sábado, junio 04, 2011
El fin del gobierno
Me hubiera gustado hablar hoy de las funciones que el Gobierno como autoridad tiene frente a los ciudadanos. Comentarle sobre las responsabilidades que de acuerdo a nuestras leyes dan origen al quehacer gubernamental.
Hablarle de los programas, planes y las actividades que día con día efectúa el Gobierno buscando beneficiar a la población que representa. Algunos con buenos resultados, otros mejor ni hablamos.
También sería fantástico recordar que es la única entidad con la facultad y sobre todo la obligación de llevar a cabo lo que está expresamente establecido en las normas vigentes.
Pero no, el propósito de este artículo es otro. En el título me refiero al fin del Gobierno, a la terminación de éste, a su incapacidad de ser. No porque se hable de gobiernos fallidos o ineficientes que por supuesto los hay, sino porque los gobiernos, desde que reina la partidocracia en México, han dejado de serlo.
Se han convertido en salas de espera para los que buscan otro puesto público, en centros de operaciones políticas de los partidos gobernantes, en posiciones para presionar y mover el sistema electoral a su favor.
No podemos olvidar que el Gobierno es el responsable de ejercer la autoridad en beneficio de la sociedad, por supuesto resguardando el territorio nacional. El ejercicio de gobierno en México se lleva a cabo a través de la clásica división de tres poderes. El Ejecutivo, obligado a cumplir y llevar a cabo las políticas públicas para el ejercicio del mismo. El Legislativo, que revisa y aprueba las leyes y ordenamientos, así como presupuestos para el ejercicio del gobierno y el Poder Judicial, que vela por el cumplimiento de los mandatos legales y ejerce la justicia en el País.
Para complicar el escenario de los tres poderes, éstos se replican en los tres niveles: federal, estatal y municipal. Bajo la calumnia de la independencia jurídica de las entidades federativas y la autonomía municipal, cada uno de los niveles empalma funciones, se complican las responsabilidades y se justifican unos a otros cuando no salen bien las cosas.
Mentiras de independencia, cuando más del 80 por ciento de los ingresos en promedio de los estados vienen del pacto fiscal vía la federación y hoy, a excepción de Tlaxcala, todos los estados tienen una deuda pública que los ciudadanos siguen esperando revisar para ver si su destino fue en beneficio de todos o de una pandilla.
Bajo una falsa autonomía municipal y sin poder garantizar los servicios públicos básicos como obliga la Constitución, los alcaldes pierden tiempo haciendo trabajo en otras áreas que no son de su competencia, no sé si para engañar o entretener a la ciudadanía. Es muy difícil encontrar hoy alcaldes competentes, que realmente pongan de frente su voluntad de servir a la ciudadanía y de hacerlo con transparencia sin dobles mensajes y sin intereses posteriores.
El Presidente de México ha mencionado que la más grande responsabilidad del Gobierno es salvaguardar a los ciudadanos. En esta dimensión del poder público, su primera obligación es preservar el Estado de Derecho y garantizar los derechos civiles a la población.
Sin embargo, con esta forma de organización en las estructuras del mando los incentivos para no coordinarse están ahí y la sociedad sufre la falta de dedicación y profesionalismo de los servidores públicos.
Desde que los partidos ostentan la exclusividad del acceso al poder, poseen recursos públicos en cantidades insultantes y no hay claros mecanismos de sancionarlos por sus errores, han dado un paso más allá. Además de secuestrar el acceso al poder, estos partidos políticos se han apoderado ya de administraciones públicas locales en detrimento de la labor del Gobierno.
Olvídese del caso notorio en Nuevo León, donde el 90 por ciento de la estructura electoral del PRI son empleados "voluntarios" del Estado para jalar, comprar, convencer y movilizar votos a favor de ese partido. Ha de ser enorme el esfuerzo de sacrificar su tiempo de familia para ayudar en sus ratos "libres" a ganar votos por el PRI.
El PRD en el DF opera de manera similar y en los mandos panistas también se denota la dificultad para separar al Gobierno y sus funciones de las tareas partidistas.
Por eso los gobiernos estatales han dejado de existir. No tienen capacidad para tomar decisiones que busquen el bien general. No pueden reunir a gente profesional de la administración pública, gente talentosa para dirimir, negociar y tomar decisiones. Prefieren contratar operadores políticos, "ingenieros electorales", etc., que ganen bien y que nunca en su vida han tenido la capacidad de diseñar políticas públicas en beneficio de la población, sino de ellos y su partido.
Mientras sigamos tolerando que los partidos políticos puedan justificar todo en aras de mantener el poder sin necesidad de demostrar por qué y para qué, la ineficiencia, la corrupción y falta de buenos gobiernos será la regla y no la excepción en México.
