los paristas y reanudar las clases lo antes posible. Y no faltan aspirantes a ocupar esos cargos. Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo entre los maestros de escuelas públicas son mejores de los que prevalecen en promedio en la sociedad mexicana. Por eso precisamente se ha creado un mercado negro de plazas magisteriales y por ello los maestros disidentes han exigido que se les respete la "conquista sindical" de heredar o vender sus plazas.

Es indignante que, en lugar de eso, las autoridades educativas de Quintana Roo y Morelos hayan optado por tratar de "comprar" las plazas de los maestros con dinero del pueblo. El paro en Quintana Roo, efectivamente, se zanjó en un principio con un pago de 120 mil pesos por cada plaza magisterial. En Morelos el gobierno ha ofrecido 80 mil pesos, pero la oferta ha sido rechazada hasta ahora por los maestros en huelga.

Los líderes del paro en Morelos afirman que se oponen a la "privatización de la educación". Lo curioso es que son ellos quienes están promoviendo una privatización abierta de la instrucción pública en nuestro país. Lo han hecho ya con esas plazas magisteriales que han dejado de ser propiedad pública y que se han convertido en propiedad privada de maestros y sindicato. Lo están logrando también -como lo ha hecho la sección 22 del SNTE en Oaxaca con 28 años de paros consecutivos- al hacer que las escuelas públicas no sean ya una opción de razonable calidad para la instrucción de los niños. Con ello obligan a que las familias que puedan paguen escuelas privadas para sus hijos, en adición al dinero que tienen que desembolsar en impuestos para sostener una educación pública disfuncional.

El daño que ha hecho a nuestro país la modificación del texto original de la Constitución de 1857, que prohibía los monopolios de todo tipo, ha sido enorme. En esa ampliación de los monopolios que pueden operar impunemente se encuentran en buena medida las razones de la pobreza de nuestro país. Una medida que estaba supuestamente destinada a defender los intereses de los trabajadores, los ha empobrecido a ellos y ha enriquecido a sus líderes; pero los daños para la sociedad mexicana han sido mucho más profundos.

En educación las consecuencias son devastadoras. El monopolio sindical ha permitido que se mantenga en México una instrucción pública de mala calidad y ha privatizado tanto las plazas de los maestros como la enseñanza en general. Ha llegado por eso el momento en que los mexicanos digamos un "no" rotundo a la privatización de la educación pública. Pero también que pidamos la corrección del artículo 28 de la Constitución que, al dar a los sindicatos un monopolio, ha empobrecido de manera inaceptable a nuestro país para beneficio de unos cuantos líderes.


Sergio Sarmiento
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¡Cuánto daño nos ha hecho la conquista! Por su causa sufre México males de todo orden y desorden que en el atraso lo mantienen. No hablo de la conquista hecha por los españoles, no. Ésa, aunque lo nieguen los anacrónicos y cursis danzarines que cada 12 de octubre se congregan en la estatua de Colón en la Ciudad de México, esa conquista, digo, trajo -con los inevitables males que toda conquista trae consigo- la luz de la cultura y la civilización occidentales. Por esa luz hablamos como hablamos; por esa luz pensamos como pensamos; por esa luz, en fin, somos lo que somos. De esa conquista no hablo, pues.

Hablo de un concepto de conquista que nos ha dañado mucho y nos sigue dañando todavía: la llamada "conquista sindical". Hay conquistas gremiales justas y legítimas, que protegen al trabajador de los excesos a que puede llegar el capitalismo sin sentido humano. Pero otras conquistas sindicales hay en México que son fruto de la connivencia de líderes inmorales con un régimen político que por su naturaleza requería la sumisión agradecida de grandes masas -así: masas- de trabajadores. Si un observador extranjero revisa los privilegios de que gozan los miembros de algunos sindicatos mexicanos, sus prestaciones, aguinaldos, vacaciones, bonos, pensiones y jubilaciones, y todos los gajes, prebendas, exenciones, sinecuras, lucros y prebendas que se contienen en sus contratos colectivos de trabajo, se maravillará de que el País pueda todavía mantenerse en pie.

Entre esos absurdos e inmorales privilegios está el que reclaman algunos ganapanes de la educación -no ensuciemos el nombre de "maestros" al referirnos a ellos- que pretenden derechos de propiedad sobre sus plazas, y exigen que se les siga permitiendo venderlas, cambiarlas por favores sexuales o heredarlas a sus descendientes hasta la séptima u octava generación. Ésos no sólo son malos profesores: son también malos mexicanos. El acuerdo por el cual las plazas magisteriales serán atribuidas mediante exámenes a los aspirantes es una medida que tiende a la superación del maestro, y a mejorar la calidad de las escuelas.

Oponerse a ese acuerdo es querer seguir en la mediocridad, en la corrupción, en las inmorales complacencias que tienen postrada a la educación en México. Da vergüenza tener "profesores" así, y causan grima las manifestaciones que hacen para defender sus mezquinas pretensiones. La Patria los condena; desde sus tumbas los miran con reproche los grandes maestros de la niñez y de la juventud; las sombras de los próceres nacionales se congregan para lanzarles anatemas, y yo, más modestamente, pero con igual indignación, les envío esta sonora trompetilla: ¡PTRRRRRRRRRR!...

