lunes, diciembre 12, 2011
Espejo retrovisor
La debilidad del crecimiento económico de México a lo largo del pasado cuarto de siglo sigue dando lugar a la multiplicación de ideas para fortalecerlo. Muchas de ellas son analíticamente sólidas y políticamente viables. Otras son meros buenos deseos. Y hay también aquellas que son una franca regresión histórica. Entre las últimas destacan piezas de museo que conviene distinguir, porque son parte de las propuestas de grupos que pretenden llegar algún día (espero que sea lejano) al poder político en nuestro País.
Por ejemplo, se dice que la aceleración del desarrollo económico nacional precisa de un ejercicio de planeación integral -encabezado por el Gobierno. Este planteamiento no tiene nada de nuevo, y admite al menos dos objeciones de peso: ha fracasado en más de una ocasión en el pasado mexicano y el Gobierno ha probado que no es capaz de planear adecuadamente ni siquiera sus propias actividades. Esto no quiere decir que el Gobierno debe jugar un papel insignificante en el proceso de desarrollo. Al contrario, el análisis empírico de cientos de casos revela que la tasa de crecimiento es más alta si el Gobierno protege los derechos de propiedad, mantiene la libertad de los mercados y gasta poco en consumo improductivo. [Barro, R. y Sala-i-Martin, X. (2004), Economic Growth, Cambridge, Mass.: MIT Press]. Ya sé que lo apuntado no coincide del todo con la experiencia reciente de China. Sin embargo, conviene notar que el caso chino gira alrededor de la existencia de un gobierno autoritario -aunque pragmático- y sirve de ejemplo para México sólo en unos cuantos aspectos.
En lo que toca a factores financieros, el espectro de las sugerencias es muy amplio, y con harta frecuencia es incongruente. A muchos aspirantes al poder les parece adecuado establecer controles tanto sobre las tasas de interés que los intermediarios financieros pagan al ahorrador, como sobre las tasas de interés que cobran al acreditado. Esta propuesta no es otra cosa que un esquema discrecional de subsidios. Curiosamente, encuentra eco en algunos círculos empresariales, a pesar de que sus miembros reaccionarían con santa ira frente a la idea de que la burocracia determinara los precios de los productos que ellos producen o comercializan. En el mismo ámbito, hay quienes quieren revivir lo que en su época se llamó "controles selectivos del crédito" aplicables a la banca comercial -un mecanismo arbitrario que propició la politización de los flujos de recursos, la consecuente ineficiencia y la inevitable corrupción. Otros, en la misma vena, suspiran por el regreso de "una banca de desarrollo fortalecida". A este respecto, como dice la frase en inglés: "been there, done that". En otras palabras, eso ya lo probamos, y el resultado, entre otros, fue Banrural, una institución desprestigiada con razón, cuya liquidación le costó al fisco la friolera de 4 mil millones de dólares, si la memoria no me falla.
Siguiendo con lo financiero, apenas hace unos días me topé con una nota especializada que avala la propuesta -ya plasmada en iniciativas de ley por parte de un par de partidos políticos- de cambiar la Constitución, para que el mandato del Banco de México incluya la tarea de lograr "el máximo crecimiento económico" (!), y no sólo el combate a la inflación. Esto les parece a los proponentes un avance en materia de política monetaria, pero en realidad sería un retroceso histórico. Se trata de una confusión entre lo que se puede hacer en materia de política anticíclica y lo que se debe hacer en materia de política de desarrollo. Los economistas sabemos que, en ciertas condiciones limitadas, una expansión monetaria puede tener efectos positivos temporales sobre la producción y el empleo. So far, so good. Pero es imposible generar un auge permanente utilizando esa herramienta. En el largo plazo, lo único que se obtiene con un crecimiento monetario alto y creciente es más inflación, tasas de interés más altas y una economía menos productiva.
El problema económico principal de México no consiste en los altibajos típicos de las economías avanzadas, sino en la lentitud casi secular de su desarrollo. La mejoría sostenible del bienestar de la población depende del aumento de la productividad y ello, a su vez, está determinado por factores reales, no monetarios. Lo que importa es la cantidad y calidad del capital físico y humano de que se dispone, la eficiencia y confiabilidad de las instituciones, la flexibilidad de los mercados, la capacidad de absorción de la tecnología moderna, etcétera. Suponer que todo ello se resume en un cambio en la Ley de Banxico es de un simplismo inquietante.
Al manejar un auto, es útil echar una ojeada al espejo retrovisor de vez en cuando, pero es vital ver hacia adelante.
