domingo, mayo 06, 2012
El sistema y Walmart
El caso de Walmart nos descara porque ilustra una faceta de nuestra vida que nadie quiere enfrentar. En México no se puede resolver nada sin el empleo de un gestor que implica una negociación, lícita o no. El rasgado de vestiduras que el caso ha suscitado confirma que "un buen chivo expiatorio es casi tan bienvenido como la solución al problema".
Más allá de lo específico del caso Walmart, éste evidencia la contradicción fundamental que caracteriza al País y que se puede sintetizar en que tenemos empresarios del primer mundo, pero un sistema gubernamental del quinto. La capacidad de crecimiento del País depende de la fortaleza de las empresas, pero ésta se verá coartada por el poder de una burocracia cuya racionalidad nada tiene que ver con el crecimiento de la economía, la generación de empleos o el enriquecimiento del País.
El asunto exhibe varios ángulos. Ante todo está la transformación económica del País en las últimas décadas y que ha tenido menor impacto del prometido. En los últimos 25 años se han hecho numerosas "inversiones" que han transformado la naturaleza de la economía. Sobresalen la liberalización de las importaciones, que ha disminuido el costo de insumos industriales, pero también de la carne, ropa y calzado. El crecimiento de la infraestructura física ha permitido elevar la productividad de las empresas, reducir costos en las comunicaciones y hacer confiable el suministro del fluido eléctrico. La capacidad exportadora del País se ha multiplicado en volumen y en diversidad geográfica. El sistema electoral ha transformado la cultura política. La clase media ha crecido. La productividad de las empresas es hoy comparable a la de economías mucho más ricas. A pesar de las limitaciones y problemas, el País se está transformando por debajo de la superficie.
Persisten rezagos económicos y los insumos que proveen muchas de las empresas estatales, sobre todo Pemex, no son competitivos en precio o confiables en sus tiempos de entrega. Sigue habiendo un sinnúmero de actividades protegidas y que gozan del privilegio de no tener que competir. El resultado de todos estos males es que el conjunto de la economía es menos competitivo de lo que podría ser y que más que generalizarse los beneficios de la parte exitosa de la actividad productiva, éstos tienden a concentrarse. Pero hoy tenemos miles de empresas ultracompetitivas que, poco a poco, están cambiando la faz de nuestra economía.
No ha cambiado la calidad de la administración gubernamental, sobre todo a nivel estatal y municipal. La "permisología" sigue siendo compleja. La apertura de un negocio puede llevar meses y la incorporación a Hacienda o al IMSS puede dejar viejo al más hábil. La palma se la llevan los gobiernos locales, cuyo modus vivendi depende de "contribuciones" de las empresas para poder emprender cualquier actividad. Los permisos de construcción y uso de suelo son el instrumento histórico de enriquecimiento de los políticos y burócratas, a los que se suman autorizaciones como venta de alcohol en restaurantes y apertura de comercios.
Tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, la liberalización de la economía sigue siendo parcial, dejando una infinidad de resquicios de improductividad. Por el otro, un sistema político que nunca se reformó y que se traduce en criterios de expoliación más que de promoción por parte de la autoridad, a todos los niveles de Gobierno.
En el viejo sistema los puestos gubernamentales y políticos se repartían con criterios de premiación de lealtad o necesidad de inclusión de grupos. Los nombramientos de funcionarios respondían a una lógica política y corporativista y entrañaban un permiso implícito para utilizar cada puesto para fines personales. La lealtad al sistema se premiaba con puestos que daban acceso al poder y/o la corrupción. Un funcionario veía al puesto no como una oportunidad para generar desarrollo, atraer empresas o elevar la productividad de una industria o sector, sino como un medio de enriquecimiento personal o grupal.
Esto último no ha cambiado. Las autoridades delegacionales o municipales siguen entendiendo sus puestos como medios para beneficiar a sus clientelas o acumular fondos para su propia bolsa o la próxima campaña electoral. La corrupción sigue siendo la razón de ser de la distribución de puestos en el Gobierno. Es excepcional el funcionario que entiende su función como la de promover el desarrollo económico y allanar el camino para que éste ocurra.
Lo patético del caso Walmart no es la corrupción en que esa empresa pudiera haber incurrido, sino el show de hipocresía que ha caracterizado tanto a los políticos, que ahora se aprestan a revisar los expedientes, o a muchos de los críticos, que hacen creer que nunca habían visto evidencias de corrupción. Dudo que fuera posible hallar a un mexicano que no haya tenido que optar entre obtener un servicio o permiso al costo inevitable de la corrupción, o mantenerse en el limbo de la moralidad.
En lugar de insistir en este mundo de simulación, sería más útil comenzar a buscar la forma de construir un país moderno. El País requiere institucionalizar sus procesos gubernamentales, eliminar las fuentes de discrecionalidad que le dan tanto poder a la burocracia y generar la plataforma de crecimiento que, por estas ausencias, sigue siendo tan enclenque. Profesionalizar los servicios municipales con gerentes que no cambien con los ciclos electorales sería un buen comienzo. Pero esto sólo sería relevante si el objetivo es el desarrollo del País...
Decía Yogi Berra que "antes de construir una mejor ratonera, necesitamos asegurarnos si hay ratones". La pregunta es si tenemos estadistas en ciernes o meros burócratas depredadores.