Armando Fuentes Aguirre, Catón

El Norte, sábado 27 de septiembre del 2008

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La historia demuestra con transparencia como están las cosas con la lluvia de bloqueos que cualquier grupo puede montar sobre todo en la ciudad de México pero también en otras partes del país, siempre con absoluta impunidad y con el terror de las autoridades de ejercer su derecho a que la ciudadanía pueda circular libremente por todo el país. El miércoles, como lo vienen haciendo cotidianamente, uno grupo de no más de 300 maestros de Morelos decidieron bloquear todos los accesos a Cuernavaca y el tránsito por la carretera a México y a Acapulco. El bloqueo duró horas y pusieron especial énfasis en bloquear las entradas al principal hospital público de Cuernavaca. Allí no podía pasar nadie, ni ambulancias ni enfermos. Después de cinco horas de bloqueo, la señora Cristina Mechaca, se bajó de un autobús para demandar que dejaran pasar ese transporte que traía niños autistas que venían de recibir un tratamiento fuera de Cuernavaca y que por su propia condición ya no podían seguir esperando durante más tiempo, sin agua y sin baños en el lugar. La señora, existen testimonios gráficos claros al respecto, fue golpeada, insultada, jaloneada y rasguñada y por supuesto los valientes manifestantes decidieron que por ahí no pasaba nadie, ni niños enfermos ni madres agredidas. Pero a unos metros de allí, casi a la misma horas, sobre la carretera, en la zona llamada El Polvorín, un grupo de traileros, hartos por la espera, porque habían perdido el día laboral e incluso su carga, junto con un grupo de choferes de autobuses, se dirigieron hasta el retén que bloqueaba la carretera y fueron muy directos, luego de un poco amable intercambio de palabras: si en diez minutos los manifestantes no liberaban la carretera, "les partiremos la madre". Los valientes manifestantes que golpearon a una madre e hicieron escarnio de ella, que dejaron a niños y personas enfermas sin poder ingresar a un hospital, decidieron ante la contundente advertencia de los traileros, levantar en apenas cinco minutos el bloqueo y dejarlo para otra ocasión. El adjetivo más suave que se puede utilizar es cobardía, en el sentido más amplio de la palabra.

Pero la anécdota sirve también para reflexionar sobre otro tema. Durante las horas del bloqueo del miércoles, o los de días pasados en Cuernavaca o en el DF, o en otros puntos del país, sobre todo en Michoacán, no ha habido una sola autoridad que tomara cartas en el asunto más que aceptar formar mesas de negociación que todos, unos y otros, saben que no sirven para nada. Bloquear autopistas federales es un delito federal; bloquear vías principales en las ciudades es un delito del orden local; ocupar por la fuerza edificios públicos sea la sede de la SEP o el palacio de gobierno de Morelos, implica la violación de una larga serie de ordenamientos legales. ¿Cómo puede ser que no haya una sola autoridad que tome cartas en el asunto?. Días atrás, el secretario de seguridad pública capitalina, Manuel Mondragón y Kalb me decía que él no podían hacer nada si tres mil manifestantes y 80 camiones estaban bloqueando la entrada y el tránsito de la ciudad. Las autoridades federales tampoco hicieron nada para evitar el bloqueo en las vías federales. No hay una sola persona de estos grupos a la que se le haya iniciado una averiguación previa, ni un policía, federal o local, que haya intentado evitar los hechos. Los únicos exitosos, con una advertencia muy entendible para todos, fueron los traileros: ¿tendremos que contratarlos para garantizar la seguridad y que se respete la ley?¿no se comprende que más temprano que tarde ciudadanos hartos van a intentar romper los bloqueos y ocurrirá, de un lado o del otro una tragedia?. ¿Tan difícil es demostrar que con todo el respeto a las leyes hay cosas que se pueden hacer y cosas que no?¿qué nada impide el derecho de manifestación pero que bloquear calles, avenidas y autopistas está prohibido, tanto como ocupar por la fuerza edificios públicos?¿las leyes que se aplican a los ciudadanos individualmente no son las mismas cuando se juntan más de diez personas con una supuesta bandera política o social?. El miércoles fueron los maestros, ayer en el DF, un grupo de microbuseros que no quieren competencia en sus rutas. Nadie impidió que durante horas, tuvieran paralizado toda un área neurálgica de la ciudad.

El hecho es que unos centenares de maestros deciden oponerse a la reforma educativa y tienen libertad para hacer lo que quieran. Reclaman, sobre todo, tres temas: no quieren concursos de oposición para ocupar plazas; quieren que esas plazas se entreguen directamente a cualquiera que haya terminado la escuela normal, haya o no demanda de maestros en la zona e independientemente de su capacitación y, además quieren que esa plaza se convierta en un bien patrimonial, o sea que pueda ser vendida, transferida o heredada. Y por último tampoco quieren ser evaluados en su desempeño. Es verdad que muchas de esas cosas se realizaron durante décadas con impunidad y con el beneplácito de autoridades, sindicatos y partidos. Pero eso ya es insostenible y todo lo demás, positivo, que tiene la alianza educativa, sin romper con ese circulo vicioso, corrupto, no servirá para nada.

La mayoría de los maestros están dispuestos a apoyar esas reformas. Pero si observan que pueden tener beneficios ilegítimos con medidas de fuerza, que nadie las impide violar la ley, que no tienen ningún costo ni siquiera salarial (porque a esos manifestantes les siguen pagando rigurosamente su salario, trabajen o no), si ni siquiera existe una exhibición pública de lo injusto de la demanda ¿por qué seguirán apoyando las reformas?. Son las autoridades las que deben asumir sus responsabilidades, no los traileros. Pero qué podemos esperar si el otro bloqueo del miércoles lo realizaron miembros de la AFI que no quieren incorporarse al régimen laboral más estricto de la Policía Federal?

Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior	Fecha: Viernes, 26 de Septiembre de 2008

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Y todo porque quieren seguir heredando o vendiendo sus plazas. ¿Y la calidad educativa? Eso si, el PRD y AMLO siguen detrás de la CNTE. ¿Hasta cuando? Y no se confundan, esto no significa apoyar a la Gordillo. Las plazas deben asignarse por examen de oposición, por capacidad del maestro. No por antigüedad, ni por ser hijo o pariente del que se jubila. ¿Quién refuta esto?

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Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.

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Nada ha cambiado desde los 70 en que se evidenció una disputa por el futuro de la nación. Desde entonces tenemos un país profundamente dividido en su visión de futuro, desde entonces vienen chocando dos visiones encontradas: la de los nacionalistas estatistas y la de los modernizadores. Cada una tiene sus raíces en nuestra historia y ambas pregonan soluciones definitivas, pero su enfoque y objetivos son radicalmente distintos. La tragedia es que estamos en el mismo lugar treinta años después. Hemos desperdiciado tres décadas sin poder resolver esta disputa, que ahora se manifiesta en el tema del petróleo.

