viernes, septiembre 05, 2008
La inequidad fiscal en México
Dice un conocido adagio que sólo hay dos cosas inevitables en este mundo: la muerte y... el pago de impuestos.
Respecto a la primera, nada se puede decir. Pero en el caso de la segunda, resulta que en México no es tan cierta.
En el más reciente estudio que realizó la Secretaría de Hacienda sobre el impacto de los impuestos y del gasto público, hay una cifra que es para espantar.
Si se considera la presencia de la economía informal, resulta que el 20 por ciento de la población contribuye con el 90 por ciento de todos los impuestos.
Y, por lo menos en los estimados del Impuesto Sobre la Renta, se encuentra que el 50 por ciento de la población no paga ¡nada!
Este hecho es el que explica que a veces nos preguntemos por qué en México se recauda tan poco en comparación con otros lugares del mundo si sentimos que los impuestos que muchos sí pagamos son altos en comparación con los que se cobran en otras latitudes.
Y no piense usted que el 20 por ciento de la población está formado por ricos.
De acuerdo con el mismo estudio de Hacienda, esos 20 millones de personas, o poco más, tienen un ingreso mensual promedio por hogar de 20 mil 400 pesos aproximadamente, lo que claramente muestra que ese grupo está formado principalmente por la clase media del País.
Sobre los trabajadores del sector formal, que tienen ingresos mensuales individuales que van de los 10 mil a los 20 mil pesos mensuales, y que tienen un promedio de 1 a 2 por hogar, y sobre las empresas en las que laboran es que recae el grueso de los impuestos en México, por lo menos de los impuestos al ingreso.
Una parte de la explicación de las cosas radica en la propia concentración del ingreso y la riqueza que tenemos en el País. Pero no es toda la explicación.
Si los trabajadores inscritos al IMSS, al ISSSTE y a otros sistemas de seguridad social andan por los 20 millones y la población económicamente activa por los 44 millones, encontramos que más de la mitad de la fuerza laboral -y seguramente también sus unidades productivas- no paga impuestos directos.
Y, además, una parte de ellas también evade impuestos indirectos como el IVA o el IEPS.
Si todo el gasto público que se financia con esta recaudación tuviera efectos redistributivos, tal vez uno pensaría que los que están en la economía informal "se cobran a lo chino" lo que el sistema económico no les ha dado.
El problema es que hay una multitud de programas financiados con el gasto público que tienden a aumentar la inequidad.
Los que más acentúan la desigualdad son los programas de pensiones de los empleados del Estado y de los trabajadores del IMSS; también están en esa lista los gastos por concepto del servicio de salud del ISSSTE y de Pemex, así como el subsidio eléctrico y la gratuidad de la educación superior y el Procampo.
Como el análisis que hizo Hacienda con estos datos corresponde al 2006, el subsidio a los hidrocarburos no pesó tanto, pero ahora seguramente estaría entre los subsidios más inequitativos.
En el otro lado, algunos de los programas que más hacen por la equidad son Oportunidades, el Seguro Popular, así como la educación gratuita en los niveles desde básico hasta bachillerato.
Ahora que se están afinando los últimos detalles del presupuesto de egresos para el 2009, vale la pena que el equipo de Dionisio Pérez Jácome tenga este rasero para avanzar en la confección de una estructura de gasto público que intensifique los programas que contribuyen a la equidad y se reduzcan los recursos de los que no lo hacen.
Claro que es mucho pedir que la asignación de los dineros públicos realmente tome en cuenta su efecto sobre el ingreso de la gente en el contexto de un año electoral.
Más allá de lo que envíe la Secretaría de Hacienda al Congreso en los primeros días de septiembre, es un hecho que los partidos políticos van a buscar que las asignaciones que tenga el gasto puedan contribuir a crearles un ambiente favorable para las elecciones del año próximo.
Y en esa negociación de recursos, por cierto, nuevamente la sartén por el mango la tendrá el PRI.
Ya le habíamos comentado que de irse la negociación de la reforma petrolera hasta septiembre, habría de intercambiarse por tajadas presupuestales.
Y, desafortunadamente, creo que eso es lo que veremos en la discusión de los próximos meses, y no la racionalidad en la asignación de los dineros.
Petróleo
Dé por un hecho que el precio del crudo que enviará Hacienda en su Presupuesto en el mes de septiembre no va a ser el mismo que se apruebe en el Congreso.
La razón es muy simple: los cambios drásticos que está sufriendo. En el último mes, el WTI tuvo una caída de casi 20 por ciento. El lapso entre el envío de las iniciativas y su aprobación es de más de dos meses, así que el resultado final dependerá de lo que suceda en este lapso.
La carga tributaria
Aunque está concentrado el ingreso en México, la presencia de la economía informal contribuye a que la carga fiscal esté más concentrada aún, con el agravante de que no todo el gasto público que financia contribuye a la equidad en el País.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
Respecto a la primera, nada se puede decir. Pero en el caso de la segunda, resulta que en México no es tan cierta.
En el más reciente estudio que realizó la Secretaría de Hacienda sobre el impacto de los impuestos y del gasto público, hay una cifra que es para espantar.
Si se considera la presencia de la economía informal, resulta que el 20 por ciento de la población contribuye con el 90 por ciento de todos los impuestos.
Y, por lo menos en los estimados del Impuesto Sobre la Renta, se encuentra que el 50 por ciento de la población no paga ¡nada!
Este hecho es el que explica que a veces nos preguntemos por qué en México se recauda tan poco en comparación con otros lugares del mundo si sentimos que los impuestos que muchos sí pagamos son altos en comparación con los que se cobran en otras latitudes.
Y no piense usted que el 20 por ciento de la población está formado por ricos.
De acuerdo con el mismo estudio de Hacienda, esos 20 millones de personas, o poco más, tienen un ingreso mensual promedio por hogar de 20 mil 400 pesos aproximadamente, lo que claramente muestra que ese grupo está formado principalmente por la clase media del País.
Sobre los trabajadores del sector formal, que tienen ingresos mensuales individuales que van de los 10 mil a los 20 mil pesos mensuales, y que tienen un promedio de 1 a 2 por hogar, y sobre las empresas en las que laboran es que recae el grueso de los impuestos en México, por lo menos de los impuestos al ingreso.
Una parte de la explicación de las cosas radica en la propia concentración del ingreso y la riqueza que tenemos en el País. Pero no es toda la explicación.
Si los trabajadores inscritos al IMSS, al ISSSTE y a otros sistemas de seguridad social andan por los 20 millones y la población económicamente activa por los 44 millones, encontramos que más de la mitad de la fuerza laboral -y seguramente también sus unidades productivas- no paga impuestos directos.
Y, además, una parte de ellas también evade impuestos indirectos como el IVA o el IEPS.
Si todo el gasto público que se financia con esta recaudación tuviera efectos redistributivos, tal vez uno pensaría que los que están en la economía informal "se cobran a lo chino" lo que el sistema económico no les ha dado.
El problema es que hay una multitud de programas financiados con el gasto público que tienden a aumentar la inequidad.
Los que más acentúan la desigualdad son los programas de pensiones de los empleados del Estado y de los trabajadores del IMSS; también están en esa lista los gastos por concepto del servicio de salud del ISSSTE y de Pemex, así como el subsidio eléctrico y la gratuidad de la educación superior y el Procampo.
Como el análisis que hizo Hacienda con estos datos corresponde al 2006, el subsidio a los hidrocarburos no pesó tanto, pero ahora seguramente estaría entre los subsidios más inequitativos.
En el otro lado, algunos de los programas que más hacen por la equidad son Oportunidades, el Seguro Popular, así como la educación gratuita en los niveles desde básico hasta bachillerato.
