HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Una vez más, AMLO y sus seguidores han caído en la tentación de desconocer lo legal porque a su parecer no es justo. Uno de los cambios más importantes que la izquierda mexicana vivió en las últimas dos décadas fue su ingreso a la institucionalidad. Quienes tenemos edad suficiente, podemos recordar que en la década de los 70 todavía importantes grupos de la izquierda se ubicaban en la tradición de la política leninista que consideraba que la única forma de acceder al poder era a través de la violencia.

Las instituciones de la que calificaban como "democracia burguesa", sólo podían ser instrumentos a ser utilizados para crear las condiciones para que un pequeño grupo que se caracterizaba como "la vanguardia del proletariado", pudiera tomar el control del aparato de los aparatos del Estado. Estos términos parecen de la prehistoria, pero hace 30 años todavía eran tema de discusión en los más altos niveles de las organizaciones de la izquierda mexicana.

La legalización de los grupos de la izquierda mexicana a finales de los 70 diluyó esta visión de las instituciones políticas en México. Aún en 1988, cuando hubo la percepción de un gran fraude en las elecciones mexicanas y una gran frustración por parte de los partidarios de Cárdenas, se optó por la conformación de un partido político legalmente constituido que eligió contender en los procesos electorales, aún cuando se cuestionaba la imparcialidad de esos procesos y sus autoridades.

Las reminiscencias de la vieja izquierda leninista aparecieron nuevamente en 1994, cuando el EZLN, en su discurso, se lanzó a una insurrección armada para conquistar el poder. Ya luego se convirtió en una "guerra" mediática con un disfraz de lucha armada.

La evolución que ha tomado el movimiento de López Obrador empieza a recordar las tradiciones de la vieja izquierda, que consideraban que el uso de la fuerza es legitimado por la justicia de sus objetivos. Cuando se empieza a escuchar la consigna "solución o revolución", en las concentraciones y campamentos, se percibe que ya hay grupos que asumen que la legalidad y los procesos democráticos son sólo una de las vías para hacerse del poder y si esa legalidad no les funciona, pues basta con desconocerla y hacer uso de la fuerza para imponer lo que consideran objetivos legítimos.

Uno más de los rasgos de esta regresión a la izquierda antidemocrática es el retorno del "asambleísmo". Las decisiones de los movimientos tradicionales de la izquierda no se daban a través de procesos electorales abiertos sino mediante la llamada "democracia directa", que consistía en meter en un auditorio a un grupo de personas que se arrogaban la representación de todos y tomaban las decisiones. No es casualidad el que las concentraciones a las que AMLO ha convocado en el Zócalo no se les denomine mitin, como usualmente ocurría. La denominación "asamblea" tiene la connotación de esa vieja tradición de la izquierda que funcionó por décadas.

Desde que López Obrador ejerció el Gobierno en el DF, se percibió que existía en él una propensión a ignorar las leyes y sólo a asumir aquellas que supone que son justas. La institucionalización de la izquierda pasó por reconocer la legalidad y quitarle el calificativo de "burguesa" además de aceptar que la posibilidad de llegar al poder era sólo a través de los procesos electorales institucionales. Y, de hecho, como aquí lo hemos documentado, la izquierda se convirtió en la fuerza política de más rápido crecimiento en las últimas dos décadas. Las elecciones del pasado 2 de julio fueron el mayor éxito de su historia en términos de votos y representación.

Pero paradójicamente, el hecho de que un líder carismático como AMLO haya propiciado el avance que obtuvo, también ha puesto en riesgo la posibilidad de darle continuidad a ese crecimiento y, por el contrario, hay serios riesgos de que retroceda a etapas que parecían capítulos cerrados. El problema para la sociedad, y en particular para el mundo de la economía y la producción, es que la segunda fuerza política de México pueda enarbolar la bandera de que antes que la ley está la justicia. Si ese fuera el caso, podríamos entrar a una grave crisis de las instituciones que poco a poco se han ido conformando y que nos llevaron al funcionamiento de un sistema político democrático.

No se ha llegado a un punto de no retorno, pero el hecho de que no se acepten jurídicamente decisiones como las del Trife, en las que ya no hay más instancias a las cuáles acudir, debiera prender luces de alerta entre mucha gente sensata que ha respaldado a AMLO.La frontera entre desconocer las resoluciones del Trife e ignorar la estructura de la legalidad en México es muy delgada y puede conducirnos a una grave crisis que le pegaría sobre todo al bienestar de la mayoría.

Enrique Quintana, El Norte
enrique.quintana@reforma.com