lunes, octubre 06, 2014

 

Azúcar amargo

"La correlación entre pobreza y obesidad puede rastrearse a las políticas agrícolas y los subsidios". Michael Pollan
 
CUERNAVACA.- El Gobierno y los legisladores establecieron en este 2014 un impuesto a los gorditos, un gravamen especial que se aplica a través de los refrescos y los alimentos con contenido calórico de más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

¿Cuál es la justificación? Atacar el sobrepeso y la obesidad, especialmente en los niños.

La iniciativa, sin embargo, no define metas de reducción de sobrepeso u obesidad. Los políticos sabían desde un principio que el impuesto no serviría para eso.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que la tortilla y el pan quedarían gravados con el nuevo impuesto, decidió exentar los productos de mayor consumo.

La medida resulta paradójica. Si lo que se busca es obligar a la gente a dejar de consumir productos de alto contenido calórico, exentar los de mayor consumo es la medida más contraproducente que pueda uno imaginar.

Este 2 de octubre, por otra parte, el Gobierno anunció subsidios por mil 300 millones de pesos a la industria de la caña de azúcar, precisamente la que produce el endulzante cuyo consumo está tratando de reducir.

Al Gobierno le gusta conducir la economía con un pie en el freno y el otro en el acelerador.

La iniciativa de Ley de Ingresos no ofrecía metas para reducir el sobrepeso y la obesidad porque estas condiciones son, como cualquier especialista sabe, multifactoriales.

Pretender reducir el sobrepeso sin tocar la falta de actividad física es absolutamente vano, como lo es tratar de lograrlo exentando del impuesto especial la tortilla de trigo, la pasta de harina de trigo para sopas, el bolillo, la telera, la baguette, la chapata, el pan de caja, la harina de trigo, la tortilla de maíz, la harina de maíz, el nixtamal, la masa de maíz y muchos otros alimentos que representan la mayor parte del consumo de alimentos con contenido calórico.

El propósito del impuesto a los gorditos no parece ser el de reducir el sobrepeso, sino el de quitar más dinero a los contribuyentes. En esto sí se ha tenido éxito.

El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios no petroleros tuvo un aumento real de 46.2 por ciento en los ocho primeros meses de este 2014, para alcanzar 81 mil 601.8 millones de pesos (SHCP). Es el rubro de ingreso que más está creciendo.

Los consumidores han disminuido ligeramente su consumo, lo cual está golpeando a la industria refresquera y a la de golosinas, pero sobre todo a la del azúcar.

Coca-Cola Femsa registró una caída de 6.6 por ciento en sus ventas en abril-junio. Arca Continental tuvo una baja de 3.3 por ciento. Cultiba, embotellador de Pepsi, registró un descenso de 1.2 por ciento (El Financiero). Pascual reportaba una baja de 10 por ciento en el primer mes del 2014 (El Universal).

Las empresas están respondiendo con la introducción de nuevos productos sin azúcar, como Coca-Cola Life, que utiliza un endulzante llamado stevia, y Pepsi True.

La industria azucarera enfrenta un riesgo adicional por la amenaza del Gobierno estadounidense de aplicar un arancel especial al azúcar mexicano para compensar los subsidios a la industria.

La respuesta del Gobierno mexicano, sin embargo, ha sido anunciar nuevos subsidios.

La política económica mexicana parece afectada de esquizofrenia.

Por una parte castiga a la industria azucarera con un impuesto especial que se justifica por razones de salud. Después le quita cualquier lógica de salud al exentar a los productos de mayor consumo. Después aplica un subsidio a la industria azucarera que primero ha golpeado.

¿Qué beneficio concreto se obtiene de una política tan contradictoria?

Solamente uno. Llenar más los bolsillos de la clase política y permitirle aumentar su gasto.
  
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com


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