Ahora que se están afinando los últimos detalles del presupuesto de egresos para el 2009, vale la pena que el equipo de Dionisio Pérez Jácome tenga este rasero para avanzar en la confección de una estructura de gasto público que intensifique los programas que contribuyen a la equidad y se reduzcan los recursos de los que no lo hacen.
Claro que es mucho pedir que la asignación de los dineros públicos realmente tome en cuenta su efecto sobre el ingreso de la gente en el contexto de un año electoral.
Más allá de lo que envíe la Secretaría de Hacienda al Congreso en los primeros días de septiembre, es un hecho que los partidos políticos van a buscar que las asignaciones que tenga el gasto puedan contribuir a crearles un ambiente favorable para las elecciones del año próximo.
Y en esa negociación de recursos, por cierto, nuevamente la sartén por el mango la tendrá el PRI.
Ya le habíamos comentado que de irse la negociación de la reforma petrolera hasta septiembre, habría de intercambiarse por tajadas presupuestales.
Y, desafortunadamente, creo que eso es lo que veremos en la discusión de los próximos meses, y no la racionalidad en la asignación de los dineros.
Petróleo
Dé por un hecho que el precio del crudo que enviará Hacienda en su Presupuesto en el mes de septiembre no va a ser el mismo que se apruebe en el Congreso.
La razón es muy simple: los cambios drásticos que está sufriendo. En el último mes, el WTI tuvo una caída de casi 20 por ciento. El lapso entre el envío de las iniciativas y su aprobación es de más de dos meses, así que el resultado final dependerá de lo que suceda en este lapso.
La carga tributaria
Aunque está concentrado el ingreso en México, la presencia de la economía informal contribuye a que la carga fiscal esté más concentrada aún, con el agravante de que no todo el gasto público que financia contribuye a la equidad en el País.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
Etiquetas: crecimiento, demagogia, economia, empleo, impuestos, pobreza, populismo, reforma fiscal, reformas, riqueza
sábado, agosto 30, 2008
Quimeras
Felipe Calderón llegó a la Presidencia con una lección bien aprendida. Vicente Fox se había equivocado, primero, al fijar las prioridades de su gobierno y, segundo, al no entender que debía entablar negociaciones con los priistas para emprender las reformas necesarias. No sólo eso. Calderón emprendió contactos previos en el entendido de que AMLO tenía toda la intención de impedir su toma de posesión. El PRI se convirtió, a partir de ese momento, en el interlocutor obligado y comenzó a jugar su propio juego.
La estrategia funcionó. Calderón tomó posesión en medio de protestas, pero cumplió con lo que marcaba la Constitución. Luego vino la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE. Los priistas decidieron ir para adelante y negociaron directamente con el Presidente de la República. Todo eso se hizo al margen del PRD y la reforma fue aprobada con los votos de priistas y panistas, incluyendo el visto bueno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del sindicato de los trabajadores del ISSSTE.
Después de un impasse de nueve años (los tres últimos del Gobierno de Zedillo y los seis de Vicente Fox), la reforma de las pensiones sorprendió a todos. Sus efectos inmediatos fueron positivos: se conjuró el riesgo de la quiebra del sistema de pensiones y mejoró la calificación financiera de México. Mejor, imposible. La estrategia funcionaba y funcionaba muy bien. Es más, parecía que se reeditaría el acuerdo de largo plazo que había prevalecido entre panistas y priistas durante el Gobierno de Salinas de Gortari. Las reformas y la modernización estaban al alcance de la mano.
Pero el sueño se desvaneció rápidamente. El Senador Beltrones tenía otras intenciones. Su apuesta no era por un acuerdo de largo plazo con el Gobierno de la República, sino por oscilar entre panistas y perredistas. La estrategia fijó las coordenadas en términos muy precisos: primero, no se tocaría el asunto del IVA en medicinas y alimentos porque dividiría a los priistas y tendría un alto costo político. Segundo, se condicionaría la aprobación de la reforma fiscal a que el Gobierno de la República aceptara la reforma electoral impulsada por priistas y perredistas.
De ese modo, el Senador Beltrones ganaba en todas las mesas: ajustaba cuentas con los consejeros electorales (en particular con Luis Carlos Ugalde, a quien consideraba un instrumento de Elba Esther Gordillo); minaba la autonomía del IFE y lo sometía a la férula de los partidos; eliminaba la exposición de los gobernadores en los medios de comunicación; y, por último, blindaba sus aspiraciones políticas con la ley mordaza que prohíbe las campañas negativas.
La decapitación de los consejeros del IFE era un regalo en bandeja de plata para el PRD y, en teoría, para López Obrador. Finalmente, eran ellos los que se habían quejado de irregularidades y denunciaban un fraude electoral. Fue, en otras palabras, la manera en que Beltrones cimentó el puente con los perredistas. Sentar y mantener al PRD en la mesa de negociaciones bien valía la cabeza de Ugalde y compañía.
Además, el programa de reformas podría seguir adelante. El compromiso era sacar adelante la reforma energética que figuraba entre las prioridades de Felipe Calderón. El procedimiento repetiría lo ocurrido con el régimen de pensiones. Pero fue ahí donde empezó una comedia de equivocaciones. El acuerdo del PRI con el PRD tronó con el nombramiento de los nuevos consejeros electorales. López Obrador descalificó a los nuevos integrantes y puso en cuestión la totalidad de la reforma. Todo eso era previsible. La estrategia de negociación es inaceptable para el rayito de esperanza y no hizo otra cosa que ahondar el enfrentamiento con el ala reformista del PRD.
¿Sobra señalar lo evidente? El presidente legítimo decidió colgarse de la oposición a la reforma de Pemex para revivir y dar una batalla frontal contra el Gobierno de la República. Se trata, en sentido estricto, de la crónica de una guerra anunciada. La toma de la tribuna en el Congreso, la exigencia de un foro de consulta organizado por el Senado y, finalmente, la consulta ciudadana organizada por López son pasos previos a la toma de aeropuertos, el bloqueo de calles y la exigencia de que el gobierno espurio renuncie. El guión fue escrito hace meses y será protagonizado muy pronto por el propio rayito de esperanza.
Se acercan, pues, tiempos de definiciones. El Senador Beltrones y los priistas no podrán seguir jugando un doble juego. La denuncia y el combate contra ellos serán muy virulentos. López no piensa dejar títere con cabeza. El contenido y la urgencia de la reforma no le preocupan en lo más mínimo. Su posición se resume en dos frases: a Pemex hay que salvarlo desde la Presidencia de la República; el movimiento soy yo. Así que una vez que avance el proceso legislativo comenzarán las movilizaciones y, por supuesto, la toma del Congreso. En el imaginario lopista ésa será la madre de todas las batallas.
No se agotan allí las torpezas y los errores. La reforma que será aprobada es una minirreforma. Felipe Calderón envió un proyecto muy modesto atendiendo a los pronunciamientos del senador Beltrones: no habrá reforma constitucional ni contratos de riesgo. Es más, para no enturbiar el agua ni complicar las negociaciones con el PRI los funcionarios del Gobierno federal no dieron la batalla en los medios de comunicación. Ese vacío fue aprovechado con gran habilidad por López para difundir su propaganda: no a la privatización. Y hay que reconocer que en ese campo ganó la contienda porque un sector importante de la población se ha creído la gran mentira.
El panorama no puede ser más absurdo. Vamos a un enfrentamiento por una reforma que tiene un valor mínimo. Y tiene alcances nimios porque se hizo hasta lo imposible para no provocar a López o darle argumentos para denunciar la supuesta privatización. Pero al final del día el enfrentamiento tendrá la misma intensidad y virulencia que si se tratara de una reforma a fondo y de gran calado. El PRI está atrapado entre un cálculo político, que ya resultó mal, y los fantasmas y prejuicios del pasado.
