sábado, noviembre 24, 2007
Contrarreforma
Todos sabemos dónde inicia la censura, pero nadie puede decir cómo y cuándo terminará. Esta vieja sentencia se acaba de cumplir una vez más. La clase política empezó censurándose a sí misma al elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Pero la prohibición ha ido mucho más allá: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular" (artículo 41 de la Constitución). De ese modo, se ha cercenado el derecho de los ciudadanos a hacer política y participar en las contiendas electorales. No hay ningún argumento sólido para impedir que una agrupación de ciudadanos, un sindicato o un colegio de ingenieros manifiesten sus ideas y hagan proselitismo. Sobre todo si alguno de los candidatos o partidos atenta contra sus intereses o convicciones.
Se lesiona también el derecho de los ciudadanos en general a estar informados en un momento crucial: el de la elección de las autoridades y de sus "representantes". La prohibición de las campañas negativas cancelará la crítica y el debate entre los partidos y los candidatos. Cualquier opinión en contra o cualquier información sobre ineficacia o malos manejos podrá tipificarse como campaña negra. De ahora en adelante seremos bombardeados con propaganda cursi y edulcorada. Sobra decir que la nueva disposición contraviene abierta y explícitamente el artículo 6 de la Constitución que establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público... el derecho a la información será garantizado por el Estado".
La otra cara de la contrarreforma es la defenestración de los consejeros y la elección del nuevo presidente del IFE. Ambas medidas vulneran la autonomía de ese organismo. La primera, porque jamás se fundó en un dato u argumento racional que justificara el despido de Luis Carlos Ugalde y sus compañeros. La segunda, porque dejó intacto el mecanismo de su selección: el cónclave de los tres grandes partidos elegirá a quienes mejor les parezcan y les convengan. El proceso de selección es ahora más oscuro que antes. Pero además, el precedente sentado es nefasto. La nueva presidencia del IFE nace con el sello de la partidocracia. La advertencia es muy clara. Quienes despiden y contratan son los diputados del PRI, el PAN y el PRD. Si los consejeros quieren permanecer en sus puestos deberán estar atentos y ser condescendientes con sus patronos. De otra manera, serán expulsados por la puerta grande o por la chica.
Y es que ahora, además de la puerta grande que se usó en este caso, las reformas de la Constitución y el Cofipe, se está diseñando una puerta chica. Todo indica que el nuevo código electoral incluirá el siguiente precepto como causal de remoción de los consejeros: "Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar". El responsable de hacer semejante evaluación será el contralor general del IFE, que será electo (nótese muy bien) por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por las universidades públicas. Pero las maravillas no terminan allí. En caso de que el contralor decidiera emprender una investigación sobre los consejeros integrará un expediente que turnará (nótese muy bien) al presidente de la Cámara de Diputados para que ésta determine si se cometieron infracciones graves e imponga las sanciones correspondientes. El candado se cierra así de manera definitiva y perversa. Los consejeros quedan a merced de los diputados, es decir, de los tres principales partidos políticos.
Lo más grave del caso es que esta contrarreforma está siendo consensuada y pactada entre PRI, PAN y PRD. Los tres se pusieron de acuerdo para vulnerar la autonomía del IFE, para someter a los consejeros a su férula, para violar el derecho a la libertad de expresión y para atentar contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. La larga marcha de las reformas electorales en México desde 1978 tuvo siempre un rasgo distintivo: abrió paulatina pero positivamente espacios para las oposiciones y para las libertades ciudadanas. El impulso fue más acusado entre 1989 y 1997. El eje de esa transición democrática fue la construcción de un organismo autónomo, profesional e independiente que organizara y vigilara los procesos electorales. Los principales beneficiados fueron los partidos de oposición. La alternancia política no cayó del cielo. Ese ciclo, por desgracia, se cierra ahora con una contrarreforma de gran calado que atenta contra derechos consagrados en la Constitución.
