viernes, junio 02, 2006
El respeto a la ley en el GDF... para distribuir
"La vida, la libertad y la propiedad no existen porque los hombres hayan hecho leyes... Son la vida, la libertad y la propiedad la razón de que los hombres hayan hecho leyes".
Frederic Bastiat
Una de las grandes dudas sobre lo que significaría un gobierno del PRD tiene que ver con la disposición de los miembros de ese partido a respetar la ley y los fallos de los tribunales. El desacato en el caso de El Encino generó bastantes dudas en ese sentido y se saldó no con una demostración legal de la inocencia de Andrés Manuel López Obrador, sino con una decisión política del gobierno federal de no obedecer una orden de un juez. Un caso que parece ir en el mismo sentido es el de la refresquera Pascual.
Para Victoria Valdés Cacho, viuda de Rafael Jiménez, fundador de Pascual, y su familia esta historia es una de esas pesadillas que demuestran que en nuestro país el poder de los políticos vale más que la ley y los tribunales. Desde 1984, fecha en que la empresa Pascual fue expropiada, el grupo de trabajadores que conformaron la actual cooperativa ha ocupado de manera ilegal dos predios en los que se ubican sus instalaciones en la Ciudad de México. En esos 22 años la cooperativa no ha pagado alquiler ni predial ni ha aceptado adquirir los terrenos a un precio justo.
La propietaria, una mujer de avanzada edad que no tiene machetes ni puede hacer bloqueos de calles para defender sus derechos, ha recurrido a los tribunales y ha ganado todas las instancias jurídicas. Pero como la cooperativa cuenta con amigos poderosos, ha hecho caso omiso de las decisiones de las cortes.
En el 2003, tras haber perdido la última instancia legal, la cooperativa recurrió al apoyo del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien expropió los predios para entregarlos a la cooperativa. La viuda siguió peleando en los tribunales y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Ésta determinó en noviembre del 2005 -en una votación de 10 ministros contra uno- que la expropiación no procedía porque el beneficio de una empresa privada no cumplía con el requisito de utilidad pública que la Constitución establece para una expropiación.
El tiempo ha pasado, sin embargo, y el nuevo gobierno capitalino de Alejandro Encinas se ha negado a cumplir con el fallo de la Suprema Corte. Ha recurrido a nuevas instancias legales buscando un "cumplimiento sustituto", pero los tribunales han rechazado su posición. El propósito del gobierno parece ser simplemente el de "chicanear" el asunto, esto es, alargarlo indefinidamente para no cumplir con el fallo. El propio Encinas ha señalado que, en caso necesario, expropiaría nuevamente el predio para iniciar el proceso otra vez. La estrategia es, al parecer, esperar que la viuda muera sin que se le haga justicia.
El jefe de Gobierno ha dicho que la señora Valdés Cacho no quiere negociar. La familia, sin embargo, señala que son los funcionarios los que ni siquiera les devuelven las llamadas. A pesar de haber sido despojada de los beneficios de un patrimonio legítimo desde hace 22 años, la familia Jiménez Valdés está dispuesta a lograr un acuerdo. Sólo pide un trato justo.
La cooperativa afirma que no podría sobrevivir si tuviera que cubrir un alquiler o pagar un precio de mercado por los terrenos que ocupa en la Ciudad de México. Aun cuando esto fuera cierto, por supuesto, no sería razón para desobedecer la decisión de la Suprema Corte. Pero, además, no hay ninguna indicación de que esta versión sea cierta. La empresa parece estar bien administrada y tener ventas y utilidades saludables. En otros lugares del País, por otra parte, ocupa predios de manera legítima y cubre los gastos correspondientes.
El caso de los terrenos de Pascual puede ser una prueba de fuego no sólo para el gobierno del Distrito Federal, sino para el PRD y su candidato a la Presidencia de la República. ¿Cómo creer que de ganar el 2 de julio respetarán la ley y las decisiones de los tribunales si no lo han hecho cuando han gobernado la Ciudad de México?
Este asunto va más allá de una simple disputa por dos predios. El fondo es si los mexicanos seguiremos estando indefensos ante los abusos de los poderosos. ¿Continuarán los políticos "expropiando" lo que se les antoje para beneficiar a los grupos que los apoyen?
Nadie en México estará seguro en su persona o sus propiedades si permitimos que se sigan violando la ley y las decisiones de los tribunales. Los políticos como los gobernados podemos estar en desacuerdo con los fallos, pero eso no significa que los políticos deban quedar exentos de su cumplimiento. De otra manera, permitiremos que los poderosos y los influyentes continúen violando abiertamente la ley en perjuicio del resto de la sociedad.
Pozo y hundimiento
El tema tiene también una vertiente ecológica. En el predio de Lorenzo Boturini, la cooperativa Pascual explota un pozo de agua para su producción de refrescos. Extrae así líquido de un centro histórico que se hunde precisamente por agotamiento del manto acuífero. No sólo es un absurdo tener una planta refresquera en el centro de la ciudad, sino permitirle extraer agua de un pozo y sin pagar nada por ello.
Sergio Sarmiento
sarmiento.jaquemate@gmail.com
Frederic Bastiat
Una de las grandes dudas sobre lo que significaría un gobierno del PRD tiene que ver con la disposición de los miembros de ese partido a respetar la ley y los fallos de los tribunales. El desacato en el caso de El Encino generó bastantes dudas en ese sentido y se saldó no con una demostración legal de la inocencia de Andrés Manuel López Obrador, sino con una decisión política del gobierno federal de no obedecer una orden de un juez. Un caso que parece ir en el mismo sentido es el de la refresquera Pascual.
