HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Quienes criticamos duramente al gobierno de Felipe Calderón cuando discrepamos, como ha sido mi caso desde un inicio con la guerra contra el narco, tenemos también la obligación de aplaudir y apoyar, con la misma convicción y vehemencia, aquellas acciones con las cuales estamos de acuerdo. Éste es mi caso sobre las reformas institucionales presentadas por Calderón antier, que considero son la propuesta más trascendente en México desde el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica de Salinas en 1993. Y lo es por tres razones.

La primera: sin reformar las instituciones esenciales del régimen político del viejo autoritarismo priista, México está paralizado. El sistema político mexicano desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara, no funciona. No permite tomar decisiones, innovar, ni enfrentar los grandes retos del país. Poner al principio y al frente estas reformas en lugar de seguir queriendo sacar las fiscales, energéticas, laborales y de seguridad con el andamiaje de antes, constituyen un cambio dramático muy pospuesto por Zedillo, Fox y Calderón.

Segunda razón: le arrebata la iniciativa al PRI y al PRD. Le roba el mandado a priistas ágiles e ilustrados como Beltrones, al obligarlos a definirse sobre sus propias propuestas. En lugar de esperar el visto bueno del PRI para las reformas posibles, ahora Calderón obliga al PRI a definirse sobre las reformas deseables. Esto llevará a divisiones en el PRI -que ya pudimos vislumbrar en las respuestas aterradoras por su ignorancia e incoherencia como las de Peña Nieto desde Roma-, o a lugares comunes o francas tonterías como las que escuchamos de parte del PRD y otros dirigentes del PRI en las Cámaras. Ahora quien lleva la batuta es Calderón.

Tercer motivo: si logra la aprobación de alguna de estas reformas, y obviamente si las logra todas antes de 2012, entregará al siguiente Presidente un Estado reformado y capaz de gobernar, no sólo de administrar. Pero si no lo logra por la oposición recalcitrante del PRI y del PRD podrá transformar la elección del 2012 -como lo he dicho solo y con Manuel Rodríguez Woog en estas páginas; y con Héctor Aguilar Camín en Nexos- en un referéndum sobre un programa para el futuro de México. Si Calderón no puede sacarlas, pero se decide a hacer campaña por éstas y otras reformas, le abre la puerta al candidato del PAN, cualquiera que sea, para que haga lo mismo y con posibilidades reales de lograr otra victoria.

Se puede discrepar de tal o cual detalle del paquete. Me parece que la forma en que está planteado el referéndum para cambios constitucionales es retorcida; me parece que hay desequilibrios entre reformas de fondo como la reelección, la segunda vuelta y el propio referéndum, con asuntos técnicos menores como la fecha de la elección legislativa o las llamadas leyes guillotina. Pienso, por ejemplo, que debe ponerse como base para conservar el registro de un partido el 5% y no en el 4% de la votación, como lo apuntamos con Héctor Aguilar Camín en Nexos, pero es lo de menos. Lo de más, en mi caso particular, es la enorme satisfacción que siento al comprobar que la lucha por las candidaturas independientes finalmente coincide con el Ejecutivo, en lugar de ser combatidas frontal y sistemáticamente por él. Gracias al trabajo, inteligencia, esfuerzo y perseverancia de Gonzalo Aguilar Zinser, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera, Federico Reyes Heroles y muchos otros, parece que logramos pasar de que se nos echara la caballería en Costa Rica hace un año y medio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que ahora Calderón haga suya una propuesta que, ni él ni Fox, jamás debieron haber combatido. El umbral del 1% de firmas es muy alto, ojalá lo revisen, pero aún así y aunque no se apruebe, el que Felipe Calderón hoy abrace una causa ciudadana que combatió es motivo de amplio reconocimiento de mi parte hacia él. De nuevo en hora buena, y bienvenido al bando ciudadano.

Jorge Castañeda
www.jorgecastaneda.org

jorgegcastaneda@gmail.com

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El PRI ya empezó a ponerle trabas a los cambios propuestos por Calderón. Pues claro, no les conviene. Ojalá la mayor cantidad de gente se de cuenta de los beneficios que traerían al sistema político mexicano esos cambios aparentemente menores, o incompletos como los calificaron los priístas, pero que en el mediano y largo plazo, ayudarían a terminar con la parálisis legislativa que tenemos. Reto a cualquier priísta debatir las 10 propuestas, convienen o no.

El Presidente Calderón envió ayer al Congreso una serie de iniciativas de reformas para modificar el sistema político mexicano. Definitivamente no son suficientes para acabar con la partidocracia, el principal mal de la democracia mexicana, ni con los abusos de los políticos, pero si es un avance sobre la situación actual y como tal debemos apoyarlo. No se vale descalificarla a priori como ya algunos políticos de oposición hicieron sin siquiera haberla leído. Si creen que es incompleta, pues que la mejoren, pero que se apruebe lo propuesto.

Estos son en resumen los 10 cambios propuestos por el Presidente:

1 Permitir elección consecutiva de Alcaldes y jefes delegacionales hasta por 12 años.

2 Permitir elección consecutiva de legisladores federales hasta por 12 años.

3 Reducir el Congreso: De 128 a 96 Senadores y de 500 a 400 Diputados.

4 Incorporar la iniciativa de Ley ciudadana.

5 Crear candidaturas independientes.

6 Adoptar un sistema de elección por mayoría absoluta con segunda vuelta para la Presidencia.

7 Aumentar del 2 al 4 por ciento el mínimo de votos para que un partido conserve su registro y acceso a financiamiento público.

8 Permitir iniciativas de Ley de la Suprema Corte.

9 Facultar al Ejecutivo para presentar dos iniciativas de Ley preferentes para que sean votadas por el Congreso antes de que concluya el periodo. De no ser votadas, se considerarían aprobadas, y si es reforma constitucional, sería sometida a un referendo.

10 Facultar al Ejecutivo para hacer observaciones al Congreso sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobado.

El tema que más crítica ha recibido es la propuesta de permitir la reelección inmediata de legisladores y alcaldes hasta por 4 periodos para llegar a un máximo de 12 años. En México “gracias” a la educación pública se nos adoctrinó a aborrecer la reelección, a tenerle miedo. Pero no es más que un mito. Como todas las cosas, la reelección no es buena ni mala por sí misma, si no las personas que hacen uso de ella. El problema de las reelecciones de Porfirio Díaz fue que no tenían límite, además de la falta de transparencia y equidad en los comicios, lo cual garantizaba su perpetuidad. Eso pasó con el PRI durante más de 70 años. ¿De qué servía que no hubiera reelección si como quiera un partido se mantuvo en el poder tanto tiempo con los rezagos, pobreza, y problemas que aún todavía estamos padeciendo? Se cambió la dictadura de una persona por la de un partido, por la de un grupo minoritario.

No sé si 12 años sean muchos o pocos para que un buen alcalde o legislador implementen sus planes de gobierno. Pero definitivamente si es necesaria la reelección para que los buenos representantes, quienes si hayan dado resultados, permanezcan en el poder si los ciudadanos con el voto así lo deciden. Muchos dicen que la reelección hará que aumente la tentación de los alcaldes para promover su imagen personal, usando recursos públicos, y mantenerse en el poder, aunque no hayan dado buenos resultados. ¿Pero que acaso no hacen ya eso todos los alcaldes, gobernadores, legisladores y el presidente? ¿Cuál es la diferencia entre eso y la situación actual? Ya usan los recursos públicos para tal propósito, sólo que no es para reelegirse sino para brincar a otro puesto, para “chapulinear”.

Para mí lo más grave del sistema de partidos actual, de la partidocracia, es que las cúpulas son quienes deciden las candidaturas, quienes reparten los huesos. Por eso los legisladores y alcaldes ven más por los intereses partidistas, por quedar bien con los “de arriba”, porque de eso depende su futuro político, que por los intereses de la ciudadanía. En la propuesta del Presidente este fenómeno sería reducido significativamente ya que si un alcalde o legislador se quiere reelegir lo podrá hacer aún y cuando no tenga el apoyo de los líderes de su partido o del gobernador (que son los actuales reyezuelos después de la derrota del PRI en el 2000). Y esto sería posible porque además de la reelección Calderón está proponiendo las tan necesarias candidaturas independientes. De esta forma si un partido no apoya la reelección de un alcalde o legislador, éste podría irse por la libre y así someter su desempeño, su reelección, ante la ciudadanía, no sólo ante los intereses de grupo de la cúpula de su partido.

No debemos tener miedo porque malos elementos puedan perpetuarse en el poder. Malos políticos los ha habido siempre, los hay y los habrá. Los políticos son parte de la sociedad y si la sociedad no es perfecta, los políticos tampoco. Pero si es necesario que haya mecanismos que depuren a los malos elementos y premien a los buenos. Definitivamente 3 años en tiempos políticos o de resultados de un municipio o legislatura son pocos. Quizá 12 años puedan ser muchos, pero algo intermedio debería aprobarse. He leído comentarios criticando la propuesta usando el ejemplo de Adalberto Madero en Monterrey: “imagínense a Maderito como alcalde durante 12 años, lo que no robaría”. Pues si un alcalde como Madero permaneciera por 12 años significaría que durante 3 elecciones fue reelegido por los ciudadanos, y entonces la culpa no la tendría el indio, sino los que lo hicieron compadre. Ya va siendo hora que los ciudadanos participemos más en política, que seamos más críticos, más activos. Nos quejamos de todo, pero no queremos hacer nada. La política afecta buena parte de nuestras vidas, con los impuestos, servicios, seguridad, educación, salud. ¿Por qué dejar que otros decidan?

Respecto a la segunda vuelta creo que también sería un gran avance en la democracia mexicana ya que reduciría el efecto de los acarreos y del voto duro de los partidos, dándole más peso al voto independiente, razonado, de los que somos apartidistas. Es cuestión de cantidades. Obviamente no aplica para todos los estados y municipios del país. Pero si aplica en zonas donde las elecciones siempre han sido cerradas y el 3er lugar tiene un peso importante, como es el caso de las presidenciales. El voto razonado, independiente, no se va con algún partido en especifico, normalmente se distribuye entre los grandes e incluso bastante se va a la chiquillada. Todos los partidos tienen voto duro, pero el PRI es el que más tiene. De igual forma el voto independiente es menor en el PRI.

Al existir una 2a vuelta el voto independiente tendrá que definirse más sobre una de dos opciones. En la situación actual, al pulverizarse el voto independiente, el voto duro tiene más peso. Esto se agrava cuando el abstencionismo es alto. Pero si hay 2a vuelta, las probabilidades de alternancia en estados donde siempre ha gobernado el PRI son mayores. La 2a vuelta ayuda bastante a que el partido más fuerte no se eternice en el gobierno. Revisemos lo que sucede en otros países que si tienen este mecanismo, las alternancias se dan con mayor frecuencia. El desgaste del partido gobernante se acelera con la 2a vuelta, y por consecuencia la alternancia es más dinámica. No es garantía pero si es una mejora significativa en el sistema. Definitivamente si hoy en día hay acarreo habría acarreo por 2a vez, es obvio, pero el costo de los acarreos se duplica, ya no es tan fácil. Lamentablemente la propuesta es sólo para presidenciales, sería genial que se extendiera a gobernadores y alcaldes, pero quizá eso sería pedirle mucho al PRI, que sería el más perjudicado.

Es interesante también que Calderón haya propuesto que las elecciones legislativas se den después de la primera vuelta presidencial, es decir, la segunda vuelta, de existir, sería junto con las legislativas. Esto daría oportunidad al electorado de hacer un voto más razonado respecto a la conformación del poder legislativo cuando ya se sabe cómo se votó en la primera vuelta y qué partidos son los dos punteros, lo cual daría, potencialmente, o una mayoría al partido del presidente para que gobierne con más facilidad, o la obligación de cogobernar con la oposición. Esta situación, sumada a la reelección de legisladores y candidaturas independientes, incentiva la negociación de largo plazo, los acuerdos más allá del cortoplacismo que sufrimos ahora, y habría más posibilidades para reformas, leyes, de mayor alcance, estructurales, que los parches y burradas a las que nos tienen acostumbrados los políticos ahora.

El resto de las propuestas, reducción del congreso, la posibilidad de iniciativas ciudadanas, así como del Poder Judicial, el aumento del mínimo de votos para que un partido mantenga su registro, las iniciativas preferentes para el Presidente, así como el referendo en cambios Constitucionales que hayan pasado por ese mecanismo, sin duda mejorarán el desempeño del Estado en su conjunto (los 3 poderes, y la ciudadanía) para ir haciendo los cambios que el país requiere. Casi todos ellos, salvo el aumento del porcentaje mínimo para el registro, ayudan de una forma u otra a reducir el poder de las cúpulas partidistas, de los intereses de los partidos, aumentando por consecuencia el poder de decisión de los ciudadanos.

No son suficientes, sin duda hay muchos otros cambios que se pueden hacer, pero estos 10 son un avance y como tal debemos apoyarlos. Son tan buenos que dudo que los partidos, sobre todo el PRI que sería el más afectado, vayan a aprobarlos. Y si los aprueban sería con modificaciones que los harían inoperantes, o poco efectivos. Como están las leyes actualmente, el PRI tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia en el 2012. Con una segunda vuelta electoral, sus posibilidades se reducen significativamente, sería casi un volado. ¿Votarán los legisladores priístas pensando en el bien del país o en su beneficio particular? Yo creo que votarán por lo segundo, espero equivocarme. ¿Alguien quiere apostar lo contrario?

Dany Portales

Ahora que se discuten los impuestos, ¿por qué no cambiar la ecuación? ¿Por qué no ver la forma en que se paguen los impuestos que ya hay, pero de verdad, no con más castigos, sino con menos burocratismos?

Es tiempo de legalizar la informalidad. Por décadas, hemos vivido bajo la ficción de que el mundo real, el mundo bueno y el mundo estadísticamente relevante es el de la formalidad. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. La economía informal es dinámica y en ella operan millones de mexicanos que son empresarios modernos, competitivos, dispuestos a asumir riesgos y cuyo criterio es el de satisfacer a su cliente. La economía informal es real. Es tiempo de ver la vida al revés.

Comencemos por lo obvio: la formalidad es una monserga, cuando no la muerte burocrática. La formalidad está diseñada, si es que se puede emplear ese término, para empresas grandes, con capacidad de administrar y procesar la infinidad de requisitos y regulaciones que entraña la vida formal. Aunque costoso, una empresa grande puede dedicar un pequeño ejército de contadores y abogados a registrar empresas, pagar impuestos, obtener firmas digitales (y ¡tener que renovarlas!), obtener retenciones, validar recibos y, no vaya a ser la de malas, asegurarse de que no haya vencido un recibo de honorarios (seguro una causa fundamental de la evasión fiscal).

Ninguna empresa naciente o pequeña puede cumplir con esa sarta de requisitos y pagos mensuales. El mero peso de la regulación la torna inoperante. Ante la tesitura de registrarse ante el SAT, el IMSS y el resto de la burocracia federal y local, una persona que, por decisión o por falta de opciones, decide autoemplearse, lo lógico es que opte por la informalidad. Además, el que está en la informalidad no vive tan mal: tiene acceso al seguro popular, que es más barato que el IMSS y está diseñado para los que no son formales. Si su hija quiere una beca en la UNAM, la informalidad le permite argumentar que su ingreso no rebasa el máximo permisible porque no hay manera de comprobarlo. Total que vivir en la informalidad parece un paraíso en comparación con la maraña burocrática que implica la alternativa.

Podría parecer que la informalidad es benigna y libre de costos, pero esto evidentemente no es así. En lugar de pagar impuestos, los informales tienen que sobornar inspectores; dependen de prestamistas y agiotistas porque no pueden comprobar ingresos para tener acceso al crédito bancario; en lugar de certidumbre jurídica viven en un limbo permanente que les impide crecer aunque tengan un negocio promisorio; siempre se ven acosados por políticos deseosos de vender favores, desarrollar relaciones de dependencia clientelar y controlar a la grey.

Es indudable que una persona que está en la informalidad está dispuesta a asumir riesgos en aras de mejorar su situación económica. Este elemento la distingue de inmediato de quien opta por un empleo seguro, con prestaciones diversas aunque eso implique un potencial de desarrollo menor.

Suponiendo que una persona opta conscientemente por la informalidad, sabe que entra a un mundo difícil donde la vida se tiene que ganar cada día de la semana y donde no hay vacaciones pagadas o protección social. Lo hace porque espera lograr un ingreso mayor a lo largo de su vida. La evidencia empírica sugiere que la mayor parte de los informales efectivamente son económicamente exitosos.

Hablar de la informalidad muchas veces nos trae a la mente la imagen de un vendedor ambulante en la calle, uno de muchos que vende sus propios productos, artículos de contrabando o cualquier tipo de enseres y objetos, además de comida. Pero la informalidad es infinitamente mayor: incluye desde fabricantes de discos pirata hasta vendedores de comida y arrendadores de bicicletas.

En adición a todos estos actores cotidianos de la vida nacional, hay un sinnúmero de actividades en que son prominentes los informales. El común denominador no es la evasión de impuestos, aunque ésta sin duda es una característica universal en ese mundo, sino el arrojo, el deseo de superación y la disposición a asumir riesgos. Es decir, se trata de empresarios tal y como los describiera el gran economista de la primera mitad del siglo 20 Joseph Schumpeter.

Los empresarios formales tienden a despreciar a los informales, a la vez que los informales rechazan cualquier asociación con el término empresario, independientemente de que, en la práctica, sean exactamente eso. Pero el hecho de que exista esta contraposición axiológica nos dice mucho de nuestra realidad social y política. Lo que importa es que todos produzcan y puedan crecer, para beneficio suyo y del País en su conjunto.

El tema de fondo es que, por una parte, la formalidad no nos está rindiendo frutos en términos de empleo o crecimiento económico, en tanto que, por la otra, la informalidad constituye un freno absoluto al crecimiento de las personas y de sus negocios y nada se ha hecho por facilitar su formalización.

En la práctica, esto implica que el sector de la sociedad potencialmente más dinámico de nuestra economía está capado, en tanto que el que goza de reconocimiento pleno no da para el crecimiento -ni ingresos fiscales- que el País requiere. Es tiempo de invertir la pirámide, y eso quiere decir entender y reconocer la dinámica de la informalidad y ajustar el paradigma burocrático y regulatorio para que sea posible que los informales dejen de serlo sin aniquilarlos.