Las responsabilidades en esta triste historia no se pueden repartir en forma equitativa. El PRD fue durante años el tercero en discordia. No es, por lo demás, un partido de formación ni de convicción democrática. Su crítica del IFE viene desde el inicio de la campaña del 2006 y antes, por decisión de Pablo Gómez, se mantuvo al margen de la elección de los consejeros del IFE. No resulta extraño, por lo tanto, que haya impulsado y avalado la contrarreforma electoral. El PRI se encuentra en una situación ambigua. Las reformas más importantes las decidieron presidentes priistas. Desde López Portillo hasta Ernesto Zedillo la tónica fue abrir espacios. Pero enfrentaron siempre a corrientes reacias y conservadoras. Esas que denunciaron a Colosio y Salinas de Gortari por reconocer las victorias de la oposición y que más tarde se quejaron de la traición de Ernesto Zedillo. El temple autoritario y conservador de los priistas no exige pruebas ni documentación, está a la vista y explica por qué impulsaron y apoyaron esta contrarreforma.
La gran decepción en esta historia son Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. El primero ganó con el voto y la movilización de millones de ciudadanos que rechazaban el autoritarismo y el populismo de López Obrador. Algunos de ellos se jugaron el todo por el todo en esa elección. El segundo se ha definido como un partido democrático desde su fundación. ¿Cómo entender ahora que se hayan sumado a esta contrarreforma? ¿Dónde están los místicos del voto y los defensores de las libertades ciudadanas? Manuel Gómez Morín debe estar revolcándose en su tumba. Otro tanto le debe ocurrir al mentor del presidente de la República, Carlos Castillo Peraza. Ése jamás fue su proyecto ni su legado.
Se lesiona también el derecho de los ciudadanos en general a estar informados en un momento crucial: el de la elección de las autoridades y de sus "representantes". La prohibición de las campañas negativas cancelará la crítica y el debate entre los partidos y los candidatos. Cualquier opinión en contra o cualquier información sobre ineficacia o malos manejos podrá tipificarse como campaña negra. De ahora en adelante seremos bombardeados con propaganda cursi y edulcorada. Sobra decir que la nueva disposición contraviene abierta y explícitamente el artículo 6 de la Constitución que establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público... el derecho a la información será garantizado por el Estado".
La otra cara de la contrarreforma es la defenestración de los consejeros y la elección del nuevo presidente del IFE. Ambas medidas vulneran la autonomía de ese organismo. La primera, porque jamás se fundó en un dato u argumento racional que justificara el despido de Luis Carlos Ugalde y sus compañeros. La segunda, porque dejó intacto el mecanismo de su selección: el cónclave de los tres grandes partidos elegirá a quienes mejor les parezcan y les convengan. El proceso de selección es ahora más oscuro que antes. Pero además, el precedente sentado es nefasto. La nueva presidencia del IFE nace con el sello de la partidocracia. La advertencia es muy clara. Quienes despiden y contratan son los diputados del PRI, el PAN y el PRD. Si los consejeros quieren permanecer en sus puestos deberán estar atentos y ser condescendientes con sus patronos. De otra manera, serán expulsados por la puerta grande o por la chica.
Y es que ahora, además de la puerta grande que se usó en este caso, las reformas de la Constitución y el Cofipe, se está diseñando una puerta chica. Todo indica que el nuevo código electoral incluirá el siguiente precepto como causal de remoción de los consejeros: "Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar". El responsable de hacer semejante evaluación será el contralor general del IFE, que será electo (nótese muy bien) por la Cámara de Diputados de una lista propuesta por las universidades públicas. Pero las maravillas no terminan allí. En caso de que el contralor decidiera emprender una investigación sobre los consejeros integrará un expediente que turnará (nótese muy bien) al presidente de la Cámara de Diputados para que ésta determine si se cometieron infracciones graves e imponga las sanciones correspondientes. El candado se cierra así de manera definitiva y perversa. Los consejeros quedan a merced de los diputados, es decir, de los tres principales partidos políticos.
