martes, julio 17, 2007
Chantaje
¿De verdad piensan derrocar al Gobierno mexicano? ¿Creen que atacar instalaciones de una entidad pública les trae simpatías? ¿Acaso detener la marcha de cientos de empresas, con las consecuentes pérdidas de utilidades para miles de trabajadores, es un acto justiciero? ¿Creen que con ello benefician a las comunidades más pobres del país? ¿No se dan cuenta del brutal daño que le causan a la imagen de la izquierda al identificarse en ese polo? O quizá se trata de terrorismo puro. Algo no cuadra.
El EPR siempre ha considerado que las elecciones son ejercicio inútil de la democracia burguesa. ¿Por qué caer en el juego de lo legítimo y lo ilegítimo? ¿Desde cuándo la gran empresa petrolera mexicana representa los intereses de la oligarquía? Tiene muchas facetas criticables -corrupción, la monstruosa intervención sindical, ineficiencia, etc.-, pero no ésa. Desde cuándo es Querétaro un territorio atractivo para las acciones del EPR, justo allí donde el crecimiento de la industria y servicios ha traído aparejado una explosión de clases medias. Insisto, algo no cuadra.
A toda acción, una reacción. Después de seis meses de ataque frontal al narcotráfico, incluidas las temidas extradiciones, no se puede descartar una acción para dispersar a las Fuerzas Armadas. Cuidar cientos de instalaciones, miles de ductos resta capacidad en otros frentes. Hasta ahora no se ha confirmado como auténtica la reivindicación del EPR. La duda es razonable.
Lo que escapa a toda lógica y es vergonzoso, es la muy débil condena de las fuerzas políticas a los actos violentos. El silencio desnuda viejas argumentaciones que nos remiten a un debate de décadas atrás. Supongamos que de verdad fue el EPR, que un grupo de intoxicados todavía cree que ésa es la forma de generar justicia, que no se han enterado de la caída del Muro de Berlín, que viajan por la vida encapsulados en su ideología sin percatarse de que los movimientos radicales provocan un enorme rechazo de las sociedades. La pregunta sigue viva: ¿por qué las fuerzas políticas no se manifestaron mil veces y en todos los foros en contra de la violencia? En eso no hay margen de tolerancia. En toda democracia, antigua o joven como la nuestra, abiertas las puertas de la política se cancela en definitiva cualquier coqueteo con la vía violenta.
Tres han sido las contraargumentaciones históricas. Primera, la injusticia, la miseria, justifican la violencia. Nuestra historia está hecha a partir de levantamientos. No en balde la avenida más larga de nuestro país se llama Insurgentes y no hay pueblo que se respete sin una calle Revolución. Mientras haya injusticia todo se vale. Pero el garlito no podría ser mayor. Entonces hay licencia hasta que seamos un país justo, eso sí a partir de los estándares de los violentos. Se olvida además que la violencia provoca miseria, que la paz, la aceptación de la vía legal y la autocancelación de la violencia, por sí mismos traen bienestar. Hobbes, lección uno. El Estado surge de ese acuerdo básico. Quien tolera la violencia quebranta el pacto.
El segundo argumento es que la violencia en realidad nace de arriba. Son los funcionarios corruptos, los empresarios voraces, etc., los que iniciaron el desarreglo. En esta ruta de razonamiento una generalización -que como toda generalización es imprecisa e injusta- traslada la responsabilidad concreta de la violencia a un abstracto. Conclusión: como hay funcionarios corruptos tengo derecho a matar. ¡Genial! En un estado de derecho los centros de imputación siempre son personas o entidades concretas. Sólo el mundo de las ideologías se refugia en las categorías como grandes enemigos.
Pero, claro, si lo que se desea es mantener una mecánica de chantaje, el asunto puede ser leído de otra forma. Tener a unos radicales vivos y semiautorizados por el silencio es un útil recordatorio de la gran concesión que es participar por la vía legal. En un país en el cual el ataque a las instituciones se ha convertido en un negocio político, la versión de ruptura radical es miel. Ahora resulta que nos hacen el favor de estar dentro de la legalidad, porque todo justifica las armas.
Una tercera argumentación encuentra un cómodo asiento en el pasado. Como en el pasado fuimos autoritarios, como en el pasado hubo represión, como en el pasado no había elecciones libres, como en el pasado nos saquearon, como en el pasado fuimos víctimas, pues estás son las consecuencias. El problema es que no hay la menor intención de poner un fin a ese pasado muy lucrativo que nos autoriza a seguir reaccionando como si viviéramos en el pasado. ¿Cuántos fueron los muertos en el 68? Miles y miles contestan algunos muy ufanos sin que exista ningún dato que sustente esa dimensión. El horror de la represión no necesita defensa, pero tampoco se vale el negocio político a partir de engrosamiento de mitos. Miles y miles de muertos por definición siempre serán de mayor corrección política.
Con jorobas, tentáculos, callosidades, malformaciones. Así se mira la cultura política de nuestros dirigentes. La nuestra es una democracia bajo chantaje. Toda democracia es una aceptación tácita y explícita de las reglas del juego; toda democracia, como dice Felipe González, supone la aceptación de la derrota, sin chantajes; toda democracia deja de invocar el pasado como justificante para quebrar las normas del presente; toda democracia, de inicio, es un pacto de cancelación de la violencia, sin excepciones. ¿Hasta cuándo?
