domingo, octubre 01, 2006
Las tareas de Calderón
Pasarán meses antes de que podamos evaluar el daño que López Obrador ha hecho al entramado político del País. Puede vislumbrarse sólo en parte el deterioro que ha causado en las instituciones democráticas. López Obrador devaluó la palabra del poder: con base en el martilleo y la repetición de lo incomprobable -el presunto fraude-, de verdades a medias y mentiras abiertas, sembró entre millones de mexicanos la duda sobre la honestidad y la eficacia de los organismos electorales y las instituciones democráticas. Erosionó la fuerza del sistema legal, al intentar sustituirlo por un cuerpo de derechos asimétricos que daban legitimidad a sus actos -el desafortunado bloqueo de Reforma- y condenaban como delito a acciones paralelas de sus opositores -la erección de la valla que protegió al Legislativo el 1 de septiembre-.
En la retórica y en la práctica política, rompió desde los límites legales, hasta los del sentido común. En el México de López se puede decir o hacer cualquier cosa: desde acusar sin pruebas, convertir al chantaje en un medio disuasivo aceptable, hasta ocupar el corazón de la Ciudad de México y autonombrarse Presidente por encima del voto de la mayoría del electorado. Por último, cedió, como todos los demagogos, a la tentación de la utopía. Ha manipulado la historia y negado los logros que el País ha conseguido para imponer la idea de un proyecto autoritario que "purificará" la vida política y acabará con la pobreza, la corrupción y todos los males de México de un plumazo. Un programa que sólo puede derivar en el caos y en la ingobernabilidad y que es una apuesta muy riesgosa no sólo para López, sino para todo el País.
El legado de la campaña de AMLO y del movimiento que encabeza, así como de la incapacidad de Fox para ejercer el poder con eficacia, son el primer desafío que enfrentará Calderón al asumir el poder. Sin embargo, para encontrar y aplicar soluciones de fondo a los retos que enfrenta México en el ámbito doméstico y en el exterior, deberá evitar que las acciones de López impongan a su gobierno un horizonte cerrado, centrado en el corto plazo. Felipe Calderón tomará el mando de un Estado debilitado y de un sistema democrático que se sustenta ahora en una atmósfera de polarización y un consenso quebrantado por la desconfianza.
Tendrá que empezar por recuperar y consolidar las tareas que han sido, desde siempre, en cualquier época de la historia y en cualquier latitud, la fuente de legitimidad y la razón de ser del Estado: los puntales básicos de un contrato social eficaz entre gobernados y gobernantes. Cualquier colectividad que se organiza bajo una autoridad busca antes que nada protección. En el nivel más primario, el Estado debe proteger a sus ciudadanos de los enemigos externos, de la anarquía interior y la violencia, de la delincuencia y de todo aquello que vulnere el orden y la estabilidad política. En las sociedades modernas, esa protección se ha extendido a la ecología, a la prevención de epidemias, a la defensa de los derechos humanos y a responsabilidades nuevas acordes con el mundo globalizado de hoy, como la protección de los ciudadanos de un país en cualquier lugar del mundo.
La segunda responsabilidad del Estado es garantizar el bienestar de la población. Empieza por el manejo adecuado de la economía; proveer la mezcla de disciplina y libertad que hace posible el progreso; proteger la moneda; definir y garantizar los derechos de propiedad, así como las normas que rigen el comercio y el intercambio en su sentido más amplio. Esta cara del Estado es la encargada de distribuir los llamados bienes públicos: la salud, la educación y el acceso a recursos como agua potable y aire limpio.
No hay un solo Estado benefactor eficiente que no busque redistribuir el ingreso y reducir la brecha que separa a los ricos y a los pobres. Más allá del debate que priva en todas las sociedades desarrolladas sobre los límites convenientes de la intervención estatal y la necesidad de no vulnerar la libertad en la búsqueda de la igualdad, el Estado interviene -y debe hacerlo- a través de mecanismos diversos, para sacar de la miseria a los estratos menos favorecidos, dirigiendo las inversiones a las regiones más atrasadas, por medio de subsidios o de programas de "acción afirmativa" -como los que benefician a las castas desfavorecidas en la India.
Diversos teóricos políticos, incluyendo al analista británico Geoff Mulgan en su libro más reciente, añaden a esas tareas fundamentales que legitiman el ejercicio del poder estatal, dos más: la impartición de la justicia, encaminada a reducir la delincuencia y a resolver los conflictos que surgen en el territorio de una nación, y la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Esta última labor, relacionada directamente con la promoción de la educación y los avances tecnológicos, así como con el cuidado de la palabra del Estado, está sustentada en los sistemas democráticos, en un ordenamiento racional y legal. Es obligación del Estado protegerlo y apuntalarlo.