Las dos posturas que se disputan la primacía en el debate actual reflejan dos visiones del mundo, dos expectativas sobre el futuro y dos momentos del poder político. El discurso dogmático de los nacionalistas estatistas que enarbola una parte de los perredistas y de los priistas deriva su inspiración en el acto expropiatorio de 1938 y justifica su postura en la lectura, como si fuera un texto sagrado y no un documento vivo, de la Constitución de 1917. Desde esa perspectiva, el petróleo no puede entenderse como una mercancía sino como una fuente de soberanía, un elemento central de la mexicanidad.

Esa visión se traduce en dos propuestas concretas: una, que no es posible modificar legislación alguna porque se trata de algo que está por encima de la acción humana. La otra, que sólo el gobierno tiene, y debe tener, la facultad para explotar el recurso y decidir sobre el conjunto de la industria (y, de hecho, sobre el desarrollo del País). Cualquier avezado lector de la realidad de inmediato encontrará una obvia contradicción entre esta postura política y considerar al gobierno de la República como "ilegítimo".

La postura que presenta el gobierno y que, de acuerdo a las encuestas, al menos en sus grandes líneas, representa a una franja amplia de la sociedad entiende al petróleo como un recurso soberano pero también como un instrumento para el desarrollo. Es decir, reconoce la historia y la centralidad de la soberanía sobre los recursos del subsuelo, pero ve al petróleo como un recurso finito, cuya importancia es susceptible al cambio tecnológico y, sobre todo, lo ve como un medio para lograr el desarrollo económico como objetivo, y no como un fin en sí mismo. La propuesta que ha presentado el gobierno no es de avanzada; si uno observa el contexto mundial, donde hay jugadores que se han tornado en formidables competidores, como Petrobras, la iniciativa presentada por el gobierno es sumamente modesta. Una verdadera propuesta modernizadora estaría buscando colocar a Pemex por encima de la empresa brasileña en tamaño y productividad.

A vuelo de pájaro, mientras que quienes enarbolan la postura estatista pugnan por la inmovilidad, los que abogan por la apertura vinculan el desarrollo del recurso al desarrollo económico. Los primeros no tienen prisa, aparentemente porque suponen que el petróleo seguirá siendo igual de importante en cien años. Los segundos observan la forma en que evoluciona la tecnología y temen que el recurso pierda valor en el curso del tiempo. Ciertamente, a la luz de los extraordinarios precios del barril de petróleo en la actualidad, hoy parece difícil creer que éste pueda disminuir.

Sin embargo, no es necesario ir muy atrás en la historia para observar que, como todas las mercancías, los precios fluctúan y el ciclo petrolero tarde o temprano impondrá una dinámica distinta en ese precio. A esos precios es rentable explotar recursos petroleros menos accesibles así como desarrollar substitutos, lo que elevará la oferta y, con ello, disminuirá el precio. Cuando eso suceda, la dinámica de los mercados será distinta.

Pero la disputa sobre la política energética no se agota en la retórica y en la especulación sobre el precio. Detrás de la retórica existe un profundo pragmatismo apenas disfrazado. Ambas perspectivas conciben al petróleo como instrumento, pero ese instrumento es radicalmente distinto. En el planteamiento estatista, al petróleo se le concibe como un instrumento de poder en manos del gobierno, para lo cual demanda absoluta discrecionalidad, es decir, un gobierno todopoderoso capaz de emplear el recurso y los fondos que éste traiga consigo, sin tener que dar explicaciones o rendirle cuentas a nadie.

Detrás de la retórica casi religiosa de la soberanía petrolera se oculta un absoluto pragmatismo donde el recurso debe quedar en manos del gobierno, presumiblemente de un futuro gobierno estatista, mismo que tendría todas las facultades para utilizar los fondos que éste produce de acuerdo a su "proyecto" de nación. Así, la visión estatista propugna por la restauración del viejo poder presidencial con el petróleo como fuente de financiamiento.

El planteamiento modernizador es igualmente pragmático pero se inscribe en una visión muy distinta del papel del gobierno en la sociedad y en el desarrollo económico. El petróleo no es del gobierno para explotarlo al antojo del presidente en turno sino un recurso, un instrumento, que debe ser explotado de manera racional. Para esto se deben utilizar mecanismos de mercado que determinen el ritmo óptimo de extracción y que combinen las virtudes de la eficiencia que trae consigo la competencia entre distintas empresas en un mismo mercado con la propiedad gubernamental del recurso mismo. La visión modernizadora viene de la mano de la descentralización del poder.

La visión estatista nacionalista fracasó en 1982 porque la concentración del poder llevó a excesos y abusos como le pasa a todo exceso. La visión de mercado nunca se ha materializado porque el gobierno, incluyendo los supuestamente reformistas de los 80 y 90, jamás creó las condiciones para que operaran los mecanismos de una verdadera economía de mercado en el País.

Los críticos de las privatizaciones tienen razón cuando argumentan que tan malos son los monopolios públicos como los privados y que las privatizaciones poco transparentes acabaron creando mercados protegidos, claramente oligopólicos, que resultaron más onerosos para la población. Los erróneos criterios bajo los cuales se llevaron a cabo esas privatizaciones (bancos, carreteras, comunicaciones) operan en sentido contrario al mercado, lo que hace difícil la venta de una visión de eficiencia y desarrollo acelerado.

Lo probable es que sigamos en el mundo del "hacer creer", donde habrá algunos cambios que aceleren la explotación del recurso, pero no los cambios necesarios para cancelar la opacidad en la asignación de la renta petrolera. Nuestra triste tradición en pleno.

Luis Rubio
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"Volverán a decir que somos un peligro para México".
Andrés Manuel López Obrador


El mensaje que Andrés Manuel López Obrador lanzó este 18 de marzo desde el Zócalo de la Ciudad de México es realmente ominoso. Si el Congreso siquiera da entrada a una iniciativa de reforma energética que no sea la que él quiere, López Obrador y sus simpatizantes paralizarán el País.

"El despojo del petróleo -dijo el perredista el 18 de marzo, con palabras casi exactamente iguales a las que usó en el mitin del 24 de febrero junto a la torre de Pemex- dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo".

