miércoles, marzo 29, 2006

 

Analisis de las propuestas de AMLO, por Salvador Kalifa


Salvador Kalifa, El Norte
Los 50 compromisos (I)
(Primera parte)
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un político muy hábil que ha sabido posicionarse como paladín de los pobres. No es el propósito de esta nota cuestionar si es sincera su preocupación por los marginados y desposeídos. Uno puede concederle el beneficio de la duda, aun cuando sean éstos la plataforma sobre la que finca sus ambiciones políticas. Lo importante en el contexto actual es determinar si su programa de políticas públicas es el camino para lograr los objetivos que plantea.

En principio, es fácil coincidir con muchas de las preocupaciones que aparecen en los 50 compromisos de AMLO. ¿Quién no desea que prosperen los pueblos indígenas?; ¿quién puede oponerse a mejorar la situación económica de los ancianos o los discapacitados pobres?; ¿quién no está a favor de extender y mejorar los niveles educativos y de salud para todos los mexicanos, en especial aquellos que se encuentran en niveles extremos de marginación y pobreza?

Por otra parte, no hay duda de que todos aspiramos a un México más culto, seguro y sin corrupción, con un Gobierno austero y eficiente, que facilite la acción de los particulares y donde los costos de los insumos sean "justos y competitivos" para lograr un crecimiento alto y sostenido. En fin, todos deseamos y buscamos el Paraíso en la tierra, promesa que hacen todos los políticos, pero que AMLO dice que sólo él puede hacerlo realidad.

El problema con las promesas de AMLO no está, por tanto, en la exposición de sus preocupaciones centrales, la mayoría de las cuales apelan a los más nobles sentimientos humanos, sino en el diagnóstico de sus causas y, por ende, en las políticas públicas con las que pretende cumplir sus compromisos (numerados en paréntesis).

¿Qué podemos esperar, entonces, de las políticas públicas que plantea AMLO en sus compromisos? Lamentablemente, pocas cosas buenas. Por un lado, no dudo que tendrán éxito político sus programas asistenciales, destacando la pensión a los adultos mayores y los apoyos a los discapacitados (2 y 3), aun cuando desperdicien recursos por tener una aplicación universal, en vez de centrarse en las personas verdaderamente necesitadas. Estos dos renglones requerirán de más de 35 mil millones de pesos en el primer año de aplicación. También será popular la entrega gratuita de útiles escolares, por un monto superior a los mil 200 millones de pesos anuales (10).

La mano generosa del Gobierno estará muy activa en la administración de AMLO. Sus compromisos de gasto social ofrecen atención médica, instalaciones, equipos y medicamentos gratuitos para todos (4 y 8); educación pública gratuita y la construcción de planteles escolares a todos los niveles, incluyendo 200 preparatorias y 30 universidades (9 y 11); y el apoyo al arte y la cultura, donde se propone una Ley de la Cultura con una partida presupuestal fija e inamovible (13, 14, 15 y 16).

Todos los antecesores de AMLO también han propuesto abatir la pobreza así como ampliar los servicios de educación y salud, y lo que quizá sea más importante, mejorar su calidad, pero se han topado no sólo con limitantes severas de recursos, sino también con obstáculos burocráticos, sindicales, de corrupción y de deficiencia de los esquemas públicos de proveeduría de estos servicios, que les impiden cumplir sus promesas. No hay razón para pensar que esos mismos obstáculos no estarán presentes en un posible Gobierno de AMLO.

La mejora en la calidad de los servicios educativos y de salud, por ejemplo, es uno de los retos más importantes. La experiencia nacional e internacional nos muestra que lograrlo es una tarea muy difícil, en particular si la proveeduría de esos servicios queda en manos públicas, como es claramente el compromiso inamovible de AMLO. No hay país alguno donde las instituciones públicas, aun con exhortos bien intencionados pero ingenuos de un "compromiso nacional por la calidad de la educación pública", superen la calidad de los servicios que en el mismo campo provee el sector privado.

Por otro lado, es posible que haya un impulso de corto plazo a la actividad económica proveniente de una fuerte dosis de gasto que estimulará la demanda, aun cuando mucho de él se haga de manera improductiva. Ese gasto consiste de la siembra de árboles maderables en un millón de hectáreas (20), así como diversos proyectos de infraestructura. Destacan, entre éstos, la inversión en el sector energético (22); el programa de construcción de vivienda (27); el corredor que conectará los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, con inversiones en instalaciones portuarias, carreteras y ferrocarriles (28); el tren bala para comunicar al centro con el norte del País (29); y la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo (30).

La derrama económica de esos proyectos beneficiará en particular a las empresas vinculadas con esos sectores de actividad, pero el gusto será pasajero. El aumento en el ritmo de crecimiento de la economía por una expansión del gasto público, que bien puede superar el 4 por ciento anual, no es sostenible más allá de un par de años, a lo sumo, porque nuestro problema económico no es uno que se corrige con medidas coyunturales que estimulan la demanda agregada. Y menos cuando ese estímulo se logra con proyectos majestuosos que desperdician recursos, como el tren bala, cuyo costo de pasaje se estima superior al de un boleto de avión.

El problema de nuestro País es que su crecimiento potencial se ubica alrededor del 3 por ciento, por lo que al no aplicar AMLO reformas estructurales, su mayor gasto público se traducirá muy pronto en un alza de las presiones inflacionarias y un aumento de las tasas de interés, lo que a la postre desalentará la inversión privada y minará el crecimiento de la economía. Continúo la semana próxima.


Salvador Kalifa es doctor en economía y consultor económico y financiero.

Su e-mail es salvadorkalifa@prodigy.net.mx


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