jueves, mayo 31, 2007
Estragos populistas
La semana pasada presenté una visión panorámica de algunos caudillos populistas que han plagado la historia de América Latina, hasta desembocar en las versiones actuales de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Néstor Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Daniel Ortega (Nicaragua). Hoy continúo con el tema.
Sin duda, el promotor más activo y eficaz de este regreso a las andanzas populistas es el coronel Chávez, quien acaba de eliminar a Radio Caracas Televisión Venezolana y está enfrascado en una campaña continental para exportar su socialismo del Siglo 21, con medidas intervencionistas que reiteradamente han demostrado ser sólo un perjuicio para los países que las aplican y, en especial, para las clases sociales más necesitadas que, supuestamente, tratan de beneficiar.
Las torpezas en materia de política económica cometidas por este prototipo de la izquierda mesiánica latinoamericana son muy nutridas y cada día le agrega nuevas, por lo que es imposible analizarlas aquí en forma individual. Sin embargo, casi todas ellas caen dentro de dos categorías: expropiaciones y controles.
Por ejemplo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola facultó en 2001 al Gobierno venezolano para expropiar latifundios, argumentando que atentan contra la paz social en el campo. A partir de su reelección en 2006, Chávez ha incrementado el uso de esas facultades para llevar a cabo lo que se perfila como la mayor reforma agraria obligatoria en la historia de Venezuela.
Pero como ya sucedió en otros países con reformas similares, incluido México, lo único que se ha producido en Venezuela son poblados comunitarios de campesinos organizados en cooperativas ineficientes que reciben jugosos recursos públicos, junto con el envío de comandos militares para supervisar las haciendas expropiadas. No resulta extraño, entonces, que estas medidas en lugar de elevar la producción agropecuaria, sólo han servido para acentuar la polarización económica, social y política del país.
Según cifras oficiales, a partir de 2002 en Venezuela se han repartido alrededor de 1.4 millones de hectáreas a más de 15 mil familias. La bonanza aparente se aprecia en uno de los asentamientos, el de Bella Vista, donde el Gobierno construyó viviendas idénticas con tres recámaras cada una para 83 familias. Ese complejo habitacional dispone de una sala de lectura, una estación de radio, un edificio común con el servicio de internet de banda ancha, una escuela y una plaza con el busto de Simón Bolívar, como lo reportó recientemente The New York Times.
El que las poblaciones campesinas cuenten con esas facilidades, desde luego, no es criticable. El problema es que proviene de dádivas del "generoso" Gobierno bolivariano, fincadas en los ingresos petroleros y no en la productividad de los agricultores, por lo que la ilusión durará, en el mejor de los casos, hasta que se agote ese recurso finito. Por lo demás, es fácil anticipar que estas unidades dejarán de ser productivas, para convertirse en un barril sin fondo para el erario venezolano. Adicionalmente, el riesgo de expropiación que enfrentan ahora los particulares es un incentivo para no invertir en el campo y agravar la falta de producción agropecuaria en ese país.
El Gobierno de Chávez, además de las expropiaciones de tierras, ha estatizado gran parte de la industria petrolera venezolana y varias agroindustrias. Ahora amenaza hacerlo también con la industria siderúrgica, la industria del cemento, las clínicas y hospitales privados y la misma Banca.
En el caso de los controles de precios, el Gobierno populista venezolano ha recurrido a ellos indiscriminadamente. El tipo de cambio, los productos básicos de consumo generalizado y los materiales de construcción están sujetos a controles gubernamentales. Esta política es doblemente perniciosa para la economía venezolana porque su resultado, previsible desde un principio, ha sido primero aumentar artificialmente la demanda y exacerbar la escasez de los bienes y servicios controlados; y, segundo, ante ello el Gobierno amenaza con expropiar las empresas que ofrecen esos bienes y servicios, dizque para aumentar la oferta.
En un ambiente así, los empresarios privados tienen muy pocos incentivos para elevar las inversiones y subsanar la escasez de bienes y servicios, registrándose más bien el cierre masivo de empresas. Al respecto, una nota de prensa reciente señala que el líder de la Confederación Venezolana de Industriales, Eduardo Gómez, declaró: "Hay una capacidad instalada que está llegando a sus niveles máximos de producción". No extraña, entonces, que como lo confirma una encuesta de la firma Datanalisis, en Venezuela hay una escasez de productos como azúcar, carne, leche en polvo, pollo, huevos, arroz, harina de maíz, sardinas y leguminosas.
El Gobierno ha recurrido a la importación de muchos de estos bienes, lo que explica en gran parte las importaciones de 31 mil millones de dólares (md) realizadas en 2006 por Venezuela y que alcanzan ya los 12 mil millones de dólares en el primer trimestre del presente año, financiadas con recursos petroleros, los cuales no son una fuente permanente de ingresos para el país.
Como puede observarse, los estragos económicos populistas del Presidente Chávez están colocando a Venezuela en una situación delicada que será evidente cuando la bonanza petrolera llegue a su fin. Lamentablemente, en otros países latinoamericanos, incluido México con las promesas mesiánicas de López Obrador y los recientes controles al precio del maíz y de la tortilla, nuestros políticos piensan que con medidas como esas solucionarán los problemas económicos de fondo, que sólo pueden atacarse eficazmente con la instrumentación de una política económica responsable y las reformas estructurales que ellos insisten en postergar.
