martes, septiembre 30, 2008
No a la privatización
"Los ladrones creen en la propiedad; lo malo es que les inspira un excesivo amor".
G.K. Chesterton
El artículo 28 de nuestra actual Constitución retomó de la Carta Magna de 1857 la prohibición de los monopolios. Sólo que en contraste con el texto liberal original, el cual establecía exenciones a la prohibición de los monopolios sólo para la acuñación de moneda, el correo y las patentes intelectuales, el actual establece una larga lista de excepciones entre las que se encuentran "las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses".
Esta exención a la prohibición constitucional a los monopolios no ha beneficiado a los trabajadores mexicanos, los cuales siguen siendo muy pobres, especialmente en contraste con los países que no otorgan este monopolio a los sindicatos. Sí ha hecho ricos, en cambio, a nuestros líderes sindicales, quienes son mucho más prósperos que los de cualquier país desarrollado. A la sociedad mexicana el monopolio le ha impuesto cargas excesivas. Una de las razones más importantes de que México sea hoy un país pobre es precisamente la existencia de los monopolios sindicales.
Hoy en Morelos, y también en Quintana Roo, estamos viviendo una de las consecuencias de permitir que los sindicatos sean monopolios. Los grupos disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se oponen a una Alianza por la Calidad de la Educación que podrá ser tan imperfecta como se quiera, pero que en su parte esencial, al dar al Estado la posibilidad de seleccionar con un examen a los mejores aspirantes a ocupar cargos de maestros en escuelas públicas, es absolutamente indispensable y razonable. Sin una regla que permita a la sociedad buscar a los mejores maestros, las escuelas públicas nunca podrán ser competitivas; y sin una educación de calidad, México nunca podrá superar la pobreza que actualmente nos agobia.
La acción lógica de la sociedad ante la prolongada suspensión de clases en Morelos habría sido la de empezar a contratar a nuevos maestros para reemplazar a los paristas y reanudar las clases lo antes posible. Y no faltan aspirantes a ocupar esos cargos. Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo entre los maestros de escuelas públicas son mejores de los que prevalecen en promedio en la sociedad mexicana. Por eso precisamente se ha creado un mercado negro de plazas magisteriales y por ello los maestros disidentes han exigido que se les respete la "conquista sindical" de heredar o vender sus plazas.
Es indignante que, en lugar de eso, las autoridades educativas de Quintana Roo y Morelos hayan optado por tratar de "comprar" las plazas de los maestros con dinero del pueblo. El paro en Quintana Roo, efectivamente, se zanjó en un principio con un pago de 120 mil pesos por cada plaza magisterial. En Morelos el gobierno ha ofrecido 80 mil pesos, pero la oferta ha sido rechazada hasta ahora por los maestros en huelga.
Los líderes del paro en Morelos afirman que se oponen a la "privatización de la educación". Lo curioso es que son ellos quienes están promoviendo una privatización abierta de la instrucción pública en nuestro país. Lo han hecho ya con esas plazas magisteriales que han dejado de ser propiedad pública y que se han convertido en propiedad privada de maestros y sindicato. Lo están logrando también -como lo ha hecho la sección 22 del SNTE en Oaxaca con 28 años de paros consecutivos- al hacer que las escuelas públicas no sean ya una opción de razonable calidad para la instrucción de los niños. Con ello obligan a que las familias que puedan paguen escuelas privadas para sus hijos, en adición al dinero que tienen que desembolsar en impuestos para sostener una educación pública disfuncional.
El daño que ha hecho a nuestro país la modificación del texto original de la Constitución de 1857, que prohibía los monopolios de todo tipo, ha sido enorme. En esa ampliación de los monopolios que pueden operar impunemente se encuentran en buena medida las razones de la pobreza de nuestro país. Una medida que estaba supuestamente destinada a defender los intereses de los trabajadores, los ha empobrecido a ellos y ha enriquecido a sus líderes; pero los daños para la sociedad mexicana han sido mucho más profundos.
En educación las consecuencias son devastadoras. El monopolio sindical ha permitido que se mantenga en México una instrucción pública de mala calidad y ha privatizado tanto las plazas de los maestros como la enseñanza en general. Ha llegado por eso el momento en que los mexicanos digamos un "no" rotundo a la privatización de la educación pública. Pero también que pidamos la corrección del artículo 28 de la Constitución que, al dar a los sindicatos un monopolio, ha empobrecido de manera inaceptable a nuestro país para beneficio de unos cuantos líderes.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
G.K. Chesterton
El artículo 28 de nuestra actual Constitución retomó de la Carta Magna de 1857 la prohibición de los monopolios. Sólo que en contraste con el texto liberal original, el cual establecía exenciones a la prohibición de los monopolios sólo para la acuñación de moneda, el correo y las patentes intelectuales, el actual establece una larga lista de excepciones entre las que se encuentran "las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses".
