jueves, mayo 24, 2012
La amenaza sigue viva, 2a parte
El programa social de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que incluye, entre otras cosas, los servicios de salud y educación es extremadamente ambicioso. En su gobierno habría dinero para todos y para todo, de manera que nadie quedaría fuera de estos sistemas de bienestar social.
En principio, me parecen muy loables estas intenciones. ¿Quién no desea que todos los mexicanos tengan acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y que todos terminen una carrera profesional? ¿No es ese, acaso, el ideal de todos los países del mundo? Y, aun así, ni siquiera las naciones más desarrolladas y ricas cuentan con los recursos financieros y humanos para lograrlo.
Debe subrayarse que la 'gratuidad' no quiere decir sin costo. Lo que es gratuito para el beneficiario, le cuesta al contribuyente. Sin embargo, AMLO no presenta un cálculo, siquiera aproximado, de lo que se necesitaría para hacer efectivas sus promesas tan generosas. En principio, todo su financiamiento saldría de la 'austeridad republicana'.
Ésta consiste en la lucha contra la corrupción, la disminución de los sueldos de los 'altos funcionarios públicos' y una reforma tributaria que ampliaría considerablemente la base del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Por una parte, la reforma fiscal que tiene en mente, con medidas para reducir la evasión fiscal y eliminar privilegios y tratos preferentes en el ISR no recaudaría lo que plantea, como lo comentó hace tiempo Everardo Elizondo, y menos si deja fuera, como es su intención, la generalización del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.
Pero lo que más llama la atención es la importancia que deposita en la disminución de los sueldos de los 'altos funcionarios públicos'.
La mayoría de los mexicanos sabemos que nuestros gobernantes aprovechan el puesto público para enriquecerse. Vemos ejemplos de corrupción y dispendio rampantes, con nóminas que superan los ingresos que obtienen las burocracias de otros países.
En consecuencia, suena atractivo cuando surge una voz que promete acabar con esos abusos y privilegios. No tengo duda que estaríamos mejor con un Estado más pequeño, eficiente y esbelto. Por mí, que despidan a muchos burócratas y desaparezcan muchas regulaciones y permisos que son oportunidades de corrupción.
Eso, sin embargo, no es lo que tiene en mente AMLO. No habla de despedir personal o de eliminar regulaciones. Sólo insiste en una reducción de los sueldos de los 'altos funcionarios públicos' para financiar sus promesas del Paraíso en la Tierra.
Esa cantaleta no es nueva, pero por conversaciones con diferentes personas, es efectiva. La sola mención de que se reducirían los sueldos de los 'altos funcionarios públicos' es recibida con gran beneplácito.
El problema está en que eso es un gesto simbólico, pero nunca la panacea de recursos que AMLO necesita para mantener ocupada la mano generosa del Estado. Las cifras que maneja no tienen relación con la realidad, pero el mensaje tiene eco en una población harta de sus políticos. AMLO Suelta números a la ligera, sin saber de lo que habla o, peor aún, con una intención dolosa.
Hace seis años, por ejemplo, habló de una política de 'austeridad republicana' que, al igual que hoy, reduciría los sueldos de los altos funcionarios públicos, abatiría la corrupción y disminuiría los gastos innecesarios y superfluos, pero en ese entonces el ahorro esperado era de 100 mil millones de pesos.
Esa cifra no impresiona ahora, y como se trata de exagerar, en esta ocasión va más lejos. Hoy nos dice que se va a ahorrar '300 mil millones de pesos nada más con el ajuste que vamos a hacer a los sueldos de los altos funcionarios públicos'.
Pongamos ese monto en perspectiva. Equivale a casi el 50 por ciento del renglón de servicios personales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, lo que implicaría una cirugía mayor de la burocracia.
Esa cirugía requeriría de una de dos estrategias. Por un lado, despedir a alrededor de 400 mil personas, la mitad de las cuales trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por otro lado, si no hay despidos masivos, lograr esos ahorros requeriría de una reducción de entre 70 y 80 por ciento en los sueldos de más de un millón de burócratas. En cualquier caso, valdría la pena que AMLO lo dijera abiertamente.
Lamentablemente, una disminución de ingresos de esa magnitud haría que las personas mejor preparadas abandonaran sus puestos para buscar alternativas más atractivas en el sector privado, dejándonos con un gobierno todavía más plagado de ineptos y con motivos suficientes para completar su ingreso mediante la explotación de múltiples formas de corrupción.