Federico Reyes Heroles
El EPR siempre ha considerado que las elecciones son ejercicio inútil de la democracia burguesa. ¿Por qué caer en el juego de lo legítimo y lo ilegítimo? ¿Desde cuándo la gran empresa petrolera mexicana representa los intereses de la oligarquía? Tiene muchas facetas criticables -corrupción, la monstruosa intervención sindical, ineficiencia, etc.-, pero no ésa. Desde cuándo es Querétaro un territorio atractivo para las acciones del EPR, justo allí donde el crecimiento de la industria y servicios ha traído aparejado una explosión de clases medias. Insisto, algo no cuadra.
A toda acción, una reacción. Después de seis meses de ataque frontal al narcotráfico, incluidas las temidas extradiciones, no se puede descartar una acción para dispersar a las Fuerzas Armadas. Cuidar cientos de instalaciones, miles de ductos resta capacidad en otros frentes. Hasta ahora no se ha confirmado como auténtica la reivindicación del EPR. La duda es razonable.
Lo que escapa a toda lógica y es vergonzoso, es la muy débil condena de las fuerzas políticas a los actos violentos. El silencio desnuda viejas argumentaciones que nos remiten a un debate de décadas atrás. Supongamos que de verdad fue el EPR, que un grupo de intoxicados todavía cree que ésa es la forma de generar justicia, que no se han enterado de la caída del Muro de Berlín, que viajan por la vida encapsulados en su ideología sin percatarse de que los movimientos radicales provocan un enorme rechazo de las sociedades. La pregunta sigue viva: ¿por qué las fuerzas políticas no se manifestaron mil veces y en todos los foros en contra de la violencia? En eso no hay margen de tolerancia. En toda democracia, antigua o joven como la nuestra, abiertas las puertas de la política se cancela en definitiva cualquier coqueteo con la vía violenta.
Tres han sido las contraargumentaciones históricas. Primera, la injusticia, la miseria, justifican la violencia. Nuestra historia está hecha a partir de levantamientos. No en balde la avenida más larga de nuestro país se llama Insurgentes y no hay pueblo que se respete sin una calle Revolución. Mientras haya injusticia todo se vale. Pero el garlito no podría ser mayor. Entonces hay licencia hasta que seamos un país justo, eso sí a partir de los estándares de los violentos. Se olvida además que la violencia provoca miseria, que la paz, la aceptación de la vía legal y la autocancelación de la violencia, por sí mismos traen bienestar. Hobbes, lección uno. El Estado surge de ese acuerdo básico. Quien tolera la violencia quebranta el pacto.
El segundo argumento es que la violencia en realidad nace de arriba. Son los funcionarios corruptos, los empresarios voraces, etc., los que iniciaron el desarreglo. En esta ruta de razonamiento una generalización -que como toda generalización es imprecisa e injusta- traslada la responsabilidad concreta de la violencia a un abstracto. Conclusión: como hay funcionarios corruptos tengo derecho a matar. ¡Genial! En un estado de derecho los centros de imputación siempre son personas o entidades concretas. Sólo el mundo de las ideologías se refugia en las categorías como grandes enemigos.
Pero, claro, si lo que se desea es mantener una mecánica de chantaje, el asunto puede ser leído de otra forma. Tener a unos radicales vivos y semiautorizados por el silencio es un útil recordatorio de la gran concesión que es participar por la vía legal. En un país en el cual el ataque a las instituciones se ha convertido en un negocio político, la versión de ruptura radical es miel. Ahora resulta que nos hacen el favor de estar dentro de la legalidad, porque todo justifica las armas.
Una tercera argumentación encuentra un cómodo asiento en el pasado. Como en el pasado fuimos autoritarios, como en el pasado hubo represión, como en el pasado no había elecciones libres, como en el pasado nos saquearon, como en el pasado fuimos víctimas, pues estás son las consecuencias. El problema es que no hay la menor intención de poner un fin a ese pasado muy lucrativo que nos autoriza a seguir reaccionando como si viviéramos en el pasado. ¿Cuántos fueron los muertos en el 68? Miles y miles contestan algunos muy ufanos sin que exista ningún dato que sustente esa dimensión. El horror de la represión no necesita defensa, pero tampoco se vale el negocio político a partir de engrosamiento de mitos. Miles y miles de muertos por definición siempre serán de mayor corrección política.
Con jorobas, tentáculos, callosidades, malformaciones. Así se mira la cultura política de nuestros dirigentes. La nuestra es una democracia bajo chantaje. Toda democracia es una aceptación tácita y explícita de las reglas del juego; toda democracia, como dice Felipe González, supone la aceptación de la derrota, sin chantajes; toda democracia deja de invocar el pasado como justificante para quebrar las normas del presente; toda democracia, de inicio, es un pacto de cancelación de la violencia, sin excepciones. ¿Hasta cuándo?
Federico Reyes Heroles
Etiquetas: demagogia, democracia, EPR, estado de derecho, fanatismo, fascismo, izquierda, liberalismo, pobreza, populismo, PRD