¿Qué forma tomaría esta "confrontación violenta"? No lo dijo el "presidente legítimo" este martes. Al igual que en la reunión del 24 de febrero, López Obrador le dejó a Claudia Sheinbaum la responsabilidad de detallar la amenaza:

En el momento mismo en que se presente una iniciativa de reforma energética con la que López Obrador no esté de acuerdo se llevará a cabo una "huelga legislativa" por parte de las fracciones del Frente Amplio Progresista y se instalarán "cercos ciudadanos" en el Senado y la Cámara de Diputados, así como en las sedes de los gobiernos y los congresos de los estados. Si no se retira la iniciativa, se harán cercos ciudadanos en los aeropuertos del País y en las instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras. También habrá "bloqueos ciudadanos" en las carreteras de todo el País y un "paro patriótico nacional".

López Obrador afirmó este 18 de marzo: "Es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar al País. Lo repito: ellos son los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes. Nosotros no queremos violencia. Nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica".

Habrá que preguntarse si un bloqueo de los aeropuertos, las instalaciones petroleras, las instituciones financieras y las carreteras de todo el País es un acto pacífico de protesta. En el Distrito Federal quizá lo sea, ya que las autoridades le prestarán la policía y todo el apoyo necesario a su jefe López Obrador, como ya lo hizo Alejandro Encinas en el 2006 durante la toma del Paseo de la Reforma y de una parte del Centro Histórico de la ciudad.

Por si alguna duda había, en la reunión del martes en el Zócalo estuvo presente el actual Jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard (a pesar de que el día era laborable y eran horas de oficina), quien de esta manera manifestó su apoyo al movimiento. En el resto de la República, empero, habrá sin duda mayor resistencia a la "resistencia pacífica" de Andrés Manuel.

López Obrador tiene, por supuesto, todo el derecho de hacer sus propuestas y de utilizar la enorme fuerza política que él y su partido han acumulado para promoverlas. Lo que no tiene derecho a hacer es a amenazar al País en caso de que alguien haga una propuesta diferente a la suya. Esto es simplemente un chantaje.

El propio López Obrador se da cuenta de ello. Por eso trató de curarse en salud en el mitin de este 18 de marzo: "Ya sabemos que se nos vendrán encima con sus campañas de desprestigio en los medios de comunicación. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes. Dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México".

Por supuesto que habrá muchos que lo digan. Y con toda la razón del mundo. Cualquier país puede considerar un peligro a un político que amenace con paralizar la vida económica de la nación si el Gobierno no obedece puntualmente sus instrucciones. Ya imagino lo que haría ese Gobierno cubano que tanto admira López Obrador si algún disidente se atreviera a lanzar una amenaza que fuese siquiera una pálida sombra de la que él mismo ha dado a conocer.

Yo en lo personal -como muchos millones de mexicanos- pienso que el monopolio del que goza Pemex es una de las razones fundamentales de los problemas económicos y de la pobreza de nuestro país. El recurso en el subsuelo debe seguir siendo propiedad de los mexicanos, como lo es en todos los países del mundo, pero los mexicanos no debemos aceptar que una empresa tenga el monopolio sobre toda la exploración y producción de petróleo y sus derivados.

Pero en todo caso ésa es mi idea. Una cosa es que esté yo dispuesto a defenderla con todos los argumentos a mi alcance, y otra muy distinta que amenace con paralizar la economía nacional si el Gobierno y el Congreso no se pliegan a mi posición.

Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
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Lo dije yo hace varios años, antes de que el PAN utilizara mediaticamente la frase, AMLO es un peligro para México.

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"El servicio público es una responsabilidad, no un privilegio". César Hernández

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro es una de las empresas más ineficientes de nuestro país. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que la tiene emplazada a huelga para el próximo domingo 16 de marzo, es en buena medida responsable de esta ineficiencia. Quizá por eso está exigiendo que en su contrato se establezca que la firma nunca podrá ser declarada en quiebra o liquidada.

Los líderes del SME piensan que se puede prohibir la muerte de la gallina de los huevos de oro. No se dan cuenta de que el pobre animal ya se está desangrando.

Entre enero y octubre de 2007 -últimas cifras disponibles- Luz y Fuerza del Centro reportó ingresos por venta de servicios por 35 mil 563 millones de pesos. Los costos de explotación, sin embargo, fueron de 62 mil 978 millones de pesos. En otras palabras, la empresa gasta casi dos veces más de lo que vende.

La pérdida de explotación en los 10 primeros meses de 2007 fue de 27 mil 414 millones de pesos. Si añadimos una depreciación de mil 295 millones de pesos, se registra una pérdida de operación de 28 mil 710 millones de pesos. La cifra es brutal para diez meses de operación.

En el 2006, el último año para el que hay información completa, la pérdida por operación de la empresa fue de 33 mil 849 millones de pesos. La quiebra sólo se pudo evitar con un subsidio de 33 mil 530 millones de pesos de los contribuyentes. Las tarifas de la empresa son muy altas en comparación con las que se cobran en otros lugares del mundo, pero se vuelven estratosféricas cuando se suman a los subsidios de los contribuyentes.

Según indicadores de la Secretaría de Energía, en diciembre de 2007, Luz y Fuerza registraba una venta de 754 megavatios por hora anuales por trabajador. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no es un ejemplo de eficiencia internacional, tiene ventas anuales por trabajadores de 2 mil 494 mwh. En Francia la cifra es de 4 mil 900 mvh, en España de 6 mil 900 y en Australia de 8 mil 950 (César Hernández, "La Reforma Cautiva").

El tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios para la CFE es de un día y en las zonas urbanas se reduce a 0.8 de día. En Luz y Fuerza del Centro, a pesar de que la mayoría de las conexiones son urbanas, el promedio es de 5.9 días (indicadores de la Sener). Estos plazos, sin embargo, corren a partir del momento en que se hace la contratación. Quien haya contratado el servicio de Luz y Fuerza sabe que la verdadera pesadilla se sufre en los trámites previos.

Luz y Fuerza tenía en 2006 una plantilla laboral de 33 mil 154 trabajadores de planta y 7 mil 324 temporales, muchas veces superior a la de cualquier empresa de estas dimensiones. Los jubilados ascendían a 21 mil 555. Debido a las reglas de retiro, en unos años más la mitad de los costos laborales se irán a quienes están en retiro. En 2017 la empresa tendrá 37 mil 934 jubilados según la Auditoría Superior de la Federación.