No es necesario un análisis profundo para descubrir los vacíos y el descuido con que el Estado mexicano ha enfrentado por décadas los desafíos que plantea la lista de responsabilidades fundamentales que un gobierno eficaz y legítimo está obligado a cumplir. Calderón tomará el poder en una coyuntura que le impedirá ignorar esas obligaciones. Para cumplirlas, deberá ampliar los horizontes de su Presidencia, elaborar un detallado programa de gobierno y recordar que el poder se busca y se obtiene para ejercerlo.
Isabel Turrent, El Norte
iturrent@yahoo.com
En la retórica y en la práctica política, rompió desde los límites legales, hasta los del sentido común. En el México de López se puede decir o hacer cualquier cosa: desde acusar sin pruebas, convertir al chantaje en un medio disuasivo aceptable, hasta ocupar el corazón de la Ciudad de México y autonombrarse Presidente por encima del voto de la mayoría del electorado. Por último, cedió, como todos los demagogos, a la tentación de la utopía. Ha manipulado la historia y negado los logros que el País ha conseguido para imponer la idea de un proyecto autoritario que "purificará" la vida política y acabará con la pobreza, la corrupción y todos los males de México de un plumazo. Un programa que sólo puede derivar en el caos y en la ingobernabilidad y que es una apuesta muy riesgosa no sólo para López, sino para todo el País.
El legado de la campaña de AMLO y del movimiento que encabeza, así como de la incapacidad de Fox para ejercer el poder con eficacia, son el primer desafío que enfrentará Calderón al asumir el poder. Sin embargo, para encontrar y aplicar soluciones de fondo a los retos que enfrenta México en el ámbito doméstico y en el exterior, deberá evitar que las acciones de López impongan a su gobierno un horizonte cerrado, centrado en el corto plazo. Felipe Calderón tomará el mando de un Estado debilitado y de un sistema democrático que se sustenta ahora en una atmósfera de polarización y un consenso quebrantado por la desconfianza.
Tendrá que empezar por recuperar y consolidar las tareas que han sido, desde siempre, en cualquier época de la historia y en cualquier latitud, la fuente de legitimidad y la razón de ser del Estado: los puntales básicos de un contrato social eficaz entre gobernados y gobernantes. Cualquier colectividad que se organiza bajo una autoridad busca antes que nada protección. En el nivel más primario, el Estado debe proteger a sus ciudadanos de los enemigos externos, de la anarquía interior y la violencia, de la delincuencia y de todo aquello que vulnere el orden y la estabilidad política. En las sociedades modernas, esa protección se ha extendido a la ecología, a la prevención de epidemias, a la defensa de los derechos humanos y a responsabilidades nuevas acordes con el mundo globalizado de hoy, como la protección de los ciudadanos de un país en cualquier lugar del mundo.
La segunda responsabilidad del Estado es garantizar el bienestar de la población. Empieza por el manejo adecuado de la economía; proveer la mezcla de disciplina y libertad que hace posible el progreso; proteger la moneda; definir y garantizar los derechos de propiedad, así como las normas que rigen el comercio y el intercambio en su sentido más amplio. Esta cara del Estado es la encargada de distribuir los llamados bienes públicos: la salud, la educación y el acceso a recursos como agua potable y aire limpio.
No hay un solo Estado benefactor eficiente que no busque redistribuir el ingreso y reducir la brecha que separa a los ricos y a los pobres. Más allá del debate que priva en todas las sociedades desarrolladas sobre los límites convenientes de la intervención estatal y la necesidad de no vulnerar la libertad en la búsqueda de la igualdad, el Estado interviene -y debe hacerlo- a través de mecanismos diversos, para sacar de la miseria a los estratos menos favorecidos, dirigiendo las inversiones a las regiones más atrasadas, por medio de subsidios o de programas de "acción afirmativa" -como los que benefician a las castas desfavorecidas en la India.
Diversos teóricos políticos, incluyendo al analista británico Geoff Mulgan en su libro más reciente, añaden a esas tareas fundamentales que legitiman el ejercicio del poder estatal, dos más: la impartición de la justicia, encaminada a reducir la delincuencia y a resolver los conflictos que surgen en el territorio de una nación, y la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Esta última labor, relacionada directamente con la promoción de la educación y los avances tecnológicos, así como con el cuidado de la palabra del Estado, está sustentada en los sistemas democráticos, en un ordenamiento racional y legal. Es obligación del Estado protegerlo y apuntalarlo.
No es necesario un análisis profundo para descubrir los vacíos y el descuido con que el Estado mexicano ha enfrentado por décadas los desafíos que plantea la lista de responsabilidades fundamentales que un gobierno eficaz y legítimo está obligado a cumplir. Calderón tomará el poder en una coyuntura que le impedirá ignorar esas obligaciones. Para cumplirlas, deberá ampliar los horizontes de su Presidencia, elaborar un detallado programa de gobierno y recordar que el poder se busca y se obtiene para ejercerlo.
Isabel Turrent, El Norte
iturrent@yahoo.com
