martes, octubre 21, 2008
Contra México
"Un consenso significa que todos acuerdan decir colectivamente lo que nadie cree en lo individual".
Abba Eban
La clase política nacional está presentando como triunfo un acuerdo que en realidad representa una gran derrota para los mexicanos. Es positivo que los dirigentes de los tres principales partidos políticos hayan llegado a un aparente consenso para aprobar una reforma energética, pero esta reforma tan parchada no es la solución para las urgentes dificultades de la industria petrolera nacional. Por el contrario, pronto se convertirá en parte del problema.
La razón por la cual México necesitaba una reforma petrolera -la energética ni siquiera ha empezado a discutirse- es para promover una mayor inversión. Nuestros senadores, sin embargo, están ofreciendo modificaciones a la ley que no generarán las inversiones que el país necesita.
La reforma pactada sigue permitiendo la inversión privada en extracción de petróleo, la cual, en realidad, nunca ha dejado de existir. Lo único que ha hecho es ordenar que los pagos a los contratistas sean fijos y en efectivo en vez de variables y con incentivos por desempeño.
Sólo un político mexicano puede suponer que un contrato con pago variable, que premie los buenos resultados de un proyecto, sea una amenaza para la soberanía nacional, mientras que el mismo contrato con pago fijo resulte un baluarte del nacionalismo revolucionario. Pero, bueno: nadie se hará nunca rico apostando a la inteligencia de nuestros políticos.
Los senadores y demás políticos están presentando esta prohibición a los contratos de desempeño como un gran triunfo. "Hemos impedido la privatización de nuestro petróleo", nos dicen. Para los mexicanos comunes y corrientes, que somos los verdaderos dueños de Pemex, esto quiere decir que se nos obligará a pagar más por contratos que obtendrán peores resultados.
Cualquier empresario podría haberles dicho a los políticos que un conejo corre más si tiene una zanahoria enfrente, que los vendedores se esfuerzan más si reciben una comisión por sus ventas y que los trabajadores son mejores y más laboriosos cuando se les reconoce el desempeño con un premio. Lo anterior no es novedad para algún estudiante de primer año de psicología. Una de las mayores aportaciones de B.F. Skinner a las ciencias de la conducta fue demostrar que el reforzamiento positivo -esto es, el premio- es un incentivo mucho más poderoso que el castigo.
Si los políticos se asustaban ante la posible privatización del petróleo, la solución era tan sencilla como mantener en la Constitución la actual prohibición a que los hidrocarburos en el subsuelo sean propiedad privada. Pero en lugar de ratificar la prohibición a la propiedad privada de los yacimientos -que nadie había cuestionado, de hecho- nuestros políticos decidieron prohibir los contratos con incentivos.
Esto significa que los mexicanos terminaremos pagando más por trabajos de inferior calidad. Y la razón es muy sencilla. En un contrato con incentivo, el riesgo y el beneficio se comparten entre el contratante y el contratista. Sin ese incentivo, el costo para el contratante aumentará ya que el contratista no obtendrá ningún beneficio si las cosas salen bien. Todo el riesgo del contrato de pago fijo, por otra parte, recae en el contratante, o sea los mexicanos y nuestra empresa Pemex. Si tras una exploración no se encuentra petróleo, por ejemplo, tendremos que pagar de cualquier manera el costo total del contrato.
En un artículo anterior ("Refinar pérdidas" del 15 de octubre) señalé que otro aspecto importante de la nueva legislación petrolera que está saliendo del Congreso nos hará gastar más de 11 mil millones de dólares de dinero público en una sola refinería, con un margen de utilidad que en el mejor de los casos oscilará entre 4 y 12 por ciento, pero que más probablemente perderá dinero. La inversión en petróleo crudo, mientras tanto, pueden alcanzar una rentabilidad de entre 500 y 700 por ciento. Lo lógico sería que invirtiéramos los fondos públicos disponibles en crudo y dejáramos la refinación a los privados, pero las luces de los políticos no alcanzan para entender tanto.
Si los políticos mexicanos trabajaran en empresas privadas hace ya mucho que las habrían quebrado. Las decisiones que están tomando simplemente no tienen sentido económico. Para empezar, después de años de discutir, han dejado ya pasar sin una reforma petrolera una burbuja de precios que nadie sabe cuándo se repetirá. Pero lo más importante es que su reforma no generará la inversión que tanto necesita nuestra obsoleta industria petrolera.
Sólo una explicación puedo imaginar para las decisiones de nuestros políticos. Como ellos ya cuentan con empleos muy bien pagados, no tienen interés en que el resto de los mexicanos salga de la pobreza.
¿Y López Obrador?
El Senador Graco Ramírez ha encabezado la negociación sobre la reforma petrolera por parte del PRD y ha aceptado, cuando menos en lo general, la diluida iniciativa que estará siendo votada estos días. Andrés Manuel López Obrador ha sido informado puntualmente de todos los acuerdos y al parecer los ha palomeado. La gran pregunta, sin embargo, es si el Jefe Máximo del PRD y del FAP reconocerá públicamente la reforma acordada o si hará lo mismo que con la reforma electoral del 2007 y una vez obtenido lo que quería (como la decapitación del IFE) desconocerá los acuerdos.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
Abba Eban
La clase política nacional está presentando como triunfo un acuerdo que en realidad representa una gran derrota para los mexicanos. Es positivo que los dirigentes de los tres principales partidos políticos hayan llegado a un aparente consenso para aprobar una reforma energética, pero esta reforma tan parchada no es la solución para las urgentes dificultades de la industria petrolera nacional. Por el contrario, pronto se convertirá en parte del problema.
