sábado, julio 27, 2013
Adiós al Pacto
El Pacto por México fue una sorpresa. Nadie se lo esperaba y mucho menos después de 15 años de entrampamiento legislativo. No sólo eso. Los intentos anteriores habían fracasado estrepitosamente. Sobraban, pues, motivos para el escepticismo. Pero las reformas en telecomunicaciones y educación superaron todas las expectativas.
Había, sin embargo, un antecedente que constituía una lección y una advertencia: la reforma laboral, presentada como iniciativa preferente por Felipe Calderón, fue aprobada -dadas las diferencias ideológico políticas- por mayoría de priistas y panistas. Con un agregado: si dicha iniciativa se hubiera procesado por consenso, se habrían eliminado los apartados más importantes.
La lección y la advertencia eran muy simples: las oposiciones ideológico-políticas no son meras fantasmagorías, sí existen. Y, pese a los acuerdos y consensos en ciertas materias, harían sentir su peso más temprano que tarde. Por eso, aquí y en Gran Bretaña, la esencia de la democracia es el gobierno de la mayoría y la alternancia.
El Pacto por México tenía, desde su puesta en marcha, fecha de caducidad. El debate sobre la reforma energética no ha hecho más que poner las cosas en su lugar: la corriente nacionalista-estatista se enfrenta a los reformistas. Las diferencias son de principio. El consenso es imposible.
Sólo un ingenuo podía suponer que las cosas ocurrirían de otra manera. El recuento histórico de las reformas más importantes de finales del siglo pasado: entrada de México al GATT, privatización de paraestatales, reforma del Artículo 27, privatización de la banca y el Tratado de Libre Comercio siguieron ese mismo derrotero. El bloque reformista (PRI-PAN) se enfrentó a la corriente nacionalista-estatista.
La victoria de los reformistas fue por partida doble: se impusieron en el Congreso y reformaron la Constitución por mayoría compuesta. Pero además, el paso del tiempo les ha dado la razón histórica. La modernización de México pasó por la contracción del Estado y por la apertura comercial, que culminó con el Tratado de Libre Comercio.
Hoy por hoy, nadie en la izquierda, ni siquiera "el rayito de esperanza", se pronuncia por la abrogación del Tratado de Libre Comercio, por la estatización de la banca o por la reversión de la reforma del Artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad a los ejidatarios de transformarse en pequeños propietarios.
Y, sin embargo, en los debates de los años 90, la izquierda anunció el Apocalipsis una y otra vez: la entrada de México al GATT liquidaría la industria nacional, la privatización de empresas atentaba contra la Revolución Mexicana, se les arrebataría las tierras a los ejidatarios y el Tratado de Libre Comercio aniquilaría lo poco que quedaba de soberanía nacional.
Ahora la historia se repite. El debate sobre la reforma energética ha unificado y cohesionado a todas las corrientes de la izquierda, desde Miguel Ángel Mancera hasta López Obrador, pasando por Marcelo Ebrard y Jesús Zambrano, para no mencionar a Cuauhtémoc Cárdenas. Las amonestaciones tienen el mismo sonsonete de los años 90: ¡lo que está en juego es la soberanía nacional! ¡Pemex no se privatiza! ¡Lo defenderemos por las buenas o por las malas!
Frente a este sainete, que apenas comienza, el alineamiento del bloque reformista parece consistente. El PRI, bajo el liderazgo de Peña Nieto, avanzará en el proyecto reformador, tal como lo hizo en los años 90 bajo Salinas de Gortari. Las diferencias y las resistencias internas -que las hay- se disolverán sin pena ni gloria.
El PAN, por su parte, ha presentado un proyecto radical, en el sentido estricto de la palabra, retomando lo mejor de la idea que tenía Felipe Calderón en el 2008, pero que no pudo concretar por la oposición de los perredistas y los priistas -encabezados por Beltrones-.
Los objetivos de la reforma deben ser: potenciar la renta petrolera y producir más petróleo, gas y energía a precios competitivos.
La única incógnita es si en un acto irracional e inconsistente de la fracción "calderonista" saboteará la iniciativa de reforma con el único propósito de golpear el liderazgo de Gustavo Madero. Pero si no es el caso, se puede dar por descontado que el PAN no sólo aprobará, sino impulsará la reforma.
La estrategia de la izquierda frente a ese bloque está cantada: se opondrá en el Congreso, pero también en las calles con marchas y movilizaciones. Manuel Camacho ha sugerido que la iniciativa se someta a un referéndum para evitar la polarización.
Pero la verdad es que sólo un ingenuo aceptaría jugar bajo esas reglas. Porque si el referéndum se realiza y la población apoya la iniciativa, López Obrador denunciará la existencia de un complot, un gran fraude y desconocerá su resultado. La experiencia histórica no miente. López no ha cambiado ni cambiará jamás.
Hay, por último, un elemento a considerar: el verdadero costo de la reforma energética. Los panistas, tanto los maderistas como los calderonistas, condicionarán su voto a que se apruebe la reforma electoral y política antes de discutir la reforma energética.
Retomarán, de ese modo, la estrategia de Beltrones en el 2007: no habrá reforma fiscal, dijo entonces, si previamente no se aprueba la reforma electoral. El resultado de ese intercambio fue nefasto para el IFE, que fue descabezado, y para la libertad de expresión, que fue lastimada.