Calderón, por su parte, se equivocó al creer que en materia energética se podría confiar y avanzar con los priistas. Pero lo más grave es que negoció aspectos fundamentales del andamiaje democrático a cambio de una quimera: sentar y mantener al PRD (López incluido) en la mesa de negociaciones.
Jaime Sánchez Susarrey
-----------------------------------------------
Ahí anda el rumor de que habrá toma de aeropuertos, carreteras y edificios públicos. Yo creo que AMLO y su movimiento ya se desinflaron. Sin duda hay un 10 o 15% de la población que lo apoyan, pero realmente sólo un 1 o 2% son los más radicales que saldrían a las calles a intentar paralizar al país. Estamos hablando de 1 millón de personas. Nada despreciable, pero que en en su gran mayoría (75 u 80%) están concentrados en el DF.
Estoy convencido de que si lo intentarán, pero eso hundirá más al PRD en las preferencias electorales rumbo al 2009. Eso lo saben el grupo de los "chuchos" en el PRD y por eso quieren negociar la reforma a PEMEX y evitar el desastre eloctoral de su partido. Pero AMLO y sus más cercanos seguidores (casi todos ex-priístas) apuestan por lo contrario. Ya veremos.
La estrategia funcionó. Calderón tomó posesión en medio de protestas, pero cumplió con lo que marcaba la Constitución. Luego vino la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE. Los priistas decidieron ir para adelante y negociaron directamente con el Presidente de la República. Todo eso se hizo al margen del PRD y la reforma fue aprobada con los votos de priistas y panistas, incluyendo el visto bueno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del sindicato de los trabajadores del ISSSTE.
Después de un impasse de nueve años (los tres últimos del Gobierno de Zedillo y los seis de Vicente Fox), la reforma de las pensiones sorprendió a todos. Sus efectos inmediatos fueron positivos: se conjuró el riesgo de la quiebra del sistema de pensiones y mejoró la calificación financiera de México. Mejor, imposible. La estrategia funcionaba y funcionaba muy bien. Es más, parecía que se reeditaría el acuerdo de largo plazo que había prevalecido entre panistas y priistas durante el Gobierno de Salinas de Gortari. Las reformas y la modernización estaban al alcance de la mano.
Pero el sueño se desvaneció rápidamente. El Senador Beltrones tenía otras intenciones. Su apuesta no era por un acuerdo de largo plazo con el Gobierno de la República, sino por oscilar entre panistas y perredistas. La estrategia fijó las coordenadas en términos muy precisos: primero, no se tocaría el asunto del IVA en medicinas y alimentos porque dividiría a los priistas y tendría un alto costo político. Segundo, se condicionaría la aprobación de la reforma fiscal a que el Gobierno de la República aceptara la reforma electoral impulsada por priistas y perredistas.
De ese modo, el Senador Beltrones ganaba en todas las mesas: ajustaba cuentas con los consejeros electorales (en particular con Luis Carlos Ugalde, a quien consideraba un instrumento de Elba Esther Gordillo); minaba la autonomía del IFE y lo sometía a la férula de los partidos; eliminaba la exposición de los gobernadores en los medios de comunicación; y, por último, blindaba sus aspiraciones políticas con la ley mordaza que prohíbe las campañas negativas.
La decapitación de los consejeros del IFE era un regalo en bandeja de plata para el PRD y, en teoría, para López Obrador. Finalmente, eran ellos los que se habían quejado de irregularidades y denunciaban un fraude electoral. Fue, en otras palabras, la manera en que Beltrones cimentó el puente con los perredistas. Sentar y mantener al PRD en la mesa de negociaciones bien valía la cabeza de Ugalde y compañía.
Además, el programa de reformas podría seguir adelante. El compromiso era sacar adelante la reforma energética que figuraba entre las prioridades de Felipe Calderón. El procedimiento repetiría lo ocurrido con el régimen de pensiones. Pero fue ahí donde empezó una comedia de equivocaciones. El acuerdo del PRI con el PRD tronó con el nombramiento de los nuevos consejeros electorales. López Obrador descalificó a los nuevos integrantes y puso en cuestión la totalidad de la reforma. Todo eso era previsible. La estrategia de negociación es inaceptable para el rayito de esperanza y no hizo otra cosa que ahondar el enfrentamiento con el ala reformista del PRD.
¿Sobra señalar lo evidente? El presidente legítimo decidió colgarse de la oposición a la reforma de Pemex para revivir y dar una batalla frontal contra el Gobierno de la República. Se trata, en sentido estricto, de la crónica de una guerra anunciada. La toma de la tribuna en el Congreso, la exigencia de un foro de consulta organizado por el Senado y, finalmente, la consulta ciudadana organizada por López son pasos previos a la toma de aeropuertos, el bloqueo de calles y la exigencia de que el gobierno espurio renuncie. El guión fue escrito hace meses y será protagonizado muy pronto por el propio rayito de esperanza.
Se acercan, pues, tiempos de definiciones. El Senador Beltrones y los priistas no podrán seguir jugando un doble juego. La denuncia y el combate contra ellos serán muy virulentos. López no piensa dejar títere con cabeza. El contenido y la urgencia de la reforma no le preocupan en lo más mínimo. Su posición se resume en dos frases: a Pemex hay que salvarlo desde la Presidencia de la República; el movimiento soy yo. Así que una vez que avance el proceso legislativo comenzarán las movilizaciones y, por supuesto, la toma del Congreso. En el imaginario lopista ésa será la madre de todas las batallas.
No se agotan allí las torpezas y los errores. La reforma que será aprobada es una minirreforma. Felipe Calderón envió un proyecto muy modesto atendiendo a los pronunciamientos del senador Beltrones: no habrá reforma constitucional ni contratos de riesgo. Es más, para no enturbiar el agua ni complicar las negociaciones con el PRI los funcionarios del Gobierno federal no dieron la batalla en los medios de comunicación. Ese vacío fue aprovechado con gran habilidad por López para difundir su propaganda: no a la privatización. Y hay que reconocer que en ese campo ganó la contienda porque un sector importante de la población se ha creído la gran mentira.
El panorama no puede ser más absurdo. Vamos a un enfrentamiento por una reforma que tiene un valor mínimo. Y tiene alcances nimios porque se hizo hasta lo imposible para no provocar a López o darle argumentos para denunciar la supuesta privatización. Pero al final del día el enfrentamiento tendrá la misma intensidad y virulencia que si se tratara de una reforma a fondo y de gran calado. El PRI está atrapado entre un cálculo político, que ya resultó mal, y los fantasmas y prejuicios del pasado.
Calderón, por su parte, se equivocó al creer que en materia energética se podría confiar y avanzar con los priistas. Pero lo más grave es que negoció aspectos fundamentales del andamiaje democrático a cambio de una quimera: sentar y mantener al PRD (López incluido) en la mesa de negociaciones.
Jaime Sánchez Susarrey
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Ahí anda el rumor de que habrá toma de aeropuertos, carreteras y edificios públicos. Yo creo que AMLO y su movimiento ya se desinflaron. Sin duda hay un 10 o 15% de la población que lo apoyan, pero realmente sólo un 1 o 2% son los más radicales que saldrían a las calles a intentar paralizar al país. Estamos hablando de 1 millón de personas. Nada despreciable, pero que en en su gran mayoría (75 u 80%) están concentrados en el DF.
Estoy convencido de que si lo intentarán, pero eso hundirá más al PRD en las preferencias electorales rumbo al 2009. Eso lo saben el grupo de los "chuchos" en el PRD y por eso quieren negociar la reforma a PEMEX y evitar el desastre eloctoral de su partido. Pero AMLO y sus más cercanos seguidores (casi todos ex-priístas) apuestan por lo contrario. Ya veremos.
