HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Felipe Calderón es ya el presidente electo de México, como lo decidieron la mayoría de los mexicanos. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue impecable y es una demostración de que, a pesar de que existen voces empeñadas en enviar “al diablo” las instituciones, éstas, particularmente en el ámbito electoral, funcionan y lo hacen correctamente, que México es un país donde las leyes  se respetan, y que en el ámbito electoral, como en todos los demás, las normas legales son las que deben regir la actuación de los distintos actores políticos.

El Tribunal cumplió plenamente con su deber y lo hizo, como sostuvo el magistrado presidente Leonel Castillo, hasta con exceso. Pero ese deber implica “juzgar hechos, no quimeras” como subrayó Alfonsina Navarro, al leer el fallo. Son muchos los datos que permiten explicar que en las demandas que se presentaron contra la validez de la elección hubo demasiadas quimeras y pocos hechos que juzgar. Quizás el punto más importante, para descargo de las injustas acusaciones que se hicieron contra las instituciones electorales pero sobre todo contra el millón de ciudadanos que voluntariamente participaron en la organización y el cómputo electoral, es que después de cinco conteos diferentes, después de múltiples impugnaciones, después de innumerables revisiones, el resultado final, respecto al cómputo realizado en los comités distritales el 5 y 6 de julio, apenas se modificó en un 0.02 por ciento.

Y sin embargo algo, o mucho, debe cambiar. Es verdad que se presentaron algunas irregularidades en la elección y como dijeron también los magistrados, no hay elección democrática donde las mismas no se presenten, pero también debe hacernos pensar en qué medida las mismas son resultado de intentos de torcer la voluntad ciudadana o la consecuencia directa de tantos, innumerables, candados que se le han colocado a nuestro proceso electoral hasta hacerlo uno de los más complejos del mundo. Es verdad, hubo errores en el llenado de actas por los ciudadanos, pero ello resulta inevitable cuando se recurre no a un cuerpo profesional sino a cientos de miles de ciudadanos, en una sociedad donde el promedio de escolaridad es el primero de secundaria, elegidos aleatoriamente para hacer imposible cualquier manipulación masiva de los votos. Lo notable es que, a pesar de ello, sí hubo errores en el llenado de unas actas excesivamente complejas, pero no en el cómputo, que fue uno de los más acertados en la historia del IFE.

Es verdad que el Consejo Coordinador Empresarial presentó una serie de anuncios de los cuales se podía suponer, aunque nunca lo expresara de esa manera, que se oponía a la candidatura de López Obrador. O que el presidente Fox reivindicó su gestión por medio de una amplia campaña publicitaria. O que hubo publicidad negativa respecto a López Obrador. Pero también es verdad que el gobierno del DF apoyó sin disimulo al candidato perredista (y los gobernadores de cada uno de los estados a sus respectivos candidatos); que varios sindicatos también lo hicieron, incluyendo amplia publicidad de todo tipo; que la campaña de la coalición por el bien de todos incluso abusó de la publicidad negativa utilizando información que era sencillamente falsa, como el famoso caso Hildebrando. Incluso que López Obrador fue quien más gastó en anuncios publicitarios. Pero como estableció el propio dictamen del Tribunal, es imposible evaluar los efectos de esa publicidad o esos apoyos. En última instancia la ciudadanía sabe cuándo le están mintiendo y cuándo, por más publicidad que se realice reivindicando una gestión, la misma acarreará apoyo a un candidato o no.

Es parte de cualquier proceso electoral democrático. Por eso, en el futuro, el mismo no debería hacerse aún más restrictivo, como pretenden algunos analistas, sino que se debe liberalizar. No se puede controlar todo, en todo momento, no se puede impedir que el presidente, los gobernadores, los sindicatos, los medios, hablen y opinen, no se puede prohibir la publicidad negativa porque la imagen de un candidato se construye por sus aspectos positivos, pero también por los negativos. En ninguna democracia del mundo, las campañas son asépticas y exclusivamente propositivas. Más aún porque, como se demostró este dos de julio, las fuerzas políticas y sociales están muy equilibradas: estamos lejos de vivir en un régimen autoritario o de partido único, el poder está dividido en el ámbito federal, estatal, legislativo. Luego de muchos años de colocar candado tras candado en nuestro sistema electoral, a partir de la experiencia de la elección del dos de julio, ha llegado la hora de simplificarlo, de liberalizarlo en todos sus trámites burocráticos y de los ordenamientos que son casi imposibles de cumplir en el ámbito político y en el contexto de una campaña (pero que sirven para innumerables impugnaciones injustificadas y para que todos los comicios terminen en el Tribunal Electoral) y realizar las reformas necesarias para garantizar dos puntos que son centrales: por una parte, el control del dinero en la campaña y por la otra establecer mecanismos que antes, durante y después de los comicios garanticen la gobernabilidad. Medidas que deben ir desde el control estricto de la utilización de recursos públicos en las campañas, hasta la unificación de los sistemas y controles electorales en todos los estados. Se debe hacer mucho más, pero el secreto está en liberalizar, abrir los candados inútiles y controlar, sobre todo, la utilización de recursos públicos.

Este dos de julio ha sido el más largo de la historia y ello ha servido para descalificar a las instituciones. Afortunadamente éstas resistieron las presiones y esa etapa terminó. Felipe Calderón ya es el presidente electo y, con su administración deberá darse el paso de la alternancia a la consolidación del cambio democrático. Enhorabuena.

Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior	Fecha: Miércoles, 6 de Septiembre de 2006