HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

"Los acuerdos políticos viables son los que se logran en un momento determinado, aunque sean parciales", me decía un legislador ante mi pregunta sobre por qué no buscaron una reforma electoral más amplia, que graduara a México en este tema para seguir construyendo un mejor país en otros temas.

Con el suspiro de que esto fue lo que se pudo sacar, y vaya que fue complicada y difícil la negociación, nos deja a nosotros, los ciudadanos no legisladores, un sentimiento de que fue un paso en la dirección correcta, pero apenas uno de los muchos que tenemos por recorrer.

Lo mismo podemos decir de la minirreforma fiscal también aprobada recientemente. ¿Sólo un paso? "No se logró todo lo que se quería, pero es un paso importante", me dice también nuestro representante.

Pero no sé si me convence que me digan que vamos en la dirección correcta con estos pequeños pasos. Más bien me parece que nuestros legisladores y el Ejecutivo han avanzado en sus propias direcciones quizá correctamente, pero no en la dimensión que nuestro País requiere.

Encuentro al menos dos características en ambas minirreformas que las hacen ver más como un avance menor frente a lo que nos hace falta. Primero, ambas son sólo reformas que vieron los intereses de corto plazo; y, segundo, ninguna avanza en combatir las verdaderas causas de su necesidad.

Para muestra dos botones. El primero: durante los dos últimos años y sin reforma fiscal, México fue capaz de aumentar 2 puntos porcentuales del PIB su recaudación. La razón es económica, recaudamos más simplemente porque la economía creció y esto generó mayores tributos. Sin embargo, no se ve un crecimiento económico en los próximos dos años como los que vivimos, y en este sentido la reforma fiscal es un paliativo menor.

El segundo ejemplo lo muestra el pequeño paso de la reforma electoral. Qué bueno que ahora todos los calendarios electorales locales se juntarán a partir del 2009 al primer domingo de julio, pero sigue habiendo en promedio 10 elecciones cada año sin contar con las federales cada tres. Es decir, avanzamos algo, pero no lo suficiente. Si queríamos tener años de paz electoral que permite a la economía desahogarse y no vivir a expensas de las elecciones, no los obtuvimos.

Idealmente podríamos pensar en tener sólo elecciones el mismo día cada tres años para renovar legislaturas y gobiernos locales, pero como ahora habrá estados con periodos municipales de cuatro años como Coahuila, a partir de 2013, pues ya no se podrá.

Ni hablemos de la reelección de legisladores y alcaldes, un tema que no pudo ser convenido por ahora y que ni siquiera está siendo considerado en la famosa Reforma del Estado que en enero deberá nacer. Esta ausencia no nos ayuda a la profesionalización y la rendición de cuentas de las administraciones públicas y tareas legislativas.

Esta reforma electoral constitucional, aprobada ya por la mayoría de las legislaturas locales, revela más intereses de corto plazo que una verdadera voluntad de mejorar nuestra democracia.

La mini reforma electoral como todos sabemos no le quita un solo peso al presupuesto de los paridos políticos para su operación diaria. Lo que sí hizo es que les quitó algunos cheques que ya tenían nombre de beneficiario en los medios de comunicación masivos.

El costo de nuestra partidocracia es enorme. El tamaño de fondos con los que disponen anualmente los partidos políticos en México es aproximadamente de 3 mil millones de pesos, más o menos el equivalente a hacer dos Fórums por año (descontando obra urbana).

Algunos analistas de nuestro sistema político argumentan que es bueno que partidos políticos dispongan de estos recursos públicos porque los incentivos para obtenerlos de manera informal son muchos. Correcto, pero qué hay de representar legítimamente los intereses de la sociedad.

Debemos reconocer, sin embargo, que esta reforma al financiamiento de las campañas, a la estructura del IFE y a las capacidades del Trife tiene un beneficiario directo y no fueron los legisladores. Fueron los partidos políticos, no todos, sólo los grandes, pero en esta ecuación no está la sociedad ni su democracia incluida.

Tanto en lo fiscal como lo electoral estos acuerdos le salen debiendo a México. Los economistas llaman a este tipo de reformas "acuerdos de equilibrio menor". Es decir, los incentivos hoy de nuestro sistema político permiten este tipo de resultados. Acuerdos legislativos del mínimo esfuerzo. Un compromiso por el menor sacrificio.

Padecemos un pluralismo político sin resultados porque hemos tolerado un sistema electoral que ha mimado a los partidos grandes, menospreciado a los partidos pequeños y cerrado la puerta a las aspiraciones políticas de los mexicanos sin partido.

Vidal Garza Cantú
vidalgarza@terra.com.mx

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"El nacionalismo es ansia de poder templada por el engaño a sí mismo".
George Orwell

De poco o nada servirá una reforma fiscal que aportará poco más de 100 mil millones de pesos anuales a las arcas públicas si no se acompaña pronto de una reforma energética. Pero no queda claro que el acuerdo que tuvieron los partidos políticos para impulsar la reforma electoral y la fiscal se mantenga en el momento de enfrentar los tabúes del sector energético.

No es ninguna novedad que la producción del yacimiento petrolero de crudo de Cantarell está declinando. Algunos yacimientos más pequeños han permitido compensar parcialmente esta caída, pero ha sido más bien el alza de los precios internacionales del petróleo lo que nos ha impedido sentir el impacto completo de la declinación.

Las consecuencias negativas, sin embargo, están ahí y son inescapables. Tarde o temprano bajarán los precios del petróleo y el país se dará cuenta de que nunca tomó medidas para compensar la declinación de Cantarell. Independientemente del nivel de los precios del petróleo, de hecho, lo más probable es que en menos de una década nos convirtamos en importadores netos. Y entonces los altos precios de los hidrocarburos serán un lastre más que una fuente de ingresos.

Las consecuencias de las restricciones a la inversión ya son evidentes. A pesar de ser un país petrolero, en México estamos importando más del 30 por ciento de la gasolina que usamos. El costo que esto tiene se incrementará ahora como consecuencia de la cancelación de los ajustes que se venían haciendo en los precios de la gasolina Magna. ¿Por qué? Porque estamos exportando petróleo crudo a Estados Unidos, pero sólo para comprar gasolina cara y revenderla más barata en México. Es un esquema irracional diseñado para perder dinero.

En la actualidad estamos gastando 8 mil millones de dólares al año para importar gasolinas: casi lo mismo que se obtendrá de la reforma fiscal. En las condiciones actuales este monto simplemente seguirá creciendo. Pero ésa no es toda la tragedia. Las refinerías de México pierden dinero en un negocio en el que, ante la escasez internacional de combustibles, ninguna otra planta del mundo registra pérdidas. Y éstas son previas a los impuestos confiscatorios que el Gobierno federal le cobra a Pemex. Las pérdidas son simplemente consecuencia de falta de inversión.

Hay una refinería de Pemex que sí es rentable. Pero el problema es que se encuentra en Deer Park, Texas, y es una coinversión con Shell.

En México se prohíbe a Pemex tener socios privados. Esto llevó al gobierno del ex Presidente Vicente Fox a considerar la posibilidad de establecer una nueva refinería, pero no en México, sino en Centroamérica. No hay comentario más triste a la camisa de fuerza de nuestra legislación energética que este intento de establecer la refinería que tanto necesitamos en otro país con el fin de incorporar a los socios que son indispensables para ella.

Pemex no puede dedicar más dinero a las refinerías porque los pocos recursos que tiene deben dedicarse a operaciones más rentables y en particular a la extracción de crudo. Buscar socios para el negocio de la refinación es inevitable. Si no lo hacemos, simplemente seguiremos importando gasolinas y enriqueciendo a los refinadores de Texas.

Hay muchos otros procesos en la industria energética en los que necesitamos urgentemente inversión privada. Es absurdo, por ejemplo, que no podamos tener capital privado en ductos, lo cual nos impide modernizar la red de gasoductos y oleoductos. En cambio, todo el transporte terrestre de productos de Pemex es privado. ¿Cuál es la lógica de prohibir la inversión en ductos? ¿Obligar a Pemex a pagar 40 veces más para mover sus productos por carretera? ¿De verdad nos ayuda esto a ser un país más próspero y soberano?

Casi todos los países del mundo mantienen la propiedad original de los hidrocarburos en manos del Estado. Pero casi ninguno establece un monopolio tan dañino como el que nuestros políticos han creado aquí. Volvamos la vista a Canadá, a Alaska en Estados Unidos, a Noruega, a Brasil y a Cuba: nos daremos cuenta de que la propiedad pública de los hidrocarburos puede combinarse con una eficiente y necesaria inversión privada.

La limitación a la inversión privada en energéticos es una de las razones por las que México ha crecido tan poco desde hace años. El asfixiante monopolio de Pemex no ha servido para crear riqueza ni para rescatar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza. Todo lo contrario. El sector energético está en camino de convertirse en un lastre económico. Hemos desperdiciado la bonanza petrolera con unas políticas que fueron aparentemente diseñadas por nuestro peor enemigo.

Sergio Sarmiento
www.sarmiento.com

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Todo por seguirle el juego a los populistas y demagogos, a esos que en últimos días ligaron el aumento a las gasolinas (que todavía no sucede) con el aumento al pan (que subió porque el precio internacional del trigo ha subido mucho en el último año). Nunca los burócratas y políticos podrán controlar y manejar a la economía mejor que el propio mercado.

Cartón de Paco Calderón del día de hoy.

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"¿Qué es un cínico? Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada".
Óscar Wilde

Los precios tienen una función muy importante en la economía: son el mejor regulador de la oferta y la demanda.

Esto es algo que nunca han entendido los políticos mexicanos, quienes al manipular precios han generado verdaderas catástrofes económicas cuyo costo no han pagado ellos, sino el pueblo... y en especial siempre los más pobres. Lo peor de todo es que no parece que el Gobierno de Felipe Calderón tenga una mejor comprensión que sus predecesores populistas de cómo funcionan los precios en la economía.

Así, el Presidente anunció ayer una serie de medidas contradictorias que revelan una ignorancia profunda del funcionamiento de los precios. Por una parte dio a conocer que, como lo han solicitado los legisladores del PAN y del PRI, se postergará a 2008 la entrada en vigor del nuevo impuesto de 5.5 por ciento en el precio de la gasolina. Al mismo tiempo dijo que se suspenderán hasta el 2008 los aumentos graduales de precios en la gasolina Magna, el gas LP y la electricidad.

Todos estos ajustes se presentan como una forma de apoyar a quienes menos tienen. No hay ninguna referencia a las condiciones reales del mercado. El Presidente está cayendo en el populismo más vulgar.

Pertenezco a esa minoría que piensa que de toda la reforma fiscal, la única parte que tiene valor real es el nuevo impuesto a la gasolina. Éste es, después de todo, general y fácil de aplicar. El nuevo gravamen afecta más a quienes tienen automóviles, que son el grupo de mayores ingresos de la población, y es ecológico, porque eleva el costo de los combustibles contaminantes. Por otra parte, acerca los precios de los energéticos a los niveles internacionales.

En contraste, el Impuesto Empresarial de Tasa Única, el IETU, busca cobrar más a quienes ya están dados de alta en el padrón de contribuyentes, complica el cumplimiento de las obligaciones fiscales, castiga la generación de empleos y resta competitividad a la industria en su durísima competencia con las empresas chinas. El impuesto a los depósitos bancarios en efectivo, por otra parte, dificulta la bancarización de la economía informal y castiga a los comercios que venden en efectivo, como los supermercados, lo cual elevará los costos de operación de una actividad que tiene márgenes muy reducidos e impulsará el alza de los precios de los productos básicos.

Postergar por tres meses la aplicación gradual del impuesto a la gasolina no tendrá en realidad consecuencias económicas importantes. Entiendo que es una decisión política en un momento en que la población culpaba a ese gravamen todavía no vigente de aumentos en los precios que no tenían nada qué ver con él. Pero suspender los ajustes en los precios de la gasolina Magna, el diesel y el gas LP cuando éstos se encuentran todavía por debajo de la norma internacional, así como de la electricidad, nos muestra a un gobierno que recae en la práctica de manipular precios.

Lo curioso del caso es que el Congreso ha aprobado una gravosa reforma fiscal que pretende, entre otras cosas, promover la inversión en infraestructura de petróleo y electricidad, sólo para que ahora el Gobierno cancele un ajuste en los precios de los energéticos que podrían servir precisamente para modernizar y ampliar la producción. El sector, de hecho, perderá entre ¡7 mil y 9 mil millones de pesos! por la cancelación de estos ajustes.

La experiencia nos dice que los precios, con todos sus problemas y sus ocasionales desequilibrios, son siempre un mejor regulador de la economía que los burócratas. Hoy, sin embargo, vemos al propio Presidente asumiendo el papel de gran regulador de los precios.

Lo ideal sería que los precios de los energéticos en México subieran y bajaran según la oferta y la demanda en un mercado con muchos productores en competencia. Como esto no es posible, debido a que la Constitución sólo permite la operación de monopolios en energía, es indispensable tener precios regulados. Éstos deberían cuando menos responder a las oscilaciones de la oferta y la demanda, pero cualquier pretensión en este sentido se está echando ahora por la borda.

Si los ajustes graduales en los precios de la gasolina, el gas LP y la electricidad eran necesarios, ¿entonces por qué pueden anularse de un plumazo cuando lo ordena el Presidente? Y si se pueden cancelar así de fácil, ¿por qué no congelarlos de manera indefinida?

La verdad es que estamos retrocediendo. Ya habíamos dejado atrás la idea de que los precios pueden y deben ser manipulados por el Presidente. Hoy esta actitud está de regreso. Luis Echeverría y José López Portillo estarían orgullosos de su discípulo Calderón.


Cultura del 'no pago'
El Presidente Calderón anunció este 25 de septiembre la condonación de adeudos del Fonaes, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, contratados entre 1992 y el 2004. El mensaje para quienes sí pagaron esos préstamos es contundente: ¡qué tonto eres! Si hubieras esperado lo suficiente, te habrían perdonado toda la deuda. Así son las cosas en este país. Quien pague un crédito contraído con el Gobierno es un perfecto idiota, porque tarde o temprano el Gobierno lo cancelará. Son las propias autoridades las que están promoviendo la cultura del "no pago".

Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com

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Vicente Fox es un provocador, un provocador mediocre. Lo fue como diputado, como gobernador, como candidato a la Presidencia, como Presidente y ahora como ex Presidente. Camorrista, tira golpes a diestra y siniestra con el único afán de recibir luces. Su incontinencia verbal, incapacidad para tolerar la sombra, su inmadurez lo convierten en un personaje impredecible. La estulticia se multiplica por la ambición. La fórmula es mortal. Es capaz de escupir al cielo y ser víctima de su propio acto. Así fue su Presidencia. Eso hizo en esta develación no solicitada de intimidad. ¿Qué irrita del asunto?

El reportaje de una revista de sociales muestra a los incontrolables Fox en su rancho enseñando los interiores de una lujosa residencia. Pero, a decir verdad, no es la primera ni la última mansión que veremos. En un país de verdaderas libertades, optar por la riqueza siempre será una de ellas. Pero, vayamos con cuidado, ¿qué irrita, la opulencia, el lujo en sí mismo o la desfachatez, la insensibilidad, la brutal impertinencia en el país de la desigualdad señalado por Humboldt?

En su confusión mental, los Fox nunca comprendieron que México no es Estados Unidos ni ellos la familia Bush. Ven a mi rancho, voy a tu rancho, somos iguales fue la tonta interpretación que echó a andar la relación entre los presidentes y así nos fue. Pero resulta que en México hay muchos millones de pobres, que además tienen una profunda y justificada desconfianza contra la riqueza súbita. Los Fox contribuyen a fomentar la sospecha.

El asunto tiene raíces muy profundas y es quizá uno de los síndromes que más nos han dañado. México tiene un trauma severo: la acumulación provoca sospecha. En lugar de generar respeto, admiración o simple indiferencia, han sido tan comunes las riquezas mal habidas y súbitas que en algunos segmentos como el magisterio y en algunas zonas del país, sobre todo en el sur, el rechazo a la acumulación deviene en rechazo a la prosperidad. Eso sí es muy grave. Varios estudios de valores profundos muestran cómo ni siquiera hemos logrado socializar la idea de que la prosperidad es deseable, que es correcto desearla y que es asequible por medios honestos. No se valora el trabajo, sino la astucia.

Frases populares que muestran la deformación hay muchas: "Contra los ricos hasta que nos emparejemos", de ese extraño personaje que fue Gonzalo N. Santos; por supuesto, "el que no transa no avanza" o la muy antigua y delatadora "pobre, pero honesto". ¿Qué ganaron los Fox con este nuevo escándalo? ¿Qué necesidad o necedad recóndita hay de exhibir su intimidad? Queda claro que no pensaron en su país, pues de entrada ofendieron a muchos. Tampoco pensaron en su Presidente: Calderón ha tenido que cargar con el pesado fardo de los Fox que podría estar entrando en una nueva fase. Su partido tampoco les importó demasiado: cómo se van a quitar de encima la fama pública del partido de los ricos. Sólo a partir de una brutal miopía el nuevo escándalo podría generarles algún beneficio. Gracias a su superficialidad estarán ahora en el banquillo de los acusados. No podrán llevar la fiesta en paz porque no quieren.

Lo increíble del caso es que ésa fue la mentalidad que gobernó a México seis años. Afrentas desde el primer minuto, pleitos con aliados necesarios, prepotencia y groserías sistemáticas, locuacidad del diario. Gracejadas provocadoras de los más profundos resentimientos y, como un niño, jugar con lumbre tal y como se mostró con el desafuero. Soy un convencido de que la mayor prueba institucional de los tiempos recientes ha sido la imparable locuacidad de Fox y seguidores. Y aquí estamos. Quizá el daño mayor lo pagamos en distracción nacional. Que no nos vuelva a ocurrir lo mismo.

Sea como sea, en 10 meses el Presidente Calderón ha logrado tres reformas de fondo. Por supuesto que en todas hay bemoles y observaciones, pero las pensiones del ISSSTE que eran una auténtica bomba de tiempo, ya están atrás; la reforma fiscal será ligera, pero hubo ya un primer paso en el rumbo correcto; la reforma política, quizá la más controvertida, es otra muestra de que se está negociando, de que se está haciendo política.

Justo en este momento en que el país lentamente pareciera ocuparse de asuntos determinantes para nuestro futuro, salen los Fox con su escandalito. Esta batalla no la podemos perder de nuevo: la ostentación de Fox nos llevará a hablar de los ex Presidentes y sus pensiones, y de allí en adelante nos volveremos a sumir en el fango. Si el escandalito nos atrapa vamos a terminar hablando de la boda, de los regalos, de los invitados en vez de poner atención a la nueva ronda del IMSS, a la reforma de seguridad que está en puerta o en la muy sugerente propuesta del diputado Eduardo Sánchez sobre subastas inversas que podrían ahorrarle al erario alrededor de un punto del PIB, casi lo mismo que le quedará libre a la Federación después de la muy traída y llevada reforma fiscal.

Que se investigue a los Fox, que se aclare el origen de su riqueza, eso no es optativo. Pero que no nos vuelvan a atrapar en su dinámica de escandalitos que nos da una dimensión de los horizontes de la pareja. México se merece otro nivel de discusión. Escándalos siempre habrá, por ejemplo, Sarkozy y Chirac también tienen algunos detrás, lo cual no ha impedido al Presidente francés presentar al menos seis reformas de fondo (pensiones, función pública, inmigración, sindicatos, delincuencia y productividad). Que los mediocres se ahoguen en su propio lodo. Ya tuvimos suficiente.

Federico Reyes Heroles

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El coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, ya le pidió al Presidente que el incremento gradual de la gasolina comience en enero y no en octubre.

¿Por qué se lo piden al Presidente, si los legisladores aprobaron el monto y los tiempos del incremento?

Porque, dice Gamboa, los diputados del PRI no habían leído que la modificación a las tarifas se inicia el lunes de la siguiente semana.

Admiten que no leen ni lo que dictaminan y votan, aun en temas tan relevantes como es el alza de precios en los productos monopolizados por el Estado.

Ese incremento va a ser, al final del proceso, de cinco por ciento. Y no va a mejorar las finanzas de la Federación, sino ayudará un poco a las de los gobiernos estatales y el del Distrito Federal.