Para Victoria Valdés Cacho, viuda de Rafael Jiménez, fundador de Pascual, y su familia esta historia es una de esas pesadillas que demuestran que en nuestro país el poder de los políticos vale más que la ley y los tribunales. Desde 1984, fecha en que la empresa Pascual fue expropiada, el grupo de trabajadores que conformaron la actual cooperativa ha ocupado de manera ilegal dos predios en los que se ubican sus instalaciones en la Ciudad de México. En esos 22 años la cooperativa no ha pagado alquiler ni predial ni ha aceptado adquirir los terrenos a un precio justo.
La propietaria, una mujer de avanzada edad que no tiene machetes ni puede hacer bloqueos de calles para defender sus derechos, ha recurrido a los tribunales y ha ganado todas las instancias jurídicas. Pero como la cooperativa cuenta con amigos poderosos, ha hecho caso omiso de las decisiones de las cortes.
En el 2003, tras haber perdido la última instancia legal, la cooperativa recurrió al apoyo del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien expropió los predios para entregarlos a la cooperativa. La viuda siguió peleando en los tribunales y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Ésta determinó en noviembre del 2005 -en una votación de 10 ministros contra uno- que la expropiación no procedía porque el beneficio de una empresa privada no cumplía con el requisito de utilidad pública que la Constitución establece para una expropiación.
El tiempo ha pasado, sin embargo, y el nuevo gobierno capitalino de Alejandro Encinas se ha negado a cumplir con el fallo de la Suprema Corte. Ha recurrido a nuevas instancias legales buscando un "cumplimiento sustituto", pero los tribunales han rechazado su posición. El propósito del gobierno parece ser simplemente el de "chicanear" el asunto, esto es, alargarlo indefinidamente para no cumplir con el fallo. El propio Encinas ha señalado que, en caso necesario, expropiaría nuevamente el predio para iniciar el proceso otra vez. La estrategia es, al parecer, esperar que la viuda muera sin que se le haga justicia.
El jefe de Gobierno ha dicho que la señora Valdés Cacho no quiere negociar. La familia, sin embargo, señala que son los funcionarios los que ni siquiera les devuelven las llamadas. A pesar de haber sido despojada de los beneficios de un patrimonio legítimo desde hace 22 años, la familia Jiménez Valdés está dispuesta a lograr un acuerdo. Sólo pide un trato justo.
La cooperativa afirma que no podría sobrevivir si tuviera que cubrir un alquiler o pagar un precio de mercado por los terrenos que ocupa en la Ciudad de México. Aun cuando esto fuera cierto, por supuesto, no sería razón para desobedecer la decisión de la Suprema Corte. Pero, además, no hay ninguna indicación de que esta versión sea cierta. La empresa parece estar bien administrada y tener ventas y utilidades saludables. En otros lugares del País, por otra parte, ocupa predios de manera legítima y cubre los gastos correspondientes.
El caso de los terrenos de Pascual puede ser una prueba de fuego no sólo para el gobierno del Distrito Federal, sino para el PRD y su candidato a la Presidencia de la República. ¿Cómo creer que de ganar el 2 de julio respetarán la ley y las decisiones de los tribunales si no lo han hecho cuando han gobernado la Ciudad de México?
Este asunto va más allá de una simple disputa por dos predios. El fondo es si los mexicanos seguiremos estando indefensos ante los abusos de los poderosos. ¿Continuarán los políticos "expropiando" lo que se les antoje para beneficiar a los grupos que los apoyen?
Nadie en México estará seguro en su persona o sus propiedades si permitimos que se sigan violando la ley y las decisiones de los tribunales. Los políticos como los gobernados podemos estar en desacuerdo con los fallos, pero eso no significa que los políticos deban quedar exentos de su cumplimiento. De otra manera, permitiremos que los poderosos y los influyentes continúen violando abiertamente la ley en perjuicio del resto de la sociedad.
Pozo y hundimiento
El tema tiene también una vertiente ecológica. En el predio de Lorenzo Boturini, la cooperativa Pascual explota un pozo de agua para su producción de refrescos. Extrae así líquido de un centro histórico que se hunde precisamente por agotamiento del manto acuífero. No sólo es un absurdo tener una planta refresquera en el centro de la ciudad, sino permitirle extraer agua de un pozo y sin pagar nada por ello.
Sergio Sarmiento
sarmiento.jaquemate@gmail.com
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Por este tipo de comportamientos, expropiar para apoyar a grupos afines, es que muchos inversionistas temen a un gobierno de AMLO. Representa lo peor, lo mas añejo de las practicas del PRI. Si no me creen, voten por AMLO, y luego platicamos dentro de 6 años.
RAZONEN SU VOTO!!
Dany Osiel Portales Castro
Monterrey, NL, México
unete@anula-tu-voto.org.mx
http://no-al-populismo.blogspot.com/
"Es mas fácil desintegrar un átomo que un prejuicio" (Albert Einstein)
"La vida es muy peligrosa. No para las personas que se hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa". (Albert Einstein)
"La inteligencia de un ser humano se mide exactamente por la cantidad de felicidad que este pueda crear para el y para los demás" (Germán Dehesa)
"El castigo que los hombres buenos tienen que pagar por no estar interesados en la politica es ser gobernados por hombres peores que ellos mismos" (Platón)