Etiquetas: AMLO, demagogia, IFE, impuestos, IVA, populismo, PRD, reformas
jueves, junio 26, 2008
La política social frena el crecimiento
La política social podría ser uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la productividad en México.
Esa conclusión, que parece tremendamente subversiva, es a la que uno llega después de revisar el libro que le publicó The Brookings Institution a Santiago Levy, titulado "Good Intentions, Bad Outcomes".
No es la primera vez que Levy esgrime que las buenas intenciones dan malos resultados. En los pasillos del Gobierno se conoció con todo detalle la polémica que sostuvo con Julio Frenk con relación al seguro popular.
El entonces director general del IMSS señalaba que ese programa que se impulsaba desde la Secretaría de Salud iba a generar incentivos a la informalidad y con ello iba a contribuir a erosionar en mayor grado las finanzas del IMSS.
El planteamiento central del denso libro de 357 páginas -que publica quien ahora es vicepresidente de sectores y conocimiento del BID- es que los incentivos que están implícitos en la política social en México conducen tanto a los trabajadores como a las empresas a moverse en dirección contraria a la requerida para hacer crecer la productividad en el largo plazo.
Se requeriría que los trabajadores se movieran de los sectores más atrasados hacia los más modernos, es decir, de los de baja hacia los de alta productividad.
Los incentivos que tiene buena parte de la política social detienen este proceso. Por ejemplo, inducen a la permanencia de la gente en actividades de baja productividad en el campo y subsidian el autoempleo ineficiente o el empleo asalariado informal o ilegal.
Es decir, en aras de apoyar a los pobres, incentivan la permanencia de las actividades más atrasadas.
Los incentivos a la informalidad, de acuerdo a Levy, acaban perjudicando los niveles de ingreso y bienestar tanto de los trabajadores formales como de los propios informales, pues crean costos fiscales e impiden el crecimiento de los ingresos.
Si tuviéramos mercados con barreras muy altas que impidieran que los trabajadores se desplazaran de la informalidad a la formalidad y viceversa, quizá el problema no sería tan grave.
Pero con una movilidad tan elevada en la que a veces los formales se vuelven informales y al revés, los incentivos se convierten en un factor clave.
La propuesta central del texto en materia de políticas públicas es una redefinición completa de la política de seguridad social.
Se trataría, en opinión de Levy, de construir seguridad social universal a todos los trabajadores mexicanos financiándola mediante un incremento de los impuestos al consumo y compensando el efecto negativo sobre la equidad que este hecho podría tener mediante transferencias directas de efectivo como las que se hacen a través de Oportunidades.
Seguramente el argumento central de Levy puede ser polémico, pero sin duda amerita un examen detallado, pues como el propio título del libro sugiere, no se plantea que los programas de Gobierno tengan el propósito explícito de aumentar la informalidad... pero lo hacen.
El punto es si los incentivos que se crean son suficientemente poderosos para inducir a la gente a mantenerse como informales. El argumento de Levy dice que sí.
De acuerdo con los cálculos presentados, el empleo informal pasó de 17.3 millones de personas en 1991 a 25.8 en el 2006. Es decir, creció a una tasa de 2.7 por ciento en tres lustros.
El empleo formal, estimado a través de los asegurados al IMSS y al ISSSTE, avanzó de 12.8 millones en 1991 a 17.1 millones en 2006, con una tasa de crecimiento de 1.9 por ciento anual en promedio.
Visto de otra manera, la población ocupada en la informalidad pasó del 56 por ciento de la fuerza laboral total a casi 58 por ciento en el mismo lapso.
La gran pregunta sobre la que elabora Levy es si la política social hubiera sido diferente, cuántos de los 8.5 millones que se fueron a la informalidad en tres lustros se hubieran movido hacia la economía formal.
La propuesta que elabora es también fuertemente provocadora, pues apunta al tipo de reforma fiscal al que se le ha dado la vuelta, con un aumento, que debiera ser fuerte, en la tasa del IVA.
El tema es muy pertinente por la discusión que se está dando en torno a la renta petrolera.
La visión gubernamental es que buena parte de la renta petrolera debe ser usada para fortalecer la política social.
El hecho de que los recursos públicos se utilicen en programas de salud, educación o combate a la pobreza pareciera a veces un salvoconducto que justifica su uso, lo que debe ponerse en tela de juicio.
Es decir, podría ser que más recursos derivados del petróleo resulten contraproducentes, pues quizá implique alentar aún más la informalidad.
Tal vez haya quienes piensen diferente, pero la polémica resulta indispensable.
Dinero para la informalidad
Los datos elaborados por Levy muestran un disparo de los recursos para protección social, al mismo tiempo que un aumento sistemático de la informalidad.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
Esa conclusión, que parece tremendamente subversiva, es a la que uno llega después de revisar el libro que le publicó The Brookings Institution a Santiago Levy, titulado "Good Intentions, Bad Outcomes".
No es la primera vez que Levy esgrime que las buenas intenciones dan malos resultados. En los pasillos del Gobierno se conoció con todo detalle la polémica que sostuvo con Julio Frenk con relación al seguro popular.
El entonces director general del IMSS señalaba que ese programa que se impulsaba desde la Secretaría de Salud iba a generar incentivos a la informalidad y con ello iba a contribuir a erosionar en mayor grado las finanzas del IMSS.
El planteamiento central del denso libro de 357 páginas -que publica quien ahora es vicepresidente de sectores y conocimiento del BID- es que los incentivos que están implícitos en la política social en México conducen tanto a los trabajadores como a las empresas a moverse en dirección contraria a la requerida para hacer crecer la productividad en el largo plazo.
Se requeriría que los trabajadores se movieran de los sectores más atrasados hacia los más modernos, es decir, de los de baja hacia los de alta productividad.
Los incentivos que tiene buena parte de la política social detienen este proceso. Por ejemplo, inducen a la permanencia de la gente en actividades de baja productividad en el campo y subsidian el autoempleo ineficiente o el empleo asalariado informal o ilegal.
Es decir, en aras de apoyar a los pobres, incentivan la permanencia de las actividades más atrasadas.
Los incentivos a la informalidad, de acuerdo a Levy, acaban perjudicando los niveles de ingreso y bienestar tanto de los trabajadores formales como de los propios informales, pues crean costos fiscales e impiden el crecimiento de los ingresos.
Si tuviéramos mercados con barreras muy altas que impidieran que los trabajadores se desplazaran de la informalidad a la formalidad y viceversa, quizá el problema no sería tan grave.
Pero con una movilidad tan elevada en la que a veces los formales se vuelven informales y al revés, los incentivos se convierten en un factor clave.
La propuesta central del texto en materia de políticas públicas es una redefinición completa de la política de seguridad social.
Se trataría, en opinión de Levy, de construir seguridad social universal a todos los trabajadores mexicanos financiándola mediante un incremento de los impuestos al consumo y compensando el efecto negativo sobre la equidad que este hecho podría tener mediante transferencias directas de efectivo como las que se hacen a través de Oportunidades.
Seguramente el argumento central de Levy puede ser polémico, pero sin duda amerita un examen detallado, pues como el propio título del libro sugiere, no se plantea que los programas de Gobierno tengan el propósito explícito de aumentar la informalidad... pero lo hacen.
El punto es si los incentivos que se crean son suficientemente poderosos para inducir a la gente a mantenerse como informales. El argumento de Levy dice que sí.
De acuerdo con los cálculos presentados, el empleo informal pasó de 17.3 millones de personas en 1991 a 25.8 en el 2006. Es decir, creció a una tasa de 2.7 por ciento en tres lustros.
El empleo formal, estimado a través de los asegurados al IMSS y al ISSSTE, avanzó de 12.8 millones en 1991 a 17.1 millones en 2006, con una tasa de crecimiento de 1.9 por ciento anual en promedio.
