lunes, noviembre 27, 2006
Causas y efectos
En su sueño de considerarse "Presidente legítimo" de México, además de incitar a la violencia y el odio, el Sr. Andrés López se da tiempo de enviar a los legisladores de su partido una absurda "iniciativa de ley" (hay que aclarar que la Constitución establece en su artículo 71 que "el derecho a iniciar leyes o decretos compete: I.- Al Presidente de la República; II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y III.- A las legislaturas de los Estados. El Sr. López no está en ninguno de los anteriores supuestos, por lo que el término correcto de este documento sería una propuesta de un grupo de ciudadanos) denominada "Ley de Precios Competitivos".
Al leer dicha propuesta, inmediatamente se observa que los que la redactaron no tienen la mínima noción del derecho elemental, y menos de conocimientos básicos de economía. Ahora nos damos cuenta de la preparación de la gente, que junto con él, pretendieron gobernar a nuestro país al creer en sus propias encuestas y que fueron derrotados en las urnas.
Hay que aclarar que los objetivos que persigue dicha propuesta son loables: "Establecer mecanismos que logren un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas". El otro objetivo es "impedir la exageración de precios por parte de las personas físicas o morales que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda".
Como buena propuesta setentera, se propone crear más burocracia para solucionar el problema: la Comisión Federal de Precios Competitivos. Dicha Comisión estará compuesta por un presidente y tres vocales nombrados por las tres cuartas partes de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Ya se está haciendo moda, por parte de algunos políticos, que los nombramientos de funcionarios del Poder Ejecutivo sean avalados por el Poder Legislativo, como si aquí residiera por definición la sabiduría y la prudencia (el próximo 1 de diciembre lo demostrarán). No me opongo a que así sea. Sólo que con el marco jurídico actual es inconstitucional. Y luego pretender que sea elegido por las terceras partes, primero vuelve a llegar el Mesías antes de que nuestros sabios senadores se pongan de acuerdo. El otro problema es que cuando el Congreso avale estos nombramientos, las posiciones se convierten en cuotas partidistas y corporativistas y no necesariamente reflejan conocimientos técnicos en la materia.
Además, la propuesta trae unos conceptos y definiciones "innovadores" en materia económica que, seguramente, harán revisar todo lo que se enseña en las escuelas de economía: uno de los más absurdos es el de exageración en los precios. Lo definen como el "diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos". Otro de estos conceptos es el de precios con orientación competitiva que, según ellos, es "valor pecuniario con rangos mínimos y máximos establecidos por la Comisión". Imagínese a unos burócratas en dicha Comisión administrando y fijando precios. Nos esperaría una etapa, que por cierto ya vivimos, de precios administrados que lo único que trajeron fue desabasto y movimientos bruscos de precios.
En la parte de los mecanismos que plantean, llama la atención que esta Comisión también determinaría mercados relevantes, facultad que por la Ley Federal de Competencia Económica compete a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y se "fusila" completo el artículo 12 de esta ley. Los grupos empresariales que han combatido por más de una década la ley antimonopolios y a la Cofeco estarían de plácemes con esta duplicidad de facultades. Sus amparos e impugnaciones serán más efectivos.
Ciertamente que en México muchos de los precios que pagamos como consumidores están muy por encima de lo que pagan consumidores en otros países, siendo que nuestro PIB per cápita en ocasiones es menor. El Sr. López en su propuesta y su coronación del 20 de noviembre, citó algunos ejemplos: telefonía celular, energía, cemento, comisiones por servicios financieros. El diagnóstico pudiera ser correcto. La solución es lo que aterra. Habría que explicarles que el comportamiento de los precios en una economía, entre muchos otros factores, es consecuencia de una estructura de mercado, no la causa.
¿Por qué muchos de los precios por bienes y servicios que pagamos en México son más elevados? Es muy simple: por falta de competencia en muchos de esos mercados. La solución viene por el lado de seguir fortaleciendo a la Cofeco en sus facultades y en convencer a nuestra sociedad acerca de los beneficios de la competencia e incentivar que existan más oferentes y no hacerles el juego a muchos grupos empresariales que no ven con buenos ojos a nuevos participantes. Habrá que explicarles que muchos de estos sectores están regulados (telefonía básica, energía, servicios financieros) y otros no (cemento). No les puedes aplicar la misma medicina.
No obstante, no hay que dejar de lado la intención política de dicha propuesta. El Sr. López es muy hábil para posicionarse en el momento político adecuado y estaría demostrando que él sí quiere terminar con los privilegios de unos cuantos, volviendo a marcar la agenda.