¿Valdrá la pena? No tanto. Como tampoco va a servir de mucho la reforma fiscal aprobada en el Congreso: apenas un punto del PIB, y eso a finales del sexenio.

La realidad nos va a alcanzar. Cuando se deterioren las finanzas públicas de manera ostensible, lo que ocurrirá en el actual sexenio, va a tener que ampliarse el déficit (contratar más deuda) y recortar el gasto público. Regresar a la época de las tijeras, pues.

Ante esa situación no habrá más remedio que una reforma fiscal de emergencia, sin anestesia, a mata caballo, con costos sociales mucho mayores que cuando debió hacerse, de manera planeada y gradual.

A eso le tira López Obrador. Arrinconar a los legisladores de su partido y chantajear verbalmente a los del PRI, para evitar soluciones de fondo a la crisis que se avecina.

Con una crisis, López Obrador está del otro lado. Ahí sí gana. Le bastaría tener como frase de campaña: "se los dije".

No anda tan perdido. Es una realidad y hay que decirlo hasta el cansancio: los ingresos por exportaciones de petróleo van a la baja y eso va a deteriorar muy pronto las finanzas públicas.

De hecho, el próximo año no tendremos superávit en la balanza de hidrocarburos.

Vamos a exportar, en 2008, unos 26 mil millones de dólares en petróleo crudo e importaremos una cifra similar de gas y productos refinados.

Ante ese panorama resulta absurdo lo que propone López Obrador: bajar el precio de las gasolinas y dar más baratos todos los combustibles.

Se nos acaba el petróleo, los precios están por las nubes como nunca en la historia y el líder del PRD se avienta la puntada de que hay que bajar los precios: malbaratar aún más la menguante riqueza nacional.

Pero él no tiene la responsabilidad de gobernar, en el Ejecutivo o en el Congreso. Está en campaña presidencial desde ahora sin que haya ley alguna que se lo prohíba.

Lo más sensato sería no hacerle caso, pero los diputados y los senadores del PRI y los del PRD tiemblan cuando habla López Obrador en contra de "los inútiles del Congreso" y convoca, como lo ha hecho, a reventar el alza a las gasolinas.

A ver si ahora, en un rapto de valentía como el que tuvieron con la reforma electoral, los legisladores aprovechan la inspiración para de una vez por todas poner un impuesto parejo al consumo.

Ellos lo saben: no hay más remedio para las finanzas públicas del país que poner un IVA generalizado, sin exenciones ni tasas cero.

¿Por qué no se atreven? ¿No que muy valientes?

La OCDE, basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que realiza el INEGI, apunta que los dos deciles más ricos de la población capturan 35% del subsidio que representan las exenciones y la tasa cero del IVA.

En contraste, los dos deciles más pobres de la población mexicana obtienen menos de 10% de este subsidio.

Si se pone IVA parejo y se quitan exenciones y tasa cero, agrega la OCDE, más de la mitad de los ingresos adicionales serían pagados por los tres deciles más ricos de la población.

A la población de menores ingresos se le podría diseñar una política transparente de subsidios y dejar fuera del IVA una canasta básica de alimentos de consumo popular. Con eso se soluciona gran parte de la debilidad de las finanzas públicas.

Pero los diputados y los senadores rehúyen enfrentar la realidad y nos llevan a una crisis de fin de sexenio donde el perdedor será el país y todos sus habitantes. Menos uno.

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Mientras siga la demagogia y el populismo no habrá una verdadera reforma fiscal en México. Se requiere un IVA parejo y un ISR flat. Sólo dos impuestos. Pero la cerrazón de algunos mantiene a este país en el retraso. Los subsidios no deben ser generalizados, pues así son sumamente injustos. Deben ser dirigidos a quienes menos tienen. Imagínense, bajar la gasolina. ¿A quién beneficia? A quien tiene auto. Y quienes tienen auto, el 30% más rico de la población. Igual que los segundos pisos. ¿Hasta cuando?

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Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.

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Caravana con sombrero ajeno.....

Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.

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(23 septiembre 2007).- Siempre me ha fascinado el contraste entre la retórica de los gobernantes del Distrito Federal y la realidad de la ciudad. Mientras que la retórica, sobre todo a partir del inicio de los noventa, se desvivía por afirmar la salud financiera de la ciudad, la realidad material del DF clamaba por toda clase de reparaciones físicas en su infraestructura más elemental. Es obvio que la razón del contraste es el hecho de que desde que nuestros regentes y jefes de gobierno se sintieron presidenciables todo, hasta el lenguaje, comenzó a cambiar. Cualquiera que haya sido su lenguaje, la realidad es que el DF tiene una atroz infraestructura física que no justifica las palmadas en la espalda que se dan nuestros gobernantes ni su pretensión de salud financiera en las cuentas de la ciudad.

La salud financiera de una ciudad se puede medir de dos formas: una es la que arrojan las cuentas fiscales que, de manera simplista, se puede decir que equivale a sumar los ingresos, restarle los egresos (incluyendo el servicio de la deuda) y terminar con la cuenta final, que generalmente muestra un déficit, si bien relativamente modesto. Otra manera, la que realmente debería emplearse, tendría que incluir tanto lo que los contadores llaman "pasivos contingentes" (obligaciones que en algún momento tendrían que cubrirse) así como la depreciación del capital. En una ciudad, el capital (los activos) está integrado por el sistema de agua, las calles, los semáforos, el drenaje y, en general, todo lo que representa una inversión.

Cada uno de estos componentes del activo de la ciudad tiene una vigencia distinta. Mientras que los focos de los semáforos duran relativamente poco, el sistema de agua tiene una duración que se mide en décadas. La pavimentación de las calles dura mucho menos que el sistema de tuberías, pero usualmente más que los puentes peatonales que cruzan las avenidas y periféricos. Sin embargo, todos estos elementos de la infraestructura urbana se van deteriorando poco a poco hasta que se acaban y por eso la contabilidad de la ciudad debería contemplar su reposición en un plazo lógico, antes de que comience a ser inutilizable o incluso contraproducente.

Lo que se puede decir de la infraestructura que no se ve (como el drenaje y las tuberías) también se puede afirmar de las vías "rápidas" con que cuenta la ciudad. El número de automóviles crece con celeridad, pero las calles disponibles para que éstos circulen brillan por su ausencia. En lugar de anticipar crecimientos futuros, el gobierno de la ciudad responde décadas tarde (y usualmente mal) ante el desafío de la transportación urbana. Se construyen nuevos edificios de oficinas y desarrollos residenciales, pero no se crean las calles y avenidas para desahogar el tránsito incremental que inevitablemente se producirá.

Así como son rápidos para ponerse medallas por museos o programas sociales no financiados, nuestros gobernantes locales nunca han sido excepcionales en su disposición a reconocer los pasivos que tienen con la ciudadanía en materia de infraestructura. Peor, desde que comenzaron abiertamente a querer ser candidatos a la presidencia se abocaron a toda clase de gastos muy atractivos y de gran visibilidad política (igual segundos pisos que universidades o subsidios a la población de mayor edad) sin reparar en la necesidad de darle el mantenimiento más elemental a lo existente.

Cualquiera que haya caminado en las calles de la ciudad de México sabe bien que toda la ciudad es un gran bache: prácticamente no hay cuadra en la que no haya agujeros en las calles, coladeras sin tapa u obras incompletas. El drenaje profundo ha sufrido descalabros mayores en los últimos años y nada se ha hecho para repararlo; la red de tuberías de agua potable tiene fugas por todos lados y su deterioro es palpable en grandes partes de la ciudad. Las calles y avenidas son insuficientes y conllevan al mayor desperdicio de horas hombre que alguien pudiera imaginar. Aunque en sentido estricto no es de su responsabilidad, el mismo problema existe en la red eléctrica. Sin embargo, el gasto público sigue concentrándose en lo aparente y visible sin reconocer que es lo otro lo que hace posible que funcione una urbe como la nuestra.

El gobierno de la ciudad pretende atraer grandes inversiones tecnológicas, turísticas, de manufactura no contaminante y de servicios diversos. Sin embargo, pretende que eso es posible sin construir la infraestructura (en sentido amplio) que requerirían esas inversiones. Por ejemplo, si bien la ciudad de México cuenta con grandes unidades hospitalarias de investigación que son un ejemplo para el mundo entero, las condiciones de trabajo de los científicos que ahí laboran son incomparablemente menos propicias que las de sus pares en naciones donde los temas de criminalidad o infraestructura elemental simplemente no son temas.

Estas reflexiones surgen de observar la forma en que los operarios del gobierno del DF responden ante problemas en las redes de agua por donde paso todos los días. Las tuberías tienen más de cuarenta años de vida y su deterioro es creciente. Rara es la semana en que no hay una fuga. Llegan los operarios, hacen un gran agujero que obstruye la circulación y molesta a los vecinos y proceden a hacer un parche: ponen un pedazo de tubo nuevo que no es del mismo material que el existente y lo conectan lo mejor que se puede, cierran el hoyo y se retiran. La semana siguiente vuelven para atender una nueva fuga y reparar otro pedazo de tubo, cuando no el mismo. Luego de decenas de reparaciones, a un costo astronómico, no se da el reconocimiento de lo evidente: hay que cambiar todo el tubo (a un costo mucho menor).

Detrás de esta manera de actuar yace la noción de que se puede parchar todo sin con ello mermar el potencial de desarrollo de una ciudad moderna. El problema es que ésa es una pretensión absurda. Una parte importante de la ciudad no cuenta con los satisfactores esenciales para la vida, en tanto que otra sufre las consecuencias de la falta de atención de esos mismos factores. Mientras tanto, nuestros gobernantes predican la salud financiera y se dedican a procurar la construcción de grandes edificios y proyectos sin resolver su funcionamiento o impacto en materia de tránsito, infraestructura o desarrollo de la comunidad.

La ciudad de México tiene un extraordinario potencial, pero éste es inasequible mientras las prioridades estén tan trastornadas. Primero deberían ser las soluciones y luego la construcción de grandes proyectos urbanos o políticos. La lógica actual no lleva más que a la lógica del NO que caracteriza a todos y cada uno de los habitantes de esta jungla urbana.

Luis Rubio
www.cidac.org

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Dos injusticias

24 Sep. 07

Hace algunos meses, denunciamos ante las autoridades y en esta columna a la mafia que se había organizado en el Metro entre una pandilla de rufianes en perfecta complicidad con los guardias del Metro y los policías que mágicamente aparecen en el momento debido. De lo que se trata es de esquilmar a hombres jóvenes, con ese aire de ingenuidad que los convierta en clientes, para ser asaltados.

El asunto es muy sencillo: en el momento en el que la víctima va a descender del Metro, un hombre o una mujer prorrumpe en alaridos y acusa al que ya se va de "acoso sexual". Y ahí comienza la danza. Viene a escena la lamentable policía capitalina y realiza una excelente pantomima de la legalidad en la que el "acusado" comienza, sin exageración, a sentir terror. Según la policía se trata de un delito gravísimo que no alcanza libertad bajo fianza y esto y lo otro. Si en este momento, el supuesto culpable no ha manifestado su intención de dar dinero y dinero suficiente, se pasa al siguiente capítulo: el Ministerio Público, tan corrupto y tan mal servidor público como todos los demás. Ahí el Ministerio se hace el estúpido, tarea para la que está particularmente dotado y anuncia que, en vista de la gravedad del delito, va a tener que remitir al acusado al reclusorio. A todo esto, el acusado ha recibido discretamente el mensaje de que sus acusadores o acusadoras estarían dispuestas a retirar los cargos mediante una cantidad suficiente de dinero.

Hace unos meses, después de hablar con funcionarios de todos tamaños, éstos, casi sin fallar, te dicen con impasible cara de perro: sí, ya sabíamos de esta banda que opera en el Metro. Comento: claro, mi impecable funcionario que por lo visto no trabaja en el GDF, son bandas que sólo pueden existir mediante el maridaje de los guardias del Metro, la policía, el Ministerio Público y usted que cobra en la misma ventanilla que todos, viejo gandul.

Gracias a la indignación ciudadana, a los mil telefonemas de su Charro Negro que tuvo que pedir como favor lo que es de estricta justicia y a la publicación de una columna como ésta, logramos salvar a una persona inocente que ya estaba a punto de ser consignada al reclusorio.

Como soy perfectamente idiota, me quedé con la impresión de que se abriría una investigación a fondo y que ya para hoy los culpables (los verdaderos) habrían sido castigados y, por lo menos, ese crimen ya no se cometería en la Ciudad.

Me equivoqué. El negocio sigue en pleno auge. En el Metro Hidalgo, Óscar Vargas García, una persona íntegra y decente, choca con un tal Israel Valverde. Óscar se disculpa, pero Israel comienza a gritar que ha sido objeto de abuso sexual y que Óscar Vargas "le agarró el pene" (¡guácala!, ¿quién querría agarrarle su putrefacto embutido -si lo tiene- al susodicho Israel?). Comienza la sórdida comedia: los guardianes del Metro, la policía, el Ministerio Público, un oportuno judicial y la negativa de Óscar a dar dinero. Resultado: Óscar desde el jueves en la tarde-noche está en el Reclusorio Oriente, aguantando vara y recibiendo amenazas de que si dice algo "le dan un piquete" (yo solicité su autorización para publicar esto y él accedió con gran valentía). Mientras tanto, Marcelo, Joel, nuestras fuerzas del orden siguen cobrando para que nosotros sigamos viviendo en el terror.

Supongo que la injusticia cometida con Óscar se arreglará, pero yo me pregunto: ¿no será también una injusticia que sólo mediante la publicidad y las palancas se arreglen estos abusos? Durante el tiempo que Óscar estuvo en el Ministerio, cayeron ocho casos similares. ¿Quién va a alzar la voz por ellos?, ¿cómo podremos extirpar del cuerpo social estos horrores? Solamente actuando todos. O eso, o la injusticia que es un modo de muerte.


¿Qué tal durmió? MCXXXVI (1136)

ARTURO MONTIEL.


Cualquier correspondencia con esta airadísima columna, favor de dirigirla a german@plazadelangel.com.mx

Germán Dehesa

Etiquetas: AMLO, demagogia, DF, Ebrard, economia, populismo

¿Y lo verdaderamente importante?

Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.

Etiquetas: congreso, demagogia, Fox, partidocracia, reformas

Tengo desde hace más de 20 años un affaire aristotélico. De ahí que ante el inminente retorno de Fox a la palestra mediática, mi primer pensamiento haya sido aristotélico. "El tirano -decía Aristóteles- es un provocador de disensos, pues necesita que sus súbditos estén siempre ocupados". Proclive a ponerse sacos que no le vienen, Fox seguro no entenderá que el tirano al que se refiere Ari (y yo, por añadidura) no es él, sino los senadores y diputados que han decidido revisar sus cuentas patrimoniales en estos momentos, no por una súbita preocupación por las finanzas de la Nación, sino por la necesidad de mantener a los ciudadanos en la lela.

Basta ver el espacio que en este medio le dimos a la nota del ranchito de Fox (20 septiembre) para darse cuenta que nos fuimos con la finta, y que las futuras declaraciones de Chente serán una inmejorable cortina de humo para disimular que la reforma electoral ha quedado trunca: que si bien podemos congratularnos de haberle quitado al duopolio televisivo su libertad de presión (que no de expresión), no hemos avanzado ni un ápice en disminuir el poder de corrupción del triopolio que nos gobierna.

Y es que ¡qué conveniente para Carlos Navarrete y para Manlio "El Inmaculado" Beltrones resucitar a Fox justo cuando se imponía analizar el argumento que sustenta el presupuesto de los partidos políticos! Porque al cual está asentada en la ley electoral de 1996, la razón de fondo para triplicar en 10 años el presupuesto electorero era "garantizar el acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos". De ahí que si los spots van a desaparecer, se impone -por lógica aristotélica- la cancelación de las partidas destinadas al pago de propaganda en radio y televisión, así como la abolición del derecho de los partidos a recibir ese dinero. Dicho sin tanto rollo: si el año pasado los partidos gastaron en tiempo aire mil 971 millones de pesos (Focus México, abril, 2007), no hay motivo para seguir entregándoles esa suma ahora que podrán disponer gratuitamente de tiempo en medios electrónicos.

Pero no. Fieles a las intenciones de los tiranos -"hacer que los súbditos piensen poco", que "desconfíen unos de otros" y que "les sea imposible ponerse de acuerdo para la acción"-, Manlio Fabio y Navarrete traen a colación a Fox con la intención de sembrar disenso y armarnos un circo mediático mientras sus partidos roban a manos llenas. Como en las antiguas tragedias griegas donde, a falta de un buen colofón, un dios se "descolgaba" del techo para salvar la situación y arrancar el aplauso del público, los eminentes legisladores van a hacer comparecer no a un dios, sino a su bufón favorito: Chente.

Fox provocará la catarsis de la risa (o la del llanto) con sus dislates y logrará lo que Beltrones y Navarrete quieren: distraernos. Y es que la idea básica de este final improvisado a la reforma electoral es hacer que los ciudadanos nos demos por muy servidos con un cambio en el destino de nuestros dineros (que ya no irán a parar a Televisa ni a TVAzteca), en vez de exigir una drástica reducción de los gastos electoreros. Lo que nuestros diputados y senadores ocultan es que su reforma electoral, tan prematuramente aplaudida, no abate en un céntimo los costos de una de las democracias más caras del mundo.

Dejarles a los partidos mil 971 millones de pesos sin motivo ni justificación alguna, amén de obsceno, es dejar intacto el poder de corrupción de los partidos.

Claro que no faltará el cínico legislador que diga que autoasignarse contratos millonarios por impresos y chucherías electorales es imposible bajo las actuales normas de fiscalización. Mentira podrida: con sólo dos empresas publicitarias que monitorear (dos), al IFE se le "fueron" en la pasada elección 280 mil spots de los que nadie sabe, nadie supo, con qué o cómo se pagaron.

No hay duda: el 70 por ciento del presupuesto de los partidos carece de fundamento, pero es algo que no les conviene discutir a los tiranos del Legislativo. Y por eso, sólo por eso, han elegido este momento para traer a su bufón favorito a escena.

Claudia Ruiz Arriola
sherpa01@gmail.com

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Y no se confundan. No es defensa a Fox. Si le encuentran algo, que lo entamben. Pero hay cosas mucho más importantes que hacer en lugar de estar desviando la atención con esos asuntos. Y si fuera el caso, hay ratas mucho mas grandes que Fox, como Montiel. Al menos Fox ya era empresario rico antes de ser presidente. Todos los demás, todos los anteriores presidentes sin excepción, incluyendo al actual, Felipe Calderón, siempre han vivido de la política. Siempre han vivido del Erario. Ninguno de ellos ha sabido lo que es pagar el ISR, y las cuotas del IMSS. Quien no sepa lo que eso significa mejor que no hable.

Etiquetas: congreso, demagogia, democracia, Fox, IFE, partidocracia, reformas, telecracia

Las cifras no le cuadran al Gobierno del Distrito Federal y eso que tiene, a diferencia de la administración capitalina anterior, un equipo financiero talentoso. En su primer Informe, Marcelo Ebrard se quejó de que "le quitarán" a la capital tres mil millones de pesos de participaciones federales. Ese mismo día platicamos con el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Fernando Sánchez Ugarte, y dijo que no era verdad, que se ha cambiado el sistema para calcular las participaciones, adecuándolo a la población y la contribución de cada entidad, pero ello no reduce en nada los recursos para el GDF. Ayer mismo, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, aclararon que el DF no sólo no tendrá un presupuesto menor, sino aumentará, gracias al gasolinazo, en unos mil 800 millones de pesos al año y que, por la reforma fiscal en sí, en poco más de siete mil millones: en resumen, nadie le ha quitado al GDF tres mil millones sino que, al contrario, recibirá en 2008 nueve mil millones de pesos adicionales.

Ese mismo día Ebrard anunció un seguro de desempleo que, dijo, se financiaría con base en los ahorros realizados por la renegociación de la deuda, que suma unos mil 500 millones de pesos. Pero el seguro que propuso Ebrard ocuparía sólo unos cien millones, de los cuales, entre 80 y 90 millones, ya se los proporciona la Federación para financiar un seguro de desempleo existente desde 1984. Así se podrían explicar las cifras, porque esos mismos recursos provenientes del ahorro de la deuda son los que Ebrard aseguró que se usarían para el mantenimiento y la ampliación del deficiente sistema hidráulico de la ciudad. Más adelante, el gobierno capitalino dijo, también, que esos mil 500 millones de pesos serían para "obras de infraestructura", sin especificar cuáles. Ahora se dice que se pagará un seguro de desempleo para 70 mil personas, que ya está 90% pagado.