Luis Rubio
www.cidac.org
Más allá de lo específico del caso Walmart, éste evidencia la contradicción fundamental que caracteriza al País y que se puede sintetizar en que tenemos empresarios del primer mundo, pero un sistema gubernamental del quinto. La capacidad de crecimiento del País depende de la fortaleza de las empresas, pero ésta se verá coartada por el poder de una burocracia cuya racionalidad nada tiene que ver con el crecimiento de la economía, la generación de empleos o el enriquecimiento del País.
El asunto exhibe varios ángulos. Ante todo está la transformación económica del País en las últimas décadas y que ha tenido menor impacto del prometido. En los últimos 25 años se han hecho numerosas "inversiones" que han transformado la naturaleza de la economía. Sobresalen la liberalización de las importaciones, que ha disminuido el costo de insumos industriales, pero también de la carne, ropa y calzado. El crecimiento de la infraestructura física ha permitido elevar la productividad de las empresas, reducir costos en las comunicaciones y hacer confiable el suministro del fluido eléctrico. La capacidad exportadora del País se ha multiplicado en volumen y en diversidad geográfica. El sistema electoral ha transformado la cultura política. La clase media ha crecido. La productividad de las empresas es hoy comparable a la de economías mucho más ricas. A pesar de las limitaciones y problemas, el País se está transformando por debajo de la superficie.
Persisten rezagos económicos y los insumos que proveen muchas de las empresas estatales, sobre todo Pemex, no son competitivos en precio o confiables en sus tiempos de entrega. Sigue habiendo un sinnúmero de actividades protegidas y que gozan del privilegio de no tener que competir. El resultado de todos estos males es que el conjunto de la economía es menos competitivo de lo que podría ser y que más que generalizarse los beneficios de la parte exitosa de la actividad productiva, éstos tienden a concentrarse. Pero hoy tenemos miles de empresas ultracompetitivas que, poco a poco, están cambiando la faz de nuestra economía.
No ha cambiado la calidad de la administración gubernamental, sobre todo a nivel estatal y municipal. La "permisología" sigue siendo compleja. La apertura de un negocio puede llevar meses y la incorporación a Hacienda o al IMSS puede dejar viejo al más hábil. La palma se la llevan los gobiernos locales, cuyo modus vivendi depende de "contribuciones" de las empresas para poder emprender cualquier actividad. Los permisos de construcción y uso de suelo son el instrumento histórico de enriquecimiento de los políticos y burócratas, a los que se suman autorizaciones como venta de alcohol en restaurantes y apertura de comercios.
Tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, la liberalización de la economía sigue siendo parcial, dejando una infinidad de resquicios de improductividad. Por el otro, un sistema político que nunca se reformó y que se traduce en criterios de expoliación más que de promoción por parte de la autoridad, a todos los niveles de Gobierno.
En el viejo sistema los puestos gubernamentales y políticos se repartían con criterios de premiación de lealtad o necesidad de inclusión de grupos. Los nombramientos de funcionarios respondían a una lógica política y corporativista y entrañaban un permiso implícito para utilizar cada puesto para fines personales. La lealtad al sistema se premiaba con puestos que daban acceso al poder y/o la corrupción. Un funcionario veía al puesto no como una oportunidad para generar desarrollo, atraer empresas o elevar la productividad de una industria o sector, sino como un medio de enriquecimiento personal o grupal.
Esto último no ha cambiado. Las autoridades delegacionales o municipales siguen entendiendo sus puestos como medios para beneficiar a sus clientelas o acumular fondos para su propia bolsa o la próxima campaña electoral. La corrupción sigue siendo la razón de ser de la distribución de puestos en el Gobierno. Es excepcional el funcionario que entiende su función como la de promover el desarrollo económico y allanar el camino para que éste ocurra.
Lo patético del caso Walmart no es la corrupción en que esa empresa pudiera haber incurrido, sino el show de hipocresía que ha caracterizado tanto a los políticos, que ahora se aprestan a revisar los expedientes, o a muchos de los críticos, que hacen creer que nunca habían visto evidencias de corrupción. Dudo que fuera posible hallar a un mexicano que no haya tenido que optar entre obtener un servicio o permiso al costo inevitable de la corrupción, o mantenerse en el limbo de la moralidad.
En lugar de insistir en este mundo de simulación, sería más útil comenzar a buscar la forma de construir un país moderno. El País requiere institucionalizar sus procesos gubernamentales, eliminar las fuentes de discrecionalidad que le dan tanto poder a la burocracia y generar la plataforma de crecimiento que, por estas ausencias, sigue siendo tan enclenque. Profesionalizar los servicios municipales con gerentes que no cambien con los ciclos electorales sería un buen comienzo. Pero esto sólo sería relevante si el objetivo es el desarrollo del País...
Decía Yogi Berra que "antes de construir una mejor ratonera, necesitamos asegurarnos si hay ratones". La pregunta es si tenemos estadistas en ciernes o meros burócratas depredadores.
Luis Rubio
www.cidac.org
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Debería darnos vergüenza saber que los políticos y burócratas siguen extorsionando a las empresas que están creciendo y generando empleos. Mientras la mayoría de los mexicanos no cambien su idiosincrasia paternalista, mercantilista, y malinchista, seguiremos en la mediocridad tercermundista.