Lo más grave del caso es que esta contrarreforma está siendo consensuada y pactada entre PRI, PAN y PRD. Los tres se pusieron de acuerdo para vulnerar la autonomía del IFE, para someter a los consejeros a su férula, para violar el derecho a la libertad de expresión y para atentar contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. La larga marcha de las reformas electorales en México desde 1978 tuvo siempre un rasgo distintivo: abrió paulatina pero positivamente espacios para las oposiciones y para las libertades ciudadanas. El impulso fue más acusado entre 1989 y 1997. El eje de esa transición democrática fue la construcción de un organismo autónomo, profesional e independiente que organizara y vigilara los procesos electorales. Los principales beneficiados fueron los partidos de oposición. La alternancia política no cayó del cielo. Ese ciclo, por desgracia, se cierra ahora con una contrarreforma de gran calado que atenta contra derechos consagrados en la Constitución.
Las responsabilidades en esta triste historia no se pueden repartir en forma equitativa. El PRD fue durante años el tercero en discordia. No es, por lo demás, un partido de formación ni de convicción democrática. Su crítica del IFE viene desde el inicio de la campaña del 2006 y antes, por decisión de Pablo Gómez, se mantuvo al margen de la elección de los consejeros del IFE. No resulta extraño, por lo tanto, que haya impulsado y avalado la contrarreforma electoral. El PRI se encuentra en una situación ambigua. Las reformas más importantes las decidieron presidentes priistas. Desde López Portillo hasta Ernesto Zedillo la tónica fue abrir espacios. Pero enfrentaron siempre a corrientes reacias y conservadoras. Esas que denunciaron a Colosio y Salinas de Gortari por reconocer las victorias de la oposición y que más tarde se quejaron de la traición de Ernesto Zedillo. El temple autoritario y conservador de los priistas no exige pruebas ni documentación, está a la vista y explica por qué impulsaron y apoyaron esta contrarreforma.
La gran decepción en esta historia son Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. El primero ganó con el voto y la movilización de millones de ciudadanos que rechazaban el autoritarismo y el populismo de López Obrador. Algunos de ellos se jugaron el todo por el todo en esa elección. El segundo se ha definido como un partido democrático desde su fundación. ¿Cómo entender ahora que se hayan sumado a esta contrarreforma? ¿Dónde están los místicos del voto y los defensores de las libertades ciudadanas? Manuel Gómez Morín debe estar revolcándose en su tumba. Otro tanto le debe ocurrir al mentor del presidente de la República, Carlos Castillo Peraza. Ése jamás fue su proyecto ni su legado.
Etiquetas: congreso, democracia, elecciones, IFE, libertad, PAN, partidocracia, PRD, PRI
Comments:
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A ver a ver a ver, ¿cuales millones de votos y a que movilización te refieres?. Según las cuentas del ife, la diferencia entre los dos candidatos contendientes fue de 0.56%, es decir al rededor de 250,000 votos. Por que si hubo tal diferencia, es por que votaron igual por el otro candidato, menos los 250 mil mencionados. Reitero, ¿cuales millones de votos? Ahora ¿movilizaciones? Recuerdo las que organizo fox en guanjuato, o las de sinaloa donde hasta muertos hubo en culiacan, pero en este 2006. Si acaso se "movilizaron" para los actos y el cierre de campaña.
Ahora, refrescame la memoria si las olvide. Pero que se parezcan aunque sea tantito a las que te mencione.
Espero que aprecies mi correciòn politica. Por que respondiendo a tu pregunta que da titulo a tu blog, yo no, al contrario.
Ahora, refrescame la memoria si las olvide. Pero que se parezcan aunque sea tantito a las que te mencione.
Espero que aprecies mi correciòn politica. Por que respondiendo a tu pregunta que da titulo a tu blog, yo no, al contrario.
# posted by 
: 12:23 a.m.
: 12:23 a.m.
Millones se refiere al total de los que votaron por Calderón, no sólo a la diferencia. Y movilizarse es ir a votar. ¿O acaso nada mas las movilizaciones callejeras son las que cuentan?
Pues que bueno que no estes harto. Es muy respetable. Como lo es mi posición al respecto. Yo si estoy harto de tanto populismo y demagogia que han convertido al pueblo de México en meros votos, en gente que todo lo espera caido de papá gobierno o de la virgen.
Saludos
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Pues que bueno que no estes harto. Es muy respetable. Como lo es mi posición al respecto. Yo si estoy harto de tanto populismo y demagogia que han convertido al pueblo de México en meros votos, en gente que todo lo espera caido de papá gobierno o de la virgen.
Saludos
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