Los problemas son varios. Uno de ellos es que el GDF, que dice gastar, según informó Ebrard, más de la mitad de su presupuesto en programas sociales, no rinde cuentas de ellos. No conocemos el padrón de beneficiarios de ninguno de esos programas que se pagan con recursos públicos ni de la cartera de Ebrard o su secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, aunque ambos, en ocasiones, parecen olvidarlo. No hablemos de los gastos de las obras viales de la anterior administración, guardados como secretos de Estado.

Por eso, quizá, los mil 500 millones de pesos ahorrados (en realidad, diferidos) en el pago de la deuda capitalina pueden estirarse tanto y distribuirse en tan diversos proyectos, aunque las cuentas no cuadren. Porque la deuda del DF sigue siendo un problema: en 1997, cuando asumió el gobierno capitalino Cuauhtémoc Cárdenas, era de 11 mil 800 millones de pesos. Al concluir 2006, había ascendido ya a 44 mil 100 millones. En términos reales, el incremento de la deuda fue de 98%, según cifras oficiales. El DF es la entidad más endeudada del país. Al terminar 2006, su deuda equivalía a 27.5% del total de lo adeudado por las entidades federativas de México. Si en 1997 la deuda constituía 31.5% de los ingresos del gobierno capitalino, al inicio de la administración de Ebrard ese porcentaje era de 98%. O sea, que la deuda es igual a todo lo que recauda por cuenta propia el GDF. Incluso era 77.8% de todas las participaciones federales que recibe el gobierno capitalino. Y si alguien tiene dudas con respecto al mal manejo financiero de la administración lopezobradorista, habría que recordar que el servicio (o sea, los intereses de la deuda) pasó, de 3.8% de las participaciones federales que recibe el Gobierno capitalino, a 11.6% en 2006. Fue por esas consideraciones que el gobierno federal autorizó la renegociación de la deuda capitalina. Debe recordarse un punto: la única entidad del país que tiene como garante de su deuda a la Federación es el GDF. Las 31 entidades federativas son responsables por sí mismas de sus finanzas y su endeudamiento. En otras palabras, si el DF no paga, le cobran a la Federación.

La "refinanciación" de la deuda extendió el plazo de pago de intereses de ocho a 30 años y permitió, como se dijo, un ahorro anual de mil 500 millones. Es un ahorro parcial porque en el futuro se deberán pagar esos intereses, pero, por lo pronto, el compromiso es que se crearía un fideicomiso en el cual se depositarán las participaciones federales necesarias con el fin de liquidar esas obligaciones. Pero, en el mismo acuerdo, el gobierno capitalino se comprometió con la Secretaría de Hacienda a transparentar sus gastos y a establecer nuevos indicadores con respecto a la forma en que gastaría esos ahorros y el compromiso explícito de utilizarlos en infraestructura, sobre todo, agua y drenaje. No se dijo una palabra de programas de desempleo sin mecanismos de control transparentes.

Pero hay un problema adicional. Para reestructurar la deuda, el Gobierno del Distrito Federal contrató los servicios de la empresa Protego (que encabeza Pedro Aspe). Según se estipula en el contrato respectivo, por esa labor, Protego recibió un millón de pesos más IVA, pagaderos a cien mil pesos mensuales. Lo que se ha ocultado es cuánto suma el llamado success fee, o sea, la comisión de éxito que recibe una empresa de esas características como porcentaje del monto que se va a reestructurar. En el mercado, ese porcentaje es de 0.5 a 1% del total del monto renegociado. De acuerdo con el monto que se reestructuró (38 mil 342 millones de pesos), la comisión por éxito de mercado de Protego debe haber sido de entre 190 y 383 millones de pesos. Pero la cifra real que se pagó por la reestructuración de la deuda es tan secreta como la lista de beneficiarios de la pensión para adultos mayores.

Jorge Fernández Menéndez

Etiquetas: AMLO, demagogia, deuda, DF, Ebrard, economia, pobreza, populismo

No hay duda que el Ebrard es un lamebotas de AMLO. Por el momento. Creo que a medida que se acerque el 2012 Ebrard lo traicionará.

Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.

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Los ductos vuelan en pedazos. Miles de mexicanos tienen que abandonar sus hogares. Infinidad de empresas se ven afectadas. Indirectamente, decenas de miles de trabajadores son tocados por los actos. Fuera máscaras: México enfrenta una vez más actos terroristas. Siempre se ha tratado de negar esa realidad. Para un gobernante nunca será una buena noticia admitir los hechos. Pero no hay forma de negarlo. ¿Qué demandan, qué exigen? ¿Existen los presos, dónde están? ¿O una vez más se trata de coartadas para vestir de política lo que es terrorismo puro? Pero si el terrorismo no es novedad, sí lo es la debilidad de la condena pública. El silencio es gravoso. Es tal la confusión nacional que ya ni siquiera podemos distinguir el daño que nos es común.

El país quedó tan envenenado después de la imprudente gestión de Fox y de la polarizada elección del 2006 que ese territorio común que es la nación hoy se desvanece. Los que quieren que a Calderón le vaya mal están dispuestos a que la nación pague un precio. Que le reviente Pemex, así llegamos nosotros a salvarlo. Que fracasen las reformas fiscal y política, para que tenga menos centavos y haya más enojo. Al final del día toda nación se asienta en creencias y en sueños compartidos, Tocqueville lo leyó con gran claridad. Toda nación comparte un espacio simbólico. Los símbolos no son un asunto menor. Varios de los principales actores políticos, en sus siempre complicados cálculos, han permitido la destrucción sistemática de la simbología de la nación. Hoy, todos pagamos los costos.

La agresión lleva ya décadas, en 2006 fue particularmente severa. Ya nadie se espanta de pancartas y gritos; son parte, decimos, de los "tiempos democráticos", pero también hemos visto caballos en la sala de plenos de la Cámara de Diputados, manifestantes desnudarse o tomar la tribuna para dormir una siesta. Hemos sido testigos del avance lento, pero sistemático, de la destrucción de la simbología nacional. Se acabó el día del Presidente festejan algunos, perfecto, pero qué lo va a sustituir. Se acabaron los espacios copados por el oficialismo, el Zócalo, la Plaza Mayor de la capital es de todos, perfecto, pero de todos es de todos.

La amenaza merodeó el año pasado al propio desfile militar. Recapitulemos la lista de fechas bajo amenaza: primero, 15 y 16 de septiembre y 1 de diciembre, toma de posesión. Por supuesto 1 de mayo y también el 5, por qué no. Las principales fechas de conmemoración nacional han sido trastocadas. Ya lograron que el Presidente informe a los ciudadanos a través de los medios y no frente a los legisladores. Una vez más el Zócalo es territorio en disputa, por lo menos se dio la recuperación mínima del acto. En lugar de que el diálogo y los argumentos prosperen, ahora fueron los watts de potencia las armas utilizadas. La pluralidad no necesariamente está deviniendo en una mejor convivencia. La pluralidad se inserta en una simbología nacional a la cual se subsumen los intereses personales y partidarios. La guerra simbólica ocurre con frecuencia, ver caer la estatua de Hussein hacía sentido para muchos. Pero cuál es el límite, ¿no es acaso la guerra simbólica una salida falsa que niega la historia? ¿Qué hacer con Lenin en la Plaza Roja o con Díaz enterrado en París?

Terrorismo, guerra simbólica, la semana pasada mostró los contrahechuras de una nación dividida. Sin reforma electoral no habría reforma fiscal. ¿Por qué? La fiscal la tendrían que sacar PAN y PRI y así fue. En la electoral, la intención de montar al PRD supuso cesiones. La electoral tiene varios méritos importantes, ya los hemos señalado: reducción de tiempos de campaña; reducción de costos; uso de los tiempos oficiales; renovación escalonada de los consejeros; mayores facultades de fiscalización para el IFE. Pero también tiene malformaciones: la dedicatoria ad hominen de una norma para cortar cabezas; la intención reguladora de las campañas negativas; la creación de un órgano de fiscalización que depende del Consejo General que depende, más ahora, de los propios partidos. Las ausencias son varias: no a la controversia constitucional; no abrir las candidaturas independientes; no a la reelección. Es una reforma que tenía dos enemigos identificados de antemano: los consejeros y los medios.

Sobra decir que los excesos de costos en medios en un país con tantas carencias no tienen defensa. Ése era el extremo del cual debíamos salir. Pero la prohibición total es el otro extremo y ése también puede tener otras consecuencias. Carlos Puig y Héctor Aguilar han señalado algunas. Puede tener un efecto concentrador de la imagen que lacere a nuevas figuras locales. Los candidatos contrarios a las televisoras o que escapen a sus simpatías, simplemente no tendrán cómo aparecer. Quedarán a merced de ellas. El espacio regulado difícilmente satisfará la necesidad de espacios de radio y pantalla, por lo cual los noticiarios y los programas políticos serán altamente cotizados. La disminución de la injerencia de los medios da más poder político a las organizaciones y gremios. El incentivo para los dineros ocultos, sobre todo en radiodifusoras locales, incrementa su atractivo. Y, finalmente, regresaremos a las frases breves que quepan en pendones y suenen bien.

Esto es lo que debió haberse discutido. La reacción histérica de los medios no ganó nada, por el contrario, exhibió falta de argumentos en un asunto que pudieron haber estudiado desde hace años. La alta carga emocional del asunto agravará la división nacional. Ya salieron las reformas, por lo menos hay movimiento. Aquí estamos, entre bombas, pantallas y barricadas.

Federico Reyes Heroles

Etiquetas: demagogia, democracia, partidocracia, reformas, telecracia, terrorismo

Yo voté por Andrés Manuel López Obrador el 2 de julio de 2006. Lo hice con admiración hacia el personaje, confianza en su partido y apoyo para la izquierda. ¿Qué queda, un año más tarde, de la admiración, la confianza y el apoyo?

López Obrador es un líder carismático. Ya empleé dos palabras sujetas a revisión. "Líder" es un anglicismo fácilmente hispanizado como "dirigente" y "carisma" es un concepto que nadie empleaba antes de Max Weber (1864-1920) salvo los teólogos: carisma es un don de Dios a hombres extraordinarios, apóstoles, profetas, benefactores. Para Weber, líder carismático es aquel que "logra que la gente le tenga confianza y lo siga". A un hombre que haga más promesas que los demás. Pero sobre todo, un hombre que sepa ganar.

¿El demócrata, en cambio, es el que sabe perder? Así lo demostraría Al Gore, vencedor numérico en las elecciones norteamericanas del 2000 y despojado de su triunfo por un anacrónico (aunque legal) voto del Colegio Electoral, las boletas manipuladas por el gobierno de Jeff Bush en Florida y, al cabo, un solo voto de la Suprema Corte de Justicia, árbitro final del proceso.

En México, somos testigos de una larga y ardua marcha hacia la transparencia electoral. Es probable que los opositores José Vasconcelos y Juan Andreu Almazán hayan ganado las elecciones de 1929 y de 1940. Es posible que Ezequiel Padilla y Miguel Enríquez Guzmán hayan vencido en comicios posteriores. Su triunfo, probable o posible, les fue vedado, en todo caso, por la razón de estado imperante: el partido de estado (PNR-PRM-PRI) nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Las revoluciones se legitiman a sí mismas y luego duran lo que pueden durar. Calles, el jefe máximo en 1929, no iba a permitir que Aarón Sáenz y el obregonismo le disputaran el poder e impuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato oficial y presidente electo. Cárdenas, en 1940, deseaba una continuidad remozada y consolidada de sus propias reformas y no estaba dispuesto a que un opositor incontrolable, Almazán, tomara la presidencia. Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines siguieron esta "lógica revolucionaria". Díaz Ordaz en 1968 sepultó la legitimidad de origen y destino de la Revolución. Sus sucesores, mal que bien, con concesiones aquí, reformas allá, fueron concediendo espacios a las oposiciones mexicanas. Jesús Reyes Heroles fue quien con mayor lucidez vio y encauzó el dilema. Ernesto Zedillo, quien admitió la distancia evidente entre un sistema viejo y una sociedad nueva. Sólo la democracia podía dejar atrás al primero y abrirle camino a la segunda.

Entre etapa y etapa, sucedió algo fundamental: el sucesor del presidente ya no sería electo de facto por el presidente in situ. Estaría sujeto al voto y el voto ya no lo calificaría el gobierno, sino, en instancias de autoridad creciente, el Instituto Federal Electoral (IFE) y en última instancia, el Tribunal Electoral de la Federación (TRIFE), voz final y determinante del proceso electoral.

Poseer dos instancias independientes para calificar las elecciones constituye un precioso haber en la vida política de México. Ni el IFE ni el TRIFE son, desde luego, perfectos. Aunque como toda institución política, son perfectibles. ¿Preferimos la dedocracia del pasado a las instituciones democráticas del presente? Sin éstas, ¿a dónde nos dirigimos? Acaso, a una batalla en el desierto, para citar a José Emilio Pacheco, en la que los actores políticos, minando la autoridad de las (perfectibles pero no sustituibles) instituciones, nos devuelvan, no el autoritarismo de antaño, sino el caos demagógico en el que cada parte del todo se desentiende del todo para proclamar, "la verdad es la mía".

"Al diablo las instituciones" dijo López Obrador en un momento de boca floja delator de malas ideas. Pero AMLO y sus buenas ideas poseen una poderosa repercusión en un país donde la mitad de la población vive en grados diversos de la miseria, el ascenso social es cierto pero lo demora la demografía y lo califica el éxodo. López Obrador cuenta con un apoyo electoral fuerte y permanente. Su partido, en cambio, pierde plaza tras plaza, gubernatura tras gubernatura, elección tras elección. Es como si López Obrador guardara para su liderazgo la promesa de la izquierda que los electores vivos y coleantes le niegan a su formación partidista.

El peligro es que, perdiendo elecciones y manteniendo carisma, López Obrador lo apueste todo a su seguimiento personal y al tamaño de sus manifestaciones. Pero el país pierde la oportunidad de crear, al fin, una izquierda moderna, seria, competitiva y que convoque no sólo a las sectas dogmáticas sino a la pluralidad mayoritaria que se ubica a partir del centro hacia la izquierda. Quiero decir: Cuauhtémoc Cárdenas, Amalia García, Jesús Ortega, para sólo citar a tres personalidades, son tan "izquierda" como López Obrador. Sólo que representan a sectores de izquierda excluidos por la actitud intolerante de AMLO.

Herido por lo que, con razón o sin ella, juzga un fraude electoral, López Obrador corre el riesgo de transformar su dolor en dogma y su pérdida en retórica. ¿Satisface a sus fieles? Qué bueno. ¿Debilita a su partido? Qué malo. ¿Pospone a otros dirigentes? Qué triste. ¿Le hace el juego, sin quererlo, a los verdaderos enemigos del país, los imperios criminales deleitados de que AMLO le niegue autoridad al gobierno que los narcos minan y desafían palmo a palmo, día con día? Qué peligroso.

Yo tengo el deseo profundo de que la izquierda de mi país se abra a una lucha ni dogmática ni personalista, sino de ideas, de propuestas y de visión a largo plazo. Los desplantes de López Obrador la aplazan. Una izquierda amplia, pluralista y moderna podría acelerar el progreso de un país que, desde tiempos de Humboldt, es "el país de la desigualdad". Con trece, cincuenta o cien millones de habitantes, la mitad de la población de México siempre ha vivido en la miseria. Es tiempo de repetir, en memoria de una magnífica mujer, Julieta Campos, el título de su libro, "¿Qué hacemos con los pobres?" Parte de la respuesta le corresponde a una izquierda, por el momento, personalizada, dividida, casi irreal si no surrealista. Parte de la salvación es una izquierda unida pero diversificada, no personalista, clara en sus propuestas y objetivos.

No lo es la actual formación de la izquierda en México. No puede serlo un movimiento que depende de un solo líder, por más carismático que éste sea. Porque se corre el peligro de que, cuando un líder de esta naturaleza llegue al poder, conjugando carisma y gobierno, su nombre sea Hitler, Mussolini o Chávez. Este es el temor que puede sentir esa parte del electorado mexicano que, siendo de izquierda, no sigue a Andrés Manuel López Obrador.

La izquierda debe unir las buenas ideas a las buenas oposiciones: las que se sirvan de las vías institucionales para fortalecerlas y, así, oponerse con más eficacia al gobierno.

Carlos Fuentes

Etiquetas: AMLO, Carlos Fuentes, demagogia, democracia, izquierda, pobreza, populismo, reaccionario, reformas, riqueza

Las reuniones y el ejercicio de gobierno entre el primer ministro y el parlamento inglés son apasionantes. La Gran Bretaña hace alarde de su madurez democrática enfrentando al Premier a las posturas y posicionamientos del parlamento británico en cada reunión.

Se puede ver al jefe de gobierno hablando de los programas y justificando cada actividad y al parlamento cuestionando y discutiendo cada punto. Destacan la defensa de la identidad y fortalezas de la unión, pero también la lucha de clases, todo reducido a un recinto. Es prácticamente raro ver que los parlamentarios aboguen por sus causas en la calle o fuera de ahí.

También es impensable que el primer ministro vaya a las audiencias sin estar preparado o que solicite tiempo para poder contestar a los planteamientos de los representantes de la sociedad de aquel país.

El ejercicio democrático así es. Escucha, delibera, analiza y propone. La secuencia cambia, pero la certeza de que es un proceso que se repite, alivia la tensión inherente de todo debate en este parlamento. No hay insultos, ni gritos, ni vituperios, mucho menos golpes o tomas de tribuna en el parlamento inglés.

El primer ministro sabe que su rendición de cuentas ante el parlamento es total. Escudriñar la acción pública es parte de la cultura democrática.

Pero el parlamento cuenta con apoyo de instituciones académicas y de investigación legislativa y presupuestal que constantemente proveen estudios y análisis para coadyuvar en la tarea de ambos poderes.

Certidumbre y legalidad, parecerían ser los dos elementos de aquella forma en la que interactúan el jefe de gobierno y el poder legislativo en su democracia.

La comparación, reconozco, no aplica al caso mexicano, dado nuestro sistema presidencialista y republicano. No obstante, la considero útil para contrastar el nivel del debate y la capacidad democrática de otras sociedades.

Valga la comparación, sin embargo, para analizar un hecho histórico en la vida democrática de nuestro país. El pluralismo en la cámara de diputados y el acotamiento presidencial.

Para ello vale la pena recordar los múltiples nombres con los que se bautizó al presidencialismo mexicano. De entre ellos está, por supuesto, el derivado de la obra de Enrique Krauze, "La Presidencia Imperial", obra en la que se destacaba la capacidad de México de resumir todo el poder durante seis años en una sola persona. El nuestro era un país con un Legislativo meramente de trámite a las leyes, políticas, caprichos y ocurrencias del poder centralizado del Presidente de México.

Sin embargo, desde hace 10 años que el Legislativo intenta, en pluralismo, ser un poder autónomo e independiente. Esto lo ha venido haciendo frente a un presidencialismo autoacotado en los últimos seis años.

Los resultados hasta ahora no nos arrojan una buena cosecha. A pesar de cambiar los "agricultores" del Congreso, muchos repiten brincando de cámara a cámara; parecería que los frutos de la autonomía legislativa no se han dado. Hoy estamos frente a la posibilidad de un Congreso secuestrado por un puñado de partidos políticos y alejado de sus representados, la ciudadanía y de los intereses del País.

Basta echar una mirada a las reformas que se han discutido sin éxito, o bien repasar la mini reforma electoral aprobada el jueves para comprender que el Congreso se está inflando en su soberbia para decidir sin analizar las consecuencias de sus actos.

Las medidas de reducir los montos de campañas y los tiempos, prohibir spots y el intento de acabar con la posibilidad de candidaturas ciudadanas (no aprobado afortunadamente), son todas parte de un proceso más amplio que debe discutirse sobre la reforma del Estado y que nos han querido vender hoy como tal nuestros orgullosos legisladores.