Visto de otra manera, la población ocupada en la informalidad pasó del 56 por ciento de la fuerza laboral total a casi 58 por ciento en el mismo lapso.
La gran pregunta sobre la que elabora Levy es si la política social hubiera sido diferente, cuántos de los 8.5 millones que se fueron a la informalidad en tres lustros se hubieran movido hacia la economía formal.
La propuesta que elabora es también fuertemente provocadora, pues apunta al tipo de reforma fiscal al que se le ha dado la vuelta, con un aumento, que debiera ser fuerte, en la tasa del IVA.
El tema es muy pertinente por la discusión que se está dando en torno a la renta petrolera.
La visión gubernamental es que buena parte de la renta petrolera debe ser usada para fortalecer la política social.
El hecho de que los recursos públicos se utilicen en programas de salud, educación o combate a la pobreza pareciera a veces un salvoconducto que justifica su uso, lo que debe ponerse en tela de juicio.
Es decir, podría ser que más recursos derivados del petróleo resulten contraproducentes, pues quizá implique alentar aún más la informalidad.
Tal vez haya quienes piensen diferente, pero la polémica resulta indispensable.
Dinero para la informalidad
Los datos elaborados por Levy muestran un disparo de los recursos para protección social, al mismo tiempo que un aumento sistemático de la informalidad.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
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viernes, marzo 14, 2008
Luz sin fuerza
"El servicio público es una responsabilidad, no un privilegio". César Hernández
La Compañía de Luz y Fuerza del Centro es una de las empresas más ineficientes de nuestro país. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que la tiene emplazada a huelga para el próximo domingo 16 de marzo, es en buena medida responsable de esta ineficiencia. Quizá por eso está exigiendo que en su contrato se establezca que la firma nunca podrá ser declarada en quiebra o liquidada.
Los líderes del SME piensan que se puede prohibir la muerte de la gallina de los huevos de oro. No se dan cuenta de que el pobre animal ya se está desangrando.
Entre enero y octubre de 2007 -últimas cifras disponibles- Luz y Fuerza del Centro reportó ingresos por venta de servicios por 35 mil 563 millones de pesos. Los costos de explotación, sin embargo, fueron de 62 mil 978 millones de pesos. En otras palabras, la empresa gasta casi dos veces más de lo que vende.
La pérdida de explotación en los 10 primeros meses de 2007 fue de 27 mil 414 millones de pesos. Si añadimos una depreciación de mil 295 millones de pesos, se registra una pérdida de operación de 28 mil 710 millones de pesos. La cifra es brutal para diez meses de operación.
En el 2006, el último año para el que hay información completa, la pérdida por operación de la empresa fue de 33 mil 849 millones de pesos. La quiebra sólo se pudo evitar con un subsidio de 33 mil 530 millones de pesos de los contribuyentes. Las tarifas de la empresa son muy altas en comparación con las que se cobran en otros lugares del mundo, pero se vuelven estratosféricas cuando se suman a los subsidios de los contribuyentes.
Según indicadores de la Secretaría de Energía, en diciembre de 2007, Luz y Fuerza registraba una venta de 754 megavatios por hora anuales por trabajador. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no es un ejemplo de eficiencia internacional, tiene ventas anuales por trabajadores de 2 mil 494 mwh. En Francia la cifra es de 4 mil 900 mvh, en España de 6 mil 900 y en Australia de 8 mil 950 (César Hernández, "La Reforma Cautiva").
El tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios para la CFE es de un día y en las zonas urbanas se reduce a 0.8 de día. En Luz y Fuerza del Centro, a pesar de que la mayoría de las conexiones son urbanas, el promedio es de 5.9 días (indicadores de la Sener). Estos plazos, sin embargo, corren a partir del momento en que se hace la contratación. Quien haya contratado el servicio de Luz y Fuerza sabe que la verdadera pesadilla se sufre en los trámites previos.
Luz y Fuerza tenía en 2006 una plantilla laboral de 33 mil 154 trabajadores de planta y 7 mil 324 temporales, muchas veces superior a la de cualquier empresa de estas dimensiones. Los jubilados ascendían a 21 mil 555. Debido a las reglas de retiro, en unos años más la mitad de los costos laborales se irán a quienes están en retiro. En 2017 la empresa tendrá 37 mil 934 jubilados según la Auditoría Superior de la Federación.
Parte del exceso de personal se debe a que el sindicato ha exigido que la empresa realice actividades que ninguna firma de electricidad en el mundo lleva a cabo. Así, los trabajadores fabrican los postes y sus uniformes. Son ellos también quienes entregan los recibos de pago. Esto le cuesta mucho más a Luz y Fuerza que contratar servicios externos. Por ésta y muchas más razones, los costos laborales representaban en 2005 el 34 por ciento del costo de explotación y de energía comprada. En la CFE el monto equivalente era de 20.1 por ciento.
Luz y Fuerza tiene enormes pérdidas de energía: en el 2006 eran de 31.4 por ciento de la electricidad distribuida. La CFE tenía ese mismo año pérdidas de 10.8 por ciento. Buena parte de las pérdidas de Luz y Fuerza son producto de conexiones fraudulentas a la red pública, pero los esfuerzos por enfrentar el problema han fracasado. En 2001 la empresa firmó un acuerdo con el SME para disminuir las pérdidas, que en ese entonces eran de 24 por ciento; pero para este 2008 ya ascienden a 33 por ciento.
Los trabajadores de Luz y Fuerza se cuentan entre los mejor pagados del País. Según un estudio del CIDAC, un cajero en México ganaba en promedio mil 764 pesos al mes en 2005. En Luz y Fuerza obtenía 10 mil 042 pesos. Pero, además, un trabajador de esta empresa recibe prestaciones muy por arriba de las del resto de los trabajadores. Tan sólo las ayudas de transporte, de despensa y de renta ascienden a 71 por ciento del salario.
El SME ha presentado un amplio pliego petitorio en su emplazamiento a huelga que incluye el rechazo a la inversión privada en electricidad, una reforma fiscal que disminuya los impuestos de los trabajadores, una mejora en las prestaciones y un aumento de 16 por ciento en el salario. Si no hay un acuerdo, el sindicato dejará sin electricidad al centro de la República. Pero en lugar de aceptar este chantaje, quizá los dueños -los ciudadanos mexicanos- deberíamos declarar en quiebra a la empresa y empezar de nuevo.
Sergio Sarmiento
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Cuando AMLO critique directa y abiertamente a los sindicatos como el SME, al de PEMEX, al SNTE, al SUTERM, y todos esos que viven del presupuesto, a costa de quienes si trabajamos, entonces, ese día, este blog se cerrará.
Etiquetas: AMLO, burocracia, demagogia, economia, impuestos, inversión, monopolios, pobreza, populismo, reaccionario, reformas, sindicatos, SME
miércoles, abril 25, 2007
Estás pagando hipoteca?
¿Eres uno de los cientos de miles de mexicanos que tienes una casa propia y que para adquirirla solicitaste crédito hipotecario con algún banco?
Si tu respuesta es afirmativa, espero que durante los últimos años hayas aprovechado el beneficio fiscal con el cual podrías deducir de tus ingresos todos los intereses reales pagados.
Si no lo has hecho, todavía puedes hacerlo esta semana. Solicita en tu banco la constancia de intereses reales pagados. Y has tu declaración de impuestos por tu cuenta. Es fácil, no necesitas contador, en la propia página del SAT (www.sat.gob.mx) hay un software que bajas e instalas y te hace el cálculo.