Vidal Garza Cantu
vidalgarza@yahoo.com
Hablarle de los programas, planes y las actividades que día con día efectúa el Gobierno buscando beneficiar a la población que representa. Algunos con buenos resultados, otros mejor ni hablamos.
También sería fantástico recordar que es la única entidad con la facultad y sobre todo la obligación de llevar a cabo lo que está expresamente establecido en las normas vigentes.
Pero no, el propósito de este artículo es otro. En el título me refiero al fin del Gobierno, a la terminación de éste, a su incapacidad de ser. No porque se hable de gobiernos fallidos o ineficientes que por supuesto los hay, sino porque los gobiernos, desde que reina la partidocracia en México, han dejado de serlo.
Se han convertido en salas de espera para los que buscan otro puesto público, en centros de operaciones políticas de los partidos gobernantes, en posiciones para presionar y mover el sistema electoral a su favor.
No podemos olvidar que el Gobierno es el responsable de ejercer la autoridad en beneficio de la sociedad, por supuesto resguardando el territorio nacional. El ejercicio de gobierno en México se lleva a cabo a través de la clásica división de tres poderes. El Ejecutivo, obligado a cumplir y llevar a cabo las políticas públicas para el ejercicio del mismo. El Legislativo, que revisa y aprueba las leyes y ordenamientos, así como presupuestos para el ejercicio del gobierno y el Poder Judicial, que vela por el cumplimiento de los mandatos legales y ejerce la justicia en el País.
Para complicar el escenario de los tres poderes, éstos se replican en los tres niveles: federal, estatal y municipal. Bajo la calumnia de la independencia jurídica de las entidades federativas y la autonomía municipal, cada uno de los niveles empalma funciones, se complican las responsabilidades y se justifican unos a otros cuando no salen bien las cosas.
Mentiras de independencia, cuando más del 80 por ciento de los ingresos en promedio de los estados vienen del pacto fiscal vía la federación y hoy, a excepción de Tlaxcala, todos los estados tienen una deuda pública que los ciudadanos siguen esperando revisar para ver si su destino fue en beneficio de todos o de una pandilla.
Bajo una falsa autonomía municipal y sin poder garantizar los servicios públicos básicos como obliga la Constitución, los alcaldes pierden tiempo haciendo trabajo en otras áreas que no son de su competencia, no sé si para engañar o entretener a la ciudadanía. Es muy difícil encontrar hoy alcaldes competentes, que realmente pongan de frente su voluntad de servir a la ciudadanía y de hacerlo con transparencia sin dobles mensajes y sin intereses posteriores.
El Presidente de México ha mencionado que la más grande responsabilidad del Gobierno es salvaguardar a los ciudadanos. En esta dimensión del poder público, su primera obligación es preservar el Estado de Derecho y garantizar los derechos civiles a la población.
Sin embargo, con esta forma de organización en las estructuras del mando los incentivos para no coordinarse están ahí y la sociedad sufre la falta de dedicación y profesionalismo de los servidores públicos.
Desde que los partidos ostentan la exclusividad del acceso al poder, poseen recursos públicos en cantidades insultantes y no hay claros mecanismos de sancionarlos por sus errores, han dado un paso más allá. Además de secuestrar el acceso al poder, estos partidos políticos se han apoderado ya de administraciones públicas locales en detrimento de la labor del Gobierno.
Olvídese del caso notorio en Nuevo León, donde el 90 por ciento de la estructura electoral del PRI son empleados "voluntarios" del Estado para jalar, comprar, convencer y movilizar votos a favor de ese partido. Ha de ser enorme el esfuerzo de sacrificar su tiempo de familia para ayudar en sus ratos "libres" a ganar votos por el PRI.
El PRD en el DF opera de manera similar y en los mandos panistas también se denota la dificultad para separar al Gobierno y sus funciones de las tareas partidistas.
Por eso los gobiernos estatales han dejado de existir. No tienen capacidad para tomar decisiones que busquen el bien general. No pueden reunir a gente profesional de la administración pública, gente talentosa para dirimir, negociar y tomar decisiones. Prefieren contratar operadores políticos, "ingenieros electorales", etc., que ganen bien y que nunca en su vida han tenido la capacidad de diseñar políticas públicas en beneficio de la población, sino de ellos y su partido.
Mientras sigamos tolerando que los partidos políticos puedan justificar todo en aras de mantener el poder sin necesidad de demostrar por qué y para qué, la ineficiencia, la corrupción y falta de buenos gobiernos será la regla y no la excepción en México.
Vidal Garza Cantu
vidalgarza@yahoo.com
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Urge la reforma política que disminuya la partidocracia. Los gobiernos se han convertido en un fin para los políticos profesionales para mantenerse pegados a la ubre del Erario. El gobierno debería ser un medio para satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero los políticos profesionales lo tienen secuestrado para su beneficio. Todos los partidos se benefician del status quo pero los que más se oponen a los cambios son los del PRI.