En esta semi reforma electoral no se toca el financiamiento de operación de los partidos políticos. Se les quita el de difusión, pero no se planteó una verdadera revisión de la manera tan poco transparente y mal administrada en la que los partidos se las gastan mes a mes con los recursos públicos, y no se diga en campaña.

La soberbia del Congreso se refleja en invitar a los actores de los medios de comunicación para no escucharlos y aprobar ese mismo día por la tarde noche lo que ya había resuelto.

Soberbia porque, si bien es valioso que se reduzcan los tiempos de campaña, nada se aprobó sobre la falta de exigencia a los partidos políticos para realmente ser representantes de los intereses de los ciudadanos y no de su grupo.

Estamos paradójicamente frente a la división de poderes sin poderes. Ante la falta de capacidades para debatir con respeto e inteligencia frente a la necesidad de acordar y gobernar. Nos encontramos en la antesala de un presidencialismo acotado y un congreso arrogante. Ninguno sirve al pueblo de México.


Vidal Garza Cantú
vidal.garza@terra.com.mx

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La urgencia de una reforma fiscal es evidente. Más del 30 por ciento de los recursos federales provienen de Pemex. Pero la producción está decreciendo y las reservas probadas alcanzan para apenas nueve años. Una reforma fiscal efectiva debería combatir la evasión y simplificar el pago de impuestos. El camino para alcanzar esos objetivos es gravar el consumo (todos pagan y pagan más los que más consumen) mediante la supresión de exenciones y tasas cero. La receta funciona en todo el mundo. Los diputados y senadores mejor informados lo reconocen en privado. Sin embargo, no se optó por ese camino. El PRI no está dispuesto a pagar el costo. Por eso, la reforma fiscal nos cargará la mano a los de siempre y dejará intocados a los informales. Así que ni simplificación ni ataque frontal a la evasión.

Urge una reforma energética que dote a Pemex de mayores recursos para explorar, explotar y refinar petróleo. No hay otro modo de rescatar a Petróleos Mexicanos. La empresa está quebrada. Mientras sus flujos alcanzan 30 mil millones de pesos, los pasivos ascienden a 1 billón 100 mil millones de pesos. El problema de fondo está en la operación de la paraestatal. El poder del sindicato es una traba y las fugas por mala administración y corrupción son enormes. El antídoto es bien conocido. Bastaría con permitir la inversión privada para matar dos pájaros de un tiro: captar recursos que son indispensables y mejorar los sistemas de administración y producción. Así funciona Petrobras en Brasil. Los inversionistas privados participan sin que el Estado haya perdido la dirección de la empresa. Pero la reforma energética que se está cocinando aquí no transitará por ese camino. Los priistas no están dispuestos a pagar el costo y de los perredistas ni hablamos.

Así como lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo posible se contrapone a lo eficiente. Los senadores y los diputados le están pegando curitas a un enfermo muy grave. Es lo que se puede, dicen. Y en efecto, se puede muy poco porque se niegan a asumir su responsabilidad y tomar al toro por los cuernos. Pero esta actitud timorata no se percibe en la reforma electoral. En este campo han decidido servirse con la cuchara grande. No les importan las críticas ni les preocupa ofrecer argumentos sólidos. La reforma electoral no figuraba en las prioridades de la agenda nacional. Menos venía a cuento la decapitación de los consejeros del IFE que vulnera la autonomía de una institución que se ha forjado a lo largo de muchos años. Las protestas que esto ha generado han sido ignoradas y desacreditadas.

El espectáculo es grotesco. Hace apenas unos meses, los priistas lanzaron una ofensiva para defender a Mario Marín, gobernador de Puebla, y a Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca. El objetivo de sus dardos era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vale ni conviene, decían, que los ministros se asuman como un supremo poder. El razonamiento no era malo. La Constitución faculta de manera confusa y ambigua a la SCJN para efectuar investigaciones. La ofensiva fue tan exitosa que ya nadie habla de Marín y Ruiz. Sorpresas que da la vida o, más bien, los priistas. Los destituidos no fueron los gobernadores, sino los consejeros del IFE. La causa de su remoción no existe jurídicamente. Todo se reduce a un acuerdo político con claras motivaciones políticas. ¿Dónde estaba entonces el riesgo de un supremo poder conservador?

Otra de las joyas de la reforma electoral es elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. "En la propaganda política o electoral -dice el artículo en cuestión- que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas". Sobre este loable propósito cabe formular varias cuestiones: 1) Cuál es la línea divisoria entre lo prohibido y lo aceptable. Las frases: "Fulano es un peligro para México", "Mengano fue un gobernante irresponsable", ¿son calumnias y deberán ser censuradas? 2) Las campañas negativas son parte natural de cualquier sistema democrático y constituyen una fuente de información relevante para los ciudadanos. 3) Qué pasará cuando un candidato insulte a otro en un mitin; el famoso ¡Cállate, chachalaca! de López debería ser o no transmitido por los noticieros de televisión. Si sí: se viola el espíritu de la ley porque las campañas negativas correrán por ese riel. Si no: se desatará una avalancha de censuras sobre los noticieros y los programas de análisis político en la radio y la televisión.

Para decirlo en dos palabras: la prohibición de las campañas negativas eleva a rango constitucional la censura. Y en esta materia, como en la guerra, rige un principio muy simple y muy cierto: todo el mundo sabe dónde y cuándo comienza, pero nadie sabe cómo ni cuándo va a terminar.

Vayamos, finalmente, a las grandes omisiones. Si los legisladores querían efectuar una reforma política de verdad deberían haber considerado dos temas fundamentales: el de la reelección de los representantes populares y el de las candidaturas independientes. Sobre el primero no se pronunciaron siquiera y sobre el segundo tuvieron la intención de elevar a rango constitucional su prohibición, si bien en el último momento se echaron para atrás. Lo que sí estipularon con toda claridad es que la autoridad electoral debe tener mucho menos atribuciones para intervenir en la vida interna de los partidos. ¿Alguna otra evidencia de por dónde va la tirada?

Se ha querido presentar esta reforma, y el debate que ha generado, como un enfrentamiento entre las televisoras y los senadores de los tres grandes partidos. El motivo sería la prohibición de contratar publicidad y la disposición del tiempo oficial por los partidos. Pero este planteamiento es falso. La inconformidad de los medios electrónicos es generalizada e incluye a todas las cadenas de radio y de televisión por cable. La decapitación del consejo del IFE no se inscribe ni se explica por esa disputa. Y, finalmente, los partidos pequeños se han pronunciado abiertamente contra la reforma.

Los grandes perdedores de estas reformas, porque son varias, somos los ciudadanos. Los legisladores no atendieron los problemas urgentes ni les dieron solución, pero sí vulneraron la autonomía del IFE y limitaron el derecho a la libertad de expresión. Crearon regulaciones excesivas y, para colmo, les confirieron a los partidos el derecho de bombardearnos todo el tiempo con sus mensajes y propaganda sin que les cueste un solo centavo. Y luego dicen que la partidocracia... no existe.

Jaime Sánchez Susarrey

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"¿Qué defienden: el país del spot y los ratings o el derecho de los ciudadanos a obtener información que sirva para orientar sus decisiones?"
Guadalupe Acosta Naranjo, PRD


En el debate del 11 de septiembre sobre la reforma electoral, la Senadora del PRI María de los Ángeles Moreno afirmó que con la nueva legislación se eliminaría la cultura del spot y se promoverían campañas de más fondo. Ya no se discriminará -dijo- a candidatos por ser feos o por tener mala voz.

El 12 de septiembre, Alejandro González Yáñez del PT aseveró que la nueva ley impedirá la "espotización" de la política; el sistema anterior no "ofertaba (sic) ideas", sino que convertía a los candidatos en meros "productos de mercadotecnia política". La nueva legislación, dijo, privilegiará el debate de altura y el intercambio de ideas.

Tan atractivo resultó el concepto que lo adoptó el diario La Jornada, que ayer editorializó en su cabeza principal: "Sepulta el Senado la dictadura de los espots". La verdad, sin embargo, es que la reforma le está dando rango constitucional a la dictadura del spot.

Quizá los senadores no leyeron la iniciativa, como el año pasado cuando Pablo Gómez y los diputados del PRD reconocieron que no leyeron la Ley de Radio y Televisión que aprobaron por unanimidad. Pero quienquiera que se tome la molestia de examinar las enmiendas verá que éstas no sólo promueven, sino que obligan a la "espotización". Una de las mayores víctimas de la nueva ley será el debate de las ideas.

El que los partidos no paguen a los medios electrónicos por los tiempos de propaganda política no va a elevar el nivel de la propaganda. Los partidos y candidatos en campaña tendrán que compartir de 2 a 3 minutos por hora de forma gratuita, pero en ese espacio sólo podrán ofrecer spots.

Si quieren tocar temas de fondo, no podrán contratar tiempos más prolongados, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en la campaña del 2006. El entonces candidato perredista compraba media hora diaria en TV Azteca y contrató, además, tiempos largos de medios para explicar en detalle sus propuestas económicas y sociales. Hoy esa opción queda constitucionalmente cancelada. Los 2 a 3 minutos por hora que se arrebatarán a los medios no vuelven inevitable la "espotización".

Peor aún. En la campaña del 2006 los análisis y debates a fondo se llevaron a cabo en programas de las barras de opinión de las televisoras, como "Zona abierta", de Héctor Aguilar Camín y "Tercer grado", de Televisa, o "La entrevista con Sarmiento", que yo conduzco. El futuro de estas barras, sin embargo, queda ahora en tela de duda, porque sus recursos provenían en buena medida de la publicidad política que ahora quedará prohibida. Si estos programas desaparecen, o se ven limitados, los spots serán la única opción para presentar ideas de fondo.

Ni siquiera los programas de debate televisado de media hora que actualmente produce el IFE y que conduce Guadalupe Juárez sobrevivirán. El nuevo artículo 41 de la Constitución sólo plasma la asignación de tiempos electorales de 2 a 3 minutos por hora entre las 6:00 y las 24:00. México tendrá el dudoso privilegio de ser el único país en detallar en la Constitución minuto a minuto los tiempos de propaganda electoral y en prohibir en tiempos oficiales los programas de análisis de fondo.

Paradójicamente, si las tan vilipendiadas empresas de medios no ceden generosamente más tiempo a los partidos del que éstos les quitaron a la mala, las futuras campañas políticas se verán necesariamente reducidas a simples guerras de spots. Los debates entre candidatos sólo podrán realizarse en abonos chiquitos de 3 minutos, a menos de que los partidos les pidan el favor a las televisoras y radiodifusoras.

Por otra parte, como las nuevas normas constitucionales prohíben las campañas "denigrantes", los partidos se verán obligados a limitar sus spots a simples enumeraciones de promesas o a esos autoelogios a los que nos han acostumbrado los anuncios del sector público. Los candidatos se unirán al coro de los grillos que hoy nos dice que contamos con los mejores diputados, senadores, jueces y funcionarios del mundo.

Ya hoy los partidos, el Congreso y el Gobierno tienen problemas para llenar los tiempos públicos. Hace algún tiempo, Convergencia cubrió uno de sus espacios de radio de 5 minutos con una simple repetición interminable de su cancioncita "Naranja, Naranja". El PRD a veces mete viejos discursos de López Obrador. El Senado se ha hartado de decirnos que "A Patricia ya no la volverán a golpear", cuando todo el mundo sabe que la siguen golpeando. La situación empeorará cuando se tripliquen los tiempos oficiales en horarios estelares.

Pero, en todo caso, los 2 ó 3 minutos constitucionales sólo podrán llenarse con spots. Los partidos están cerrando las puertas al debate de ideas. Y lo peor de todo es que lo están haciendo en la Constitución.

Concesiones
La reforma electoral ha dejado claras las reglas para los servicios concesionados en nuestro país. De ahora en adelante, en tiempos de campaña, los bancos tendrán que dar crédito sin cobrar intereses a los candidatos. Las aerolíneas dejarán el 30 por ciento de sus asientos para uso gratuito de los políticos. Y los aserraderos entregarán un tercio de su madera a los partidos.

Sergio Sarmiento

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"Yo también, como Calderón, como López, como Ebrard, como Juan de las Cuerdas y Perico de los Palotes, quiero dar mi propio Grito. Y mi grito es contra los políticos que tienen secuestrado a este país y lo dañan con sus politiquerías. Mi grito es contra aquellos que convierten en motín -en botín- una entrañable tradición del pueblo, la de la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y hacen de ella ocasión de escándalo, de división y enfrentamientos. Mi grito es contra los partidos: antes padecíamos uno solo; ahora los sufrimos a todos; parásitos que chupan del erario; empresas ricas en país de pobres.

Estamos enfermos de política; los políticos parecen ser protagonistas únicos de la vida mexicana. Podrá decirse que eso es porque estrenamos democracia, y que después de la concentración del poder en una sola, poderosa mano, todos quieren meter la mano en él. Pero este desorden es muy peligroso, pues quienes más se benefician del desorden son los desordenados. Así no vamos por camino bueno. Debemos hacer buen uso del ejercicio democrático si no queremos que degenere en anarquía.

El excesivo poder de los medios electrónicos acaba de ser acotado. Los partidos, convertidos ahora en entes todopoderosos, han de ser acotados igualmente. Y debe acotarse también la nueva dictadura de un Congreso desbocado cuyos innumerables miembros no parecen tener conciencia del bien comunitario, y atienden sólo a su interés y al del partido que les da consigna. Volvamos la espalda nosotros a todas esas politiquerías. Celebremos en nuestro hogar, con la familia, esta fiesta mexicanísima del Grito, y dejemos que los politiqueros diriman, como en arena de lucha libre o en palenque, sus pedestres mezquindades..."

Armando Fuentes Aguirre, "Catón"
afacaton@prodigy.net.mx

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La violencia tiene muchas caras y una de las menos atendidas es el maltrato cotidiano a los consumidores. Con esa tesis rescato la poco conocida historia de unas reformas que aprobó el Congreso y vetó Felipe Calderón ante la incomprensible indiferencia de la izquierda.

A las "tiendas de raya" se les asocia con las haciendas de la dictadura porfirista. En ellas cobraban y gastaban los campesinos su salario y en ellas se endeudaban y terminaban esclavizados a los privilegiados. Pero "la tienda de raya no (era) un simple abuso de los hacendados", escribe Friedrich Katz citando a Luis Cabrera; era "una necesidad económica del sistema".

En el Siglo 21, las tasas de ganancia del sistema dependen de la explotación que un buen número de empresas públicas y privadas hacen de los consumidores; una especie de peones acasillados posmodernos. La telefonía, la banca, las televisoras privadas, la electricidad, las inmobiliarias, entre otros, han diseñado métodos altamente sofisticados para capturarnos en sus redes y extraernos recursos con mecanismos que van de lo burdo a lo sofisticado. El sistema funciona porque los partidos políticos también están atrapados en las redes de interés y, por lo general, toleran leyes y prácticas en beneficio de los poderes fácticos. Por ello resulta tan excepcional y sorprendente que los partidos estén a punto de aprobar una reforma electoral que rompe su vasallaje frente a los medios electrónicos.

En el 2005, dos diputados del PRI, Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, presentaron una iniciativa para cambiar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Justificaban las modificaciones en que "el sector de la vivienda se ha(bía) visto seriamente afectado", lo cual era falso porque en el sexenio del dicharachero Presidente Fox la construcción fue una de las áreas más dinámicas. Los diputados priistas querían darle cuello a la ley vigente porque protegía a los consumidores y eso "representa(ba) un riesgo evidente" para el "sector de la vivienda".

Los cambios defendían los intereses de las inmobiliarias endureciendo, por ejemplo, las condiciones impuestas al comprador de una casa para quejarse por defectos en la construcción. También le quitaban a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la facultad de "ordenar al proveedor" quitar la publicidad o información mentirosa. Esa facultad, por cierto, fue la utilizada por la Profeco para frenar hace unos meses a los magos y adivinos que engañan televidentes. En suma, una ley hecha a la medida de las empresas y en detrimento de los millones que pasan privaciones para cumplirse el sueño de la casa propia.

La iniciativa se aprobó el miércoles 14 de diciembre del 2005 y se envió al Senado. Era el último día de sesiones y sin discutirla fue aprobada con los votos en contra de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN). Estuvieron a favor el Revolucionario Institucional, el Verde y los tres partidos que en el 2006 crearían el Frente Amplio Progresista: Partido del Trabajo, Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática. Se reconfirma que diciembre del 2005 fue el "Mes de la izquierda descuidada". En aquellas semanas la fracción del PRD, dirigida por Pablo Gómez, votó todo lo que le pusieron por enfrente: la Ley Televisa y unas reformas que lesionan a millones de consumidores. En el Senado pasó lo mismo: el 26 de abril de este año fue aprobada sin discusión.

El atraco se hubiera consumado de no haber sido porque uno de los diputados panistas que votó en contra, Antonio Morales de la Peña, fue nombrado Procurador de Defensa de los Consumidores. La Profeco trabajó varios meses con la Consejería Jurídica de la Presidencia para generar el primer veto de Felipe Calderón a una ley que lesionaba el interés general. Una decisión positiva que compensa en algo las medidas que generalmente toman los gobiernos panistas a favor del sector privado.

El voto y el veto me llevan a discutir un misterio. ¿Por qué si el PRD quiere ser el abanderado de las mayorías no le dedicó atención a una ley que desde la exposición de motivos favorecía a unos cuantos en perjuicio de toda la población? En este caso, puede tratarse de un descuido, pero en términos generales la izquierda mexicana en el Congreso no pareciera saber cómo manejarse frente a la economía de mercado a la cual rechaza de manera impulsiva porque la ven como sinónimo de desigualdad. Como en su programa tampoco está sustituirla, se refugia en una evasión que termina facilitando los atracos a los consumidores.

Un filósofo español, Daniel Innerarity, escribió una columna en la cual propone que la izquierda debe utilizar las reglas de la economía de mercado para combatir la desigualdad. Así, reivindica que la competencia es un "auténtico valor de izquierda" porque se la puede utilizar para enfrentar a los monopolios públicos o privados; sobre todo cuanto éstos han dejado de proveer bienes en "condiciones económicamente eficaces y socialmente ventajosas" ("Salir del pesimismo", El País, 7 de septiembre de 2007).

Un razonamiento idéntico podría hacerse sobre los consumidores. En la medida en la que se les defienda frente a los productores, se incrementan sus ingresos y se contienen los excesos de un liberalismo que favorece a los productores. En "La riqueza de las naciones" (1776), Adam Smith ya sostenía que "el consumo es el solo propósito y fin de la producción", pero que "el interés del consumidor es constantemente sacrificado en pos del interés del productor".

Nuestra Constitución está plagada de buenos deseos y en el artículo 28 se dice que "la ley protegerá a los consumidores". Precepto ignorado porque ningún partido incorpora la idea en sus programas y sólo se involucran en casos aislados. En la historia aquí contada, un gobierno de derecha defendió el bien común mientras que la izquierda no entiende que los obreros, los campesinos y los ciudadanos también somos consumidores.

Sergio Aguayo
saguayo@colmex.mx
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Por eso yo estoy a favor del libre mercado, cero monopolios, públicos, estatales o privados. Cuando hay libre mercado y por X o Y razón alguien esta obteniendo ganancias muy altas, rápidamente aparecen competidores y los precios bajan. Pero en un mercado como el de México, donde, por ley, hay monopolios y/o se limita la entrada de nuevos competidores dizque para proteger la planta productiva nacional, quienes pierden son los consumidores. Y consumidores somos todos, todos los mexicanos. Ya sea en el sector agrícola, en el campo, en el industrial o comercial, nunca se debe proteger a los productores, pues cuando se protege a un sector productivo, el afectado es el consumidor. Lamentablemente los consumidores no estamos unidos, no formamos sindicatos ni agrupaciones, ni bloqueamos calles ni hacemos manifestaciones. Somos la mayoría silenciosa que siempre apechuga. No es con proteccionismos, de ningún tipo, como se combatirá la pobreza.

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La partidocracia se consolida a cambio de 3 cacahuates. Ahora los partidos son aún más poderosos, con menos límites. Y la seudo reforma fiscal no es más que una miscelánea grandota, que sigue enfocándose en los que siempre pagamos.





Cartón de Paco Calderón publicado hoy en distintos medios.

