sábado, agosto 14, 2010
El factor 2012
Triste factor significará el año electoral que afecta sobremanera la marcha de la nación. La inercia electoral prevalecerá por sobre la necesidad de buscar y construir una mejor sociedad con un mejor gobierno y un mejor desarrollo.
Encuentro al menos tres explicaciones para la ineficiencia democrática de nuestro país que se traduce en pobre desarrollo y crecimiento. Primero, la falta de una real transparencia en el uso, pero sobre todo en la efectividad de los recursos públicos; segundo, la contaminación electoral en todas las decisiones de los gobiernos, y finalmente el gigantismo burocrático que carcome la celeridad, eficacia y objetividad del Gobierno.
Es increíble, pero en la mayoría de los estados y municipios, las cuentas públicas nunca han sido revisadas por los congresos locales a tiempo. Hay una gran disparidad en los criterios utilizados para evaluar y no hay voluntad por hacer del ejercicio presupuestal un acto abierto, ciudadano y sobre todo más claro en cuanto al impacto que cada peso del erario tiene en beneficio de la sociedad. Nadie sabe bien el destino de nuestros impuestos.
Según la SHCP, la nómina de los gobiernos estatales no es clara y los estados destinan en promedio un 65 por ciento de su presupuesto en sueldos y salarios. El resto se va en gasto de servicios generales para operar oficinas, transportación, viáticos, mantenimiento, comunicaciones, servicio de deuda, etc.
Son todos gastos inertes, dejando un promedio de menos de 4 por ciento para las inversiones productivas en infraestructura, que son las que realmente le facilitan la vida a los ciudadanos.
En Nuevo León la cifra es de casi 73 por ciento del presupuesto que destina a lo que se llama Ramo 1000, correspondiente a sueldos y salarios. Esto es en números redondos como 36 mil millones de pesos al año, o 3 mil millones de pesos al mes, o 100 millones de pesos diarios.
Aunque inviable, una decisión histórica y extraordinaria hubiera sido disponer de un mes de sueldos y salarios de Nuevo León para mostrar una decisión comprometida con la reconstrucción del Estado. Al cabo la infraestructura que se dañó ha sido en parte fallas de la forma en que los servidores públicos han permitido su construcción. Esa "multa" de un mes de salario por desastres sería un gran incentivo para que los funcionarios actúen con eficacia.
Referente a la contaminación electoral, los comicios no sancionan la ineficiencia en la administración pública y por tanto ahora ya no es un partido, sino tres los que han dejado de preocuparse por políticas públicas efectivas y solamente piensan en el impacto de ellas a la hora de la elección.
Ya no hay excusa para la falta de efectividad en el Gobierno. Todos han demostrado en este siglo que es muy difícil gobernar bien cuando el factor más importante es ganar la siguiente elección y no atender las demandas y las necesidades de los ciudadanos.
Ejemplos abundan: desde delegaciones que funcionan como oficinas de representación política y de gestión de apoyos, hasta gobernadores, alcaldes y legisladores participando activamente sin sanción en la elección de sus sucesores o en la búsqueda de su siguiente puesto.
Si los ayuntamientos o gobiernos estatales fueran sancionados por el incumplimiento de sus planes de desarrollo o el Gobierno federal y el Congreso por no poder facilitar el crecimiento económico del País, otra sería la historia. No tendríamos una burocracia tan grande que supera los 4 millones.
Sin duda, el domingo 1 de julio del 2012 será un día muy importante en la vida democrática de México, pero la pregunta que como ciudadanos nos hacemos es ¿para qué?
¿Para qué, si las soluciones a los problemas actuales se postergan por la preocupación de perder votos?
¿Para qué, si las buenas políticas públicas son denostadas por quienes no las hicieron, sólo por egoísmo partidista?
¿Para qué, si como quiera se buscan alianzas para que los partidos pequeños sigan existiendo sin producir ningún beneficio a la nación?
¿Para qué, si los impuestos seguirán siendo insuficientes y los sindicatos seguirán azuzando al Gobierno con sus prebendas y compromisos?
¿Para qué, si a pesar de los cambios que la sociedad exige, los partidos no modifican su actitud, siguen colgados del presupuesto público y no tienen sanciones ejemplares por realizar estafas electorales que, como ahora todos las cometen, y entonces todos se justifican?
La vida democrática y electoral está desligada de la vida y necesidades del ciudadano. Lamentablemente, no hay honestidad en nuestros políticos y nada hacen por cambiarlo. Hoy, 4 millones de servidores públicos sólo piensan en el 2012.
