lunes, septiembre 10, 2007
Discernir
La política suele atropellar una tarea esencial de la inteligencia: el deber de discernir. Separar lo que es distinto; distinguir lo uno de lo otro, advertir la diferencia entre cosas que parecen la misma. Mientras la razón llama a separar, a deshilar una madeja de cuerdas enredadas, las simplificaciones de la política sugieren reducir la complejidad en opciones binarias. Bueno-malo; propio-ajeno; válido-dañino.
Ésa es la presión hoy para evaluar la propuesta de reforma electoral. El objetivo es sintetizar una propuesta en un adjetivo rotundo que sirva para perfilar una acción: promover u objetar. Vale el esfuerzo resistir esa tentación del calificativo concluyente y buscar los denominadores múltiples y contradictorios de una iniciativa importante.
Advertiría una marca esencial en la propuesta. La coincidencia que le da origen delata el interés común de los tres grandes partidos de protegerse frente a quienes tienen por enemigos. Se golpea a los partidos pequeños, se estorba aun más la aparición de nuevas organizaciones, se formaliza la prohibición de candidaturas independientes, se interviene al árbitro, se rompe el financiamiento electoral a los medios. Se abaratan las contiendas, es cierto, pero no se lastima económicamente a los partidos grandes. Los partidos incluso instauran en la Constitución el deber de los contribuyentes de mantenerlos.
Elegante medida: la inversión en educación caerá en el vaivén de las negociaciones anuales, pero, eso sí, las remesas a los partidos estarán a salvo. No lamento que se limite el espacio de los pequeños partidos que han sido, todos, un gran fiasco. Lo que parece preocupante es que quede sellado un sistema de partidos que necesita oxígeno. Se trata, en efecto, de una reforma de la partidocracia para reforzar ese régimen.
Se pretende constitucionalizar el paternalismo que se asomó judicialmente en las elecciones pasadas. La iniciativa prohíbe "denigrar" a las instituciones, a los partidos y a las personas. La propuesta es un grave atentado a la libertad de expresión, un atentado, en consecuencia, al debate libre. Los promotores de esta iniciativa imaginan un debate en donde ninguno de los candidatos se atreva a empañar la imagen pública de sus contrincantes. ¿Qué debate es aquel donde es ilícito resaltar los aspectos negativos del adversario? Gravísimo retroceso que parte de un entendimiento erróneo de lo que sucedió en el 2006 y que ha puesto énfasis en la llamada "guerra sucia," como clave para entender el desenlace de julio.
Para tener una democracia auténtica, nos dicen, hay que eliminar los ataques para instaurar un ágora de discusiones cerebrales, donde imperen las propuestas y las ideas. Alegato provinciano que no se ha enterado de la rispidez y la emotividad de toda campaña política. Las estrategias negativas son un elemento esencial del debate político. Son apuestas, esto es, decisiones con riesgo, que ofrecen información valiosa a la ciudadanía. Si se cree en la capacidad de los ciudadanos para evaluar el actuar político, debe dejársele a ellos juzgar el mérito de las denuncias o el ataque.
El relevo escalonado de los consejeros electorales es una medida sensata. El órgano se iría reconfigurando de manera lenta, combinando experiencia y renovación. Lo que resulta grave es que los partidos políticos castiguen al órgano electoral a través de la remoción. El árbitro que debe elevarse por encima de las disputas partidistas se convertiría en moneda de cambio, en pieza de subasta.
También se pueden apreciar elementos positivos en la iniciativa. La reducción de los tiempos de campaña es uno de ellos. Si la iniciativa prospera tendremos contiendas presidenciales más breves, campañas notablemente más cortas y más baratas. También me parece valioso regular el sentido de la propaganda oficial. La publicidad de los órganos públicos no podrá contener nombres o símbolos que supongan promoción personal. Podría ponerse fin a esa práctica grotesca que nos ha inundado en fechas recientes: alcaldes, gobernadores y presidentes dilapidando las arcas públicas elogiándose en los medios. El cambio es un avance, pero es insuficiente. El derroche se muestra igualmente en campañas institucionales tan anodinas como la del Senado que sigue teniendo permiso para bombardearnos con su cursilería.
Lo más positivo en la propuesta sería la modificación del vínculo entre partidos y medios. Se ha divulgado que los partidos dejarían de contratar por sí mismos anuncios y "spots". Los partidos difundirían su mensaje a través de los tiempos oficiales del Estado. Se trata de terminar con la perversa conexión entre partidos y medios que ha conformado un extraño gravamen. Existe, en efecto, un impuesto electoral que extrae recursos de los contribuyentes para transferirlos, a través de los partidos, a los bolsillos de los medios. Es razonable que en tiempos de campaña se empleen los espacios del Estado mexicano como plataforma de difusión de los partidos.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com
Ésa es la presión hoy para evaluar la propuesta de reforma electoral. El objetivo es sintetizar una propuesta en un adjetivo rotundo que sirva para perfilar una acción: promover u objetar. Vale el esfuerzo resistir esa tentación del calificativo concluyente y buscar los denominadores múltiples y contradictorios de una iniciativa importante.