Lejos de mi naturaleza u objetivo está escribir una apología de la informalidad. Obviamente, tampoco estoy proponiendo "changarrizar" al País o privilegiar la evasión de impuestos. Al revés: nuestra estructura formal no sólo no fomenta el crecimiento, sino que hace imposible el desarrollo de un enorme sector de la economía que, con los incentivos idóneos, podría agregar un extraordinario dinamismo y valor a nuestra economía.

Con la formalización de los informales y un esquema fiscal lógico, quizá como el 2 por ciento que se propuso, el fisco sería el gran ganador sin con ello matar a la gallina de los huevos de oro. Los países que muestran las mayores tasas de crecimiento económico han sabido resolver este entuerto y sus poblaciones viven mejor.

Luis Rubio 
www.cidac.org

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Huelga de impuestos hasta que no se haga una reforma fiscal que incentive la inversión y generación de empleos, pero además que los gobiernos de los 3 niveles y los 3 poderes, se hagan eficientes, reduzcan sus gastos, y que se adelgace la gorda burocracia, no sólo los de arriba, sino recortes en todos los niveles.

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=29024

México debe romper con su pasado y mirar al futuro, nos dicen Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín en este ensayo penetrante y provocativo sobre el momento de irresolución que vive el país. Atado a sus mitos, no toma un rumbo claro; joven en su democracia, duda en dar los pasos necesarios. Se agita sin moverse, discute sin decidir. Los problemas están a la vista, y el futuro, más cerca de lo que parece. La disyuntiva es clara: o lo abrazamos con fuerza o iremos hacia atrás

Lo que importa son las emociones subyacentes, la música de la que las ideas no son sino un libreto, a menudo de calidad muy inferior; y una vez que las emociones bajan, las ideas se secan, se vuelven doctrina, cuando no inocuos clichés. Cada época y cada país tiene su leyenda consentida, y regresa a ella en las buenas y en las malas.

Lewis Namier

I. El peso del pasado               

México es preso de su historia. Ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación -en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías- obstruye su camino al futuro. Se ha dicho famosamente que los políticos suelen ser reos de las ideas de algún economista muerto. La vida pública de México es presa de las decisiones de algunos de sus presidentes muertos: esa herencia política de estatismo y corporativismo que llamamos “nacionalismo revolucionario”, al que una eficaz pedagogía pública volvió algo parecido a la identidad nacional, bajo el amparo de una sigla mítica -el PRI- que es a la vez un partido hoy minoritario, y una cultura política mayoritaria.

Esa herencia incluye tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra y de las playas, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria, patrimonialismo burocrático. Son soluciones y vicios que el país adquirió en distintos momentos de su historia: un coctel de otro tiempo, bien plantado en la conciencia pública, que se resiste a abandonar la escena, encarnado como está en hábitos públicos, intereses económicos y clientelas políticas que repiten viejas fórmulas porque defienden viejos intereses.

México ha perdido el paso: camina despacio, sobre todo en palacio. Parece un país de instituciones débiles, desdibujado en su identidad internacional: un gigante dormido, que luego se agita sin poderse mover. Los países, como las personas, necesitan identidad y propósito, un rumbo deseable: música de futuro. México ha perdido la tonada de la Revolución que le dio sentido simbólico y cohesión nacional durante décadas. El tiempo, los abusos, las crisis económicas limaron al punto de burla la narrativa de notas revolucionarias que durante las décadas de la hegemonía priista gobernó las creencias del país. Según aquella extensa partitura, el país venía de una gesta revolucionaria cuyos propósitos de democracia y justicia social seguían cumpliéndose siete décadas después de iniciado el movimiento que supuestamente constituía su origen. No había democracia ni justicia social, pero había una épica oficial que le daba sentido o legitimidad incluso a las aberraciones del régimen. Lemas y credos elementales de aquella narrativa siguen siendo la región límbica de la cultura política del país, un repertorio instintivo de certezas, propuestas y nostalgias públicas presente en la mayoría de los políticos profesionales, no sólo en los priistas.

Apenas había empezado la obertura que sustituiría al nacionalismo revolucionario, el salto a la modernidad de los noventa, cuando la triste trilogía del año 1994 -rebelión, magnicidios, crisis económica- destruyó la credibilidad del nuevo libreto. La democracia se quedó dueña de la escena. Fue un buen espectáculo rector que alcanzó su clímax en la alternancia del año 2000, pero a partir de entonces la escena empezó a quedarle grande. Nueve años después, la democracia parece una diva a la que se le terminaron los trucos. El puro libreto de la democracia, por naturaleza discordante, no basta para darle al país la narrativa de futuro que necesita.

Las elecciones de 2000 y 2006 hubieran podido constituir poderosas plumas para escribir esa nueva narrativa; se quedaron en referendos para evitar “males mayores”: la permanencia del PRI en la casa presidencial, y la llegada a ella de un candidato descrito como un peligro para México. El PRI salió de Los Pinos pero no del alma de México. Las estrategias vencedoras sirvieron para ganar, no para gobernar.

México ha pasado del autoritarismo irresponsable a la democracia improductiva, de la hegemonía de un partido a la fragmentación partidaria, del estatismo deficitario al mercantilismo oligárquico, de las reglas y los poderes no escritos de gobierno al imperio de los poderes fácticos, de la corrupción a la antigüita a la corrupción aggiornata. Es la hora del desencanto con la democracia por sus pobres resultados. Preocupa en la democracia mexicana la resignación que impone a sus gobiernos, el triunfo del reino de lo posible como sinónimo de estancamiento, incertidumbre, falta de rumbo nacional. Un país, se diría, al que le sobra pasado y le falta futuro. Hasta su discurso de septiembre pasado, en su famoso decálogo de intenciones de cambio, la única línea de futuro deseable lanzada desde el gobierno actual ha sido la lucha decidida y necesaria contra el crimen organizado. Produjo en buena parte la popularidad del presidente, pero no de su gobierno ni de su partido. Hace falta algo más que eso para sacar al país de su estancamiento anímico y político. Es necesaria una nueva épica nacional cuyo eje no puede ser sino el bienestar de las mayorías, la promesa de seguridad, empleo, educación, salud, movilidad y seguridad social: un horizonte de modernidad que ampare el surgimiento de sólidas y mayoritarias clases medias. Urge una épica de prosperidad, democracia y equidad, que no está trazada con claridad en ninguna parte.

México necesita salir de su pasado. Puede hacerlo por la vía democrática convirtiendo las elecciones de 2012, desde hoy, en un referendo sobre el futuro. Lo que sigue es una propuesta de futuro para ser debatida, ojalá vuelta programa y votada en 2012, de modo que las elecciones de ese año no sean sólo sobre personas y partidos, sino también sobre el país próspero, equitativo y democrático que quieren los mexicanos: una sociedad de clase media que se parezca, como una gota de agua, a las demás.

Para ponerse en ese camino, deben tomarse cuatro decisiones estratégicas: 1. Asumir los cambios que requiere la economía para crecer; 2. Decidir el lugar que se quiere ocupar en el mundo; 3. Universalizar los derechos y garantías sociales necesarios para construir una sociedad equitativa, donde más de las dos terceras partes de la misma vivan más o menos igual; 4. Hacer productiva la democracia mediante reformas institucionales que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la fluidez de los cambios que requiere el país.

No tratamos de convencer sino de hablar claro para movilizar a la sociedad civil y a las elites nacionales -empresariales, sindicales, intelectuales, religiosas, tecnocráticas, y hasta políticas- para debatir estas ideas y cómo deben acompasarse y encadenarse, para formar un todo complejo, audaz y armonioso. De responder los partidos y candidatos a las preguntas pertinentes, el 2012 se transformará en un referendo sobre el programa del futuro. Nuestras respuestas preliminares, tentativas e incompletas, no constituyen una lista de buenos deseos. Obedecen a una coherencia interna cuya secuencia es la siguiente:

Para construir la sociedad de clase media que queremos, hay que crecer. Para crecer, hay que liberar la excepcional y legendaria vitalidad de la sociedad mexicana, quitándole los candados impuestos por la concentración de poderes fácticos de toda índole. Para obtener los recursos, las oportunidades y los mercados necesarios para desmantelar el viejo corporativismo mexicano hay que insertarse con ventaja en el mundo. Para asegurar que el crecimiento consiguiente se distribuya mejor que antes, hay que construir una red de protección social del siglo XXI para todos los mexicanos, y ofrecer una educación del siglo XXI para los niños y jóvenes. Para brindar a todos la seguridad pública sin la cual toda protección social es ilusa, hay que construir los aparatos de seguridad pertinentes. Y para tomar todas estas decisiones, hay que dotarnos de instituciones que permitan tomarlas.

La base social que aspira a mover esta agenda es clara: la creciente clase media mexicana, vieja y nueva, que requiere desesperadamente un horizonte de expansión. Las condiciones políticas para poner en práctica esas ideas son también claras: la existencia de una coalición que en el 2012 pueda identificarse con esta agenda, la plantee con transparencia al electorado, y lo convenza de ello. Sobre advertencia no habrá engaño, ni malentendidos: se ganará o se perderá para algo, no sólo porque sí.


II. La prosperidad

Crecer

¿Qué hacer con nuestra economía? ¿Cómo desatar la prosperidad de México? Hemos pasado décadas construyendo programas, algunos de clase mundial para combatir la pobreza. Pero ni en los años de gobierno del PAN, ni en los anteriores del PRI nuestro país ha sido capaz de crear un ciclo largo de prosperidad que cambie su ingreso per cápita de las cifras de un país subdesarrollado a las de uno desarrollado.

¿Cómo abrir el cajón de la productividad y la riqueza? Hay acuerdo entre los expertos en que sólo se vuelven prósperos los países que se lo proponen explícitamente, que alinean sus instituciones y sus decisiones para ello. No hay mucho que inventar. Para crecer mucho hay que invertir mucho y ahorrar mucho. Hay, pues, que crear condiciones atractivas para la inversión y estímulos claros para el ahorro. Esto implica cambiar la meta nacional de combatir la pobreza a la meta nacional de crear riqueza (sin abandonar lo ganado en programas para la población más desprotegida).

La única manera de crear riqueza y empleo, de elevar el peso de la masa salarial en el producto interno bruto, de fomentar la movilidad social y crear la sociedad de clase media que anhelamos, consiste en abrir la economía a la inversión y la competencia global y nacional. Se trata de quitarle a una economía que podría crecer al 5% o 6% anual todas las trabas que lo impiden: crear una efectiva economía de mercado en sustitución de la economía intervenida por monopolios, empresas dominantes, oligopolios y poderes fácticos que nos caracteriza.

Los espacios de generación de riqueza que sustentan la prosperidad de las grandes economías del mundo se hallan capturados en México por empresas públicas monopólicas, por empresas privadas dominantes y por las redes de intereses asociados a ellas: sindicatos públicos y proveedores prebendados en el ámbito estatal; cadenas de negocio y rentas oligopólicas en el orden privado.

Las capturas estatales del mercado y sus regulaciones excesivas frenan la creación de riqueza en ámbitos fundamentales como la tierra, el agua, los bosques, el subsuelo mineral, la infraestructura, la electricidad, el petróleo. Las empresas privadas dominantes, y la pobre regulación de sus prácticas abusivas, frenan la competencia en escenarios también claves como las telecomunicaciones, los medios, la banca, el transporte, la construcción, la industria alimenticia, la banca, el comercio de menudeo. Acotar prácticas monopólicas -fijación de precios, cartelización, asignación de mercados en estos ámbitos- obliga a regular más y mejor, a realizar medidas emblemáticas, y a entregarle a la sociedad civil los instrumentos de acción antimonopólica como las acciones colectivas.

Abrir la economía en el ámbito público supone la deconstrucción de los monopolios estatales en todas las esferas, y centrar el esfuerzo de crecimiento en la infraestructura (en el sentido amplio, desde aeropuertos hasta WI-MAX), que tendrá un papel decisivo en la competitividad del país. Abrir la economía en el ámbito privado supone domar a los poderes fácticos, estatales y privados, económicos, sindicales, mediáticos y políticos, mediante particiones (break-ups), regulación, transparencia, competencia, ya no sólo en el frente de los bienes comerciables, como en el Tratado de Libre Comercio, sino también en los no-comerciables, sobre todo los servicios.

Otra razón central por la que la economía no crece es porque el crecimiento de la productividad se ha desplomado, respecto a Estados Unidos y también respecto a otros países de América Latina, no digamos de Asia. El problema no es que los mexicanos trabajemos o ahorremos menos que los demás países de América Latina. El problema es que el esfuerzo de nuestro ahorro y de nuestro trabajo rinde menos que en otros países. Si no aumentamos la productividad, no vamos a recuperar el terreno perdido con respecto al resto del mundo, ni vamos a crecer a tasas cercanas al 5% o 6%.

El estancamiento de la productividad, en especial de la productividad del trabajo, es lo que deprime el crecimiento de los salarios reales y limita el peso de la masa salarial en el PIB. Parte de ese estancamiento se debe a la falta de competencia. Otra parte deriva de que México tiene un mercado de trabajo particularmente distorsionado. El mercado de trabajo en México crea muchos empleos, pero muy pocos buenos empleos. Si no se quitan las trabas a la creación de empleos productivos, la mayor competencia no se reflejará en mayor productividad laboral, mayores salarios reales y un mayor peso de éstos en la riqueza nacional. A toro pasado puede decirse que uno de los grandes errores de Nafta fue una apuesta a la que la competencia externa en los mercados de bienes y servicios, por sí sola, sería suficiente para aumentar la productividad laboral y corregir las distorsiones en el mercado laboral.

Más de dos tercios de las empresas y más del 60% de los trabajadores del país son informales. En las empresas informales casi no hay capacitación laboral, adopción de tecnologías o innovación; esas empresas tampoco acceden al crédito de la banca comercial. Sobreviven porque evaden al SAT, al IMSS, al Infonavit y a casi todos, y para hacerlo mantienen tamaños muy pequeños (90% de las empresas tienen cinco o menos trabajadores). En la informalidad la productividad se estanca. El país no va a crecer sólo con el esfuerzo de un tercio de sus empresas y menos de la mitad de sus trabajadores.


Monopolios públicos, poderes fácticos, oligopolios privados
La agenda antimonopólica debe empezar por los únicos monopolios strictu sensu que existen en la República: los estatales, en particular de energía. La crisis abre la puerta para plantear una transformación radical de estas empresas y su apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, minoritaria en ambas, pero suficiente para sujetarlas a reglas de transparencia y contabilidad internacionales (GAAP), derechos de accionistas minoritarios, fiscalización y vigilancia asociadas a la cotización en bolsa tanto en México como vía ADRs en Nueva York. Conviene recordar que es el caso de Petrobras desde 2001, el caso latinoamericano cuyo éxito celebra el mundo y miramos pasar sin tomar nota los mexicanos. La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante la evidencia de su improductividad es un paso significativo en el rumbo correcto, pero está lejos aún de la transformación que se requiere. Un problema semejante de control y descontrol monopólico se presenta en los ámbitos de la salud, donde la tríada IMSS/ISSSTE/Secretaría de Salud es prestadora de servicios de salud casi única en el país, y en la educación, donde la red estatal atiende sin evaluación rigurosa ni competencia reguladora al 85% de los alumnos de educación básica.

El segundo tema estatal de la agenda antimonopólica se refiere a la relación del Estado con sus grandes sindicatos: maestros, electricistas, petroleros, burócratas federales y estatales, universidades públicas, trabajadores de la salud. Se trata, según como se hace la cuenta, de entre cuatro y 5.5 millones de trabajadores sujetos todos a un sindicalismo monopólico al que se pertenece no por elección sino porque los sindicatos son titulares únicos del contrato de trabajo. Éste incluye la cláusula de exclusión mediante la cual el sindicato puede exigir el despido del trabajador que no quiera pertenecer a él. La autoridad -la empresa pública, la dependencia, muchas universidades- retiene las cuotas sindicales, sin consultar a los trabajadores, entregándolas a las dirigencias sindicales, que la misma autoridad reconoce y legitima con la famosa toma de nota. Una medida clave contra este sindicalismo corporativo construido con la complicidad del Estado, sería suspender la retención de cuotas por el empleador gubernamental para volver a lo básico: que sean los trabajadores quienes individual y voluntariamente aporten sus cuotas a sus sindicatos. Además de restablecer la transparencia, la libertad y la democracia sindicales, esta medida cortaría el cordón umbilical que une al gobierno con el corporativismo. De mayor calado sería el fin de la cláusula de exclusión contenida en la Ley Federal del Trabajo, con la supresión de la diferencia entre sindicatos de apartado A (industria) y B (burócratas), así como el establecimiento de elecciones transparentes y la coexistencia de sindicatos en la misma empresa, como en Chile o Francia, eliminando asimismo la toma de nota.

Las redes sindicales del Estado son bastiones de atraso político por su falta de democracia interna y por su relación clientelar con las autoridades. Más que organizaciones gremiales, son fuerzas políticas sin cuyo acuerdo es prácticamente imposible transformar su sector. Y los sectores sumados de esos sindicatos son el corazón de la economía, del empleo y de la organización social mexicana. Su capacidad de encabezar los cambios es nula pero su capacidad de impedirlos es enorme. Hay un sindicato grande resistiendo cada una de las reformas grandes que requiere el país.

En el frente político, la agenda antimonopólica debe incorporar la apertura de las elecciones a candidatos independientes como opción ante el monopolio que detentan los partidos de la expresión electoral en México. Las candidaturas independientes acotan el monopolio de las nominaciones, abriéndolas a la sociedad. Parecen particularmente viables y necesarias en el ámbito local, donde el trayecto y el prestigio de un candidato puede suplir la falta de partido y vencer sin construir grandes aparatos. Parecen más difíciles de lanzar y sostener mientras mayor es el ámbito de sus pretensiones. Más allá de que puedan ganar o no sus elecciones, la sola presencia de candidatos independientes animaría el proceso con voces frescas, menos comprometidas con partidos e intereses previos, más capaces de inducir debates creativos y refrescar viejas agendas partidarias. Uno de los ejemplos contemporáneos más interesantes en esta materia reside en el éxito (ha rozado el 20% de la intención de voto) de la candidatura independiente de Marco Enríquez-Ominami en Chile, país con una tradición partidista mucho más arraigada que la nuestra. Después de 20 años de magníficos gobiernos de la Concertación, la ciudadanía se hartó de sus integrantes, sin dejarse convencer del todo por sus opositores. Enríquez-Ominami, joven diputado socialista con apellidos de doble abolengo político, buscó inscribirse en las primarias de la coalición de centro-izquierda; no lo dejaron, pero la ley chilena sí permite las candidaturas sin partido. Consiguió las firmas, y ha puesto en aprietos a la propia Concertación.

