domingo, junio 30, 2013
Los dilemas de la productividad
En el libro "El Poder de la Productividad", William Lewis compara la industria de la construcción en Brasil, EU y México. Su conclusión es : un trabajador mexicano sin mayor educación o habilidades puede ser tan productivo como el obrero alemán más calificado. Lo que diferencia a países como México y Brasil de EU y otros países ricos, dice Lewis, es el contexto en que operan las empresas que crea condiciones para que la economía prospere poco o mucho. La clave del crecimiento está en la productividad y todo lo que contribuye a incrementarla favorece el crecimiento, y todo lo que la impide lo reduce.
Por esto la decisión del Gobierno de volver a la productividad el eje de su estrategia económica es tan trascendente. "La productividad", dice Krugman, "no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar sus niveles de vida depende, casi enteramente, de su capacidad para elevar su producción por trabajador". La productividad resulta de todo lo que ocurre en la economía y por eso es una medida crucial de su desempeño. Cuando el Gobierno adopta este indicador como eje nos dice que está dispuesto a atacar las causas de los niveles tan pobres de crecimiento de la productividad que ha evidenciado el País últimamente.
Si uno observa la economía mexicana, lo primero que resultará obvio es que hay enormes diferencias en niveles de productividad entre las millones de empresas que la integran. Así como hay empresas que compiten exitosamente con las mejores del mundo, otras no podrían competir ni con las más improductivas de su colonia. Esas diferencias ilustran la complejidad del reto del Gobierno y el País. ¿Por qué las diferencias? El argumento de Lewis es que parte del reto de la productividad yace dentro de las empresas, pero un enorme componente está en el entorno en que operan.
El ejemplo citado arriba revela que una empresa con buenas técnicas de producción, uso inteligente de la tecnología y una estrategia de administración de proyectos puede lograr que el trabajador con menos calificación sea tan productivo como el más calificado y experimentado. Lo que hace la empresa en cuanto a calidad y técnicas de producción es la esencia del incremento en la productividad. En esto el Gobierno tiene relativamente poca incidencia.
La intervención del Gobierno es crucial en el entorno en que operan las empresas y esa incidencia, dice Lewis, es casi siempre negativa. Un Gobierno pesado y poco eficiente implica costos adicionales para las empresas (más impuestos) sin que obtengan mejores servicios. Peor, las empresas más productivas pagan más impuestos que las menos productivas, lo cual distorsiona el mercado. La protección de intereses particulares -sindicatos, monopolios gubernamentales, empresas y empresarios favoritos, prácticas monopólicas privadas, inseguridad, disfuncionalidad del Poder Judicial, aranceles elevados, subsidios- implica desproteger a los demás, pero en particular la distorsión permanente de los mercados donde las empresas operan. Las acciones gubernamentales impactan a la productividad, por lo que el reto del Gobierno es monumental e interno: todos esos intereses que se benefician de las distorsiones que causa el Gobierno están en él, dentro de su partido o son cercanos a éstos.
El dilema no es difícil de visualizar. Imaginemos una empresa productiva que compite exitosamente en su mercado. Recibe materias primas y otros insumos en la mañana y despacha productos terminados en la tarde. Lo que está bajo su responsabilidad funciona bien. Sus dolores de cabeza no están ahí, sino en lo demás: inconstancia y precio de la electricidad, gas y otros energéticos; infraestructura; costo de las comunicaciones; asaltos a sus camiones; los años que toma resolver un incumplimiento de contrato; la complejidad y costo de obtener crédito; y los precios monopólicos que innumerables proveedores le imponen. Esos factores son responsabilidad del Gobierno. No hay de otra.
El Gobierno enfrenta dos enormes desafíos. Por un lado está el medular: atacar las fuentes y causas de las distorsiones. Algunas de ellas tienen que ver con prioridades que los gobiernos mexicanos abandonaron y que ahora se han convertido en retos monumentales: entre éstos los más obvios son todo el sistema de justicia, la (in)seguridad pública y la tolerancia al abuso que los monopolios energéticos le imponen a la sociedad y economía. Otras son producto de reformas incompletas, de nuevas realidades y de problemas desatendidos. Por donde uno vea, el reto es mayúsculo.
El otro desafío es quizá más simple en concepto, pero igual de oneroso en la práctica. El sector industrial del País se divide en dos grupos: uno hipercompetitivo y otro que depende de la protección del Gobierno. El primero representa al 80 por ciento de la producción y emplea al 20 por ciento de la mano de obra; el segundo representa al 80 por ciento de las empresas y a la misma proporción de mano de obra, pero produce menos del 20 por ciento del total. El problema no son las proporciones, sino que esas empresas no competitivas le restan productividad a la economía y castigan al crecimiento. En lugar de contribuir al desarrollo, lo limitan. Nadie en el Gobierno ignora esto y su dilema es: eliminar la protección contribuiría a acelerar el crecimiento, pero generaría quiebras y desempleo. La contradicción es obvia: el mismo Gobierno que hace suya la productividad acaba de elevar la protección y subsidios a ese sector industrial.