Advertiría una marca esencial en la propuesta. La coincidencia que le da origen delata el interés común de los tres grandes partidos de protegerse frente a quienes tienen por enemigos. Se golpea a los partidos pequeños, se estorba aun más la aparición de nuevas organizaciones, se formaliza la prohibición de candidaturas independientes, se interviene al árbitro, se rompe el financiamiento electoral a los medios. Se abaratan las contiendas, es cierto, pero no se lastima económicamente a los partidos grandes. Los partidos incluso instauran en la Constitución el deber de los contribuyentes de mantenerlos.
Elegante medida: la inversión en educación caerá en el vaivén de las negociaciones anuales, pero, eso sí, las remesas a los partidos estarán a salvo. No lamento que se limite el espacio de los pequeños partidos que han sido, todos, un gran fiasco. Lo que parece preocupante es que quede sellado un sistema de partidos que necesita oxígeno. Se trata, en efecto, de una reforma de la partidocracia para reforzar ese régimen.
Se pretende constitucionalizar el paternalismo que se asomó judicialmente en las elecciones pasadas. La iniciativa prohíbe "denigrar" a las instituciones, a los partidos y a las personas. La propuesta es un grave atentado a la libertad de expresión, un atentado, en consecuencia, al debate libre. Los promotores de esta iniciativa imaginan un debate en donde ninguno de los candidatos se atreva a empañar la imagen pública de sus contrincantes. ¿Qué debate es aquel donde es ilícito resaltar los aspectos negativos del adversario? Gravísimo retroceso que parte de un entendimiento erróneo de lo que sucedió en el 2006 y que ha puesto énfasis en la llamada "guerra sucia," como clave para entender el desenlace de julio.
Para tener una democracia auténtica, nos dicen, hay que eliminar los ataques para instaurar un ágora de discusiones cerebrales, donde imperen las propuestas y las ideas. Alegato provinciano que no se ha enterado de la rispidez y la emotividad de toda campaña política. Las estrategias negativas son un elemento esencial del debate político. Son apuestas, esto es, decisiones con riesgo, que ofrecen información valiosa a la ciudadanía. Si se cree en la capacidad de los ciudadanos para evaluar el actuar político, debe dejársele a ellos juzgar el mérito de las denuncias o el ataque.
El relevo escalonado de los consejeros electorales es una medida sensata. El órgano se iría reconfigurando de manera lenta, combinando experiencia y renovación. Lo que resulta grave es que los partidos políticos castiguen al órgano electoral a través de la remoción. El árbitro que debe elevarse por encima de las disputas partidistas se convertiría en moneda de cambio, en pieza de subasta.
También se pueden apreciar elementos positivos en la iniciativa. La reducción de los tiempos de campaña es uno de ellos. Si la iniciativa prospera tendremos contiendas presidenciales más breves, campañas notablemente más cortas y más baratas. También me parece valioso regular el sentido de la propaganda oficial. La publicidad de los órganos públicos no podrá contener nombres o símbolos que supongan promoción personal. Podría ponerse fin a esa práctica grotesca que nos ha inundado en fechas recientes: alcaldes, gobernadores y presidentes dilapidando las arcas públicas elogiándose en los medios. El cambio es un avance, pero es insuficiente. El derroche se muestra igualmente en campañas institucionales tan anodinas como la del Senado que sigue teniendo permiso para bombardearnos con su cursilería.
Lo más positivo en la propuesta sería la modificación del vínculo entre partidos y medios. Se ha divulgado que los partidos dejarían de contratar por sí mismos anuncios y "spots". Los partidos difundirían su mensaje a través de los tiempos oficiales del Estado. Se trata de terminar con la perversa conexión entre partidos y medios que ha conformado un extraño gravamen. Existe, en efecto, un impuesto electoral que extrae recursos de los contribuyentes para transferirlos, a través de los partidos, a los bolsillos de los medios. Es razonable que en tiempos de campaña se empleen los espacios del Estado mexicano como plataforma de difusión de los partidos.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com
Etiquetas: demagogia, democracia, IFE, PAN, partidocracia, PRD, PRI, reaccionario, reformas, telecracia, Televisa
Comments:
<< Home
pirate: tssss cha' no ps tas cabron...
"Pirata, indie, rocker, chelero, existencialista, romantico, guitarrista, director de cine y mas cosas que me da hueva escribir."
xD
pinche emo
Publicar un comentario
"Pirata, indie, rocker, chelero, existencialista, romantico, guitarrista, director de cine y mas cosas que me da hueva escribir."
xD
pinche emo
<< Home