Parte del exceso de personal se debe a que el sindicato ha exigido que la empresa realice actividades que ninguna firma de electricidad en el mundo lleva a cabo. Así, los trabajadores fabrican los postes y sus uniformes. Son ellos también quienes entregan los recibos de pago. Esto le cuesta mucho más a Luz y Fuerza que contratar servicios externos. Por ésta y muchas más razones, los costos laborales representaban en 2005 el 34 por ciento del costo de explotación y de energía comprada. En la CFE el monto equivalente era de 20.1 por ciento.

Luz y Fuerza tiene enormes pérdidas de energía: en el 2006 eran de 31.4 por ciento de la electricidad distribuida. La CFE tenía ese mismo año pérdidas de 10.8 por ciento. Buena parte de las pérdidas de Luz y Fuerza son producto de conexiones fraudulentas a la red pública, pero los esfuerzos por enfrentar el problema han fracasado. En 2001 la empresa firmó un acuerdo con el SME para disminuir las pérdidas, que en ese entonces eran de 24 por ciento; pero para este 2008 ya ascienden a 33 por ciento.

Los trabajadores de Luz y Fuerza se cuentan entre los mejor pagados del País. Según un estudio del CIDAC, un cajero en México ganaba en promedio mil 764 pesos al mes en 2005. En Luz y Fuerza obtenía 10 mil 042 pesos. Pero, además, un trabajador de esta empresa recibe prestaciones muy por arriba de las del resto de los trabajadores. Tan sólo las ayudas de transporte, de despensa y de renta ascienden a 71 por ciento del salario.

El SME ha presentado un amplio pliego petitorio en su emplazamiento a huelga que incluye el rechazo a la inversión privada en electricidad, una reforma fiscal que disminuya los impuestos de los trabajadores, una mejora en las prestaciones y un aumento de 16 por ciento en el salario. Si no hay un acuerdo, el sindicato dejará sin electricidad al centro de la República. Pero en lugar de aceptar este chantaje, quizá los dueños -los ciudadanos mexicanos- deberíamos declarar en quiebra a la empresa y empezar de nuevo.

Sergio Sarmiento

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Cuando AMLO critique directa y abiertamente a los sindicatos como el SME, al de PEMEX, al SNTE, al SUTERM, y todos esos que viven del presupuesto, a costa de quienes si trabajamos, entonces, ese día, este blog se cerrará.

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Hay un sindicato que nos va a defender contra los que nos quieren robar la soberanía. Es el que estará en las calles para evitar que nos saqueen con la reforma energética. Sus afiliados no van a permitir inversión privada en petróleo, gas ni electricidad. Ese sindicato es el de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Luz y Fuerza del Centro es un monopolio. Es el único monopolio conocido, en el mundo, que pierde dinero. Y pierde a manos llenas. Las pérdidas de Luz y Fuerza del Centro eran de 12 mil 951 millones de pesos en 2001. Para este año perderá 32 mil 643 millones de pesos. Sus pérdidas operativas en los cinco años recientes son de 124 mil millones de pesos. En los primeros nueve meses del año pasado, Luz y Fuerza del Centro perdió 24 mil 625 millones de pesos.

Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, apuntó que el monopolio de la luz en el centro del país pierde todos los días, en promedio, 91 millones de pesos. Para que esa empresa pueda funcionar, escribió Quintana, el gobierno le entrega cerca de 90 millones de pesos cada día.

Esos son los que no quieren que nadie más entre a la comercialización de energía eléctrica ni al gas ni al petróleo. Qué buenos defensores de la soberanía nacional y de la economía de los mexicanos hemos encontrado. Los trabajadores de esa empresa son los que van a salir a la calle a frenar la apertura del sector energético, para que las cosas sigan exactamente iguales. Noventa millones de pesos al día les tenemos que entregar para que su empresa camine, y eso que no tienen competencia porque la Constitución lo prohíbe.

Corren solos y llegan últimos. ¿A eso quieren condenar al país, en nombre de la soberanía nacional?

El SME recibió el año pasado uno de los incrementos salariales más altos que se dieron: 4.25% más 1.6% en prestaciones, además de un pago de 500 millones de pesos para vivienda y... estímulos a la productividad. Ahora el sindicato y la empresa se encuentran en revisión del contrato colectivo de trabajo, y el SME pide un incremento salarial de 16 por ciento. La empresa, obviamente, está quebrada. Sus deudas equivalen a 24 veces el valor del capital de Luz y Fuerza del Centro, apuntó hace algunos meses el periodista Ernesto Sarabia.

Y la productividad es raquítica: 33% más apagones que la CFE, y para instalar un servicio tarda cinco días, contra un día que demora la CFE. Luz y Fuerza del Centro tiene más del doble de reclamos que la CFE por mal servicio, no obstante que no atiende ni a la cuarta parte del número de usuarios a los que la CFE brinda servicio (25 millones). El número de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro es parecido al que tiene la CFE, para atender a muchos menos usuarios.

Con la ventolera del miércoles Luz y Fuerza del Centro quedó expuesta como lo que es: un monopolio ineficiente y mal dirigido. El director de la empresa dijo, a manera de pretexto por los estropicios que causó el ventarrón en sus instalaciones, que 80% del cableado va por aire, y por eso los apagones.

¿Y por qué no lo hacen subterráneo? ¿Por qué tan poco dinero para mantenimiento?

Porque el dinero se va a pagar una nómina inmensa y jubilaciones por doquier en una empresa quebrada, pero cuyos trabajadores no quieren competencia. Bueno, el sindicato de ese monopolio estatal, además de defendernos a los mexicanos de los empresarios privados, puede ir a la huelga. En caso de no haber acuerdo salarial o en las 50 cláusulas del contrato colectivo que el sindicato pide revisar, la huelga estallará el domingo 16 de marzo.

Sí, el 16 de marzo, dos días antes de que López Obrador encabece la manifestación "en defensa del petróleo" y en contra de la reforma eléctrica, cualquiera que ella sea. Haya o no haya huelga, el SME será el pilar de las movilizaciones de López Obrador, "en defensa del petróleo y de la industria eléctrica del Estado".