Desde el punto de vista empresarial, México es un país de cientos de miles de pequeñas empresas y un puñado de imperios corporativos con un dominio casi completo de su sector. Algunos de estos imperios son públicos, otros son privados. La propiedad no es lo esencial. El problema es la falta de competencia y de alternativas. El viejo sistema sobrevive perfectamente con empresas dominantes públicas o privadas. El grado de concentración del capital y de la actividad económica son elevados. Las 500 empresas mayores tienen ventas equivalentes al 80% del producto interno bruto. (En Estados Unidos, de acuerdo con Fortune, las 500 empresas más grandes en 2006 contribuyeron al 73.4% del PIB.) No hay espacio para nuevos tiradores. Lo dijo The Economist hace tres años: importar cemento, generar electricidad, buscar petróleo, poner una telefónica, abrir una tercera cadena de televisión o crear un banco competitivo (no vinculado a otra megaempresa) es prácticamente imposible en México.

Nadie se llama a engaño: no hay economía de mercado sin concentración del capital. Los marcos regulatorios, por rigurosos que sean, siempre son insuficientes. Si se quiere ir a la economía de mercado hay que ir también a la regulación del mercado. El reto fundamental en esta materia es dotar de autonomía y poderes a los entes regulatorios, empezando por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), para que ejerzan con efectividad sus funciones. Se requieren instituciones reguladoras con dientes, capaces de iniciar acciones legales con sus investigaciones a través de la Procuraduría General de la República.

El poder de los entes regulatorios debe incluir toda la gama de facultades y sanciones para acotar las prácticas monopólicas, pero no serán verdaderas autoridades mientras no tengan la facultad de plantear la partición de empresas dominantes para garantizar el reinicio de la competencia en los distintos sectores, como ha sucedido en distintos momentos en Francia, Alemania y Estados Unidos, o de abrir la entrada de nuevos actores en mercados cerrados en los hechos. La partición de empresas con presencia excesiva en el mercado es parte de la historia del capitalismo mundial, empezando con el desmantelamiento de la Standard Oil de John D. Rockefeller en 1911 en Estados Unidos, gracias a la Ley Sherman antitrust. No tendría por qué no ser un expediente de la protección de la competencia en México, donde distintas empresas controlan porcentajes muy altos de su mercado. La telefonía fija tiene una concentración del 81.4%, la telefonía móvil del 74%, las audiencias televisivas de 68%, la producción del cemento de 49%, el comercio al menudeo de 54%, la de harina de maíz industrializada de 93%, la industria cervecera de 62%. Tres bancos concentran el 61.4% del mercado.

La regulación fuerte y con sentido debe desplazar a la regulación torpe que no lo tiene. El Estado debe desmontar draconianamente la gigantesca red de regulaciones que ha construido en estos años, la maraña de trámites que hacen que el tiempo promedio de apertura de un negocio en México sea de 57 días mientras en Canadá es de máximo tres y en Estados Unidos de cuatro.

Sólo una economía de mercado fuerte, abierta, competitiva, antimonopólica, podrá crear la riqueza y los empleos que prometen huecamente candidatos y gobiernos; sólo una economía pujante y en crecimiento podrá dar a la mayoría de los mexicanos la cosa simple y fundamental que buscan y por la cual emigran por millones de sus pueblos a las ciudades y de su país al norte: un empleo con qué ganarse la vida, una oportunidad de mejora para él y su familia. Conviene subrayarlo: la masa salarial como parte del PIB no sólo no ha crecido, sino que ha descendido en los últimos 30 años: en 1980 se encontraba en 39%; hoy se ubica en 30%, sin duda en parte debido a la informalización del empleo, pero también al magro crecimiento formal.

Productividad, inversión y ahorro son las palancas de la creación de riqueza. Pero hay poco dinero de inversión en el mundo y no se concentra en México. México debe abrir sus negocios monopólicos y oligopólicos a la inversión de dentro y sobre todo de fuera de su territorio. Nada de esto es posible si el país no se va convenciendo de cuál es su lugar en el mundo, para que estos cambios y otros se anclen en el orden internacional y obtengan a la vez apoyo internacional. México no podrá arraigar sus reformas adentro y recibir apoyo de afuera, mientras no resuelva de qué afuera se trata.


III. Nuestro lugar en el mundo

¿América Latina o América del Norte?
Las últimas décadas muestran que sin el exterior -mercados, inversiones, turistas, remesas, tecnología- no crecemos ni podemos remontar nuestras crisis. Piénsese en el rescate de 1995 o en los 77 mil millones de dólares -30 mil millones de la Reserva Federal, 47 mil millones del FMI- que la comunidad internacional colocó a nuestro alcance en 2009. No podemos crecer sólo gracias al exterior, pero tampoco es posible crecer sin una inserción cabal en el mundo. Esto implica escoger “nuestro exterior” y tomar las decisiones conducentes.

En el mundo globalizado de hoy, sólo dos países grandes tienen, en teoría, el privilegio de seleccionar más o menos voluntariamente la región a la que desean pertenecer. Esos países son México y Turquía, ambos bisagras geográficas y culturales entre dos mundos. Turquía es una nación de más de 80 millones de habitantes, miembro de la OTAN y de la OCDE, con una población de mayoría aplastante musulmana, un ingreso per cápita un poco menor que el de México y un índice de desarrollo humano muy inferior. El secularismo militar de Atatürk en los años veinte mitigó el peso del Islam, particularmente en la vida pública, pero Turquía sigue siendo un país geográficamente asiático, religiosamente islámico, con un partido de gobierno islamista, aunque moderado. Pero entre ser asiático, islámico y replegado sobre sí mismo, y ser europeo, secular, democrático y globalizado, eligió lo segundo.

México jugó ya una opción semejante. Desde finales de los años ochenta del siglo pasado tuvo un gobierno audaz e ilustrado pero autoritario, que sin mayor consulta ni debate le impuso a una sociedad de matriz nacionalista y antiestadunidense una integración comercial profunda con América del Norte, a través del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Ni la sociedad ni sus elites terminaron de convencerse de la medida ni de sus consecuencias. 15 años después el dilema se plantea de nuevo, como si asistiéramos a una versión azteca del freudiano “retorno de lo reprimido”. Es la hora de elegir de nuevo: hacia América del Norte o hacia América Latina. La sociedad mexicana y sus elites no saben lo que quieren. Por ello parece indispensable iniciar un debate sobre lo que podríamos resumir bajo la odiosa pero útil formulación del código postal. A cuál queremos pertenecer: al universo de Zelaya y su sombrero, de Chávez y su boina, de Raúl y su senectud, de Brasil que no nos quiere en el vecindario, o al de América del Norte.

En realidad, no hay mucho margen para decidir. México tiene su corazón en América Latina, pero tiene su cartera, su cabeza y la undécima parte de su población en América del Norte. La afinidad latinoamericana es del corazón, de la cultura y del idioma, no de los intereses económicos ni de la densidad humana de la relación. El destino de México se ha jugado desde el siglo XIX y se juega hoy más que nunca en América del Norte. De ahí la necesidad no sólo de una agenda de política exterior sino de una decisión estratégica de pertenencia a esa región, desprovista del doble discurso de siempre o del engaño. Se trata de una definición nacional, necesariamente consciente y transparente. La relación con Estados Unidos es un asunto de política interna mexicana, como la relación con México es cada vez más un asunto interno, electoral incluso, para Estados Unidos.

La agenda debe volver sobre la reforma migratoria integral. Pero no puede agotarse ahí. Debe incluir al menos dos elementos más que entrañan un elevado costo político en México. El primero es un planteamiento ambicioso y visionario: construir una unión económica de América del Norte. El segundo es más delicado. ¿Queremos ayuda de fondo para la guerra contra el narco, o nos contentamos con los mínimos de la Iniciativa Mérida, que evitan compromisos y requisitos incómodos? No tiene sentido declararle la guerra al narco si no se cuenta con el ejército, la policía y el servicio de inteligencia necesarios. La única manera de poseerlos es con ayuda externa. En nuestro caso, sólo puede venir de Estados Unidos.

Podemos escoger: buscar un trato especial, siempre decepcionante, pero mejor al que le destinan a otros (ser recibido primero, ser primer destino de viaje, contar con apoyo económico, figurar en la agenda) y aceptar con resignación o entusiasmo nuestra pertenencia a América del Norte; o definir nuestra ubicación en el mundo por nuestros lazos culturales de la región menos relevante para Washington, a saber América Latina, y por la “Doctrina Gloria Estefan” de las relaciones internacionales: hablamos un mismo idioma. Es una u otra.

La realidad marca el paso y muestra el rumbo en todos los órdenes. Desde 1895, Estados Unidos ha sido el primer socio comercial de México, desplazando a Francia y a Inglaterra. Durante la Primera Guerra Mundial, el comercio exterior de México se concentró en su totalidad con Estados Unidos. Se estabiliza luego en alrededor de 70% después de la Segunda Guerra hasta finales de los años ochenta, cuando se incorporan a las estadísticas las maquiladoras, que elevan el porcentaje a casi 90%. El TLCAN consolida esa cifra: un siglo entero de concentración extraordinaria del comercio exterior con un solo país. Esa evolución externa se complementó con una transformación interna: a partir de los años ochenta, el comercio internacional de México pasa de representar el 12% del PIB al 70% en 2009.

Algo semejante sucede con la inversión extranjera y el turismo. Ya en 1910 más del 65% de la inversión extranjera en México era de origen estadunidense. Hoy la inversión extranjera en México representa un porcentaje del PIB superior al que imperaba en años anteriores. Pasó de menos de 1.5% del PIB en los años sesenta y setenta del siglo XX, a casi 3% a finales del mismo, para disminuir ligeramente en el lustro recién transcurrido. Desde el año 2000 la concentración con Estados Unidos es superior al 70%: un siglo de concentración, estabilidad y crecimiento.

De igual manera, el turismo es uno de los sectores de mayor porvenir, mayor competitividad y mayor empleo para México. Es la primera industria que da trabajo en país, con casi dos millones y medio de empleos directos e indirectos. El 90% del turismo que llega a México proviene de Estados Unidos. Y crece un tipo de turismo permanente que viene también del norte. Los baby boomers estadunidenses y canadienses empiezan a cumplir 65 años, y a jubilarse en condiciones inéditas: de buena salud, con pensiones y ahorros elevados, con una mirada abierta al mundo, y muchos años de vida activa por delante. Ya no les atraen Florida o Arizona tanto como a sus predecesores. Prefieren vivir seis meses al año en México: en el norte de Sonora, en San Miguel Allende, en Yucatán o en las costas de Oaxaca. Un millón de norteamericanos pasan por lo menos la mitad del año en México. La tendencia podría duplicarse en los próximos años, reforzando los vínculos mexicanos con el norte, no con el sur. Así, no sólo las principales relaciones económicas internacionales del país se han concentrado de modo abrumador con Estados Unidos, desde hace más de un siglo, sino que la trascendencia de esas relaciones en la actividad económica también ha aumentado de manera sobresaliente.

La variable fundamental, sin embargo, por la cual la política hacia América del Norte es parte de la política interna, no de la internacional de México, es la variable demográfica, la densidad humana de la integración. En 1920 el 3.4% de la población nacida en territorio mexicano vivía fuera del país, fundamentalmente en Estados Unidos. En 1930 la cifra alcanzó un pico histórico de 3.8%. En 1940 bajó a 1.9%; en 1950 a 1.7% y en 1960, en vísperas del cierre del Acuerdo Bracero, cayó hasta 1.6%, el punto más bajo del siglo XX. Pero en 1980 la tendencia se duplicó, llegando a 3.2%, en 1990 se disparó hasta el 5.3%, en el año 2000 rebasó el 9%, y hoy supera el 11% del total de la población: entre 11 y 12 millones de ciudadanos mexicanos que habitan fuera de su país.

En 1996 el presidente norteamericano Bill Clinton reforzó la vigilancia fronteriza y rompió lo que los expertos llamaban la “circularidad” de la migración mexicana hacia Estados Unidos. La gente iba y venía regularmente, a la pizca del tomate, de la fresa, del durazno. Migraba de cultivo en cultivo, de región en región, temporada tras temporada. La construcción de barreras en la frontera dificultó el cruce y los migrantes dejaron de circular. Aumentó dramáticamente el número de mexicanos instalados en Estados Unidos, y se produjo un crecimiento espectacular de las remesas, la segunda fuente de ingresos en divisas del país (25 mil millones de dólares).

De modo que México tiene con Estados Unidos 90% de su comercio internacional, 90% de su turismo, 70% de la inversión extranjera, un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos. Dos de cada cuatro mexicanos poseen parientes en Estados Unidos, tres de cada 10 dicen que se irían a vivir y trabajar allá si pudieran. Y sin embargo ni la clase política ni los medios ni la clase empresarial ni las organizaciones sociales o no gubernamentales pueden plantearse con claridad las ventajas, la necesidad incluso, de una integración ordenada con América del Norte.


Más allá del libre comercio
La integración crece en los hechos pero permanece negada en los sentimientos, en los valores, en el discurso público tanto como en el público de los estadios de futbol que durante los juegos de México y Estados Unidos, lo mismo si son en Monterrey que en Houston o New Jersey, da rienda suelta a las expresiones del más arcaico y primitivo nacionalismo antigringo de otras épocas.

Abundan las encuestas que muestran que el TLCAN goza de un alto nivel de aprobación en México, pero también que la mayoría de los mexicanos considera que le ha traído muchos más beneficios a Estados Unidos que a México: una sombra del viejo victimismo, porque la realidad es exactamente la inversa. México ha sido el más beneficiado con la vigencia del tratado, aunque sin duda menos de lo que se esperaba.

El gobierno mexicano abrazó el TLCAN, pero no explicó a la sociedad sus implicaciones para la posición de México en el mundo y para las tradiciones nacionales. Tampoco obtuvo la anuencia colectiva para ello a través de un referendo, como el que determinó la permanencia de España en la OTAN, primer paso estratégico en el camino de Madrid a la Comunidad Europea. EL TLCAN ató la economía y el futuro del país con América del Norte, pero la sociedad siguió viviendo en el mundo mítico anterior, el mundo del desarrollo estabilizador de los años 1940-1970, del modelo de la industrialización vía la sustitución de importaciones, de México como parte del Tercer Mundo (a pesar de que gracias al TLCAN el país ingresó a la OCDE, el único país de América Latina hasta la fecha en hacerlo), del México baluarte de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, el México de la simulación y la retórica.

La agenda estadunidense con México es conocida. La seguridad y el narcotráfico constituyen hoy el primer tema; la migración, el segundo; la revisión (o no) del TLCAN, el tercero; el estado de la economía mexicana, el cuarto. En el horizonte se dibuja un quinto: el obstáculo monopólico al crecimiento mexicano como tema bilateral. Los empresarios norteamericanos quieren entrar a los buenos negocios mexicanos. Estos asuntos han dominado la agenda desde la presidencia de Carlos Salinas en 1988 hasta la de Felipe Calderón en 2006. Durante el mandato del primero, el TLC fue lo esencial; durante el de Ernesto Zedillo (1994-2000), la economía y el narco fueron preeminentes; con Vicente Fox (2000-2006) fueron la migración y la seguridad; con Calderón todos ocupan un lugar central para Washington.

Lo que ha quedado menos claro es la naturaleza de la agenda mexicana con Estados Unidos. México se encuentra sin brújula a propósito de su lugar en el mundo. Los énfasis de cada sexenio en esta materia han generado una inmensa confusión. Repetir la consigna “más México en el mundo, y más mundo en México” no es una respuesta, es una muletilla. Urge una definición nacional al respecto. Estados Unidos nos brinda un trato distinto al que les extiende a las “hermanas repúblicas” latinoamericanas porque somos distintos; lo somos porque estamos al lado de Estados Unidos. Desgracia o privilegio: cada quien puede opinar. Curiosamente, nuestro único verdadero atractivo para América Latina estriba en nuestra “relación especial” con Estados Unidos: un término arrebatado a los ingleses, rechazado por internacionalistas mexicanos en el pasado, pero validado justamente por los propios latinoamericanos, que nos reprochan nuestra relación especial con Estados Unidos.

Es la hora de reconocer las tendencias históricas y dar un paso ambicioso más allá, hacia la construcción de una unión económica de América del Norte, que incluya lo que excluyó el TLCAN: migración, energía, infraestructura, instituciones supranacionales, fondos de cohesión social, convergencia económica -y en el lejano horizonte la moneda única- y el tema obligado de estos años: la seguridad regional. Ha llegado el momento de buscar convergencias con Estados Unidos y Canadá en asuntos multilaterales como los derechos humanos y la democracia, el cambio climático, las crisis latinoamericanas y mundiales. Es hora de tirar las máscaras, armonizar nuestras políticas antinarco hacia la despenalización y, simultáneamente, hacia una cooperación ambiciosa en el combate contra las drogas y en el blindaje de nuestras fronteras contra el crimen, la ilegalidad, el tráfico humano y los riesgos globales del terrorismo. La sola propuesta de un mercado común norteamericano, hecha formalmente por México, bastaría para desatar una dinámica política de extraordinaria resonancia en nuestro hemisferio.


IV. Proteger a la sociedad

Equidad y fiscalidad
La evidencia mundial demuestra que la creación de riqueza tiende a concentrarla. La distribución de la riqueza, que sólo han creado en abundancia las economías de mercado, requiere Estados fuertes, bien financiados, capaces de políticas públicas correctoras de la desigualdad inherente a la creación de valor. No basta crecer y crear riqueza; hay que distribuirla, acompañar la economía de mercado fuerte, abierta y competitiva esbozada arriba, con un Estado fuerte, solvente y eficaz en su redistribución de las rentas, capaz de paliar desigualdades, garantizar cohesión social, universalidad de derechos y calidades básicas en los bienes públicos, particularmente la educación, la salud y la protección social de los ciudadanos.

No hay equidad social en las sociedades capitalistas desarrolladas que no pase por un Estado fiscalmente fuerte, el cual puede tomar hasta el 40% de la riqueza producida por su economía, como sucede en los países de Europa Occidental, los más equitativos del orbe, gracias a sus Estados fiscalmente fuertes y democráticamente controlados.

La debilidad fiscal del Estado mexicano, que recoge apenas el 12% de la riqueza (sin contar el petróleo), es la contraparte puntual de la desigualdad crónica del país. Durante demasiadas décadas, desde que la abundancia petrolera se volvió parte central de las finanzas públicas de México, el petróleo ha resuelto por la puerta trasera la debilidad fiscal del Estado mexicano, disculpándolo con ello de su tarea fiscal y lisiando el desarrollo de la empresa petrolera, con el secuestro de sus utilidades. Entre un 30% y un 40% del presupuesto ha sido solventado así; 480 mil millones de dólares de renta petrolera, según un reciente cálculo, se han licuado en sucesivos rescates presupuestales por este procedimiento.