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La definición de los derechos de propiedad es uno de los elementos que más incide en la conformación del ambiente de confianza que estimula inversiones y la creación de fuentes de empleo permanente. La falta de confianza, a contrario sensu, desestimula al inversionista -al margen de su origen- a tomar riesgos.

La falta de claridad en las leyes y la discrecionalidad del funcionario para aplicar éstas son los puntos señalados por los analistas, desde hace muchos años, como lo que debe corregirse para romper el círculo vicioso que da por resultado tasas de crecimiento bajas e incertidumbre, que reduce el horizonte de las inversiones, pues privilegia el corto plazo.

Otro elemento que merece comentarse, por la incidencia negativa que en materia de inversión tiene, es la conducta mostrada estos últimos meses por diputados y senadores, por razones que la sociedad en general, y los ciudadanos en particular, desconocen.

La predictibilidad de las políticas públicas o dicho de otra manera, la certidumbre en el hecho de que una ley estará mañana vigente y su modificación posterior no va a depender del capricho de un legislador o de un grupo de ellos, juega también una papel importante en la generación de confianza y propicia la estabilidad de toda economía. Tomar una decisión de inversión basada en las condiciones que hoy privan en tal o cual actividad económica y la certidumbre de su permanencia en el tiempo, forman parte del análisis general de una inversión que todo agente económico realiza.

Lo que hoy "cocinan" senadores y diputados es la muestra, además de la irresponsabilidad extrema de quien debe legislar en beneficio de la sociedad y no de un grupo específico –en este caso ellos mismos y sus partidos-, es la expresión del desprecio que tienen por el desarrollo del país. Sus caprichos y fobias son el argumento casi único de quienes hoy, con una representación que deshonran, legislan por ellos y para ellos.

La discusión no es, como algunos tratan de hacer ver, de pesos y centavos; querer limitarla a ese aspecto no sólo muestra ignorancia de lo que está en juego sino que al plantearlo, el que lo hace se vuelve cómplice de políticos que no han sabido perder, que no han querido aceptar que los ciudadanos los rechazaron. Están estos, en pocas palabras, a la búsqueda de venganza y no de una mejor pieza legislativa.

Hoy, por un capricho y la soberbia del derrotado, se lanzan contra un grupo de empresarios y ¿mañana? ¿Quién será el objeto de la ira de estos políticos derrotados e incapaces de aceptar que no son atractivos para el ciudadano? ¿Inventarán agravios en contra de los concesionarios de algún aeropuerto o autopista? ¿Amenazarán con alguna reforma legal a quien obtuvo legalmente y arriesgando sus recursos, un título de concesión legítimo? ¿Esto que hoy hacen, piensan acaso que va a estimular a nuevos inversionistas a tomar riesgos en México bajo la figura de la concesión?

Si lo piensan, qué ingenuos son. Lo que están haciendo es enviar un mensaje nefasto a muchos inversionistas -nacionales o extranjeros- que ven en México un lugar atractivo para invertir y obtener un retorno adecuado al nivel de riesgo a tomar.

Los rasgos de autoritarismo que hoy exhiben sin recato los promotores de estas modificaciones legales y algunas que están preparando, es querer revivir una época que creímos superada en México. Nos hemos equivocado totalmente, ese autoritarismo que tanto daño hizo al país, ahí está vivo y coleando.

Muchos de los que hoy promueven este conjunto de medidas resultado de fobias y caprichos pero no de necesidades del desarrollo, son empresarios ellos mismos; es más, algunos de ellos son empresarios de radio y televisión y no creo que estén contentos de ver cómo su patrimonio es puesto en riesgo para satisfacer el ego de un desquiciado y cumplir los caprichos de perdedores amargados.

Este es el México real; estos son nuestros políticos. No es necesario inventar peor pesadilla; el desempeño de nuestros legisladores y sus motivaciones mostradas en este tema, la superaría sin duda.

Ángel Verdugo

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No se confundan. La telecracia quiere evitar que la despojen de las pingües ganancias que obtienen todos los años por las campañas electorales. Esa es la única parte positiva, junto con al reducción de los tiempos de campaña, de la seudo reforma electoral. De ahí en fuera todo es negativo, es un retroceso. Representa realmente un ataque a la libertad de expresión, al derecho que tenemos todos los ciudadanos de ser votados. No hay reelección de legisladores, no hay reducción en el número de legisladores, no hay candidaturas independientes, no hay reducción real en los tiempos al aire para las campañas, hay un aumento en el dinero que recibirán los partidos, sobre todo los grandes. El IFE, y cualquier organismo autónomo, queda vulnerable al capricho de los políticos. Digamos NO a la partidocracia.

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No comprendo cómo amigos y analistas reconocidos siguen insistiendo en que los actos dinamiteros contra instalaciones de Pemex no son acciones terroristas, por el solo hecho de que, hasta ahora, no haya habido muertos en esas acciones. El terrorismo se define como "la práctica política que recurre sistemáticamente a la violencia contra las personas o las cosas provocando el terror", según el Diccionario político de Norberto Bobbio.

Y no se puede definir más que como terrorista la colocación de explosivos relativamente poderosos en gasoductos (entre ellos uno de los más importantes del país, el que une a Minatitlán con la Ciudad de México), que producen detonaciones que simplemente no pueden ser controladas. Olvidemos los daños materiales enormes que causan directa e indirectamente estas acciones, concentrémonos, por ejemplo, en la situación que vivieron las doce mil familias que tuvieron que ser desalojadas por las explosiones. En este sentido, la posibilidad de que haya víctimas humanas o no depende, solamente, del factor suerte, nadie puede garantizar que no haya muertos cuando se vuela un gasoducto y nadie, tampoco, puede dudar del efecto perturbador para la sociedad de esas acciones que, además, atentan contra el que hoy constituye el principal patrimonio de la nación.

Las acciones terroristas afectan, sin duda, al gobierno, a Pemex, a las grandes empresas, pero también y sobre todo a la gente: que le expliquen a los desalojados que el atentado no era en su contra y no buscaba afectarlos; que le expliquen a los trabajadores de Volkswagen (y de las innumerables empresas que se quedaron sin abasto de gas en todo el centro del país) que no trabajarán durante toda una semana, que no cobrarán por lo menos siete días de salario, que las explosiones no los perjudicaron.

No nos equivoquemos. Estemos o no de acuerdo con los grupos que enarbolan salidas radicales, el terrorismo no es una acción revolucionaria. Los eperristas y sus distintos desprendimientos, que distan de conocer más o menos a fondo las teorías que dicen defender, tendrían que leer, por lo menos, al Che Guevara, quien consideraba las acciones terroristas como "un arma negativa que no produce en ningún caso los efectos deseados y que puede inducir a un pueblo a ponerse en contra de un determinado movimiento revolucionario", según se puede leer en el libro Guerra de guerrillas. Ni siquiera aborda el tema de si la violencia en sí es un arma política legítima. Lo que no lo es, indudablemente, es el terror.

En realidad, se trata de acciones que terminan siendo contraproducentes para los objetivos que dicen defender. Un hecho que se acrecienta, además, porque ese tipo de organizaciones, históricamente, han tenido un profundo grado de infiltración de parte de grupos de poder absolutamente ajenos a las mismas, lo que incluso ha derivado en ajustes de cuentas muy cruentos entre las propias organizaciones armadas. El zapatismo, que desperdició una enorme oportunidad con el fin de mostrarse como un movimiento social de izquierda con objetivos claros para el conjunto de la sociedad, hasta convertirse hoy en un simple referente histórico, no supo comprenderlo plenamente, nunca entendió que la vía política le daba mayores oportunidades que la armada. Pero sus amigos-adversarios del EPR y sus diferentes derivaciones, tampoco lo comprendieron, porque en unos pocos meses el zapatismo tuvo mucha mayor resonancia pública e influencia que ellos en décadas de lucha clandestina y armada.

No ganan con estos atentados, como no ganaron con el autobomba en Plaza Universidad ni con los ataques en La Crucecita y Tlaxiaco. Pierden, pero al mismo tiempo, desestabilizan. E incomprensiblemente, buena parte del sistema político no lo quiere entender ni comprender.

El Congreso, preocupado en acaparar espacios de poder no tiene tiempo para ocuparse de estos asuntos. No tienen tiempo para analizar las iniciativas de temas de seguridad ni las reformas al sistema judicial ni para impulsar la construcción de un sistema de inteligencia digno de llamarse de esa manera. Es más, ni siquiera les ha alcanzado para rechazar públicamente estos atentados, preocupados, como están, en quedarse con mayores espacios de poder, en construir una partidocracia.

Un encuentro decepcionante

Estar ayer en las oficinas del Senado, hablando sobre el futuro de una reforma que se intentaría votar apenas unas horas después, fue decepcionante: la soberbia y la distancia con la realidad de muchos de los senadores presentes, incluidos algunos de los legisladores más sólidos de los diferentes partidos, hablando una y otra vez de la democracia y la libertad, pero sin hacer concesión alguna con respecto a sus propias atribuciones, cuando están engendrando una suerte de golpe totalitario contra las instituciones democráticas, sólo podía compararse al senador Pablo Gómez reclamando el respeto a su investidura cuando amenazaba a los medios de comunicación y hablaba de respetar el voto ciudadano que lo había llevado a esa posición (¿sólo se debe respetar el voto que lo llevó a él al Senado?); o a María de los Ángeles Moreno tratando de explicar que la mala imagen de los partidos y el Congreso es porque no pueden en quince segundos explicarse a la ciudadanía; o a Ricardo García Cervantes diciendo que se había abierto la consulta sobre el tema desde abril pasado, si la primera reunión con la Cámara y los comunicadores se estaba realizando cuando se intentaba apenas dos horas después aprobar, sin cambios, un dictamen con el cual los partidos intentan quedarse con todo a cambio de nada: con el control del IFE, del Tribunal Electoral, con los espacios de los medios, con el dinero. Y sin siquiera informarle al conjunto de los legisladores qué es lo que negocian. Hugo Chávez estaría feliz.

Jorge Fernández Menéndez

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Seguramente, el Ejército Popular Revolucionario, grupo guerrillero que en el pasado se ha adjudicado actos de sabotaje a las instalaciones de Pemex, o uno de sus similares, han de estar de plácemes: sus juegos pirotécnicos en Veracruz afectaron los futuros del precio internacional de gas natural elevándolo ayer en más de 2 por ciento en el mercado mercantil de Nueva York.

Ello tras el acto de terrorismo perpetrado, haciendo explotar tres líneas de conducción de crudo y gas, y obligando a la evacuación de más de 12 mil personas.

Recordemos que hace un par de meses, en julio, el EPR se hizo responsable de otros tres ataques a la paraestatal, uno de ellos afectando la producción industrial en la zona de Jalisco.

Nuestro Ejército ha destacado a más de 5 mil soldados de élite para salvaguardar las instalaciones de Pemex contra estos actos de terrorismo: queda claro que quizás se requieran 50 mil tropas para proteger las extensas instalaciones de este monopolio gubernamental que luce sumamente VULNERABLE.

En un principio, el EPR operaba en Oaxaca y Guerrero; ahora, existe evidencia que sugiere que ya se desplazan a sus anchas por todo el País causando estragos, pues además de esta reciente explosión en Veracruz, también se sospecha que causaron un incendio en la refinería de Cadereyta.

El modus operandi ya establecido de este grupo deja claramente manifiesto que su intención es minar al Gobierno de Felipe Calderón y generar zozobra, seguramente como parte de un plan político de DESESTABILIZACIÓN.

A "alguien" se le ha metido en la cabeza ponerle piedritas en el camino a Felipe Calderón, alguien que quizás ya antes, por ejemplo en Tabasco, tomó y quemó instalaciones de Pemex probando ahí las "mieles del éxito" en cuanto al chantaje político se refiere.

Ese alguien pudiera ser el ala radical de los "pejistas" que, si no está detrás, cuando menos alienta estos atentados terroristas.

Decir que esta actitud es poco patriota es recalcar lo obvio, ya que más que fastidiar a Calderón, le están causando daño irreparable a México y a los mexicanos.

Tan precaria es la estructura económica sobre la que estamos montados que con el sabotaje realizado por el EPR se dispararon los precios internacionales del gas, ya que el equilibrio entre la demanda y la oferta es sumamente delicado.

Íntimamente ligado a nuestra producción industrial está este insumo, el cual sirve de materia prima por excelencia para la generación de ELECTRICIDAD, pero además interviene como elemento básico en la industria acerera, del vidrio, de la cerámica, de la llantera, química, y muchas otras cuyo impulso es vital para el desarrollo económico.

De manera que esta gente, que se dice ser ejército "popular", está atentando con sus explosiones contra el bienestar del pueblo.

No cabe la menor duda de que si nuestra producción industrial sufre, también sufrirá la planta laboral: se perderán empleos, irremediablemente, y con ellos el bienestar de miles de familias mexicanas.

Actos de terrorismo puro como el descrito lo único que logran es promover más la miseria y la pobreza, al tiempo que dificultan la promoción de la producción industrial y el crecimiento económico de México.

Al desestabilizar el País y crear intranquilidad y zozobra, no hacen otra cosa que acabar con la posibilidad de lograr altos niveles de crecimientos económicos como los logrados por Chile, China, Brasil, India y otros competidores, condenando así a la clase obrera mexicana a un futuro incierto.

¡Flaco favor le hace entonces, con su terrorismo, el EPR al pueblo que dice defender y representar!

El abogado del pueblo
fricase@elnorte.com

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Los ricos, los dueños del capital, nunca pierden. Cuando mucho dejan de ganar por un tiempo. Quien pierde es el pueblo, pues si no crece la economía, si no hay inversión productiva, si no hay generación de empleos, la pobreza no sólo se mantiene, sino que crece, se expande. Quienes ya tenían algún ingreso fijo, un trabajo estable, pueden perderlo todo. Quien ya había podido superarse estudiando, se graduará y tendrá menos posibilidades de encontrar un buen empleo. Si no hay crecimiento económico, si no hay estabilidad, quien pierde mas siempre es el pobre. ¿No se dan cuenta de ello estos radicales?

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El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.

No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.

Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.

Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.

La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.

Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.

Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.

Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.

México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.

Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.

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Hace una semana discutíamos la ausencia de razones para decapitar a los consejeros del IFE. De pronto, brinca una iniciativa para prohibir cualquier contratación directa de propaganda por parte de los partidos en los medios masivos de comunicación. Con gran habilidad, los medios presentaron la resistencia a la remoción en el IFE como parte de un rechazo total a la reforma. Otros involucrados utilizaron el rechazo a la remoción para enredar más el asunto: los que se resisten a la remoción apoyan a los medios. Se trata de una auténtica afrenta al sentido común y una ofensa a quienes defendemos la inamovilidad de los consejeros.

Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a la nación. ¿Necesita México una reforma fiscal? Sí, es la respuesta, urgente. ¿Necesita una reforma política? Sin duda. Pero entre las dos hay una diferencia no menor: de la fiscal depende la prosperidad de decenas de millones. La reforma política atañe a los básicamente intereses de las cúpulas partidarias. Condicionar la una por la otra es perder el sentido de prioridad nacional.

El actual esquema electoral administró exitosamente la elección del 1997 y la del 2000. Todos conformes. En la del 2006 uno de los actores políticos se encargó de sembrar todas las dudas posibles. Hoy alrededor de 30 por ciento de la población cree que en el 2006 hubo fraude. Ese simple hecho avala la necesidad de la reforma. Pero momento: ¿cuándo se planteó que la remoción de los consejeros era parte central de la solución? La propuesta surgió de los pasillos del poder. Las razones o argumentos públicos brillan por su ausencia. Curiosamente no se modifica el mecanismo de designación: sigue siendo un territorio exclusivo de los partidos. Allí está la deformación de origen.

Confundir daña a México. Insisto: ¿por qué se condicionó la reforma fiscal a la política? ¿Cuál es el trueque? ¿En qué momento las cabezas de los consejeros fueron materia de canje? ¿Qué tiene esto que ver con cómo incrementar la recaudación? Y, finalmente, ¿qué tiene todo lo anterior qué ver con la prohibición de contratar propaganda política en los medios? El revoltijo es profundamente perverso.

Vamos por partes. Se puede estar a favor en lo general de la reforma fiscal, en lo general a favor de la reforma política, pero tener puntos de divergencia. Por ejemplo, la reforma política plantea la necesidad de prohibir la propaganda "negativa". ¿Quién va a regular el uso de las ideas, no estaremos en el fondo erigiendo una nueva Inquisición? Para eso están la calumnia y difamación en su modalidad civil.

Otros ejemplos. Bienvenido el uso de los tiempos oficiales, por fin. Bienvenida la regulación del uso excesivo de los medios, y la promoción personal con dineros públicos. Pero la prohibición es un nuevo candado que también queda indirectamente en manos de los partidos. Prohibir resulta el otro extremo. Siguiendo el sexto constitucional cualquiera debe tener el derecho de transmitir sus ideas por los medios. Van tres prohibiciones. La argumentación prohibitiva no contempla que la radio, rama que sería la primera afectada, ha contribuido notablemente a la información y politización de la sociedad mexicana. Que Televisa y TVAzteca lleven una porción importante no explica la miopía de principios. Los domina el odio. Confundir daña.

Ojalá se abra una nueva cadena nacional, pero no caigamos en la versión de los cangrejos: hundir al competidor para trepar nosotros. En un país con cerca de 100 mil poblados con menos de mil habitantes, los medios nacionales y, sobre todo, los locales han sido centrales. El avance en la politización es inexplicable sin los medios. Por qué irnos a los extremos, se puede regular la contratación con fondos públicos; que se usen los tiempos oficiales. Salir del despilfarro televisivo no supone coartar una libertad. Eso es, por lo menos, falta de imaginación. Por cierto, qué tiene que ver la remoción de los consejeros en todo este embrollo. Nada. Confundir daña.

Por qué no separar los asuntos. El revoltijo sólo beneficia la truculencia. La CETU, ITU o como termine llamándose, no tiene nada que ver con la necesidad de un relevo programado y sistemático de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal que también entraron al trueque. La CETU o ITU no tienen nada que ver con la contratación de tiempos en radio y televisión. Los excesos son evidentes, pero si por los excesos nos regimos, entonces, habría que prohibir los automóviles por todos los accidentes imprudenciales o el uso de ciertas medicinas por la misma razón.

Cerrar las puertas a los nuevos partidos; perseguir las campañas "negativas"; prohibir el uso de los medios y correr a los consejeros y magistrados, ése es el corazón de la propuesta actual no la que dicen que viene en la mesa 44. No hay ni una reforma sobre ellos mismos. Olvidan su brutal descrédito. Los recursos que les quitan al uso de medios los trasladan a sus propias arcas. Serán gastados de otra forma. ¿Qué gana el ciudadano?

Ni reelección en presidencias municipales, diputaciones o senadurías, prohibición a las candidaturas independientes, más presupuesto para las burocracias, vaya avance. Acreditar la actual propuesta de reforma electoral -antiliberal, contraria a la fortaleza e independencia de las instituciones y mañosa- por la esperanza de la mesa 44 es caer en los engaños de la burocracia partidista. Aquí estamos, a 11 de septiembre, sin la urgente reforma fiscal que necesita el país y discutiendo obsesiones y caprichos. Confundir puede ser un buen negocio privado, pero daña a México.

Federico Reyes Heroles

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La política suele atropellar una tarea esencial de la inteligencia: el deber de discernir. Separar lo que es distinto; distinguir lo uno de lo otro, advertir la diferencia entre cosas que parecen la misma. Mientras la razón llama a separar, a deshilar una madeja de cuerdas enredadas, las simplificaciones de la política sugieren reducir la complejidad en opciones binarias. Bueno-malo; propio-ajeno; válido-dañino.

Ésa es la presión hoy para evaluar la propuesta de reforma electoral. El objetivo es sintetizar una propuesta en un adjetivo rotundo que sirva para perfilar una acción: promover u objetar. Vale el esfuerzo resistir esa tentación del calificativo concluyente y buscar los denominadores múltiples y contradictorios de una iniciativa importante.