La única solución posible está en resolver los problemas que causa el Gobierno -seguridad, infraestructura, contratos, competencia, eficiencia en el gasto e impuestos más racionales y los monstruos energéticos- para que más empresas quieran invertir en el País y esto permita absorber la mano de obra que resultaría de la eliminación de la protección. En esto no hay de dos sopas ni hay solución sin riesgo: el Gobierno da el paso o seguimos atorados.
Luis Rubio
www.cidac.org
Por esto la decisión del Gobierno de volver a la productividad el eje de su estrategia económica es tan trascendente. "La productividad", dice Krugman, "no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar sus niveles de vida depende, casi enteramente, de su capacidad para elevar su producción por trabajador". La productividad resulta de todo lo que ocurre en la economía y por eso es una medida crucial de su desempeño. Cuando el Gobierno adopta este indicador como eje nos dice que está dispuesto a atacar las causas de los niveles tan pobres de crecimiento de la productividad que ha evidenciado el País últimamente.
Si uno observa la economía mexicana, lo primero que resultará obvio es que hay enormes diferencias en niveles de productividad entre las millones de empresas que la integran. Así como hay empresas que compiten exitosamente con las mejores del mundo, otras no podrían competir ni con las más improductivas de su colonia. Esas diferencias ilustran la complejidad del reto del Gobierno y el País. ¿Por qué las diferencias? El argumento de Lewis es que parte del reto de la productividad yace dentro de las empresas, pero un enorme componente está en el entorno en que operan.
El ejemplo citado arriba revela que una empresa con buenas técnicas de producción, uso inteligente de la tecnología y una estrategia de administración de proyectos puede lograr que el trabajador con menos calificación sea tan productivo como el más calificado y experimentado. Lo que hace la empresa en cuanto a calidad y técnicas de producción es la esencia del incremento en la productividad. En esto el Gobierno tiene relativamente poca incidencia.
La intervención del Gobierno es crucial en el entorno en que operan las empresas y esa incidencia, dice Lewis, es casi siempre negativa. Un Gobierno pesado y poco eficiente implica costos adicionales para las empresas (más impuestos) sin que obtengan mejores servicios. Peor, las empresas más productivas pagan más impuestos que las menos productivas, lo cual distorsiona el mercado. La protección de intereses particulares -sindicatos, monopolios gubernamentales, empresas y empresarios favoritos, prácticas monopólicas privadas, inseguridad, disfuncionalidad del Poder Judicial, aranceles elevados, subsidios- implica desproteger a los demás, pero en particular la distorsión permanente de los mercados donde las empresas operan. Las acciones gubernamentales impactan a la productividad, por lo que el reto del Gobierno es monumental e interno: todos esos intereses que se benefician de las distorsiones que causa el Gobierno están en él, dentro de su partido o son cercanos a éstos.
El dilema no es difícil de visualizar. Imaginemos una empresa productiva que compite exitosamente en su mercado. Recibe materias primas y otros insumos en la mañana y despacha productos terminados en la tarde. Lo que está bajo su responsabilidad funciona bien. Sus dolores de cabeza no están ahí, sino en lo demás: inconstancia y precio de la electricidad, gas y otros energéticos; infraestructura; costo de las comunicaciones; asaltos a sus camiones; los años que toma resolver un incumplimiento de contrato; la complejidad y costo de obtener crédito; y los precios monopólicos que innumerables proveedores le imponen. Esos factores son responsabilidad del Gobierno. No hay de otra.
El Gobierno enfrenta dos enormes desafíos. Por un lado está el medular: atacar las fuentes y causas de las distorsiones. Algunas de ellas tienen que ver con prioridades que los gobiernos mexicanos abandonaron y que ahora se han convertido en retos monumentales: entre éstos los más obvios son todo el sistema de justicia, la (in)seguridad pública y la tolerancia al abuso que los monopolios energéticos le imponen a la sociedad y economía. Otras son producto de reformas incompletas, de nuevas realidades y de problemas desatendidos. Por donde uno vea, el reto es mayúsculo.
El otro desafío es quizá más simple en concepto, pero igual de oneroso en la práctica. El sector industrial del País se divide en dos grupos: uno hipercompetitivo y otro que depende de la protección del Gobierno. El primero representa al 80 por ciento de la producción y emplea al 20 por ciento de la mano de obra; el segundo representa al 80 por ciento de las empresas y a la misma proporción de mano de obra, pero produce menos del 20 por ciento del total. El problema no son las proporciones, sino que esas empresas no competitivas le restan productividad a la economía y castigan al crecimiento. En lugar de contribuir al desarrollo, lo limitan. Nadie en el Gobierno ignora esto y su dilema es: eliminar la protección contribuiría a acelerar el crecimiento, pero generaría quiebras y desempleo. La contradicción es obvia: el mismo Gobierno que hace suya la productividad acaba de elevar la protección y subsidios a ese sector industrial.
La única solución posible está en resolver los problemas que causa el Gobierno -seguridad, infraestructura, contratos, competencia, eficiencia en el gasto e impuestos más racionales y los monstruos energéticos- para que más empresas quieran invertir en el País y esto permita absorber la mano de obra que resultaría de la eliminación de la protección. En esto no hay de dos sopas ni hay solución sin riesgo: el Gobierno da el paso o seguimos atorados.
Luis Rubio
www.cidac.org