Pero la fiesta petrolera mexicana se acerca aceleradamente a su fin y con él aparece la asignatura pospuesta por cuatro décadas: cómo financiar a un Estado con responsabilidades constitucionales y burocráticas del tamaño de las mexicanas, incluyendo el 85% de la salud y de la educación del país, titular único y concesionador a la vez gracioso y mezquino del subsuelo, las telecomunicaciones y la obra pública, la explotación de los bosques, las aguas, las costas y las riberas. La renta petrolera ha permitido a los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN (y del PRD en el Distrito Federal, desde 1997) no hacerse cargo de los impuestos. Le ha evitado esa responsabilidad a una parte de la población, la que no paga impuestos o goza de regímenes especiales, castigando de más a la población que cumple con sus cargas impositivas porque no tiene influencia para ser parte de las exenciones o porque no tiene recursos para eludir su pago. Tenemos entonces a la vez un régimen fiscal opresivo con los que pagan y cómplice con los que no pagan porque aprovechan sus rendijas legales o porque pertenecen a la economía informal, por definición fuera del alcance del fisco.

Las recurrentes crisis económicas de 1976, 1982, 1987, 1994-1995, 2003 y 2008-2009, han colocado en la economía informal al 60% de la población económicamente activa, manteniendo así una deformidad sustantiva en la vida pública y en la relación de los gobernantes con los gobernados. Si a eso agregamos que prácticamente la única entidad gubernamental que cobra impuestos en México es el gobierno federal, la deformidad de la hacienda mexicana adquiere sus verdaderas dimensiones de casa vieja, a la vez insuficiente, abusiva y atrabiliaria.

Hay que regresar a lo básico, al pacto fundamental de ciudadanía, de responsabilidad compartida y derechos comunes que suponen los impuestos. Todos los gobiernos -el municipal, el estatal y el federal- deben cobrar impuestos y rendir cuentas de su empleo; todos los ciudadanos deben pagar impuestos, imponer a la autoridad criterios sobre cómo gastarlos y exigir cuentas sobre cómo los gastó.

Los estados no cobran impuestos; reciben en promedio 85% de sus ingresos de la federación. Los gobernadores, por tanto, no tienen con sus gobernados la relación constitutiva de ciudadanía que consiste en pagar impuestos y tener derecho por ello a exigir rendición de cuentas. Esto es aún más cierto a escala municipal: el impuesto predial que se cobra en México en su conjunto es ínfimo comparado con el porcentaje del PIB que alcanza en países semejantes. Tal vez haya que federalizarlo, ya que las autoridades municipales son incapaces de cobrarlo, y su gasto no está claramente destinado a un propósito específico (como en Estados Unidos, donde el predial se dedica a la educación primaria y secundaria del municipio donde se recauda).

Sobre todo: hay que poner fin a la fantasía de que en una sociedad con el 60% de la economía en la informalidad puede haber un régimen fiscal efectivo sin un gravamen universal al consumo. Para construir la fortaleza económica del Estado, que a su vez pueda redistribuir las rentas y construir una sociedad más equitativa, es precisa una reforma fiscal que suspenda los regímenes especiales y tome por los cuernos el tabú del impuesto al consumo, conocido en México como Impuesto al Valor Agregado (IVA). No hay reforma fiscal seria que no incluya un IVA elevado y generalizado, como en Chile, Colombia, Uruguay o la Unión Europea. La discusión no debe ser si el impuesto es deseable o necesario, sino en cómo convencer a la sociedad de su imperativo, y convencer a la sociedad que los recursos tendrán un buen uso. Este es un tema clave, en la medida que diversos grupos se han apropiado del presupuesto federal (otro precio de la transición democrática): los agricultores más ricos son los que se llevan la mayor parte de los subsidios al campo; los recursos de programas sociales se usan para fomentar la informalidad; los recursos de la educación son casi todos para la nómina de maestros. La debilidad del gobierno se refleja también en la imposibilidad creciente de utilizar el presupuesto federal como instrumento clave del desarrollo nacional.

Bienestar
Un impuesto general al consumo no será vendible políticamente si no queda sujeto a un compromiso poderoso del Estado, que compense sus efectos regresivos y otorgue a cambio un bien ostensiblemente superior al mal que causa. No conocemos una propuesta mejor en ese sentido que la de Santiago Levy, subdirector del BID y ex director del Seguro Social, en su libro sobre política social, informalidad y productividad: Buenas intenciones, malos resultados (Brookings Institution Press, 2008).

Levy propone extender a todos los mexicanos, por el hecho de serlo, los beneficios de una seguridad social universal: seguro médico, seguro contra accidentes de trabajo, seguro de desempleo, seguro de vida y seguro de pensiones. El costo neto de la propuesta sería de entre dos y tres puntos del producto interno bruto, es decir, entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales. Cálculos críticos de la propuesta le asignan un valor superior. Cualquiera que sea su monto, no podría venir sino del establecimiento de una tasa alta del IVA -al menos del 15%, si no del 18% como en Chile, en Uruguay o en la Unión Europea- sobre todos los bienes y servicios. Pero con una diferencia fundamental respecto de todas las propuestas anteriores de aumento al IVA que se hayan hecho en México: los ingresos así obtenidos quedarían etiquetados para su gasto exclusivo e inmediato en la extensión de la protección social a todos los mexicanos.

Adicionalmente, el efecto regresivo del IVA universal sería compensado con la devolución, a todos los contribuyentes, de una misma cantidad en efectivo cuyo efecto final, en palabras de Levy, sería que “a los ricos, que consumen más, les quitamos 10 pesos y les devolvemos 50 centavos. A los pobres que consumen menos, les quitamos 25 centavos y les devolvemos 50”. El vuelco recaudatorio y de protección social así obtenido permitiría reducir los impuestos indirectos a las empresas y a los trabajadores, dejando a ambos mayores ganancias y creando incentivos para la inversión en las empresas y para que los trabajadores salgan de la informalidad -aspecto fundamental de la salud económica futura- pues dejarían de pagar tan caramente los servicios de seguridad social que no valoran o que no les interesa obtener, entre otras cosas porque los reciben hoy de distintos programas sociales sin necesidad de contratarse formalmente en una empresa.

México tiene un dilema: la arquitectura actual de política social excluye de los derechos sociales a los trabajadores no asalariados; pero el gobierno (del PRI o del PAN) no puede dejar a esos trabajadores sin beneficios sociales, por lo que construye un sistema paralelo de programas que fomentan la informalidad, la baja productividad y la evasión fiscal. Es otra de las razones por las que crecemos lentamente. La lucha electoral hace que todos los partidos políticos compitan a ver quién ofrece más beneficios a los trabajadores informales, que cada vez son más, porque cada vez se subsidia más el trabajo informal. “Un futuro para México” requiere tomar al toro por los cuernos y modificar esa arquitectura. Extender derechos sociales a todos los trabajadores no es un desiderátum social solamente; es una necesidad de productividad y de crecimiento. Necesitamos más equidad para poder crecer.

He aquí uno de los beneficios más importantes de un proyecto como éste: reducir dramáticamente el precio de crear un empleo formal nuevo en pequeñas y medianas empresas, las cuales ya no asumirán el costo de las prestaciones sociales, no por su inexistencia o supresión, sino porque dicho costo sería asumido por la sociedad en su conjunto, a través del fondo fiscal central financiado con el IVA. Al reducir la informalidad, es factible que crezca la recaudación vía ISR o IETU, ya que muchas pequeñas y medianas empresas preferirían formalizarse y pagar impuestos menores, liberadas como quedarían de las cargas fiscales por seguridad social, cargas de casi 30% comparables a las europeas en su costo pero ni remotamente en sus beneficios.

Hablamos del piso fundador de un Estado de bienestar moderno, a imagen y semejanza de las socialdemocracias europeas, objeto de mucha demagogia en el pasado pero que nunca ha existido en México. Será imposible construir un mercado de trabajo moderno -esencial para el crecimiento y la productividad- sin un Estado de bienestar moderno. Nadie va a poder reformar la Ley Federal del Trabajo sin ofrecerle a los trabajadores algo mejor. La llamada “reforma laboral” no será tal a menos que sea también una reforma social que permita proteger a los trabajadores con instrumentos más amplios, eficaces y modernos, y sustituya con eso las regulaciones actualmente contenidas en la Ley Federal del Trabajo.


V. Educación
La expansión de la escolaridad mexicana ha sido una hazaña cuantitativa, pero una “catástrofe silenciosa” en el aspecto cualitativo (Gilberto Guevara Niebla, 1992). La pregunta mayor de la educación sigue vigente: ¿educar, para qué? ¿Qué y cómo debe aprender la gente? No ha sido respondida con claridad. La gente debe aprender en la escuela lo que necesita para resolver su vida. En el México joven y subcalificado de principios del siglo XXI esto significa, en primer término, aprender lo que necesita para obtener un empleo. Y aún mejor: para crearlo.

Esto implica conectar la educación a la vida práctica. La dinámica burocrática separó a las escuelas de las necesidades del país. Gobierno y magisterio pusieron la educación básica fuera de toda forma de auscultación pública o evaluación ciudadana. La educación superior padeció una separación semejante, mediante el mito de la autonomía de las universidades públicas, que las volvió tan celosas de la intromisión externa como poco flexibles a las demandas del mundo exterior. El resultado ha sido un sistema de educación pública por su mayor parte ajeno a las necesidades prácticas del educando y de la sociedad. Hay que devolver la educación a la sociedad, hacerla útil para ella y, por lo tanto, para el educando. La educación debe restablecer sus vínculos con la vida práctica, asumir su misión como instrumento de supervivencia y movilidad social.

Quizá la noción que debe regir nuestra educación en el futuro es lo que los pedagogos llaman pertinencia: aquello cuyo aprendizaje es funcional para ayudar al educando no a acumular conocimientos sino a resolver su vida. Significa que los niños pasen más días al mes y más horas al día en la escuela y sean equipados por la sociedad para aprender, dotándolos, en su casa y en la escuela, de los instrumentos indispensables: hardware, software, brainware, conectividad e interacción entre ellos. La educación debe ser una cuidadosa incubadora de lo que el país y la sociedad necesitan, no de lo que los educadores y los burócratas saben enseñar. Los educadores deben reeducarse en las necesidades y los instrumentos del mundo que los rodea, para que sus alumnos puedan sacar de ellos la educación que necesitan. Maestros, antenas y computadoras para todas las escuelas y todos los niños, pero también escuelas, antenas y computadoras para todos los maestros, sin olvidar la lingua franca de la aldea global interactiva: el inglés.

La solución no vendrá, no podrá venir, sólo del Estado. Tendrá que salir también de la comunidad. Si los ciudadanos quieren mejores escuelas tendrán que pagar más impuestos. Si el gobierno quiere convencer a los ciudadanos de que paguen más impuestos para sus escuelas, tendrá que dejarlos entrar a ver cómo se gastan esos impuestos y a evaluar si las escuelas sirven o no. La Ley Federal de Educación, vigente desde 1992, prevé la existencia de consejos de participación en la escuela pública. Pero en pocas escuelas funcionan. Hay que quitar los diques burocráticos para que esos consejos se vuelvan focos dinamizadores de la escuela y poner fin al monopolio de facto que autoridades y maestros ejercen sobre ese espacio del que los padres de familia fueron expulsados en los años treinta del siglo pasado por razones ideológicas: para evitar que a través de su catolicismo mayoritario pudiera filtrarse a la escuela la influencia de la Iglesia. Hay que abrir también la posibilidad de que las comunidades financien directamente sus escuelas, cubran con sus propios recursos lo que los presupuestos públicos no alcanzan a cubrir.

El instrumento para todo esto ha de ser un sistema de evaluación con consecuencias, que premie, castigue y corrija. Esto supone tres cosas, hasta ahora inaceptables para el magisterio nacional y para las burocracias educativas. La primera, someterse a una evaluación pública en su desempeño, maestro por maestro, escuela por escuela. La segunda, sujetar el aumento en los ingresos de los maestros y de los presupuestos de las escuelas a los índices de mejora educativa. Tercero, dar a los padres la oportunidad de escoger la escuela donde quieren enviar a sus hijos según su rendimiento educativo. Nada de esto es posible hoy, ni siquiera planteable. Por eso la educación mexicana empeora en lugar de mejorar: no hay costos inmediatos. No hay gritos ni mantas en el aula de clase.


VI. Democracia

El empate democrático
La democracia mexicana se parece más que nunca al diseño constitucional que la rige, pero es una democracia paralítica. No produce los bienes que se esperaban de ella. Gobierna pero no transforma al país. La Constitución dice que el régimen político de México es el de una República representativa, democrática y federal. Más que nunca antes en nuestra historia tenemos un régimen político democrático y representativo, con división de poderes y altos rangos de autonomía de los gobiernos estatales. La paradoja consiste en que haber cerrado la brecha entre el régimen político real y el régimen político legal no ha redundado en un gobierno más eficaz, sino en un gobierno más competido, sujeto a más límites y controles, más ineficaz, impregnado de una ética pública de lo posible que se parece más a la resignación que al realismo.

Por un lado, se ha hecho presente el poder del Congreso. Desde 1997 nuestra democracia produce gobiernos divididos: el partido que gana la mayoría en las elecciones presidenciales carece de mayoría en el Congreso. Nuestro régimen democrático no otorga mandatos ni da poderes para cumplirlos a los gobiernos que elige. Es un régimen presidencial disminuido. Un Congreso eterna y estructuralmente desprovisto de una mayoría del partido gobernante es el peor obstáculo que pueda encontrar un régimen presidencial. El poder legislativo se vuelve un poder adversario, capaz de bloquear al gobierno, pero no de conducirlo. Nuestra oposición -la que sea- bloquea más de lo que construye.

Por otro lado, se ha hecho presente el poder judicial. La debilidad mayor de nuestra democracia es que se asienta sobre un débil imperio de la ley. En cuanto los distintos poderes pueden competir libremente entre sí, emerge la Suprema Corte como un árbitro con poder no sólo en el ámbito de sus tareas constitucionales, sino en todos. El espacio de arbitraje de la Suprema Corte se multiplica. Vuelve a legislar sobre las muchas ambigüedades de la Constitución, y a resolver asuntos de leyes secundarias que la contradicen y le son remitidas para que las armonice. Por la Corte han pasado en los últimos tiempos más querellas de consecuencia política y visibilidad pública que en toda su historia, lo mismo si se trata de una controversia constitucional sobre el poder de veto del presidente al Congreso, que de peticiones de amparo fiscal, del ultraje a una periodista, de la negativa a un ciudadano que reclama sus derechos constitucionales a una candidatura independiente, o de los presos de la masacre de Acteal de 1997.

La democracia ha hecho aparecer con fuerza extraordinaria los poderes legislativo y judicial en el escenario de un poder ejecutivo disminuido. Se han hecho presentes también los poderes del pacto federal previstos en las leyes. Nunca ha sido tan grande la autonomía de los gobiernos estatales. Un gobernador hábil tiene hoy más poder sobre su estado que el que tiene el presidente sobre el país. Esta autonomía, sin embargo, no añade fortalezas al Estado democrático. Los gobiernos locales son eslabones débiles de la organización política nacional porque no cumplen con las tareas esenciales del Estado democrático: primero, no cobran impuestos ni rinden cuentas; segundo, no aplican la ley ni garantizan la seguridad de sus ciudadanos.

He aquí un régimen político incuestionablemente democrático y representativo, con una efectiva división de poderes y un pacto federal de altas autonomías locales. He aquí a la vez un Estado débil, que no aplica la ley, cuya división de poderes se acerca al divisionismo, y cuyo federalismo tiene algo de feuderalismo. Todo ello en el marco de un régimen político que no produce mayorías claras y vive inmerso en un empate perpetuo, que sin embargo no produce ingobernabilidad.

México no padece crisis constitucionales o fracturas del régimen político, no está en riesgo de rebeliones o golpes de Estado. Goza de una clara estabilidad política aun en medio de los picos de violencia que lo sacuden. No sufrimos de una crisis de gobernabilidad política, sino de gobernabilidad transformadora. Nos faltan gobiernos capaces de dar pasos claros en la construcción del país democrático, próspero y equitativo que buscamos; de terminar de construir la sociedad de clase media inacabada que somos.

Seguridad
Que la inseguridad pública no ponga en riesgo la estabilidad política fundamental del Estado no quiere decir que no represente su problema número uno. Se confunden en este ámbito dos órdenes distintos del problema de seguridad que aqueja a la República: el orden de la seguridad ciudadana y el orden del combate al narcotráfico. Obviamente se encuentran vinculados, pero no se sobreponen, ni son asimilables uno al otro.

La seguridad ciudadana de todos los días, la seguridad fundamental que debe proveer un Estado, presenta fragilidades estructurales. Unas vienen de años atrás, como el anquilosamiento de las instancias de procuración y administración de justicia. Pero el tema de las policías y de la seguridad pública local domina el paisaje. Es la inseguridad que altera la vida cotidiana de la sociedad, la inseguridad de los delitos del fuero común: el homicidio, el robo, el secuestro, la violencia familiar y social.
Son todos responsabilidad de los gobiernos locales, los eslabones débiles de la seguridad pública de México, los responsables de que en México sólo se castiguen en promedio cinco de cada cien homicidios dolosos, pues la persecución de los homicidios no es una facultad federal sino local. Son los responsables, también, de la penetración del crimen organizado en sus policías e instituciones de seguridad. Los han dejado entrar. De ahí la cantidad de policías locales intervenidas por la federación por su complicidad con el narcotráfico. De ahí, también, la ocupación silenciosa de ciudades fundamentales del país por los barones del crimen organizado. Es urgente un nuevo reparto de responsabilidades entre los estados y el Estado a propósito de la seguridad, enfrentando sobre todo la impunidad en los delitos hoy ubicados en el fuero común, los que más afectan al ciudadano en su vida diaria.