Salvador Kalifa es doctor en economía y consultor económico y financiero. Su e-mail es salvadorkalifa@prodigy.net.mx
Sin duda, el promotor más activo y eficaz de este regreso a las andanzas populistas es el coronel Chávez, quien acaba de eliminar a Radio Caracas Televisión Venezolana y está enfrascado en una campaña continental para exportar su socialismo del Siglo 21, con medidas intervencionistas que reiteradamente han demostrado ser sólo un perjuicio para los países que las aplican y, en especial, para las clases sociales más necesitadas que, supuestamente, tratan de beneficiar.
Las torpezas en materia de política económica cometidas por este prototipo de la izquierda mesiánica latinoamericana son muy nutridas y cada día le agrega nuevas, por lo que es imposible analizarlas aquí en forma individual. Sin embargo, casi todas ellas caen dentro de dos categorías: expropiaciones y controles.
Por ejemplo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola facultó en 2001 al Gobierno venezolano para expropiar latifundios, argumentando que atentan contra la paz social en el campo. A partir de su reelección en 2006, Chávez ha incrementado el uso de esas facultades para llevar a cabo lo que se perfila como la mayor reforma agraria obligatoria en la historia de Venezuela.
Pero como ya sucedió en otros países con reformas similares, incluido México, lo único que se ha producido en Venezuela son poblados comunitarios de campesinos organizados en cooperativas ineficientes que reciben jugosos recursos públicos, junto con el envío de comandos militares para supervisar las haciendas expropiadas. No resulta extraño, entonces, que estas medidas en lugar de elevar la producción agropecuaria, sólo han servido para acentuar la polarización económica, social y política del país.
Según cifras oficiales, a partir de 2002 en Venezuela se han repartido alrededor de 1.4 millones de hectáreas a más de 15 mil familias. La bonanza aparente se aprecia en uno de los asentamientos, el de Bella Vista, donde el Gobierno construyó viviendas idénticas con tres recámaras cada una para 83 familias. Ese complejo habitacional dispone de una sala de lectura, una estación de radio, un edificio común con el servicio de internet de banda ancha, una escuela y una plaza con el busto de Simón Bolívar, como lo reportó recientemente The New York Times.
El que las poblaciones campesinas cuenten con esas facilidades, desde luego, no es criticable. El problema es que proviene de dádivas del "generoso" Gobierno bolivariano, fincadas en los ingresos petroleros y no en la productividad de los agricultores, por lo que la ilusión durará, en el mejor de los casos, hasta que se agote ese recurso finito. Por lo demás, es fácil anticipar que estas unidades dejarán de ser productivas, para convertirse en un barril sin fondo para el erario venezolano. Adicionalmente, el riesgo de expropiación que enfrentan ahora los particulares es un incentivo para no invertir en el campo y agravar la falta de producción agropecuaria en ese país.
El Gobierno de Chávez, además de las expropiaciones de tierras, ha estatizado gran parte de la industria petrolera venezolana y varias agroindustrias. Ahora amenaza hacerlo también con la industria siderúrgica, la industria del cemento, las clínicas y hospitales privados y la misma Banca.
En el caso de los controles de precios, el Gobierno populista venezolano ha recurrido a ellos indiscriminadamente. El tipo de cambio, los productos básicos de consumo generalizado y los materiales de construcción están sujetos a controles gubernamentales. Esta política es doblemente perniciosa para la economía venezolana porque su resultado, previsible desde un principio, ha sido primero aumentar artificialmente la demanda y exacerbar la escasez de los bienes y servicios controlados; y, segundo, ante ello el Gobierno amenaza con expropiar las empresas que ofrecen esos bienes y servicios, dizque para aumentar la oferta.
En un ambiente así, los empresarios privados tienen muy pocos incentivos para elevar las inversiones y subsanar la escasez de bienes y servicios, registrándose más bien el cierre masivo de empresas. Al respecto, una nota de prensa reciente señala que el líder de la Confederación Venezolana de Industriales, Eduardo Gómez, declaró: "Hay una capacidad instalada que está llegando a sus niveles máximos de producción". No extraña, entonces, que como lo confirma una encuesta de la firma Datanalisis, en Venezuela hay una escasez de productos como azúcar, carne, leche en polvo, pollo, huevos, arroz, harina de maíz, sardinas y leguminosas.
El Gobierno ha recurrido a la importación de muchos de estos bienes, lo que explica en gran parte las importaciones de 31 mil millones de dólares (md) realizadas en 2006 por Venezuela y que alcanzan ya los 12 mil millones de dólares en el primer trimestre del presente año, financiadas con recursos petroleros, los cuales no son una fuente permanente de ingresos para el país.
Como puede observarse, los estragos económicos populistas del Presidente Chávez están colocando a Venezuela en una situación delicada que será evidente cuando la bonanza petrolera llegue a su fin. Lamentablemente, en otros países latinoamericanos, incluido México con las promesas mesiánicas de López Obrador y los recientes controles al precio del maíz y de la tortilla, nuestros políticos piensan que con medidas como esas solucionarán los problemas económicos de fondo, que sólo pueden atacarse eficazmente con la instrumentación de una política económica responsable y las reformas estructurales que ellos insisten en postergar.
Salvador Kalifa es doctor en economía y consultor económico y financiero. Su e-mail es salvadorkalifa@prodigy.net.mx
Etiquetas: AMLO, Chavez, demagogia, democracia, economia, fanatismo, fascismo, pobreza, populismo