25-Ene-2008

Pablo Hiriart

Etiquetas: AMLO, demagogia, monopolios, PEMEX, petroleo, populismo, reaccionario, reformas, sindicatos, SME, soberania

Días antes de las elecciones presidenciales de 2006, Andrés Manuel López Obrador advertía en privado: "Lo primero que anunciaré cuando tome protesta como Presidente de México será la nacionalización de Teléfonos de México, Televisa y Cemex". Como sabemos, el perredista fue el perdedor. Sin embargo, hoy, la poderosa empresa cementera de Lorenzo Zambrano se enfrenta a la amenaza de ser expropiada en Venezuela, por órdenes del presidente Hugo Chávez. ¿Casualidad o la confirmación de los nexos y las doctrinas coincidentes entre AMLO y Chávez?

Nacionalizar ha sido el arma favorita de Chávez en su país. Bajo el pretexto de "razones de Estado", tiene bajo su control las principales actividades económicas y, con ese argumento, también ha censurado a los medios que le critican y no lo adulan como lo hacen, por conveniencia y sobrevivencia, muchos más. En el caso de la televisión opositora (Radio Caracas Televisión), el venezolano le retira la concesión para aniquilar a un periodismo plural y democrático que no le conviene. Y su ejemplo cunde en América Latina.

Bajo la escuela chavista, el presidente de Bolivia, Evo Morales -quien en 2003, como líder de la oposición, derrocó al presidente electo constitucionalmente, Gonzalo Sánchez de Lozada- anunció, en el Día del Trabajo del año pasado, la nacionalización del sector energético, bajo la bandera de "poner fin al saqueo de las transnacionales". Pero de la fiesta en las calles bolivianas se pasó, rápidamente, a la angustia y la inmovilidad. Cuatro meses después, el gobierno de Morales reconoció su incapacidad técnica y financiera para llevar adelante el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Y más: la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, encargada de la estatización, paralizaba su actividad en toda la cadena productiva y admitió falta de planificación en sus operaciones. ¿Quién rescató de este desastre a Evo? Chávez y sus millones de petrodólares.

¿Son las nacionalizaciones de sectores estratégicos la solución para los problemas de un país? Ante la globalización que se vive, más que estatizar, la respuesta parece ser la competitividad. Competir. Abrir mercados. Fomentar la competencia para beneficiar al consumidor final. Pero Chávez y seguidores prefieren el camino de nacionalizar.
Por eso el venezolano amenaza con expropiar las fábricas privadas de cemento que operan en su país, como la mexicana Cemex. "Si las cementeras no quieren, bueno, las ocupamos, les inyectamos recursos, las ponemos a funcionar mejor, bajamos los costos y producimos el cemento para nosotros", es el argumento simplista de Chávez.

El destino que parece tener Cemex en Venezuela, con Chávez, lo hubiera tenido en México si, según sus propias palabras, AMLO hubiera ganado el 2 de julio. A diferencia de Telmex, Cemex es una empresa que no le fue regalada por el poder presidencial a un particular. La cementera es una de las más fuertes en el mundo y fue construida durante décadas. Hace unos días compró la empresa australiana Rinker, en alrededor de 15 mil millones de dólares, lo que constituye la operación internacional más importante que hasta ahora haya hecho alguna empresa mexicana.

¿Que es inaplazable modificar el régimen monopólico que retrasa el crecimiento en México? Sí. Pero se antoja difícil que sea con nacionalizaciones, un modelo que obtuvo buenos resultados hace setenta años -como ocurrió con el petróleo en 1938-, pero ahora podría generar más problemas que beneficios.

Hoy queda claro que Chávez y López Obrador piensan de manera similar. Por eso quería AMLO nacionalizar diversos sectores cuando anunciaba, según él, su inminente llegada a Los Pinos. De ahí se explica que, durante el secuestro de Paseo de la Reforma, en las casas de campaña perredistas se transmitieran frecuentemente discursos del presidente venezolano. Ahora se entiende el porqué de las visitas documentadas de la hija de Chávez al primer círculo lopezobradorista.

Y si no se pudo nacionalizar Cemex en México, pues, al menos, que sea en Venezuela. Para que se entienda el mensaje.

Martín Moreno, Excelsior, 15 de abril 2007

Etiquetas: AMLO, CEMEX, Chavez, economia, monopolios, pobreza, populismo

El tema de la competencia y los monopolios ha adquirido una inusitada atención. En un país que por décadas ha privilegiado el control sobre la competencia en todos los ámbitos de la vida pública, el mero hecho de discutir el tema es noticia. El debate es necesario porque el País vive estrangulado por intereses decididos a que nada cambie y, a diferencia de lo expresado por Lampedusa en El Gatopardo, ni siquiera ven la necesidad de disfrazarse.

Se usa la palabra monopolio para expresar fuerza, poder, pero no porque necesariamente se monopolice algo; es decir, en el debate se ha dado por identificar monopolio con la capacidad de inhibir la competencia. Los monopolios son perniciosos porque hacen imposible el desarrollo equilibrado de una sociedad. En lugar de permitir que cualquier ciudadano, por el hecho de serlo, tenga la posibilidad de desarrollar su potencial al máximo, los monopolios controlan accesos al poder, a la riqueza y al trabajo, paralizando al conjunto de la población. Con una definición tan amplia, México sufre de monopolios o equivalentes en todos los ámbitos de la vida pública. Pero no todos los llamados monopolios son perniciosos; algunos tienen un enorme impacto negativo, otros no; aún más importante, no todos son iguales ni pueden enfrentarse de la misma manera.

Si uno revisa las definiciones de diccionario y las extiende de la economía al conjunto de la sociedad, podrá reconocer las distintas maneras de ejercer un poder excesivo: por controlar una actividad, sector o acceso; por gozar de ventajas naturales o creadas excepcionales; por ser el único comprador o proveedor de un servicio; o por hacer efectivo lo que los economistas llaman "poder de mercado", es decir, imponen condiciones a quienes aspiran a participar en una actividad determinada. Independientemente de la definición que uno prefiera, lo relevante es que un monopolio o práctica monopólica impide o inhibe la competencia, lo que cancela opciones para el desarrollo de los ciudadanos y consumidores.