Se puede dar un nuevo giro a la política de seguridad interna del país, impulsando la creación de una policía nacional única, sustituta de las policías estatales y municipales, unificando los códigos penales de los estados, federalizando buena parte de los delitos hoy subsumidos bajo el fuero común. Abundan los ejemplos internacionales, unos más pertinentes que otros: Chile, Colombia, Canadá (salvo Ontario y Quebec). Ya se ha avanzado en ese camino: desde 1998 existe una policía federal en México; desde 2007 una academia policíaca federal; hace poco el gobierno propuso formalmente sustituir a las policías municipales con policías estatales.
Cada día son más los gobernadores que en privado confiesan su preferencia por entregarle la seguridad a la federación, a sabiendas de que implicaría quedarse sin policías. Y cada día son más los militares que reconocen, también en privado, que las policías locales no les provocan ninguna confianza. En los estados de capital dominante, como Yucatán, Nuevo León, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, por sólo mencionar a algunos, “estadualizar” a las policías municipales es sencillo, si no es que ya se ha hecho; el siguiente paso, en esos mismos estados, consiste en federalizar a los policías ministeriales, mediante un mecanismo de entrada voluntaria: los gobernadores que así lo deseen, adelante; los que no, no. Algunos preferirán mantener la estructura actual, pero coordinarla bien, depurarla y equilibrarla; otros, no. Lo que parece imposible es limpiar las centenas de cuerpos policíacos estatales y municipales corruptos, más de 300 mil efectivos, con menos de 20 mil policías federales operacionales honestos, suponiendo que lo sean.

Ante la preocupación de que una policía nacional única se torne un monstruo represor descontrolado y autoritario, existe un antídoto, deseable y necesario en sí mismo, pero justificado además por la necesidad de despolitizar las tareas de seguridad, hasta donde es posible hacerlo. Convendría transformar a la Secretaría de Gobernación en un Ministerio del Interior que tutele a la Policía Nacional, tanto preventiva como investigativa, y al CISEN, pero sin tareas políticas. No se puede pedir un nombramiento por completo apolítico, pero puede dársele en la práctica un carácter esencialmente de seguridad, como sucede en muchos países de América Latina y de Europa. De esta manera, tanto la Policía Nacional como el Ministerio del Interior quedarían sujetos a la rendición de cuentas con el Congreso, pero a la vez despojados de funciones políticas. Las funciones políticas de la actual Secretaría de Gobernación serían trasladas, como ya se intentó, a la Oficina de la Presidencia o a una Jefatura de la Casa Civil, como le llaman los brasileños, un “chief of staff” según los americanos.

Cuando de manera gradual se avance en la construcción de este andamiaje institucional, podría también rediseñarse la estrategia de combate al narcotráfico, emprendiendo un debate nacional serio sobre las diversas opciones, desde la tregua tácita hasta la guerra frontal con una cooperación estadunidense cuantitativa y cualitativamente mayor, dentro de un esquema amplio de seguridad regional de América del Norte, con tres facetas: primero, atacar no las causas -el tráfico en sí mismo- sino los daños colaterales del narcotráfico, a saber, la violencia entre narcos, los secuestros, el derecho de piso, la penetración de las estructuras políticas, la venta de estupefacientes a niños, el daño a la salud de los adictos. Se trata de un enfoque de reducción del daño, tanto en lo individual como en lo nacional. Segundo, despenalizar en México, de manera acompasada con Estados Unidos, gradual y por segmentos, el consumo de drogas. Tercero, concentrar los esfuerzos militares y policíacos en el sellamiento del sur del país, como se viene proponiendo desde 1998, y especialmente en el Istmo de Tehuantepec, como se viene discutiendo desde 2004, y como en principio ya lo resolvió el actual gobierno, sin anunciarlo todavía.


Gobernabilidad
¿Cómo producir mayorías, inyectarle competencia y abrir el régimen de partidos, darle más poder a los votantes, fortalecer al Estado para que no sólo administre sino también gobierne, y no sólo gobierne sino también transforme?

Se trata de dotar al país de un Estado que modernice y decida, que permita la eclosión de mayorías, que no dependa del consenso, que sirva para dirimir desacuerdos, no para desvanecerlos. Sin un conjunto mínimo de reformas institucionales, las demás son imposibles. No hay verdades absolutas, soluciones milagrosas, ni recetas perfectas en materia institucional o electoral. Todo es experimentación, imperfecciones, ajustes constantes, rectificaciones y volver a empezar. Sin embargo, entre quienes desean cambiar las cosas ha comenzado a surgir un acuerdo tácito, en ocasiones explícito, de lo que es preciso hacer. Creemos que son necesarias tres reformas fundamentales:
1. Para producir mayorías claras: la segunda vuelta presidencial y la supresión de la cláusula de sobrerrepresentación en elecciones legislativas; 2. Para darle poder a los votantes y abrir el régimen de partidos: reelección consecutiva y candidaturas independientes; 3. Para un poder ejecutivo con iniciativa: la figura del referendo, poderes de veto, de decreto y establecimiento de “leyes guillotina” de obligatoria resolución por el Congreso. Esta lista no es exhaustiva, pero aspirar a un esquema completo equivale a vivir sin ninguno; aquí sí, la totalidad deseable es el enemigo mortal de las partes suficientes, por ahora.

Construir mayorías
Es imprescindible diseñar un sistema que promueva, aunque no imponga, la conformación de mayorías unipartidistas o de coalición previa en el Congreso. En un sistema de tres partidos, como es el nuestro hoy, y como amenaza con permanecer durante años, no es una tarea sencilla. Algunos analistas con experiencia real de gobierno y conocedores de las mejores prácticas en otros países han sugerido la eliminación de la llamada cláusula de sobrerrepresentación (fijada hoy en 8%) como solución. Es una buena idea. Suprimirla permitiría -aunque no lo aseguraría- que un partido que obtuviera 41% del voto en elecciones legislativas, por ejemplo, alcanzara una mayoría absoluta de diputaciones.

Otra alternativa es la segunda vuelta legislativa: encierra un enorme efecto amplificador de mayorías relativas, pero tiende a borrar del mapa legislativo al tercer partido en liza, casi siempre el PRD, desde 1991. Se puede instaurar o no en función de cómo se quiera generar mayorías legislativas. También se pueden hacer concurrentes o ligeramente escalonadas las elecciones legislativas y la segunda vuelta presidencial, de modo que la polarización de ésta arrastre a las legislativas hacia la formación de mayorías en el Congreso.

La segunda vuelta en la elección presidencial parece imprescindible, como lo ha admitido el secretario de Gobernación. Los números son elocuentes: en 1994 Ernesto Zedillo obtuvo 50% del voto, Vicente Fox 43% en el 2000, y Felipe Calderón 35% en 2006. El próximo presidente debiera darse de santos si alcanza un 32% en 2012. México no puede ser gobernado por un presidente elegido por menos de una tercera parte del electorado. La segunda vuelta obliga a alianzas, pues sólo pasan los dos primeros contendientes, los demás negocian su apoyo programático, de personas y cargos, entre una y otra vueltas. Por eso y para garantizar un amplio mandato, casi todos los países con régimen presidencial (en América Latina y Francia, por ejemplo) han establecido este mecanismo. La alianza forzada en segunda vuelta de rivales en la primera es común en todas las democracias; no es más ni menos artificial que otras alianzas, pero es más transparente. La ciudadanía desconfía de la capacidad de la clase política de construir alianzas. Por eso hay que inducirlas -o imponerlas- a través de mecanismos electorales.

Abrir el régimen de partidos
La segunda transformación institucional consiste en la reelección consecutiva de diputados y senadores, junto con la disminución del número de legisladores plurinominales, haciéndolas accesibles sólo para partidos que superen un umbral determinado de curules de mayoría y más del 4% o 5% de los votos. Que no exista reelección consecutiva de diputados y senadores da poder a los partidos, no a los votantes. Quien ha ganado una elección de mayoría no puede volver a aspirar a ella al terminar su mandato; voltea hacia su padrino político o a la dirigencia de su partido, no hacia sus votantes, para conseguir su siguiente empleo.

Las debilidades de la reelección consecutiva son conocidas. Tiende a crear oligarquías de ganadores que se perpetúan en el puesto y a crear políticos pragmáticos que atienden a la voluntad o el capricho de sus electores más que a las necesidades estratégicas del país. Cada decisión importante en el Congreso se vuelve una negociación de interminables condicionamientos locales que los legisladores buscan lograr para conservar la adhesión de sus votantes. Pero las ventajas de la reelección son absolutas en cuanto a trasladar el poder sobre la decisión de quién gobierna a los votantes de carne y hueso, de cada ciudad y cada pueblo, con sus peculiares necesidades. La generación de oligarquías legislativas puede acotarse limitando el número de elecciones consecutivas a que es posible aspirar: la famosa limitación de mandatos. Y dichas oligarquías encierran una ventaja que nadie puede negar: acaban formando un contingente de congresistas de carrera que son un seguro antídoto contra la improvisación, la novatez y la simple ignorancia legislativa.

Hemos hablado antes de la conveniencia de las candidaturas independientes. Reiteramos aquí su pertinencia.

Fortalecer la presidencia
La tercera reforma consiste en fortalecer a la presidencia democrática, a diferencia del ejecutivo omnipotente pero autoritario de antaño, y del presidente democrático pero débil de ahora. Su primer ingrediente estriba en el referendo para modificar la Constitución, para tratados internacionales, o para leyes secundarias de trascendencia nacional, figura ya existente para la atracción por la Suprema Corte, por ejemplo. De nuevo, no es una panacea (no existen en la política), pero conforma la solución menos mala inventada por otros países para permitirle al presidente llevar los grandes asuntos nacionales directamente al país. Es un instrumento típico de todas las democracias (salvo Estados Unidos) más o menos maduras que la nuestra, con mayor o menor nivel educativo, y con el riesgo implícito de que un buen remedio sea también utilizado para fines perversos. Pero por algo será que todos los países recurren a ellos.

Cuatro cambios adicionales, claves aunque de un calado diferente, serían suficientes para devolver al ejecutivo algo del poder que necesita para recobrar la iniciativa, en relación con el Congreso. El primero reside en concederle claros poderes de veto parcial o total sobre leyes venidas de la alianza mayoritaria del Congreso. El segundo consiste en otorgarle mayores poderes de decreto para situaciones de emergencia, desde una crisis inesperada de influenza, hasta una contracción económica igualmente inesperada. La tercera implica brindarle al ejecutivo la facultad de enviar al Congreso un número mínimo (dos, por ejemplo) de leyes al año, bajo el criterio de la llamada afirmativa ficta o leyes guillotina, según el cual dichas leyes deben ser revisadas a más tardar en dos periodos de sesiones de la legislatura, pasados los cuales entran en vigor. Por último, reviste particular importancia la redefinición constitucional de quién debe sustituir al presidente en caso de ausencia absoluta. El artículo constitucional que lo prevé actualmente es un galimatías indigno de ninguna Constitución.

VII. Hacia el 2012
Lo que aquí se propone no es un programa de gobierno. Es una agenda para ser discutida. No pretende ser aprobada en el corto plazo, pero sí servir como una referencia del debate nacional camino a las elecciones presidenciales de 2012. Es una provocación para inducir definiciones a uno y otro lados de la propuesta, y definir con claridad los términos de la disputa por el rumbo deseable de la nación. Creemos que puede resultar aceptable para la heterogénea clase media mexicana que define las elecciones, y para ayudarla a salir de una vez por todas del rancio discurso nacionalista revolucionario al que todavía resulta sensible. Su fortaleza consiste acaso en que forma un todo ordenado, con ideas y secuencias engarzadas, con una lógica interna transparente, con suficientes ingredientes para ser ambiciosa y estratégica, pero no tantos como para volverse inviable.

Es lógico que las elecciones de 2012 dominen cada vez más la agenda y las voluntades de los actores políticos. En ese horizonte, proponemos abandonar el ámbito de la política de lo posible y convertir el 2012 en un referendo sobre el futuro deseable, no sólo sobre quién debe ser presidente. Pasada la preocupación sobre la transparencia y la legalidad de las elecciones, llegamos en los dos últimos comicios presidenciales a una definición de preferencias sobre un partido o una persona. Triunfaron en ellos quienes lograron polarizar la votación en ese sentido: Vicente Fox en el 2000 para “sacar al PRI de Los Pinos”, y Felipe Calderón en 2006 para evitar el “peligro para México” de López Obrador. Creemos que esta táctica se ha agotado. México no puede seguir celebrando cada seis años virtuales plebiscitos sobre partidos y personas en elecciones desprovistas de carácter programático. Hay que transformar el 2012 en un referendo sobre el programa, no sobre el copetón, el pelele o el heredero. Hay que responder hoy a la pregunta de mañana: ¿Cómo llegar al 2018 como una sociedad en crecimiento, de clase media, segura y ubicada en el mundo?

Hay quien piensa que en México las elecciones sólo se ganan sin agenda, que ponerla es peligroso. Es una versión actualizada del aforismo de Fidel Velázquez: al que se le muevan las ideas, no sale en la foto. Pero como lo muestran diversos análisis de los procesos electorales de 2000 y de 2006, incluso de 2009, los comicios tienden a ser definidos cada vez más por los votantes más modernos, más vinculados con los beneficios de la globalización. El voto duro aporta un piso, necesario pero insuficiente, para ganar una elección presidencial. Los votos claves vienen de sectores oscilantes. Esos sectores pertenecen a las nuevas clases medias surgidas en estos últimos años de crecimiento constante, aunque magro, en condiciones de estabilidad macroeconómica, que permitieron el acceso al crédito y a bienes y servicios a los cuales no se renuncia fácilmente: vivienda, autos, vacaciones, crédito en tiendas. Dichos sectores inclinaron la balanza a favor de Fox a partir de mayo de 2000, y en marzo de 2006 empezaron a dudar de López Obrador como mejor opción, retirándole al final su apoyo.

Existe hoy una oportunidad para al menos intentar que el país entre en una dinámica de propuestas que obliguen a todos a mostrar sus cartas y a hacer explícitas sus posturas.

Las debilidades de México están a la vista. Nunca hemos sido tan conscientes de nuestros males y tan capaces de ventilarlos en público. Pero cada debilidad mexicana puede leerse desde el ángulo de alguna fortaleza. Las instituciones democráticas no alcanzan para pactar las transformaciones que el país requiere, pero lo representan y gobiernan en todos los niveles. No hay acuerdos fundamentales entre sus fuerzas políticas sobre qué rumbo tomar, y se estorban unas a otras, pero su desacuerdo no destruye ni socava el Estado, simplemente lo hace un instrumento más debatido y menos eficaz para el cambio.

Contra lo que sugieren todos los días los medios, el número promedio de homicidios en México no ha hecho sino descender desde los años noventa. Está en el orden de los 11 por cada 100 mil habitantes, el doble que en Estados Unidos y el triple que en Suiza, pero la tercera parte que en Colombia, la cuarta parte que en Brasil, la quinta parte que en Guatemala. Los sistemas de justicia de los estados sólo detienen al 5% de los homicidas, cuando son del fuero común. Con esos índices de impunidad, lo notable es que no haya más homicidios, pues no hay estímulo más efectivo al crecimiento de un crimen que su falta de castigo. La baja incidencia de homicidios en México en el contexto de tan visible impunidad, habla de una población abrumadoramente no violenta. La violencia de los sicarios que atormenta nuestra imaginación y ensangrienta las primeras planas de los periódicos y algunas de nuestras ciudades, se da en el bastidor de un pueblo que no ama la violencia, ni cree encontrar en ella una solución a sus problemas.

La economía muestra grados inaceptables de concentración y privilegios que frenan el ritmo de su conversión en una moderna economía de mercado, condición indispensable para crecer. Pero esa misma economía acudió con eficacia a la puerta abierta por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y convirtió al país en un exportador impresionante, con una planta industrial moderna de clase mundial. Si se abren oportunidades equivalentes de inversión en el ámbito de la economía interna, la estructura productiva dará un salto al lugar que le falta colonizar: el gigantesco mercado potencial de consumidores de primera generación -la nueva clase media emergente- en el seno de la población mexicana. Esta última es desigual, resiente graves injusticias y marginaciones internas, pero en el fondo de la sociedad desposeída hay una épica del esfuerzo y del trabajo que no sabemos estimular en toda su pujanza a través de mejores instituciones de educación y salud, y mejores oportunidades de trabajo.

Se trata de la masa de millones de mexicanos que han migrado internamente dentro de su país o hacia el norte en busca de empleo, dignidad, progreso para ellos y los suyos. Esta es la epopeya silenciosa de México: la de los millones de mexicanos que van a buscar lo que necesitan donde hay, eso que hizo decir al economista John Kenneth Galbraith que en ninguna minoría de migrantes a los Estados Unidos había encontrado tanta disposición al trabajo y al esfuerzo como en los migrantes mexicanos.

Ese pueblo que quiere más, que busca su camino por sí mismo y está dispuesto hasta el estoicismo para encontrarlo, es la fortaleza mayor de México, el verdadero fondo del paisaje sobre el que cruzan nuestros males y nuestro descontento, el pueblo que busca los bienes y el progreso que sólo el cambio profundo de nuestra economía y nuestra idea de futuro pueden darle.

Jorge G. Castañeda. Analista político. Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. Ha publicado: La diferencia. Radiografía de un sexenio (en coautoría con Rubén Aguilar) y Somos muchos: ideas para el mañana.

Héctor Aguilar Camín. Historiador, escritor y periodista. Su más reciente libro es Pensando en la izquierda.

El presente ensayo debe mucho a las ideas de Manuel Rodríguez Woog, director de GAUSSC, empresa especializada en estudios electorales, de opinión y de mercados. Desarrolló análisis de opinión pública para la presidencia de Vicente Fox y el proceso electoral 2006. Es coautor con Jorge Castañeda de ¿Y México por qué no? (Fondo de Cultura Económica), y de 2012, referéndum y provocación.

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=29024

En el mundo hay cosas que se inventan y otras que se descubren. El capitalismo creo que es de las segundas, de las que se descubren y que se sigue descubriendo todos los días. Una particularidad del capitalismo es no tener forma, la forma se la dan los individuos y en cada momento le damos la forma que queremos, según nuestros propios intereses.

Hay filosofías o ideologías humanas inventadas. Estas ideologías ofrecen una mejor forma de vivir, establecen reglas del juego (que suelen ser muchas) y las mismas reglas obligan supervisión.

No es el caso del capitalismo, pues no hay muchas reglas y no ofrece una mejor forma de vida, el capitalismo no ofrece nada. El capitalismo pone sobre la mesa la capacidad de que cada quien viva la vida que desea vivir, de acuerdo –nuevamente– a sus propios intereses.

Hay muchas propuestas de capitalismo, pues hay varios descubridores del capitalismo. Eso no hace al capitalismo ser un invento humano. Sería como creer que la evolución es un invento humano, porque alguien plantea una teoría; las mismas teorías evolutivas cambian constantemente, cada vez que hay un descubrimiento nuevo. Así es el capitalismo, siempre hay descubrimientos nuevos.