AMLO, por tanto, no tiene en asuntos económicos idea de lo que dice.
En principio, me parecen muy loables estas intenciones. ¿Quién no desea que todos los mexicanos tengan acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y que todos terminen una carrera profesional? ¿No es ese, acaso, el ideal de todos los países del mundo? Y, aun así, ni siquiera las naciones más desarrolladas y ricas cuentan con los recursos financieros y humanos para lograrlo.
Debe subrayarse que la 'gratuidad' no quiere decir sin costo. Lo que es gratuito para el beneficiario, le cuesta al contribuyente. Sin embargo, AMLO no presenta un cálculo, siquiera aproximado, de lo que se necesitaría para hacer efectivas sus promesas tan generosas. En principio, todo su financiamiento saldría de la 'austeridad republicana'.
Ésta consiste en la lucha contra la corrupción, la disminución de los sueldos de los 'altos funcionarios públicos' y una reforma tributaria que ampliaría considerablemente la base del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Por una parte, la reforma fiscal que tiene en mente, con medidas para reducir la evasión fiscal y eliminar privilegios y tratos preferentes en el ISR no recaudaría lo que plantea, como lo comentó hace tiempo Everardo Elizondo, y menos si deja fuera, como es su intención, la generalización del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.
Pero lo que más llama la atención es la importancia que deposita en la disminución de los sueldos de los 'altos funcionarios públicos'.
La mayoría de los mexicanos sabemos que nuestros gobernantes aprovechan el puesto público para enriquecerse. Vemos ejemplos de corrupción y dispendio rampantes, con nóminas que superan los ingresos que obtienen las burocracias de otros países.
En consecuencia, suena atractivo cuando surge una voz que promete acabar con esos abusos y privilegios. No tengo duda que estaríamos mejor con un Estado más pequeño, eficiente y esbelto. Por mí, que despidan a muchos burócratas y desaparezcan muchas regulaciones y permisos que son oportunidades de corrupción.
Eso, sin embargo, no es lo que tiene en mente AMLO. No habla de despedir personal o de eliminar regulaciones. Sólo insiste en una reducción de los sueldos de los 'altos funcionarios públicos' para financiar sus promesas del Paraíso en la Tierra.
Esa cantaleta no es nueva, pero por conversaciones con diferentes personas, es efectiva. La sola mención de que se reducirían los sueldos de los 'altos funcionarios públicos' es recibida con gran beneplácito.
El problema está en que eso es un gesto simbólico, pero nunca la panacea de recursos que AMLO necesita para mantener ocupada la mano generosa del Estado. Las cifras que maneja no tienen relación con la realidad, pero el mensaje tiene eco en una población harta de sus políticos. AMLO Suelta números a la ligera, sin saber de lo que habla o, peor aún, con una intención dolosa.
Hace seis años, por ejemplo, habló de una política de 'austeridad republicana' que, al igual que hoy, reduciría los sueldos de los altos funcionarios públicos, abatiría la corrupción y disminuiría los gastos innecesarios y superfluos, pero en ese entonces el ahorro esperado era de 100 mil millones de pesos.
Esa cifra no impresiona ahora, y como se trata de exagerar, en esta ocasión va más lejos. Hoy nos dice que se va a ahorrar '300 mil millones de pesos nada más con el ajuste que vamos a hacer a los sueldos de los altos funcionarios públicos'.
Pongamos ese monto en perspectiva. Equivale a casi el 50 por ciento del renglón de servicios personales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, lo que implicaría una cirugía mayor de la burocracia.
Esa cirugía requeriría de una de dos estrategias. Por un lado, despedir a alrededor de 400 mil personas, la mitad de las cuales trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por otro lado, si no hay despidos masivos, lograr esos ahorros requeriría de una reducción de entre 70 y 80 por ciento en los sueldos de más de un millón de burócratas. En cualquier caso, valdría la pena que AMLO lo dijera abiertamente.
Lamentablemente, una disminución de ingresos de esa magnitud haría que las personas mejor preparadas abandonaran sus puestos para buscar alternativas más atractivas en el sector privado, dejándonos con un gobierno todavía más plagado de ineptos y con motivos suficientes para completar su ingreso mediante la explotación de múltiples formas de corrupción.
AMLO, por tanto, no tiene en asuntos económicos idea de lo que dice.
Salvador Kalifa