Advertiría una marca esencial en la propuesta. La coincidencia que le da origen delata el interés común de los tres grandes partidos de protegerse frente a quienes tienen por enemigos. Se golpea a los partidos pequeños, se estorba aun más la aparición de nuevas organizaciones, se formaliza la prohibición de candidaturas independientes, se interviene al árbitro, se rompe el financiamiento electoral a los medios. Se abaratan las contiendas, es cierto, pero no se lastima económicamente a los partidos grandes. Los partidos incluso instauran en la Constitución el deber de los contribuyentes de mantenerlos.

Elegante medida: la inversión en educación caerá en el vaivén de las negociaciones anuales, pero, eso sí, las remesas a los partidos estarán a salvo. No lamento que se limite el espacio de los pequeños partidos que han sido, todos, un gran fiasco. Lo que parece preocupante es que quede sellado un sistema de partidos que necesita oxígeno. Se trata, en efecto, de una reforma de la partidocracia para reforzar ese régimen.

Se pretende constitucionalizar el paternalismo que se asomó judicialmente en las elecciones pasadas. La iniciativa prohíbe "denigrar" a las instituciones, a los partidos y a las personas. La propuesta es un grave atentado a la libertad de expresión, un atentado, en consecuencia, al debate libre. Los promotores de esta iniciativa imaginan un debate en donde ninguno de los candidatos se atreva a empañar la imagen pública de sus contrincantes. ¿Qué debate es aquel donde es ilícito resaltar los aspectos negativos del adversario? Gravísimo retroceso que parte de un entendimiento erróneo de lo que sucedió en el 2006 y que ha puesto énfasis en la llamada "guerra sucia," como clave para entender el desenlace de julio.

Para tener una democracia auténtica, nos dicen, hay que eliminar los ataques para instaurar un ágora de discusiones cerebrales, donde imperen las propuestas y las ideas. Alegato provinciano que no se ha enterado de la rispidez y la emotividad de toda campaña política. Las estrategias negativas son un elemento esencial del debate político. Son apuestas, esto es, decisiones con riesgo, que ofrecen información valiosa a la ciudadanía. Si se cree en la capacidad de los ciudadanos para evaluar el actuar político, debe dejársele a ellos juzgar el mérito de las denuncias o el ataque.

El relevo escalonado de los consejeros electorales es una medida sensata. El órgano se iría reconfigurando de manera lenta, combinando experiencia y renovación. Lo que resulta grave es que los partidos políticos castiguen al órgano electoral a través de la remoción. El árbitro que debe elevarse por encima de las disputas partidistas se convertiría en moneda de cambio, en pieza de subasta.

También se pueden apreciar elementos positivos en la iniciativa. La reducción de los tiempos de campaña es uno de ellos. Si la iniciativa prospera tendremos contiendas presidenciales más breves, campañas notablemente más cortas y más baratas. También me parece valioso regular el sentido de la propaganda oficial. La publicidad de los órganos públicos no podrá contener nombres o símbolos que supongan promoción personal. Podría ponerse fin a esa práctica grotesca que nos ha inundado en fechas recientes: alcaldes, gobernadores y presidentes dilapidando las arcas públicas elogiándose en los medios. El cambio es un avance, pero es insuficiente. El derroche se muestra igualmente en campañas institucionales tan anodinas como la del Senado que sigue teniendo permiso para bombardearnos con su cursilería.

Lo más positivo en la propuesta sería la modificación del vínculo entre partidos y medios. Se ha divulgado que los partidos dejarían de contratar por sí mismos anuncios y "spots". Los partidos difundirían su mensaje a través de los tiempos oficiales del Estado. Se trata de terminar con la perversa conexión entre partidos y medios que ha conformado un extraño gravamen. Existe, en efecto, un impuesto electoral que extrae recursos de los contribuyentes para transferirlos, a través de los partidos, a los bolsillos de los medios. Es razonable que en tiempos de campaña se empleen los espacios del Estado mexicano como plataforma de difusión de los partidos.

Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com

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Los partidos tradicionales -PRI, PAN y PRD- parecen haber llegado a la conclusión de que hay que remover a algunos o a todos los consejeros electorales. Las razones parecen ser tan obvias que nadie las dice con detalle, y nos dejan suponer que los motivos tienen que ver con el proceso electoral del 2006, cuando en realidad todo tiene mayor sustento en la coyuntura. Esos partidos alcanzaron sus acuerdos y cuando parecía que todo se iba a resolver de un plumazo, se cruzaron tres eventos que podrían salvar al Consejo General de su remoción.

En primer lugar, parece que han empezado las traiciones dentro del grupo de los tres. Los sólidos acuerdos que parecían existir sobre los tiempos y rutas de la reforma electoral y la fiscal se han entrampado, y sin duda un factor son los impuestos. Con esto se ha ampliado el espacio de maniobra y acción de los consejeros. En segundo lugar, Luis Carlos Ugalde lanzó una ofensiva mediática buscando elevar el costo político de su remoción colocando en la discusión el tema del daño institucional ante su eventual salida. Esta ofensiva empezó a tener algún impacto, pero realmente se catapultó cuando se hizo pública una de las partes más interesantes de la reforma: la restricción a contratar directamente a medios masivos por parte de los partidos. En ese instante, varios medios abrazaron la ofensiva de Ugalde para, aprovechando el viaje, golpear los intentos de modificación de la ley electoral. En tercer lugar, un grupo de notables personajes firmaron un desplegado cuestionando, con bastantes fundamentos, la remoción de los consejeros y consejeras y apuntaron a la importancia de mantener autónomo al IFE.

Así que después de haber estado en el abandono y olvido político, el IFE ha recibido el apoyo de los conflictos entre los partidos, de las televisoras y radiodifusoras con sus intereses vulnerados y de un grupo de intelectuales. Y sin embargo, la discusión de más fondo sigue ignorada. El centro del debate debiese ser la forma, la manera en la que el Consejo General es electo y, por ende, la gran cantidad de compromisos que les acompañan, lo que vulnera su autonomía de facto. Si la propuesta de removerles no viene acompañada de una sensible transformación del mecanismo de elección, no servirá de absolutamente nada obtener estas renuncias y el costo que pagarán los partidos tradicionales será sólo para tratar de tener mayor control sobre las elecciones y no menos.

Hoy, si uno quisiera ser consejero, el primer paso -y casi único-, sería el de conseguir el apoyo incondicional de algún partido. Eso es todo lo que se requiere para llegar. Bueno, eso y no ser vetado por otro partido. Todos queremos una autoridad electoral en el 2009 que no sea cuestionada a cada paso que dé, cuyas decisiones sean respetadas, por controversiales que sean. Pero nada garantiza que el siguiente consejo, electo por estos partidos, logre eso. La tragedia es que, en medio de si los consejeros se van o no, hemos perdido de vista la discusión más amplia y relevante. Esa discusión que nos coloca frente a una reforma que sí le reduce el presupuesto a los partidos, pero se los baja más a los minoritarios. Es una reforma que sí limita el acceso a medios, pero que lo hace con una gran inequidad. Es una reforma que atiende la distorsión electoral de las coaliciones, pero deja sin muchas herramientas la construcción de frentes políticos, que son absolutamente legítimos. Esta reforma da pasos importantes y hasta audaces en varios sentidos, pero se ha quedado absurdamente estancada en las personas que ocupan unos cargos.

La salida de los consejeros sólo se explica y se sostiene en el marco de una reforma electoral integral, inteligente y progresista, una que no excluya ni que coloque en franca desventaja a los participantes políticos. Que nos ayude a resolver asuntos del pasado y también nos coloque en el futuro. México es diverso y plural, y su sistema de partidos debe reflejar esa realidad. Quitar a este consejo por consigna no ayuda a resolver el problema de la democracia mexicana ni del funcionamiento de su institución, y mucho menos si no se cambia de fondo el formato de selección. Pero lo que es un hecho es que en este debate ya se cruzaron demasiados intereses y anuncia una derrota más para los idealistas.


Luciano Pascoe Rippey
http://lucianopascoe.spaces.live.com/

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Una marca de alimentos decide que su publicidad televisiva privilegie el color verde. Un cantante usa corbatas amarillas. Una telenovela utiliza como fondo musical la canción "Azul" de Agustín Lara. Éstos y otros muchos ejemplos menos inocuos, ¿serían considerados como una publicidad ilícita por la nueva legislación electoral? Claro que no, pero hago votos porque la discursión legislativa sobre la reforma electoral que tendrá lugar esta semana tenga sumo cuidado en no arrojar el agua de la libertad con todo y el niño de la democracia fuera de la tina nacional.

Hay mucha hipocresía en los corrillos políticos en torno al papel que jugaron los medios en las pasadas elecciones. López Obrador -que se presenta como el principal agraviado- tuvo a su disposición cámaras y micrófonos en una precampaña que comenzó el día en que tomó posesión como Jefe de Gobierno del DF. Pedir que lo dieran "por muerto" era la señal perfecta para darlo por vivo, y esa atención espontánea siguió hasta las postrimerías de la elección.

Es verdad que se utilizó profusamente publicidad "negativa" en su contra, sobre todo aquella que lo señalaba como un "peligro para México". Pero, al margen de lo habitual que ese tipo de publicidad es en toda democracia moderna, ¿qué otra cosa había hecho él, sino advertir desde la tribuna de su poder (y utilizando a menudo los recursos públicos), la vasta conspiración de "la derecha" contra México? La "derecha" -definida por el propio líder máximo de la izquierda como todo aquel grupo o persona que se le opusiera- no era sólo "un peligro para México": no era México, no es México, es el anti-México.

Finalmente, más pronto cae un hablador que un cojo: López Obrador acaba de declarar en Puebla que las Cámaras se han convertido... "en un peligro para México" porque las iniciativas que "discuten en tribuna representan un retroceso" y responden "a una agenda establecida desde el extranjero por el Fondo Monetario Internacional". ¿Existe alguna duda de cómo hubiese procedido con respecto a las instituciones, de haber triunfado en los comicios?

Con todo, al igual que sus adversarios, el señor debería estar en su derecho de usar la palabra "peligro" como le venga en gana, y cuantas veces le venga en gana. Creerle o no creerle es decisión de los ciudadanos. Si somos congruentes con los valores de una democracia liberal, en las campañas del 2009 y 2012 los partidos, partidarios, candidatos y ciudadanos deberían poder decir esas cosas, y cosas peores. Las opiniones políticas no deben ser delitos. Ésa es la esencia de la libertad. Usarla con responsabilidad es un arduo aprendizaje colectivo, pero no puede ser impuesto. El verdadero peligro en una democracia está en coartar la libertad de expresión. Por eso los dictadores le temen tanto.

Introducir, como propone la reforma del Artículo 41, el concepto de "denigración" como un valladar legal en defensa de las instituciones, los partidos y las personas, puede resultar incompatible con el Artículo 6 Constitucional sobre la libertad de expresión. Karl Popper, el gran liberal, abogaba por el establecimiento de una comisión interna de autorregulación en los medios, que se comprometiera a cuidar los contenidos agresivos en ciertos programas. Pero nunca abogó por una comisión reguladora en la política.

No es correcto que los partidos dispongan de los escandalosos recursos que ahora tienen. Tampoco que el poder económico decida la agenda pública. Acotar ambas cosas me parecería un acierto. Que el IFE medie en la compra de publicidad, me lo parece también. Sin embargo, puedo pensar en un escenario en el que la modificación propuesta podría volverse contra nuestro sano desarrollo democrático.

De aprobarse la reforma en sus términos actuales, ningún grupo (un nuevo movimiento ciudadano, una ONG) podría defender en el futuro sus puntos de vista (o criticar el de otros) en espacios que no sean los noticieros o programas similares, lo cual atizaría la susceptibilidad con respecto a éstos, inhibiendo la libertad. El problema no es insoluble: requiere creatividad y buena fe.

Si en verdad les importa comunicar de manera cabal e inteligente sus ideas, sería aconsejable que los diputados y senadores estudiaran los intensos debates que ahora mismo está llevando el Partido Demócrata en Miami. Como vehículos de comunicación política para el elector, estos debates son más eficaces que las campañas publicitarias. Porque si algo faltó en el 2006 fueron precisamente debates auténticos, no ese par de rígidas y solemnes pantomimas que tuvieron lugar y que sin embargo jugaron un papel decisivo para normar el voto público. Los debates entre candidatos deben ser obligatorios. Su formato y contenido debe ser objeto de una intensa discusión pública y una reglamentación apropiada.

Los debates por televisión pueden ser la mejor clase de democracia, tolerancia y civilidad para el elector mexicano, la demostración palpable de que las personas pueden diferir en asuntos esenciales pero que esas diferencias no tienen por qué traducirse en actos de violencia.

Enrique Krauze

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La telecracia y la partidocracia están de pleito. Ambas partes atacan al oponente con argumentos ciertos, pero sólo los que les convienen. No caigamos en su juego. La partidocracia nos quiere recetar una seudo reforma electoral que sólo hará más fuerte el poder de los partidos. Y la telecracia, usando a la autonomía del IFE como ariete, quiere evitar que le cancelen el negocio que cada año tienen por las campañas electorales. Una guerra de intereses particulares. Ataquemos a ambos bandos.

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México nunca volvería a ser el mismo. La expropiación de los bancos en 1982 se explicó de diversas maneras, pero tuvo una enorme consecuencia que sus autores nunca imaginaron: la destrucción de la confianza. Un cuarto de siglo después, tras dedicar 25 años casi íntegramente a tratar de reconstruir esa confianza, el País no la ha recobrado del todo. Sin embargo, en 2006 México mostró que, a pesar del embate e intentos irredentos por minar la confianza, ésta se mantuvo, al menos por lo que toca a los mercados financieros. Si algo prueban estos cinco lustros es que la confianza, a pesar de su fragilidad, es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Igual de claro es que se requiere una visión de futuro, en un contexto de confianza, para lograr ese desarrollo.

La expropiación de los bancos fue un acto inusitado. Luego de décadas de crecimiento y desarrollo, fortaleza y vigor, durante los 70 el sistema fue incrementalmente debilitado y subordinado a las preferencias financieras gubernamentales. Con el crecimiento de la inflación, los bancos vieron deterioradas sus finanzas, desaparecieron los créditos de tasa fija, se impusieron estrictos "cajones" para canalizar crédito a actividades improductivas y, en una palabra, se debilitó el factor clave para el desarrollo económico, toda vez que los bancos son el vaso comunicante entre el ahorro y la inversión. México llegaba al inicio de los ochenta con una banca deteriorada, que hubiera podido recuperarse con una corrección seria y necesaria a la política económica, luego de dos sexenios de pésima administración económica y financiera.

Pero no habría de ser así. En lugar de reconocer y enmendar los errores, la respuesta del entonces Presidente José López Portillo fue pasional y arbitraria, y trajo consecuencias que todavía hoy no acaban de resolverse. La expropiación de los bancos constituyó un golpe mortal a la confianza no sólo del pequeño núcleo de propietarios o accionistas de los bancos, sino de la clase media que ya tenía un sentido de ahorro y de propiedad. Al mismo tiempo, el acto de expropiar abrió una escisión en la sociedad mexicana que, como ilustró la contienda electoral del año pasado, no acaba por sanar. Ambas dinámicas, la de la confianza y la de la disputa por el futuro, han dominado la lucha política de este cuarto de siglo y no parece haber nada en el horizonte que prometa una resolución razonable para beneficio de toda la sociedad.

La expropiación también minó la confianza en las instituciones. Para un sistema político tan dado a cuidar las formas, el manejo de la expropiación fue atroz. La expropiación destruyó la confianza en el sistema legal: es interesante observar que en los considerandos del decreto de expropiación se alega todo menos la utilidad pública de la medida. Luego se procedió a llevar a cabo una enmienda constitucional para hacer permanente la arbitrariedad, tirando al basurero el concepto de la no retroactividad de las leyes.

Los mexicanos podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el sistema político posrevolucionario, pero por décadas al menos había existido la sensación de que funcionaba. El acto expropiatorio vino seguido de violaciones a las reglas no escritas de convivencia de la sociedad mexicana. Nunca antes se había amenazado a las personas en su vida, patrimonio y manejo de su destino, como ocurrió con las infames listas públicas de "sacadólares", listas de gente que, valga recordarlo, nunca cometió delito alguno.

Pronto vendría un monstruoso relajamiento en el comportamiento de los funcionarios públicos, que ahora se imaginaban destinados a salvar a la nación (con la notable excepción de don Adrián Lajous, cuyo valor cívico merece ser recordado). Hubo una psicosis tal que súbitamente comenzaron a construirse listas de blancos de expropiación: que Televisa, que las grandes tiendas comerciales; hasta un hipódromo se consideró expropiar. Como los jacobinos en la Revolución Francesa, el Gobierno, alentado por los "progres", se aprestaba a pasar por la guillotina a una ciudadanía perpleja ante el espectáculo de un gobierno dedicado a violar toda norma y ley.

Sin confianza, la economía del País se vino abajo. El déficit fiscal para ese año de 1982 ascendió al 18 por ciento del PIB y todo indicaba que estábamos al borde de la hiperinflación. De hecho hubo algunos meses en ese año y en el subsiguiente en los que la inflación mensual anualizada superó el 400 por ciento. Sólo un programa económico draconiano como el que se instrumentó a partir del inicio de 1983 podía contener la implosión de la economía.

Pero lo más importante fue que, a sabiendas del Gobierno o no, a partir de ese momento comenzaría una larga e incierta travesía, años de esfuerzos gigantescos, hacia la reconstrucción de la confianza de la población en sus instituciones y en su gobierno. Algo de eso sin duda se logró, tal y como lo ilustra la impresionante estabilidad que mostraron los indicadores financieros y macroeconómicos a lo largo del 2006, a pesar del conflicto político que se vivía.

El otro legado de la expropiación de los bancos y, de hecho, de toda la década de los 70 fue la inauguración de la era del conflicto político como medio para avanzar una agenda distinta a la del desarrollo económico por medios ortodoxos y tradicionales. Visto desde esa perspectiva, la expropiación de los bancos constituyó la culminación de los esfuerzos iniciados a partir de 1970 por cambiar el curso del desarrollo del País, conferirle al Gobierno control sobre los instrumentos de control de la economía y principales medios de producción. Para quienes avanzaban esa agenda, la expropiación de los bancos representó el primer gran paso en la construcción de ese otro México. A pesar de la derrota que en los hechos sufrió esa perspectiva, ésta nunca desapareció, y como pudimos observar en la contienda de 2006, está tan viva como siempre.

Veinticinco años de altibajos, esfuerzos en ocasiones exitosos y en otros fallidos por construir una plataforma de crecimiento económico. A lo largo de todo ese periodo, lo único que fue constante fue el intento sistemático de recobrar la confianza de la población y de los inversionistas. A estas alturas parece evidente que falta el jalón clave: el que haga funcionar a la economía, acabando con los privilegios, sin minar la confianza.

La expropiación de los bancos cambió a México, y aunque mucho del daño que provocó se ha superado, lo que no se ha podido recuperar es la confianza de que el México del mañana será mejor que el de ayer. Hay acciones y maneras de actuar cuyos costos trascienden mucho más allá de lo que cualquiera puede llegar a imaginar.

Luis Rubio
www.cidac.org
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Más de 25 años después aún no es posible eliminar, corregir, las consecuencias, los errores cometidos durante la docena trágica (1970-1982). Han habido cambios, pero han sido insuficientes, imcompletos, mal implementados y envenenados con corrupción. Lo más triste de todo esto es que todavía hay gente que piensa, que cree realmente, que las políticas implementadas en esos años fueron las correctas, y que lo que vino después de 1982 causaron los problemas. Aún hay quién piensa que estamos peor que hace 25 años. La confianza se perdió y será difícil recuperarla.

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No, porque hasta el momento no se ha esgrimido ningún argumento serio ni legal para destituir al Consejo General del IFE. De haber irregularidades y faltas, se debería abrir un juicio político contra todos o algunos de los consejeros. Habría que fincarles responsabilidades, iniciar un proceso y otorgarles el derecho a comparecer y defenderse. De otro modo, la iniciativa de remoción opera bajo una lógica estrictamente política. Los partidos dictaminan lo que quieren y cómo lo quieren. No hay por encima de ellos autoridad o árbitro que valga. Pero lo hacen, además, sin ningún sustento ético o racional.

