martes, enero 08, 2013
Campo y Ley
"La mejor manera de celebrar la promulgación es elevando la calidad de vida de quienes viven y dependen del campo nacional". Enrique Peña Nieto
No deja de ser paradójico que el Presidente Enrique Peña Nieto haya aprovechado la conmemoración del aniversario 98 de la Ley Agraria para lanzar sus propuestas para un campo más productivo. Esta legislación, promulgada el 6 de enero de 1915, es de hecho una de las causas principales de la pobreza del campo.
El Presidente prometió "restablecer la fuerza y la rectoría del Estado para propiciar un desarrollo en orden, en legalidad y con justicia". Pero ha sido la intervención desmedida del Estado en el campo, particularmente para eliminar los derechos de propiedad a través del ejido y para promover las invasiones, lo que ha llevado a una fragmentación excesiva de la tierra, desmotivado la inversión productiva, impedido la introducción de nuevas tecnologías y obstaculizado los avances en la productividad. Más que incrementar la fuerza y la rectoría del Estado habría que garantizar los derechos de propiedad para lograr una mayor inversión privada en el campo.
De nada ha servido gastar enormes cantidades de dinero del presupuesto público para el campo. En la ceremonia celebrada en Boca del Río, Veracruz, el Senador Gerardo Sánchez de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se enorgulleció de que el Presupuesto de Egresos de la Federación está entregando 313 mil millones de pesos al campo en 2013 para inversión productiva, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica, educación, prevención y manejo de riesgos. Sin embargo, el dinero del erario no ha ayudado en nada a mejorar la productividad del campo. Sólo ha servido para generar una cultura asistencialista, enriquecer a los agricultores más prósperos, ayudar a organizaciones como la CNC a convertirse en gestoras de estos programas y crear un amplísimo ejército de burócratas que vive de la pobreza en el campo.
El ex Presidente Felipe Calderón no estaba equivocado cuando, en noviembre de 2012, mandó al Congreso una iniciativa de ley que daría derechos cabales de propiedad a los millones de ejidatarios del país. El problema es que lo hizo cuando apenas faltaban unos días para concluir su mandato. Él mismo sabía que, en un momento en que estaba perdiendo poder día con día, las posibilidades de que se aprobara la reforma eran virtualmente nulas.
El que los ejidatarios tengan la posibilidad de comprar y vender sus tierras, sin tener que pasar por votaciones de los demás ejidatarios ni por los intereses de los comisarios ejidales, sería el primer paso indispensable para empezar a reconstruir el campo tras los daños provocados por casi un siglo de colectivismo. De hecho, tendría que haber un proceso de consolidación de tierras para lograr unidades productivas de mayor tamaño y productividad. Una de las razones por las que la producción agropecuaria brasileña es tan superior a la nuestra es porque no tuvo la fragmentación de la tierra que provocó nuestra reforma agraria.
Muchos esfuerzos deben hacerse para lograr que el campo mexicano deje de ser una fábrica de pobres. Nuestros agricultores deben diversificar su producción en vez de concentrarse obsesivamente en el maíz. Debemos introducir mayor tecnología, empezando por semillas modificadas genéticamente. Debemos cambiar radicalmente un sistema de uso del agua que parece hecho para promover el desperdicio.
Pero nada de eso se logrará si el Gobierno mantiene la idea de que la Ley Agraria de 1915 es una vaca sagrada que no se puede tocar y si se siguen negando los derechos de propiedad a los agricultores en más de la mitad del territorio de nuestro país.
Antes legítimo
Enrique Peña Nieto sigue buscando sumar políticos de distintos grupos. El fichaje más reciente es Mario di Constanzo, ex Secretario de Hacienda en el "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la Condusef, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
No deja de ser paradójico que el Presidente Enrique Peña Nieto haya aprovechado la conmemoración del aniversario 98 de la Ley Agraria para lanzar sus propuestas para un campo más productivo. Esta legislación, promulgada el 6 de enero de 1915, es de hecho una de las causas principales de la pobreza del campo.
El Presidente prometió "restablecer la fuerza y la rectoría del Estado para propiciar un desarrollo en orden, en legalidad y con justicia". Pero ha sido la intervención desmedida del Estado en el campo, particularmente para eliminar los derechos de propiedad a través del ejido y para promover las invasiones, lo que ha llevado a una fragmentación excesiva de la tierra, desmotivado la inversión productiva, impedido la introducción de nuevas tecnologías y obstaculizado los avances en la productividad. Más que incrementar la fuerza y la rectoría del Estado habría que garantizar los derechos de propiedad para lograr una mayor inversión privada en el campo.
De nada ha servido gastar enormes cantidades de dinero del presupuesto público para el campo. En la ceremonia celebrada en Boca del Río, Veracruz, el Senador Gerardo Sánchez de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se enorgulleció de que el Presupuesto de Egresos de la Federación está entregando 313 mil millones de pesos al campo en 2013 para inversión productiva, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica, educación, prevención y manejo de riesgos. Sin embargo, el dinero del erario no ha ayudado en nada a mejorar la productividad del campo. Sólo ha servido para generar una cultura asistencialista, enriquecer a los agricultores más prósperos, ayudar a organizaciones como la CNC a convertirse en gestoras de estos programas y crear un amplísimo ejército de burócratas que vive de la pobreza en el campo.
El ex Presidente Felipe Calderón no estaba equivocado cuando, en noviembre de 2012, mandó al Congreso una iniciativa de ley que daría derechos cabales de propiedad a los millones de ejidatarios del país. El problema es que lo hizo cuando apenas faltaban unos días para concluir su mandato. Él mismo sabía que, en un momento en que estaba perdiendo poder día con día, las posibilidades de que se aprobara la reforma eran virtualmente nulas.
El que los ejidatarios tengan la posibilidad de comprar y vender sus tierras, sin tener que pasar por votaciones de los demás ejidatarios ni por los intereses de los comisarios ejidales, sería el primer paso indispensable para empezar a reconstruir el campo tras los daños provocados por casi un siglo de colectivismo. De hecho, tendría que haber un proceso de consolidación de tierras para lograr unidades productivas de mayor tamaño y productividad. Una de las razones por las que la producción agropecuaria brasileña es tan superior a la nuestra es porque no tuvo la fragmentación de la tierra que provocó nuestra reforma agraria.
Muchos esfuerzos deben hacerse para lograr que el campo mexicano deje de ser una fábrica de pobres. Nuestros agricultores deben diversificar su producción en vez de concentrarse obsesivamente en el maíz. Debemos introducir mayor tecnología, empezando por semillas modificadas genéticamente. Debemos cambiar radicalmente un sistema de uso del agua que parece hecho para promover el desperdicio.
Pero nada de eso se logrará si el Gobierno mantiene la idea de que la Ley Agraria de 1915 es una vaca sagrada que no se puede tocar y si se siguen negando los derechos de propiedad a los agricultores en más de la mitad del territorio de nuestro país.
Antes legítimo
Enrique Peña Nieto sigue buscando sumar políticos de distintos grupos. El fichaje más reciente es Mario di Constanzo, ex Secretario de Hacienda en el "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la Condusef, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras.
Sergio Sarmiento
www.sergiosarmiento.com