El mundo capitalista no va a colapsar. Mientras existan dos personas que intercambién el fruto de su trabajo de manera voluntaria, entonces habrá capitalismo. Los seres humanos somos inherentes al capitalismo o al revés.

Si una persona te dice que el capitalismo es la fuente de todos los males, dicha persona no esta orgullosa de ser humano.

Artemio Estrella

"No puedes hacer una revolución con guantes de seda". Josef Stalin
 
A los mexicanos nos gusta celebrar los grilletes que nos impiden avanzar. Por eso cada 20 de noviembre festejamos el inicio de una Revolución que no sólo dejó un trágico saldo de muerte y destrucción a lo largo de los años, sino que con el paso del tiempo creó los lastres que nos han impedido construir un país más próspero.

Los políticos mexicanos defienden el mito de la Revolución porque de él han vivido durante mucho tiempo. De hecho les ha servido de excusa para saquear al País. Durante décadas han justificado sus acciones y los impuestos que nos cobran a los mexicanos por una supuesta labor social surgida de la ideología revolucionaria. Pero a un siglo de distancia del triunfo de la lucha armada, México sigue siendo un país pobre y su distribución de la riqueza es una de las peores del mundo. En buena medida la culpa es del sistema político surgido de la Revolución.

Los gobiernos mexicanos del último siglo han querido presentar la Presidencia de Porfirio Díaz como un tiempo de desastre económico y explotación. Los datos históricos, sin embargo, nos revelan que se trató más bien del primer periodo de crecimiento sostenido en el País desde la Colonia. No hay duda de que don Porfirio presidió un régimen autoritario, pero autoritarios han sido también los gobiernos surgidos de la Revolución. La lucha armada no nos trajo nada mejor.

Muchos políticos e historiadores defienden a la Constitución de 1917 como el anhelado fruto del sacrificio de la Revolución. Es el fin que justificó los medios de siete años de guerra y saqueos en que distintos grupos armados se disputaron el País. Pero la Constitución del 17 no sólo traicionó los principios liberales de la de 1857, sino que además se ha convertido en un lastre permanente en los intentos por construir un país más próspero.

La carta magna del 17 es con frecuencia presentada como la primera "constitución social" del mundo. La verdad es que ha destruido riqueza, ha impedido la inversión productiva y ha empobrecido a los mexicanos. La distribución de la riqueza, por otra parte, no parece ser hoy significativamente mejor que la de tiempos de don Porfirio. México se ha quedado estancado durante mucho tiempo, mientras que otros países que eran más pobres que el nuestro, como Corea del Sur, nos han rebasado de manera contundente. Quizá es porque ellos nunca tuvieron una revolución que les impusiera una "constitución social" que impidiera su desarrollo y aumentara su pobreza.

Cuando en una ocasión se le preguntó a Zhou Enlai, quien durante décadas fue primer ministro de la China comunista, cuál era su opinión sobre la Revolución Francesa, él respondió: "Es demasiado pronto para saber". Si bien nadie puede negar el sentido filosófico de la respuesta, hoy podemos darnos cuenta de que quizá no quería saber.

Mao Zedong y Zhou Enlai consideraban a la Revolución Francesa de 1789 como un antecedente ideológico de su régimen. Se negaban a reconocer que la dictadura que ellos encabezaban empobreció de manera brutal a su país. Millones murieron de hambre como consecuencia de la colectivización de las granjas y del desplome de la producción. Si bien los líderes chinos afirmaban, como los mexicanos ahora, que el suyo era un "régimen social", el despegue sólo vino después de que China adoptó un sistema de libre mercado.

A 100 años de distancia, nuestros políticos son bastante más hipócritas. No nos dicen que es demasiado pronto para juzgar a la Revolución Mexicana. Afirman, contra todas las evidencias, que ha sido un verdadero éxito. Se niegan a aceptar que fue el inicio de un régimen que, lejos de ser social, ha mantenido a millones de mexicanos en la pobreza.

 
www.sergiosarmiento.com

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Durante casi 80 años los gobiernos “revolucionarios” inculcaron (y se sigue haciendo porque la historia oficial en los libros de texto no se ha revisado) en todos los mexicanos el mito de la revolución mexicana. Sin embargo la realidad es muy diferente. Fue una lucha fratricida donde una minoría de la población tomó las armas, muchos de ellos sin causa real alguna sólo para enriquecerse. Quienes la iniciaron no la terminaron, y quienes la terminaron crearon un sistema político basado en la corrupción y el autoritarismo que nos sumió en el retraso respecto al resto del mundo.

Hoy pocos saben (pues en los libros de texto no te lo dicen, mucho menos en los actos oficiales) que después de vencer Porfirio Díaz los revolucionarios se dividieron y lucharon entre sí. Zapata se levantó en armas contra Madero, pretexto que uso Huerta para asesinar a Madero. Zapata y Villa terminaron peleados. Carranza emboscó y asesinó a Zapata. Y finalmente Obregón y Calles pacificaron al país asesinando a Carranza y a Villa, entre muchos otros, y al resto de los “revolucionarios” los “pacificaron” con puestos políticos, tierras, y mucho dinero. De ese modo el poder político y económico, después de 10 años de violencia y más de 1 millón de muertos, simplemente pasó de un grupo minoritario a otro. ¿Cuál logro de la revolución?

Investiga la historia de México, de la revolución. No te quedes sólo con lo que nos “enseñaron” en los libros de texto editados por el gobierno. Hace 100 años la riqueza estaba en la posesión de tierras, hoy está en sindicatos, en monopolios estatales y en oligopolios. Los latifundios aún existen, en manos principalmente de políticos. Y todos mitos, paradigmas, de la soberanía, de las causas sociales, del apoyo a los pobres, no son más que la fachada para que los políticos y grupos económicos ligados al poder sigan enriqueciéndose a costa del resto del país.

Las revoluciones, los cambios por medio de la violencia no llevan a nada mejor. Sólo destruyen para que otro grupo siga explotando. Un cambio verdadero debe venir con la ruptura de paradigmas, de mitos, de mentalidad, de idiosincrasia de toda la población, o al menos de la mayoría. Un verdadero cambio es aquel que proponga un modelo liberal tanto en lo económico como en lo social, que incentive el desarrollo del individuo. Y es precisamente el individuo, todos y cada uno de nosotros, que primero debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas: no hay lonche gratis, todo tiene un costo.

Dany Portales

"El Gobierno no es el médico; es la enfermedad". H.S. Ferns
 
Ya es oficial. El Gobierno federal gastará el año que viene 3 billones 176 mil millones de pesos, lo cual equivale a 29 mil 682 pesos por cada uno de los 107 millones de hombres, mujeres y niños del país. Tenemos razón los ciudadanos en sentirnos insatisfechos. Estamos lejos de recibir del Estado servicios congruentes con esta cantidad.

La razón es que buena parte del gasto se va a la burocracia y sólo beneficia a quienes viven de la ubre del Gobierno. En el 2010 este gasto se está concentrando además en entidades, como el Estado de México, donde el PRI busca comprar apoyos políticos.

Si bien los diputados modificaron solamente 96 mil 600 millones de pesos del presupuesto, lo cual equivale a apenas un 3 por ciento del presupuesto total, se las agenciaron para dar aumentos muy importantes a algunas dependencias. Éste es el caso de la Secretaría de Turismo, a la que se le aprobó un gasto 31 por ciento superior al que pidió el Gobierno. Los diputados parecieran haber aprovechado el dinero de los contribuyentes para mandar un mensaje político al Presidente Calderón, quien ha pedido al Congreso que elimine esa Secretaría.

También los diputados elevaron en 31 por ciento el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es que vean con buenos ojos al Secretario Juan Molinar Horcasitas, sino que quieren el dinero para la construcción de carreteras en sus estados. Poco importa que en muchos casos estas carreteras no sean las más necesarias o no cuenten con proyectos ejecutivos o con derechos de vía. En algunos casos, como el de la autopista de Cuernavaca, lo único que hace el Gobierno es repavimentar lo que ya está bien asfaltado para gastar el dinero que se le asigna.

Se nos dice que éste es un presupuesto austero. La verdad es que se trata del tercero mayor de toda la historia. Lo rebasan solamente el de 3.5 billones del 2008, el mejor año de la bonanza petrolera y en el que hubo un gasto especial de 321 mil millones de pesos para el cambio del sistema de pensiones del ISSSTE, y el de 3.19 billones del 2009. La austeridad no se ve por ningún lado.

Quienes tienen poder e influencia son quienes se quedan con más dinero. Las universidades, y especialmente la UNAM, lograron un aumento bastante importante de 9 mil 331 millones de pesos sobre lo que les presupuestó el Gobierno. La educación básica recibió 3 mil 955 millones de pesos adicionales mientras que la educación media superior debió conformarse con 750 millones. Es evidente que los rectores universitarios tienen mayor poder político que los directores de escuelas primarias, secundarias o preparatorias.

La Secretaría de Agricultura y la de Reforma Agraria tuvieron incrementos de 21 y 18 por ciento. No es que las dependencias estén haciendo bien su labor. De hecho, Reforma Agraria es una de las dependencias que el Gobierno quiere desaparecer. Pero la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI presionó para lograr mayores subsidios al campo. Los obtuvo no porque realmente beneficien a los campesinos -ahí están los pobres resultados de Procampo- sino porque es la manera en que la CNC compra votos.

Mucho dinero se está transfiriendo también a estados y municipios. La transparencia sobre estos gastos, sin embargo, es virtualmente nula.

El saqueo se ha consumado. El Gobierno consiguió su ansiado aumento de impuestos y los diputados han repartido el botín. Pero es falso que se esté combatiendo la pobreza o que se busque generar una mayor actividad económica. El propósito es simplemente alimentar la ubre del Gobierno.
 
Corrupción
Es cierto que mide la percepción y no la corrupción propiamente dicha, que es mucho más difícil de evaluar, pero debe preocuparnos que en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional hayamos caído 17 lugares entre 2008 y 2009. Ahora estamos en el puesto 89, por debajo de países como El Salvador, Suazilandia o Burkina Faso.

Sergio Sarmiento 
www.sergiosarmiento.com

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¿Tú que eres contribuyente cautivo, ya te decidiste a hacer algo para evitar que los políticos y burócratas te sigan exprimiendo? ¿Has reenviado los correos sobre este tema que te han llegado en los dos últimos meses? ¿Qué vas a hacer para defenderte contra éstos abusos, injusticias, de los políticos? ¿Has considerado la huelga de impuestos?

Es probable que muchos de los impuestos que pagas como el ISPT, o el IVA en muchos de los productos o servicios que adquieres, no sea posible dejar de pagarlos. Por eso somos contribuyentes cautivos. Pero si podemos minimizar su impacto. Revisa tu patrón de consumo, cómo y en qué gastas tu dinero, para encontrar áreas de oportunidad comprando en la economía informal o en el extranjero y evites pagar el IVA.

Suena paradójico, lo sé, pero tiene su lógica. Los políticos no quieren realizar una reforma fiscal que logre que todos paguemos, que reduzca, minimice, la economía informal. Y no lo van a hacer porque todos esos grupos son cotos de poder de los propios partidos políticos y les dan muchos votos. Además, siempre están los “tontejos” de los contribuyentes cautivos que nunca se quejan, que no están organizados, y que siempre terminan pagando para alimentar la ubre del gobierno. Pues si los gobiernos, los políticos, han legalizado de facto a la economía informal, pues aprovechémosla para reducir nuestra carga fiscal. Quizá si ésta crece aún más los políticos se vean forzados a realizar la reforma fiscal que por fin permita que todos paguemos lo que nos corresponde, y que se promueva la inversión y el empleo.

¿Le entras o quieres seguir manteniendo y enriqueciendo a los políticos?

Dany Portales

Una democracia que no logra construir acuerdos. Un sistema político donde los partidos no tienen incentivos para la colaboración. Las reformas que México necesita no ocurren por la falta de consensos, es lo que se repite como mantra. Hace falta un gran acuerdo nacional, es lo que se repite en foro tras foro. Hace falta un Pacto como el de la Moncloa, es lo que se propone en reunión tras reunión.

Ése suele ser el diagnóstico común sobre lo que nos aqueja y lleva a la discusión sobre propuestas encaminadas a construir mayorías legislativas u otras medidas con el objetivo de crear un Gobierno "fuerte". Pero ante ese diagnóstico y esas recomendaciones me parece que estamos centrando la atención en el problema equivocado.

México no está postrado debido a la falta de acuerdos o la inexistencia del consenso o la ausencia de mayorías. En México sí hay un acuerdo tácito entre políticos, empresarios, sindicatos, gobernadores y otros beneficiarios del statu quo. Pero es un acuerdo para no cambiar.

Es un pacto para el "no". Para que no haya reformas que afecten intereses protegidos. Para que no sea posible disminuir las tajadas del pastel que muchos sectores reciben, en aras de permitir la creación de un pastel más grande para todos. Basta con examinar las iniciativas presentadas, los nombramientos avalados, y las partidas asignadas para constatarlo.

El paquete fiscal -aprobado por mayoría legislativa- no cambia las reglas del juego; tan sólo va tras el contribuyente cautivo. El nombramiento del nuevo titular de la CNDH -aprobado por mayoría- no busca crear contrapesos, sino asegurar que no existan. La exención de impuestos a nuevos jugadores en telefonía celular -aprobada por mayoría- no busca fomentar la competencia, sino hacerle otro favor a Televisa.

El Presupuesto de Egresos -aprobado por mayoría- no busca reorientar el gasto público para desatar el crecimiento económico, sino mantener su uso para fines políticos. En México todos los días se forman mayorías en el Congreso. Pero son mayorías que logran preservar en lugar de transformar.

Mayorías entre diputados y senadores, forjadas por intereses que quieren seguir protegiendo, incluyendo los suyos. Por los poderes fácticos a los cuales hay que obedecer. Por los derechos adquiridos que dicen es políticamente suicida combatir. Por los privilegios sindicales que -con la excepción del SME- el Poder Ejecutivo no está dispuesto a confrontar. Por la presión de cúpulas empresariales que le exigen al Gobierno que actúe, pero les parece inaceptable que lo haga en su contra, como en el tema de la consolidación fiscal o la promoción de la competencia.

Muchos demandan reformas, pero para los bueyes del vecino. El País se ha vuelto presa de un pacto fundacional que es muy difícil modificar, porque quienes deberían remodelarlo viven muy bien así. Los partidos con su presupuesto blindado de 3 mil 012 millones de pesos. Los empresarios con sus altas barreras de entrada a la competencia y sus reguladores capturados y sus diputados comprados y sus amparos y sus ejércitos de contadores para eludir impuestos en el marco de la ley.

Los gobernadores con sus transferencias federales y la capacidad que tienen para gastarlas como se les dé la gana. El PAN temeroso a tocar intereses por temor a que busquen refugio con el PRI. Allí está, visible todos los días: el Pactum Nullus Mutatio.

El pacto rentista, el pacto conforme al cual es posible apropiarse de la riqueza de los ciudadanos. Y las élites de este país llevan décadas enriqueciéndose legalmente a través de aquello que los economistas llaman el "rentismo". El rentismo gubernamental-empresarial-sindical-partidista construido a base de transacciones económicas benéficas para numerosos grupos de interés, pero nocivas para millones de consumidores.

El rentismo depredador basado en contratos otorgados a familiares de funcionarios públicos. La protección a monopolios y la claudicación regulatoria. El control de concesiones públicas por parte de oligarcas disfrazados de "campeones nacionales". El pago asegurado a trabajadores del sector público al margen de la productividad. El uso del poder de chantaje para capturar al Congreso y frenar las reformas; perpetuar el poder de las élites y seguir exprimiendo a los ciudadanos.

El problema de México no es la falta de acuerdos, sino la prolongación de un pacto inequitativo que lleva a la concentración de la riqueza en pocas manos; un pacto ineficiente porque inhibe el crecimiento económico acelerado; un pacto corporativo que Felipe Calderón -a veces- critica, pero cuyo Gobierno no logra reescribir apelando a los ciudadanos. Y así como durante siglos hubo un consenso en torno a que la Tierra era plana, en el País prevalece un consenso para no cambiar.

Denise Dresser

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¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes? Los que no militamos en ningún partido político, que no contamos con palancas para que nuestro negocio o empresa tenga un jugoso contrato con algún gobierno o siga siendo privilegiado como monopolio legal. Los que somos ciudadanos de clase media, “demasiado ricos” para que el gobierno nos mantenga con dádivas, pero lo suficientemente jodidos para que no seamos de los beneficiados del sistema. Quienes somos contribuyentes cautivos, que quincena a quincena nos quitan una buena parte de nuestro salario con un ISPT que no vemos reflejado en seguridad, educación o servicios de primera. Que nos cobran una cuota para el IMSS pero que no usamos los hospitales públicos por su pésimo servicio.

Si tú sientes que formas parte de ese grupo de explotados por el sistema que bien describe Denise Dresser arriba, ¿qué vas a hacer?

Te invito a decir “ya basta”, te invito a actuar y no permitir que ese “rentismo depredador” te siga explotando. Aprovecha los huecos que el propio sistema ha creado y que protege (sector informal de la economía) para reducir tu carga impositiva. Ni un peso más para quienes nos han explotado hasta que se han los cambios que este país requiere. Hagamos una huelga de impuestos. Si todos reducimos un poco los impuestos que pagamos quizá logremos que el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, todos los que deberían hacer los cambios y no los hacen porque así les conviene, se vean forzados a modificar el sistema, persuadidos a hacer los cambios que se requieren. Porque mientras ellos sigan viendo que tienen asegurado sus ingresos con la explotación de los cautivos, con la explotación de los consumidores, no harán nada.

Comparte este escrito con todos tus conocidos, actúa, no sigas siendo comparsa del sistema.

Dany Portales

http://no-al-populismo.blogspot.com/

"Lo que este País necesita es más políticos desempleados".
Winston Churchill
 
 
Los políticos nos han obligado a todos los mexicanos a apretarnos el cinturón, primero con la crisis y después con el aumento de impuestos. Pero ellos mismos no están dispuestos a participar en el sacrificio.

A pesar de que no habrá elecciones federales en el 2010, el IFE ha pedido un presupuesto de más de 9 mil millones de pesos. De este monto, más de 3 mil se lo repartirán los partidos políticos. Seis mil se quedarán en el IFE, que utilizará unos 3 mil para mantener actualizado el padrón electoral y emitir credenciales de elector y los otros 3 mil para mantener su burocracia en el País. A esto hay que añadir los mil 900 millones de pesos del Tribunal Electoral y muchas más cantidades de los institutos electorales locales.