La presencia de una práctica monopólica se puede manifestar de distintas formas. En el ámbito económico se expresa por medio de precios altos, mala calidad, pésimo servicio o abuso por parte de proveedores. En el plano laboral se manifiesta en el control sobre la contratación que ejercen los sindicatos a través de la "titularidad de un contrato colectivo", instrumento que impide el acceso a cualquier ciudadano a un determinado puesto de trabajo si no es con la venia del sindicato en cuestión, así como por la llamada "cláusula de exclusión", que permite eliminar a enemigos políticos o personales del liderazgo sindical. Esta situación establece costos artificiales (es decir, no de mercado) para la mano de obra, mismos que se ven reflejados en los precios finales.

En el ámbito político, la práctica monopólica estrecha nuestras opciones como ciudadanos y nos obliga a votar por el candidato menos malo, ya que la barrera de acceso impide que los mejores participen. Lo mismo se aprecia en la forma del llamado "mayoriteo" que puede ejercer un partido en el poder legislativo.

Pueden existir situaciones potencialmente propicias para las prácticas monopólicas por toda clase de razones y circunstancias. En algunos casos son legales, como ocurre con la ley electoral vigente, que le otorga un virtual monopolio del poder a los tres partidos políticos mayoritarios, o con el control que la constitución le otorga al gobierno en materia energética. En otros casos, se puede tratar de errores estratégicos: por ejemplo, la forma de privatizar una empresa, como ocurrió con Telmex. También puede ocurrir por corrupción o, en forma eufemística, por conveniencia coyuntural, como cuando existen facultades para eliminar una situación de monopolio o duopolio pero el gobierno prefiere no actuar; tal es el caso de la televisión. Finalmente, puede darse como resultado del éxito empresarial, sobre todo dado el tamaño relativamente pequeño de la economía mexicana, donde una empresa muy exitosa termina adquiriendo enorme presencia: ahí están Wal-Mart y Telcel como ejemplos obvios.

Si uno analiza la ley de competencia, encuentra una distinción que permite diferenciar entre empresas o, ampliándolo al conjunto de la sociedad, entidades o instituciones que llevan a cabo prácticas monopólicas absolutas (es decir, que establecen alianzas para imponer sus condiciones), de aquellas que sólo incurren en una situación de esta naturaleza cuando hacen valer su poder de mercado (lo que la ley llama práctica relativa). Lo importante es reconocer que la naturaleza y el origen del poder excesivo determinan en buena medida las opciones que existen para corregir la situación: no es lo mismo un monopolio que surge de la ley que otro producto de una circunstancia particular de mercado, ni se puede tratar de manera similar a una empresa cuyo poder se deriva de una concesión gubernamental de aquella que es producto del éxito empresarial.

Lo crítico en la evaluación de una situación monopólica es el mercado relevante. Si una empresa o entidad es grande o chica, no importa en sí. Lo fundamental es cómo incide en el mercado en que opera. Mientras la mayoría de los sindicatos goza de cláusulas de exclusión, hay otros que son virtuales dueños de su sector (como los maestros, petroleros o electricistas). Hay empresas grandes cuyo tamaño responde más a una lógica de consolidación a escala mundial, lo cual no tendría por qué incidir sobre la competencia: lo importante son las regulaciones que norman el mercado para garantizar la competencia.

Detrás de la estructura económica que permite la existencia de monopolios yace un sistema de gobierno que ha privilegiado el control y los beneficios de corto plazo sobre el desarrollo económico. Ello se debió, en parte, a la búsqueda o afán por mantener el poder y en parte por evitar conflictos de cualquier naturaleza; la suma de ambos criterios generó nuestro presente.

Muy pocos de nuestros gobiernos del pasado meditaron sobre la importancia de la competencia. Más preocupados por lo contingente, hicieron posible que otros actores con mayor visión hicieran de las suyas. En México no ha habido gobiernos preocupados por el futuro porque todos se ahogan en la coyuntura o en los intereses particulares de políticos y partidos, circunstancia que permite a los factores de poder explotarla en su beneficio.

Quizá la lección más importante que arroja nuestro pasado es que el mejor control al abuso no es la regulación ni la propiedad gubernamental, sino la competencia, en todos los ámbitos. Pero es más fácil denunciar el abuso que resolverlo. De ello hablaré en otra oportunidad.

Luis Rubio, El Norte, 4 de marzo 2007
www.cidac.org

Etiquetas: economia, monopolios, pobreza, populismo

El PRD, López Obrador y toda esa familia conocida como Frente Amplio Progresista preparan movilizaciones contra el alza al precio de la tortilla. Están en lo suyo. Es una buena causa. Y les encanta marchar. Lo que no se entiende bien es qué van a decir por el incremento al precio de la tortilla. Porque si se les hubiera hecho caso de cerrar la frontera a las importaciones de maíz o aumentar su gravamen, el precio hoy sería, seguramente, el doble o el triple. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario a lo que López Obrador proponía: importar más para frenar la especulación que se ha desatado en México.

A este problema no es ajena la existencia de un monopolio que la prensa de López Obrador no se atreve a llamar por su nombre. Y, hay que decirlo, López Obrador recorre el país con una súbita y febril actitud enemiga de los monopolios que no tiene un ápice de credibilidad. Está furioso contra los monopolios... ahora, ya que perdió las elecciones. Pero en campaña nunca los mencionó como un freno al desarrollo nacional. Y cuando gobernó la capital del país los consintió, coqueteó con ellos, les dio a ganar muy buen dinero público, se fotografiaba con las cabezas de esos monopolios y les hablaba de tú a los capitostes del sector monopólico de la economía para dar a entender que eran sus amigos. ¿De cuándo acá López Obrador salió muy gallo contra los monopolios? En cada discurso se lanza contra ellos. ¿Por qué ahora?