No, porque si algo se temía de la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador era justamente que se lanzara contra las instituciones autónomas: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y, en otro nivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su derrota el 2 de julio parecía cancelar definitivamente ese peligro. Pero ahora resulta que lo que se expulsó por la puerta regresa por la ventana de atrás. Y regresa de la peor manera. Porque el fundamento último es la inconformidad de dos partidos políticos. Uno, el PRD, por las razones que todos conocemos. Y otro, el PRI, por motivaciones más bien oscuras.

No, porque el método recurre a la presión y al chantaje. El PRI y el PRD han atado la reforma fiscal a la reforma electoral. Si la segunda no pasa, dicen, la primera tampoco. El fondo del asunto es uno solo y se resume en una exigencia: o se van todos y cada uno de los consejeros o no hay trato. Semejante postura no es una forma de negociación, sino un ultimátum. Un ultimátum que retrata muy mal a perredistas y priistas. Primero, dan la imagen de chantajistas. Y segundo, aparecen como irresponsables. Porque la reforma fiscal tiene su propia lógica, urgencias y no puede quedar sujeta a caprichos.

No, porque si se impone el capricho del PRI y el PRD mediante el chantaje se sentará un pésimo precedente. El sexenio apenas comienza, ¿qué exigencia vendrá después? ¿Qué pasará si las elecciones de 2009 dejan, de nueva cuenta, inconformes a los perredistas? ¿Se volverá a impugnar el Consejo y se le destituirá otra vez? Y lo peor de todo: el nuevo Consejo quedará en una situación de debilidad: de entrada, porque en su designación tendrán mano los líderes del PRI y el PRD y, consecuentemente, se integrará por cuotas. Y después, porque los consejeros tendrán muy claro que sobre sus actuaciones y resoluciones pesa una espada de Damocles.

No, porque el actual Consejo está auditando las irregularidades de la campaña presidencial del 2006. Su trabajo va avanzado y de sus conclusiones se podrían derivar fuertes multas contra los principales partidos, como ya ocurrió en el pasado. En esa situación se podría encontrar, muy probablemente, el PRI. La remoción de los consejeros y la elección de otros nuevos retardarían irremediablemente esta resolución. Y los nuevos consejeros serían sujetos a condicionamientos y presiones durante el proceso de su selección. Lo que podría a su vez influir sobre sus futuros fallos.

No, porque el principio de inmovilidad es una condición indispensable para la autonomía de cualquier organismo o entidad. Ésta es la regla en todo el mundo. Por eso los ministros (de la Suprema Corte) o los consejeros (del IFE o del Banco de México) son electos bajo esa premisa. De otro modo, los consejeros quedan sujetos a presiones y "evaluaciones" de quienes justamente deben ser evaluados. Es cierto que la inmovilidad no garantiza siempre la imparcialidad. Basta, como ya sucedió en el pasado, con que alguno o algunos tengan aspiraciones políticas para que normen sus criterios o acciones por esas coordenadas. Pero aún en ese caso, la integración plural del Consejo terminó funcionando como un candado de seguridad.

La situación que estamos viviendo es contradictoria y grotesca. El diseño y el andamiaje definitivo del Instituto Federal Electoral data de la reforma que impulsó el Presidente Zedillo en 1996. Se le concedió entonces completa autonomía al Instituto y se procedió al nombramiento de nueve consejeros ciudadanos. El Partido de la Revolución Democrática, a través de Porfirio Muñoz Ledo, jugó un papel determinante. Se puede incluso afirmar que el objetivo fundamental de la reforma fue integrar al PRD en la mesa de las negociaciones para alcanzar la reforma electoral definitiva. La elección de 1997 se realizó bajo ese nuevo marco legal e institucional. Su resultado fue muy favorable para el PRD: ganó la ciudad de México y se convirtió en la segunda fuerza en la cámara de diputados.

No sobra entonces recordar que Porfirio Muñoz Ledo y los principales líderes del PRD saludaron esta elección como eminentemente democrática. A diferencia de lo que había ocurrido en 1994, la presencia de los partidos en los medios electrónicos y los recursos monetarios para las campañas se repartieron equitativamente. Hubo, para decirlo en dos palabras, transparencia y equidad en la contienda. Después vino la elección presidencial del año 2000 que terminó de comprobar que el marco legal e institucional garantizaba la posibilidad de la alternancia. Las quejas y las denuncias de fraude o irregularidades brillaron por su ausencia. Otro tanto se puede decir de la elección intermedia del 2003 que arrojó resultados favorables para el PRI y mediocres para el PAN, partido en el poder.

Entre los procesos electorales citados y el 2006 no hay ninguna diferencia. Rige el mismo código y el IFE sigue idéntico a sí mismo. Por eso José Woldenberg aseguró con total certeza que no había elementos para fraguar un fraude. Las inconformidades de los perredistas y el éxito mediático que tuvieron no justifican la remoción de los consejeros. Entre otras cosas, porque el IFE goza de mayor credibilidad que los partidos, los diputados y los senadores.

Por último, la actuación de los líderes priistas en este sainete es lamentable. Están golpeando y minando las instituciones que ellos mismos forjaron. Triste espectáculo y aterrante futuro. Los mexicanos merecemos más que eso.

Jaime Sánchez Susarrey

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La minireforma electoral que se esta cocinando tiene algunas cosas positivas, como la reducción del tiempo de las campañas y el hecho de que los partidos no podrán contratar directamente tiempo mediático. Pero esos pequeños cambios no justifican la remoción de los consejeros del IFE. No es una verdadera reforma electoral. No están proponiendo la reelección de legisladores. Tampoco permiten las candidaturas independientes, al contrario, están cerrando definitivamente la puerta, desde la Constitución, a candidatos independientes en el futuro.

Tampoco están considerando la 2a vuelta electoral, simplemente contar los votos si la diferencia es menor al 1%, pero entonces seguiríamos teniendo presidentes con votaciones del orden del 30%. Además del conteo de votos ante diferencias pequeñas, debería haber la 2a vuelta. Y no sólo para la presidencial, sino también para diputados y senadores. Y la eliminación de los legisladores plurinominales.

Si bien aparentemente se reduce el dinero público a los partidos, en la realidad no es así. Los 3 partidos grandes seguirán recibiendo al menos el mismo dinero, quizá más. Y seguirán existiendo el bombardeo mediático, sólo que ahora los medios electrónicos quedarán obligados a darlo gratis, en los tiempos oficiales que la ley mexicana en la materia los obliga a proporcionar al Estado. De hecho, se esta proponiendo aumentar ese porcentaje de tiempo oficial durante las campañas y en horario estelar. A mi me vale si Telerisa o TV Asqueta dejan de ganar las millonadas o no. Pero no se vale que los partidos sigan jodiendo a todo mundo en todos lados. Como ya no les convino que en los medios se siga ventilando las millonadas que reciben año con año, pues mejor ahora reciben el tiempo aire gratis y sin problemas. Que padre, ¿no?

NO a la partidocracia.

Dany Osiel Portales Castro

Etiquetas: AMLO, demagogia, democracia, IFE, PAN, partidocracia, PRD, PRI, reformas

La mayoría de los mexicanos mayores de edad considera que los consejeros del IFE deben seguir en sus cargos hasta 2010, pues no ve motivos para removerlos anticipadamente, según revela la última encuesta telefónica nacional de BGC, Ulises Beltrán y Asociados.

El respaldo a la continuidad de los actuales consejeros se sustenta en una imagen de confiabilidad y de adecuado trabajo durante las elecciones presidenciales de 2006, así como en el "olor" a revancha que se percibe en la intención del PRD y PRI de destituirlos.

La mayoría (56%) de los encuestados se pronuncia por la permanencia de los consejeros hasta que terminen su mandato. Sólo un tercio piensa que hay motivos para cambiarlos, principalmente porque creen que han "actuado mal" y ya "no son confiables". La mayor parte de este tercio son simpatizantes del ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, este debate sobre la permanencia de los consejeros del Instituto Federal Electoral ha sido poco atendido por la población. Únicamente 34% está enterado de la propuesta de removerlos de su cargo, iniciativa atribuida principalmente al PRD (81%) y, en menor medida, al PRI (50%).

Una vez informados de la propuesta, la mitad de los entrevistados cree que siendo el IFE el árbitro de la elección no debe quitarse a los consejeros sólo porque algunos partidos no están de acuerdo en cómo hacen las elecciones. Se piensa que la motivación detrás de la intención del PRD y PRI de remover a los consejeros es la venganza por haber perdido las elecciones (62%) más que el interés de remediar un supuesto mal trabajo de la autoridad electoral en los comicios (23%).

La inclinación a respaldar la permanencia de los actuales consejeros es generada por una percepción popular de que son ciudadanos confiables (51%) y con capacidad para organizar correctamente las próximas elecciones (62%). Además, se piensa que el IFE hizo un trabajo adecuado en las elecciones presidenciales de 2006 (muy bueno/bueno, 63%) y que, en general, esta institución cuenta con una imagen positiva (excelente/buena, 58%).

La "partidización" de las opiniones de la población está claramente marcada por cómo les fue a sus candidatos en la elección. El sector que favorece la remoción de los consejeros está constituido especialmente por simpatizantes de López Obrador. En cambio, los simpatizantes de Felipe Calderón respaldan mayoritariamente a la actual dirigencia del IFE, en tanto que los priistas asumen posiciones divididas. No extraña, así, que ante las opciones de permanencia, cambio parcial o renovación plena de los consejeros, los votantes de Calderón quieren que continúen hasta 2010 (59%), los electores de Roberto Madrazo se inclinan más por reemplazar ya a algunos (44%) y los de López Obrador van por la remoción total (49%) o al menos de una parte (27%).

Por: Ulises Beltrán y Alejandro Cruz
07/09/2007

Etiquetas: demagogia, democracia, elecciones, IFE, PRD, PRI, reaccionario, reformas

¡YA BÁJENLE!: Dos queridos amigos que gozan (a lo mejor no gozan, pero así se dice) de todo mi respeto, Denise Dresser y Sergio Aguayo, me invitaron a ser parte de la iniciativa ¡Ya Bájenle! que es, o pretende ser, una acción ciudadana coordinada y esperemos que masiva para exigir una reducción drástica (no tan drástica como yo quisiera) del dinero que se le otorga a los partidos y el que se aplica a las campañas. Si juzgáramos por los millones y millones que se gastan, deberíamos tener a Winston Churchill de presidente y a Condoleezza Rice en lugar de la Gordillo (¡qué cambio más aterrador!, ¿verdad?).

Gastamos de manera estúpida en mantener a una bola de haraganes, buenos para nada, pocalucha y comecuandohay del tipo del Niño Verde, o de Kahwagi y muchísimos más que calzan, visten, comen, se transportan, viajan, se reproducen y jamás se mueren; todo esto a nuestras costillas. Por un lado tenemos a nuestro rotundo Secretario de Hacienda friegue y friegue con que no le alcanza y que hay que "ampliar la base tributaria" (éste es otro de los espejismos sexenales, similar al de "el formato del Informe ya es obsoleto"), que no somos buenos causantes y que las hilachas con saliva de perico, todo esto nos dicen, pero nunca nos hablan de lo que recibimos a cambio de lo que entregamos: servicios horripilantes, inseguridad, rezagos en todo y por todo.

Es que somos muy pobres, nos dicen a cuenta de Juan Rulfo y yo me permito disentir: no somos un país pobre, somos un país sistemáticamente empobrecido por esos rateros que siguen medrando ante la pasividad de todos y la complicidad de algunos. De ese dinero que nos dejan los rateros todavía hay que descontar lo que se gasta en inutilidades, en fastos nefastos y en manutención de vagos. Aquí es donde entran los partidos y sus jugosas partidas.

Por supuesto que no tan sólo me adhiero al proyecto ¡Ya Bájenle!, sino que del modo más entusiasta te invito, lectora lector querido, a que participes de este esfuerzo ciudadano. En la dirección www.plazadelangel.com.mx encontrarán un espacio destinado especialmente a esta tarea. Nosotros nos encargaremos de hacer llegar estas adhesiones a Alianza Cívica, A.C., para que esto llegue a manos del Senador que le corresponde al justificadamente quejoso. Si quieren hacerlo de manera más directa pueden ingresar al sitio www.yabajenle.org.mx. Lo que tiene que quedar claro es que los ciudadanos hemos pensado que ya estuvo suave, que ya es tiempo de que entiendan que nuestro dinero no es su dinero y es por eso que exigimos ¡ya bájenle!

PRESENTACIÓN: En estos tiempos de yunques y espíritus chocarreros, me voy a dar el inmenso gusto de presentar "México ante Dios" de Francisco Martín Moreno que es un ensayo-novela sobre la calamitosa Iglesia Católica mexicana. Esto ocurrirá en la Hacienda de los Morales, hoy a las 19:30 horas. Agradezco al autor (Pancho, mi hermano) la invitación que hago extensiva a toda la raza. Aikir.

¿Qué tal durmió? MCXXIV (1124)

Ayer miércoles 5 de septiembre rindió Enrique Peña Nieto su Informe de Gobierno cuyo nuevo formato permite a los legisladores interrogar ahí mismo al titular del Ejecutivo estatal. En esta fase, un nombre apareció inmediatamente; el de ARTURO MONTIEL y el generalizado clamor para que en verdad se le haga justicia. Con falsa tranquilidad Peña Nieto nos comunicó que ése era ya caso juzgado. Si el malestar ha sobrevivido ha sido, según él, por intereses partidistas y por "aclamaciones mediáticas". Este jumento no sabe ni hablar. Ahora resulta que aquí, día tras día, a lo que nos hemos dedicado es a aclamar al presunto raterazo. Muy bien. Vaya para usted, señor Gobernador, una aclamación muy especial.

ENVÍO: Para Carmen Aristegui, tan querida, tan necesaria y tan distante.

Cualquier correspondencia con esta columna hecha de tiempo y sucesos, favor de dirigirla a german@plazadelangel.com.mx (D.R.)

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Yo también ya estoy harto de todos los partidos políticos. De que sigan sangrando al Erario, de que sigan viviendo de nuestros impuestos. No quieren hacer una verdadera reforma fiscal integral y nos estan cocinando un adefesio que seguirá cobrándole más a quienes ya pagamos. Eso si, con la dizque reforma electoral, los partidos grandes tendrán más dinero. No habrá reelección de legisladores, ni candidaturas independientes. De hecho, ahora habrá más requisitos para formar un nuevo partido. Y lo que es peor, la autonomía del IFE, y de todos los organismos autónomos como el Banco de México, quedará en entredicho, pues ahora por cualquier coyuntura política les darán cuello por no coopelal.

No sé si esta iniciativa que traen Dehesa, Dresser, Aguayo y compañía fructifique. Lo dudo, pues los partidos gobiernan este país a través del Congreso. Pero al menos yo habré participado, hecho algo, para evitarlo. Los invito a reenviar este correo a todos sus contactos, esta será una cadena por México, e inscribirse en las páginas que menciona Dehesa en su editorial.

Saludos

Dany Osiel Portales Castro
http://editorial-danyportales.blogspot.com/
"El castigo que los hombres buenos tienen que pagar por no estar interesados en la política es ser gobernados por hombres peores que ellos mismos" (Platón)

Etiquetas: burocracia, congreso, corrupcion, democracia, IFE, PAN, partidocracia, PRD, PRI, reformas

Yo soy de los que creen que los consejeros electorales sean inamovibles. Quizás es necesario renovar a algunos o a varios o a todos los consejeros. Pero ello no puede darse por un golpe de fuerza, una decisión política partidaria que vulnere la autonomía del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la suerte parece estar echada para los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. Si bien al momento de escribir estas líneas todavía persistían los desacuerdos sobre cómo operar el reemplazo de los consejeros, las posiciones del PRI y el PRD han enarbolado una tesis intransigente con respecto a la exigencia de que todos sean removidos de sus cargos, mientras que el PAN ha apoyado la de una remoción paulatina de ellos.

Pero los mensajes allí están: en el contexto del Informe presidencial metió las manos por ellos. La imagen de Luis Carlos Ugalde prácticamente solo en Palacio Nacional, sentado junto a una Ivonne Ortega que ni siquiera intentó platicar con él durante toda la mañana, o la fría despedida del presidente Calderón, fueron más significativas que cualquier comunicado. La suerte está echada, aunque las formas aún deben ser procesadas con mayor detalle, por una simple cuestión: legalmente, la remoción de los consejeros es problemática y la misma puede conllevar el mensaje de que el propio gobierno es producto de una elección ilegítima.

Es verdad que Ugalde, en este contexto, se ha equivocado con sus declaraciones y en vez de ampliarlo, cerró el espacio de negociación. Su defensa, justa, de la autonomía del Instituto y de la inamovilidad de sus integrantes, ha sido conscientemente confundida con una defensa de su posición al frente del IFE. El viernes pasado, en una mesa en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Arturo Núñez, del PRD, y Jesús Murillo Karam, del PRI, ambos coincidían en que la remoción de los consejeros es una condición indispensable para ir a 2009 con mayores acuerdos y un árbitro respetado por todos. Tanto Murillo Karam como Núñez dijeron que esa remoción, independientemente de sus opiniones sobre los comicios de 2006, no debería interpretarse como una ilegitimidad de origen del gobierno de Felipe Calderón. Núñez fue enfático: el problema, dijo, no es que los jugadores expulsen al árbitro, sino que cuando el árbitro no tiene la confianza de los jugadores éste debe ser reemplazado. No me queda claro que esa posición, que abre un margen importante de negociación, sea finalmente asumida por sus respectivos partidos, pero ese espacio genera la posibilidad de que se procesen cambios entre los integrantes del Consejo, sin que ello implique su remoción o despido.

La suerte del Consejo se ha dificultado aún más porque la lista de quienes se sienten insatisfechos son muchos: el PRD necesita un chivo expiatorio por su fracaso en las elecciones y la salida de los consejeros es una coartada para justificar, aunque sea en términos declarativos, el mismo. Y de paso le proporciona a López Obrador un argumento con el fin de mantener su campaña. El PRI quiere exorcizar a Elba Esther Gordillo y la salida de los consejeros sirve con ese fin. En el PAN han decidido que no tienen un compromiso tan alto con ellos como para jugar la carta de su defensa. En algunos círculos del gobierno no son pocos quienes consideran que Ugalde y los consejeros se echaron para atrás la noche del 2 de julio cuando los conteos rápidos mostraban una ligera ventaja de Calderón y el consejero presidente decidió no dar resultados, lo que propició el conflicto poselectoral.

Sumemos a todo ello el que son también muchos, más de lo que algunos creen, los analistas y los especialistas en temas electorales que han descubierto que quizás ellos puedan ocupar durante los próximos nueve años esas posiciones que quedarán vacantes (una suerte de propuesta indecorosa que los partidos han sembrado entre varias personalidades, para neutralizar las críticas a su decisión y que, como era previsible, ha tenido muy buena recepción por varios interesados) y el escenario está puesto para una remoción de consejeros sin demasiados costos mediáticos.

El problema es político y de principios. La piedra de toque de la reforma electoral es la salida de los consejeros. La gran mayoría de los otros capítulos que la integran son compartibles y muchos de ellos beneficiosos… pero, entonces, parecen decirnos los partidos, deberán pagar el costo de cambiar el Consejo, lo cual quitará el último escollo a la normalización política y electoral. ¿Será así? ¿Alguien cree que con un nuevo Consejo se normalizará la vida política y electoral? ¿Que se comenzará a ver el futuro para no revisar el pasado? ¿Que no se repetirá la historia de 2006 luego de los comicios de 2009 y 2012? ¿Que los nuevos consejeros se mantendrán absolutamente independientes y autónomos y no habrán aprendido la lección de que si hacen enojar a los partidos, o a algunos de ellos, pueden perder su cargo en la próxima oportunidad? ¿Alguien puede garantizar que los vetos no surtan efecto como con la última renovación del Consejo, que descartó a muchos de los principales prospectos? ¿Alguien puede asegurar que si la correlación interna de fuerzas dentro de cualquiera de los partidos cambia en los próximos años no cambiará la simpatía de los mismos por los integrantes del Consejo?

Ahí está el punto de conflicto. Claro que podría darse un cambio de consejeros y ello podría ser parte de una negociación más amplia. Pero la diferencia entre renovación y remoción es mucha. Entre reformar y castigar, también. Entre mirar hacia el futuro y vengarse por hechos del pasado es aún más amplia. Hay tiempo y posibilidades para que la reforma electoral, con todo lo que ella implica, pueda procesarse sin vulnerar las formas, para que sea un avance y no un retroceso.