Hoy el riesgo que se corre es similar. Los panistas tienen el sartén por el mango y lo saben. Entre las demandas de los Senadores calderonistas está transformar el régimen presidencialista en un sistema semiparlamentario. Lo que sería un grave error. Pero eso es tema de otro artículo.
Había, sin embargo, un antecedente que constituía una lección y una advertencia: la reforma laboral, presentada como iniciativa preferente por Felipe Calderón, fue aprobada -dadas las diferencias ideológico políticas- por mayoría de priistas y panistas. Con un agregado: si dicha iniciativa se hubiera procesado por consenso, se habrían eliminado los apartados más importantes.
La lección y la advertencia eran muy simples: las oposiciones ideológico-políticas no son meras fantasmagorías, sí existen. Y, pese a los acuerdos y consensos en ciertas materias, harían sentir su peso más temprano que tarde. Por eso, aquí y en Gran Bretaña, la esencia de la democracia es el gobierno de la mayoría y la alternancia.
El Pacto por México tenía, desde su puesta en marcha, fecha de caducidad. El debate sobre la reforma energética no ha hecho más que poner las cosas en su lugar: la corriente nacionalista-estatista se enfrenta a los reformistas. Las diferencias son de principio. El consenso es imposible.
Sólo un ingenuo podía suponer que las cosas ocurrirían de otra manera. El recuento histórico de las reformas más importantes de finales del siglo pasado: entrada de México al GATT, privatización de paraestatales, reforma del Artículo 27, privatización de la banca y el Tratado de Libre Comercio siguieron ese mismo derrotero. El bloque reformista (PRI-PAN) se enfrentó a la corriente nacionalista-estatista.
La victoria de los reformistas fue por partida doble: se impusieron en el Congreso y reformaron la Constitución por mayoría compuesta. Pero además, el paso del tiempo les ha dado la razón histórica. La modernización de México pasó por la contracción del Estado y por la apertura comercial, que culminó con el Tratado de Libre Comercio.
Hoy por hoy, nadie en la izquierda, ni siquiera "el rayito de esperanza", se pronuncia por la abrogación del Tratado de Libre Comercio, por la estatización de la banca o por la reversión de la reforma del Artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad a los ejidatarios de transformarse en pequeños propietarios.
Y, sin embargo, en los debates de los años 90, la izquierda anunció el Apocalipsis una y otra vez: la entrada de México al GATT liquidaría la industria nacional, la privatización de empresas atentaba contra la Revolución Mexicana, se les arrebataría las tierras a los ejidatarios y el Tratado de Libre Comercio aniquilaría lo poco que quedaba de soberanía nacional.
Ahora la historia se repite. El debate sobre la reforma energética ha unificado y cohesionado a todas las corrientes de la izquierda, desde Miguel Ángel Mancera hasta López Obrador, pasando por Marcelo Ebrard y Jesús Zambrano, para no mencionar a Cuauhtémoc Cárdenas. Las amonestaciones tienen el mismo sonsonete de los años 90: ¡lo que está en juego es la soberanía nacional! ¡Pemex no se privatiza! ¡Lo defenderemos por las buenas o por las malas!
Frente a este sainete, que apenas comienza, el alineamiento del bloque reformista parece consistente. El PRI, bajo el liderazgo de Peña Nieto, avanzará en el proyecto reformador, tal como lo hizo en los años 90 bajo Salinas de Gortari. Las diferencias y las resistencias internas -que las hay- se disolverán sin pena ni gloria.
El PAN, por su parte, ha presentado un proyecto radical, en el sentido estricto de la palabra, retomando lo mejor de la idea que tenía Felipe Calderón en el 2008, pero que no pudo concretar por la oposición de los perredistas y los priistas -encabezados por Beltrones-.
Los objetivos de la reforma deben ser: potenciar la renta petrolera y producir más petróleo, gas y energía a precios competitivos.
La única incógnita es si en un acto irracional e inconsistente de la fracción "calderonista" saboteará la iniciativa de reforma con el único propósito de golpear el liderazgo de Gustavo Madero. Pero si no es el caso, se puede dar por descontado que el PAN no sólo aprobará, sino impulsará la reforma.
La estrategia de la izquierda frente a ese bloque está cantada: se opondrá en el Congreso, pero también en las calles con marchas y movilizaciones. Manuel Camacho ha sugerido que la iniciativa se someta a un referéndum para evitar la polarización.
Pero la verdad es que sólo un ingenuo aceptaría jugar bajo esas reglas. Porque si el referéndum se realiza y la población apoya la iniciativa, López Obrador denunciará la existencia de un complot, un gran fraude y desconocerá su resultado. La experiencia histórica no miente. López no ha cambiado ni cambiará jamás.
Hay, por último, un elemento a considerar: el verdadero costo de la reforma energética. Los panistas, tanto los maderistas como los calderonistas, condicionarán su voto a que se apruebe la reforma electoral y política antes de discutir la reforma energética.
Retomarán, de ese modo, la estrategia de Beltrones en el 2007: no habrá reforma fiscal, dijo entonces, si previamente no se aprueba la reforma electoral. El resultado de ese intercambio fue nefasto para el IFE, que fue descabezado, y para la libertad de expresión, que fue lastimada.
Hoy el riesgo que se corre es similar. Los panistas tienen el sartén por el mango y lo saben. Entre las demandas de los Senadores calderonistas está transformar el régimen presidencialista en un sistema semiparlamentario. Lo que sería un grave error. Pero eso es tema de otro artículo.
Jaime Sánchez Susarrey