Duro está López Obrador contra el monopolio de la telefonía que encabeza el consorcio de Carlos Slim. ¿Y por qué nunca lo mencionó en campaña? Al contrario, durante su gobierno López Obrador le entregó el Centro Histórico de la Ciudad de México a Carlos Slim. Lo invitaba a todos su actos, a los que algunos de ellos efectivamente asistía el ahora aborrecido capitán de un monopolio impresentable. Sí, Slim tiene un monopolio que encarece los servicios de telefonía en México y por eso una llamada de teléfono fijo a un celular es 134 por ciento más cara aquí que en Estados Unidos. Apenas ahora se acuerda López Obrador que en México pagamos 260 por ciento más que en Estados Unidos por el internet de banda ancha. Que pagamos 230 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional. ¿A poco no sabía eso López Obrador cuando estaba en campaña? ¿No tenía la menor idea de cómo Slim se ha convertido en el segundo hombre más rico del mundo, a "sólo" siete mil millones de dólares de distancia de Bill Gates? Cuando se reunía con él, cuando lo agasajaba, cuando lo presumía en sus caminatas por el centro, ¿no sabía con quién se paseaba para ser retratado? López Obrador montó en cólera contra Slim porque el empresario se deslindó de él cuando no aceptó el resultado de las elecciones, tomó Reforma y empezó a echar improperios con ventilador. Fue un rompimiento por motivos personales, y no porque Slim sea la cabeza de un monopolio.

En sus nuevos discursos, en que arremete contra los monopolios que efectivamente existen en el país, López Obrador se lanza contra Cemex de Lorenzo Zambrano. En todos los mítines se le va al cuello a Cemex. ¿Por qué? ¿Hasta ahora viene a descubrir que pagamos 223 por ciento más que los estadunidenses por el cemento gris? ¿De dónde le salió la ira contra el monopolio del cemento? En campaña nunca lo mencionó. Y como jefe de Gobierno le dio a ganar a Cemex con contratos considerados leoninos para la ciudad. A Cemex le hizo el favor de recibirle cemento para los segundos pisos, a cambio de predios en la zona dorada Santa Fe que valen oro. Así se comportó con los monopolios cuando fue gobernante y cuando fue candidato. Y ahora, de pronto, le subió la fiebre antimonopólica. ¿Se puede creer en su sinceridad?

A Televisa está duro y dale con el asunto del monopolio. En cada discurso les suena. Tremendo contra el consorcio de Emilio Azcárraga Jean. Pero cuando fue jefe de Gobierno les pagó hasta las ganas. La auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea del DF detectó e hizo público que el gobierno de López Obrador pagó a Televisa por spots que nunca salieron al aire. Estaba feliz con "Emilio", como familiarmente le decía. Y desde luego tenía un trato de primera en Televisa. Entrevistas extensas, como a nadie. Y nunca dijo acuso de monopolio a esa empresa a la que, dicho sea de paso, debería tenerle gratitud. Además, Televisa dejó de tener el monopolio de la televisión comercial en 1993. López Obrador rompió con Televisa y se acordó del discurso anti monopolios, cuando la televisora no lo siguió en su aventura de desconocer al gobierno constitucional. Su ruptura no fue por la existencia de un monopolio, sino por una razón personal.

En su nuevo traje, López Obrador grita a todo pulmón contra el abandono al campo. Sí, claro que se ha abandonado al campo. ¿Y dónde estaba y con quiénes estaba López Obrador cuando se relegaba al campo. El sábado José Carreño publicó en estas páginas que en el gobierno de Ernesto Zedillo, entre 1995 y 2000 se desplomó el programa de apoyos al sector rural: el presupuesto de Procampo cayó de dos mil millones de dólares en 1994 a menos de 500 millones en 2000. Además -continúa Carreño-, se le quitó el apoyo a más de 600 mil campesinos y se redujo la superficie apoyada en 100 mil hectáreas. Recordemos también que en el gobierno de Zedillo quitó del padrón de beneficiarios de tortilla gratuita a un millón de niños. ¿Dónde estaba entonces el ahora indignado López Obrador por el abandono al campo? Era presidente del PRD, y como tal declaró que él y su partido serían soldados para defender al presidente Zedillo de fuerzas oscuras, según se registra en una memorable declaración suya hecha en Veracruz y recogida a ocho columnas por La Jornada. Nada dijo contra el desmantelamiento del apoyo al campesino. Ahora va a hacer una marcha a favor de los campesinos y en contra del alza a la tortilla. Que marche, pero... ¿qué va a decir?

Tal vez repita lo que dijo el sábado en Zacatecas: "el incremento al precio de la tortilla no tiene que ver con especulaciones ni nada parecido, sino con la dependencia que México tiene de Estados Unidos". Después acusa al monopolio de Maseca que "controla el 85 por ciento (sic) de la comercialización de la harina de maíz". Entonces, ¿el problema es la dependencia de EU o el monopolio de Maseca? No tiene la menor idea de lo que dice. En México la tortilla se hace con maíz blanco, del cual somos autosuficientes. Aquí se producen 20 millones de toneladas anuales de maíz, de las cuales 18.7 millones son de maíz blanco. Para consumo humano se necesitan diez millones de toneladas de maíz blanco al año. Hay de sobra. Por eso se han autorizado exportaciones. Y hay quienes lo destinan al consumo animal. Donde no somos autosuficientes es en la producción de maíz amarillo (1.3 millones de toneladas al año), que sirve para forraje de aves, ganado vacuno y otros animales de engorda.

Lo que tenemos, efectivamente, es un monopolio en la harina de maíz. Maseca controla el 80 por ciento (y no 85 como dice AMLO), mientras que el 20 por ciento restante es abastecido por 70 mil tortillerías de nixtamal. Ahí hay un problema severo, que lo sintetiza con precisión Jorge Medina Viedas en su artículo de ayer en Milenio: "si se protegen a los monopolios como ha ocurrido en este país, al presentarse una crisis mundial del precio del maíz, son éstos los que imponen localmente la política de precios, y los que a la corta y a la larga, van a reproducir los desequilibrios y las injusticias". ¿Sabrán algo de eso los que convocan a marchar contra el alza al precio de la tortilla?

Pablo Hiriart, La Crónica de Hoy, 15 de enero 2007
phiriart@cronica.com.mx

Etiquetas: AMLO, CEMEX, maiz, monopolios, PRD, Televisa, TELMEX