jueves, octubre 05, 2006
La presión debe ser parte de la negociación
La prolongación del conflicto oaxaqueño parece ser el objetivo de distintos grupos, mientras que el gobierno federal, con sus sucesivos e ignorados llamados al diálogo parece haber caído en esa trampa. No es que se deba ignorar u obviar el diálogo, al contrario, pero se debe entender con claridad en qué contexto se propone y se da éste.
La APPO ha tomado de rehenes a los oaxaqueños y a las propias organizaciones que la integran, salvo las más radicales. Sus dirigentes, que cayeron una y otra vez en actividades ligadas a la corrupción también son rehenes del movimiento: no pueden negociar porque los más radicales los delatarán políticamente y eso pone en peligro, en un círculo vicioso, sus propios intereses y negocios. En las áreas de gobierno, más de un funcionarios pero sobre todo algunos recientes ex funcionarios de la administración estatal, están apresurando el paso para recapitalizarse. Mientras estos últimos se apresuran a concluir propiedades en zonas de la ciudad como Tlalixtax de Cabrera, los de la APPO, recuerdan tardíamente, como Flavio Sosa, sacar a sus hijos de la escuela privada más cara del estado (lo que no deja de ser por lo menos paradójico en un supuesto defensor a ultranza de la enseñanza pública y dirigente magisterial) y se fortalecen y financian vía las concesiones de transporte, ese sí público, otorgadas a la mayoría de los dirigentes en activo del movimiento, durante la administración de José Murat. Incluso, versiones bien fundamentadas sobre el tema insisten en que el origen real del conflicto fue el intento de redistribuir parte de esas concesiones en distintos municipios, como San Raymundo Jalpan.
El hecho es que los duros, de uno y otro bando, tienen negocios que encubrir, por eso no pueden ni quieren negociar. Y sin lograr transparencia en ello, sin aislarlos, no habrá acuerdo. Prefieren la confrontación porque ello implica, en su lógica, que uno aniquilará al otro: lo más probable es que se terminen aniquilando entre ellos, pero también a los que queden en el medio.
Si no se desenmascaran todas estas historias será imposible avanzar. En la reunión de ayer y en la que probablemente se dará hoy con la APPO y la sección 22, se le ofrecerá al magisterio, una oferta económica muy importante: se habla de 150 millones de pesos en apoyos y de una rezonificación total en un periodo corto de tiempo. No tendría porqué haber oposición a ese oferta que colma las pretensiones originales del magisterio. La APPO y la corriente radical del magisterio, encabezada por el Frente Popular Revolucionario, una organización de masas emparentada con el EPR, dirán, sin embargo, que no es suficiente, que se requiere, antes de comenzar a negociar, la renuncia de Ulises Ruiz. Gobernación dirá que el tema no está sobre la mesa de negociaciones y entonces asomará nuevamente la posibilidad de la utilización de la fuerza pública. Pero desde la propia APPO y desde el PRD dirán que ello es inacaptable y el secretario Abascal caerá en la trampa, aunque su intención discursiva haya sido otra, de asegurar que por Dios no utilizará la fuerza en el estado.
Por eso el punto es poner sobre la mesa de negociaciones tanto la utilización legítima de la fuerza pública como la renuncia de Ulises Ruiz, sin ello no habrá posibilidad de solución alguna. Las dos cosas deben ser puestas sobre la mesa de negociaciones por las autoridades federales y por otros actores. Si la utilización de la fuerza pública para recuperar la ciudad y la renuncia del gobernador no siquiera una posibilidad en la negociación, no hay forma de presionar a los sectores duros de uno u otro bando y es imposible llegar a cualquier acuerdo. Y si se actúa sólo en uno u otro sentido, se agudizará el conflicto: si se retoma la ciudad, la APPO y la sección 22 (y con ellos desde el lopezobradorismo hasta el EPR) tendrán la coartada para demostrar que el gobierno federal se manchó con sangre y apeló a la represión. Si se negocia con la APPO y se fuerza la salida de Ulises Ruiz, las negociaciones políticas y legislativas con el priismo se debilitarán (lo cual apreciarían algunos priistas duros como Murat) y la mayoría de los gobernadores verían con preocupación cómo un movimiento social pudo tirar un gobernador. Por eso, en lugar de negarse, ambas posibilidades deben presentarse de la mano, simultáneamente, asumiendo que cuanto más se prolongue la negociación, mayores costos pagarán cada uno de los principales antagonistas y no, como ocurre ahora, esperar obtener mayores beneficios y que el perdedor sea el gobierno federal, dando una imagen de ineficiencia y falta de gobernabilidad. Si los duros de ambos ámbitos pudieran prolongar el conflicto hasta el primero de diciembre habrán cumplido con todos sus objetivos, porque el nuevo gobierno recibirá en sus manos una papa caliente imposible de asir sin pagar, la nueva administración, costos muy altos.
No sé si el gobierno tiene posibilidades de endurecerse después de tantos meses de un discurso apaciguador. Lo que sí debería quedar en claro es que sin ello, toda negociación terminará siendo insuficiente. La APPO y la sección 22 consideran que pueden pedir todo y no dar nada. El gobierno estatal lo único que demanda es fuerzas policiales suficientes para acabar con sus adversarios. Los dos deberían estar contra las cuerdas: hoy tienen demasiada libertad de movimientos.
La etapa Colombia
Felipe Calderón pudo comprobar en Colombia cómo se pueden hacer reformas legales y estructurales para combatir al crimen organizado. Esa etapa permite comprender porqué lo acompaña el senador Jorge Mendoza, nuevo secretario de la comisión de defensa de la cámara alta. Porque debe ser desde allí donde se avance en temas claves de seguridad, para fortalecer la gobernabilidad en el país. La responsabilidad que tendrá el senador Mendoza en ese ámbito será, es, sin duda, muy alta.
| Por: Jorge Fernández Menéndez | |
| Publicado en: Periódico Excelsior | Fecha: Jueves, 5 de Octubre de 2006 |