La razón por la cual México necesitaba una reforma petrolera -la energética ni siquiera ha empezado a discutirse- es para promover una mayor inversión. Nuestros senadores, sin embargo, están ofreciendo modificaciones a la ley que no generarán las inversiones que el país necesita.
La reforma pactada sigue permitiendo la inversión privada en extracción de petróleo, la cual, en realidad, nunca ha dejado de existir. Lo único que ha hecho es ordenar que los pagos a los contratistas sean fijos y en efectivo en vez de variables y con incentivos por desempeño.
Sólo un político mexicano puede suponer que un contrato con pago variable, que premie los buenos resultados de un proyecto, sea una amenaza para la soberanía nacional, mientras que el mismo contrato con pago fijo resulte un baluarte del nacionalismo revolucionario. Pero, bueno: nadie se hará nunca rico apostando a la inteligencia de nuestros políticos.
Los senadores y demás políticos están presentando esta prohibición a los contratos de desempeño como un gran triunfo. "Hemos impedido la privatización de nuestro petróleo", nos dicen. Para los mexicanos comunes y corrientes, que somos los verdaderos dueños de Pemex, esto quiere decir que se nos obligará a pagar más por contratos que obtendrán peores resultados.
Cualquier empresario podría haberles dicho a los políticos que un conejo corre más si tiene una zanahoria enfrente, que los vendedores se esfuerzan más si reciben una comisión por sus ventas y que los trabajadores son mejores y más laboriosos cuando se les reconoce el desempeño con un premio. Lo anterior no es novedad para algún estudiante de primer año de psicología. Una de las mayores aportaciones de B.F. Skinner a las ciencias de la conducta fue demostrar que el reforzamiento positivo -esto es, el premio- es un incentivo mucho más poderoso que el castigo.
Si los políticos se asustaban ante la posible privatización del petróleo, la solución era tan sencilla como mantener en la Constitución la actual prohibición a que los hidrocarburos en el subsuelo sean propiedad privada. Pero en lugar de ratificar la prohibición a la propiedad privada de los yacimientos -que nadie había cuestionado, de hecho- nuestros políticos decidieron prohibir los contratos con incentivos.
Esto significa que los mexicanos terminaremos pagando más por trabajos de inferior calidad. Y la razón es muy sencilla. En un contrato con incentivo, el riesgo y el beneficio se comparten entre el contratante y el contratista. Sin ese incentivo, el costo para el contratante aumentará ya que el contratista no obtendrá ningún beneficio si las cosas salen bien. Todo el riesgo del contrato de pago fijo, por otra parte, recae en el contratante, o sea los mexicanos y nuestra empresa Pemex. Si tras una exploración no se encuentra petróleo, por ejemplo, tendremos que pagar de cualquier manera el costo total del contrato.
En un artículo anterior ("Refinar pérdidas" del 15 de octubre) señalé que otro aspecto importante de la nueva legislación petrolera que está saliendo del Congreso nos hará gastar más de 11 mil millones de dólares de dinero público en una sola refinería, con un margen de utilidad que en el mejor de los casos oscilará entre 4 y 12 por ciento, pero que más probablemente perderá dinero. La inversión en petróleo crudo, mientras tanto, pueden alcanzar una rentabilidad de entre 500 y 700 por ciento. Lo lógico sería que invirtiéramos los fondos públicos disponibles en crudo y dejáramos la refinación a los privados, pero las luces de los políticos no alcanzan para entender tanto.
Si los políticos mexicanos trabajaran en empresas privadas hace ya mucho que las habrían quebrado. Las decisiones que están tomando simplemente no tienen sentido económico. Para empezar, después de años de discutir, han dejado ya pasar sin una reforma petrolera una burbuja de precios que nadie sabe cuándo se repetirá. Pero lo más importante es que su reforma no generará la inversión que tanto necesita nuestra obsoleta industria petrolera.
Sólo una explicación puedo imaginar para las decisiones de nuestros políticos. Como ellos ya cuentan con empleos muy bien pagados, no tienen interés en que el resto de los mexicanos salga de la pobreza.
¿Y López Obrador?
El Senador Graco Ramírez ha encabezado la negociación sobre la reforma petrolera por parte del PRD y ha aceptado, cuando menos en lo general, la diluida iniciativa que estará siendo votada estos días. Andrés Manuel López Obrador ha sido informado puntualmente de todos los acuerdos y al parecer los ha palomeado. La gran pregunta, sin embargo, es si el Jefe Máximo del PRD y del FAP reconocerá públicamente la reforma acordada o si hará lo mismo que con la reforma electoral del 2007 y una vez obtenido lo que quería (como la decapitación del IFE) desconocerá los acuerdos.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