Encuentro al menos tres explicaciones para la ineficiencia democrática de nuestro país que se traduce en pobre desarrollo y crecimiento. Primero, la falta de una real transparencia en el uso, pero sobre todo en la efectividad de los recursos públicos; segundo, la contaminación electoral en todas las decisiones de los gobiernos, y finalmente el gigantismo burocrático que carcome la celeridad, eficacia y objetividad del Gobierno.
Es increíble, pero en la mayoría de los estados y municipios, las cuentas públicas nunca han sido revisadas por los congresos locales a tiempo. Hay una gran disparidad en los criterios utilizados para evaluar y no hay voluntad por hacer del ejercicio presupuestal un acto abierto, ciudadano y sobre todo más claro en cuanto al impacto que cada peso del erario tiene en beneficio de la sociedad. Nadie sabe bien el destino de nuestros impuestos.
Según la SHCP, la nómina de los gobiernos estatales no es clara y los estados destinan en promedio un 65 por ciento de su presupuesto en sueldos y salarios. El resto se va en gasto de servicios generales para operar oficinas, transportación, viáticos, mantenimiento, comunicaciones, servicio de deuda, etc.
Son todos gastos inertes, dejando un promedio de menos de 4 por ciento para las inversiones productivas en infraestructura, que son las que realmente le facilitan la vida a los ciudadanos.
En Nuevo León la cifra es de casi 73 por ciento del presupuesto que destina a lo que se llama Ramo 1000, correspondiente a sueldos y salarios. Esto es en números redondos como 36 mil millones de pesos al año, o 3 mil millones de pesos al mes, o 100 millones de pesos diarios.
Aunque inviable, una decisión histórica y extraordinaria hubiera sido disponer de un mes de sueldos y salarios de Nuevo León para mostrar una decisión comprometida con la reconstrucción del Estado. Al cabo la infraestructura que se dañó ha sido en parte fallas de la forma en que los servidores públicos han permitido su construcción. Esa "multa" de un mes de salario por desastres sería un gran incentivo para que los funcionarios actúen con eficacia.
Referente a la contaminación electoral, los comicios no sancionan la ineficiencia en la administración pública y por tanto ahora ya no es un partido, sino tres los que han dejado de preocuparse por políticas públicas efectivas y solamente piensan en el impacto de ellas a la hora de la elección.
Ya no hay excusa para la falta de efectividad en el Gobierno. Todos han demostrado en este siglo que es muy difícil gobernar bien cuando el factor más importante es ganar la siguiente elección y no atender las demandas y las necesidades de los ciudadanos.
Ejemplos abundan: desde delegaciones que funcionan como oficinas de representación política y de gestión de apoyos, hasta gobernadores, alcaldes y legisladores participando activamente sin sanción en la elección de sus sucesores o en la búsqueda de su siguiente puesto.
Si los ayuntamientos o gobiernos estatales fueran sancionados por el incumplimiento de sus planes de desarrollo o el Gobierno federal y el Congreso por no poder facilitar el crecimiento económico del País, otra sería la historia. No tendríamos una burocracia tan grande que supera los 4 millones.
Sin duda, el domingo 1 de julio del 2012 será un día muy importante en la vida democrática de México, pero la pregunta que como ciudadanos nos hacemos es ¿para qué?
¿Para qué, si las soluciones a los problemas actuales se postergan por la preocupación de perder votos?
¿Para qué, si las buenas políticas públicas son denostadas por quienes no las hicieron, sólo por egoísmo partidista?
¿Para qué, si como quiera se buscan alianzas para que los partidos pequeños sigan existiendo sin producir ningún beneficio a la nación?
¿Para qué, si los impuestos seguirán siendo insuficientes y los sindicatos seguirán azuzando al Gobierno con sus prebendas y compromisos?
¿Para qué, si a pesar de los cambios que la sociedad exige, los partidos no modifican su actitud, siguen colgados del presupuesto público y no tienen sanciones ejemplares por realizar estafas electorales que, como ahora todos las cometen, y entonces todos se justifican?
La vida democrática y electoral está desligada de la vida y necesidades del ciudadano. Lamentablemente, no hay honestidad en nuestros políticos y nada hacen por cambiarlo. Hoy, 4 millones de servidores públicos sólo piensan en el 2012.
Vidal Garza Cantú
vidalgarza@yahoo.com
vidalgarza@yahoo.com