Tenemos quizá la democracia más cara del mundo, por lo menos desde el punto de vista de los contribuyentes. Quizá se gasta más dinero en Estados Unidos, pero éste es un país mucho más rico y además la mayor parte del gasto político procede de aportaciones privadas.

La clase política mexicana defiende a capa y espada la onerosa democracia mexicana. Afirma que es necesaria para evitar la infiltración del narco en la política. No hay razón para pensar, sin embargo, que los delincuentes no podrán comprar a los políticos sólo porque han saqueado previamente las arcas públicas. Por lo pronto hay un diputado federal electo, Julio César Godoy, prófugo por supuesta vinculación con el narco. Decenas de presidentes municipales han sido detenidos también con acusaciones similares. Seguramente los peores transgresores no han sido siquiera identificados.

Los políticos quieren quedarse con todo. Quieren el dinero que se les da a través de los impuestos, pero también el que obtienen de fuentes privadas legales e ilegales. La compra de votos es masiva en cada elección. El hecho de que el sistema político reciba dinero público no ha servido para moderar esta práctica. Si acaso la ha acentuado.

Los políticos mexicanos pudieron haber optado por un sistema electoral como el estadounidense, en que la mayor parte del dinero proviene de fuentes privadas, o por uno como el europeo, en que la financiación es pública, pero no hay spots de radio y televisión y el gasto se reduce a un monto mínimo. Adoptaron en cambio una mezcla perversa de los dos. Obtienen así enormes cantidades de dinero público, pero también fondos privados; tienen límites muy estrictos de gasto, pero mil maneras de darles la vuelta; tienen tiempos casi ilimitados de radio y televisión para bombardear con spots a los ciudadanos hasta un grado de saturación.

Hay que poner un alto a estos abusos. En un momento en que a los mexicanos se nos exige pagar más impuestos, nosotros debemos demandar un recorte radical del dinero que les damos al IFE, a los partidos y a las demás burocracias políticas. Los partidos no deben recibir ni un centavo de los contribuyentes. La burocracia del IFE debe reducirse en por lo menos un 90 por ciento. El Tribunal Electoral debe ser una simple corte con cinco magistrados y sus proyectistas y no tiene por qué costarnos mil 900 millones de pesos al año. La credencial del IFE, que no existe en otros países, debe eliminarse y reemplazarse por una cédula de identidad que no esté a cargo del IFE.

Los políticos se oponen porque quieren seguirse enriqueciéndose de la política.

 
Doble feriado
El viernes 6 de noviembre, 324 diputados de todos los partidos, con siete votos en contra y 12 abstenciones, votaron por tener dos feriados para el aniversario de la Revolución Mexicana. Los otros 164 diputados, 33 por ciento del total, me imagino estaban ya de puente. El jueves 12 de noviembre, 70 senadores votaron unánimemente por rechazar ese mismo doble feriado. Los otros 58, 45 por ciento del total, me imagino estaban de puente. Dos preguntas: ¿Quiénes fueron los imbéciles, los diputados o los senadores? Y, ¿por qué andaban tantos de puente?

Sergio Sarmiento 
www.sergiosarmiento.com

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Simplemente por la pobreza que hay en México no se justifica que los partidos políticos vivan del Erario, de los impuestos que pagamos los cautivos. ¿Se imaginan el tipo de campaña que podrían hacer los partidos si sólo pudieran usar el dinero que aportan sus militantes? No creo que recaudarían gran cosa. Pero luego luego los políticos quieren dorar la píldora, asustar con el petate del muerto, que sin financiamiento público llegaría dinero del crimen o de las grandes empresas a las campañas comprometiendo a los políticos. ¿Y qué acaso eso no está sucediendo ya? Además, lo que se pide es que se elimine el financiamiento público, no la fiscalización. Pero son hipócritas.

Ya hay una propuesta seria, de un partido político, en el Congreso para reducir en un 50% el gasto. ¿La aprobarán? Mientras no haya una verdadera reforma fiscal con un IVA generalizado, sin exenciones, y un ISR bajo, sin exenciones, este país no crecerá y sólo unos pocos cautivos seguiremos cargando el costo de la gorda burocracia y de los políticos. Pero no les interesa modificar las condiciones actuales, pues así como están las cosas, con un pésimo sistema educativo, con grandes sindicatos charros, con exceso de burócratas, con impuestos a unos cuantos, los partidos políticos siguen administrando la pobreza y la ignorancia de la gente que menos tiene, para conseguir los votos que los mantengan en el poder, que los mantenga pegados a la ubre del Erario.

Piénsalo, sólo dan limosnas y las obras de infraestructura que se hacen son a los cuates con su respectiva mochada. Ten cuidado de esos políticos populistas.

Más allá del éxito o fracaso de las manifestaciones de ayer del SME, lo que importa cada vez más es el litigio jurídico. Como se sabe, una Juez de Distrito otorgó al SME la suspensión definitiva sobre la terminación de la relación laboral, ahora el Gobierno puede apelar al Colegiado e incluso llegar a la Suprema Corte, y todo parece sugerir que es en este terreno donde puede desarrollarse el conflicto.

Probablemente el meollo del asunto no sea el amparo otorgado ni los recursos del Gobierno, sino la hipotética controversia constitucional que pudiera interponer la oposición en el Congreso.

Como se sabe, en México los individuos no tienen el camino del amparo contra disposiciones constitucionales, sobre todo en materia política o electoral. Para interponer una acción de inconstitucionalidad, no sólo tienen que ceñirse a los requisitos de la propia Constitución, sino a ciertos precedentes jurídicos establecidos por la Corte, como lo invocó antier el Ministro Cossío al argumentar que no procedía el recurso de la ALDF ya que no percibía daño alguno para la ALDF, aunque la extinción de LFC fuera anticonstitucional.

La controversia sólo procederá si el PRI se suma al PRD. Y aunque el PRD ha buscado el apoyo del PRI, hasta ahora las bancadas priistas se encuentran divididas y no hay consenso sobre el apoyo al PRD. O tal vez sí hay consenso, mas no sobre LFC sino sobre la oportunidad que les da esta coyuntura para volver a chantajear al Gobierno de Calderón.

En efecto, en vista de la imprevisible conducta de la SCJ sobre las lagunas jurídicas mexicanas generadas en los últimos años, el Gobierno de Calderón no debe sentirse cómodo ni confiado con la llegada de una acción de inconstitucionalidad a la SCJ. No puede apostarle a un resultado, cualesquiera que sean los méritos del litigio.

Nadie duda de que la Corte toma en cuenta consideraciones políticas, pensar lo contrario es pecar de ingenuidad, por tanto suena lógico pensar que Calderón está dispuesto a pagar un elevado precio por evitar que la controversia prospere. Y si el Gobierno de Calderón se percata del riesgo y si a un neófito como yo se me ocurre, es muy probable que también lo hayan detectado ya los viejos lobos de mar que aún nadan en las aguas priistas.

Es muy factible que los líderes priistas en las cámaras de diputados y senadores estén analizando el precio del rescate que podrían cobrar al Gobierno para no ir con el PRD en la controversia constitucional.

Una parte del cobro que el PRI podría solicitar, pues llama la atención la insistencia de los priistas en volver de manera recurrente sobre el tema, es la transferencia del programa Oportunidades -casi 70 mil millones de pesos en 2010- a los gobiernos de los estados. Entidades en su mayoría gobernadas por el PRI, pero también en las que se concentra la pobreza y por tanto los recursos para combatirla: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y tal vez a partir del año que entra Guerrero, y a su manera Chiapas, entre otras.

Que el PRI se adueñe de Oportunidades en estados en los que cuenta con mayoría en la legislatura local es oro molido en un año electoral como 2010. Poder disponer libremente de esos recursos sin rendición de cuentas, aunque ello implique destruir un programa exitoso a lo largo de tres sexenios y en diversos países, es un bajo precio a pagar por los priistas para ganar elecciones que les permitan salir y entrar con comodidad a las casas de gobierno de 10 estados. El dilema para el Gobierno de Calderón resulta evidente.

¿Cuánto está dispuesto a pagar Calderón para ganar todo lo que se propone en el conflicto con el SME? ¿Cualquier precio es aceptable? ¿Se trata de un contencioso político personal del Presidente o de una gesta donde el costo-beneficio es fundamental? Ya veremos.

Pero si para evitar la controversia constitucional y la posible derrota en la SCJ el precio es destruir Oportunidades, este comentócrata opina que es muy elevado.

Jorge Castañeda 
jorgegcastaneda@gmail.com

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Esta editorial muestra como son los arreglos, los enguajes, entre los políticos en las altas esferas del gobierno de este país. Todos quieren llevar agua a sus molinos, todos traen sus agendas particulares, de grupo, y no ven el beneficio del país en lo general. Y cuando digo todos, es todos, PAN, PRI, PRD y el resto de la chiquillada. Y todos ellos viven de los impuestos que pagamos.

Pero más allá de lo anterior, que ya lo sabíamos, los invito a reflexionar sobre la hipocresía de los políticos. El PRD defendiendo al SME aunque LyFC tenía más de 4 veces los trabajadores que ocupaba, y con prestaciones exageradas, pésimo servicio, y robos de energía. ¿Por qué? Porque es un sindicato que los apoya, parte de sus bases. De hecho piden recortes en la alta burocracia (muy necesarios) pero no piden recorte alguno en las bases de burócratas.

El PRI aprovechando su mayoría para enviar más dinero a los gobiernos estatales, que no rinden cuentas a nadie. Exigen recortes al gobierno federal, pero nada a los estatales, municipales o en el propio Congreso. Dicen defender a los pobres, pero no quieren que Oportunidades entre a las zonas urbanas marginadas, fuente inagotable de votos (comprados con despensas, tortas, y camisetas) para el PRI, donde siguen administrando la pobreza.

Y el PAN que ya no da pie con bola, ahora con el populismo de Oportunidades quiere fortalecerse en las zonas urbanas. La pregunta es: ¿hasta cuando estará Oportunidades en México? Son limosnas para los pobres que no los saca de la pobreza. Lo que se requiere es crecimiento económico, generación de empleos, que sólo se da con inversión productiva, creando más riqueza, no repartiendo la actual.

A los políticos no les interesa que disminuya la pobreza, al contrario, la quieren seguir administrando para justificar su utilidad, para seguir pegados a la ubre del Erario. No les interesa que la gente entienda, se informe, que un gobierno más delgado sería lo mejor. Lo que pasa es que un gobierno delgado no genera tantos huesos, puestos políticos, para tanto flojonazo que se dedica a la grilla, viviendo de lo que otros producimos.

Dany Portales

http://no-al-populismo.blogspot.com/

En la obra de Samuel Beckett, los dos caracteres, Vladimir y Estragón, esperan a Godot, pero Godot nunca se aparece. Los priistas están convencidos de que el pueblo mexicano los espera con los brazos abiertos. Tal vez retornen a la presidencia y tal vez no, pero el PRI ciertamente no ha demostrado que entienda cómo ha cambiado el País o el mundo.

Es difícil recordar el ambiente que privaba cuando el PAN derrotó al PRI. Más allá de Fox, la población en forma abrumadora dio un suspiro de alivio, en parte por la oportunidad inherente a la alternancia, pero también por el hecho mismo de que los priistas se hayan comportado civilmente, aniquilando aquella amenaza de Fidel Velázquez en el sentido de que "se ganó el poder con las armas y con ellas se defendería". Con anclas por demás endebles, el País entró en otra etapa de su historia.

Nueve años después el panorama comienza a cambiar. Dicen algunos observadores ingleses que cuando gana el partido laborista existe gran entusiasmo, pero cuando ganan los conservadores se percibe un enorme alivio. Del entusiasmo que existió cuando el triunfo del PAN no hay la menor duda. La gran pregunta hoy es si la población está lista para votar con alivio el retorno del PRI.

El PRI cosechó este año tanto sus enormes capacidades de organización como los descalabros de otros partidos. Su estructura territorial le permitió dominar regiones enteras, en tanto que el recuerdo del Peje y los descalabros del Gobierno actual le confirieron casi una mayoría en el Congreso.

En contraste con la ingenuidad que caracteriza a muchos de los políticos y gobernadores panistas, los gobernadores del PRI demostraron estrategia, liderazgo y habilidad política. También evidenciaron que las prácticas de cooptación, compra de votos, amenaza y reparto de canonjías siguen siendo lo suyo. ¿Será suficiente esa combinación para encabezar un gobierno en el 2012?

Los activos del PRI son evidentes, pero también sus pasivos. Su gran capital reside en su habilidad y experiencia de gobierno: 70 años en el poder crearon una clase política en su mayoría hábil y competente para gobernar. Sin embargo, el poder priista funcionó no sólo gracias a la capacidad de sus miembros, sino a la estructura de corrupción que la acompañaba.

Aunque los priistas critican la incompetencia del PAN en los menesteres del Gobierno, su propia historia es menos lineal de lo que pretenden. No se puede olvidar que las crisis financieras que comenzaron en los 70 fueron producto del PRI y sus propios abusos, que el caos educativo es resultado de una estructura dedicada al control y no a la educación y que la corrupción que impera en entidades como Pemex es indisoluble de la historia y realidad del PRI.

Nadie puede negar la habilidad política de los priistas, pero nada han hecho para desentenderse de su historia. La competencia entre los precandidatos a la candidatura del PRI es prototípica: ninguno de los contendientes demuestra mejor gobierno, mayor productividad en su estado o un proyecto transformador de país. Como ilustró la reciente ley de ingresos, el PRI sigue sin tener más propósito que el mantenimiento del statu quo.

El PRI no se ha reformado, sigue recogiendo concepciones de desarrollo incompatibles con el mundo de hoy y ni siquiera pretende entender la realidad en la que le tocaría gobernar. La falta de visión de los priistas contrasta con la del Primer Ministro chino que hace no mucho afirmó que "en un mundo globalizado sólo vence quien conquista mercados, no ideologías". ¿Dónde están los mercados que los priistas pretenden conquistar? ¿Cómo proponen darle al ciudadano más modesto la posibilidad de romper con las ataduras que impiden el progreso del País?

El sistema político americano, dicen los estudiosos, "fue diseñado por genios para ser operado por idiotas". El sistema político mexicano fue diseñado por políticos pragmáticos que estaban respondiendo a la coyuntura de los 20 del siglo pasado. A pesar de eso, lograron 70 años, la mayoría de ellos, de paz, estabilidad y crecimiento económico. El problema es que ese sistema, el priista, dependía de genios para operarlo porque el pragmatismo tiene límites naturales. De vez en cuando llegó un idiota que por poco acaba con el País. Ahora los priistas se presentan como los únicos capaces de conducir los destinos de México. ¿Cómo sabremos si el ungido es un genio o un idiota? La pregunta no es irrelevante en una nación caracterizada por instituciones tan débiles, tan fáciles de sojuzgar, y más por políticos hábiles y experimentados.

Un partido que no se ha reformado, y cuya carta de presentación se reduce a los males que caracterizan al partido que hoy gobierna, tiene poco qué ofrecer en una contienda reñida y menos con qué convencer a una población agotada por décadas de malos gobiernos. Además, la noción de que el futuro puede ser mejor porque el PRI esté en el Gobierno es falaz.

Lo que se requiere no es sólo un buen conductor, suponiendo que eso es lo que aportaría el PRI, sino también tener un proyecto susceptible de lograr la transformación por la que el País clama pero contra la cual operan tantos intereses, muchos de ellos cercanos al propio PRI. Una propuesta que no hace sino repetir las fórmulas que nos llevaron a las crisis de los 70, como hoy enarbola el partido, es patética como aspiración transformadora. Baste contrastar esa visión (o ausencia de visión) con la de naciones como China, Corea, Chile y Brasil para ver lo pequeño y limitado de su proyecto. México no necesita, ni le sirve, el viejo PRI que se esconde detrás de una escueta fachada de modernidad.

El PRI tiene una gran historia qué presentarle al electorado, pero adolece de una visión moderna y renovadora, capaz no sólo de atraer votos, sino de llevar a la población a un nuevo estadio de desarrollo. Observando a sus estrellas -como sus diputados- es difícil no llegar a la conclusión de que demasiados políticos mexicanos están paralizados por una combinación de inercia y ausencia de espina dorsal. Obstáculos que son siempre pequeños se presentan como si se tratara del Kilimanjaro y se habla de "costos políticos" como si no fuera ésa su función. Al PRI le falta que su historia empate con un proyecto distinto al que ya murió: el México de hoy ya no es el de 2000 y menos el de 1929. Su futuro exige algo mejor.

Luis Rubio 
www.cidac.org

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Los resaltados son míos.

Después de ver como se comportaron, y siguen comportando, los legisladores y gobernadores priístas en el debate y aprobacion de la Ley de Ingresos para el 2010 así como el presupuesto de egresos, vemos que el PRI no ha cambiado. Siguen con su mismo discurso viejo, rancio, populista y demagógico que durante décadas empinó y sigue empinando a éste país. No es con limosnas como se terminará la pobreza, sino con crecimiento económico, con generación de riqueza, con fomento a la inversión productiva. Pero los priístas en primera fila, y el resto de los políticos de los demás partidos en segunda, insisten en aumentar el gasto gubernamental prometiendo ayudar a los pobres pero ya sabemos que los únicos que salen beneficiados son los propios políticos y burócratas. ¿Para eso quieren más impuestos? Primero que nos comprueben que hacen buen uso de lo que ya reciben, que adelgacen a la burocracia, que eliminen todas sus canonjías, y entonces, cuando lo hayan hecho, platicamos de más impuestos.

Te invito a reenviar este correo para que más gente se informe, para que más personas mediten y razonen.

Dany Portales 

"Resuélvete a no ser pobre: no importa lo que tengas, gasta menos".
James Boswell, "Vida de Samuel Johnson"
 
 
Nos dicen los funcionarios, los diputados y los senadores que no han tenido más opción: que han debido aumentarnos los impuestos no porque quieran, sino porque han caído los ingresos. Pero una vez más mienten. Los ingresos gubernamentales siguen estando en niveles cercanos a los más altos de la historia. Los políticos nos están cobrando más para cubrir un gasto público que cada vez crece más y cada vez resulta más irresponsable.

En los nueve primeros meses de este 2009 los ingresos del sector público cayeron 8.7 por ciento en términos reales (informe trimestral de finanzas públicas de la SHCP). No sorprende. Las empresas y personas físicas en México hemos pagado este año menos impuesto sobre la renta y al valor agregado porque tuvimos menores ingresos y una menor capacidad de consumo. Los ingresos petroleros también bajaron. No nos quedó más que apretarnos el cinturón.