La intención del gobierno de Felipe Calderón debe ser la misma, pero a través de fortalecer los mecanismos legales existentes, no con propuestas endebles que no pasan la prueba de la carcajada.
Abel Hibert, El Norte, 27 de noviembre 2006
ahibert@prodigy.net.mx
Al leer dicha propuesta, inmediatamente se observa que los que la redactaron no tienen la mínima noción del derecho elemental, y menos de conocimientos básicos de economía. Ahora nos damos cuenta de la preparación de la gente, que junto con él, pretendieron gobernar a nuestro país al creer en sus propias encuestas y que fueron derrotados en las urnas.
Hay que aclarar que los objetivos que persigue dicha propuesta son loables: "Establecer mecanismos que logren un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas". El otro objetivo es "impedir la exageración de precios por parte de las personas físicas o morales que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda".
Como buena propuesta setentera, se propone crear más burocracia para solucionar el problema: la Comisión Federal de Precios Competitivos. Dicha Comisión estará compuesta por un presidente y tres vocales nombrados por las tres cuartas partes de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Ya se está haciendo moda, por parte de algunos políticos, que los nombramientos de funcionarios del Poder Ejecutivo sean avalados por el Poder Legislativo, como si aquí residiera por definición la sabiduría y la prudencia (el próximo 1 de diciembre lo demostrarán). No me opongo a que así sea. Sólo que con el marco jurídico actual es inconstitucional. Y luego pretender que sea elegido por las terceras partes, primero vuelve a llegar el Mesías antes de que nuestros sabios senadores se pongan de acuerdo. El otro problema es que cuando el Congreso avale estos nombramientos, las posiciones se convierten en cuotas partidistas y corporativistas y no necesariamente reflejan conocimientos técnicos en la materia.
Además, la propuesta trae unos conceptos y definiciones "innovadores" en materia económica que, seguramente, harán revisar todo lo que se enseña en las escuelas de economía: uno de los más absurdos es el de exageración en los precios. Lo definen como el "diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos". Otro de estos conceptos es el de precios con orientación competitiva que, según ellos, es "valor pecuniario con rangos mínimos y máximos establecidos por la Comisión". Imagínese a unos burócratas en dicha Comisión administrando y fijando precios. Nos esperaría una etapa, que por cierto ya vivimos, de precios administrados que lo único que trajeron fue desabasto y movimientos bruscos de precios.
En la parte de los mecanismos que plantean, llama la atención que esta Comisión también determinaría mercados relevantes, facultad que por la Ley Federal de Competencia Económica compete a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y se "fusila" completo el artículo 12 de esta ley. Los grupos empresariales que han combatido por más de una década la ley antimonopolios y a la Cofeco estarían de plácemes con esta duplicidad de facultades. Sus amparos e impugnaciones serán más efectivos.
Ciertamente que en México muchos de los precios que pagamos como consumidores están muy por encima de lo que pagan consumidores en otros países, siendo que nuestro PIB per cápita en ocasiones es menor. El Sr. López en su propuesta y su coronación del 20 de noviembre, citó algunos ejemplos: telefonía celular, energía, cemento, comisiones por servicios financieros. El diagnóstico pudiera ser correcto. La solución es lo que aterra. Habría que explicarles que el comportamiento de los precios en una economía, entre muchos otros factores, es consecuencia de una estructura de mercado, no la causa.
¿Por qué muchos de los precios por bienes y servicios que pagamos en México son más elevados? Es muy simple: por falta de competencia en muchos de esos mercados. La solución viene por el lado de seguir fortaleciendo a la Cofeco en sus facultades y en convencer a nuestra sociedad acerca de los beneficios de la competencia e incentivar que existan más oferentes y no hacerles el juego a muchos grupos empresariales que no ven con buenos ojos a nuevos participantes. Habrá que explicarles que muchos de estos sectores están regulados (telefonía básica, energía, servicios financieros) y otros no (cemento). No les puedes aplicar la misma medicina.
No obstante, no hay que dejar de lado la intención política de dicha propuesta. El Sr. López es muy hábil para posicionarse en el momento político adecuado y estaría demostrando que él sí quiere terminar con los privilegios de unos cuantos, volviendo a marcar la agenda.
La intención del gobierno de Felipe Calderón debe ser la misma, pero a través de fortalecer los mecanismos legales existentes, no con propuestas endebles que no pasan la prueba de la carcajada.
Abel Hibert, El Norte, 27 de noviembre 2006
ahibert@prodigy.net.mx