Jorge Fernández Menéndez

Etiquetas: demagogia, democracia, estado de derecho, IFE, intolerancia, PAN, PRD, PRI, reaccionario, reformas

Les comparto el cartón de Paco Calderón, el "monero de la derecha", publicado hoy en varios medios. Ya ven como es este caricaturista de parcial y maniqueo, que sólo dibuja en contra de la excelente, bondadosa, y siempre preocupada por los pobres, izquierda mexicana.

Saludos

Etiquetas: Calderon, demagogia, derecha, izquierda, populismo

¿Qué será peor, querer ganarse un gran lugar en La Historia o empequeñecerse? Los riesgos del primer caso son conocidos. El lugar en La Historia, así con mayúscula, supone de entrada un ego mayor, un ánimo de trascendencia, una enorme ambición que linda con la enfermedad. Pero quien desea su lugar en La Historia por lo menos se obliga a pensar en grande. El ambicioso huye de la pequeñez. No tiene tiempo que perder, desea escalar lo más alto, dejar una huella imborrable, imponerse a la memoria de las generaciones que vienen. Del otro lado están los pequeños que no saben que lo son. Su metamorfosis ha ocurrido en silencio, sin aviso. De pronto no pueden pensar más allá de la zancadilla, del pellizco, del berrinche, de la pataleta. La mente se encoge. Los horizontes se reducen. La miopía se impone.

Semanas, meses negociando cómo dar muerte, cómo enterrar un ritual zaherido desde hace casi dos décadas. ¡Vaya faena! Impedir que el Presidente lea el mensaje, entregarle a los medios de comunicación el privilegio de ser el conducto de la voz presidencial, convertir a Calderón en víctima, facilitar que el Titular del Ejecutivo cumpla con la norma, cuestionar su legitimidad y no lograr ningún avance en la rendición de cuentas. Para Calderón es otra significativa pequeña victoria: pasó del vestíbulo, entró al recinto, no le permitieron el uso del atril oficial, pero, micrófono en mano, se dirigió a los legisladores. Su fiesta llegó al día siguiente. El PRI quedó una vez más como mediador, el PRD como opositor incapaz de escapar a los caprichos de su caudillo. Por este camino vamos a terminar atendiendo a las muecas, a los parpadeos, en lugar de desmenuzar los conceptos y rastrear los hechos para modificar la realidad. Allí está la miga. Están convirtiendo a la República en una farsa, en una burda opereta. Saben destruir, pero no construir.

Pero el empequeñecimiento, la enanización, por lo visto es contagiosa. La reforma política pactada comienza por descartar las dos medidas que podrían romper el cerco con el cual los partidos atan a la sociedad. Nada hay que de verdad toque a sus dirigentes: no a la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales. Eso sí podía profesionalizar la carrera legislativa y brindarle al ciudadano opciones cercanas a su evaluación y deseos. Pero como la medida quitaría poder a las dirigencias que cada tres años se convierten en los conciliábulos supremos que se reparten la República, mejor olvidarla. Nada de candidaturas independientes, pues sería tanto como abrir una puerta de desfogue de las frustraciones ciudadanas. Si algún ciudadano quiere ser representante popular, es mejor que piense a qué capilla se va a someter.

La reforma anunciada tiene aciertos: limitar la extensión de las campañas; reducir los costos; terminar con la "nulidad abstracta" como causal de anulación; limitar la intervención de organizaciones gremiales en la formación de partidos y hay más. Pero está cruzada por un ánimo pequeño: cortar las cabezas a los consejeros de IFE. La lista de errores de los consejeros puede ser muy larga, pero ésa no es la discusión. Los mecanismos para su remoción están establecidos en la ley: Título Cuarto de la Constitución, artículos 108 y 110.

¿De que estamos hablando? Los consejeros fueron designados para un período que todavía no concluye. En su designación uno de los actores políticos, el PRD, se automarginó del proceso. Desde entonces se advirtió que era una fórmula para cuestionar la legitimidad de los designados, no su legalidad. No hay sorpresas. Cuatro años después y tras una elección muy cerrada los perdedores -¡qué casualidad!- ponen la propuesta sobre la mesa. Se erigen en jueces de la legitimidad nacional. Por allí nunca terminaremos. ¿Por qué sigue el PAN de comparsa en esta jugarreta? ¿Cuál es el canje?

Los mismos que argumentan querer instituciones fuertes son los primeros en rescatar la guillotina para el escarmiento público. ¿Dónde queda la inamovilidad? ¿Dónde están las garantías para que los árbitros se sientan seguros? Primero, se somete a los aspirantes a un cabildeo con quienes serán su materia de regulación. Después, quienes debieran estar sometidos al árbitro, tienen en sus manos la posibilidad de cambiarle a éste las reglas del juego y llevarlo al cadalso. Que en el pasado haya habido situaciones similares no habla de la corrección jurídica de aquellas medidas, por el contrario, explica la debilidad institucional. Como en el pasado se hacía así, pues estamos avalados para hacerlo. Vaya manera de romper con el pasado. Justificar la ruptura de la autonomía de un órgano de Estado con los ejemplos del pasado autoritario es inaudito.

Estamos a punto de ser testigos de una de las peores aberraciones políticas de las últimas décadas, sólo comparable a la intentona priista del 97 de impedir la instalación de la Cámara de Diputados sin mayoría de ese partido, intentona que por fortuna abortó. Priva la ausencia de un verdadero ánimo democrático. Gobiernan espíritus pequeños. Hay una palabra perdida: grandeza que no es lo mismo que la ambición descarnada. Ambiciosos hay muchos, pequeños también. Faltan individuos con grandeza, que sean capaces de arrancar de sí mismos el ánimo de venganza, que puedan mirar por arriba de sus debilidades, que controlen las pasiones mezquinas que a todos merodean. Seguimos discutiendo el uso del micrófono, se aplaude la zancadilla, el escupitajo, la astucia. Las minucias ahogan. ¿Qué hay del rumbo? La República se empequeñece y todos con ella. Somos la burla de lo que debiéramos ser.

Federico Reyes Heroles

Etiquetas: congreso, demagogia, democracia, elecciones, estado de derecho, IFE, PAN, partidocracia, PRD, PRI

Cartón de Paco Calderón publicado el día de hoy en distintos medios.
¿Así o más incongruente la diputada?

Etiquetas: congreso, demagogia, democracia, fanatismo, fascismo, partidocracia, populismo, PRD

Les comparto el cartón de Paco Calderón publicado el domingo pasado en varios medios.
La partidocracia sigue haciendo de las suyas. Ahora quieren la cabeza del IFE, pues ya no les gustó que haya un ente ciudadano, autónomo, que los este regulando. ¿Hasta cuando?

Etiquetas: demagogia, democracia, elecciones, estado de derecho, IFE, PAN, partidocracia, PRD, PRI

En los próximos días, el Congreso aprobará reformas a las leyes electorales que los legisladores han llamado "Reforma de Estado". En principio, nadie puede estar en desacuerdo con que las campañas electorales duren menos tiempo, existan reglas de mayor equidad en el acceso a los medios de información, se reduzcan los gastos de campaña, se regulen las precampañas, haya transparencia sobre la procedencia de los fondos y que el árbitro de los procesos electorales sea imparcial y, sobre todo, nadie se opone a que los funcionarios públicos dejen de utilizar su posición para promoverse en lo personal o a su partido político.

Todos estos puntos ya están presentes en el actual andamiaje jurídico que ha permitido la organización exitosa de 4 procesos electorales federales en los últimos 10 años, incluyendo el del 2006.

El desenlace del proceso electoral del 2006 puso en evidencia que las anteriores reglas no eran totalmente respetadas por los partidos políticos. Como sucede regularmente en México, el problema no es que se necesiten más o mejores leyes, sino que simplemente se respeten las leyes existentes, algo que los partidos políticos, gobernantes y funcionarios públicos, no importando su afiliación partidista, nunca estarán dispuestos a hacer si eso les impide obtener más votos.

Lo interesante del asunto es que son los partidos políticos que perdieron la contienda presidencial pasada los que están proponiendo estas reformas. Se dieron cuenta de la perversidad de la legislación actual a las 23:00 horas del 2 de julio del 2006, a pesar de que con esas reglas el PRD obtuvo una votación histórica que lo ha llevado a ser la segunda fuerza política en el Congreso.

¿Cuáles son los incentivos que van a tener los partidos políticos para cumplir las nuevas reglas del juego? ¿No es, más bien, un intento de no reconocer sus errores propios de campaña y trasladar la culpa a las reglas de juego que previamente habían acordado ellos mismos para participar en la contienda electoral? ¿Qué nos garantiza que en las próximas elecciones, organizadas bajo las nuevas reglas, los partidos políticos que salgan perdedores no vuelvan a unirse para sacar otras reglas en las que ellos sí puedan ganar?

¿Realmente, cambiando al árbitro mejorará la equidad electoral? ¿Este nuevo árbitro podría trabajar de manera independiente si sabe que, en cualquier momento, se modifica la ley y lo cesan? ¿Podría éste ser un árbitro imparcial e independiente si los jugadores le van a nombrar al contralor? ¿Qué impactos tendría en materia económica? ¿Estamos construyendo de verdad nuevas instituciones, como se expresa en un spot televisivo patrocinado por el Congreso? ¿Qué es una institución?

La definición de lo que es una institución la da el premio Nobel en Economía 1993, Douglas C. North, quien afirma que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad y que ponen límites para que el hombre organice su interacción. Su función principal es reducir la incertidumbre al proporcionar una estructura a la vida diaria. Deben tener objetivos concretos y la forma correcta de lograrlos.

Las instituciones organizan la estructura de incentivos y determinan las oportunidades que existen en una sociedad. Por otra parte, los organismos son creados para aprovechar esas oportunidades y reflejarlas en la estructura institucional. Para que realmente funcionen las instituciones, además de ser respetadas, no deben cambiarse constantemente.

Uno de los grandes logros que hemos tenido en los últimos 13 años es haber institucionalizado tres elementos que eran motivo de incertidumbre: en materia política, la organización de los procesos electorales a través del IFE; en materia de impartición de justicia, la independencia de la Suprema Corte de Justicia; y en materia de política económica, la independencia en el manejo de la política monetaria por parte del Banco de México y la autonomía de algunos organismos descentralizados, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), entre otros.

El marco institucional prevé que estos organismos puedan cumplir con su objetivo sin presiones políticas del Poder Ejecutivo, pero tampoco del Legislativo. En materia económica, por ejemplo, la estabilidad de precios que hemos tenido en los últimos años se debe a que el Banco de México se ha enfocado a su objetivo constitucional de estabilizar los precios sin que ninguna autoridad lo pueda obligar a otorgarle financiamiento. La conclusión que podemos obtener es que se necesitan organismos que operen dentro de instituciones estables y predecibles, y para esto es importante que en la composición de estos organismos se asegure su autonomía con relación a cualquier poder.

La posible remoción de los consejeros del IFE crearía un precedente negativo que se extendería a la Junta de Gobierno de Banco de México, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia o al pleno de la Cofeco, si algún grupo político se disgustara. Estaríamos enviando una señal pésima a la inversión en el sentido de que, en México, las instituciones y los organismos se pueden cambiar por caprichos políticos. ¿Con qué seguridad vendrían a México a invertir?

Si la remoción de los consejeros es la divisa que el Gobierno y el PAN están dispuestos a ofrecer a cambio de aprobar una reforma fiscal incompleta, nos va a salir cara esa negociación. Instituciones desprestigiadas como el Congreso y los partidos tratan de cambiar a instituciones como el IFE que es una de las pocas que cuentan con la mayor confianza por parte de la ciudadanía. Si esto se permite, estaríamos adoptando el lema de ese personaje que se ufana en decir: "¡Al diablo con las instituciones!".

Abel Hibert
ahibert@prodigy.net.mx

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Triunfaron las formas políticas... ¡qué bueno! Mucha tinta y palabras serán gastadas para hablar de ello. Más que eso, deberemos de atender el fondo de los problemas que nos impone esta joven democracia, en aras de encontrar salidas rápidas a las arenas movedizas en las que nos hemos metido. Si bien, todos los sectores productivos de la sociedad -siento- sabemos ya hacia dónde debemos de llevar a México; el real problema es que son los lastimados de los lastimados, los ignorantes de los ignorantes, las víctimas de las víctimas del saldo de un país intransigente, los que están obstaculizando las decisiones que ya tendríamos que haber tomado. El fondo no es si Felipe Calderón pudo o no pronunciar palabra en la máxima tribuna del Poder Legislativo. El fondo no es si ya se agotó el formato del Informe presidencial. (Informar a un país no es un asunto que pase de moda). Las causas de tanta negociación tienen su origen en que el PRD, el PT y Convergencia para la Democracia, habían hecho la ruta crítica de una victoria electoral contundente y segura en 2006 y no sólo no han entendido que perdieron, sino que desconocen al legítimo, legal, ciudadano y democrático ganador de la contienda. Una reforma electoral a la que todos nos sometamos, deberá pasar por ese sometimiento al reconocimiento de los resultados. En democracia no todos pueden ganar. Ni puede haber resultados anticipados a las expectativas de un cálculo político. Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, se sale del evento congresional explicando que no puede reconocer a Calderón, sólo porque el resultado de unas elecciones, la insatisfacción de los hechos, más el mandato de un hombre que le impone una postura, le hace decir que millones de mexicanos quedaron insatisfechos con la voz de las urnas. Y yo me pregunto... ¿y qué, doña Ruth no podrá entender que hay millones de mexicanos que sí están satisfechos por el testimonio final de un proceso electoral? ¿o de lo que se trataba era de que hubiera un número "n" de elecciones hasta que ganara su candidato?

No, estas personas radicalizadas no están entendiendo lo que hacen, al querer imponer a un candidato "venido de la luz". Lo que hacen al desconocer al Presidente de México. Lo que hacen al decir que no, a todo lo que sugiere un replanteamiento económico, político y social… Es, en esencia un freno a las futuras oportunidades que podremos generar a esos mexicanos que hoy y mañana estarán demandando lo que ata nuestra incapacidad presente.

Que las campañas sean más baratas y cortas… lo entiendo. Que queden libres de toda duda... ha sido una pretensión. Que los partidos políticos sean organizados sólo por ciudadanos... es lo menos. Pero más que cualquier cosa, deberemos de obligar moralmente a los grupos políticos que, si se ciñen a un proceso electoral... éste, lo respeten de principio a fin. Sí... me someto a la voz de las urnas. Pero también me apego a los resultados. Lo que más nos está haciendo daño, es el desconocimiento de nuestra democracia.

Por lo pronto aquí les doy los resultados del partido llevado a la cancha en este fin de semana:

Calderón 2, con goles de Tolerancia y autogol de Intransigencia. PRI 1, con gol de Experiencia. PDR, PT y Convergencia no llegaron a anotar, porque están demasiado confundidos... ¡en lo que se ponen de acuerdo!

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Qué manera tan promisoria la de la señora Ruth Zavaleta al comenzar su discurso de asunción a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y encabezar la ceremonia del Informe presidencial. Lea usted:

"Como presidenta del Congreso de la Unión quiero reafirmar que cumpliré con el mandato que me da la Constitución. Estoy obligada a actuar con responsabilidad, institucionalidad y con apego a las leyes, garantizando los principios de imparcialidad y objetividad en la conducción de esta sesión. El Congreso es un lugar de debate y de acuerdos. Es la representación de la pluralidad y representatividad. Ha llegado la hora de reformar al Estado y a sus instituciones, que ya no responden a los nuevos tiempos de México".

¡Olé! Sin exagerar, tan estentóreo y profundo como aquellos que arrancaba Silverio al ejecutar un trincherazo.

Pero, como dice un neoclásico mexicano: "La tenía, era suya... y la dejó ir". Lea usted:

"Ahora bien, apelo a la generosidad de mis compañeras y compañeros legisladores para que comprendan que soy una mujer de convicciones y principios, promotora de procesos electorales democráticos transparentes, equitativos y de respeto al voto. Les comunico que procederé a retirarme de esta tribuna. No puedo recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos".

Ni modo, pues. ¿Cómo explicar sus convicciones y principios con el incumplimiento, por deserción, de sus obligaciones constitucionales que ella misma reconoció? ¿Si entre sus convicciones y principios está el de la congruencia, doña Ruth presidirá las sesiones u otros actos legislativos en los que se discutan o traten iniciativas enviadas (la reforma fiscal, la judicial, los presupuestos de ingresos y egresos federales, entre otras muchas) por aquel "quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos"? ¿Y en aquellas que participen los secretarios de despacho (en México no hay secretarios de Estado) designados por el "no reconocido", a quien la Constitución (que la señora Zavaleta dijo que cumplirá) designa "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", único individuo (palabra del texto magno) en el que se deposita "el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión"?

De acuerdo con la Constitución, "el pueblo ejerce su soberanía por medios de los poderes de la Unión", que son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy, doña Ruth Zavaleta es presidenta de una de las cámaras del Congreso, en la que se deposita el Poder Legislativo. Si ella no reconoce al titular de Ejecutivo, ¿estamos ante un estado de excepción? ¿Qué pasaría si al presidente de la República se le ocurriera no reconocer a los titulares de alguno de los otros dos poderes?

Si la congruencia estuviera entre las convicciones y los principios, doña Ruth también debería explicar cómo es posible que ella y todos sus compañeros legisladores, diputados y senadores, provienen del mismo proceso electoral de 2 de julio de 2006, organizado, sancionado y calificado por las mismas instituciones (el IFE y el Trife). ¿O el IFE y el Trife fueron ejemplo de transparencia y respeto al voto en la elección para diputados y senadores (el mismo día, en las mismas ciudades y con la misma gente, y hasta en las mismas casillas) y no para la de Presidente de la República?

La señora Zavaleta le debe una explicación al país. Si hay congruencia, quizá convenza a quienes no le creen.

Gerardo Galarza

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"... Se hizo famosa la frase de don Jesús Reyes Heroles según la cual en política la forma es el fondo. Esa declaración, propia de un tiempo en que todo en política era forma, quizá no tenga ya la misma validez en esta nueva etapa de ejercicio democrático. La democracia, en efecto, gusta más del fondo que de las formas; no van con ella los formalismos y protocolos que suelen acompañar a otras formas de gobierno. En ese contexto, el ritual del Informe que debe entregar el Presidente a los llamados representantes populares se antoja cada vez más vacío de sentido. Se ha vuelto, además, un acto alejado de toda solemnidad, ocasión propicia para que algunos integrantes de un Poder atenten contra la investidura de la persona en quien encarna otro.

No incurriré en la desatentada hipérbole de afirmar que la Nación está en vilo esperando lo que hoy sucederá en el acto de entrega del Informe. La inmensa mayoría de los mexicanos hará lo que hace todos los fines de semana, y serán sólo unos pocos interesados quienes sigan por la televisión o radio el curso de los acontecimientos en San Lázaro. Pase lo que pase, no pasará nada, a menos que realmente pase algo. Esperemos que, como ha sido siempre, nada pase. Nunca ha pasado nada, ni cuando el Informe era Informe ni ahora que es palenque. El circo político tiene cada vez menos espectadores; los políticos se alejan cada vez más del pueblo al que deberían servir.

Yo veré la trasmisión de ese acto por la misma razón por la que asistía a la clase de Álgebra: por pura obligación y con plena conciencia de que ningún provecho iba a sacar de ahí. Se supone que soy un observador de la vida nacional. Pero eso no es vida, ni es nacional. Para pleitos el box; para gritos el futbol; para escándalos la nota roja. Dejemos que pase esto en que ojalá no pase nada aparte de lo que nunca ha pasado, y a otra cosa... "

Armando Fuentes Aguirre
afacaton@prodigy.net.mx

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Lo peor de todo esto es que los legisladores seguirán igual que siempre, sin hacer nada. Los cambios, las reformas que este país necesita para crecer, para reducir la pobreza de raíz y no sólo con mejoralitos, no sucederán. Y no pasarán porque a los partidos políticos les conviene seguir lucrando con la pobreza, les conviene, a todos, seguir administrando la pobreza. Pues de los votos se traducen huesos y dinero para que ellos, los políticos, sigan pegados a la ubre del presupuesto. Qué lástima.

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