Pero el Gobierno no sólo no se apretó el cinturón -dicen que al Secretario de Hacienda no le cierra más el suyo-, sino que aumentó su gasto. En los nueve primeros meses del 2009 lo subió 4.2 por ciento. Si sólo consideramos el gasto programable, el que no incluye los egresos obligados que el Gobierno no puede modificar, el aumento es más del doble: 9.5 por ciento.

El Gobierno puede argumentar que en este 2009 ha elevado el gasto público de manera artificial para proporcionar un impulso contracíclico a una economía agobiada por la recesión. Pero no es así. El aumento del gasto neto público ha sido constante en los últimos años. Entre el 2005 y 2008 creció 35.1 por ciento en términos reales, de 2.59 a 3.5 billones de pesos del 2010 (esto es, pesos que descuentan la inflación) según el Presupuesto de Egresos 2010.

El gasto neto representaba 21.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2005. Para el 2010, según el Proyecto de Presupuesto, deberá alcanzar 24.8 por ciento. La cifra podría ser mayor, incluso, si la economía no crece el 3 por ciento que pronostica Hacienda.

Es verdad que los ingresos gubernamentales han caído en este 2009. Con el tamaño de la crisis no podía ser de otra manera. Los ciudadanos estamos pagando el costo de los errores económicos cometidos por el propio Gobierno que nos sube los impuestos. Pero si bien los ingresos del 2010 serán menores a los del 2008, el año con mayores ingresos gubernamentales en la historia del País, no serán inferiores a los del 2007 ó 2006.

El problema no es, por lo tanto, que hayan caído los ingresos por debajo de los niveles habituales. Simplemente no hay forma de aguantar un aumento del gasto público tan fuerte como el que hemos sufrido en los últimos años.

Si ese gasto hubiera generado crecimiento económico, mejores servicios gubernamentales o una disminución de la pobreza nadie se quejaría, pero no ha hecho más que expandir la burocracia, enriquecer a los políticos y acumular fondos para repartir dádivas y comprar votos en las elecciones. El crecimiento económico ha sido casi nulo. La pobreza, lejos de disminuir, ha aumentado, a pesar de que el "gasto social" ha sido el mayor de la historia.

La clase política no sólo nos saquea cada vez más, sino que además se burla de nosotros al decir que se ve obligada a subirnos los impuestos porque, en medio de la crisis, los mexicanos ya no estamos pagando tantos impuestos como antes. El problema verdadero es el Gobierno, cuyo gasto no para de crecer ni en los años buenos ni en los malos.
 
Absorber impuestos
Las empresas no pagan impuestos: los trasladan simplemente al consumidor. Quienes pagamos todos los impuestos somos las personas físicas. Lo hacemos a través de mayores precios o de un descenso en la calidad de productos y servicios. La afirmación de que las empresas pueden "absorber" una parte del alza de los impuestos decretada por el Gobierno y el Congreso sólo revela ignorancia sobre la manera en que funciona la economía.

Sergio Sarmiento 
www.sergiosarmiento.com

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¿Quieres saber cuánto te afectará el incremento del 28 al 30% del ISR? Haz click en ésta liga: http://gruporeforma.elnorte.com/libre/offlines/calculadoraImpuestos_web/

Ingresa tu salario bruto, antes de impuestos, y verás lo que estas pagando ahora y lo que pagarás en el 2009 al mes.

A eso hay que agregarle que el IVA aumentó del 15 al 16% excepto en alimentos, medicinas, libros, revistas, y otros productos que son exentos. Depende de cuánto destines a esos productos será lo que pagarás más. También habrá un impuesto a la telefonía fija y celular, así como incrementos al alcohol, cigarros, juegos y sorteos.

¿Y para que será usado todo ese dinero? Pues para sueldos y canonjías de políticos y burócratas. Para que los burócratas se puedan jubilar a los 28 o 30 años de servicio con todo su sueldo y a veces con más sueldo. Para sostener a los partidos políticos y sus mentiras. Para mantener una gorda burocracia que si fuera eficiente y productiva haría lo mismo con la mitad o la tercera parte de la gente que son hoy en día.

¿Qué podemos hacer? Pues usar los huecos legales así como la propia ineptitud de políticos y burócratas para pagar menos impuestos. Hay que hacer una huelga de impuestos donde se pueda y lo más que se pueda. Nos tienen agarrados por el ISPT que nos descuentan automático de la nómina, así como el IVA que viene en cada cosa que compramos. Pero si podemos hacer algunas cosas para disminuir nuestra carga impositiva:

- Habla con tu jefe/patrón para que tu próximo incremento de sueldo sea en especie, en prestaciones exentas de impuestos: bonos de despensa, gasolina, viáticos, seguro de gastos médicos, pago de colegiaturas, maestría, etc. Exprime lo más posible esta opción.

- Calcula la proporción de tu gasto que dedicas a productos que pagan IVA (todo lo que NO sea alimentos, medicinas, libros, revistas, gastos médicos) y cada vez que vayas a comprar algo de eso busca comprarlo usado, o búscalo en un mercadito, en el comercio informal. No tienes que comprar todo en el comercio informal, pero con que aumentes un poco tu gasto ahí, revertirás el efecto del incremento de los impuestos en lo individual. Los políticos nunca han hecho nada para combatir el comercio informal que no paga impuestos, para efectos prácticos son un sector privilegiado, exento. Pues hagamos uso de ese beneficio que la ineptitud de "nuestros" gobernantes ha creado.

- Si vives cerca de la frontera y tienes la facilidad de hacerlo, aumenta la frecuencia de tus viajes y el monto de lo gastado comprando en EUA. Incluso puedes solicitar la devolución de los impuestos allá por ser extranjero, y no pagarías IVA ni aquí ni allá.

- Reenvía este correo a todos tus contactos, sobre todo los que somos contribuyentes cautivos. Si logramos que una buena cantidad de mexicanos pague menos impuestos el año que entra causaremos que nos les cuadren las cifras a los políticos y se verán obligados a hacer recortes en su gasto, algo que debieron hacer por iniciativa propia antes de aumentar impuestos. Pues si ellos no quisieron hacerlo, vamos a obligarlos.

Dany Portales

http://no-al-populismo.blogspot.com/

Les comparto el cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy 1o de noviembre del 2009 en distintos medios impresos.  La economía y  las finanzas a veces pueden ser complicadas de entender, ojalá este cartón les ayude a comprender por qué un IVA generalizado, incluyendo alimentos y medicinas,  es la mejor opción para recaudar impuestos. Al final del cartón viene la editorial de Luis Rubio que recomiendo ampliamente lean.   S

 

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Toda discusión sobre los dineros públicos viene siempre aderezada de la necesidad de una "verdadera" reforma fiscal. Lo que nunca he tenido claro es qué es eso de "verdadera" ya que cada quien la define a su manera.

Lo verdadero depende del color del cristal con que se mira: todo mundo quiere que los otros paguen impuestos para uno mantener sus exenciones. Esta contradicción lleva a que vivamos en un mundo semejante al del legendario "ministerio de la verdad", del país inventado por George Orwell en su famosa novela "1984": lo que se dice no es lo que se quiere decir y la verdad nunca se dice. Todo es newspeak, el lenguaje inventado por Orwell para denotar formas de mezclar propaganda con medias verdades donde, al final del día, nadie sabe dónde quedó la bolita.

La paradoja no podía ser más elocuente: vivimos en un mundo de simulación -en lo fiscal y en lo demás- donde nunca se habla con la claridad necesaria para entender los términos de lo que se discute. En lo que respecta a los impuestos, todos tienen a su villano favorito, pero nadie quiere hablar de la viga que tiene en el ojo propio.

Si hemos de creer la retórica que inunda el mundo de lo público, la agricultura necesita subsidios porque si no se muere, razón por la cual los agricultores no deben pagar impuestos. Los escritores y actores hacen algo excepcional que amerita una exención. Las clases medias están muy golpeadas, lo que obliga a subsidiar la gasolina. Los empresarios son empleadores y por eso merecen estar exentos. Los sindicalizados son una muestra de nuestra soberanía y por eso deben gozar de prestaciones libres de impuestos.

No sería exagerado afirmar que el común denominador de estos ejemplos es que todo el mundo se considera excepcional y, por ese hecho, merecedor de exenciones fiscales. Evidentemente, ningún país puede funcionar de esa manera: no es posible avanzar hacia la igualdad -definida como uno quiera- mientras la ciudadanía no se sienta responsable y, por lo tanto, comprometida con el avance del País. Tampoco es posible caminar hacia el desarrollo mientras todos vivamos en nuestro pequeño mundito de excepciones. Como dice el viejo dicho: todos coludos o todos rabones. Mientras no sea así, México seguirá sumido en una simulación permanente donde todos pretenden que cumplen pero nadie lo hace realmente.

Podemos criticar a nuestros legisladores por los bodrios fiscales que producen, pero, independientemente de las simulaciones en que ellos mismos vivan, también es cierto que no tienen más alternativa que responder ante el mundo que les rodea, y ese mundo es el del conjunto de peticionarios, derechohabientes y ciudadanos que se sienten excepcionales y, por lo tanto, merecedores de tratamiento especial. En este contexto, no debe sorprender el pragmatismo que los caracteriza: hacen lo posible por afectar los menos intereses posibles y por golpear sólo a quien no tiene alternativa. Su forma de actuar es equivalente a caminar sobre un campo minado donde, como aprendieron los diputados en las últimas semanas, es muy fácil acabar en la lona.

Todo esto me hace pensar que el problema fiscal de México está mal planteado. Si uno observa las estadísticas, es claro que los mexicanos pagamos menos impuestos como colectividad de lo que paga la mayor parte del resto de los países, igual los desarrollados que los que son más comparables a nosotros. El problema es que eso a nadie le importa. Lo que el mexicano observa no son las estadísticas, sino los malos servicios públicos, el dispendio de nuestros políticos, las prebendas de que gozan toda clase de grupos, sectores y partidos, por no hablar de las estrafalarias transferencias que le llegan a los gobernadores, las faraónicas tajadas que se llevan las universidades, el poder judicial y funciones como la de seguridad.

Es posible que cada uno de estos apartados del presupuesto de gasto se justifique y lo merezca, pero no es lo que piensa la abrumadora mayoría de la población. Es por esto que la "verdadera" reforma fiscal jamás podrá ser posible mientras no se transparente el gasto público. El gasto público en México es un hoyo negro que se distribuye en lo oscurito y se ejerce sin control.

Repito: es obvio que mucho del gasto es no sólo necesario sino debidamente ejercido. El problema es que los resultados no son satisfactorios porque hay tantas muestras de exceso, corrupción y dispendio que es imposible para el ciudadano conmiserarse con los legisladores cuando se desviven por no pisar las minas al transitar el proceso de definición de impuestos y del gasto público.

Hasta que la población no reconozca el buen uso del dinero del erario, jamás aceptará pagar los impuestos que serían necesarios para financiar el desarrollo del País. Desde esta perspectiva, toda la lógica fiscal mexicana está trastornada: tendría que comenzar por un informe creíble sobre cómo se ejerce el gasto, de qué manera se lograron los objetivos que se proponía el Gobierno (incluyendo a los gobernadores, municipios y poderes Legislativo y Judicial) o por qué no se lograron y qué se propone para corregir los errores.

Una vez pasada esa aduana, el Gobierno propondría sus objetivos para el siguiente año y el presupuesto que sería necesario para lograrlos. Sólo entonces, una vez conocido el uso del gasto anterior y discutidos los proyectos para el año siguiente, se podría aprobar el presupuesto de ingresos. Un proceso así obligaría al propio ciudadano a reconocer la urgencia de los proyectos y a justificar sus propias canonjías.

Al final del día no hay nada más importante, ni más complejo, en la democracia que la asignación de los dineros públicos. Es ahí donde se conjuntan los dos componentes de la vida pública: la ciudadanía que tiene que pagar los costos de la vida en sociedad y sus gobernantes que tienen que llevar a cabo el mandato de la ciudadanía a través del presupuesto. Lo que hemos presenciado en los últimos días no es más que el reclamo de la ciudadanía por el patético desempeño del Gobierno mexicano en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Nadie en su sano juicio podrá dudar de que México requiere una reforma fiscal de fondo, pero ésta tiene que ser comprensiva, es decir, abarcar los dos lados de la ecuación. Sin transparencia en el gasto y rendición de cuentas por parte de quienes lo ejercen, los ciudadanos jamás se sentirán obligados y, por lo tanto, continuarán defendiendo sus beneficios hasta la muerte. Eso es lo que hacen los rectores y los gobernadores de manera cotidiana. ¿Por qué no los ciudadanos?

Luis Rubio 
www.cidac.org

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Para resumir en todo lo anterior: no basta con que haya una reforma fiscal que simplifique los impuestos, también debe haber una reducción del gasto del gobierno, hacerlo más eficiente, más productivo, sin corrupción y sin dispendios, de tal manera que entonces si el gobierno, los políticos que hoy en día viven pegados de la ubre del Erario, tengan la autoridad moral para exigirnos más impuestos a los ciudadanos.

Mientras esas dos cosas no sucedan, los ciudadanos de a pie, que no somos burócratas, que no vivimos del Erario, que somos contribuyentes cautivos, los que somos asalariados y que nos descuentan el ISPT quincena tras quincena, debemos hacer una huelga de impuestos. Por el lado del ISPT no podemos hacer nada, pero si podemos negociar con nuestros patrones que los futuros incrementos de sueldo sean en prestaciones que no son gravadas como vales de despensa, seguros de gastos médicos, o ayuda para colegiaturas o maestrías. También podemos incrementar la proporción de productos que compramos en la economía informal. Con que aumentemos en un 10 o 15% el gasto en la economía informal podríamos revertir el efecto de este aumento de impuestos que hicieron los políticos.

La idea de la huelga es forzar a los políticos, cuando vean que las cuentas no les salen, para que recorten su gasto y además hagan la reforma fiscal que el país requiere. De otra manera, mientras no tengan incentivos, como explica Luis Rubio, no harán nada.

Dany Portales

http://no-al-populismo.blogspot.com/

Según una muestra de EL NORTE, sólo las 94 empresas que cotizan en la Bolsa pagaron 3.2% de sus ingresos en los primeros nueve meses del año

Alberto Barrientos, El Norte

Monterrey,  México (30 octubre 2009).- Dependiendo del tipo de muestra que se emplee, el pago de impuestos efectuado por las empresas en México puede ser más alto de lo que el Gobierno asegura.

Mientras éste señala que las empresas que consolidan en México (4 mil 862) pagaron al fisco el equivalente a 1.7 por ciento de sus ingresos, una muestra elaborada por EL NORTE, en base a 94 empresas que cotizan en la Bolsa, arrojó una tasa de 3.2 por ciento, para el periodo enero-septiembre del año en curso.

El mismo ejercicio arrojó que si se miden los impuestos en términos de las utilidades la proporción resultante de las grandes empresas mexicanas es de 26.9 por ciento, significativamente mayor a una de 16.1 por ciento que arroja por separado un estudio sobre los corporativos de la OCDE y de sólo 13.4 por ciento para el caso de Estados Unidos.

Las 94 emisoras analizadas tuvieron una provisión para impuestos por 64 mil 251 millones de pesos en los primeros tres trimestres del año.

Para el fiscalista Francisco Medellín, la tasa que refiere el Gobierno de 1.7 por ciento de impuestos pagados sobre los ingresos no es la más adecuada en términos de representatividad, ya que se refiere a los conglomerados, que tienen toda una serie de gastos y costos.

"Para el común de las empresas, que no realiza una estrategia fiscal de consolidación, su tasa es mucho más elevada", manifestó.

Señaló que, en su caso, son las propias leyes fiscales las que permiten toda una serie de exenciones y excepciones, que se traducen en una menor recaudación.

Medellín recomendó no hacer más cambios en las leyes, porque entre más movimientos, más errores se generan y eso provoca que también las empresas estudien la forma de eludir legalmente al fisco.

Aseguró que las empresas mexicanas están en desventaja respecto a sus contrapartes extranjeras, porque el escenario fiscal cambia, con frecuencia, pasado un año.

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El ISR, por definición (en todo el mundo), se calcula sobre las utilidades netas no sobre los ingresos (ventas) de las empresas. Aunque no es mentira en sí misma, si es un engaño intencional que Calderón afirme que las empresas sólo pagan el 1.7%. La población, que en su gran mayoría no sabe nada de finanzas, economía ni impuestos, pensarán que es muy poco. Pero el ISR es sobre utilidades netas, no sobre ventas. Como lo demuestra El Norte en ésta nota, si se calcula el ISR parado sobre utilidades, el nivel que pagan las empresas es alto comparado con otros países. Ahí radica en buena parte la falta de competitividad.

Además, las empresas no sólo pagan el ISR sobre sus utilidades, también tienen que pagar el 10% de esas utilidades a los trabajadores, el 2% sobre la nómina (que en empresas de servicio es el principal gasto), tienen que pagar las cuotas patronales al IMSS, al INFONAVIT, energía eléctrica cara, y si a eso le sumamos costos adicionales en seguridad y contabilidad, pues es obvio que la generación de empleos en México sean tan magra o nula.

Definitivamente hay mucha evasión de impuestos en las empresas, la mayoría legal aprovechando los propios huecos, exenciones, que dan las complicadas leyes mexicanas, pero que haya esa evasión es independiente de la ineficiencia, improductividad, grandes dispendios, de los políticos y burócratas. ¿Quién puede estar de acuerdo con pagar más impuestos para mantener a toda esa bola de flojos? Ese es el punto, que el gobierno quiere más dinero pero no nos ha demostrado que sea eficiente con el que ya recibe. Al contrario, sólo vemos despilfarros, sueldos altísimos, canonjías que no van con el nivel del resto de la población.

Por eso hay que hacer huelga de impuestos. Si el gobierno, los legisladores, no hacen nada para aumentar la base fiscal, para que los que están en la informalidad, también paguen, pues vamos a comprar más en la informalidad para que los políticos por fin se decidan a atacar el problema de raíz. Pero no sólo eso, también exigimos que el gobierno reduzca significativamente su gasto corriente, que ya no sea vaya el 80% en sueldos de burócratas, que lo reduzca al menos al 50%, para que entonces si veamos que el Estado invierte más en infraestructura. Que veamos que nuestros impuestos son usados correcta y eficientemente. Estoy seguro que de esa manera la intención de muchos mexicanos para evadir impuestos bajará significativamente. Exigimos una reforma fiscal integral que ataque directamente la evasión del sector informal (IVA generalizado) y que promueva la inversión productiva que genera empleos (ISR bajo, parejo, y sin exenciones). Mientras todo eso no suceda: Huelga de impuestos.

Saludos

Dany Portales