Bueno, lo anterior fue la buena noticia, ahora viene la mala. Como algunos ya sabrán, se esta planeando una reforma fiscal en el gobierno y congreso federales. Sin embargo, todo parece indicar que va a ser más de lo mismo: le van a clavar aún más el diente a quienes somos contribuyentes cautivos. Como no estamos organizados, estamos indefensos. Ahora resulta que, entre las propuestas, para el próximo año eliminarán la posibilidad de los deducir intereses reales de créditos hipotecarios. Lean la nota abajo. En lugar de atacar a los grandes evasores, de aumentar impuestos a los sectores que hoy están exentos (alimentos, agricultura, ganadería, comercio informal, políticos, burócratas), van por la clase media, por quienes con mucho esfuerzo estamos pagando una casa.
Por favor reenvía este correo a todos tus contactos, vamos a hacer ruido de que nos oponemos a la cancelación de la deducibilidad de los intereses reales hipotecarios.
No es justo. YA BASTA!!
Si no opinas, después no te quejes.
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Eliminan deducibilidad en hipotecas
Las personas físicas podrán deducir los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; los gastos funerales y los donativos
Alicia Díaz , El Norte
Monterrey, México (24 abril 2007).- La Secretaría de Hacienda eliminará en la declaración anual del 2007 la posibilidad de deducir los intereses hipotecarios, reduciendo a sólo los gastos médicos y donativos las deducciones personales que pueden hacer las personas físicas.
De acuerdo con el anteproyecto de Miscelánea Fiscal para el 2007 dado a conocer hoy por el SAT en su página de internet, Hacienda elimina la regla 3.13.10. que había sido publicada el 30 de enero pasado y la cual permite a quienes obtengan ingresos por hasta 400 mil pesos en el año 2006, puedan deducir de sus ingresos los gastos señalados en el articulo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El artículo 176 de la Ley de ISR señala que las personas físicas podrán deducir los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; los gastos funerales, los donativos, los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro y las primas por seguros de gastos médicos.
Fuentes de la Secretaría de Hacienda informaron que la Miscelánea Fiscal del 2007 será publicada en el Diario Oficial de la Federación el próximo viernes.
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Dany Osiel Portales Castro
Monterrey, NL, México
Etiquetas: demagogia, economia, impuestos, ISR, populismo, reforma fiscal
martes, marzo 06, 2007
Combatir la inflación a la Chávez
El mes de enero fue complicado para el equipo económico del Presidente Felipe Calderón, principalmente por el alza que presentó el precio de la tortilla. Aunque la explicación de esta alza es por un desequilibrio en el mercado del maíz debido a que a nivel mundial se ha incrementado la demanda del mismo, en nuestro país se presentó una oportunidad de oro para demostrar, por parte de algunos grupos políticos, que el Gobierno del Presidente Calderón, además de incapaz para enfrentar esta "crisis económica", era insensible ante el hambre del pueblo.
Y comenzaron a surgir propuestas de un grupo de políticos sobre cómo enfrentar la coyuntura económica. Entre estas propuestas, podemos mencionar al control de precios. En su "lógica" económica, este tipo de precios debe estar controlado. Muchos de estos políticos, en sus tiempos, fueron los que implementaron controles de precios que lo único que provocaban era escasez y que se tuviera que adquirir más caro los bienes en el mercado negro. También se sugirió que el Gobierno incrementara el monto de subsidios para mantener estos precios "bajos" para los consumidores. Tampoco estos políticos recuerdan que cuando se aplicaban subsidios de manera generalizada, regularmente se beneficiaba a quienes menos necesitaban del subsidio que era, además, una fuente de corrupción y se prestaba al clientelismo electoral.
Otra propuesta de "política pública" es exhibir a todos aquellos acaparadores que están medrando con el hambre de la gente para que reciban castigos ejemplares. Esta medida era la favorita de los políticos en la época de Luis Echeverría en donde los villanos eran los comerciantes, a los cuales a la menor desviación de los precios determinados en el escritorio de un burócrata, les clausuraban el negocio. En esas épocas de política económica de "sensibilidad hacia el pueblo" y control de la economía, las inflaciones en más de una ocasión sobrepasaron niveles del 100 por ciento en medio de una gran escasez y especulación.
Cuando a una autoridad le daba por aplicar este tipo de medidas es que existía una gran desesperación oficial por tratar de arreglar el desorden provocado, principalmente, por los desarreglos fiscales y monetarios que acompañaban a esas políticas de precios controlados y subsidios indiscriminados. Lo más fácil era encontrar en el sector privado a los culpables de la carestía y castigarlos cuando, en el fondo, el problema de la inflación siempre se presentaba cuando existía un desorden monetario. La inflación es un fenómeno monetario.
¿Qué hizo el Gobierno del Presidente Calderón para solucionar esta crisis de enero? Las primeras medidas que tuvieron que ver con incrementar la oferta de maíz en el corto plazo a través de elevar los cupos de importación y enviar señales para que los productores de maíz se den cuenta de los precios vigentes en el mercado y aumentaran la oferta de este producto, han sido en realidad las más efectivas.
¿Realmente enfrentamos una escalada inflacionaria el mes de enero tal como lo vociferaban algunos grupos? De acuerdo al Banco de México, la inflación del mes de enero fue de 0.52 por ciento mensual. Comparada con los últimos 10 años, ha sido la tercera inflación más baja para un mes de enero. La inflación anual alcanzó un nivel de 3.98 por ciento. Lo que nos dicen estos datos es que no hay ninguna escalada de precios en el País ni una expansión de la demanda agregada que amerite, por el momento, la intervención del Banco Central para eliminar las presiones inflacionarias.
La hipótesis más válida sigue siendo que, efectivamente, fue más el ruido político y mediático que se hizo de este tema que lo que realmente sucedió. Las presiones de los sindicatos para buscar incrementos salariales de emergencia; la marcha organizada por grupos políticos y sindicales que se hizo en el Distrito Federal y otras medidas de presión política fueron únicamente una oportunidad para posicionarse políticamente y que no nos olvidáramos de que existe una Presidencia "legítima" que, según algunos, pudo haber manejado mejor la situación.
¿Realmente la situación se puede manejar de manera diferente e implementar todas las medidas para "controlar" los precios que sugieren estos políticos? Sinceramente, creo que no y para ejemplo hay que echar un vistazo a lo que sucede en Venezuela. A pesar de que el Presidente Chávez aplica políticas socialistas para ayudar al pueblo, este país registró durante el mes de enero una inflación anual del 18.4 por ciento, la más elevada de la lista de 42 países que publica The Economist.
Para enfrentarla, Chávez ha impuesto controles de precios, subsidios a productos básicos que se venden en tiendas oficiales, donde por cierto no existen dichos productos. Ha amenazado con expropiar a aquellos comercios que violen sus controles de precios. Ha reducido la tasa del IVA al 9 por ciento. Los resultados son muy pobres debido a que no van a la verdadera causa de la inflación. El programa de gasto público y subsidios ha "calentado" la economía venezolana registrando un crecimiento de 10.3 por ciento en el tercer trimestre del 2006, también la más elevada de la muestra de países del The Economist.
Para rematar, Chávez está buscando quitarle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Los resultados son bastante predecibles: más inflación y carestía. No hay que olvidar que el camino a las crisis económicas está pavimentado de buenas intenciones populistas.
Abel Hibert, El Norte, 5 de marzo 2007
ahibert@prodigy.net.mx
Y comenzaron a surgir propuestas de un grupo de políticos sobre cómo enfrentar la coyuntura económica. Entre estas propuestas, podemos mencionar al control de precios. En su "lógica" económica, este tipo de precios debe estar controlado. Muchos de estos políticos, en sus tiempos, fueron los que implementaron controles de precios que lo único que provocaban era escasez y que se tuviera que adquirir más caro los bienes en el mercado negro. También se sugirió que el Gobierno incrementara el monto de subsidios para mantener estos precios "bajos" para los consumidores. Tampoco estos políticos recuerdan que cuando se aplicaban subsidios de manera generalizada, regularmente se beneficiaba a quienes menos necesitaban del subsidio que era, además, una fuente de corrupción y se prestaba al clientelismo electoral.
