viernes, octubre 17, 2008
Entre regulares y reprobatorias las iniciativas de Reforma Energética
Como un medio adecuado para cumplir su misión de fomentar la discusión seria de temas públicos y promover políticas más sólidas y eficaces, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) convocó a reconocidos juristas y expertos en el tema energético en nuestro país, con diferentes filiaciones o incluso sin filiación política, para analizar las tres iniciativas presentadas al Congreso de la Unión en materia de Reforma Energética, del Poder Ejecutivo Federal, el PRI y el FAP.
El panel de expertos coincidió en que la iniciativa propuesta inicialmente por el Ejecutivo Federal no abarca cabalmente lo que el país requiere y reconoció que ello obedece al ambiente político de alta sensibilidad en el tema. Hubo consenso en el sentido de que varios de los puntos de la iniciativa del Ejecutivo siguen la dirección correcta, pero que se necesita una transformación mucho más profunda del sector en su conjunto.
Si bien el panel reconoció la necesidad de que PEMEX cuente con más flexibilidad para sus operaciones como una petrolera de nivel internacional, se destacó que el camino que siguió la iniciativa del Ejecutivo Federal no es el mejor, ya que establecer un régimen de excepción para PEMEX tiene muchos problemas en términos jurídicos, de incentivos y de arquitectura institucional que podrían afectar negativamente su propio desarrollo.
Por su parte, la iniciativa del PRI, a decir de los expertos, parece haber sido redactada con un objetivo parlamentario político fundamental más que técnico: ubicarse en el medio entre la iniciativa del Ejecutivo y la que esperaban, presentaría el FAP; con algo que fuera transitable en el Congreso y convertir en ello su principal virtud para reunir los votos necesarios para su aprobación.
Los expertos criticaron la existencia de artículos redactados en un sentido negativo que el PRI utilizó para tratar de deslindarse de cualquier insinuación privatizadora. Indican que se trata de una propuesta temerosa frente a la negociación. La mayoría de los participantes consideraron que si esto se aprobara sería un retroceso en materia petrolera -sobre todo por ser una reforma insuficiente que cancela la posibilidad de una reforma posterior más seria y completa- en un ambiente de corrosión donde los intereses políticos prevalecen sobre cuestiones técnicas, con posibles impactos económicos serios.
Destaca de la iniciativa presentada por el FAP su inviabilidad práctica, que además de ser sumamente costosa para las finanzas del Gobierno Federal -sin ofrecer alternativas que compensen la reducción de sus recursos- presenta tendencias contrarias a la forma como opera la industria petrolera a nivel internacional. A decir de los evaluadores, esta propuesta tiene más un viso de postulado político que de propuesta de reforma y si bien da luz sobre las deficiencias de las iniciativas que le preceden, no da solución a los problemas de fondo que dieron origen a dichas iniciativas.
Un mérito de la propuesta del FAP es, de las tres iniciativas, que fue la única que aborda una postura y planteamientos que atañen al Sindicato petrolero. (Pero sin entrar a fondo ni proponer la desaparición de los privilegios de su contrato colectivo. Nota DOPC)
Al contrastar las reformas propuestas con la situación actual, la mayoría de los evaluadores coincidieron en que es preferible quedar como está, a la situación planteada tanto por el PRI como por el FAP. Consideraron que la propuesta del Ejecutivo también es limitada, un primer paso, y que no responde a cabalidad a lo que requiere la industria petrolera nacional. Para los expertos convocados, la postura actual de los grupos parlamentarios -incluido el PAN- en torno a la reforma energética que el país necesita sólo puede dar lugar -en el corto o mediano plazos- a un nuevo debate, cuando la necesidad por una reforma se haga más evidente y más apremiante.
Las calificaciones otorgadas a las iniciativas son, en general, regulares o reprobatorias. Las propuestas no abordan ni resuelven satisfactoriamente los problemas existentes. Las soluciones propuestas oscilan entre lo no suficiente y lo inviable. La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal obtuvo una calificación promedio de 6.3; la del PRI de 3.4 y la presentada por el FAP de 2.4; en una escala de 0 a 10 en la que 5 es medianía. Es importante señalar que la evaluación de las iniciativas del Ejecutivo, del PRI y del FAP, tuvieron lugar en momentos distintos (8 de mayo, 12 de agosto y 4 de septiembre respectivamente), con paneles de evaluación de 10 miembros o más, en los que al menos 8 de sus miembros estuvieron presentes en todas las evaluaciones.