Por ejemplo, se dice que la aceleración del desarrollo económico nacional precisa de un ejercicio de planeación integral -encabezado por el Gobierno. Este planteamiento no tiene nada de nuevo, y admite al menos dos objeciones de peso: ha fracasado en más de una ocasión en el pasado mexicano y el Gobierno ha probado que no es capaz de planear adecuadamente ni siquiera sus propias actividades. Esto no quiere decir que el Gobierno debe jugar un papel insignificante en el proceso de desarrollo. Al contrario, el análisis empírico de cientos de casos revela que la tasa de crecimiento es más alta si el Gobierno protege los derechos de propiedad, mantiene la libertad de los mercados y gasta poco en consumo improductivo. [Barro, R. y Sala-i-Martin, X. (2004), Economic Growth, Cambridge, Mass.: MIT Press]. Ya sé que lo apuntado no coincide del todo con la experiencia reciente de China. Sin embargo, conviene notar que el caso chino gira alrededor de la existencia de un gobierno autoritario -aunque pragmático- y sirve de ejemplo para México sólo en unos cuantos aspectos.
En lo que toca a factores financieros, el espectro de las sugerencias es muy amplio, y con harta frecuencia es incongruente. A muchos aspirantes al poder les parece adecuado establecer controles tanto sobre las tasas de interés que los intermediarios financieros pagan al ahorrador, como sobre las tasas de interés que cobran al acreditado. Esta propuesta no es otra cosa que un esquema discrecional de subsidios. Curiosamente, encuentra eco en algunos círculos empresariales, a pesar de que sus miembros reaccionarían con santa ira frente a la idea de que la burocracia determinara los precios de los productos que ellos producen o comercializan. En el mismo ámbito, hay quienes quieren revivir lo que en su época se llamó "controles selectivos del crédito" aplicables a la banca comercial -un mecanismo arbitrario que propició la politización de los flujos de recursos, la consecuente ineficiencia y la inevitable corrupción. Otros, en la misma vena, suspiran por el regreso de "una banca de desarrollo fortalecida". A este respecto, como dice la frase en inglés: "been there, done that". En otras palabras, eso ya lo probamos, y el resultado, entre otros, fue Banrural, una institución desprestigiada con razón, cuya liquidación le costó al fisco la friolera de 4 mil millones de dólares, si la memoria no me falla.
Siguiendo con lo financiero, apenas hace unos días me topé con una nota especializada que avala la propuesta -ya plasmada en iniciativas de ley por parte de un par de partidos políticos- de cambiar la Constitución, para que el mandato del Banco de México incluya la tarea de lograr "el máximo crecimiento económico" (!), y no sólo el combate a la inflación. Esto les parece a los proponentes un avance en materia de política monetaria, pero en realidad sería un retroceso histórico. Se trata de una confusión entre lo que se puede hacer en materia de política anticíclica y lo que se debe hacer en materia de política de desarrollo. Los economistas sabemos que, en ciertas condiciones limitadas, una expansión monetaria puede tener efectos positivos temporales sobre la producción y el empleo. So far, so good. Pero es imposible generar un auge permanente utilizando esa herramienta. En el largo plazo, lo único que se obtiene con un crecimiento monetario alto y creciente es más inflación, tasas de interés más altas y una economía menos productiva.
El problema económico principal de México no consiste en los altibajos típicos de las economías avanzadas, sino en la lentitud casi secular de su desarrollo. La mejoría sostenible del bienestar de la población depende del aumento de la productividad y ello, a su vez, está determinado por factores reales, no monetarios. Lo que importa es la cantidad y calidad del capital físico y humano de que se dispone, la eficiencia y confiabilidad de las instituciones, la flexibilidad de los mercados, la capacidad de absorción de la tecnología moderna, etcétera. Suponer que todo ello se resume en un cambio en la Ley de Banxico es de un simplismo inquietante.
Al manejar un auto, es útil echar una ojeada al espejo retrovisor de vez en cuando, pero es vital ver hacia adelante.
Everardo Elizondo
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Aunque Everardo Elizondo no lo dice por ser "políticamente correcto", hay que decirlo con todas sus letras, quienes está haciendo esas propuestas que serían un retroceso es AMLO y su equipo. Quieren más control del gobierno en la economía, como si fuera poco el que ya tenemos. Y quieren poner controles financieros a tasas de interés, tipo de cambio (depreciación), para beneficiar a unos cuantos (empresarios exportadores) en detrimento de la mayoría (todos somos consumidores). Como bien señala Elizondo, esas propuestas ya se implementaron antes con resultados desastrosos para México, y sobre todo para los más pobres en forma del impuesto más terrible de todos: la inflación.