Otra propuesta de "política pública" es exhibir a todos aquellos acaparadores que están medrando con el hambre de la gente para que reciban castigos ejemplares. Esta medida era la favorita de los políticos en la época de Luis Echeverría en donde los villanos eran los comerciantes, a los cuales a la menor desviación de los precios determinados en el escritorio de un burócrata, les clausuraban el negocio. En esas épocas de política económica de "sensibilidad hacia el pueblo" y control de la economía, las inflaciones en más de una ocasión sobrepasaron niveles del 100 por ciento en medio de una gran escasez y especulación.
Cuando a una autoridad le daba por aplicar este tipo de medidas es que existía una gran desesperación oficial por tratar de arreglar el desorden provocado, principalmente, por los desarreglos fiscales y monetarios que acompañaban a esas políticas de precios controlados y subsidios indiscriminados. Lo más fácil era encontrar en el sector privado a los culpables de la carestía y castigarlos cuando, en el fondo, el problema de la inflación siempre se presentaba cuando existía un desorden monetario. La inflación es un fenómeno monetario.
¿Qué hizo el Gobierno del Presidente Calderón para solucionar esta crisis de enero? Las primeras medidas que tuvieron que ver con incrementar la oferta de maíz en el corto plazo a través de elevar los cupos de importación y enviar señales para que los productores de maíz se den cuenta de los precios vigentes en el mercado y aumentaran la oferta de este producto, han sido en realidad las más efectivas.
¿Realmente enfrentamos una escalada inflacionaria el mes de enero tal como lo vociferaban algunos grupos? De acuerdo al Banco de México, la inflación del mes de enero fue de 0.52 por ciento mensual. Comparada con los últimos 10 años, ha sido la tercera inflación más baja para un mes de enero. La inflación anual alcanzó un nivel de 3.98 por ciento. Lo que nos dicen estos datos es que no hay ninguna escalada de precios en el País ni una expansión de la demanda agregada que amerite, por el momento, la intervención del Banco Central para eliminar las presiones inflacionarias.
La hipótesis más válida sigue siendo que, efectivamente, fue más el ruido político y mediático que se hizo de este tema que lo que realmente sucedió. Las presiones de los sindicatos para buscar incrementos salariales de emergencia; la marcha organizada por grupos políticos y sindicales que se hizo en el Distrito Federal y otras medidas de presión política fueron únicamente una oportunidad para posicionarse políticamente y que no nos olvidáramos de que existe una Presidencia "legítima" que, según algunos, pudo haber manejado mejor la situación.
¿Realmente la situación se puede manejar de manera diferente e implementar todas las medidas para "controlar" los precios que sugieren estos políticos? Sinceramente, creo que no y para ejemplo hay que echar un vistazo a lo que sucede en Venezuela. A pesar de que el Presidente Chávez aplica políticas socialistas para ayudar al pueblo, este país registró durante el mes de enero una inflación anual del 18.4 por ciento, la más elevada de la lista de 42 países que publica The Economist.
Para enfrentarla, Chávez ha impuesto controles de precios, subsidios a productos básicos que se venden en tiendas oficiales, donde por cierto no existen dichos productos. Ha amenazado con expropiar a aquellos comercios que violen sus controles de precios. Ha reducido la tasa del IVA al 9 por ciento. Los resultados son muy pobres debido a que no van a la verdadera causa de la inflación. El programa de gasto público y subsidios ha "calentado" la economía venezolana registrando un crecimiento de 10.3 por ciento en el tercer trimestre del 2006, también la más elevada de la muestra de países del The Economist.
Para rematar, Chávez está buscando quitarle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Los resultados son bastante predecibles: más inflación y carestía. No hay que olvidar que el camino a las crisis económicas está pavimentado de buenas intenciones populistas.
Abel Hibert, El Norte, 5 de marzo 2007
ahibert@prodigy.net.mx
Etiquetas: Chavez, economia, impuestos, inflacion, pobreza, populismo, subsidios
viernes, enero 19, 2007
La reforma fiscal o el idioma de Babel
Aunque se ha desatado el optimismo por la posible reforma fiscal, creo que todavía hay muchas razones para ser escéptico.
El lunes por la noche, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD se reunieron con el Secretario de Hacienda para empezar el camino hacia la reforma fiscal que presuntamente debe quedar lista en el primer semestre del año.
Aquí le hemos hablado varias veces de que Agustín Carstens es mil veces mejor negociador que el ex Secretario Gil Díaz y que ese solo hecho incrementa la posibilidad de que la reforma salga adelante.
Pero también debe reconocerse que los primeros indicios hacen pensar que el camino va a estar lleno de piedritas y... de rocas, y que no va a ser suficiente la habilidad negociadora de Carstens.
De acuerdo con lo que trascendió de la reunión referida, otra vez se quiere hacer una revisión integral del sistema tributario mexicano y se quiere resucitar parte de lo que se fraguó en ese gran circo que se llamó "Convención Nacional Hacendaria".
Pero también se pondrán sobre la mesa los temas de la elusión, la evasión, la economía informal, la competitividad, la simplicidad, el trato discriminatorio, los impuestos locales y la mayor recaudación. Nada más para abrir boca.
Si la pretensión es reinventar el sistema tributario mexicano, le apuesto a que al final de este año vamos a estar explicando por qué falló nuevamente "la reforma fiscal integral".
La posición del Ejecutivo es que van a dejar que las iniciativas se gesten en los propios legisladores y sólo van a ayudar a dar coherencia a las propuestas.
Si le habla de reforma fiscal a la Secretaría de Hacienda, sin embargo, lo que no puede estar ausente es el incremento de la captación de impuestos. Se haga lo que se haga, para el gobierno la reforma fiscal va a tener sentido si lleva más dinero a las arcas públicas, pues se visualiza el riesgo de déficit a la vuelta de unos cuantos años.
Si le pregunta a los gobernadores o secretarios de finanzas de los Estados, le van a decir que la reforma fiscal es pertinente, siempre y cuando aumenten las transferencias de recursos a los estados y municipios.
Si es a los líderes empresariales a quienes les pregunta, le van a responder que la única forma de entender la reforma fiscal es poniendo en México impuestos más competitivos, simplificando el pago y dando seguridad jurídica.
Si es a los profesionistas independientes, lo que van a demandar es que los esquemas de deducciones fiscales de México se parezcan a los de Estados Unidos, ya que nos queremos parecer a ellos en otras cosas.
Si le pregunta a los contribuyentes cautivos, le van a decir que la reforma lo que requiere es meter en cintura a los informales que usan los servicios públicos pero no contribuyen a su financiamiento.
Si el cuestionamiento es a los asalariados de clase media que pagan tasas hasta del 20 por ciento o más, entonces van a decir que lo que se requiere es que bajen las tasas de impuestos tan elevadas que merman su quincena.
Cada sector entiende de manera diferente el significado de la reforma fiscal y siempre hay el riesgo de que a la hora de entrar en los detalles y dejar de lado los grandes propósitos, la discusión se convierta en un laberinto del cual no hay manera de salir... o en una Torre de Babel.
Si en el plazo de las próximas semanas no se define un mínimo común denominador entre los diferentes sectores, aunque el resultado no implique la gran reforma, sino algunos cambios que le den orden al sistema, entonces lo más probable es que de nuevo nos atoremos.
Hay algunos elementos que pueden formar parte de ese denominador común.