El panel de expertos coincidió en que la iniciativa propuesta inicialmente por el Ejecutivo Federal no abarca cabalmente lo que el país requiere y reconoció que ello obedece al ambiente político de alta sensibilidad en el tema. Hubo consenso en el sentido de que varios de los puntos de la iniciativa del Ejecutivo siguen la dirección correcta, pero que se necesita una transformación mucho más profunda del sector en su conjunto.
Si bien el panel reconoció la necesidad de que PEMEX cuente con más flexibilidad para sus operaciones como una petrolera de nivel internacional, se destacó que el camino que siguió la iniciativa del Ejecutivo Federal no es el mejor, ya que establecer un régimen de excepción para PEMEX tiene muchos problemas en términos jurídicos, de incentivos y de arquitectura institucional que podrían afectar negativamente su propio desarrollo.
Por su parte, la iniciativa del PRI, a decir de los expertos, parece haber sido redactada con un objetivo parlamentario político fundamental más que técnico: ubicarse en el medio entre la iniciativa del Ejecutivo y la que esperaban, presentaría el FAP; con algo que fuera transitable en el Congreso y convertir en ello su principal virtud para reunir los votos necesarios para su aprobación.
Los expertos criticaron la existencia de artículos redactados en un sentido negativo que el PRI utilizó para tratar de deslindarse de cualquier insinuación privatizadora. Indican que se trata de una propuesta temerosa frente a la negociación. La mayoría de los participantes consideraron que si esto se aprobara sería un retroceso en materia petrolera -sobre todo por ser una reforma insuficiente que cancela la posibilidad de una reforma posterior más seria y completa- en un ambiente de corrosión donde los intereses políticos prevalecen sobre cuestiones técnicas, con posibles impactos económicos serios.
Destaca de la iniciativa presentada por el FAP su inviabilidad práctica, que además de ser sumamente costosa para las finanzas del Gobierno Federal -sin ofrecer alternativas que compensen la reducción de sus recursos- presenta tendencias contrarias a la forma como opera la industria petrolera a nivel internacional. A decir de los evaluadores, esta propuesta tiene más un viso de postulado político que de propuesta de reforma y si bien da luz sobre las deficiencias de las iniciativas que le preceden, no da solución a los problemas de fondo que dieron origen a dichas iniciativas.
Un mérito de la propuesta del FAP es, de las tres iniciativas, que fue la única que aborda una postura y planteamientos que atañen al Sindicato petrolero. (Pero sin entrar a fondo ni proponer la desaparición de los privilegios de su contrato colectivo. Nota DOPC)
Al contrastar las reformas propuestas con la situación actual, la mayoría de los evaluadores coincidieron en que es preferible quedar como está, a la situación planteada tanto por el PRI como por el FAP. Consideraron que la propuesta del Ejecutivo también es limitada, un primer paso, y que no responde a cabalidad a lo que requiere la industria petrolera nacional. Para los expertos convocados, la postura actual de los grupos parlamentarios -incluido el PAN- en torno a la reforma energética que el país necesita sólo puede dar lugar -en el corto o mediano plazos- a un nuevo debate, cuando la necesidad por una reforma se haga más evidente y más apremiante.
Las calificaciones otorgadas a las iniciativas son, en general, regulares o reprobatorias. Las propuestas no abordan ni resuelven satisfactoriamente los problemas existentes. Las soluciones propuestas oscilan entre lo no suficiente y lo inviable. La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal obtuvo una calificación promedio de 6.3; la del PRI de 3.4 y la presentada por el FAP de 2.4; en una escala de 0 a 10 en la que 5 es medianía. Es importante señalar que la evaluación de las iniciativas del Ejecutivo, del PRI y del FAP, tuvieron lugar en momentos distintos (8 de mayo, 12 de agosto y 4 de septiembre respectivamente), con paneles de evaluación de 10 miembros o más, en los que al menos 8 de sus miembros estuvieron presentes en todas las evaluaciones.