Esta exención a la prohibición constitucional a los monopolios no ha beneficiado a los trabajadores mexicanos, los cuales siguen siendo muy pobres, especialmente en contraste con los países que no otorgan este monopolio a los sindicatos. Sí ha hecho ricos, en cambio, a nuestros líderes sindicales, quienes son mucho más prósperos que los de cualquier país desarrollado. A la sociedad mexicana el monopolio le ha impuesto cargas excesivas. Una de las razones más importantes de que México sea hoy un país pobre es precisamente la existencia de los monopolios sindicales.
Hoy en Morelos, y también en Quintana Roo, estamos viviendo una de las consecuencias de permitir que los sindicatos sean monopolios. Los grupos disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se oponen a una Alianza por la Calidad de la Educación que podrá ser tan imperfecta como se quiera, pero que en su parte esencial, al dar al Estado la posibilidad de seleccionar con un examen a los mejores aspirantes a ocupar cargos de maestros en escuelas públicas, es absolutamente indispensable y razonable. Sin una regla que permita a la sociedad buscar a los mejores maestros, las escuelas públicas nunca podrán ser competitivas; y sin una educación de calidad, México nunca podrá superar la pobreza que actualmente nos agobia.
La acción lógica de la sociedad ante la prolongada suspensión de clases en Morelos habría sido la de empezar a contratar a nuevos maestros para reemplazar a los paristas y reanudar las clases lo antes posible. Y no faltan aspirantes a ocupar esos cargos. Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo entre los maestros de escuelas públicas son mejores de los que prevalecen en promedio en la sociedad mexicana. Por eso precisamente se ha creado un mercado negro de plazas magisteriales y por ello los maestros disidentes han exigido que se les respete la "conquista sindical" de heredar o vender sus plazas.
Es indignante que, en lugar de eso, las autoridades educativas de Quintana Roo y Morelos hayan optado por tratar de "comprar" las plazas de los maestros con dinero del pueblo. El paro en Quintana Roo, efectivamente, se zanjó en un principio con un pago de 120 mil pesos por cada plaza magisterial. En Morelos el gobierno ha ofrecido 80 mil pesos, pero la oferta ha sido rechazada hasta ahora por los maestros en huelga.
Los líderes del paro en Morelos afirman que se oponen a la "privatización de la educación". Lo curioso es que son ellos quienes están promoviendo una privatización abierta de la instrucción pública en nuestro país. Lo han hecho ya con esas plazas magisteriales que han dejado de ser propiedad pública y que se han convertido en propiedad privada de maestros y sindicato. Lo están logrando también -como lo ha hecho la sección 22 del SNTE en Oaxaca con 28 años de paros consecutivos- al hacer que las escuelas públicas no sean ya una opción de razonable calidad para la instrucción de los niños. Con ello obligan a que las familias que puedan paguen escuelas privadas para sus hijos, en adición al dinero que tienen que desembolsar en impuestos para sostener una educación pública disfuncional.
El daño que ha hecho a nuestro país la modificación del texto original de la Constitución de 1857, que prohibía los monopolios de todo tipo, ha sido enorme. En esa ampliación de los monopolios que pueden operar impunemente se encuentran en buena medida las razones de la pobreza de nuestro país. Una medida que estaba supuestamente destinada a defender los intereses de los trabajadores, los ha empobrecido a ellos y ha enriquecido a sus líderes; pero los daños para la sociedad mexicana han sido mucho más profundos.
En educación las consecuencias son devastadoras. El monopolio sindical ha permitido que se mantenga en México una instrucción pública de mala calidad y ha privatizado tanto las plazas de los maestros como la enseñanza en general. Ha llegado por eso el momento en que los mexicanos digamos un "no" rotundo a la privatización de la educación pública. Pero también que pidamos la corrección del artículo 28 de la Constitución que, al dar a los sindicatos un monopolio, ha empobrecido de manera inaceptable a nuestro país para beneficio de unos cuantos líderes.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Etiquetas: calidad, CNTE, corporativismo, corrupcion, demagogia, educación, monopolios, reaccionario, reforma fiscal, sindicatos, SNTE