Muy pocos pueden estar en contra de simplificar el pago de impuestos. Quizá se opongan algunos contadores que viven de las complicaciones de los contribuyentes o algunos funcionarios que han encontrado en la complejidad de los impuestos su razón de ser o que hacen en ella su agosto. Pero la mayoría va a estar a favor.
Son pocos los que podrían estar en contra de que haya más contribuyentes. Bueno, toda la economía informal estaría en contra de pagar, pero me parece que no habría que preguntarles su opinión, sino diseñar castigos fuertes para quienes no paguen e incentivos buenos para quienes lo hagan.
La mayoría también estará a favor de que el manejo de los impuestos sea más transparente. Y, si en este caso algunos funcionarios se oponen, pues tampoco a ellos habría que preguntarles su opinión.
Que los estados dependan menos de la federación y se hagan cargo en mayor grado de sus propios ingresos no debe ser tampoco un tema que encuentre demasiada oposición.
Con que hubiera reformas sustantivas y no cosméticas en los puntos anteriores, tendríamos una verdadera revolución fiscal.
Ojalá me equivoque, pero creo que vamos camino a Babel.
Enrique Quintana, El Norte, 18 de enero 2007
enrique.quintana@reforma.com
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Ojalá en ésta ocasión no ganen los populistas y si se logre una reforma fiscal integral. Los populistas son buenos para exigir que todo este subsidiado, que se aumenten los salarios, que el gobierno "invierta" más en gasto social, etc. Pero son ellos quienes se han opuesto a una reforma fiscal que podría darle recursos al Estado para precisamente tener mayor gasto social. Tiene que ser una reforma fiscal que promueva la generación de la riqueza, mayor inversión productiva. Si le aumentan los impuestos a los ricos, bajo la consigna de Robin Hood, lo único que se causará será mayor pobreza. Los ricos dejarán de invertir, se llevarán su dinero a otro país (TELMEX, CEMEX, Bimbo, Maseca, Femsa, y un largo etcétera) y seguiremos igual. El mejor impuesto que se les puede cobrar a los dueños del capital es por medio de los salarios de sus trabajadores, es decir, al crear empleos, generar valor agregado, los ricos ponen a trabajar su capital y la pobreza disminuye. ¿Lo entenderán los populistas?
Dany Osiel Portales Castro
El lunes por la noche, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD se reunieron con el Secretario de Hacienda para empezar el camino hacia la reforma fiscal que presuntamente debe quedar lista en el primer semestre del año.
Aquí le hemos hablado varias veces de que Agustín Carstens es mil veces mejor negociador que el ex Secretario Gil Díaz y que ese solo hecho incrementa la posibilidad de que la reforma salga adelante.
Pero también debe reconocerse que los primeros indicios hacen pensar que el camino va a estar lleno de piedritas y... de rocas, y que no va a ser suficiente la habilidad negociadora de Carstens.
De acuerdo con lo que trascendió de la reunión referida, otra vez se quiere hacer una revisión integral del sistema tributario mexicano y se quiere resucitar parte de lo que se fraguó en ese gran circo que se llamó "Convención Nacional Hacendaria".
Pero también se pondrán sobre la mesa los temas de la elusión, la evasión, la economía informal, la competitividad, la simplicidad, el trato discriminatorio, los impuestos locales y la mayor recaudación. Nada más para abrir boca.
Si la pretensión es reinventar el sistema tributario mexicano, le apuesto a que al final de este año vamos a estar explicando por qué falló nuevamente "la reforma fiscal integral".
La posición del Ejecutivo es que van a dejar que las iniciativas se gesten en los propios legisladores y sólo van a ayudar a dar coherencia a las propuestas.
Si le habla de reforma fiscal a la Secretaría de Hacienda, sin embargo, lo que no puede estar ausente es el incremento de la captación de impuestos. Se haga lo que se haga, para el gobierno la reforma fiscal va a tener sentido si lleva más dinero a las arcas públicas, pues se visualiza el riesgo de déficit a la vuelta de unos cuantos años.
Si le pregunta a los gobernadores o secretarios de finanzas de los Estados, le van a decir que la reforma fiscal es pertinente, siempre y cuando aumenten las transferencias de recursos a los estados y municipios.
Si es a los líderes empresariales a quienes les pregunta, le van a responder que la única forma de entender la reforma fiscal es poniendo en México impuestos más competitivos, simplificando el pago y dando seguridad jurídica.
Si es a los profesionistas independientes, lo que van a demandar es que los esquemas de deducciones fiscales de México se parezcan a los de Estados Unidos, ya que nos queremos parecer a ellos en otras cosas.
Si le pregunta a los contribuyentes cautivos, le van a decir que la reforma lo que requiere es meter en cintura a los informales que usan los servicios públicos pero no contribuyen a su financiamiento.
Si el cuestionamiento es a los asalariados de clase media que pagan tasas hasta del 20 por ciento o más, entonces van a decir que lo que se requiere es que bajen las tasas de impuestos tan elevadas que merman su quincena.
Cada sector entiende de manera diferente el significado de la reforma fiscal y siempre hay el riesgo de que a la hora de entrar en los detalles y dejar de lado los grandes propósitos, la discusión se convierta en un laberinto del cual no hay manera de salir... o en una Torre de Babel.
Si en el plazo de las próximas semanas no se define un mínimo común denominador entre los diferentes sectores, aunque el resultado no implique la gran reforma, sino algunos cambios que le den orden al sistema, entonces lo más probable es que de nuevo nos atoremos.
Hay algunos elementos que pueden formar parte de ese denominador común.
Muy pocos pueden estar en contra de simplificar el pago de impuestos. Quizá se opongan algunos contadores que viven de las complicaciones de los contribuyentes o algunos funcionarios que han encontrado en la complejidad de los impuestos su razón de ser o que hacen en ella su agosto. Pero la mayoría va a estar a favor.
Son pocos los que podrían estar en contra de que haya más contribuyentes. Bueno, toda la economía informal estaría en contra de pagar, pero me parece que no habría que preguntarles su opinión, sino diseñar castigos fuertes para quienes no paguen e incentivos buenos para quienes lo hagan.
La mayoría también estará a favor de que el manejo de los impuestos sea más transparente. Y, si en este caso algunos funcionarios se oponen, pues tampoco a ellos habría que preguntarles su opinión.
Que los estados dependan menos de la federación y se hagan cargo en mayor grado de sus propios ingresos no debe ser tampoco un tema que encuentre demasiada oposición.
Con que hubiera reformas sustantivas y no cosméticas en los puntos anteriores, tendríamos una verdadera revolución fiscal.
Ojalá me equivoque, pero creo que vamos camino a Babel.
Enrique Quintana, El Norte, 18 de enero 2007
enrique.quintana@reforma.com
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Ojalá en ésta ocasión no ganen los populistas y si se logre una reforma fiscal integral. Los populistas son buenos para exigir que todo este subsidiado, que se aumenten los salarios, que el gobierno "invierta" más en gasto social, etc. Pero son ellos quienes se han opuesto a una reforma fiscal que podría darle recursos al Estado para precisamente tener mayor gasto social. Tiene que ser una reforma fiscal que promueva la generación de la riqueza, mayor inversión productiva. Si le aumentan los impuestos a los ricos, bajo la consigna de Robin Hood, lo único que se causará será mayor pobreza. Los ricos dejarán de invertir, se llevarán su dinero a otro país (TELMEX, CEMEX, Bimbo, Maseca, Femsa, y un largo etcétera) y seguiremos igual. El mejor impuesto que se les puede cobrar a los dueños del capital es por medio de los salarios de sus trabajadores, es decir, al crear empleos, generar valor agregado, los ricos ponen a trabajar su capital y la pobreza disminuye. ¿Lo entenderán los populistas?
Dany Osiel Portales Castro
Etiquetas: impuestos, inflacion, petroleo, pobreza, populismo, reforma fiscal, subsidios
